Sentencia CP-134-13 — Registro 14400
Resumen
En segunda instancia de oficio se reformó por adición la sentencia que condenaba al imputado por el delito de Abuso de Autoridad Sobreseyéndolo y resolviendo en tercera instancia Sin Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...FALLA: ADMITIR el Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto la Abogada KARLA MARÍA ARITA MENDOZA, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, en la causa criminal que se instruye en contra del señor MARIO SALVADOR MARTÍNEZ, por suponerlo responsable a título de co-autor de un delito consumado de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Y MANDA: Que oportunamente se dicte la sentencia sobre la procedencia o improcedencia de su único motivo.- Redactó: EL MAGISTRADO CALIX HERNÁNDEZ.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”. “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO PENAL.- Tegucigalpa, M.D.C., a los nueve días del mes de diciembre de dos mil trece. VISTO: Para dictar segunda sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha veinticuatro de abril de dos mil trece, por la Abogada KARLA MARIA ARITA MENDOZA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público; en relación a la causa instruida en fecha cuatro de septiembre del dos mil, ante el entonces Juzgado de Letras Segundo de lo Criminal, Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; presentada por el Fiscal asignado a la Fiscalía Especial contra la Corrupción MILSON SALGADO, contra los señores NORMAN ROY HERNANDEZ, AMILCAR SANTAMARIA, RAMIRO LOZANO LANDA y MARIO SALVADOR MARTINEZ, en aquel entonces Presidente de CONATEL el primero, Comisionado propietario el segundo y el tercero de CONATEL y Secretario Interino el último, por suponerlos responsables del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA.- El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia de fecha uno de noviembre de dos mil doce, emitida por la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, que de oficio reformó por adición la sentencia de fecha veintisiete de abril de dos mil seis, dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, de la manera siguiente: “1º.Declarar Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Fiscal del Ministerio Público. 2.- De oficio Reforma por adición la sentencia de fecha 27 de abril de 2006, dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, para el solo efecto de tener como hechos probados de la misma, los que aparecen redactados en el penúltimo considerando de este fallo. 3.- Confirmando los demás pronunciamientos de la sentencia apelada”. RESULTA: Que en sentencia de fecha uno de noviembre de dos mil doce, la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, siendo que el juez A-quo no hizo una manifestación clara de los hechos que estima y declara probados y en atención al mandato de la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, esta Corte procede a redactarlos así: “PRIMERO: Que en fecha veintinueve de julio de mil novecientos noventa y nueve, el señor MARIO SALVADOR MARTINEZ VARGAS, fue llamado a integrar en carácter de Secretario Interino la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).- SEGUNDO: Que en sesión de ese día la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) aprobó la resolución AS 665-99, a efecto de adecuar el convenio de concesión para la explotación del servicio de Telefonía Móvil Celular en Honduras, siendo la concesionaria la compañía CELTEL y la compañía Motorola Inc.- TERCERO: Que en la aprobación de la resolución AS 665-99, el señor MARIO SALVADOR MARTINEZ VARGAS, en su calidad de Secretario de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) no tuvo ni voz ni voto, y su labor como Secretario fue dar fe de lo actuado, elaborar el acta correspondiente y redactar la resolución tomada”. RESULTA: Que en fecha veinticuatro de abril de dos mil trece, compareció ante este Tribunal de Justicia, la Abogada KARLA MARIA ARITA MENDOZA, en su condición aludida, formalizando su Recurso de Casación de la siguiente manera: SE FORMALIZA RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY. EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION. MOTIVO UNICO: “Haber incurrido la Corte de Apelaciones en Error de Hecho en la apreciación de la prueba. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido dentro del numeral 2 del artículo 412 del Código de Procedimientos Penales. EXPLICACION DEL MOTIVO: En el Recurso de Casación por Infracción de Ley, prevalece como regla general el respeto absoluto de los hechos estimados y declarados como probados por el Juzgador; siendo que los mismos para efecto de este tipo de remedios impugnativos deberán ser considerados como verdades indiscutibles e incontrovertibles. Sin embargo, como una excepción a la regla general, el legislador ha incluido dentro de las causales que dan lugar a la casación de fondo en materia penal, el error de hecho en la apreciación de la prueba, si este parte de un acto o documento auténtico que evidencia la equivocación manifiesta del juzgador y que no haya sido controvertida por otras pruebas. 1.- Este es el caso que precisamente hoy nos ocupa, pues en la sentencia definitiva recurrida, la Corte de Apelaciones, resolvió confirmar el sobreseimiento definitivo dictado a favor del encausado, obedeciendo dicha resolución precisamente al hecho de que el juzgador apreció erróneamente un acto o documento auténtico relevante dentro del proceso, como lo es el Decreto Legislativo número 37-96 de fecha 8 de junio de 1996 y que corre agregada a folio 32 a través del cual se aprueba el Convenio de Concesión para la Explotación de Servicio de Telefonía Móvil Celular en nuestro país, a favor de la Empresa Motorota Inc. Representada por la Sociedad Inversiones Rocafuerte, S. A., la cual posteriormente cambió su denominación a TELEFONIA CELULAR, S.A. (CELTEL), misma que se encontraba ajustada a las Bases de Licitación DIDE 02-93, cuyo tiempo de duración era de 10 años tal como se desprende de la cláusula 5ta., literal b) del citado convenio y donde se establecía que por cada abonado que se suscribiera se pagaría un cargo mensual, sin establecer límites sobre la cantidad de clientes; así como la resolución AS-665-99 de fecha 29 de julio de 1999, suscrita por la Comisión de Telecomunicaciones por medio de los señores Norman Roy Hernández, Ramiro Lozano Landa, Amilcar Santamaría y Mario Salvador Martínez, este último actuando en su calidad de Secretario Interino de la referida comisión, mediante la cual adecuaron el convenio de concesión suprareferido al nuevo marco de regulación, estableciéndose las circunstancias siguientes: a) cargo mensual por cada uno de los abonados: el cual se calculará mediante el producto de 7.30 dólares por el promedio simple mensual del número de abonados netos en servicio, hasta por un máximo de doscientos cinco mil setecientos catorce dólares (205, 714 dólares mensual). b) Duración: la duración de la concesión se extiende hasta el 8 de junio del año 2021 (f. 46); para acreditar que estos documentos son originales, por tratarse de una fotocopia; los mismos fueron inspeccionados por el Juez de instrucción tal como consta a folios 204 y 536 de la primera pieza de autos. Coadyuvado al acto auténtico anterior, se encuentran otro elemento de prueba como es la Licitación Privada DICE 02193, que viene a corroborar que la resolución AS 665-99, emitida por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, fue dictada en abierta violación a lo prescrito en el artículo 205, numeral 19 de la Constitución de la República, el cual señala que es facultad exclusiva del Congreso Nacional “Aprobar o improbar los contratos que lleven involucradas exenciones, incentivos y concesiones fiscales o cualquier otro contrato que haya de producir sus efectos hasta el siguiente período de gobierno de la República”. Circunstancia que no fue considerada por la Comisión supra indicada integrada entre otros por el imputado MARIO SALVADOR MARTINEZ al momento de adoptar la resolución en referencia, pues arrogándose funciones que no le correspondían renovó la concesión a favor de la Empresa “CELTEL”, sin someter dicho contrato a la aprobación del Congreso Nacional. Asimismo, si bien es cierto el artículo 99 del Reglamento General de la Ley Marco de Telecomunicaciones que en su literal a) indica que pueden renovarse los respectivos convenios de concesión, con un año de anticipación a su vencimiento. Sin embargo, en el presente caso, esa ampliación se efectúo con casi siete años de anticipación en contraposición a lo regulado en la citada norma legal. 2.