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Sentencia CP-103-10 — Registro 3362

Resumen

Se condeno a los imputados en primer instancia por el delito de homicidio.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL PROCESADO E. E. H. ARGUYENDO QUE AL DICTAR SENTENCIA CONDENATORIA, EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA INOBSERVADO LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 3) PARRAFO IN FINE DEL CODIGO PROCESAL PENAL. El recurrente interpone el recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. Concretamente reprocha la valoración de la prueba recaída sobre las declaraciones de los testigos de cargo, estimando que se limitaron a probar que el acusado estaba en el lugar de los hechos, sin que el Juzgador tuviera a su disposición algún elemento de prueba que estableciera fehacientemente la responsabilidad criminal del acusado E. E.O H. Z., como por ejemplo el o las armas de fuego con las que se produjo la muerte de los ofendidos. Considera que la Fiscalía no probó la existencia de las dos armas de fuego, para dotar de credibilidad a lo aseverado por el testigo “H”, propuesto por el ente acusador, quien declaró que ambos imputados llevaban consigo armas de fuego. Esgrime que no existe indicio racional científico que pruebe que el hecho se haya cometido con dos armas de fuego diferentes. Reprocha la declaración del policía , quien afirmó ver al acusado E. E. H. Z. cuando se “camiseaba” una arma de fuego, sin embargo, al momento de la captura no se le incautó arma alguna, argumentando que lo perdió de vista por un instante, de este modo y a pesar de carecer de esa evidencia, el Juzgador le da total credibilidad, declaración no ratificada por otro agente que haya concurrido al debate. El recurrente señala que aunque el testigo denominado ”H” reconoció en rueda a los imputados, su versión tampoco fue ratificada por otro testigo y no obstante ello el Tribunal A Quo les dio credibilidad. Por otra parte, también reprocha la valoración dada por el A Quo a los testigos de la defensa, los que asegura fueron contundentes y contestes en que otros dos sujetos armados se encontraban en el lugar de los hechos y que corrían para subirse a un taxi después de efectuarse los disparos. Cuestiona que el Juzgador reste credibilidad a los testigos de la defensa sin más argumentos. Asimismo, que la valoración de los peritajes que acreditan el delito de HOMICIDIO, no prueban que el acusado se encontrara en el lugar de los hechos, empero el A Quo da por cierto tal circunstancia, por lo que se deduce que la valoración de las pruebas testificales y periciales no son contundentes y que no prueban lo expuesto en el relato fáctico, donde se describe la presencia de los acusados en el lugar de los hechos, y que estos conjuntamente le dieron muerte a los occisos. Esta Sala considera pertinente recordar, que la estructura de la sentencia está definida en el artículo 338 del Código Procesal Penal, donde se establece que esta debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como relato fáctico y sobre la cual se realiza un ejercicio valorativo. Ese cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar el contenido esencial de los medios probatorios recibidos en el debate. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe valorar en sentencia la credibilidad de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado, el Juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y además, por qué un elemento de prueba u otro le llevan a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. Las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las primeras se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Así por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. Las reglas de la psicología están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de instancia en el caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Podría ser que diga el tribunal, que no le cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas, lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. Las reglas de la lógica implican que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercero excluido. La regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, José solo puede ser José y no Pedro. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. La derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). En el caso bajo examen, esta Sala observa, que el Censor de la sentencia impugnada si bien cuestiona el valor probatorio concedido por el Tribunal de Instancia a la prueba de cargo, tanto de testigos como pericial, por estimar que con ellas no se ha probado la responsabilidad del acusado E. E. H. Z., y que el Juzgador incorrectamente no ha concedido credibilidad a lo expuesto por los testigos de descargo, en torno a la forma que estos relatan que ocurrieron los hechos; se limita a hacer una ponderación particular de la prueba e indicar en abstracto que el Juzgador ha violado las reglas de la sana crítica, pero omite indicar concretamente y en forma clara, la regla o regla de la sana crítica, lógica, psicológica o fundada en las máximas de la experiencia, que a su juicio han sido vulneradas por el Juzgador, defecto en la técnica recursiva que incurre el Censor, que no corresponde subsanar a este tribunal en forma oficiosa. Por otra parte, esta Sala estima que las razones vertidas por el Tribunal de Instancia en la fundamentación intelectiva y en virtud de la cual concede credibilidad a la prueba de testifical y pericial de cargo, y se la resta a la de testigos de descargo, con respecto al resto de la prueba del juicio, son lógicas y suficientes para fundamentar su fallo, en virtud de que el Juzgador ha externado en la motivación intelectiva de la sentencia cuales son sus argumentos para concluir más allá de toda duda razonable que el imputado E. E. H. Z. y su acompañante, son responsables de los hechos por los que han resultado condenados. