Sentencia CP-106-11 — Registro 14397
Resumen
En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de Usurpación, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...Esta Sala de lo Penal considera, que en efecto, el Tribunal Sentenciador ha incurrido en el yerro denunciado por el Recurrente, es decir, ha inobservado las Reglas establecidas para el Juicio Oral y Público al habérsele negado al Acusador Privado la posibilidad de presentar una Prueba Pericial en violación al Derecho de Defensa y al Debido Proceso. Esto es así debido a que, el Código Procesal Penal en el Titulo IV “Del Juicio Oral y Público”, Capítulo II “De la Sustanciación del Juicio”, incluye los siguientes momentos: 1) La Preparación del Debate, 2) La Proposición de Pruebas para el Debate, y 3) El Debate propiamente dicho (Artículo 316 al 344 del CPP); actos o audiencias en las cuales deben observarse las Reglas que se refirieren a los Principios sobre los cuales descansan las Etapas del Juicio, es decir Oralidad, Publicidad, Inmediación, Contradicción y Concentración; además de los Principios Constitucionales en los que reposa nuestro Código Procesal Penal, como el Derecho de Defensa y el Debido Proceso entre otros, ya que es ahí precisamente donde dichos Principios alcanzan su más alta expresión. El Juzgador al haber negado en audiencia de Proposición de Pruebas un medio probatorio Pericial, con el argumento que dicha audiencia no era para que se produjera la prueba y porque desconocía cuál era el resultado de la misma y no podía determinar su utilidad y pertinencia, incurrió definitivamente en una violación al Derecho de Defensa y al Debido Proceso, porque es precisamente la Proposición de Pruebas, la audiencia idónea para que las partes presenten sus legajos probatorios que se evacuarán en el Juicio. El hecho que se solicite el nombramiento de peritos para la elaboración de un Dictamen, no significa que el Tribunal esté produciendo pruebas, sino que con ello se pretende legalizar ese acto probatorio, hacerlo del conocimiento de las partes y dar a conocer al Juzgador los puntos que se pretende probar con dicha Pericia. Esto es así, ya que el Tribunal de Sentencia debe tomar el control jurisdiccional de dicha diligencia probatoria, juramentando a los peritos, ordenando que se ponga de conocimiento a la parte contraria, ya sea para que estén presentes al momento de su realización o para que ejerzan su Derecho a la Defensa; además, para que establezca una fecha para su presentación definitiva al Tribunal, y así las otras partes tengan libre acceso a ella; por tanto la Proposición de Pruebas es una de las audiencias en donde las partes pueden solicitar al Juez A-quo, el nombramiento de Peritos para que establezcan sus puntos de vista en la rama cuya experticia poseen. La Prueba Pericial no solo está regulada por el Derecho de Defensa y el Debido Proceso, sino que guarda intima relación con uno de los principios básicos del Proceso Penal, el de Contradicción, tal como lo refiere Climent Duran al afirmar: “La prueba Pericial es, en puridad, la que se produce en el seno de un proceso regido por los principios de dualidad e igualdad de partes o de posiciones, así como por el principio de contradicción o de audiencia bilateral, y se practica con rigurosa sujeción a la específica normativa procedimental que la regula. La característica fundamental de la prueba pericial es la de su bilateralidad ya que –como dice FONT SERRA en relación con la prueba pericial civil, la cual es extensible a los demás procesos, incluidos el juicio oral penal- “es el único medio de prueba respecto al cual la ley de Enjuiciamiento Civil, permite la intervención de la parte o partes contrarias, no solo en la proposición, sino también en el nombramiento de expertos y en la práctica y emisión del dictamen. Destaca igualmente FAIREN GUILLEN que “es el único medio con respecto al cual es necesario dar audiencia a la parte contraria y que toda regulación de la legislación no hace ver su rigor en cuanto a la conservación del principio de bilateral”[4]. Si bien entendemos la postura del Tribunal Sentenciador, consideramos la misma muy rígida, ya que existen casos en donde la Prueba Pericial es vital para la verificación de alguna de las posturas de las partes y no ha sido posible obtenerla en etapas o audiencia anteriores, por lo que consideramos oportuno que en Audiencia de Proposición de Pruebas las partes ejerzan su Derecho de Defensa o velen por el Debido Proceso y soliciten al Tribunal el nombramiento de Peritos que elaboren los Dictámenes que consideren oportunos, siempre y cuando sus pretensiones de solicitar dicho medios probatorios, cumplan con las características de idoneidad y legalidad que todo medio de prueba debe tener. Si bien el A-quo no cuenta en ese momento con el resultado de la pericia, es el Tribunal que debe orientar al perito conforme las argumentaciones de la parte que lo solicita, sobre los puntos y situaciones que debe tratar el Dictamen, sin salirse de lo que parte pretende probar, sino que circunscribiéndose a la finalidad del medio probatorio, que es el descubrimiento de la verdad. Tal como lo ordena el artículo 363, tercer párrafo, del Código Procesal Penal que dice: “….y tratándose de la casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos, y el reclamo que haya realizado en su oportunidad, para subsanarlos”; el Recurrente al conocer la denegatoria del Tribunal Sentenciador en cuanto a la admisión del medio de prueba pericial, interpuso oportunamente y de forma oral, el Recurso de Reposición ante el A-quo el cual fue denegado y posteriormente interpuso un Recuso de Amparo ante la Corte de Apelaciones de la Ceiba, Departamento Atlántida, con el fin de conseguir la restitución de los Derechos que consideraba se le habían violentado; por tanto el censor ha cumplido con lo regulado en el precitado articulado. En tal sentido considera este Tribunal de Casación, que en la presente causa se ha incurrido en violación grave a las Reglas establecidas en el Código Procesal Penal y la Constitución de la República para la celebración del Debate o Juicio Oral, mismo que ha repercutido en perjuicio para el Recurrente, por lo que es procedente declarar con lugar el presente Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma y ordenar el reenvío de la causa..