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Sentencia CP-128-10 — Registro 3366

Resumen

Se absolvió al imputado en primer instancia por el delito de defraudación fiscal.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."El Recurso no es de Recibo.- El proceso de valoración de la prueba a efectos de determinar la existencia de un delito debe de ser estudiado partiendo de la concurrencia de los diferentes niveles de construcción de la conducta delictiva: En primer término es necesario probar la importación de un bien mueble y la persona responsable de dicha acción, quien de esta manera se convierte en la persona obligada a la declaración de dichos bienes y al pago de los tributos correspondientes, si hubiesen; En el presente caso no existió controversia en cuanto a que en fecha dos de Mayo del año dos mil seis, el Señor O. G. S., importo al territorio nacional la cantidad de 269 reses mismas que adquirió en la República de Panamá por la cantidad de cuarenta y ocho mil cuatrocientos veinte dólares.- En segundo término se debe determinar si el acusado clasifico o valoro indebidamente los bienes muebles que el acusado estaba importando, por cuanto si las reses introducidas al país eran de raza pura aptas para la reproducción se encontrarían en el reglón arancelario 0102.10.00 y por tanto exentos del pago de tributo, por el contrario si la especie bovina no es de raza pura o siendo pura no es apta para la reproducción deben de ser clasificadas en el reglón arancelario 0102.90.00, mismas que están gravadas con un 10% de derechos arancelarios de importación y exentas del 12% de impuesto sobre ventas, tomando como base impositiva el valor de compra del bien mueble; Para determinar ese extremo fueron presentada abundante prueba documental y un medio de prueba pericial, misma que al final no logro determinar la pureza de la raza de las especies importadas, a saber: a) La Factura Número f-302 extendida por la Hacienda Pesa S.A. con asiento en la República de Panamá, el Certificado de origen de la Venta de Ganado número 63240, extendido por la Secretaria de Comercio Exterior de la República de Panamá (f. 55 y 56) y el certificado de reportes de prueba de Laboratorio realizadas a las reses, extendido por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario de la República de Panamá identifican a las vaquillas vendidas al acusado O. G. S., como de “Raza Fina”; b) El Certificado de Importación de la Secretaria de Agricultura y Ganadería de Honduras (F. 69) y el recibo extendido por el Servicio de Protección Agropecuaria de Honduras por el pago para la inspección de bovinos (F: 58) determinan que las vaquillas “son para cría”; c).- Certificado de salud extendido por el Veterinario A. N. Medico Veterinario de la República de Panamá, donde determina que las 269 novillos son de raza cebú (F. 53); d).- Certificado extendido por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá, determina que las reses son de “raza cebú cruzada” (F. 51); y e) Dictamen pericial del Doctor Veterinario M. T. S. V., a quien no le fue posible determinar la variedad de Cebú a la cual pertenecían las reses importadas ni tampoco la pureza de su raza.- Es pues que la documentación relacionada habla de “raza fina”, mas esta determinación no es genética, sino que es una nomenclatura de carácter comercial, igual habla de “vaquillas para cría” y “vaquillas de raza cebú cruzadas”, por lo que ante la variedad de denominaciones era preciso la práctica de un peritaje con el fin de definir la raza a que pertenecían las reses y su nivel de pureza, así como su capacidad para la reproducción, mas el peritaje no dio resultado alguno, dejando sin contestar una de las cuestiones nucleares del tipo penal que se estaba reprochando: Eran las reses de raza pura aptas para la reproducción de la especie o no?; En tercer término era importante dilucidar si el acusado O. G. S., al momento de realizar la declaración de bienes importados (F. 57), con el fin de eludir los tributos correspondientes, clasifico indebidamente las reses que estaba importando, aspecto que no fue posible determinar ya que la clasificación tributaria de los bienes importados (reses) depende de la pureza de su raza y al término del debate ésta no fue determinada, ergo no se le puede exigir al acusado que clasifique las reses en un reglón tributario especifico conforme la pureza de la raza de las reses cuando en principio el propio Estado no ha podido determinar si las reses son de raza pura o no.- Por el contrario se observa en la declaración Única Aduanera con serie número 1636993 (F. 57) que el acusado identifico a las vaquillas como de “raza fina” reproduciendo la misma denominación que le dio el vendedor, ello es indicio de que el acusado no pretendió fraudulentamente cambiar la calidad de las reses que estaba importando.- El medio de prueba documental consistente en el Oficio ARA-072-I/2006, de fecha 07 de septiembre del 2006 (F. 134), no constituye prueba fidedigna para establecer la calidad o pureza de la raza de las reses importadas, el oficio es extendido por el Licenciado M. F., en su condición de Gerente Regional de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, solo para efectos de determinar el monto del tributo dejado de percibir bajo la premisa de que las reses no eran de raza pura para la reproducción (Ver párrafo tercero del Oficio), premisa que no fue probada en el juicio penal, por lo que el medio de prueba relacionado no tiene el valor probatorio que el Recurrente le asigna.- V.- Por lo expuesto el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma debe de ser declarado sin lugar en su único motivo.- VI.- Es importante apuntar que lo resuelto por los Juzgados y Tribunales en materia penal es sin perjuicio de lo que determina los artículos 155, 156, 158 y 159 del Código Tributario, por lo que la relación tributaria entre el contribuyente y el Estado de Honduras se definen conforme al Derecho Tributario con independencia a la existencia o no de infracciones penales.."