- Una vez abordado el extremo supraindicado, que constituye uno de los elementos esenciales de la figura delictiva por la cual se ha procesado al imputado (ABUSO DE AUTORIDAD), nos corresponde hacer una breve exposición sobre la ley que se considera ha infringido el ciudadano MARIO SALVADOR MARTINEZ con su actuación, lo cual se explica de la siguiente manera: Tomando en consideración los actos o documentos auténticos que no fueron correctamente valorados por el juzgador y el resto de elementos probatorios allegados al proceso podemos aseverar, que la actuación del encausado se encuentra enmarcada en el artículo 349 numeral 2 del Código Penal que establece lo siguiente: Será sancionado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el Funcionario Público que: … 2) Dicte resoluciones contrarias contraria a la Constitución de la República y las leyes.” Al examinar el caso subjudice se logra establecer que corren todos los elementos objetivos que exige este tipo penal tal, como se desarrolla a continuación: FUNCIONARIO PUBLICO el párrafo final del artículo 393 del Código Penal señala: “Se considera funcionario público a quien por disposición inmediata de la ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente, partícipe en el ejercicio de funciones públicas”. Como es el caso del señor MARIO SALVADOR MARTINEZ, quien al momento de dictarse la resolución AS-665199 se desempeñaba como Secretario Interino de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), tal como se acredita con el Acuerdo No. 000035 que obra a folio 266. RESOLUCION CONTRARIA A LA CONSTITUCION Y LAS LEYES: Este elemento se presenta, ya que cuando se emitió la resolución AS-665199 de fecha 29 de julio de 1999 el señor MARIO SALVADOR MARTINEZ, fungía como Secretario Interino de CONATEL. La citada resolución que constituye el documento autentico erróneamente considerado por el Ad-Quem, renovaba la concesión otorgada a la Empresa CELTEL, adecuando el convenio de Concesión antes señalado al nuevo marco de regulación, infringiendo con ello lo establecido en el artículo 99 inciso a) del Reglamento de la Ley Marco de Telecomunicaciones, pues ampliaron el contrato con siete años de anticipación al vencimiento del mismo, cuando lo legal era con un año de antelación de conformidad a lo preceptuado en la citada norma; asimismo resulta relevante referir, que tal como se desprende del Decreto Legislativo No. 37-96 de 08 de Junio de 1996 (Convenio de Concesión para Explotación de Telefonía Celular) la concesión otorgada a CELTEL por el Congreso Nacional, se limitaba al uso de las frecuencias comprendidas en la banda identificada como “A” y no a la banda A prima para el uso de telefonía celular digital, de modo que por tratarse de otro tipo de servicio, debió ser sometida a una nueva licitación y no como lo hizo la Comisión de Telecomunicaciones, ampliando el contrato, pues esta nueva concesión no se adaptaba a las bases de licitación DIDE 02-93, quebrantando lo establecido en el artículo 45 de la Lev de Contratación de Estado. Por otra parte se estableció un límite de pago por numeración fijando una cantidad máxima de 205, 714 dólares independientemente de la cantidad de abonados que ingresen al sistema, lo cual resulta perjudicial a los ingresos del Estado, pues de la Concesión precitada (37-96) no se desprende que se haya pretendido limitar dicho extremo y al haberlo hecho así, la mencionada comisión ha incurrido en responsabilidad penal.
Podemos señalar también, que la resolución AS 665/99, fue dictada en abierta violación a lo regulado en el artículo 205 numeral 19 de la Constitución de la República, el cual prescribe: que es facultad exclusiva del Congreso Nacional “Aprobar o improbar los contratos que lleven involucradas exenciones, incentivos y concesiones fiscales o cualquier otro contrato que haya de producir sus efectos hasta el siguiente período de Gobierno de la República. Extremo que no fue considerado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) integrada entre otros, por el imputado MARIO SALVADOR MARTINEZ, al momento de adoptar la resolución en referencia, pues arrogándose funciones que no le correspondían renovó la concesión a favor de la Empresa “CELTEL”, sin someter dicho contrato a la aprobación del Congreso Nacional, tal como lo exige nuestra Carta Magna, a pesar de conocer que al hacerlo bajo las nuevas condiciones se causaba un grave perjuicio al patrimonio estatal. El Reglamento Interno de CONATEL, regula las funciones del Secretario de la Comisión refiriendo en el numeral segundo encomendar al Secretario de la Comisión las siguientes funciones: a)… j) Asesorará la Comisión en todos los asuntos concernientes a políticas y decisiones que involucren aspectos técnicos, es decir, su actuar dentro de la comisión no se limita sólo a tener voz, sino que incide en las decisiones adoptadas por CONATEL; en el caso concreto de haber aprobado la Resolución AS-665-99 mediante la cual adecuaron el Convenio de Concesión para la Explotación del Servicio de Telefonía Móvil Celular al nuevo marco de regulación; es decir en abierta contravención a los preceptos legales y constitucionales anteriormente señalados. En atención a los argumentos planteados esta representante de la sociedad estima, que no asiste la razón al Tribunal Ad-Quem, cuando en la motivación de su sentencia establece que si el Secretario en propiedad, de CONATEL, no tiene derecho a voto en las decisiones que toma la Comisión; y por lo mismo, no concurre en la formación de la voluntad de tal órgano colegiado, mucho menos tendrá ese derecho, quién, como en el caso que nos ocupa, ha sido llamado a desempeñarse interinamente como Secretario, por ausencia del titular; y mucho menos tendrá responsabilidad alguna por las decisiones que éste órgano tome, o por los efectos dañosos que de su ejecución pudieran resultar. Elemento Subjetivo: Como se aprecia de la prueba allegada al juicio se determina, que existió el elemento dolo que es consubstancial al tipo penal de abuso de autoridad, por parte del encausado desde el momento que fungió como Secretario, cuando se emitió la Resolución No. AS 665/99, (documento éste, inspeccionado por el A-quo f.536), con pleno conocimiento que dictaba resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes que ocasionaban un grave daño a la economía del Estado. Como sustento doctrinario de esta posición encontramos lo que al efecto señalan los Autores María Dolores Márquez de Prado y Noriega y Francisco Javier Gómez de Liaño y Botella, en el Diccionario de Jurisprudencia Penal que “Para que el dolo se manifieste es preciso, en primer lugar, la voluntariedad de la acción, equivalente a la presencia de malicia que abarque intelectualmente el conocimiento del hecho, y en segundo lugar su significación jurídica, esto es, en definitiva, conciencia de la ilicitud y querer el resultado representado con anticipación, conocimiento y voluntad. De lo expresado por el Ad-Quem, en la motivación probatoria se observa la falta de apreciación del acto o documento auténtico que constituyen prueba de valor decisivo y al cual se ha hecho referencia en el numeral primero del presente escrito de formalización, el cual aunado al resto de elementos probatorios evidencian de manera clara que en el presente caso concurre plena prueba de la comisión del delito de ABUSO DE AUTORIDAD e indicio racional que el procesado MARIO SALVADOR MARTINEZ es autor del ilícito penal que se juzga. Al haber entonces el juzgador no valorado los actos o documentos auténticos señalados, con el cual se ha demostrado la existencia del delito y la participación del encausado en la comisión del mismo y que no fue desvirtuado por otras pruebas y al no haberlo entendido de esa manera el Ad-Quem ha incurrido en un claro error de hecho y en ningún momento debió haber dictado un Sobreseimiento definitivo a favor del mismo. Por otra parte, notoriamente con la decisión judicial en referencia el sentenciador ha violado el principio de legalidad consagrado en el artículo 321 de la Constitución de la República, que reza: “Los servidores del Estado no tienen mas facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”. En consecuencia, al haberse dictado un sobreseimiento definitivo a favor del imputado existiendo plena prueba de la comisión del delito e indicio racional de quien es su autor; se ha realizado un acto fuera de la ley, quebrantado el orden jurídico procesal, por lo que se hace necesario que este alto tribunal lo restablezca por medio de la decisión que corresponda y por ende se case la sentencia impugnada y se dicte en su lugar un fallo, de conformidad a la extraordinaria facultad que os concede el propio artículo 321 Constitucional a que se ha hecho alusión”. CONSIDERANDO (1): Que reunidos los requisitos de ley esta Sala de lo Penal pronunció sentencia admitiendo el Recurso de Casación por Infracción de Ley. CONSIDERANDO (2): Que por el cauce procesal del artículo 412 del Código de Procedimientos Penales de 1984, se ha presentado Recurso de Casación por Infracción de Ley en un único motivo, enmarcándolo en el numeral 2) de la norma indicada. La Censora sostiene que concurre el motivo debido a que el Juzgador de la Segunda Instancia aprecio erróneamente documentos auténticos relevantes para el proceso, siendo éstos: a) Licitación privada DICE 02/93; b) Decreto Legislativo número 037-96 de fecha 08 de Junio de 1996, mediante el cual el Poder Legislativo aprobó el Convenio de Concesión para la Explotación de Servicio de Telefonía Móvil Celular para la República de Honduras, a favor de la entonces Empresa Motorola Inc, representada por la Sociedad de Inversiones Rocafuerte, S.A., hoy conocida como Telefonía Celular, S.A. (CELTEL), que establecía un término de duración de diez años, un cargo mensual por cada abonado suscrito sin límite de clientes; c) Resolución AS-665-99 del 29 de julio de 1999, suscrita por la Comisión de Telecomunicaciones, por medio de los señores NORMAN ROY HERNÁNDEZ, RAMIRO LOSANO LANDA, AMILCAR SANTAMARÍA Y MARIO SALVADOR MARTÍNEZ, éste último en su calidad de Secretario interino de dicha comisión, mediante se adecuo el convenio de concesión supra referido al nuevo marco de regulación, estableciendo un cargo mensual por cada uno de los abandonados, estableciendo un techo mensual y que la concesión se extendería hasta el 08 de junio del 2021.