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala declara sin lugar el motivo de casación invocado por el recurrente..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ACUSADO E. E. H. Z. DENUNCIANDO LA APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 35 DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE.-PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. El recurrente reprocha que el fallo impugnado es improcedente al estar fundado en el artículo 35 del Código Penal y condenar al señor E. E. H. Z., como autor de dos delitos de HOMICIDIO en perjuicio de quienes en vida fueran G. F. C. L. o G. F. C. L. y de Y. M. A. L., a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSION, por cada una de las víctimas, en concurso real, que suman TREINTA AÑOS DE RECLUSION, penas que han de cumplirse consecutivamente. El Censor refiere que Tribunal de Instancia, al valorar las pruebas, concede total credibilidad a la versión del testigo de cargo protegido denominado “H” en relación a los dos reconocimientos fotográficos realizados por el mismo en sede administrativa -folios 18 y 19 del proceso- en los que indica primero, que al serle mostrada la foto de E. E. H. Z. lo reconoce al cien por ciento, como la persona que dio muerte a la fallecida Y. M. A. L.; y segundo, que al serle mostrada la fotografía de J. D. F. A., lo reconoce en un cien por ciento, como la persona que dio muerte a J. F. C. Por lo anterior, estima que existe incongruencia entre la valoración de la prueba y la sentencia del Juzgador, en lo que concierne a las condenas dictadas en contra de su defendido. Esta Sala de lo Penal considera pertinente recordar que a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las normas que deban aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la mismas. En el caso bajo examen, se aprecia un concurso real de delitos, ya que de acuerdo al relato fáctico, los dos imputados actuando conjuntamente produciendo en una relación causa-efecto varios resultados materiales típicos, como son la muerte de dos (2) personas[1], y no como pretende el Censor cuando alega que debe aplicarse la figura del concurso ideal prevista en el artículo 36 del mismo texto punitivo y que cabe apreciar cuando un solo hecho constituye dos o más delitos. Sobre el tratamiento penológico del concurso real de delitos el penalista español Francisco Muñoz Conde expresa que “La pluralidad de hechos y delitos (el llamado concurso real de delitos, aplicable también a las faltas) se resuelve con la técnica de la acumulación de las penas aplicables. Sin embargo, en dicha acumulación se aprecian dos momentos que suelen denominarse acumulación material y acumulación jurídica. La acumulación material supone el cumplimiento simultáneo o sucesivo de todas las penas resultantes, pero se encuentra limitado por la acumulación jurídica que supone el establecimiento de unos topes de gravedad a la acumulación material….Volviendo a la acumulación material, las penas deben cumplirse simultáneamente si es posible, y en caso contrario, de manera sucesiva. El cumplimiento simultáneo es posible cuando las penas no se vacían de contenido al cumplirse al mismo tiempo ( por ejemplo una pena de prisión y una multa); en cambio no pueden cumplirse al mismo tiempo dos penas de prisión”[2]. En el presente caso, el Juzgador refiere en el cuadro fáctico de la sentencia lo siguiente: “PRIMERO: El día cinco de diciembre de dos mil siete, en horas de la tarde, los jóvenes Y. M. A. L. Y G. F. C. L. se conducían por el Sector Elvir de esta ciudad de Comayagüela, cuando empezaron a ser perseguidos por los señores E. E. H. Z. Y J. D. F., ante lo cual, los jóvenes Y. M. A. L. Y G. F. C. L. empezaron a correr huyendo de aquellos, no obstante, los señores H. Y F. lograron darles alcance y dispararon en reiteradas ocasiones contra la humanidad de los jóvenes Y. M. A. L. Y G. F. C. L., muriendo éstos como consecuencia de las heridas recibidas. Esta Sala que comparte la doctrina antes invocada, considera que del factum de la sentencia impugnada se desprende la existencia de un concurso real de delitos, regulado en el artículo 35 de nuestro Código Penal. Está claro, que el acusado E. E. H. Z. y su acompañante, son penalmente responsables a título de coautores de dos delitos de Homicidio simple, por lo que resulta procedente la sumatoria de las penas impuestas, a razón de quince años de reclusión por cada uno de los homicidios cometidos en perjuicio de dos victimas, en concurso real, de tal