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.5 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el nueve (09) de diciembre del año dos mil trece (2013), por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS, JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, y MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO, dicta sentencia conociendo el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha ocho de octubre de dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual falló: 1º.-ABSOLVIENDO al Señor RODOLFO ANTONIO LOPEZ VILLA, por el delito de USURPACION, en perjuicio de la Municipalidad de La Ceiba, Atlántida.-2º.-ABSOLVIENDO al Señor RODOLFO ANTONIO LOPEZ VILLA, por duda razonable de toda responsabilidad penal, por el delito de USURPACION en perjuicio del Señor RAFAEL EMILIO JAAR CHAHIN.- 3º.NO CONDENO en costas, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio.-Interpusieron los Recursos de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional el Abogado JOEL EDGARDO SERRANO CARCAMO, en su condición de Apoderado Judicial del Señor RODOLFO ANTONIO LOPEZ VILLA.- SON PARTES: El Abogado Norman Javier Ochoa Hernández en su condición de Acusador Privado en representación del señor Rafael Emilio Jaar Chain, como Recurrente y la Abogada Ángela Maria Montiel Urbina en su condición de Apoderada Defensora del señor Rodolfo Antonio Lopez Villa como Recurrida. HECHOS PROBADOS “Valorando los medios de prueba practicados en el juicio de acuerdo con las reglas de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: Primero: Mediante instrumento público número veinticinco (25) de veinticinco de febrero del año mil novecientos ochenta y dos, comparecieron los ciudadanos Marina Julieta Pizzati Fiallos, Enrique Julián Pizzati, María de la Rosa Guerrero, Mario Amilcar Gómez Rovelo y Francisco Daniel Núñez Martínez, como causahabientes del causante Enrique Pizzati Escobar, a efecto de repartir un terreno de treinta punto setenta (30.70) manzanas de área, recibido como herencia del señor Enrique Pizzati Escobar, ubicado en la parte sureste de la ciudad de La Ceiba departamento de Atlántida, con los siguiente limites: al Norte, quinientos noventa y cuatro metros con propiedad de herederos de Alfonso Acosta; al Sur, cuatrocientos cincuenta y uno metros con propiedad de Marina Pizzati y carretera que de La Ceiba conduce al municipio de Jutiapa; al Este, setecientos veintinueve metros con propiedad de Victorina de Rivera, Luis Rivera Martínez, Juan Mejía y camino viejo que de La Ceiba conduce al municipio de Jutiapa y al Oeste, doscientos noventa cuatro metros con propiedad de Guillermo Pina; procediendo los comparecientes a parcelación de dicho terreno mediante plano levantado por el Ingeniero Francisco Daniel Núñez Martínez, quedando distribuido de la siguiente manera:.A.-) El lote número uno de dicha parcelación será el terreno que corresponderá a la señora María de la Rosa Guerrero de López Villa, en su condición de conyugue y representante legal del menor R. A. L. V. G., como heredero por representación del difunto José Antonio López Villa, lote que tiene los límites y dimensiones siguientes: área de tres punto diez manzanas cuyos límites y medidas son: al Norte ciento noventa metros con terrenos que pertenecen a los herederos de don Alfonso Acosta; al Sur ciento setenta y siete metros con lote número cinco calle de por medio; al Este, ciento quince metros con lote número dos y al Oeste, ciento veintiocho metros con terrenos de Guillermo Pina; B) Lote número dos de la parcelación referida será el perteneciente al señor Enrique López Villa Pizzati, el cual tiene una área de tres punto diez manzanas y tiene los límites y medidas siguientes: al Norte, ciento ochenta y cinco metros con terreno perteneciente a los herederos de don Alfonso Acosta; al Sur, ciento ochenta y cuatro metros con lote número seis calle de por medio al Este, ciento treinta y cuatro metros con lote número tres y al Oeste, con lote número uno.- C) El lote número tres será el perteneciente a Isabel Victoria López Villa, el cual tiene una área de tres punto cuarenta manzanas y tiene los límites y medidas siguientes; al Norte, ciento quince metros con terrenos pertenecientes a los herederos de Alfonso Acosta; al Sur, ciento noventa y dos metros con lote números seis y ocho, calle de por medio; al Este, ciento cuarenta y ocho metros con lote número Cuatro y al Oeste; ciento treinta y cuatro metros con lote número dos.- D) El lote número cuatro será perteneciente al Ingeniero Mario Amilcar Gómez Rovelo, el cual tiene una área de tres punto treinta manzanas y tiene los límites y medidas siguientes; al Norte, ciento cuatro. metros con terrenos pertenecientes a los herederos de don Alfonso Acosta; al Sur noventa y siete metros con terrenos de Juan Mejía; al Este doscientos veinticuatro metros con carretera vieja a Jutiapa y al Oeste, doscientos cincuenta y cuatro metros con lotes números tres y ocho, este lote lo divide en dos partes la calle que según el plano relacionado da acceso a los lotes números uno, tres, cinco, y seis.- E.- El lote número cinco será el perteneciente a la señora Marina Julieta Pizzati Fiallos, el cual tiene una área de tres punto sesenta y ocho manzanas, mide y limita; al Norte, doscientos treinta y ocho metros con terreno perteneciente a Guillermo Pina y lote número uno, calle de por medio; al Sur, doscientos treinta y tres punto cincuenta metros con terrenos de Marina Pizzati; al Este, ciento diez y seis metros con lote numero seis y al Oeste, ochenta y un metros con terrenos de Guillermo Pina.- F.- El lote número seis será el perteneciente a Enrique Julián Pizzati, el cual tiene una área de tres punto sesenta y ocho manzanas y tiene los siguientes límites y medidas; al Norte, doscientos cuarenta metros con lote número dos, calle de por medio al Sur, doscientos cincuenta y tres metros con terrenos de Marina Pizzati y lote número siete; al Este, ciento diez y seis metros con lote número siete y lote número ocho, calle de por medio y; al Oeste, ciento diez y seis metros con lote número cinco.- G.