- Señala la Censora, que la resolución AS 665-99 fue emitida por CONATEL colisionada con lo prescrito en el artículo 205.19 de la Constitución de la República, y que aun a pesar de ello, la Comisión indicada adoptó la resolución referida, siendo uno de ellos el acusado MARIO SALVADOR MARTÍNEZ. CONSIDERANDO (5): Que el artículo 412 del indicado ordenamiento, dispone: “Se entenderá que ha sido infringida una ley para el efecto de que puede interponerse el Recurso de Casación: 1... 2. Cuando en la apreciación de las pruebas haya habido errores de hecho, si esto resulta de documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación del juzgador, y no estuvieron desvirtuados por otras pruebas”. Esta Corte Suprema de Justicia, ya ha explicado el contenido de éste numeral anteriormente, indicando que constituyen sus elementos: “1) Que en la valoración de la prueba haya habido error de hecho. El error de hecho se demuestra con una simple comparación objetiva, sin hacer relación a las disposiciones legales que regulan los distintos medios de prueba. 2) Que el error resulte de documento o acto auténtico que demuestre la equivocación del juzgador. Es decir, que si al comparar lo que ha sido declarado probado en la sentencia con un documento auténtico, se vea claramente que el Juzgador se equivocó, porque la motivación fáctica no corresponde al contenido de tal documento. (…) Pero, debe tratarse de documentos o actos realmente auténticos, que intrínsecamente y por si solos encierren verdades irrebatibles, que haya producido fuera del proceso e incorporados, de manera legal, al mismo; 3) El contenido de los documentos o actos realmente auténticos, no debe haber sido desvirtuado por los otros medios de prueba.” (Ver fallos del Exp 520-04 del 12 de octubre del 2004, Exp 207-2010 del 08 de noviembre del 2012 y Exp 309-2010 del 10 de enero del 2013).- Igualmente, este Supremo Tribunal, ha definido que lo que debe entenderse como documento auténtico, señalando que: “… no son documentos auténticos aquellos que simplemente presenten una extensión de autenticidad innegable, sino los que además constituyen por sí y por la fuerza misma de su contenido, una expresión de verdad manifiesta y notoriamente irresistible” (ver fallo del Exp 1642-04 del 04 de octubre del 2005). Dicho de otra manera, la categoría de documento o acto auténtico lo determina: la formalidad extrínseca: expedido con los requisitos legales por autoridad o funcionario revestido de fe pública y la formalidad intrínseca: que por sí solo constituye la demostración indestructible de la certeza de los hechos que en el mismo se contenga, sin que esta certeza se derive de una simple manifestación de voluntad. CONSIDERANDO (6): Que la Sala de lo Penal, ha examinado los documentos a los que ha hecho referencia la Censora, encontrando que la Licitación privada DIDE 02/93 celebrada por la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), en diciembre de 1993, el Decreto Legislativo No. 37-06, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 27,977 el 08 de junio de 1996, que contiene el Convenio de Concesión para la Explotación del Servicio de Telefonía Móvil Celular en la República de Honduras y la Resolución AS665/99 de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), de fecha 29 de julio de 1999, suscrita por NORMAN ROY HERNANDEZ D., en su condición de Presidente, RAMIRO LOZANO LANDA y AMILCAR SANTAMARIA, en su condición de Comisionados Propietarios y el acusado MARIO SALVADOR MARTÍNEZ, en su condición de Secretario Interino, efectivamente SON DOCUMENTOS AUTÉNTICOS, debido a que todos fueron expedidos conforme a las disposiciones legales por autoridad pública, además porque por sí solos constituyen la demostración indestructible de la certeza de los hechos que si mismo contienen. CONSIDERANDO (6): Que aun cuando la Censora acierte respecto a la condición de autenticidad de los documentos que cita, su Recurso de Casación por Infracción de Ley no es de recibo, por cuanto su alegato es que dichos documentos fueron erróneamente apreciados por el Tribunal de la Segunda Instancia, más al examinar la resolución que se impugna se colige que dichos documentos no fueron ni siquiera relacionados, mucho menos apreciados de manera diferente a la verdad que contienen.- Por otra parte, los documentos que la Censora reclama como erróneamente apreciados, buscan acreditar la existencia del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, desviándose del punto que tanto el Tribunal de Primera como de Segunda instancia tuvieron en consideración para dictar un Sobreseimiento Definitivo a favor del acusado MARIO SALVADOR MARTÍNEZ, y éste es la falta de sospechas o indicios de participación en el delito que se imputa (Art. 429.2 del Código de Procedimientos Penales). CONSIDERANDO (7): Que la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones, publicada en la Gaceta No. 27 823 del 08 de diciembre de 1995, establece en el artículo 12 que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (en adelante CONATEL), es la entidad desconcentrada de la Secretaría de Estado en los Despachos de Comunicaciones, Obras Públicas y Transporte, a la que, según indica el artículo 11, le corresponde la administración y control del espectro radioeléctrico, la comprobación técnica de las emisiones radioeléctricas y la cancelación de aquellas que no cumplan con los requisitos establecidos en la ley, agregando el artículo 15 que estará integrada por tres miembros propietarios y dos suplentes, señalando el artículo 20 que para que sus decisiones sean válidas deberán de ser acordadas por mayoría o por unanimidad de sus miembros.- Indica el artículo 20, que la Comisión contará con los servicios de un Secretario, quien deberá de levantar acta y firmar todas las resoluciones que adopte aquella. CONSIDERANDO (8): Que la resolución donde señala el Ministerio Público, consta el acto abusivo de la autoridad pública es la AS-665-99 del 29 de julio de 1999, adoptada por la Comisión de Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), a través de sus comisionados NORMAN ROY HERNÁNDEZ, RAMIRO LOZANO LANDA Y AMILCAR SANTAMARÍA, actuando como Secretario Interino el acusado MARIO SALVADOR MARTÍNEZ.- Señala el Ministerio Público que el acusado, al haber firmado dicha resolución es partícipe de lo acordado y por lo tanto es igualmente autor del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, lo cual es una incorrecta apreciación, por cuanto el Secretario de CONATEL no tiene facultades legales para adoptar decisiones, su tarea es servir a los Comisionados, siendo un conducto de comunicación entre las solicitudes que se le realizan a tal entidad y el pleno, levantando acta de las sesiones sostenidas y, como obligación legal, firmando las resoluciones que se adopten, es pues que el Ministerio Público no puede extender responsabilidad penal al acusado cuando éste no era Comisionado de CONATEL y por tanto no adoptó la resolución que se cuestiona; no es posible acusar de ABUSO DE AUTORIDAD por adoptar una resolución contraria a ley, a una persona que no adoptó tal resolución y que además no tenía autoridad legal para hacerlo.- Distintas consideraciones estaría obligada hacer la Sala de lo Penal si el hecho imputado fuese que el acusado en su condición de Secretario hubiese presentado información falsa, ocultado información o tergiversado información a los señores Comisionados, quienes inmersos en error hubieran adoptado una resolución ilegal, más esto no es lo que aconteció según expone el Ministerio Público. CONSIDERANDO (9): Que por lo expuesto, es procedente declarar sin lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley que ha interpuesto el Ministerio Público. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 410, 411, 412 numeral 2, 413, 418, 420 del Código de Procedimientos Penales; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.- FALLA: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto la Abogada KARLA MARÍA ARITA MENDOZA, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público. SEGUNDO: Declarar firme la sentencia dictada por la entonces Corte Primera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 19 de octubre de 2007, mediante la cual confirme el Sobreseimiento Definitivo dictado por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, en fecha 07 de abril de 2006, a favor del señor MARIO SALVADOR MARTÍNEZ, por suponerlo responsable a título de co-autor de un delito consumado de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA las sentencias que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO PENAL.