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Sentencia CP-101-10 — Registro 2850

Resumen

En primer instancia se absolvió al infractor por la infracción al tipo penal de robo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EN SU MOTIVO ÚNICO INTERPUESTO POR LA FISCALIA DEL MINISTERIO PÚBLICO. I.-El recurrente ha denunciado la inobservancia de las Reglas de la Sana Crítica por parte del Tribunal Sentenciador al momento de realizar el juicio de valor de las pruebas evacuadas en el Debate, consignando como Precepto Autorizante el Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Reprocha el deponente, que el Juzgador al momento de efectuar la valoración de las declaraciones de los policías O. M. G. y M. J. P. M.; así como las Pruebas documentales: Acta de Decomiso y Acta de Registro Personal, incurrió en infracción a las Máximas de la Experiencia así como a la Derivación como elemento de la Razón Suficiente; debido a que no extrajo de los testimonios policiales los elementos necesarios para la condena del menor a pesar que sus declaraciones fueron contestes, uniformes y acordes con la prueba documental. II. Al denunciar que en la valoración de la prueba no se observaron las Reglas de la Sana Crítica, se hace referencia a la característica de lógica. Es decir, que aún y cuando el sistema de la sana crítica racional no establece límites al juzgador para formar su convicción, puesto que puede disponer de cualquier medio de prueba que lo conduzca a reproducir el hecho objeto del juicio penal basado en el principio de libertad probatoria, al examinar la prueba si debe indicar las razones que lo conllevan a decidirse por la que le convence y señalar el valor que le asigna a las producidas en juicio. El Proceso Lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas, está sujeto al control a través del examen Casacional. En consecuencia, al realizar un estudio sobre la Aplicación del Sistema Probatorio establecido por el Código Procesal Penal Hondureño, se custodia la aplicación de las Reglas de la Sana Crítica en la Fundamentación, específicamente en la Valoración Probatoria. Significa, que siendo libre el A-quo en la apreciación de las pruebas que le generen su convicción, su juicio de valoración deber ser razonable, es decir, sujetarse a las Reglas que gobiernan el Correcto Pensamiento Humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuales falsos. III. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal, ha analizado la sentencia impugnada, los cuestionamientos del censor, así como las motivaciones del sentenciador evidenciándose que las declaraciones de los policías O. M. G. y M. J. P. M., quienes participaron en la captura de los menores, establecen que todo lo manifestado por ellos en relación al momento del asalto, no les constaba personalmente sino que el ofendido W. A. O. fue quien les contó lo sucedido. Siendo si bien, directamente relacionados, únicamente referenciales en cuanto a la dinámica de los hechos y lo único que verdaderamente les consta es el momento de la captura y el decomiso de las cosas encontradas a los encartados, sus testimonios no son válidos tampoco para certificar que las pertenencias encontradas a los acusados (Celular, Dinero) sean del señor W. O. M., ya que éste no se presentó al juicio para acreditar su propiedad y confirmar las versiones de los agentes policiales. Al respecto, las máximas de la experiencia nos indican, que celulares como los decomisados a los menores (K1 azul) hay muchos en circulación, tampoco se puede establecer que el aparato móvil decomisado tenga alguna seña particular que fácilmente permita identificar su dueño, por tanto, las apreciaciones del A-quo al respecto fueron coherentes y se desprenden de la prueba evacuada. Los razonamientos del Juzgador si bien, son breves, también son consistentes e idóneos para razonar que la prueba presentada por el ente acusador es “insuficiente” para enervar el estado de Inocencia garantizado constitucionalmente y en la normativa internacional de protección de los derechos humanos a favor del menor J. A. C. H., la Sala ya ha reiterado que, -la presunción de inocencia- es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho a la defensa y acompaña al ciudadano(a) acusado de un ilícito penal durante toda la tramitación del proceso penal hasta que exista una sentencia condenatoria firme. El acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde a quien acusa. IV.