manera que deberán cumplir sus penas en forma sucesiva, una detrás de la otra, hasta cumplir un total de treinta años de reclusión, en virtud de no ser posible que las purguen en forma simultánea, toda vez que al entenderse que solamente cabe la ejecución de una pena de quince años de reclusión por el homicidio perpetrado en perjuicio de G. F. C. L. o G. F. C. L., se cumpliría solamente una de las penas impuestas, quedando vacía de contenido sancionador y por lo tanto ilusoria la otra pena de reclusión de quince años, impuesta por el homicidio consumado en perjuicio de Y. M. A. L., de ahí que deban cumplirse dichas penas acumuladas, una en pos de otra, en la forma dispuesta por el Juzgador. Por lo anteriormente expuesto, se desestima el motivo de casación invocado por el recurrente.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de enero de dos mil trece, por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO, en su calidad de Coordinador, JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo los Recursos de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal y Quebrantamiento de Forma, interpuesto por el Abogado M. DE J. A., en su condición de Apoderado Defensor, del Señor E. E. H. Z., por el delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio de G. F. C. L., conocido también como G. F. C. L. y Y. M. A. L., contra la sentencia de fecha veintiséis de noviembre de dos mil nueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán, mediante la cual falló: 1º.- CONDENANDO al Señor E. E. H. Z. por el delito de HOMICIDIO SIMPLE, en perjuicio de G. F. C. L. conocido también como G. F. C. L. y Y. M. A. L. a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSION por cada una de las víctimas que hacen un total de 30 AÑOS DE RECLUSION 2º.-CONDENANDO al acusado J. D. F. A., por el delito de HOMICIDIO en perjuicio de G. F. C. L. conocido también como G. F. C. L. y Y. M. A. L. a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSION por cada una de las víctimas que hacen un total de 30 AÑOS DE RECLUSION.3º.-CONDENANDO a los Señores E. E. H. Z. Y J. D. F. A. a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL.-4º.-DECLARO a los señores E. E. H. Z. Y J. D. F. A., responsables civilmente de la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito del cual son condenados.-5º.-NO CONDENO en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio a los señores E. E. H. Z. Y J. D. F. A. Interpuso el Recurso de de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal y Quebrantamiento de Forma el Abogado M. DE J. A., en su condición de Apoderado Defensor del Señor E. E. H. Z.. SON PARTES: El Abogado M. DE J. A., Apoderado Defensor de los acusados E. E. H. Z. y J. D. F. A., como parte recurrente; y la Abogada R. L. C., Representante del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS Valoradas las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, éste Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: El día cinco de diciembre de dos mil siete, en horas de la tarde, los jóvenes Y. M. A. L. Y G. F. C. L. se conducían por el Sector Elvir de esta ciudad de Comayagüela, cuando empezaron a ser perseguidos por los señores E. E. H. Z. Y J. D. F., ante lo cual, los jóvenes Y. M. A. L. Y G. F. C. L. empezaron a corres huyendo de aquellos, no obstante, los señores H. Y F. lograron darles alcance y dispararon en reiteradas ocasiones contra la humanidad de los jóvenes Y. M. A. L. Y G. F. C. L., muriendo éstos como consecuencia de las heridas recibidas.” C O N S I D E R A N D O I.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal y Quebrantamiento de Forma, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- EL ABOGADO RECURRENTE M. DE J. A., PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY, O DOCTRINA LEGAL Y QUEBRANTAMIENTO DE FORMA DE LA MANERA SIGUIENTE: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE LEY O DE DOCTRINA LEGAL.- PRIMER MOTIVO: Infracción por aplicación indebida del Artículo 35 del código penal vigente.-PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: El precepto penal adjetivo que se invoca como infringido por falta de aplicación es el Artículo 360 párrafo primero el cual dice lo siguiente: Artículo 360 Párrafo Primero.— Casación por infracción de Ley o de Doctrina Legal. Habrá lugar al recurso de Casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que daba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. CONCEPTUALIZACION DE LA INFRACCION.-Considero honorables magistrados la necesidad de contraemos al espíritu de la Ley para su debida aplicación, y en este caso concreto debemos de preguntarnos cual es la intención del Legislador cuando formula las leyes penales aplicables a casos como el presente, el que se encuentra comprendido en el Artículo 35 del Código Penal vigente según el Tribunal sentenciador; artículo que específica literalmente dice lo siguiente: Articulo 35: Al culpable de dos o más delitos se le impondrán todas las penas correspondientes a las diversas infracciones.-El sentenciado cumplirá sus condenas simultáneamente, si fuere posible. Cuando no lo fuere, o si de ello resulta ilusoria alguna de las penas, las cumplirá sucesivamente, principiando por las mayores, o sean las señaladas a los delitos mas graves. Sin embargo, la duración de las penas acumuladas por varios delitos no excederá de treinta años.