Jerarquía: Reiterativa

.."El Recurso no es de Recibo.- El proceso de valoración de la prueba a efectos de determinar la existencia de un delito debe de ser estudiado partiendo de la concurrencia de los diferentes niveles de construcción de la conducta delictiva: En primer término es necesario probar la importación de un bien mueble y la persona responsable de dicha acción, quien de esta manera se convierte en la persona obligada a la declaración de dichos bienes y al pago de los tributos correspondientes, si hubiesen; En el presente caso no existió controversia en cuanto a que en fecha dos de Mayo del año dos mil seis, el Señor O. G. S., importo al territorio nacional la cantidad de 269 reses mismas que adquirió en la República de Panamá por la cantidad de cuarenta y ocho mil cuatrocientos veinte dólares.- En segundo término se debe determinar si el acusado clasifico o valoro indebidamente los bienes muebles que el acusado estaba importando, por cuanto si las reses introducidas al país eran de raza pura aptas para la reproducción se encontrarían en el reglón arancelario 0102.10.00 y por tanto exentos del pago de tributo, por el contrario si la especie bovina no es de raza pura o siendo pura no es apta para la reproducción deben de ser clasificadas en el reglón arancelario 0102.90.00, mismas que están gravadas con un 10% de derechos arancelarios de importación y exentas del 12% de impuesto sobre ventas, tomando como base impositiva el valor de compra del bien mueble; Para determinar ese extremo fueron presentada abundante prueba documental y un medio de prueba pericial, misma que al final no logro determinar la pureza de la raza de las especies importadas, a saber: a) La Factura Número f-302 extendida por la Hacienda Pesa S.A. con asiento en la República de Panamá, el Certificado de origen de la Venta de Ganado número 63240, extendido por la Secretaria de Comercio Exterior de la República de Panamá (f. 55 y 56) y el certificado de reportes de prueba de Laboratorio realizadas a las reses, extendido por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario de la República de Panamá identifican a las vaquillas vendidas al acusado O. G. S., como de “Raza Fina”; b) El Certificado de Importación de la Secretaria de Agricultura y Ganadería de Honduras (F. 69) y el recibo extendido por el Servicio de Protección Agropecuaria de Honduras por el pago para la inspección de bovinos (F: 58) determinan que las vaquillas “son para cría”; c).- Certificado de salud extendido por el Veterinario A. N. Medico Veterinario de la República de Panamá, donde determina que las 269 novillos son de raza cebú (F. 53); d).- Certificado extendido por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá, determina que las reses son de “raza cebú cruzada” (F. 51); y e) Dictamen pericial del Doctor Veterinario M. T. S. V., a quien no le fue posible determinar la variedad de Cebú a la cual pertenecían las reses importadas ni tampoco la pureza de su raza.- Es pues que la documentación relacionada habla de “raza fina”, mas esta determinación no es genética, sino que es una nomenclatura de carácter comercial, igual habla de “vaquillas para cría” y “vaquillas de raza cebú cruzadas”, por lo que ante la variedad de denominaciones era preciso la práctica de un peritaje con el fin de definir la raza a que pertenecían las reses y su nivel de pureza, así como su capacidad para la reproducción, mas el peritaje no dio resultado alguno, dejando sin contestar una de las cuestiones nucleares del tipo penal que se estaba reprochando: Eran las reses de raza pura aptas para la reproducción de la especie o no?; En tercer término era importante dilucidar si el acusado O. G. S., al momento de realizar la declaración de bienes importados (F. 57), con el fin de eludir los tributos correspondientes, clasifico indebidamente las reses que estaba importando, aspecto que no fue posible determinar ya que la clasificación tributaria de los bienes importados (reses) depende de la pureza de su raza y al término del debate ésta no fue determinada, ergo no se le puede exigir al acusado que clasifique las reses en un reglón tributario especifico conforme la pureza de la raza de las reses cuando en principio el propio Estado no ha podido determinar si las reses son de raza pura o no.- Por el contrario se observa en la declaración Única Aduanera con serie número 1636993 (F. 57) que el acusado identifico a las vaquillas como de “raza fina” reproduciendo la misma denominación que le dio el vendedor, ello es indicio de que el acusado no pretendió fraudulentamente cambiar la calidad de las reses que estaba importando.- El medio de prueba documental consistente en el Oficio ARA-072-I/2006, de fecha 07 de septiembre del 2006 (F. 134), no constituye prueba fidedigna para establecer la calidad o pureza de la raza de las reses importadas, el oficio es extendido por el Licenciado M. F., en su condición de Gerente Regional de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, solo para efectos de determinar el monto del tributo dejado de percibir bajo la premisa de que las reses no eran de raza pura para la reproducción (Ver párrafo tercero del Oficio), premisa que no fue probada en el juicio penal, por lo que el medio de prueba relacionado no tiene el valor probatorio que el Recurrente le asigna.- V.- Por lo expuesto el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma debe de ser declarado sin lugar en su único motivo.- VI.- Es importante apuntar que lo resuelto por los Juzgados y Tribunales en materia penal es sin perjuicio de lo que determina los artículos 155, 156, 158 y 159 del Código Tributario, por lo que la relación tributaria entre el contribuyente y el Estado de Honduras se definen conforme al Derecho Tributario con independencia a la existencia o no de infracciones penales.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Para los efectos de explicación de este motivo citamos como infringidos los artículos 202 del Código Procesal Penal parte que dice: "las pruebas serán valoradas con arreglos a la sana critica... " en relación con los dispuesto en el artículo 338 de ese mismo cuerpo legal, específicamente en la regla cuarta, punto dos. Por lo tanto, esta representación legal considera que se encuentra y encuentra violatoria la valoración de la prueba establecida por el código procesal penal en este sentencia recurrida por las razones siguientes: durante el desarrollo del juicio oral y público se evacuo la prueba documental la cual se encuentra descrita en la sentencia misma en la conclusión segunda de la valoración de la prueba, específicamente en la número uno, número dos, número tres, número cuatro, número seis, número siete, número ocho, número nueve, número once, los cuales son documentos que acreditan que el señor O. G. S., es importador de doscientos sesenta y nueve (269) vaquillas para cría, que son vaquillas de raza fina, raza cebú cruzadas, que son novillas de raza cebú, destacando que ninguno de los documentos establece que son de raza pura y que el tribunal de sentencia deja de valorar puesto que valora el origen legitimo del ganado así como su buen estado de salud, dejando a un lado la gran incongruencia que existe dentro de toda la documentación presentada para la importación ya que ninguna es conteste en su contenido estableciendo la pureza del ganado. Asimismo, no le da el valor que merece al oficio identificado como ARA-072-1- 2006, extendido por el licenciado M. f., Gerente regional de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, en le cual se establece el monto de lo defraudado por el señor O. G. S., el cual asciende a la cantidad de ciento treinta y cuatro mil noventa y un lempiras con sesenta y tres centavos (L. 134,091.63), de impuestos dejados de percibir por el Estado de Honduras. Ya que a criterio de los juzgadores dicho informe no es concluyente para determinar con certeza que el imputado dejo de enterar al fisco nacional la cantidad de dinero aludida, por cuanto no se estableció indubitadamente que el ganado importado fuese impuro desde el punto de vista genético, denotando así la falta de criterio sano, puesto que la Dirección Ejecutiva de Ingresos es un ente administrativo y recaudador de los tributos al Estado y se rige por la normativa aduanera nacional y centro americana en la cual específica mente en el sistema arancelario centro americano establece que para animales vivos de especie bovina reproductores de raza