- En el caso examine, la Sala ha verificado que los raciocinios y consideraciones del Tribunal tuvieron como base las Reglas del Correcto entendimiento humano. En lo que respecta a las Actas de Decomiso y Acta de Registro Personal, las mismas no tienen la contundencia suficiente en tanto el ofendido no se presentara a confirmar que lo encontrado a los menores eran objetos de su propiedad; además, el reclamante en su explicación del recurso cae en la equivocación de establecer su propia apreciación de la prueba lo cual no es permitido en esta etapa casacional. La Sala ya ha reiterado que -la interpretación subjetiva distinta de las valoraciones del Juzgador- no es en si violatoria de las reglas de la sana crítica; pero si por el contrario, se trata de un razonamiento arbitrario sin parámetros objetivos de los juzgadores, sí puede ser violatorio de las reglas de la sana crítica. V. El recurrente cuestiona el dictado de una Sentencia Absolutoria a favor del joven C. H., con el argumento que, con igual prueba el mismo Tribunal emitió una Sentencia Condenatoria para el otro menor J. A. G. F. Al revisar el acta del Juicio Oral y Público se verificó, que al inicio del debate el Ministerio Público manifestó su voluntad y el de la Defensa, en que se dictara una Sentencia por Estricta Conformidad al menor J. A., por lo que, al verificar el Juzgador que no existía ningún fraude de Ley, procedió a dictar Sentencia de Estricta Conformidad contra el joven G. F. por los delitos de Portación Ilegal de Armas y Robo. Recordemos que en la Estricta Conformidad adoptada en la normativa procesal no existe evacuación de medios probatorios, el procesado lo que hace es aceptar los hechos, su calificación legal y aceptar la pena, pero nunca concurre desfile probatorio ni mucho menos valoración alguna, en ese sentido, si bien los imputados se encuentran procesados en un solo expediente, cada uno establece junto con su defensor su propia estrategia en el juicio, el hecho que el menor J. A. G. F. haya aceptado una Sentencia por Estricta Conformidad, no obligaba en lo absoluto al Tribunal A-quo a dictar una Sentencia Condenatoria contra el otro menor, porque sería una clara violación al Derecho Constitucional de Defensa, a las reglas inherentes al debido proceso, a la garantía del juicio previo contenida en el artículo 94 Constitucional, que asegura justamente que si el imputado no se somete a un procedimiento de estricta conformidad o a un procedimiento abreviado, siempre deberá ser oído y vencido en juicio para que se le pueda imponer la pena correspondiente en ese sentido, la posición del recurrente es totalmente errónea. La Sala de lo Penal, considera oportuno recordar, que el Ministerio Público es el representante de la sociedad y a través de sus fiscales ejerce la acción penal en juicio representando a las víctimas de los delitos, siendo su obligación en todos los casos en que presenta acusación asegurarse de contar con las suficientes pruebas de cargo para poder sustentar su tesis acusatoria fehacientemente y desvirtuar el estado de inocencia del acusado. Para poder asegurar una persecución penal eficiente en beneficio de los intereses de la sociedad y el combate a la criminalidad, corresponde también en la práctica al ente acusador definir una política institucional en que se priorice la persecución de determinados delitos según su gravedad e impacto social, en todas sus instancias hasta llegar a la casación, pues siempre en cualquier sociedad las actividades ilícitas superan la capacidad de respuesta de cualquier sistema punitivo y sus limitados recursos. V. Por todas las razones antes expuestas, es procedente declarar Sin Lugar el presente Recurso de Casación en su único motivo, interpuesto por la Fiscalía del Ministerio Público..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de agosto del año dos mil trece, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los Magistrados: JACOBO CÁLIX HERNÁNDEZ en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CÁLIX VALLECILLO y MARCO VINICIO ZÚNIGA MEDRANO, dicta sentencia conociendo del RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, interpuesto contra la sentencia de fecha veintidós de mayo de dos mil nueve, dictada por el Juzgado de Letras de la Niñez de la Ceiba, Atlántida, mediante la cual ABSOLVIÓ al joven J. A. C. H., de la Infracción al tipo penal de ROBO en perjuicio del señor W. A. O. Interpuso el Recurso de Casación la Abogada A. A. M., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público.