-El Artículo treinta y seis del mismo cuerpo legal nos dice literalmente lo siguiente; Articulo 36: Las disposiciones del Artículo anterior no se aplicaran en el caso de que un sólo hecho constituya dos o más delitos o cuando uno de ellos sea medio necesario para cometer el otro.- En estos casos se impondrá la pena correspondiente al delito que tenga señalada mayor sanción, aumentada en una cuarta parte.-El Artículo 65 del mismo cuerpo legal nos dice lo siguiente: Siempre que la Ley señalare generalmente la pena de un delito, se entenderá que la impone al autor del delito consumado.- Como se puede apreciar con lo que prescriben los Artículos anteriores de nuestro Código Penal, el tribunal sentenciador fundamente sustancialmente su fallo en cuanto al modo en que deberá cumplirla el sentenciado en el Artículo treinta y cinco al señalar el concurso Real, y en ningún momento se toma en cuenta el Artículo treinta y seis el cual determina el concurso ideal de los delitos, lo cual ésta defensa considera improcedente el fallo contra el cual se interpone el recurso por estar éste fundamentado tácitamente en el Artículo 35, cuando en su fallo en el inciso Primero dice:”que debemos condenar y condenamos a E. E. H. Z., cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable penalmente de dos delitos de HOMICIDIO, cometidos en perjuicio de G. F. C. L., conocido también como G. F. C. L., y Y. M. A. L., a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSION por cada una de las víctimas debiéndose descontar el tiempo que haya permanecido en prisión preventiva por esta causa y la que deberá cumplir en La Penitenciaria Nacional que estime el Juez de Ejecución correspondiente. Dichas penas de reclusión deberán ser cumplidas en concurso real que sumadas hacen un total de TREINTA AÑOS DE RECLUSION, las cuales deberán cumplirse de manera consecutiva”, y el mismo Tribunal en su valoración de pruebas le dá total credibilidad al testigo “H” propuesto por el Ministerio Público pues en el inciso TERCERO PARRAFO PRIMERO DICE:”Ligado a la declaración del Testigo Protegido H, y para la declaración de hechos, se aportaron dos Reconocimientos Fotográficos realizados al testigo Protegido H en sede administrativa, y que obran a folios 18 y 19 en el primero de tales documentos se indica que al testigo le fue mostrada la foto de E. E. H. Z. a quién reconoce al cien por ciento como la persona que le dio muerte a la fallecida Y. M. A. L.. En el segundo documento se establece que al mismo testigo le fue mostrada la fotografía de J. D. F. A. a quien dijo reconocer en un cien por ciento como la persona que en fecha cinco de diciembre del año dos mil siete le dio muerte a J. F. C.” por lo que existe una total incongruencia entre la valoración de la prueba y la sentencia emitida por el tribunal.-Por lo anteriormente expuesto y expresado en este motivo de casación ésta defensa considera que es totalmente procedente el recurso DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY O DE DOCTRINA LEGAL. Basándome en estos argumentos Honorables Magistrados continuo argumentando que en el presente caso se está dando un error en las condenas dictadas en contra de mi representado, por aplicarse en forma indebida el Artículo 35 del Código Penal vigente en el caso concreto, pero tengo la seguridad que al más alto nivel del Poder Judicial se dará el análisis con la profundidad necesaria en cuanto a derecho al presente caso, y se declara Ha Lugar el presente Recurso enmendándose así el error del Tribunal que dicto la sentencia recurrida. RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ACUSADO E. E. H. Z. DENUNCIANDO LA APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 35 DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE.-PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. El recurrente reprocha que el fallo impugnado es improcedente al estar fundado en el artículo 35 del Código Penal y condenar al señor E. E. H. Z., como autor de dos delitos de HOMICIDIO en perjuicio de quienes en vida fueran G. F. C. L. o G. F. C. L. y de Y. M. A. L., a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSION, por cada una de las víctimas, en concurso real, que suman TREINTA AÑOS DE RECLUSION, penas que han de cumplirse consecutivamente. El Censor refiere que Tribunal de Instancia, al valorar las pruebas, concede total credibilidad a la versión del testigo de cargo protegido denominado “H” en relación a los dos reconocimientos fotográficos realizados por el mismo en sede administrativa -folios 18 y 19 del proceso- en los que indica primero, que al serle mostrada la foto de E. E. H. Z. lo reconoce al cien por ciento, como la persona que dio muerte a la fallecida Y. M. A. L.; y segundo, que al serle mostrada la fotografía de J. D. F. A., lo reconoce en un cien por ciento, como la persona que dio muerte a J. F. C. Por lo anterior, estima que existe incongruencia entre la valoración de la prueba y la sentencia del Juzgador, en lo que concierne a las condenas dictadas en contra de su defendido. Esta Sala de lo Penal considera pertinente recordar