- El lote número ocho será el correspondiente a Luz Stella Pizzati de Elvir, el cual tiene una área de cinco punto ochenta y siete manzanas y tiene los límites y medidas siguientes; al Norte, ciento cincuenta y dos metros con lote número tres calle de por medio; al Sur, ochenta y cinco metros con terrenos de Marina Pizzati, carretera nueva a Jutiapa de por medio; al Este, Cuatrocientos ocho metros con terrenos de Victorina de Rivera y Luís Rivera y de Juan Mejía; al Oeste, trescientos cuarenta y siete metros con lotes números seis y siete de por medio. En el plano de parcelación quedó diseñada una calle que cruza todo el terreno parcelado, iniciando .por el lado Este, donde conectaría al ser abierta, con el camino viejo que conduce de La Ceiba al municipio de Jutiapa, por ser el único acceso con calle construida al momento del diseño de dicha calle y terminando por el lado Oeste, en el punto treinta y tres del lote cinco, separando hasta ese punto los lotes uno y cinco; la anchura de dicha calle no fue establecida en el plano, ni en la escritura. Dicha escritura de parcelación junto con el plano levantado, fue inscrita en el Registro de la Propiedad de la Sección Registral de La Ceiba, el doce de marzo de mil novecientos ochenta y dos bajo el número (9) del tomo setenta y ocho (78). Segundo: En fecha tres de marzo de mil novecientos ochenta nueve, en La Ceiba Atlántida, mediante instrumento público noventa y tres, la señora Marina Julieta Pizzati Fiallos le vendió al señor Rafael Emilio Jaar Chahin, el lote de terreno descrito en el instrumento público número veinticinco, registrado bajo el número (9) del tomo setenta y ocho (78), como lote número cinco, con un área de tres punto sesenta y ocho (3.68) manzanas con los siguientes limites: al Norte, doscientos treinta y ocho metros con terreno perteneciente a Guillermo Pina y lote número uno, calle de por medio al Sur, doscientos treinta y tres punto cincuenta metros con terrenos de Marina Pizzati; al Este, ciento diez y seis metros con lote número seis, comprado también por el señor Rafael Emilio Jaar Chahin y al Oeste, ochenta y un metros con terrenos de Guillermo Pina, propiedad inscrita Registro de la Propiedad de la Sección Registral de La Ceiba, bajo el número setenta (70) del tomo ciento ochenta y cuatro (184). Posteriormente, en fecha no determinada, el señor Rafael Emilio Jaar Chahin, donó una fracción del extremo Oeste de su terreno para la construcción de lo que hoy es la carretera que conduce al muelle de “Cabotaje”, la cual no intercepta con la calle que quedó diseñada en beneficio de los dueños de las parcelas descritas, pues queda de por medio una fracción de terreno de tercera persona. Tercero: El veintidós de noviembre del año mil novecientos noventa y tres, en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, la señora María de la Rosa Guerrero, mediante instrumento público número cien, dio en venta al señor R. A. L. V. G., una fracción de terreno del lote identificado como lote número uno en el instrumento público de parcelación registrado bajo el número (9) del tomo setenta y ocho (78), con un área de dos punto diez manzanas cuyos límites y colindancias son: al Norte ciento veintiocho metros con terrenos que pertenecen a los herederos de don Alfonso Acosta; al Sur, ciento veintiséis metros con lote número cinco, calle de por medio al Este, ciento quince metros con lote número dos y al Oeste, ciento veintiocho metros con terrenos de Guillermo Pina; antecedente de dominio que fue inscrito en el Registro de la Propiedad de la Sección Registral de La Ceiba, bajo el número cincuenta y dos (52) del tomo trescientos treinta tres (333). Posteriormente el señor R. A. L. V. G., mediante instrumento número cuatrocientos treinta cinco, de fecha veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y nueve, en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, procede a dar en venta a Nora Argentina Viada de Díaz el lote de terreno antes descrito, cuyo antecedente de dominio quedó inscrito en el Registro de la Propiedad de la Sección Registral de La Ceiba, a favor de la adquirente, bajo el número veintisiete (27) del tomo siete cientos dos (702). La señora Nora Argentina Viada de Díaz, mediante instrumento público número setenta y cuatro (74, autorizado en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, el veintiocho de febrero del año dos mil tres, procedió a rectificar el inmueble antes descrito resultando las siguientes medidas y colindancias: al Norte ciento veintiocho metros con la colonia Pradera anteriores herederos de don Alfonso Acosta; al Sur, ciento veintiséis punto setenta metros, con Rafael Emilio Jaar Chahin con calle de por medio (lote número cinco): al Este, ciento veinte punto setenta metros con lote número dos y al Oeste, ciento treinta seis punto veintisiete metros con carretera al muelle de cabotaje y terrenos de Guillermo Pina; quedando inscrito en el Registro de la Propiedad de la Sección Registral de La Ceiba, bajo el número setenta y uno (71) del tomo novecientos cuarenta y uno (941). La fracción de terreno aumentada corresponde a una parte del terreno sin ocupar que existía entre el lote, número uno y el lote número cinco, quedando como espacio para la calle proyectada en el lado Este nueve punto sesenta y dos (9.72) metros de ancho y en el extremo Oeste, siete punto quince (7.15) metros de ancho. Cuarto: Mediante instrumento público número doscientos noventa y seis de fecha siete abril del año dos mil cuatro, la señora Nora Argentina Viada de Díaz, procede a dar en venta al señor R. A. L. V. G., una porción de una extensión superficial de dos mil quinientos setenta y cinco metros cuadrados (2,575), del mismo terreno que antes le había comprado a éste ya rectificado, dicho terreno tiene la siguientes colindancias: al Norte, ciento doce metros colinda con propiedad de la vendedora Nora Argentina Viada de Díaz, quebrada de por medio; al Sur, ciento tres metros colinda con lote número cinco propiedad del señor Rafael Emilio Jaar Chahin, calle de por medio; al Este, cincuenta metros colinda con el señor Rafael Jaar, el cual tiene una extensión superficial de dos mil quinientos setenta y cinco metros cuadrados (2,575). Dicho antecedente de dominio a favor del señor R. A. L. V. G. quedó inscrito en el Registro de la Propiedad de la Sección Registral de La Ceiba, bajo el número cinco (05) del tomo mil treinta y tres (1,033); estando ubicado dicho predio, según la escritura pública y plano de parcelación ya mencionados, justo en el punto de tope o final, de la calle prevista por los parceleros en dicha escritura. Quinto: El miércoles veintisiete de julio de dos mil cinco, la Corporación Municipal de La Ceiba, mediante acta número 39, a solicitud del señor Rodolfo Antonio López Villa, aprobó el permiso para la urbanización del proyecto “Villa Rosa”, a construirse en la fracción de terreno del lote número uno propiedad de Rodolfo Antonio López Villa, que con calle de por medio colinda al sur con lote número cinco propiedad del señor Rafael Emilio Jaar Chahin. Posteriormente y antes del tres de septiembre del año dos mil siete, el señor Rodolfo Antonio Lopez Villa, procedió a desarrollar la urbanización “Villa Rosa”, por lo que en el acceso al mismo edificó un pórtico, constituido por dos bases de concreto unidas por un portón de doble hoja de hierro, y rótulo de madera con la leyenda “Residencial Villa Rosa”, colindando con el tope o al final de la calle que fue prevista por los parceleros en la escritura de parcelación inscrita en el Registro de la Propiedad, bajo el número (9) del tomo setenta y ocho (78); la base Sur de dicho pórtico colindaba con el punto treinta tres del lote número cinco propiedad de Rafael Emilio Jaar Chahin, y en la parte inferior de la base o columna, sobre el suelo, se construyó un pequeño muro como ornato de la misma, y del pórtico hacia el Oeste para interceptar con la carretera que conduce al muelle de Cabotaje se construyó una calle. En la remedida realizada, en los terrenos ya descritos, por técnicos del departamento de Catastro de la Municipalidad de La Ceiba, el veintiséis de diciembre de dos mil siete, dichos Técnicos concluyeron que el pequeño ornato y un pequeña fracción de la calle que conecta la urbanización “Villa Rosa” y la carretera al Muelle de Cabotaje, estaban ocupando una fracción del terreno de señor Rafael Emilio Jaar Chahin; las cuales no destruyen ni afectan el derecho de propiedad sobre el inmueble de Rafael Jaar Chahin. Por otro lado, del pórtico hacia adentro de la urbanización “Villa Rosa”, rumbo Este, la calle construida por el señor Rodolfo Antonio López Villa, coincide con una pequeña fracción del espacio donde se debe construirse la calle prevista en beneficio de los parceleros en el plano de parcelación antes descrita, mismo que no obstaculiza que se construya, a partir del tramo de calle ya construido con rumbo al Este, siguiendo el diseño del plano de parcelación, el resto de la calle que dispusieron los parceleros para tener acceso de sus parcelas a la vía pública existente en las cercanías de la propiedad parcelada, al momento de la parcelación, que era la carretera vieja que de La Ceiba conduce al municipio de Jutiapa.” C O N S I D E R A N D O I.- Los Recursos de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por los Abogados JOEL EDGARDO SERRANO CARCAMO, en su condición de Apoderado Judicial del Señor RODOLFO ANTONIO LOPEZ MILLA, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de los mismos. II.- EL RECURRENTE ABOGADO JOEL EDGARDO SERRANO CARCAMO PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA E INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL DE LA MANERA SIGUIENTE: “MOTIVOS DE CASACION.- PRIMER MOTIVO: Haber inobservado el Tribunal sentenciador las reglas establecidas en el presente código para la realización del juicio oral y público. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido dentro del artículo 362.5 del Código Procesal Penal. Para efectos del presente motivo, se citan como infringidos los derechos fundamentales y normas esenciales de procedimiento siguientes, que a su vez, son las reglas establecidas en el CPP para la realización del juicio oral y público, veamos: “Artículo 82. “El Derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes”, en relación con los artículos 90 también constitucional, 4, 14, 15, 16.1, 17.1 y 96 del CPP.1.- La sentencia impugnada lesiona el derecho fundamental de defensa de mi mandante (que no es exclusivo del imputado, sino que pertenece a todo aquel que es parte legitimada en juicio), precisamente, porque se dictó inobservando las reglas establecidas para la realización del juicio, al declarar inadmisibles dos medios de prueba periciales que se referían al objeto de la investigación y eran pertinentes y útiles para la averiguación de la verdad, en los términos que lo exige el párrafo tercero del artículo 199 del CPP. Tratándose de un proceso que se seguía por el delito de Usurpación de un Derecho Real (calle Pública que divide los predios de ambos litigantes), así como por el delito de usurpación propia de una fracción de terreno que corresponde a mi mandante y que ha sido usurpada por el procesado, era evidente que para el descubrimiento de la verdad, es decir, en el acto del juicio (debate con desfile de prueba), se requería escuchar el dictamen pericial de los expertos propuestos para que establecieran con precisión y sin lugar a duda: a) La ubicación y medida del espacio geográfico de la calle pública en disputa, tomando en consideración las escrituras de propiedad de Don Rodolfo Antonio López Villa y Rafael Emilio Jaar Chain. b) Determinen las medidas y ubicación de la fracción de terreno del Señor Rafael Emilio Jaar Chain, que fue ocupada previo al desalojo judicial por la base de la sección sur, del portón de acceso a la Residencial Villa Rosa, y la calle pavimentada, que igualmente da acceso a dicha residencial, que es propiedad del procesado.-2.- El derecho fundamental de defensa en los términos que lo consagra la norma constitucional citada, en relación con los otros preceptos invocados, comprende entre otros; el derecho a producir y proponer prueba, a objetar la prueba contraria, a ser informado de los cargos imputados, a participar en juicio, contar con asistencia técnica oportuna, impugnar resoluciones, declarar o guardar silencio, etc.[1] Al haberse realizado el juicio sin permitirle a la acusación la evacuación de la prueba pericial, con la que se pretendía acreditar los hechos de la usurpación de un derecho Real y de una fracción de terreno de mi mandante, se violó por el Tribunal recurrido, en forma directa y grave su derecho fundamental de defensa como parte acusadora en el proceso de mérito, puesto que sin esa prueba, era materialmente imposible que se delimitará la calle pública que divide ambas propiedades y que fue usurpada por el procesado, así como que se determinará las medidas de la fracción de terreno que corresponde a mi poderdante y que igualmente había sido usurpada por el procesado.3.