- Tegucigalpa, M.D.C., a los veintiún del mes de noviembre de dos mil trece. VISTO: Para dictar primera sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha veinticuatro de abril de dos mil trece, por la Abogada KARLA MARIA ARITA MENDOZA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público; en relación a la causa instruida en fecha cuatro de septiembre del dos mil, ante el entonces Juzgado de Letras Segundo de lo Criminal, Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; presentada por el Fiscal asignado a la Fiscalía Especial contra la Corrupción MILSON SALGADO, contra los señores NORMAN ROY HERNANDEZ, AMILCAR SANTAMARIA, RAMIRO LOZANO LANDA y MARIO SALVADOR MARTINEZ, en aquel entonces Presidente de CONATEL el primero, Comisionado propietario el segundo y el tercero de CONATEL y Secretario Interino el último, por suponerlos responsables del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley se interpuso contra la sentencia de fecha uno de noviembre de dos mil doce, emitida por la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, que de oficio reformó por adición la sentencia de fecha veintisiete de abril de dos mil seis, dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, de la manera siguiente: “1º.Declarar Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Fiscal del Ministerio Público. 2.- De oficio Reforma por adición la sentencia de fecha 27 de abril de 2006, dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, para el solo efecto de tener como hechos probados de la misma, los que aparecen redactados en el penúltimo considerando de este fallo. 3.- Confirmando los demás pronunciamientos de la sentencia apelada”. RESULTA: Que en sentencia de fecha uno de noviembre de dos mil doce, la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, siendo que el Juez A-quo no hizo una manifestación clara de los hechos que estima y declara probados y en atención al mandato de la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, esta Corte procede a redactarlos así: “PRIMERO: Que en fecha veintinueve de julio de mil novecientos noventa y nueve el señor MARIO SALVADOR MARTINEZ VARGAS, fue llamado a integrar en carácter de Secretario Interino la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).- SEGUNDO: Que en sesión de ese día la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) aprobó la resolución AS 665-99 a efecto de adecuar el convenio de concesión para la explotación del servicio de Telefonía Móvil Celular en Honduras, siendo la concesionaria la compañía CELTEL y la compañía Motorota Inc.- TERCERO: Que en la aprobación de la resolución AS 665-99 el señor MARIO SALVADOR MARTINEZ VARGAS, en su calidad de Secretario de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) no tuvo ni voz ni voto y su labor como Secretario fue dar fe de lo actuado, elaborar el acta correspondiente y redactar la resolución tomada”. RESULTA: Que en fecha veinticuatro de abril de dos mil trece, compareció ante este Tribunal de Justicia, la Abogada KARLA MARIA ARITA MENDOZA, formalizando su Recurso de Casación de la siguiente manera: SE FORMALIZA RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY. EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION. MOTIVO UNICO: “Haber incurrido la Corte de Apelaciones en Error de Hecho en la apreciación de la prueba. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido dentro del numeral 2 del artículo 412 del Código de Procedimientos Penales. EXPLICACION DEL MOTIVO: En el Recurso de Casación por Infracción de Ley, prevalece como regla general el respeto absoluto de los hechos estimados y declarados como probados por el Juzgador; siendo que los mismos para efecto de este tipo de remedios impugnativos deberán ser considerados como verdades indiscutibles e incontrovertibles. Sin embargo, como una excepción a la regla general, el legislador ha incluido dentro de las causales que dan lugar a la casación de fondo en materia penal, el error de hecho en la apreciación de la prueba, si este parte de un acto o documento auténtico que evidencia la equivocación manifiesta del juzgador y que no haya sido controvertida por otras pruebas. 1.- Este es el caso que precisamente hoy nos ocupa, pues en la sentencia definitiva recurrida, la Corte de Apelaciones, resolvió confirmar el sobreseimiento definitivo dictado a favor del encausado, obedeciendo dicha resolución precisamente al hecho de que el juzgador apreció erróneamente un acto o documento auténtico relevante dentro del proceso, como lo es el Decreto Legislativo número 37-96 de fecha 8 de junio de 1996 y que corre agregada a folio 32 a través del cual se aprueba el Convenio de Concesión para la Explotación de Servicio de Telefonía Móvil Celular en nuestro país, a favor de la Empresa Motorola Inc. Representada por la Sociedad Inversiones Rocafuerte, S. A, la cual posteriormente cambió su denominación a TELEFONIA CELULAR S.A. (CELTEL), misma que se encontraba ajustada a las Bases de Licitación DIDE 02-93 cuyo tiempo de duración era de 10 años tal como se desprende de la cláusula 5ta., literal b) del citado convenio y donde se establecía que por cada abonado que se suscribiera se pagaría un cargo mensual, sin establecer límites sobre la cantidad de clientes; así como la resolución AS-665-99 de fecha 29 de julio de 1999, suscrita por la Comisión de Telecomunicaciones por medio de los señores Norman Roy Hernández, Ramiro Lozano Landa, Amilcar Santamaría y Mario Salvador Martínez, este último actuando en su calidad de Secretario Interino de la referida comisión, mediante la cual adecuaron el convenio de concesión suprareferido al nuevo marco de regulación, estableciéndose las circunstancias siguientes: a) cargo mensual por cada uno de los abonados: el cual se calculará mediante el producto de 7.30 dólares por el promedio simple mensual del número de abonados netos en servicio, hasta por un máximo de doscientos cinco mil setecientos catorce dólares (205, 714 dólares mensual). b) Duración: la duración de la concesión se extiende hasta el 8 de junio del año 2021 (f. 46); para acreditar que estos documentos son originales, por tratarse de una fotocopia; los mismos fueron inspeccionados por el Juez de instrucción tal como consta a folios 204 y 536 de la primera pieza de autos. Coadyuvado al acto auténtico anterior, se encuentran otro elemento de prueba como es la Licitación Privada DICE 02193, que viene a corroborar que la resolución AS 665-99, emitida por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, fue dictada en abierta violación a lo prescrito en el artículo 205, numeral 19 de la Constitución de la República, el cual señala que es facultad exclusiva del Congreso Nacional “Aprobar o improbar los contratos que lleven involucradas exenciones, incentivos y concesiones fiscales o cualquier otro contrato que haya de producir sus efectos hasta el siguiente período de gobierno de la República”. Circunstancia que no fue considerada por la Comisión supra indicada integrada entre otros por el imputado MARIO SALVADOR MARTINEZ al momento de adoptar la resolución en referencia, pues arrogándose funciones que no le correspondían renovó la concesión a favor de la Empresa “CELTEL”, sin someter dicho contrato a la aprobación del Congreso Nacional. Asimismo, si bien es cierto el artículo 99 del Reglamento General de la Ley Marco de Telecomunicaciones que en su literal a) indica que pueden renovarse los respectivos convenios de concesión, con un año de anticipación a su vencimiento. Sin embargo en el presente caso, esa ampliación se efectúo con casi siete años de anticipación en contraposición a lo regulado en la citada norma legal. 2.