que a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las normas que deban aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la mismas. En el caso bajo examen, se aprecia un concurso real de delitos, ya que de acuerdo al relato fáctico, los dos imputados actuando conjuntamente produciendo en una relación causa-efecto varios resultados materiales típicos, como son la muerte de dos (2) personas[1], y no como pretende el Censor cuando alega que debe aplicarse la figura del concurso ideal prevista en el artículo 36 del mismo texto punitivo y que cabe apreciar cuando un solo hecho constituye dos o más delitos. Sobre el tratamiento penológico del concurso real de delitos el penalista español Francisco Muñoz Conde expresa que “La pluralidad de hechos y delitos (el llamado concurso real de delitos, aplicable también a las faltas) se resuelve con la técnica de la acumulación de las penas aplicables. Sin embargo, en dicha acumulación se aprecian dos momentos que suelen denominarse acumulación material y acumulación jurídica. La acumulación material supone el cumplimiento simultáneo o sucesivo de todas las penas resultantes, pero se encuentra limitado por la acumulación jurídica que supone el establecimiento de unos topes de gravedad a la acumulación material….Volviendo a la acumulación material, las penas deben cumplirse simultáneamente si es posible, y en caso contrario, de manera sucesiva. El cumplimiento simultáneo es posible cuando las penas no se vacían de contenido al cumplirse al mismo tiempo ( por ejemplo una pena de prisión y una multa); en cambio no pueden cumplirse al mismo tiempo dos penas de prisión”[2]. En el presente caso, el Juzgador refiere en el cuadro fáctico de la sentencia lo siguiente: “PRIMERO: El día cinco de diciembre de dos mil siete, en horas de la tarde, los jóvenes Y. M. A. L. Y G. F. C. L. se conducían por el Sector Elvir de esta ciudad de Comayagüela, cuando empezaron a ser perseguidos por los señores E. E. H. Z. Y J. D. F., ante lo cual, los jóvenes Y. M. A. L. Y G. F. C. L. empezaron a correr huyendo de aquellos, no obstante, los señores H. Y F. lograron darles alcance y dispararon en reiteradas ocasiones contra la humanidad de los jóvenes Y. M. A. L. Y G. F. C. L., muriendo éstos como consecuencia de las heridas recibidas. Esta Sala que comparte la doctrina antes invocada, considera que del factum de la sentencia impugnada se desprende la existencia de un concurso real de delitos, regulado en el artículo 35 de nuestro Código Penal. Está claro, que el acusado E. E. H. Z. y su acompañante, son penalmente responsables a título de coautores de dos delitos de Homicidio simple, por lo que resulta procedente la sumatoria de las penas impuestas, a razón de quince años de reclusión por cada uno de los homicidios cometidos en perjuicio de dos victimas, en concurso real, de tal manera que deberán cumplir sus penas en forma sucesiva, una detrás de la otra, hasta cumplir un total de treinta años de reclusión, en virtud de no ser posible que las purguen en forma simultánea, toda vez que al entenderse que solamente cabe la ejecución de una pena de quince años de reclusión por el homicidio perpetrado en perjuicio de G. F. C. L. o G. F. C. L., se cumpliría solamente una de las penas impuestas, quedando vacía de contenido sancionador y por lo tanto ilusoria la otra pena de reclusión de quince años, impuesta por el homicidio consumado en perjuicio de Y. M. A. L., de ahí que deban cumplirse dichas penas acumuladas, una en pos de otra, en la forma dispuesta por el Juzgador. Por lo anteriormente expuesto, se desestima el motivo de casación invocado por el recurrente. SEGUNDO MOTIVO: POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA.-Por haber acusado el Tribunal Sentenciador en su fallo y declaración de hechos probados no se observaron las reglas de la sana crítica.-PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: El precepto penal adjetivo que se invoca como infringido por falta de aplicación dice lo siguiente: Artículo 338. Las sentencias se redactaran por escritor con sujeción a las reglas siguientes: PRIMERA:………, SEGUNDA: 1) ..... 2…..., 3 ........, 4)...., TERCERA:……,CUARTA: Se consignara la fundamentación del fallo de la manera siguiente:1)…….,2)valoración de la prueba.-Seguidamente, se expresaran las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados.-EXPLICACION DEL MOTIVO. El precepto penal adjetivo que se invoca como infringido por falta de aplicación correcta prescribe. Artículo 202 del Código procesal penal, VALORACION DE LAS PRUEBAS. La sana critica. Las pruebas serán valoradas de acuerdo a la sana crítica. El órgano Jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunte y armónica toda la prueba producida. El Artículo 336 del mismo cuerpo Legal en su párrafo primero señala. El Tribunal, para resolver, solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Y el Artículo 338 siempre del mismo Código Procesal Penal señala como se debe de estructurar una sentencia, por lo que el Tribunal sentenciador, debe hacer la valoración de las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio. De lo anterior conlleva a que los hechos probados en una sentencia Penal no constituyen más que la verdad a