pura, se utiliza una posición arancelaria 0102.10.00, la cual no paga derechos arancelarios de importación ni impuesto sobre ventas y que para loa animales Vivos de la especie bovina que no son reproductores de raza pura se utiliza la posición arancelaria 0102.90.00, la cual esta gravada con un diez por ciento (10%), de los derechos arancelarios a la importación y exenta del doce por ciento (12%), del impuesto sobre ventas; siendo así que este ente utiliza al momento de asignar una posición arancelaria documentos reales y fehacientes en su contenido donde se establezca con claridad los datos mismos que sean necesarios para establecer un régimen de importación. Que en este caso que nos ocupa desde todo punto de vista fueron incongruentes y faltos de información para pretender así engañar a las autoridades aduaneras y lograr la exención de impuestos para un beneficio propio. En cuanto a la conclusión tercera de la valoración de la prueba en la cual aparece el dictamen rendido por el medico veterinario M. T. S., es contradictorio puesto que para el tribunal de sentencia por una parte establece que le quedo claro cuáles son los parámetros para distinguir que es una raza pura y que es una raza cruzada, y que el termino ganado de raza fina desde el punto de vista genético no existe y que dicho vocablo es propio de las exposiciones ganaderas; por otro lado el tribunal de sentencia manifiesta que con el dictamen rendido no se puede determinar a cual variedad de raza cebú pertenecía el ganado importado por el imputado; por tanto, es imposible determinar la existencia del ilícito. Dejando así un vacío en la lógica a seguir en el proceso de valoración de la prueba puesto que en la documentación presentada por el importador nunca se estableció la pureza del ganado, mas así su grado de fineza, lo cual a la hora del pago de impuestos no es relevante, puesto que en el sistema arancelario centra americano no se establece animales vivos de la especie bovina reproductores de raza fina..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de enero del año dos mil trece, por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS RAÚL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO en su calidad de Coordinador, JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO dicta sentencia conociendo del RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY Y POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, interpuesto contra la sentencia de fecha veintidós de octubre de dos mil nueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortés, mediante la cual Absolvió a O. G. S. R., como autor responsable del delito de DEFRAUDACIÓN FISCAL, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.- Interpusieron el Recurso de Casación los Abogados A. M. M. L. Y J. A. M. V., actuando en su condición de Procuradores Judiciales de la Procuraduría General de la República Zona Noroccidental.- SON PARTES: La Procuraduría General de la República, a través de los Agentes J. A. M. V. y A. M. M. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. HECHOS DECLARADOS PROBADOS II.- El Tribunal de Sentencia juzgador, en el fallo objeto de impugnación, declaró como probados los hechos siguientes: “PRIMERO: El día de veinticuatro de abril de dos mil seis, el señor O. G. S., compró en Hacienda Pesa S.A., situada en Vía Miraflores, El Coco, en la República de Panamá, 269 vaquillas de la raza cebú a razón de ciento ochenta dólares ($ 180.00) cada una, haciendo un total de CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE DÓLARES ($48,420.11), los cuales, ingresaron al país, el dos de mayo de dos mil seis, bajo el régimen arancelario Libre de Impuestos de Importación, por la aduana terrestre de las Manos, departamento de El Paraíso. SEGUNDO: El día tres de mayo de dos mil seis, entre las ocho y treinta y nueve de la noche a una distancia de uno o dos kilómetros del punto fronterizo de Corinto, ubicado entre las Repúblicas de Honduras y Guatemala, sobre la carretera conocida como C-4, dos personas desconocidas, distintas al encausado, arreaban el lote de ganado descrito en el numeral anterior, quienes, al percatarse, de la presencia en el lugar de varios miembros de un contingente de la Fuerza Aérea de Honduras, que se transportaban en un vehículo automotor, provocaron la estampida de las reses, ante lo cual, los militares, procedieron a encerrar en un predio adyacente a dicho lugar 79 cabezas de ganado, desconociéndose el paradero de las restantes”. III.- Los recurrentes, abogados Á. M. M. L. y J. A. M. V., en su condición de Procuradores Judiciales de la Procuraduría General de la República Zona Noroccidental, desarrollaron su recurso de casación de la siguiente manera: “EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY. PRIMER MOTIVO: Infracción, por aplicación indebida del artículo 392 D del Código Penal, artículos 44, 45, 48 Y 50 del Código Aduanero Uniforme Centro Americano (CAUCA); y artículos 50 y 53 de la Ley de Aduanas. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el párrafo primero del artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: Es de sobra sabido que la base fundamental de las sentencias definitivas en materia penal, la constituye la declaración de hechos probados; es sobre los hechos que el tribunal sentenciador declara acreditados en juicio, que se construye todo el edificio del fallo. El Tribunal Sentenciador al emitir su fallo, estimó como hecho probado el siguiente: HECHO SEGUNDO: “El día 3 de mayo de 2006, entre las ocho treinta y nueve de la noche a una distancia de uno o dos kilómetros del punto fronterizo de Corinto, situado entre las Repúblicas de Honduras y Guatemala, sobre la carretera conocida como C4, dos personas desconocidas, distintas al encausado, arreaban el lote de ganado descrito en le numeral anterior, quienes, al percatarse, de la presencia en lugar de unos miembros de un contingente de la Fuerza Área de Honduras, que se transportaban en un vehículo automotor, provocaron la estampida de la reces, ante lo cual, los militares, procedieron a encerrar en un predio adyacente a dicho lugar, setenta y nueve (79), cabezas de ganado desconociéndose el paradero de las restantes." En relación al hecho segundo de la sentencia impugnada, el Tribunal consideró como probados hechos que al desarrollarse se alejan de lo que se versó en el juicio oral y público, pues de manera incoherente, el Tribunal de sentencia declaran expresa y terminantemente hechos que a nuestro criterio tipifican un delito de Contrabando y no un delito de Defraudación Fiscal, primer tipo penal que no ha sido ventilado y no ha sido objeto de controversia durante el desarrollo del debate. El Artículo 337 del Código Procesal Penal establece que la sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias que no sean descritas en el auto de apertura a prueba, por lo que consideramos que el enmarcar el delito de Contrabando en el desarrollo del hecho probado Segundo de la sentencia, produce una incoherencia y una imprecisión entre lo ventilado en el debate y el tipo penal por lo cual se apertura el juicio, con la fundamentación jurídica que posteriormente exponen como fundamentos legales de la calificación de los hechos que se aplican. Como se puede observar y estudiar en la redacción de la sentencia hay una errónea apreciación de los hechos, recalcando que esta representación legal del Estado de Honduras, durante el transcurso del debate explicó y demostró la culpabilidad del señor O. G. S. como autor del delito de defraudación fiscal y nunca pretendió llevar al tribunal a la convicción de que estábamos frente a un delito de contrabando, como el tribunal lo asevera en su hecho segundo de los hechos que estima como probados. SEGUNDO: Por otra parte y siempre continuando con la exposición del motivo, consideramos que a partir del hecho segundo probado no existe una coherencia entre la misma con el Numeral Tercero de la fundamentación jurídica, pues el tribunal hace un análisis erróneo del tipo penal del delito de defraudación fiscal, con omisiones a lo desarrollado durante el juicio oral y público por esta representación legal del Estado de Honduras, puesto que el tribunal asevera dentro de su exposición que: "el tipo objetivo del tipo penal requiere la Existencia de una relación jurídica tributaria y por la tanto la acción como tal consiste en defraudar, en incumplir las prestaciones jurídicas tributarias a que esta