- El Tribunal expresó que no admitió la prueba porque no era la fase adecuada para producir prueba, ya que hubo una etapa estrictamente para ello, y además, que sin haberse efectuado la prueba no se podía calificar su utilidad y pertinencia, en relación a lo que se pretendía probar, sobre este particular se expresa, que el modelo procesal penal vigente, contenido en el CPP, es marcadamente acusatorio, en el cual la fase más importante y fundamental, es la de juicio oral o debate, en la que con acusación, con defensa y con prueba, se discute sobre los hechos y el derecho, consecuencia de lo cual, se requiere de prueba pertinente y útil para establecer fuera de toda duda razonable la culpabilidad o inocencia del justiciable. En ese sentido, en la fase de preparación del debate (proposición de prueba) no había límite desde el punto de vista jurídico procesal, para la realización de los dictámenes periciales propuestos, tomando en consideración que no existía ni siquiera fecha fijada para la realización del debate, que es donde los peritos en forma oral evacuan sus correspondiente dictámenes, lo que alejaba toda duda o sospecha de dilación o retraso de la audiencia del debate, a causa de la elaboración de las pericias, pero además, no existía ningún problema, para que el tribunal con vista en los hechos fijados en el auto de apertura a juicio, pudiera calificar la pertinencia y utilidad de los dictámenes propuestos, conforme al párrafo 3º del artículo 199 del CPP, pues tratándose de una imputación por el delito de usurpación, con las variantes ya expresadas, es inobjetable que las dos pruebas periciales propuestas, se referían directamente al objeto de la investigación, y por la misma naturaleza resultaban útiles, confiables y adecuadas para la averiguación de la verdad. 4.- En el artículo 362.5 del CPP, se establece como motivo de Casación: “La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio Oral y Público”. Pues bien, unos de esos principios esenciales del juicio oral, lo son el de defensa y el de contradicción (artículo 4 del CPP), por lo que al haber realizado el juicio negando la admisión de prueba directa y objetivamente confiable para el descubrimiento de la verdad, se limitó seriamente la posibilidad de contradicción en juicio, especialmente en su fase final y decisiva, donde se discute sobre la culpabilidad o inocencia e igualmente se lesionó el derecho de defensa del acusador o querellante privado, que igualmente que el procesado, tiene derechos e intereses que defender en juicio. No se debe pasar por alto, que en la fase de juicio, es donde el principio contradictorio alcanza su más alta expresión, pues el debate de partes y desfile de pruebas lleva a posiciones encontradas, que es precisamente en donde surge la verdad de los hechos enjuiciados, en ese sentido al haber realizado el juicio prescindiendo de prueba adecuada y oportuna, se lesionó impunemente el principio de contradicción, y por ello mismo, el de defensa en juicio. 5.- Sobre este tema de rechazo arbitrario de prueba la Sala de lo Constitucional de la República de Costa Rica, entre otras en la sentencia 1739-92 expuso “Que entre los principios de regularidad del procedimiento como parte integrante del debido proceso, se encuentra el principio de la amplitud de la prueba, que definió en los siguientes términos: Su puesto que la finalidad del procedimiento es ante todo la averiguación real de los hechos, tanto el Ministerio Público como el Juez tienen el deber de investigar esa verdad objetiva y diligentemente, sin desdeñar ningún medio legitimo de prueba, sobre todo si ofrecida por la defensa no resulta manifiestamente impertinente, e inclusive ordenando para mejor proveer la que sea necesaria, aún si ofrecida o extemporáneamente. En materia penal todo se puede probar y por cualquier medio legitimo, lo cual implica, desde luego, la prohibición absoluta de valerse de medios probatorios ilegítimos y de darles a estos, si de hecho los hubiera, ninguna trascendencias, formal o material. En estos términos, el rechazo de prueba esencial o la omisión de realizarla, constituye violación al derecho de defensa, y por ende, del debido proceso” (el resaltado es nuestro), VII. Asimismo, cabe reiterar que únicamente se puede prescindir de la prueba que resulte sobreabundante o impertinente; negatoria, que necesariamente debe hacerse mediante una resolución razonada y debidamente fundamentada, a efecto de que la misma no sea arbitraria ni injustificada; por cuanto, un rechazo injustificado de la prueba ofrecida constituye una violación al debido proceso, contenido en el artículo 39 Constitucional, ya que ese principio conlleva la libertad, para que las partes aporten la prueba que estimen necesaria para demostrar la o no responsabilidad en el hecho atribuido con la consiguiente obligación del Juez para recibirla”.[2] 6.- En el mismo sentido la prima lex, en el párrafo segundo del propio articulo 82, le reconoce a mi mandante el Derecho de Acción, que no se agota con presentar acusación o intervenir en las audiencias, si no que le permite en forma amplia: Producir y proponer pruebas, promover excepciones, incidentes, recursos y en general utilizar todos los medios a su disposición para defender su pretensión en defensa de sus intereses, en la forma que lo autorizan los artículos 96 en relación al 16.1 y 17.1 del CPP. 7.- Como consecuencia de la infracción de los derechos de defensa, acción y contradicción ya relacionados, se produce la lesión del derecho fundamental al debido proceso consagrado en el párrafo primero del artículo 90 constitucional, que según lo ha expresado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en la sentencia de Amparo Nº 969-1036-1256-99, donde se dice: “Que para que ese principio, el del debido proceso, pueda considerarse violado es necesario que el Juez que intervenga no sea el Juez Natural, o que se omita alguna formalidad de las que señala la ley procesal, o que se atropelle algún derecho constitucional o que se irrespete una de las garantías judiciales establecidas por la ley, incluyendo las contenidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos…”. Queda claro entonces, Honorable Corte, que la inobservancia de las reglas establecidas para la realización del juicio, por inadmisión arbitraria de prueba oportunamente propuesta y legalmente apta para acreditar cuestiones de hecho que exigen conocimientos especializados, con relevancia decisiva en el proceso, generó una grave violación de todo el programa constitucional de enjuiciamiento penal, tal y como se ha dejado demostrado.” III.