que creé haber llegado el Juzgador, y que deben de estar sustentados en el acervo probatorio que se plasmó en la fundamentación probatoria, y como es sabido la fundamentación probatoria se divide en la fase descriptiva e intelectiva. Donde en la primera fase el Juzgador describe cada una de las pruebas en que basa su decisión, y en la segunda el Juzgador debe de explicar porque un medio probatorio se da como probado, y otro no merece tal calificación y el porqué un elemento de prueba u otros le llevan a la conclusión determinada. En base a lo anterior se interpone el presente recurso de casación por considerarse la violación de las reglas de la sana crítica, ya que de acuerdo al motivo planteado las reglas enunciadas anteriormente son las que deben de corregir el correcto entender Humano y las que constituyen el problema de fundamentación de la sentencia, es por ello que el Legislador en el Artículo 338 de nuestro Código Procesal Penal, sabiamente establece determinar dentro de la fundamentación de todo fallo, la valoración de la prueba.-Por lo tanto de lo anterior se deduce que la sana crítica no es más que el proceso mental lógico que lleva al juzgador, después de analizar en su conjunto la prueba, determinar, como, cuándo, donde y el porqué se da un hecho determinado, en el presente caso tanto las pruebas periciales no tienen la total concordancia con la testifical de lo que se deduce que no existe un enlace o una relación vinculante y por ello llegamos a conclusiones diferentes, pues los medios de prueba de cargo en el respectivo Juicio Oral y Publico, deben convencer al Juzgador de la existencia irrefutable del hecho y que en dicho hecho se determinen todos los elementos que tipifican el delito con el grado absoluto de certeza, de no lograrse lo anterior durante la substanciación de la prueba el Juzgador únicamente deberá dictar una sentencia absolutoria, por la simple razón de que no exista prueba de cargo alguno o porque el conjunto total de las pruebas evacuadas provocan la duda del Tribunal Juzgador.-En el presente caso la prueba propuesta por el Ministerio Público como ser las declaraciones de los testigos donde si bien es cierto que el tribunal juzgador en su sentencia enuncia, que todo el debate se centró en cuanto a que si mí representado se encontraba si o no en el lugar de los hechos por el cual se le imputa, aunado a esto debe considerarse un elemento de prueba que contundentemente hubiese determinado si o no la culpabilidad de mi representado como ser el hecho del arma o las armas de fuego con que se perpetro el hecho que ocasiono la muerte de los ofendidos, tanto así que no es posible que la fiscalía auxiliada por un equipo de investigación y teniendo a su disposición la evidencia de los cadáveres no haya concurrido al debate con una explicación clara y científica que demuestre al tribunal si existieron dos armas de fuego en el hecho, ya que eso si le daría una total credibilidad al testigo “H” propuesto por el Ministerio Público, el cual declaró que los que cometieron el hecho ambos andaban con armas de fuego, pero no existe ningún indicio racional científico que pruebe el hecho que éste se haya cometido con dos armas de fuego diferentes, al igual que la declaración del policía el cual dice que al camisearce mí representado le vio una arma de fuego, pero solo es una declaración que realmente no prueba si tal hecho es cierto pues, al momento de su captura no le encuentra el arma, sin especificar claramente el porqué no se la encontró, argumentando que lo perdió de vista por un instante, como puede entonces un agente de policía sustentar esta declaración sin la evidencia respectiva, y darle el tribunal juzgador la total credibilidad a éste hecho, y más raro aun que no sea esta declaración ratificada por otro agente que haya concurrido al debate como testigo si lo normal es que los agentes andan acompañados nunca solos en este tipo de operativos olvidándosele al tribunal que para qué las declaraciones testificales sean plena prueba en juicio es necesario que éstas sean ratificadas por dos testigos y que los mismos sean presénciales del hecho, al igual que el mismo testigo ”H” reconoció en rueda a los imputados tampoco existe otro testigo que ratifique la presencia de mi representado en el lugar de los hechos, pero aun así el tribunal les da total credibilidad. En cuanto a los testigos propuestos por la defensa éstos fueron contundentes y contestes tanto así que todos concuerdan en que dos sujetos más y armados se encontraban en el lugar de los hechos y que en forma rápida o sea en carrera corrían a subirse a un taxi después de los disparos, donde incluso dos de ellos le distinguieron su número el cual es el 4989, y mas aún todavía dos de los testigos identifican a los que subieron al taxi como el Bunny y el pun, razón por la cual se les denominó como testigos protegidos pues estos saben que el presentarse a declarar e involucrar a los verdaderos hechores pueden correr riesgo debido a sus declaraciones.