- Una vez abordado el extremo supraindicado, que constituye uno de los elementos esenciales de la figura delictiva por la cual se ha procesado al imputado (ABUSO DE AUTORIDAD), nos corresponde hacer una breve exposición sobre la ley que se considera ha infringido el ciudadano MARIO SALVADOR MARTINEZ con su actuación, lo cual se explica de la siguiente manera: Tomando en consideración los actos o documentos auténticos que no fueron correctamente valorados por el juzgador y el resto de elementos probatorios allegados al proceso podemos aseverar, que la actuación del encausado se encuentra enmarcada en el artículo 349 numeral 2 del Código Penal que establece lo siguiente: Será sancionado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el Funcionario Público que: … 2) Dicte resoluciones contrarias contraria a la Constitución de la República y las leyes.” Al examinar el caso subjudice se logra establecer que corren todos los elementos objetivos que exige este tipo penal tal, como se desarrolla a continuación: FUNCIONARIO PUBLICO el párrafo final del artículo 393 del Código Penal señala: “Se considera funcionario público a quien por disposición inmediata de la ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente, participe en el ejercicio de funciones públicas”. Como es el caso del señor MARIO SALVADOR MARTINEZ, quien al momento de dictarse la resolución AS-665199 se desempeñaba como Secretario Interino de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), tal como se acredita con el Acuerdo No. 000035 que obra a folio 266. RESOLUCION CONTRARIA A LA CONSTITUCION Y LAS LEYES: Este elemento se presenta, ya que cuando se emitió la resolución AS-665199 de fecha 29 de julio de 1999 el señor MARIO SALVADOR MARTINEZ, fungía como Secretario Interino de CONATEL. La citada resolución que constituye el documento auténtico erróneamente considerado por el Ad-Quem, renovaba la concesión otorgada a la Empresa CELTEL, adecuando el convenio de concesión antes señalado al nuevo marco de regulación, infringiendo con ello lo establecido en el artículo 99 inciso a) del Reglamento de la Ley Marco de Telecomunicaciones, pues ampliaron el contrato con siete años de anticipación al vencimiento del mismo, cuando lo legal era con un año de antelación de conformidad a lo preceptuado en la citada norma; asimismo, resulta relevante referir, que tal como se desprende del Decreto Legislativo No. 37-96 de 08 de junio de 1996 (Convenio de Concesión para Explotación de Telefonía Celular) la concesión otorgada a CELTEL por el Congreso Nacional, se limitaba al uso de las frecuencias comprendidas en la banda identificada como “A” y no a la banda A prima para el uso de telefonía celular digital, de modo que por tratarse de otro tipo de servicio, debió ser sometida a una nueva licitación y no como lo hizo la Comisión de Telecomunicaciones, ampliando el contrato, pues esta nueva concesión no se adaptaba a las bases de licitación DIDE 02-93, quebrantando lo establecido en el artículo 45 de la Lev de Contratación de Estado. Por otra parte se estableció un límite de pago por numeración fijando una cantidad máxima de 205, 714 dólares independientemente de la cantidad de abonados que ingresen al sistema, lo cual resulta perjudicial a los ingresos del Estado, pues de la Concesión precitada (37-96) no se desprende que se haya pretendido limitar dicho extremo y al haberlo hecho así, la mencionada comisión ha incurrido en responsabilidad penal. Podemos señalar también, que la resolución AS 665/99, fue dictada en abierta violación a lo regulado en el artículo 205 numeral 19 de la Constitución de la República, el cual prescribe: que es facultad exclusiva del Congreso Nacional “Aprobar o improbar los contratos que lleven involucradas exenciones, incentivos y concesiones fiscales o cualquier otro contrato que haya de producir sus efectos hasta el siguiente período de Gobierno de la República. Extremo que no fue considerado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) integrada entre otros, por el imputado MARIO SALVADOR MARTINEZ, al momento de adoptar la resolución en referencia, pues arrogándose funciones que no le correspondían renovó la concesión a favor de la Empresa “CELTEL”, sin someter dicho contrato a la aprobación del Congreso Nacional, tal como lo exige nuestra Carta Magna, a pesar de conocer que al hacerlo bajo las nuevas condiciones se causaba un grave perjuicio al patrimonio estatal. El Reglamento Interno de CONATEL, regula las funciones del Secretario de la Comisión refiriendo en el numeral segundo encomendar al Secretario de la Comisión las siguientes funciones: a)… j) Asesorará la Comisión en todos los asuntos concernientes a políticas y decisiones que involucren aspectos técnicos, es decir, su actuar dentro de la comisión no se limita sólo a tener voz, sino que incide en las decisiones adoptadas por CONATEL; en el caso concreto de haber aprobado la Resolución AS-665-99 mediante la cual adecuaron el Convenio de Concesión para la Explotación del Servicio de Telefonía Móvil Celular al nuevo marco de regulación; es decir, en abierta contravención a los preceptos legales y constitucionales anteriormente señalados. En atención a los argumentos planteados esta representante de la sociedad estima, que no asiste la razón al Tribunal Ad-Quem, cuando en la motivación de su sentencia establece que si el Secretario en propiedad, de CONATEL, no tiene derecho a voto en las decisiones que toma la Comisión; y por lo mismo, no concurre en la formación de la voluntad de tal órgano colegiado, mucho menos tendrá ese derecho, quién, como en el caso que nos ocupa, ha sido llamado a desempeñarse interinamente como Secretario, por ausencia del titular; y mucho menos tendrá responsabilidad alguna por las decisiones que éste órgano tome, o por los efectos dañosos que de su ejecución pudieran resultar. Elemento Subjetivo: Como se aprecia de la prueba allegada al juicio se determina, que existió el elemento dolo que es consubstancial al tipo penal de abuso de autoridad, por parte del encausado desde el momento que fungió como Secretario, cuando se emitió la Resolución No. AS 665/99, (documento éste, inspeccionado por el A-quo f.536), con pleno conocimiento que dictaba resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes que ocasionaban un grave daño a la economía del Estado. Como sustento doctrinario de esta posición encontramos lo que al efecto señalan los Autores María Dolores Márquez de Prado y Noriega y Francisco Javier Gómez de Liaño y Botella, en el Diccionario de Jurisprudencia Penal que “Para que el dolo se manifieste es preciso, en primer lugar, la voluntariedad de la acción, equivalente a la presencia de malicia que abarque intelectualmente el conocimiento del hecho, y en segundo lugar su significación jurídica, esto es, en definitiva, conciencia de la ilicitud y querer el resultado representado con anticipación, conocimiento y voluntad. De lo expresado por el Ad-Quem, en la motivación probatoria se observa la falta de apreciación del acto o documento auténtico que constituyen prueba de valor decisivo y al cual se ha hecho referencia en el numeral primero del presente escrito de formalización, el cual aunado al resto de elementos probatorios evidencian de manera clara que en el presente caso concurre plena prueba de la comisión del delito de ABUSO DE AUTORIDAD e indicio racional que el procesado MARIO SALVADOR MARTINEZ es autor del ilícito penal que se juzga. Al haber entonces el juzgador no valorado los actos o documentos auténticos señalados, con el cual se ha demostrado la existencia del delito y la participación del encausado en la comisión del mismo y que no fue desvirtuado por otras pruebas y al no haberlo entendido de esa manera el Ad-Quem ha incurrido en un claro error de hecho y en ningún momento debió haber dictado un sobreseimiento definitivo a favor del mismo. Por otra parte, notoriamente con la decisión judicial en referencia el sentenciador ha violado el principio de legalidad consagrado en el artículo 321 de la Constitución de la República, que reza: “Los servidores del Estado no tienen mas facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”. En consecuencia, al haberse dictado un sobreseimiento definitivo a favor del imputado, existiendo plena prueba de la comisión del delito e indicio racional de quien es su autor; se ha realizado un acto fuera de la ley, quebrantado el orden jurídico procesal, por lo que se hace necesario que este alto tribunal lo restablezca por medio de la decisión que corresponda y por ende se case la sentencia impugnada y se dicte en su lugar un fallo, de conformidad a la extraordinaria facultad que os concede el propio artículo 321 Constitucional a que se ha hecho alusión”. RESULTA: Que mediante auto de fecha veinticuatro de abril de dos mil trece, este Tribunal de Justicia, tuvo por formalizado en tiempo el Recurso de Casación por parte de la Abogada KARLA MARIA ARITA MENDOZA, omitiéndose el traslado al Fiscal del Despacho por ser parte recurrente en el presente proceso. CONSIDERANDO (1): Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la admisión del Recurso de mérito. CONSIDERANDO (2): Que la formalización del Recurso de Casación por Infracción de Ley hecha por el Ministerio Público, reúne todos los requisitos exigidos por el artículo 412 del Código de Procedimientos Penales, por lo que es procedente su admisión, debiendo oportunamente dictar sentencia sobre la procedencia o improcedencia del motivo presentado por Infracción de Ley. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 410, 411, 412 numeral 2, 413, 418, 420 del Código de Procedimientos Penales; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.- FALLA: ADMITIR el Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto la Abogada KARLA MARÍA ARITA MENDOZA, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, en la causa criminal que se instruye en contra del señor MARIO SALVADOR MARTÍNEZ, por suponerlo responsable a título de co-autor de un delito consumado de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Y MANDA: Que oportunamente se dicte la sentencia sobre la procedencia o improcedencia de su único motivo.- Redactó: EL MAGISTRADO CALIX HERNÁNDEZ.