- ES PARTE: La Abogada R. L. C. en su calidad de Fiscal del Ministerio Público, como recurrente. HECHOS PROBADOS PRIMERO: Que en fecha once de enero del año dos mil nueve, el joven J. A. fue remitido a este Juzgado por parte del Ministerio Público por la infracción al tipo penal de ROBO en perjuicio de W. A. O. M. SEGUNDO: Que el día de la vista de la causa el Ministerio Público lo único que acreditó con la introducción de su medio de prueba testifical por los policías O. M. G. Y M. J. P. M. que un día sábado diez de enero del presente año a eso de las dos de la tarde, estaban en la policía cuando llegó un señor pidiendo ayuda porque en ese momento lo acababan de asaltar tres individuos, montándose dichos policías al vehículo de la víctima y como a eso de las tres cuadras observaron los individuos que habían asaltado al señor según argumentos dados por el señor W. A. O. y que cuando los jóvenes vieron que iban a buscarlos salieron corriendo, y uno que andaba una bicicleta salió corriendo, tirándose el policía M. J. del carro procediéndole a dar captura, procediendo a sacar una pistola a una propiedad, y quien andaba la pistola era NUNO y al otro muchachote encontraron la cantidad de ciento seis lempiras, llegando a la posta procedieron los policías a preguntar por el teléfono argumentando uno de ellos que había quedado allí; regresando a dicho lugar de la captura y allí estaba el celular k 1 color azul. TERCERO: Que con el acta de Decomiso o Secuestro el Ministerio Público acreditó que al joven J. A. C. H. se le decomiso la cantidad de ciento seis lempiras, que en ningún momento el Ministerio Público acreditó que los hechos ocurridos el día diez de enero en perjuicio del señor W. fue cometido por el menor antes mencionado ya que en la vista de la causa, los testigos presentados por el Ministerio Público confirman que no vieron al menor infractor cometiendo el ilícito de Robo.” CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- La recurrente Abogada A. A. M. en su condición de Fiscal del Ministerio Público, desarrolló su Recurso de Casación de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACION: MOTIVO ÚNICO: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del artículo 362 del CPP. El precepto penal objetivo que se invoca como infringido prescribe: "Artículo 202. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida". En relación con el párrafo primero del artículo 336 del C .P .P. Expuesto lo anterior, veamos en qué consisten los vicios de valoración de prueba en que incurrió el sentenciador de instancia: Declaración de la Testigo, O. M. G. (policía), quién manifiesta: "Que un día estábamos en la Posta cuando llegó una persona en un carro negro a decir que lo habían asaltado entonces salieron a buscar las tres personas que les dijeron, encontrándoles, uno tenía ciento seis lempiras, y el que otro tiró el arma (refiriéndose al menor llamado J. G. c. por la falta también imputada al enjuiciado C. H.). A las preguntas del Fiscal, contestó, que la persona perjudicada le dijo que le habían robado con pistola en mano, el celular y "el pisto"; cuando capturaron a éstos (J. y J. A.) les encontraron las tres cosas, el arma la andaba el de camisa blanca señalando al menor J., quién al mirarnos (policías) que lo íbamos siguiendo, él iba en bicicleta y tiró el arma y el dinero lo andaba el otro, señalando al joven J. A., eran ciento seis Lempiras el celular lo andaba el otro que no está aquí". Declaración del Testigo, M. J. P. M. (policía), quién declaró: "Que fue un día sábado con fecha diez de enero del presente año a eso de las dos de la tarde, estaban en la policía cuando llegó un señor pidiendo ayuda porque en ese momento lo acababan de asaltar, tres individuos se subieron al vehículo que él andaba y como a eso de tres cuadras observaron los individuos que habían asaltado al señor, cuando ellos (imputado y su compañero J.) vieron que los íbamos a buscar quisieron salir corriendo, yo (testigo) me tiré del carro y cuando vio que "dije a tirarme" del carro sacó la pistola, le hice un disparo y él (J. compañero de J. A.) lanzó la pistola a una propiedad, el que andaba la pistola es al que le dicen Nuno (J.), al otro muchacho (refiriéndose al imputado) le encontró la cantidad de ciento seis lempiras y cuando llegamos a la Posta les pregunté por el teléfono