-Aun con todo lo anterior el tribunal Juzgador resta total credibilidad a los testigos propuestos por la defensa sin más argumentos de no presenciar estos los hechos directamente, pero como entonces y porque salen dos tipos armados huyendo y corriendo al taxi y precisamente del lugar en que ocurrieron lo hechos. Siempre en este orden de valoración de pruebas el Tribunal juzgador se basa en peritajes que si bien es cierto sustentan la materialización de un Delito de HOMICIDIO, también no es menos cierto que no se acredita con dichos peritajes científicos que exista vinculación que mi representado se encontrara en el lugar de los hechos, sin embargo el Tribunal sentenciador los dá por acreditados quien garantiza que estas declaraciones no sean si no m´hs que el resultado de una estrategia del Ministerio Público que indujo a sus testigos propuestos en su momento a que dijesen estos hechos para inculpar a los imputados, pues como se señaló anteriormente no existe en el presente caso testigos suficientes que ratifiquen los hechos, al igual que pruebas científicas que ubiquen directamente a mi representado en el lugar de los hechos. De lo anterior lógicamente se deduce y enlaza que la valoración de las pruebas tanto testificales como periciales no son contundentes ya que no prueban en nada la existencia de los elementos del delito por el que se acusa a mis representados como ser el estar presentes en el lugar de los hechos y mucho menos darle muerte a los ofendidos, por lo que con estos argumentos en ningún momento se puede probar con la declaración de los testigos, ni mucho menos con pruebas científicas que ratifiquen y respalden las declaraciones de los testigos propuestos por el Ministerio Público que mi representado haya cometido el delito que se le imputa.-A manera de colofón expresó: La sana crítica racional que se implementa en nuestro sistema Procesal Penal, en cuanto a la valoración de la Prueba, debe de imperar la absoluta libertad de convencimiento de los Jueces, pero exigiéndoles que a las conclusiones a que lleguen sean el fruto razonado de las pruebas en que basan su fallo.- En cuanto a la sana crítica racional, el sentenciador determinará sus conclusiones basado en los hechos que se valoraron en la causa con la valoración de la eficacia condicional de toda prueba con total libertad, respetando al hacerlo los principios de la recta razón, o sea las normas de la Lógica, la Psicología y el sentido común.- Dentro de las reglas de la Lógica, a lo que aprecio se adhirió el Juzgador, diré que la motivación debe ser totalmente concordante y cada conclusión afirmada o negada en la que debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella; Sin embargo el resultado de la valoración conjunta que hace el tribunal, en cada una de las pruebas evacuadas, no se logra localizar ése elemento de convicción sea en la prueba testifical o documental que se analizó plenamente con anterioridad, ya que los hechos probatorios siempre deben tener un sustento probatorio. - La afirmación de culpabilidad o de inocencia debe de estar siempre respaldada en elementos de prueba por imperativo Constitucional.- Como hacerlo en el presente caso, donde los hechos probados dan un saldo de inocencia, y la valoración de la prueba todo lo contrario, ya que no existe un enlace preciso entre ambos, como por imperativo debió de haber sido, desaparece ese elemento vinculante que regula los requisitos esenciales de la sentencia.-Por producirse el vicio In Procedendo, no se ha podido efectuarse reclamación alguna para su subsanación.” RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL PROCESADO E. E. H. ARGUYENDO QUE AL DICTAR SENTENCIA CONDENATORIA, EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA INOBSERVADO LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 3) PARRAFO IN FINE DEL CODIGO PROCESAL PENAL. El recurrente interpone el recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. Concretamente reprocha la valoración de la prueba recaída sobre las declaraciones de los testigos de cargo, estimando que se limitaron a probar que el acusado estaba en el lugar de los hechos, sin que el Juzgador tuviera a su disposición algún elemento de prueba que estableciera fehacientemente la responsabilidad criminal del acusado E. E.O H. Z., como por ejemplo el o las armas de fuego con las que se produjo la muerte de los ofendidos. Considera que la Fiscalía no probó la existencia de las dos armas de fuego, para dotar de credibilidad a lo aseverado por el testigo “H”, propuesto por el ente acusador, quien declaró que ambos imputados llevaban consigo armas de fuego. Esgrime que no existe indicio racional científico que pruebe que el hecho se haya cometido con dos armas de fuego diferentes. Reprocha la declaración del policía , quien afirmó ver al acusado E. E. H. Z. cuando se “camiseaba” una arma de fuego, sin embargo, al momento de la captura no se le incautó arma alguna, argumentando que lo perdió de vista por un instante, de este modo y a pesar de carecer de esa evidencia, el Juzgador le da total credibilidad, declaración no ratificada por otro agente que haya concurrido al debate. El recurrente señala que aunque el testigo denominado ”H” reconoció en rueda a los imputados, su versión tampoco fue ratificada por otro testigo y no obstante ello el Tribunal A Quo les dio credibilidad. Por otra parte, también reprocha la valoración dada por el A Quo a los testigos de la defensa, los que asegura