-SIGUE MANIFESTANDO EL ABOGADO RECURRENTE EN SU SEGUNDO MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA E INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL:”Infracción por violación del artículo 90 párrafo primero Constitucional en relación al 82 también Constitucional y 1 y 4 del CPP. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo se encuentra comprendido dentro del artículo 361 del CPP. 1.- Tal y como se ha dejado establecido en los antecedentes de este recurso, el Tribunal inobservó las reglas establecidas para la realización del juicio, al haber rechazado dos medios de prueba pericial, previo a la realización del mismo, por considerar que la audiencia de proposición de prueba no era para producir prueba, lo que ocasionó seria indefensión a la parte acusadora, porque no le permitió acreditar los puntos de hecho decisivos para el descubrimiento de la verdad en el presente proceso, y por lo cual el Tribunal ha dictado sentencia absolutoria por falta de prueba, basándose entre otros razonamientos, en los siguientes: “a)…sobre estas pruebas es importante resaltar, como ya se dijo, no se acreditó el ancho de la calle proyectada objeto de la controversia, por lo que no es posible establecer a partir de estos dos medios de prueba que se tomó espacio de la calle, esto solo se podría determinar mediante remedida de todas las parcelas que colindan con dicha calle proyectada…” (Véase párrafo segundo de la pagina 18 de la sentencia). b)“… quedó establecido en juicio que fueron los parceleros los que acordaron o dispusieron dejar la calle, no fue producto de una calle planificada conforme a un plan de desarrollo urbano de la Municipalidad pues a esta fecha no existía, esto incide en que no se puede determinar las medidas que debe tener la calle proyectada, porque los parceleros no establecieron en el plano ni en la escritura pública…” (Véase numeral tercero de página 21 de la sentencia). c)“… para determinar que lo construido estaba sobre una pequeña fracción de terreno del señor Jaar Chahin, fue necesaria una remedida de dichos terrenos por parte de la Municipalidad, quien se convirtió en parte interesada, porque el propósito de la inspección era verificar la existencia o no de un espacio (calle proyectada entre parceleros) que supone la Corporación de este Municipio, es un bien Municipal… pues en el plano solo detallan una medida lineal, que inclusive no permite a estos juzgadores realizar las operaciones matemáticas para determinar extensión de las áreas ocupadas, porque para tal efecto son necesarias al menos dos medidas lineales del área que se quiere determinar, esto denota imprecisión, lo que hace inferir que la investigación es inconclusa…” (Ver numeral cuarto de la página 22 de la sentencia). 2.- Como ya se estableció en el motivo anterior, los dos medios de prueba pericial rechazados y que no fueron evacuado en el juicio tenían por objeto: a) La ubicación y medida del espacio geográfico de la calle pública en disputa, tomando en consideración las escrituras de propiedad de Don Rodolfo Antonio López Villa y Rafael Emilio Jaar Chahin. b) Determinen las medidas y ubicación de la fracción de terreno del Señor Rafael Emilio Jaar Chain, que fue ocupada previo al desalojo judicial por la base de la sección sur, del portón de acceso a la Residencial Villa Rosa, y la calle pavimentada, que igualmente da acceso a dicha residencial, que es propiedad del procesado. 3.- Para que exista debido proceso legal en los términos que lo ordena el artículo 90 párrafo primero Constitucional, en relación al artículo 1 del CPP, se requiere que el “proceso” como medio o instrumento a través del que se actúa la potestad jurisdiccional, sea un verdadero instrumento de justicia, realizado conforme a los valores, principios y lineamientos constitucionales y procesales, es decir que tanto, la jurisdicción, la acción y el proceso, se sometan a la camisa de fuerza del debido proceso. En efecto para que exista debido proceso penal, es indispensable que el juicio previo se realice con todas las garantías, comenzando con el respeto del derecho de defensa, que implica la posibilidad de ser oído, informado de los cargos, ofrecer, producir y contradecir prueba. Pues bien, en el caso que nos ocupa, se está ante la grave situación, de haber colocado en grave indefensión a la parte acusadora, impidiéndole aportar dos medios de prueba periciales, que eran fundamentales para el descubrimiento de la verdad en el juicio, para luego afirmar, el mismo Tribunal, en la sentencia, que absuelve por insuficiencia probatoria, lo que sin lugar a duda hiere de muerte los derechos del justiciable que representó, por denegación de justicia, pues inconcebiblemente se le denegó la admisión de prueba, para afirmar más tarde con seca frialdad, que hay insuficiencia probatoria y que a causa de ello el Tribunal le invada la duda razonable. A la verdad real, que es condición indispensable para la justicia, solo se puede llegar en una causa penal, si el proceso es un idóneo instrumento de averiguación de hechos reales, que con respeto al derecho de defensa e igualdad de partes cumpla los requisitos mínimos para ser considerado tal en la forma que lo exige el artículo 1 del CPP, cuando dice: “Que ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos, en un juicio oral y público llevado a cabo conforme a los principios establecidos en la constitución de la República, los tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente código y con respecto estricto de los derechos del Imputado”. Reafirmando en el artículo 4 que el juicio será oral y público y en el regirá el principio de contradicción. Al haberse realizado el juicio con la grave omisión de prueba ya relacionada, se colocó en situación de indefensión a la parte acusadora, pues no se le permitió demostrar la ubicación y medidas del espacio geográfico de la calle pública en disputa; ni tampoco las medidas y ubicación de la fracción del terreno del señor Rafael Jaar, que según el informe del Departamento de Catastro de la Municipalidad, ocupaba el procesado previo al desalojo judicial; con todo lo cual se infringió directamente el derecho de defensa, el principio de contradicción que rige en el proceso penal, e igualmente el principio de igualdad que el artículo 13 del CPP garantiza a todos los intervinientes en el proceso, todo lo cual nos lleva a la lesión en segundo grado del Derecho fundamental al debido proceso, establecido en los preceptos de orden Constitucional y procesal ya citados. 