obligado y se puede llevar a cabo eludiendo el pago de los mismos. Indudablemente que del texto del código penal se extrae que la conducta se puede realizar tanto por acción, como por omisión; pero, respecto a la omisión, tiene que existir previamente el deber de declarar o pagar legalmente el impuesto y darse algún acto concluyente que pueda calificarse de fraude, como no presentar declaración u omitir en la misma datos tributariamente relevantes, presentar datos que induzcan a error en la clasificación arancelaria y que del contexto se pueda deducir la actitud defraudatoria que constituye la esencia de ese delito, por ello no será considerado como tal aquella omisión de datos tributarios que tengan su origen en desorden contable o en desconocimiento de los deberes fiscales..." El tribunal de sentencia en la calificación del tipo penal que se aplica al presente caso, considera que la omisión objeto de controversia, "tiene su origen en desordenes contables". Somos del criterio que el Tribunal hace un análisis del tipo penal erróneo, pues dentro del Código Penal vigente no existe una figura legal o tipo penal que se enmarca dentro de esa apreciación. Existe una aplicación errónea de lo que establecen las siguientes normas nacionales y supranacionales siguientes: 1) Artículo 4 del Código Aduanero Uniforme Centro Americano establece dentro de las definiciones que la DECLARACION DE MERCANCIAS es el acto efectuado en la forma prescrita por el servicio aduanero mediante el cual los interesados expresan libre y voluntariamente el régimen al cual se someten las mercancías y se aceptan las obligaciones que este impone"; es decir, que es el importador quien expresa libre y voluntariamente a través de su agente aduanero, al régimen al que se somete las mercancías importadas y este acepta las obligaciones que se imponen. Por otra parte siempre en el precitado artículo, establece que Declarante es la persona que efectúa o en nombre de la cual se efectúa una declaración de mercancías de conformidad con este código y su reglamento; es decir, que el declarante es la persona que importa o a nombre de quien se importa la mercancía; en el caso de marras el declarante es el imputado O. G. S. II) Artículo 50 de la ley de aduanas establece que el declarante es la persona natural o jurídica, o su representante legal debidamente autorizado para solicitar un determinado régimen aduanero para las mercancías que se encuentran bajo la jurisdicción de la aduana. III) Artículo 53 señala que el importador presentara por lo memos una declaración o póliza de importación por cada conocimiento de embarque o documento equivalente, y que esta declaración se hará de acuerdo con el texto de la nomenclatura arancelaria vigente, indicando la clase, la calidad de la mercancía y los demás detalles necesarios para su identificación y constituirá la base para el aforo y aplicación de las sanciones que en su caso procedan. De los artículos anteriores se desprende que el declarante es el importador, quien solicita el régimen aduanero aplicable para el aforo de su mercancía y que este debe presentar una declaración o póliza la cual debe de cumplir con los requisitos del ordenamiento aduanero, indicando y detallando claramente la mercancía importada, a fin de que no exista duda alguna de la naturaleza y de la calidad así como del costo del producto. Por todo lo anteriormente expuesto, consideramos que no existe una "omisión" producto de un error contable, imputable a un Contador o a un agente Aduanero, pues el responsable ante el Estado de Honduras de proporcionar datos tributarios relevantes, ES EL IMPORTADOR, a través de una declaración libre y voluntaria del régimen aduanero al cual va a someter la mercancía de su propiedad. Asimismo el artículo 50 del mismo cuerpo legal en su título establece: PERSONAS A QUIENES CORRESPONDE EFECTUAR LA DETERMINACION y señala como regla general: corresponde al declarante o a su representante (importador o agente aduanero), bajo el sistema de auto determinación, realizar la determinación de la obligación tributaria aduanera y cumplir con los demás requisitos y formalidades necesarias para la aplicación del régimen que corresponda, previo a la presentación de la declaración ante el servicio aduanero. Es de hacer notar que el representante legal es una figura establecida en la materia aduanera en su artículo 90 del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centro Americano (RECAUCA), donde nos dice, que el agente aduanero es el representante legal de su mandante para efectos de las actuaciones u notificaciones del despacho aduanero y los actos que de este deriven. En el presente caso, el representante del importador era la agencia Aduanera SETA, pero este conforme a lo citado anteriormente, actúa bajo el mandato de su representado, el importador O. G. S., con los datos e información proporcionados por su poderdante. IV) Artículo 44 del CAUCA: El valor en aduanas constituye la base imponible para la aplicación de los derechos arancelarios a la importación (DAI), de las mercancías importadas o internadas al territorio aduanero de los estados partes; es decir, que el valor a pagar por la mercancía importada es el valor que se trae en la factura comercial presentado a la aduana y sobre el cual se calcula los derechos o los impuestos arancelarios de importación. A su vez el artículo 45 del mismo ordenamiento jurídico describe que la obligación aduanera está constituida por el conjunto de obligaciones tributarias y no tributarias que surgen entre el Estado y los particulares, como consecuencia del ingreso y salida de mercancías del territorio aduanero, es decir, que la obligación aduanera está constituida por los tributos exigibles en la importación o exportación de mercancías. El artículo 48 del mismo texto legal, establece claramente que el sujeto activo de la declaración tributaria aduanera es el Estado y el sujeto pasivo es el declarante y quienes resulten legalmente responsables del pago de la misma; en consecuencia se puede notar que en la fundamentación jurídica específicamente en el segundo párrafo del hecho tercero el tribunal asevera o da como cierto que en la defraudación fiscal se deduce la especialidad del delito en el cual interviene como sujeto activo el obligado tributariamente y el sujeto pasivo que solo pueden ser los titulares de la hacienda pública es decir el estado, los entes autónomos, forales o locales. Esto nos deja claro el desconocimiento por parte del tribunal el desconocimiento de las leyes aduaneras y tributarias del ordenamiento legislativo hondureño, puesto que se refieren como sujeto activo al obligado tributariamente y como sujeto pasivo a los titulares de la hacienda pública, contradiciendo claramente el artículo 48 del CAUCA, en el cual se establece claramente quien es el sujeto activo y quien es el sujeto pasivo. TERCERO: Por otra parte el tribunal siempre en relación al hecho tercero de la fundamentación jurídica crea una nueva especialidad dentro del tipo penal de defraudación fiscal al establecer como hecho puntual que en este caso que nos ocupa la defraudación fiscal se debe a la omisión de datos tributarios que tengan su origen en desorden contable o en desconocimiento de los deberes fiscales, cuando podemos ver claramente que la misma no encaja dentro de las 20 especialidades del tipo penal de defraudación que establece el código penal en su artículo 3920; ya que la conducta del imputado Oscar Gabriel Santos si se enmarca dentro de la establecida en el numeral 10 la cual fue alegada y probada en el desarrollo del juicio oral y público y no fue tomada en cuenta por el tribunal. El precepto penal de orden sustantivo que se cita como infringido textualmente dice: "articulo 392 D: constituye el delito de defraudación fiscal toda acción u omisión por medio de la cual se evade el pago de los impuestos contribuciones o tasas utilizando procedimientos, medios, o documentos que originen un beneficio indebido con perjuicio del fisco, considerándose como tales los siguientes: 1) ... , 2) ... , 3) ... , 4) ... , 5) ... , 6) ... , 7) ... , 8) ... , 9) ... , 10) La clasificación o valoración indebida de los bienes o mercancías importadas, con fines de disminuir el pago de los tributos respectivos, 11) ... , 12) ... , 13) ... , 14) ... , 15) ... , 16) ... , 17) ... , 18) ... , 19) ... , 20) ... Como ya lo establece el artículo del código penal que antecede la defraudación fiscal