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”. “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO PENAL.- Tegucigalpa, M.D.C., a los nueve días del mes de diciembre de dos mil trece. VISTO: Para dictar segunda sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha veinticuatro de abril de dos mil trece, por la Abogada KARLA MARIA ARITA MENDOZA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público; en relación a la causa instruida en fecha cuatro de septiembre del dos mil, ante el entonces Juzgado de Letras Segundo de lo Criminal, Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; presentada por el Fiscal asignado a la Fiscalía Especial contra la Corrupción MILSON SALGADO, contra los señores NORMAN ROY HERNANDEZ, AMILCAR SANTAMARIA, RAMIRO LOZANO LANDA y MARIO SALVADOR MARTINEZ, en aquel entonces Presidente de CONATEL el primero, Comisionado propietario el segundo y el tercero de CONATEL y Secretario Interino el último, por suponerlos responsables del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA.- El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia de fecha uno de noviembre de dos mil doce, emitida por la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, que de oficio reformó por adición la sentencia de fecha veintisiete de abril de dos mil seis, dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, de la manera siguiente: “1º.Declarar Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Fiscal del Ministerio Público. 2.- De oficio Reforma por adición la sentencia de fecha 27 de abril de 2006, dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, para el solo efecto de tener como hechos probados de la misma, los que aparecen redactados en el penúltimo considerando de este fallo. 3.- Confirmando los demás pronunciamientos de la sentencia apelada”. RESULTA: Que en sentencia de fecha uno de noviembre de dos mil doce, la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, siendo que el juez A-quo no hizo una manifestación clara de los hechos que estima y declara probados y en atención al mandato de la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, esta Corte procede a redactarlos así: “PRIMERO: Que en fecha veintinueve de julio de mil novecientos noventa y nueve, el señor MARIO SALVADOR MARTINEZ VARGAS, fue llamado a integrar en carácter de Secretario Interino la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).- SEGUNDO: Que en sesión de ese día la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) aprobó la resolución AS 665-99, a efecto de adecuar el convenio de concesión para la explotación del servicio de Telefonía Móvil Celular en Honduras, siendo la concesionaria la compañía CELTEL y la compañía Motorola Inc.- TERCERO: Que en la aprobación de la resolución AS 665-99, el señor MARIO SALVADOR MARTINEZ VARGAS, en su calidad de Secretario de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) no tuvo ni voz ni voto, y su labor como Secretario fue dar fe de lo actuado, elaborar el acta correspondiente y redactar la resolución tomada”. RESULTA: Que en fecha veinticuatro de abril de dos mil trece, compareció ante este Tribunal de Justicia, la Abogada KARLA MARIA ARITA MENDOZA, en su condición aludida, formalizando su Recurso de Casación de la siguiente manera: SE FORMALIZA RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY. EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION. MOTIVO UNICO: “Haber incurrido la Corte de Apelaciones en Error de Hecho en la apreciación de la prueba. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido dentro del numeral 2 del artículo 412 del Código de Procedimientos Penales. EXPLICACION DEL MOTIVO: En el Recurso de Casación por Infracción de Ley, prevalece como regla general el respeto absoluto de los hechos estimados y declarados como probados por el Juzgador; siendo que los mismos para efecto de este tipo de remedios impugnativos deberán ser considerados como verdades indiscutibles e incontrovertibles. Sin embargo, como una excepción a la regla general, el legislador ha incluido dentro de las causales que dan lugar a la casación de fondo en materia penal, el error de hecho en la apreciación de la prueba, si este parte de un acto o documento auténtico que evidencia la equivocación manifiesta del juzgador y que no haya sido controvertida por otras pruebas. 1.- Este es el caso que precisamente hoy nos ocupa, pues en la sentencia definitiva recurrida, la Corte de Apelaciones, resolvió confirmar el sobreseimiento definitivo dictado a favor del encausado, obedeciendo dicha resolución precisamente al hecho de que el juzgador apreció erróneamente un acto o documento auténtico relevante dentro del proceso, como lo es el Decreto Legislativo número 37-96 de fecha 8 de junio de 1996 y que corre agregada a folio 32 a través del cual se aprueba el Convenio de Concesión para la Explotación de Servicio de Telefonía Móvil Celular en nuestro país, a favor de la Empresa Motorota Inc. Representada por la Sociedad Inversiones Rocafuerte, S. A., la cual posteriormente cambió su denominación a TELEFONIA CELULAR, S.A. (CELTEL), misma que se encontraba ajustada a las Bases de Licitación DIDE 02-93, cuyo tiempo de duración era de 10 años tal como se desprende de la cláusula 5ta., literal b) del citado convenio y donde se establecía que por cada abonado que se suscribiera se pagaría un cargo mensual, sin establecer límites sobre la cantidad de clientes; así como la resolución AS-665-99 de fecha 29 de julio de 1999, suscrita por la Comisión de Telecomunicaciones por medio de los señores Norman Roy Hernández, Ramiro Lozano Landa, Amilcar Santamaría y Mario Salvador Martínez, este último actuando en su calidad de Secretario Interino de la referida comisión, mediante la cual adecuaron el convenio de concesión suprareferido al nuevo marco de regulación, estableciéndose las circunstancias siguientes: a) cargo mensual por cada uno de los abonados: el cual se calculará mediante el producto de 7.30 dólares por el promedio simple mensual del número de abonados netos en servicio, hasta por un máximo de doscientos cinco mil setecientos catorce dólares (205, 714 dólares mensual). b) Duración: la duración de la concesión se extiende hasta el 8 de junio del año 2021 (f. 46); para acreditar que estos documentos son originales, por tratarse de una fotocopia; los mismos fueron inspeccionados por el Juez de instrucción tal como consta a folios 204 y 536 de la primera pieza de autos. Coadyuvado al acto auténtico anterior, se encuentran otro elemento de prueba como es la Licitación Privada DICE 02193, que viene a corroborar que la resolución AS 665-99, emitida por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, fue dictada en abierta violación a lo prescrito en el artículo 205, numeral 19 de la Constitución de la República, el cual señala que es facultad exclusiva del Congreso Nacional “Aprobar o improbar los contratos que lleven involucradas exenciones, incentivos y concesiones fiscales o cualquier otro contrato que haya de producir sus efectos hasta el siguiente período de gobierno de la República”. Circunstancia que no fue considerada por la Comisión supra indicada integrada entre otros por el imputado MARIO SALVADOR MARTINEZ al momento de adoptar la resolución en referencia, pues arrogándose funciones que no le correspondían renovó la concesión a favor de la Empresa “CELTEL”, sin someter dicho contrato a la aprobación del Congreso Nacional. Asimismo, si bien es cierto el artículo 99 del Reglamento General de la Ley Marco de Telecomunicaciones que en su literal a) indica que pueden renovarse los respectivos convenios de concesión, con un año de anticipación a su vencimiento. Sin embargo, en el presente caso, esa ampliación se efectúo con casi siete años de anticipación en contraposición a lo regulado en la citada norma legal. 2.