4.- En reiterada la jurisprudencia, la Corte Suprema de Justicia a establecido: “Que el principio del debido proceso, implica la posibilidad efectiva de concurrir ante el órgano jurisdiccional competente y preestablecido, y en el Derecho de las partes de realizar ante el mismo todos los actos encaminados a la defensa de sus derechos en Juicio, así como también a la observancia por parte del Tribunal de todas las normas relativas a la tramitación de aquél. Si al aplicar la ley procesal al caso concreto, se privase a las partes de su Derecho de accionar ante Jueces competentes y preestablecidos, de defenderse, de ofrecer y aportar pruebas, de presentar alegatos, de usar medios de impugnación contra las resoluciones judiciales, entonces se estará ante una violación de la garantía constitucional del debido proceso” (véase la Sentencia de Amparo 1593-1777-1808-98, en el mismo sentido la número 1075-1203-98 y la 260-532-546-99). En este contexto, se sostiene que como producto del rechazo arbitrario de prueba de valor decisivo se realizó el juicio inobservando todos los principios naturales al debido proceso legal, entre ellos el de defensa y el de contradicción, consecuencia de lo cual, se infringió la cláusula constitucional establecida en el artículo 90 y 1 del CPP, tal y como se ha dejado demostrado.” IV.- DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EN SU PRIMER MOTIVO INTERPUESTO POR EL ACUSADOR PRIVADO.- 1) El Recurrente interpuso Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, alegando que el Tribunal Sentenciador incurrió en Inobservancia de las Reglas establecidas en el Código Procesal Penal, para la realización del Juicio Oral y Público, instituyendo como Precepto Autorizante el Artículo 362, numeral 5, del Código Procesal Penal. Explicó que la Sentencia impugnada lesiona el Derecho Fundamental de Defensa y el Debido Proceso entre otros, ya que por tratarse de un proceso por el delito de Usurpación de un Derecho Real, era evidente que para el descubrimiento de la verdad se contara con los dictámenes periciales de expertos, que determinaran la delimitación y medición de los terrenos en disputa, así como la demarcación de la calle publica que divide ambas propiedades. Pero al realizarse un Juicio Oral sin permitirle a la acusación privada la posibilidad de una prueba pericial, se violentó gravemente el Derecho de Defensa y el Debido Proceso, ya que el Tribunal Sentenciador fundamentó su denegación arguyendo que la Audiencia de Proposición de Pruebas no era la fase adecuada para producir prueba, ya que hubo una etapa estrictamente para ello y que al desconocerse el resultado no podía determinarse su utilidad y pertinencia. Con dicha denegatoria se inobservó las Reglas establecidas en el Código Procesal Penal para la realización del Juicio Oral, pues dentro de los principios esenciales está el de Defensa y Contradicción, derechos que fueron limitados seriamente, ya que el resultado del Juicio Oral y Público fue la absolución del Señor Rodolfo Antonio Lopez Villa, al considerar el Sentenciador que existía Insuficiencia Probatoria. 2) En este Motivo deben considerarse las Reglas esenciales para el desarrollo de la parte más importante del Juicio: el Debate; por lo cual, esas reglas deben referirse a los Principios sobre los cuales descansa esta Etapa del Juicio: Oralidad, Publicidad, Inmediación, Contradicción y Concentración. De ello se desprende que el vicio no estará constituido por una simple infracción a una Norma Procesal relativa a la forma en que se debe desarrollar un acto particular de la fase de juicio, sino que se refiere a la infracción de una norma de tanta incidencia, que su violación afecte el proceso. Deberán tomarse en cuenta dos aspectos: la trascendencia de la infracción y la protesta del acto viciado para lograr su corrección y generar la facultad de recurrir a través de este vía[3]. 3) Esta Sala de lo Penal considera, que en efecto, el Tribunal Sentenciador ha incurrido en el yerro denunciado por el Recurrente, es decir, ha inobservado las Reglas establecidas para el Juicio Oral y Público al habérsele negado al Acusador Privado la posibilidad de presentar una Prueba Pericial en violación al Derecho de Defensa y al Debido Proceso. Esto es así debido a que, el Código Procesal Penal en el Titulo IV “Del Juicio Oral y Público”, Capítulo II “De la Sustanciación del Juicio”, incluye los siguientes momentos: 1) La Preparación del Debate, 2) La Proposición de Pruebas para el Debate, y 3) El Debate propiamente dicho (Artículo 316 al 344 del CPP); actos o audiencias en las cuales deben observarse las Reglas que se refirieren a los Principios sobre los cuales descansan las Etapas del Juicio, es decir Oralidad, Publicidad, Inmediación, Contradicción y Concentración; además de los Principios Constitucionales en los que reposa nuestro Código Procesal Penal, como el Derecho de Defensa y el Debido Proceso entre otros, ya que es ahí precisamente donde dichos Principios alcanzan su más alta expresión. El Juzgador al haber negado en audiencia de Proposición de Pruebas un medio probatorio Pericial, con el argumento que dicha audiencia no era para que se produjera la prueba y porque desconocía cuál era el resultado de la misma y no podía determinar su utilidad y pertinencia, incurrió definitivamente en una violación al Derecho de Defensa y al Debido Proceso, porque es precisamente la Proposición de Pruebas, la audiencia idónea para que las partes presenten sus legajos probatorios que se evacuarán en el Juicio. El hecho que se solicite el nombramiento de peritos para la elaboración de un Dictamen, no significa que el Tribunal esté produciendo pruebas, sino que con ello se pretende legalizar ese acto probatorio, hacerlo del conocimiento de las partes y dar a conocer al Juzgador los puntos que se pretende probar con