consiste, en toda acción u omisión por medio de la cual se evade el pago de impuesto, contribuciones o tasas..., la conducta del señor Oscar Gabriel santos, deja claramente establecido la evasión del pago por la importación de las 269 vaquillas, puesto que las mismas no pagaron tributo alguno al Estado de Honduras. Continúa el artículo señalando... utilizando procedimientos, medios o documentos que originen un beneficio indebido con perjuicio del fisco... el procedimiento utilizado queda claro que fue la mala clasificación arancelaria utilizada por el importador a través de su agente aduanero ya que se consigno en la declaración única aduanera, la posición arancelaria 01.02.10.00, la cual es libre de pago o tributo alguno al Estado. Cabe señalar que el tribunal hace uso del párrafo primero del articulo antes señalado, omitiendo y dejando de aplicar claramente lo que establece el numeral diez, el cual establece la clasificación o valoración indebida de los bienes o mercancías importadas, con fines de disminuir el pago de los tributos respectivos, quedando claro con esto que el tribunal no aplico correctamente la normativa penal, ya que el caso que nos ocupa en este momento y se probo en todo el desarrolla del juicio oral y público fue la mala clasificación arancelaria de la que fue objeto las doscientas sesenta y nueve (269) vaquillas de ganado. Por todo lo anteriormente expuesto se concluye que el tribunal de sentencia en su resolución dejo de aplicar las normativas penales y aduaneras antes enunciadas; en virtud, que durante todo proceso del juicio oral y público se logro probar la culpabilidad del señor O. G. S., en el delito de Defraudación Fiscal, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras, puesto que con la prueba aportada por esta representación legal quedo claro que el mismo era el importador de doscientas sesenta y nueve (269) vaquillas de ganado de raza fina, que ante las leyes aduaneras el importador es el declarante, que el declarante es quien proporciona los datos al agente aduanero, que de conformidad a la normativa aduanera la mercancía en este caso vaquillas de raza fina eran mercancía que debió haber pagado el diez por ciento (10%) en impuestos arancelarios de importación, puesto que la misma no se encontraba exenta de pago alguno ya que el arancel centro americano de importación establece que solo los animales reproductores de raza pura estarán exentos de los tributos a favor del Estado, como consecuencia los demás animales de raza bovina pagaran impuestos. La mala clasificación arancelaria no se trata de un error contable como lo establece en su fundamentación jurídica el tribunal de sentencia, puesto que en el proceso de aforo de la mercancía en ningún momento tuvo o tiene contacto alguno personal contable por parte del declarante; en este caso, el imputado O. G. S., puesto que en la declaración única aduanera donde se importaron las vaquillas fueron consignadas a su persona y no así a un contador, perito mercantil que labore a su servicio. Es de dejar claro que el tribunal de sentencia desconoce la normativa aduanera en relación con la normativa penal la cual es la encargada en su conjunto de sancionar los delitos cometidos en contra del físico, puesto que para ellos el sujeto activo en una relación aduanera es el importar y el sujeto pasivo la hacienda pública, contrario a lo que se establece el CAUCA, norma Centro Americana que legisla el régimen arancelario y aduanero, constituyéndose en un instrumento derivado de vital trascendencia en la constitución y avances del proceso de integración económica centro americana. Nuestra legislación así como el sistema arancelario Centro Americano reconoce los animales de especie bovina reproductores de raza pura, no así animales de raza fina puesto que el mismo perito M. T. S., medico veterinario, explico en su intervención en el juicio oral y publico, que el ganado puede ser raza pura o raza cruzada nunca raza fina, ya que dentro de la terminología veterinaria ganadera y agrícola, ese termino no existe, sino que se trata de termino utilizado para exposiciones ganaderas; destacando entonces que dentro de la documentación presentada en la cual se acredita la importación del ganado por parte del importador O. G. S., en ningún momento existe un documento que diga que le ganado es de raza pura en contrario sensu establece que es de raza fina, raza cebú, cebú cruzada, la cual claramente encaja dentro del sistema arancelario centro Americano como en animales vivos de la especie bovina, que no son reproductores de raza pura. EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. PRIMER MOTIVO: La declaración de los hechos que el tribunal de sentencia que estimó probados no son claros y son contradictorios, así como la valoración de la prueba no se observo las reglas de la sana crítica. PRECEPTOS AUTORIZANTES: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 del Código Procesal Penal numerales 1 y 3. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Para los efectos de explicación de este motivo citamos como infringidos los artículos 202 del Código Procesal Penal parte que dice: "las pruebas serán valoradas con arreglos a la sana critica... " en relación con los dispuesto en el artículo 338 de ese mismo cuerpo legal, específicamente en la regla cuarta, punto dos. Por lo tanto, esta representación legal considera que se encuentra y encuentra violatoria la valoración de la prueba establecida por el código procesal penal en este sentencia recurrida por las razones siguientes: durante el desarrollo del juicio oral y público se evacuo la prueba documental la cual se encuentra descrita en la sentencia misma en la conclusión segunda de la valoración de la prueba, específicamente en la número uno, número dos, número tres, número cuatro, número seis, número siete, número ocho, número nueve, número once, los cuales son documentos que acreditan que el señor O. G. S., es importador de doscientos sesenta y nueve (269) vaquillas para cría, que son vaquillas de raza fina, raza cebú cruzadas, que son novillas de raza cebú, destacando que ninguno de los documentos establece que son de raza pura y que el tribunal de sentencia deja de valorar puesto que valora el origen legitimo del ganado así como su buen estado de salud, dejando a un lado la gran incongruencia que existe dentro de toda la documentación presentada para la importación ya que ninguna es conteste en su contenido estableciendo la pureza del ganado. Asimismo, no le da el valor que merece al oficio identificado como ARA-072-1- 2006, extendido por el licenciado M. f., Gerente regional de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, en le cual se establece el monto de lo defraudado por el señor O. G. S., el cual asciende a la cantidad de ciento treinta y cuatro mil noventa y un lempiras con sesenta y tres centavos (L. 134,091.63), de impuestos dejados de percibir por el Estado de Honduras. Ya que a criterio de los juzgadores dicho informe no es concluyente para determinar con certeza que el imputado dejo de enterar al fisco nacional la cantidad de dinero aludida, por cuanto no se estableció indubitadamente que el ganado importado fuese impuro desde el punto de vista genético, denotando así la falta de criterio sano, puesto que la Dirección Ejecutiva de Ingresos es un ente administrativo y recaudador de los tributos al Estado y se rige por la normativa aduanera nacional y centro americana en la cual específica mente en el sistema arancelario centro americano establece que para animales vivos de especie bovina reproductores de raza pura, se utiliza una posición arancelaria 0102.10.00, la cual no paga derechos arancelarios de importación ni impuesto sobre ventas y que para loa animales Vivos de la especie bovina que no son reproductores de raza pura se utiliza la posición arancelaria 0102.90.00, la cual esta gravada con un diez por ciento (10%), de los derechos arancelarios a la importación y exenta del doce por ciento (12%), del impuesto sobre ventas; siendo así que este ente utiliza al momento de asignar una posición arancelaria documentos reales y fehacientes en su contenido donde se establezca con claridad los datos mismos que sean necesarios para establecer un régimen de importación. Que en este caso que nos ocupa desde todo punto de vista fueron incongruentes y faltos de información para pretender así engañar a las autoridades aduaneras y lograr la exención de impuestos para un beneficio propio. En cuanto a la conclusión tercera de la valoración de la prueba en la cual aparece el dictamen rendido por el medico veterinario M. T. S., es contradictorio puesto que para el tribunal de sentencia por una parte establece que le quedo claro cuáles son los parámetros para distinguir que es una raza pura y que es una raza cruzada, y que el termino ganado de raza fina desde el punto de vista genético no existe y que dicho vocablo es propio de las exposiciones ganaderas; por otro lado el tribunal de sentencia manifiesta que con el dictamen rendido no se puede determinar a cual variedad de raza cebú pertenecía el ganado importado por el imputado; por tanto, es imposible determinar la existencia del ilícito. Dejando así un vacío en la lógica a seguir en el proceso de valoración de la prueba puesto que en la documentación presentada por el importador nunca se estableció la pureza del ganado, mas así su grado de fineza, lo cual a la hora del pago de impuestos no es relevante, puesto que en el sistema arancelario centra americano no se establece animales vivos de la especie bovina reproductores de raza fina”.