- Una vez abordado el extremo supraindicado, que constituye uno de los elementos esenciales de la figura delictiva por la cual se ha procesado al imputado (ABUSO DE AUTORIDAD), nos corresponde hacer una breve exposición sobre la ley que se considera ha infringido el ciudadano MARIO SALVADOR MARTINEZ con su actuación, lo cual se explica de la siguiente manera: Tomando en consideración los actos o documentos auténticos que no fueron correctamente valorados por el juzgador y el resto de elementos probatorios allegados al proceso podemos aseverar, que la actuación del encausado se encuentra enmarcada en el artículo 349 numeral 2 del Código Penal que establece lo siguiente: Será sancionado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el Funcionario Público que: … 2) Dicte resoluciones contrarias contraria a la Constitución de la República y las leyes.” Al examinar el caso subjudice se logra establecer que corren todos los elementos objetivos que exige este tipo penal tal, como se desarrolla a continuación: FUNCIONARIO PUBLICO el párrafo final del artículo 393 del Código Penal señala: “Se considera funcionario público a quien por disposición inmediata de la ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente, partícipe en el ejercicio de funciones públicas”. Como es el caso del señor MARIO SALVADOR MARTINEZ, quien al momento de dictarse la resolución AS-665199 se desempeñaba como Secretario Interino de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), tal como se acredita con el Acuerdo No. 000035 que obra a folio 266. RESOLUCION CONTRARIA A LA CONSTITUCION Y LAS LEYES: Este elemento se presenta, ya que cuando se emitió la resolución AS-665199 de fecha 29 de julio de 1999 el señor MARIO SALVADOR MARTINEZ, fungía como Secretario Interino de CONATEL. La citada resolución que constituye el documento autentico erróneamente considerado por el Ad-Quem, renovaba la concesión otorgada a la Empresa CELTEL, adecuando el convenio de Concesión antes señalado al nuevo marco de regulación, infringiendo con ello lo establecido en el artículo 99 inciso a) del Reglamento de la Ley Marco de Telecomunicaciones, pues ampliaron el contrato con siete años de anticipación al vencimiento del mismo, cuando lo legal era con un año de antelación de conformidad a lo preceptuado en la citada norma; asimismo resulta relevante referir, que tal como se desprende del Decreto Legislativo No. 37-96 de 08 de Junio de 1996 (Convenio de Concesión para Explotación de Telefonía Celular) la concesión otorgada a CELTEL por el Congreso Nacional, se limitaba al uso de las frecuencias comprendidas en la banda identificada como “A” y no a la banda A prima para el uso de telefonía celular digital, de modo que por tratarse de otro tipo de servicio, debió ser sometida a una nueva licitación y no como lo hizo la Comisión de Telecomunicaciones, ampliando el contrato, pues esta nueva concesión no se adaptaba a las bases de licitación DIDE 02-93, quebrantando lo establecido en el artículo 45 de la Lev de Contratación de Estado. Por otra parte se estableció un límite de pago por numeración fijando una cantidad máxima de 205, 714 dólares independientemente de la cantidad de abonados que ingresen al sistema, lo cual resulta perjudicial a los ingresos del Estado, pues de la Concesión precitada (37-96) no se desprende que se haya pretendido limitar dicho extremo y al haberlo hecho así, la mencionada comisión ha incurrido en responsabilidad penal. Podemos señalar también, que la resolución AS 665/99, fue dictada en abierta violación a lo regulado en el artículo 205 numeral 19 de la Constitución de la República, el cual prescribe: que es facultad exclusiva del Congreso Nacional “Aprobar o improbar los contratos que lleven involucradas exenciones, incentivos y concesiones fiscales o cualquier otro contrato que haya de producir sus efectos hasta el siguiente período de Gobierno de la República. Extremo que no fue considerado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) integrada entre otros, por el imputado MARIO SALVADOR MARTINEZ, al momento de adoptar la resolución en referencia, pues arrogándose funciones que no le correspondían renovó la concesión a favor de la Empresa “CELTEL”, sin someter dicho contrato a la aprobación del Congreso Nacional, tal como lo exige nuestra Carta Magna, a pesar de conocer que al hacerlo bajo las nuevas condiciones se causaba un grave perjuicio al patrimonio estatal. El Reglamento Interno de CONATEL, regula las funciones del Secretario de la Comisión refiriendo en el numeral segundo encomendar al Secretario de la Comisión las siguientes funciones: a)… j) Asesorará la Comisión en todos los asuntos concernientes a políticas y decisiones que involucren aspectos técnicos, es decir, su actuar dentro de la comisión no se limita sólo a tener voz, sino que incide en las decisiones adoptadas por CONATEL; en el caso concreto de haber aprobado la Resolución AS-665-99 mediante la cual adecuaron el Convenio de Concesión para la Explotación del Servicio de Telefonía Móvil Celular al nuevo marco de regulación; es decir en abierta contravención a los preceptos legales y constitucionales anteriormente señalados. En atención a los argumentos planteados esta representante de la sociedad estima, que no asiste la razón al Tribunal Ad-Quem, cuando en la motivación de su sentencia establece que si el Secretario en propiedad, de CONATEL, no tiene derecho a voto en las decisiones que toma la Comisión; y por lo mismo, no concurre en la formación de la voluntad de tal órgano colegiado, mucho menos tendrá ese derecho, quién, como en el caso que nos ocupa, ha sido llamado a desempeñarse interinamente como Secretario, por ausencia del titular; y mucho menos tendrá responsabilidad alguna por las decisiones que éste órgano tome, o por los efectos dañosos que de su ejecución pudieran resultar. Elemento Subjetivo: Como se aprecia de la prueba allegada al juicio se determina, que existió el elemento dolo que es consubstancial al tipo penal de abuso de autoridad, por parte del encausado desde el momento que fungió como Secretario, cuando se emitió la Resolución No. AS 665/99, (documento éste, inspeccionado por el A-quo f.536), con pleno conocimiento que dictaba resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes que ocasionaban un grave daño a la economía del Estado. Como sustento doctrinario de esta posición encontramos lo que al efecto señalan los Autores María Dolores Márquez de Prado y Noriega y Francisco Javier Gómez de Liaño y Botella, en el Diccionario de Jurisprudencia Penal que “Para que el dolo se manifieste es preciso, en primer lugar, la voluntariedad de la acción, equivalente a la presencia de malicia que abarque intelectualmente el conocimiento del hecho, y en segundo lugar su significación jurídica, esto es, en definitiva, conciencia de la ilicitud y querer el resultado representado con anticipación, conocimiento y voluntad. De lo expresado por el Ad-Quem, en la motivación probatoria se observa la falta de apreciación del acto o documento auténtico que constituyen prueba de valor decisivo y al cual se ha hecho referencia en el numeral primero del presente escrito de formalización, el cual aunado al resto de elementos probatorios evidencian de manera clara que en el presente caso concurre plena prueba de la comisión del delito de ABUSO DE AUTORIDAD e indicio racional que el procesado MARIO SALVADOR MARTINEZ es autor del ilícito penal que se juzga. Al haber entonces el juzgador no valorado los actos o documentos auténticos señalados, con el cual se ha demostrado la existencia del delito y la participación del encausado en la comisión del mismo y que no fue desvirtuado por otras pruebas y al no haberlo entendido de esa manera el Ad-Quem ha incurrido en un claro error de hecho y en ningún momento debió haber dictado un Sobreseimiento definitivo a favor del mismo. Por otra parte, notoriamente con la decisión judicial en referencia el sentenciador ha violado el principio de legalidad consagrado en el artículo 321 de la Constitución de la República, que reza: “Los servidores del Estado no tienen mas facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”. En consecuencia, al haberse dictado un sobreseimiento definitivo a favor del imputado existiendo plena prueba de la comisión del delito e indicio racional de quien es su autor; se ha realizado un acto fuera de la ley, quebrantado el orden jurídico procesal, por lo que se hace necesario que este alto tribunal lo restablezca por medio de la decisión que corresponda y por ende se case la sentencia impugnada y se dicte en su lugar un fallo, de conformidad a la extraordinaria facultad que os concede el propio artículo 321 Constitucional a que se ha hecho alusión”. CONSIDERANDO (1): Que reunidos los requisitos de ley esta Sala de lo Penal pronunció sentencia admitiendo el Recurso de Casación por Infracción de Ley. CONSIDERANDO (2): Que por el cauce procesal del artículo 412 del Código de Procedimientos Penales de 1984, se ha presentado Recurso de Casación por Infracción de Ley en un único motivo, enmarcándolo en el numeral 2) de la norma indicada. La Censora sostiene que concurre el motivo debido a que el Juzgador de la Segunda Instancia aprecio erróneamente documentos auténticos relevantes para el proceso, siendo éstos: a) Licitación privada DICE 02/93; b) Decreto Legislativo número 037-96 de fecha 08 de Junio de 1996, mediante el cual el Poder Legislativo aprobó el Convenio de Concesión para la Explotación de Servicio de Telefonía Móvil Celular para la República de Honduras, a favor de la entonces Empresa Motorola Inc, representada por la Sociedad de Inversiones Rocafuerte, S.A., hoy conocida como Telefonía Celular, S.A. (CELTEL), que establecía un término de duración de diez años, un cargo mensual por cada abonado suscrito sin límite de clientes; c) Resolución AS-665-99 del 29 de julio de 1999, suscrita por la Comisión de Telecomunicaciones, por medio de los señores NORMAN ROY HERNÁNDEZ, RAMIRO LOSANO LANDA, AMILCAR SANTAMARÍA Y MARIO SALVADOR MARTÍNEZ, éste último en su calidad de Secretario interino de dicha comisión, mediante se adecuo el convenio de concesión supra referido al nuevo marco de regulación, estableciendo un cargo mensual por cada uno de los abandonados, estableciendo un techo mensual y que la concesión se extendería hasta el 08 de junio del 2021.