dicha Pericia. Esto es así, ya que el Tribunal de Sentencia debe tomar el control jurisdiccional de dicha diligencia probatoria, juramentando a los peritos, ordenando que se ponga de conocimiento a la parte contraria, ya sea para que estén presentes al momento de su realización o para que ejerzan su Derecho a la Defensa; además, para que establezca una fecha para su presentación definitiva al Tribunal, y así las otras partes tengan libre acceso a ella; por tanto la Proposición de Pruebas es una de las audiencias en donde las partes pueden solicitar al Juez A-quo, el nombramiento de Peritos para que establezcan sus puntos de vista en la rama cuya experticia poseen. La Prueba Pericial no solo está regulada por el Derecho de Defensa y el Debido Proceso, sino que guarda intima relación con uno de los principios básicos del Proceso Penal, el de Contradicción, tal como lo refiere Climent Duran al afirmar: “La prueba Pericial es, en puridad, la que se produce en el seno de un proceso regido por los principios de dualidad e igualdad de partes o de posiciones, así como por el principio de contradicción o de audiencia bilateral, y se practica con rigurosa sujeción a la específica normativa procedimental que la regula. La característica fundamental de la prueba pericial es la de su bilateralidad ya que –como dice FONT SERRA en relación con la prueba pericial civil, la cual es extensible a los demás procesos, incluidos el juicio oral penal- “es el único medio de prueba respecto al cual la ley de Enjuiciamiento Civil, permite la intervención de la parte o partes contrarias, no solo en la proposición, sino también en el nombramiento de expertos y en la práctica y emisión del dictamen. Destaca igualmente FAIREN GUILLEN que “es el único medio con respecto al cual es necesario dar audiencia a la parte contraria y que toda regulación de la legislación no hace ver su rigor en cuanto a la conservación del principio de bilateral”[4]. Si bien entendemos la postura del Tribunal Sentenciador, consideramos la misma muy rígida, ya que existen casos en donde la Prueba Pericial es vital para la verificación de alguna de las posturas de las partes y no ha sido posible obtenerla en etapas o audiencia anteriores, por lo que consideramos oportuno que en Audiencia de Proposición de Pruebas las partes ejerzan su Derecho de Defensa o velen por el Debido Proceso y soliciten al Tribunal el nombramiento de Peritos que elaboren los Dictámenes que consideren oportunos, siempre y cuando sus pretensiones de solicitar dicho medios probatorios, cumplan con las características de idoneidad y legalidad que todo medio de prueba debe tener. Si bien el A-quo no cuenta en ese momento con el resultado de la pericia, es el Tribunal que debe orientar al perito conforme las argumentaciones de la parte que lo solicita, sobre los puntos y situaciones que debe tratar el Dictamen, sin salirse de lo que parte pretende probar, sino que circunscribiéndose a la finalidad del medio probatorio, que es el descubrimiento de la verdad. Tal como lo ordena el artículo 363, tercer párrafo, del Código Procesal Penal que dice: “….y tratándose de la casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos, y el reclamo que haya realizado en su oportunidad, para subsanarlos”; el Recurrente al conocer la denegatoria del Tribunal Sentenciador en cuanto a la admisión del medio de prueba pericial, interpuso oportunamente y de forma oral, el Recurso de Reposición ante el A-quo el cual fue denegado y posteriormente interpuso un Recuso de Amparo ante la Corte de Apelaciones de la Ceiba, Departamento Atlántida, con el fin de conseguir la restitución de los Derechos que consideraba se le habían violentado; por tanto el censor ha cumplido con lo regulado en el precitado articulado. En tal sentido considera este Tribunal de Casación, que en la presente causa se ha incurrido en violación grave a las Reglas establecidas en el Código Procesal Penal y la Constitución de la República para la celebración del Debate o Juicio Oral, mismo que ha repercutido en perjuicio para el Recurrente, por lo que es procedente declarar con lugar el presente Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma y ordenar el reenvío de la causa. V.- DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR EL ACUSADOR PRIVADO EN SU SEGUNDO MOTIVO. 1) Esta Sala de lo Penal no se pronuncia concretamente sobre este Motivo de Casación, toda vez que ha prosperado el Primer Motivo de Casación que por Quebrantamiento de Forma ha desarrollado el Acusador Privado. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 4, 14, 316, 317, 326, 359, 362.5 y 369 del Código Procesal Penal.- FALLA: 1) Declarando HA lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su Primer Motivo interpuesto por el Abogado Joel Edgardo Serrano en su condición de Apoderado Legal del señor Rafael Emilio Jaar Chain, en la causa instruida contra el imputado RODOLFO ANTONIO LOPEZ VILLA por el delito de USURPACIÓN, por tanto CASA LA SENTENCIA. 2) Declara la nulidad del debate y de la sentencia de fecha ocho de octubre del dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ceiba departamento de Atlántida.- Y MANDA: I.- Que se repita el debate con un Tribunal integrado por Jueces distintos a los que conocieron el juicio anulado. II.- Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que se proceda conforme a Derecho.- Redactó el Magistrado Zúniga Medrano.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ HERNANDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de enero del año dos mil catorce.- Certificación de la sentencia de fecha nueve de diciembre del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-106-2011.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] Barrientos Pellecer César, Derecho Procesal Penal Guatemalteco, Magna Terra editores,1ª edición, mayo, 1995, pagina 84-85.
[2] Herrera Fonseca, Rodrigo, Jurisprudencia Constitucional sobre principios del Debido Proceso Penal, Inversiones Jurídicas S.A., San José, Costa Rica, 2001, P 314 y 315.
[3]Cuellar Cruz Rigoberto. Fernández Entralgo Jesús. Gomez Colomer Juan Luis, y otros. Derecho Procesal Penal de Honduras (Manual Teórico-Práctico) Agencia Española de Cooperación Internacional. Honduras 2004. Páginas 601 y 602.
[4] Climent Duran Carlos. La Prueba Penal. Segunda Edición Tomo I. Valencia, 2005. Pagina759