y el otro dijo "allá quedó botado" regresamos al lugar de la captura y allí estaba el K1 color azul". A las preguntas del Fiscal contesta: que a Nuno (J.) se le encontró la pistola, al otro muchacho que no le sabe su nombre pero señala a J. A. le encontró el dinero, al otro señalando a J. le decomisó la pistola, el testigo indica que él reconocería el arma que le decomisó que es una Prietto Beretta 40 ml, marca Tauro, la cual se le pone a la vista y el testigo con seguridad indica ser la misma arma que decomisó el día de los hechos, también reconoce el celular K1, color azul, además indicó que entre el dinero hay billetes de veinte, diez, cinco y de a uno lempiras, lo que se pone a la vista y efectivamente asciende a un total de ciento seis lempiras. Pruebe Documental, Consistente en dos actas, una de registro personal con la cual se acreditó que el imputado portaba la cantidad de ciento seis lempiras que según el ofendido le sustrajeron utilizando un arma de fuego y una acta de decomiso con la cual se acreditó que el compañero del imputado (J. A. G. F.) portaba la pistola anteriormente descrita y siendo por tal hecho condenado). Una vez analizadas las declaraciones de los testigos antes referidos nos adentramos a la valoración, que de dichos testimonios ha efectuado el Tribunal. El a quo, en el apartado de valoración de la prueba, numeral segundo, respecto al análisis de la prueba testifical, concluye que los testigos manifestaron que no vieron en ningún momento asaltando al señor W. A. O. y que tampoco vieron que J. A. C. I., amenazara al señor W. A. O. y que se daban cuenta de los hechos por lo que les dijo el supuesto ofendido. Asimismo en el numeral tercero se establece que el día de la vista de la causa el señor W. A. O. no se presentó a este órgano Jurisdiccional a declarar sobre los hechos ocurridos a su persona el día diez de enero del presente año. Que el Ministerio Público no probó que haya sido J. A. el que asaltara al señor W. O. Finalmente en el numeral cuarto, menciona el Tribunal que el ente acusador no acreditó mediante documentos la propiedad de dichos objetos encontrados al imputado y su compañero (J. condenado), de igual manera señala que no se probó el grado de violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas; concluyendo la Juzgadora que las pruebas vertidas en juicio no son suficientes, pues los testigos en su declaración manifestaron que nunca vieron al menor y que lo que sabían era porque el ofendido se los dijo. Al concentrarse en el análisis de ambas declaraciones de los testigos de cargo nos damos cuenta que sus testimonios son contestes pues no se contradicen, como es el caso que dichos testigos declararon que el imputado portaba el dinero en la cantidad exacta que el ofendido les señaló en el momento de la captura, igualmente reconoció el celular K1, que pistola en mano le quitaron, otro dato importante es que en ambos testimonios se consigna que el ofendido llegó en un vehículo negro a interponer la denuncia y que en compañía de este fueron en busca de los imputados encontrándoles las prendas en su poder. El Tribunal sentenciador ha fundamentado la totalidad de su fallo absolviendo, por el delito de Robo a J. A., basándose en que en sus declaraciones los testigos manifestaron que nunca vieron al imputado asaltando al ofendido y que lo que depusieron fue porque éste se los había revelado; en este sentido es importante recordar que ya existe una condena por los delitos de Portación ilegal de Armas y Robo para el compañero de J. A., y la carga probatoria en que se sustentó la sentencia fue igualmente la que el Ministerio Público aportó en la misma causa; es decir que en el caso subjudice los imputados actuaron con un plan preconcebido y este respondía a un mismo resultado, cual es, robar al señor W. lo que en ese momento portara y esto lo hicieron mediando fuerza intimidación y violencia. Esta Fiscalía entiende que los testigos acompañaron al ofendido a la escena con el fin de encontrar a los imputados que hacía unos minutos lo habían asaltado con arma en mano, encontrándoles y procediendo a la detención para posteriormente conducirlos a la posta policial donde fueron registrados y portaban las partencias del perjudicado señor W. O., quién las reconoció en el acto y las mismas fueron debidamente embaladas mediante la cadena de custodia correspondiente y como bien indica el Tribunal el señor W. O. (ofendido) no compareció