- Señala la Censora, que la resolución AS 665-99 fue emitida por CONATEL colisionada con lo prescrito en el artículo 205.19 de la Constitución de la República, y que aun a pesar de ello, la Comisión indicada adoptó la resolución referida, siendo uno de ellos el acusado MARIO SALVADOR MARTÍNEZ. CONSIDERANDO (5): Que el artículo 412 del indicado ordenamiento, dispone: “Se entenderá que ha sido infringida una ley para el efecto de que puede interponerse el Recurso de Casación: 1... 2. Cuando en la apreciación de las pruebas haya habido errores de hecho, si esto resulta de documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación del juzgador, y no estuvieron desvirtuados por otras pruebas”. Esta Corte Suprema de Justicia, ya ha explicado el contenido de éste numeral anteriormente, indicando que constituyen sus elementos: “1) Que en la valoración de la prueba haya habido error de hecho. El error de hecho se demuestra con una simple comparación objetiva, sin hacer relación a las disposiciones legales que regulan los distintos medios de prueba. 2) Que el error resulte de documento o acto auténtico que demuestre la equivocación del juzgador. Es decir, que si al comparar lo que ha sido declarado probado en la sentencia con un documento auténtico, se vea claramente que el Juzgador se equivocó, porque la motivación fáctica no corresponde al contenido de tal documento. (…) Pero, debe tratarse de documentos o actos realmente auténticos, que intrínsecamente y por si solos encierren verdades irrebatibles, que haya producido fuera del proceso e incorporados, de manera legal, al mismo; 3) El contenido de los documentos o actos realmente auténticos, no debe haber sido desvirtuado por los otros medios de prueba.” (Ver fallos del Exp 520-04 del 12 de octubre del 2004, Exp 207-2010 del 08 de noviembre del 2012 y Exp 309-2010 del 10 de enero del 2013).- Igualmente, este Supremo Tribunal, ha definido que lo que debe entenderse como documento auténtico, señalando que: “… no son documentos auténticos aquellos que simplemente presenten una extensión de autenticidad innegable, sino los que además constituyen por sí y por la fuerza misma de su contenido, una expresión de verdad manifiesta y notoriamente irresistible” (ver fallo del Exp 1642-04 del 04 de octubre del 2005). Dicho de otra manera, la categoría de documento o acto auténtico lo determina: la formalidad extrínseca: expedido con los requisitos legales por autoridad o funcionario revestido de fe pública y la formalidad intrínseca: que por sí solo constituye la demostración indestructible de la certeza de los hechos que en el mismo se contenga, sin que esta certeza se derive de una simple manifestación de voluntad. CONSIDERANDO (6): Que la Sala de lo Penal, ha examinado los documentos a los que ha hecho referencia la Censora, encontrando que la Licitación privada DIDE 02/93 celebrada por la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), en diciembre de 1993, el Decreto Legislativo No. 37-06, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 27,977 el 08 de junio de 1996, que contiene el Convenio de Concesión para la Explotación del Servicio de Telefonía Móvil Celular en la República de Honduras y la Resolución AS665/99 de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), de fecha 29 de julio de 1999, suscrita por NORMAN ROY HERNANDEZ D., en su condición de Presidente, RAMIRO LOZANO LANDA y AMILCAR SANTAMARIA, en su condición de Comisionados Propietarios y el acusado MARIO SALVADOR MARTÍNEZ, en su condición de Secretario Interino, efectivamente SON DOCUMENTOS AUTÉNTICOS, debido a que todos fueron expedidos conforme a las disposiciones legales por autoridad pública, además porque por sí solos constituyen la demostración indestructible de la certeza de los hechos que si mismo contienen. CONSIDERANDO (6): Que aun cuando la Censora acierte respecto a la condición de autenticidad de los documentos que cita, su Recurso de Casación por Infracción de Ley no es de recibo, por cuanto su alegato es que dichos documentos fueron erróneamente apreciados por el Tribunal de la Segunda Instancia, más al examinar la resolución que se impugna se colige que dichos documentos no fueron ni siquiera relacionados, mucho menos apreciados de manera diferente a la verdad que contienen.- Por otra parte, los documentos que la Censora reclama como erróneamente apreciados, buscan acreditar la existencia del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, desviándose del punto que tanto el Tribunal de Primera como de Segunda instancia tuvieron en consideración para dictar un Sobreseimiento Definitivo a favor del acusado MARIO SALVADOR MARTÍNEZ, y éste es la falta de sospechas o indicios de participación en el delito que se imputa (Art. 429.2 del Código de Procedimientos Penales). CONSIDERANDO (7): Que la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones, publicada en la Gaceta No. 27 823 del 08 de diciembre de 1995, establece en el artículo 12 que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (en adelante CONATEL), es la entidad desconcentrada de la Secretaría de Estado en los Despachos de Comunicaciones, Obras Públicas y Transporte, a la que, según indica el artículo 11, le corresponde la administración y control del espectro radioeléctrico, la comprobación técnica de las emisiones radioeléctricas y la cancelación de aquellas que no cumplan con los requisitos establecidos en la ley, agregando el artículo 15 que estará integrada por tres miembros propietarios y dos suplentes, señalando el artículo 20 que para que sus decisiones sean válidas deberán de ser acordadas por mayoría o por unanimidad de sus miembros.- Indica el artículo 20, que la Comisión contará con los servicios de un Secretario, quien deberá de levantar acta y firmar todas las resoluciones que adopte aquella. CONSIDERANDO (8): Que la resolución donde señala el Ministerio Público, consta el acto abusivo de la autoridad pública es la AS-665-99 del 29 de julio de 1999, adoptada por la Comisión de Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), a través de sus comisionados NORMAN ROY HERNÁNDEZ, RAMIRO LOZANO LANDA Y AMILCAR SANTAMARÍA, actuando como Secretario Interino el acusado MARIO SALVADOR MARTÍNEZ.- Señala el Ministerio Público que el acusado, al haber firmado dicha resolución es partícipe de lo acordado y por lo tanto es igualmente autor del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, lo cual es una incorrecta apreciación, por cuanto el Secretario de CONATEL no tiene facultades legales para adoptar decisiones, su tarea es servir a los Comisionados, siendo un conducto de comunicación entre las solicitudes que se le realizan a tal entidad y el pleno, levantando acta de las sesiones sostenidas y, como obligación legal, firmando las resoluciones que se adopten, es pues que el Ministerio Público no puede extender responsabilidad penal al acusado cuando éste no era Comisionado de CONATEL y por tanto no adoptó la resolución que se cuestiona; no es posible acusar de ABUSO DE AUTORIDAD por adoptar una resolución contraria a ley, a una persona que no adoptó tal resolución y que además no tenía autoridad legal para hacerlo.- Distintas consideraciones estaría obligada hacer la Sala de lo Penal si el hecho imputado fuese que el acusado en su condición de Secretario hubiese presentado información falsa, ocultado información o tergiversado información a los señores Comisionados, quienes inmersos en error hubieran adoptado una resolución ilegal, más esto no es lo que aconteció según expone el Ministerio Público. CONSIDERANDO (9): Que por lo expuesto, es procedente declarar sin lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley que ha interpuesto el Ministerio Público. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 410, 411, 412 numeral 2, 413, 418, 420 del Código de Procedimientos Penales; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.- FALLA: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto la Abogada KARLA MARÍA ARITA MENDOZA, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público. SEGUNDO: Declarar firme la sentencia dictada por la entonces Corte Primera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 19 de octubre de 2007, mediante la cual confirme el Sobreseimiento Definitivo dictado por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, en fecha 07 de abril de 2006, a favor del señor MARIO SALVADOR MARTÍNEZ, por suponerlo responsable a título de co-autor de un delito consumado de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Y MANDA: Que la Secretaría del Tribunal devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Apelación de su procedencia con certificación de la presente sentencia para su debido cumplimiento.- Redactó: EL MAGISTRADO CALIX HERNÁNDEZ.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de enero del año dos mil catorce.- Certificación de las sentencias de fechas veintiuno de noviembre y nueve de diciembre del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-134-2013.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
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