fueron contundentes y contestes en que otros dos sujetos armados se encontraban en el lugar de los hechos y que corrían para subirse a un taxi después de efectuarse los disparos. Cuestiona que el Juzgador reste credibilidad a los testigos de la defensa sin más argumentos. Asimismo, que la valoración de los peritajes que acreditan el delito de HOMICIDIO, no prueban que el acusado se encontrara en el lugar de los hechos, empero el A Quo da por cierto tal circunstancia, por lo que se deduce que la valoración de las pruebas testificales y periciales no son contundentes y que no prueban lo expuesto en el relato fáctico, donde se describe la presencia de los acusados en el lugar de los hechos, y que estos conjuntamente le dieron muerte a los occisos. Esta Sala considera pertinente recordar, que la estructura de la sentencia está definida en el artículo 338 del Código Procesal Penal, donde se establece que esta debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como relato fáctico y sobre la cual se realiza un ejercicio valorativo. Ese cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar el contenido esencial de los medios probatorios recibidos en el debate. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe valorar en sentencia la credibilidad de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado, el Juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y además, por qué un elemento de prueba u otro le llevan a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. Las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las primeras se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Así por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. Las reglas de la psicología están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de instancia en el caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Podría ser que diga el tribunal, que no le cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas, lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. Las reglas de la lógica implican que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercero excluido. La regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, José solo puede ser José y no Pedro. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. La derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). En el caso bajo examen, esta Sala observa, que el Censor de la sentencia impugnada si bien cuestiona el valor probatorio concedido por el Tribunal de Instancia a la prueba de cargo, tanto de testigos como pericial, por estimar que con ellas no se ha probado la responsabilidad del acusado E. E. H. Z., y que el Juzgador incorrectamente no ha concedido credibilidad a lo expuesto por los testigos de descargo, en torno a la forma que estos relatan que ocurrieron los hechos; se limita a hacer una ponderación particular de la prueba e indicar en abstracto que el Juzgador ha violado las reglas de la sana crítica, pero omite indicar concretamente y en forma clara, la regla o regla de la sana crítica, lógica, psicológica o fundada en las máximas de la experiencia, que a su juicio han sido vulneradas por el Juzgador, defecto en la técnica recursiva que incurre el Censor, que no corresponde subsanar a este tribunal en forma oficiosa. Por otra parte, esta Sala estima que las razones vertidas por el Tribunal de Instancia en la fundamentación intelectiva y en virtud de la cual concede credibilidad a la prueba de testifical y pericial de cargo, y se la resta a la de testigos de descargo, con respecto al resto de la prueba del juicio, son lógicas y suficientes para fundamentar su fallo, en virtud de que el Juzgador ha externado en la motivación intelectiva de la sentencia cuales son sus argumentos para concluir más allá de toda duda razonable que el imputado E. E. H. Z. y su acompañante, son responsables de los hechos por los que han resultado condenados. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala declara sin lugar el motivo de casación invocado por el recurrente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 90, 303, 304, de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 y 362.3 del Código Procesal Penal.- FALLA: 1) Declarando SIN LUGAR el recurso de casación por Infracción de ley Sustantiva, en su motivo único; y, por Quebrantamiento de Forma, en su motivo único, interpuestos por el Abogado M. DE J. A. en su condición de Defensor privado del acusado E. E. H. Z., contra la sentencia pronunciada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de Noviembre de dos mil nueve.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales pertinentes.- REDACTO EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO.- NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.-”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de febrero del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha diez de enero del dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. S.P.103=2010.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Vid. MIR PUIG, SANTIAGO, Derecho Penal, Parte General, 6ª Edición, Barcelona, 2002, pág. 627.

[2] Vid. MUÑOZ CONDE, FRANCISCO, en Derecho Penal, Parte General, 2ª Edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, pág. 569.