- IV.- RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DENUNCIANDO INOBSERVANCIA DE LA NORMA SUSTANTIVA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 392D DEL CÓDIGO PENAL, RELACIONADA CON LOS ARTÍCULOS 44, 45, 48 Y 50 DEL CÓDIGO ADUANERO UNIFORME CENTRO AMERICANO Y ARTÍCULOS 50 Y 53 DE LA LEY DE ADUANAS; PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al Recurso de Casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo Resaltado es Nuestro).- Así pues, son dos los elementos del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: A) Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato de un acontecimiento histórico declarado por el Tribunal de Sentencia, respecto al asunto debatido, mismos que se desprenden de la valoración hecha a los medios de prueba reproducidos en juicio y de los cuales los Juzgadores han podido apreciar de manera directa, colocándolos en una posición exclusiva de valoración. Por ello, el artículo 369 del Código de Procesal Panal, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos declarados probados; El Recurso de Casación por Infracción de Ley deberá de tener como base los hechos probados, sin pretender la inclusión o exclusión de ninguna de sus partes.- B) Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: i) Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; ii) Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; iii) Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; iv) Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y v) Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia.- La Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia, su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia a partir de los hechos declarados probados; En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley, debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados).- II.- El Recurrente centra su alegato recursivo en el hecho de que el Tribunal de Sentencia declara hechos probados que se encuentran en el delito de contrabando y no en el delito de Defraudación fiscal, mismo que fue imputado al acusado, ello pues es una violación al principio de Incongruencia entre acusación y sentencia contenido en el artículo 337 del Código Procesal Penal; Señala que existe una mala apreciación de los hechos probados, ya que el representante del Estado de Honduras explico y demostró la culpabilidad del Señor O. G. S. por el delito de defraudación fiscal; Indica que el Tribunal de Sentencia hace un análisis erróneo del tipo penal de Defraudación en la fundamentación jurídica.- III.- La Administración Pública como bien jurídico protegido, debe de conceptualizarse, para efectos penales en un sentido lato, como el correcto desempeño del Estado en todas las actividades que realiza que tiene como fin procurar el bienestar individual y social, las que deben de caracterizarse por su legalidad, eficacia, eficiencia, probidad, economía, prontitud, imparcialidad, igualdad y publicidad, que son la letra viva de un Estado Social de Derecho; Ahora bien para cumplir esas obligaciones el Estado ha determinado la necesidad de retener y/o cobrar un porcentaje de las diversas riquezas o bienes producidos por personas naturales o jurídicas, llamados impuestos o tributos, tasas y contribuciones, y que se convierten en buena parte de los ingresos destinados para cubrir las obligaciones monetarias que genera el cumplir con su deber de atender a las necesidades públicas; Al conjunto de normas que regulan la fiscalización, percepción y aplicación de los impuestos o tributos, tasas y contribuciones y a las relaciones jurídicas que emergen debido a estas actividades, teniendo al Estado como Sujeto activo y al Contribuyente como sujeto pasivo, se le conoce como Derecho Tributario (Art. 1 y 17 del Código Tributario); El Derecho Tributario tiene muchas vertientes, así encontramos como su génesis el derecho Tributario Constitucional, (Art. 31 párrafo segundo y 109 Superior), el Derecho Tributario administrativo (destinado a distribuir las facultades impositivas, promover su ejercicio y sancionar administrativamente su incumplimiento)[1] y el Derecho Tributario Penal, el cual específicamente encontramos en el Capitulo XIII-A del Título XIII del Código Penal, que agrupa los delitos contra la hacienda pública, entendida como el conjunto de elementos económicos de que el Estado dispone para el cumplimiento de sus funciones y que capta en gran parte a través del fisco (instituciones del Estado encargadas de obtener los ingresos que integran la hacienda pública, su administración y la disposición de tales bienes) mediante la receptación de los impuestos, tasas y contribuciones (prestación económica impositiva, de carácter general o sectorial, y proporcional a la riqueza que genera o posee el contribuyente).- Entre los Tipos penales agrupados en el Capítulo referido nos encontramos con el delito de Defraudación Fiscal y que la literalidad del artículo 392-D señala: “Constituye el delito de defraudación fiscal toda acción u omisión por medio de la cual se evade el pago de impuestos, contribuciones o tasas, utilizando procedimientos, medios o documentos que origen [sic] un beneficio indebido con perjuicio del fisco”, siendo una de esas modalidades la prevista en el numeral 10): “la clasificación o valoración indebida de los bienes o mercancías importadas con fines de disminuir el pago de los tributos respectivos”.- Así pues constituyen elementos objetivos del tipo penal: 1).- Sujeto Activo: El Sujeto activo es el contribuyente (Art. 13 del Código Tributario) quien se ve obligado al pago de una suma de dinero a partir de la realización de un acto, de acuerdo con la ley, que tipifica el pago de un tributo, tasa o contribución (Art. 14 y 39 del Código Tributario); 2).- Sujeto Pasivo: Es el Estado de Honduras, a través de la hacienda pública o el fisco (Art. 17 y 18 del Código Tributario.- Es muy importante señalar cuando hablamos de sujetos activos y pasivos del tipo penal no debe de confundirse con el sujeto pasivo y activo de la relación tributaria, por cuanto en el primero el sujeto activo es la persona que realiza la conducta penalmente relevante y el sujeto pasivo es el titular del bien jurídico protegido que ha resultado lesionado o puesto en peligro con ocasión de la conducta penalmente relevante, en cambio en la relación tributaria el sujeto activo es el Estado como persona jurídica que impone la obligación y receptor de la tasa, impuesto o contribución, en cambio el sujeto pasivo es el contribuyente como persona natural o jurídica obligado al pago de dicha obligación.- 3).- Conducta Criminosa centrada en el verbo rector, el cual en el caso de estudio consiste en clasificar y valorar indebidamente un bien o mercancía: i) Clasificar implica identificar a los bienes o mercancías que se declaran como pertenecientes a una clase o conjunto bienes y mercancías categorizados por la autoridad fiscal, por considerar que poseen características comunes; ii) Valorar es el proceso de poner precio a los bienes o mercaderías a partir de sus características particulares para poder ubicarlas en el rango de tasa tributaria prevista por la autoridad fiscal.- Es esencial considerar, para efectos de evaluar la conducta criminosa, que en general la clasificación y la valorización de bienes y mercancías para efectos de pago de tributo o impuesto la realiza el contribuyente (o importador: art. 49 y 52, 53 de la Ley de Aduanas), permitiendo así la determinación de la base imponible y de la cuantía de la obligación tributaria (Art. 81 y 82 del Código Tributario), lo que en el derecho aduanero se conoce como la autodeterminación (Art. 4 y 32 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano CAUCA); 4).- Modalidad Criminosa: entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en el caso de estudio implica que la fraudulenta autodeterminación que consiste en la errónea declaración de la base imponible, al clasificar o valorar bienes o mercaderías generadoras de la obligación tributaria, con el fin de pagar una cuantía menor del impuesto (Art. 10 del Código Tributario), contribución (Art. 11 del Código Tributario) o tasa (Art. 12 del Código Tributario) que realmente corresponda o, en su caso, no pagar tributo alguno aun cuando se debería.- Como elemento subjetivo el tipo penal exige que el sujeto activo realice la acción con dolo, es decir que se conduzca con el conocimiento de que esta clasificando y valorando indebidamente los bienes y mercancías, que conozca que ese hecho le reportara un beneficio indebido en perjuicio del fisco y que además tenga la plena voluntad de alcanzar tal fin.- Derivado entonces de lo anterior, son características del tipo penal del artículo 392-D.10 del Código Penal: A).- Según su Estructura: 1).- Tipo Penal Básico o Fundamental porque describe de manera independiente dos modelos de comportamiento humano en una sola descripción; 2).- Tipo Penal Compuesto: En virtud de que son dos los modelos de comportamiento descritos en la norma, cada una de las cuales con la capacidad de conformar por sí misma una descripción típica distinta; B).- Según su Contenido: 1).- Tipo Penal de Merca Conducta o Actividad, ya que la descripción del tipo se agota en una acción del autor sin que se requiera producción de un resultado en el mundo exterior; 2).- Tipo Penal de Conducta Instantánea, debido a que los supuestos contemplados como reprochables se agotan en un solo momento; 3).- Tipo Penal de Acción ya que las conductas descritas en el tipo penal es de carácter comisivo; 4).- Tipo Penal Cerrado, al determinarse con precisión las dos circunstancias típicas, desprendiéndose con suma claridad las conductas prohibidas; C).- Según El Sujeto Activo: 1).- Tipo Penal Unisubjetivo, por se un tipo penal que puede ser realizado por una sola persona, sin participación de terceros; 2).- Tipo Penal de Sujeto Activo Calificado, ya que requiere que el sujeto activo tenga la cualidad o categoría de contribuyente obligado; D).- Según El Buen Jurídico Protegido: 1).- Tipo Penal Pluriofensivo, al amparar un dos bienes jurídicos diferentes: la hacienda pública y el fisco; 2).- Tipo Penal de peligro por cuanto el tipo penal no exige la existencia de un resultado, sino basta que la conducta se realice con el fin de eludir o disminuir el pago de los tributos.- IV.- De la Procedencia del Recurso.- El Recurso no es de recibo: La Sala de lo Penal al confrontar los hechos declarados probados con la norma penal en que se apoyo la acusación, cual es el artículo 392-D.10 del Código Penal, determina que los primeros no se ajustan al ámbito situacional previsto en el segundo, en consecuencia tales hechos son atípicos al delito que le fue imputado al acusado.- El Primer hecho probado relaciona que el Acusado O. G. S., compro fuera del territorio hondureño 269 vaquillas de raza cebú por un monto total de cuarenta y ocho mil cuatrocientos veinte dólares, vaquillas que ingresaron a Honduras en fecha dos de mayo del año dos mil seis bajo el régimen arancelario de libre de impuestos de importación por la aduana terrestre de Las Manos, departamento de El Paraíso, sin que se señale en este relato que el acusado clasifico o valoro indebidamente los bienes muebles (reses), con el fin de pagar un monto menor o no pagar el impuesto o tributo correspondiente por la importación de los bienes muebles descritos; En el Segundo hecho probado el Tribunal de Sentencia hace una relación respecto a un hecho acontecido el tres de mayo del año dos mil seis, sin que se sindique al acusado O. G. S., como autor, cómplice o inductor del mismo.- Los Recurrentes, en un mal planteamiento recursivo, desconocen el Principio de Intangibilidad de los hechos probados, procediendo a señalar que los mismos obedecen a una mala apreciación del Tribunal de Sentencia de lo que se explico y demostró en el debate (Valoración de Prueba), además denuncia la violación del principio de congruencia entre acusación y sentencia sin percatarse que ambos argumentos corresponden a un Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, ajeno a la vía recursiva elegida.- V.- Por lo expuesto es procedente declarar sin lugar el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo.- V.-RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN CONTRA DE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA DENUNCIANDO VIOLACIÓN A LAS REGLAS DE LA SALA CRITICA.- PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 362.3, NORMA INFRINGIDA ARTÍCULO 202, AMBOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- I.- El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia valida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; Es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio.- Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley.- II.- El Censor aqueja que la sentencia contiene valoración probatoria que riñe con las reglas de la sana critica, mas no puntualiza cuales de estas reglas fueron las violentadas; Arguye que la prueba documental aportada al debate no se señala que las reses importadas son de raza pura y por ende exento de pagar tributo, además señala que el oficio ARA-0721-2006, librado por el Licenciado M. F. en su condición de Gerente Regional de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, no fue valorado debidamente porque con el se prueba la defraudación fiscal.- III.- Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto se ha señalado que “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de Noviembre del 2001 en el Exp 194-2009 y de fecha 30 de Noviembre del 2011 en el Exp 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de Octubre del 2011 contenido en el Exp 360-09 y de fecha 05 de Abril del 2011 del Exp 385-09).- En el apartado de la valoración intelectiva el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Intima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la sana critica; Es éste ultimo el que debe de observar el Juzgador Penal Hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En cuando a la Sana Critica como Sistema de Valoración de la Prueba, esta Sala ha señalado que en “…la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común…” (Fallo de fecha 30 de Noviembre del 2011 del Exp 125-2010); De este modo “… las reglas de la sana critica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de Octubre del 2011 en el Exp 88-09).- Partiendo de la Doctrina Legal sentada por esta Sala Penal en los fallos de fecha 30 de Noviembre del 2001 del Exp 194-2009, de fecha 30 de Noviembre del 2011 contenido en el Exp 297-09, de fecha 02 de Noviembre del 2011 en el Exp 242-09 y de fecha 30 de Noviembre del 2011 que resuelve el caso del Exp 125-2010, componen la Sana Critica: 1)- Reglas de la Experiencia Común: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el Juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se Juzga, y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por éste hecho son compartidas con las demás personas, aún cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior el conocimiento privado del Juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El Juzgador deberá de analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno natural. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir al momento en que el Juzgador valora un hecho, considerara el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así; 2)- Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquel. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el Juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; 3)- Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí; La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente; De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i)El Principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”; ii) El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera; iii) El principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera.- b).- La Derivación: De este se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando; Exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga.- IV.- De la procedencia del Recurso.- El Recurso no es de Recibo.- El proceso de valoración de la prueba a efectos de determinar la existencia de un delito debe de ser estudiado partiendo de la concurrencia de los diferentes niveles de construcción de la conducta delictiva: En primer término es necesario probar la importación de un bien mueble y la persona responsable de dicha acción, quien de esta manera se convierte en la persona obligada a la declaración de dichos bienes y al pago de los tributos correspondientes, si hubiesen; En el presente caso no existió controversia en cuanto a que en fecha dos de Mayo del año dos mil seis, el Señor O. G. S., importo al territorio nacional la cantidad de 269 reses mismas que adquirió en la República de Panamá por la cantidad de cuarenta y ocho mil cuatrocientos veinte dólares.- En segundo término se debe determinar si el acusado clasifico o valoro indebidamente los bienes muebles que el acusado estaba importando, por cuanto si las reses introducidas al país eran de raza pura aptas para la reproducción se encontrarían en el reglón arancelario 0102.10.00 y por tanto exentos del pago de tributo, por el contrario si la especie bovina no es de raza pura o siendo pura no es apta para la reproducción deben de ser clasificadas en el reglón arancelario 0102.90.00, mismas que están gravadas con un 10% de derechos arancelarios de importación y exentas del 12% de impuesto sobre ventas, tomando como base impositiva el valor de compra del bien mueble; Para determinar ese extremo fueron presentada abundante prueba documental y un medio de prueba pericial, misma que al final no logro determinar la pureza de la raza de las especies importadas, a saber: a) La Factura Número f-302 extendida por la Hacienda Pesa S.A. con asiento en la República de Panamá, el Certificado de origen de la Venta de Ganado número 63240, extendido por la Secretaria de Comercio Exterior de la República de Panamá (f. 55 y 56) y el certificado de reportes de prueba de Laboratorio realizadas a las reses, extendido por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario de la República de Panamá identifican a las vaquillas vendidas al acusado O. G. S., como de “Raza Fina”; b) El Certificado de Importación de la Secretaria de Agricultura y Ganadería de Honduras (F. 69) y el recibo extendido por el Servicio de Protección Agropecuaria de Honduras por el pago para la inspección de bovinos (F: 58) determinan que las vaquillas “son para cría”; c).- Certificado de salud extendido por el Veterinario A. N. Medico Veterinario de la República de Panamá, donde determina que las 269 novillos son de raza cebú (F. 53); d).- Certificado extendido por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá, determina que las reses son de “raza cebú cruzada” (F. 51); y e) Dictamen pericial del Doctor Veterinario M. T. S. V., a quien no le fue posible determinar la variedad de Cebú a la cual pertenecían las reses importadas ni tampoco la pureza de su raza.- Es pues que la documentación relacionada habla de “raza fina”, mas esta determinación no es genética, sino que es una nomenclatura de carácter comercial, igual habla de “vaquillas para cría” y “vaquillas de raza cebú cruzadas”, por lo que ante la variedad de denominaciones era preciso la práctica de un peritaje con el fin de definir la raza a que pertenecían las reses y su nivel de pureza, así como su capacidad para la reproducción, mas el peritaje no dio resultado alguno, dejando sin contestar una de las cuestiones nucleares del tipo penal que se estaba reprochando: Eran las reses de raza pura aptas para la reproducción de la especie o no?; En tercer término era importante dilucidar si el acusado O. G. S., al momento de realizar la declaración de bienes importados (F. 57), con el fin de eludir los tributos correspondientes, clasifico indebidamente las reses que estaba importando, aspecto que no fue posible determinar ya que la clasificación tributaria de los bienes importados (reses) depende de la pureza de su raza y al término del debate ésta no fue determinada, ergo no se le puede exigir al acusado que clasifique las reses en un reglón tributario especifico conforme la pureza de la raza de las reses cuando en principio el propio Estado no ha podido determinar si las reses son de raza pura o no.- Por el contrario se observa en la declaración Única Aduanera con serie número 1636993 (F. 57) que el acusado identifico a las vaquillas como de “raza fina” reproduciendo la misma denominación que le dio el vendedor, ello es indicio de que el acusado no pretendió fraudulentamente cambiar la calidad de las reses que estaba importando.- El medio de prueba documental consistente en el Oficio ARA-072-I/2006, de fecha 07 de septiembre del 2006 (F. 134), no constituye prueba fidedigna para establecer la calidad o pureza de la raza de las reses importadas, el oficio es extendido por el Licenciado M. F., en su condición de Gerente Regional de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, solo para efectos de determinar el monto del tributo dejado de percibir bajo la premisa de que las reses no eran de raza pura para la reproducción (Ver párrafo tercero del Oficio), premisa que no fue probada en el juicio penal, por lo que el medio de prueba relacionado no tiene el valor probatorio que el Recurrente le asigna.- V.- Por lo expuesto el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma debe de ser declarado sin lugar en su único motivo.- VI.- Es importante apuntar que lo resuelto por los Juzgados y Tribunales en materia penal es sin perjuicio de lo que determina los artículos 155, 156, 158 y 159 del Código Tributario, por lo que la relación tributaria entre el contribuyente y el Estado de Honduras se definen conforme al Derecho Tributario con independencia a la existencia o no de infracciones penales.- POR TANTO. LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 359, 360, 362 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: I.- Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la Procuraduría General de la República; II.- Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales en su único motivo, interpuesto por la Procuraduría General de la República; III.- Declarar firme la sentencia de fecha veintidós de Octubre del año dos mil nueve, mediante la cual el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en la cual absolvió de toda responsabilidad penal al Señor O. G. S. R., como autor responsable penalmente de un delito consumado de Defraudación Fiscal en perjuicio de la Administración Pública.- Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho, una vez notificada la presente sentencia, devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, con certificación de la presente resolución. Redactó: EL MAGISTRADO HENRÍQUEZ INTERIANO. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO.- RAÚL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO.- COORDINADOR.- JACOBO ANTONIO CÁLIX HERNÁNDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CÁLIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.-”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha diez de enero del dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. S.P.128=2010.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

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[1] Componen el Derecho Tributario Administrativo: Código Tributario, Ley de Eficiencia en los Ingresos y el Gasto Público, Ley de Equidad Tributaria y su Reglamento, Ley de Estructuración de la Administración Tributaria, Ley de Fortalecimiento de la Administración Tributaria, Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Publico y su Reglamento, Ley de Impuesto sobre Ventas, Ley de Medida Anti evasión en el Impuesto Sobre La Renta, Ley de Racionalización de las Finanzas Publicas, Ley del Equilibrio Financiero Y Protección Social y su Reglamento, Ley del Fomento de la Producción y la Compensación Social, Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley para la Promoción y Protección de Inversiones, Ley de Aduana, Código Aduanero Uniforme Centro Americano y su Reglamento, entre otros.