a la audiencia de debate aunque era el interesado y fuese citado en legal y debida forma; consideramos que sustancialmente los testigos han dicho todo lo relacionado con lo manifestado por el ofendido en el momento de la detención de los imputados es decir, sus dichos versan sobre los hechos pues ellos participaron en todo el proceso y además debemos tomar en cuenta que son la autoridad y no debemos dudar de sus dichos pues no observamos interés de causar daño al imputado, únicamente a cumplir con su deber, de decir la verdad y proteger a la ciudadanía. Por lo que opinamos que en total despego a lo dispuesto en el 362.3 del CPP, el Tribunal ha valorado las pruebas violentando las reglas de la sana crítica en el fundamento intelectivo y las normas del correcto entendimiento humano. Es -como hemos dicho anteriormente- obligatorio que la sentencia dentro de ese sistema de valoración se apegue tanto a las máximas de la experiencia como al postulado de Derivación contentivo del supuesto de Razón Suficiente y a su vez de la característica de, valga la redundancia, suficiencia que impone a la Judicatura el basar su valoración en inferencias que se desprendan una a una de las probanzas y que en su cúmulo conduzcan a una certera conclusión. Con este inconsistente argumento, el Tribunal sentenciador, a criterio del Ministerio Público ha infringido el postulado de la derivación, pues a pesar de la coherencia de las declaraciones de los testigos de cargo, el Tribunal no ha considerado su valoración siguiendo las reglas de la sana crítica, faltando así al postulado en referencia, y resultando en una sentencia Absolutoria diferente a las pretensiones del Agente Fiscal, pues éstas fueron contundentes para emitir un fallo condenatorio por la infracción penal de Robo, de lo que se desprende que el razonamiento intelectivo del Juzgador no se ha derivado de elementos auténticos o aptos para producir, de manera razonable, el convencimiento cierto respecto del hecho. El juzgador ha catalogado las declaraciones de los testigos como no creíbles, cuando en el fondo, el Tribunal debe admitir que éstos se refieren sustancialmente sobre la conductiva delictiva del menor J. A. C. H. y que éstos mismos testigos depusieron en la causa donde resultó condenado por los mismos hechos su compañero también menor de edad J. A. G. F., por Portación Ilegal de Armas y Robo en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado y W. A. O.. Como podréis observar, ilustrísimo Tribunal de Casación, si nos remitimos a la prueba descrita y la confrontamos con el razonamiento del Tribunal, encontramos que esa conclusión valorativa como motivación es inválida, pues no se ajusta a los principios de la derivación que exigen razón suficiente y fundada de cada conclusión, mismas que deben estar constituidas por inferencias razonables deducidas de la prueba. El Tribunal, no ha derivado su conclusión en los medios de prueba de cargo testifical y documental, ultrajando la regla de la derivación que integra el gran concepto de logicidad perteneciente a la sana crítica racional. Como se ha demostrado con la exposición del recurso, la sentencia objetada adolece de graves vicios de forma, que se traduce en la Absolución del imputado por el delito de Robo, siendo violatorios del sistema de la sana crítica racional que inspira el modelo procesal vigente, en consecuencia el vicio denunciado se afirma, traduciéndose en quebrantamiento de forma. Por haberse producido él vicio en el propio acto de sentenciar, no ha sido posible reclamar su subsanación”. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EN SU MOTIVO ÚNICO INTERPUESTO POR LA FISCALIA DEL MINISTERIO PÚBLICO. I.-El recurrente ha denunciado la inobservancia de las Reglas de la Sana Crítica por parte del Tribunal Sentenciador al momento de realizar el juicio de valor de las pruebas evacuadas en el Debate, consignando como Precepto Autorizante el Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Reprocha el deponente, que el Juzgador al momento de efectuar la valoración de las declaraciones de los policías O. M. G. y M. J. P. M.; así como las Pruebas documentales: Acta de Decomiso y Acta de Registro Personal, incurrió en infracción a las Máximas de la Experiencia así como a la Derivación como elemento de la Razón Suficiente; debido a que no extrajo de los testimonios policiales los elementos necesarios para la condena del menor a pesar que sus declaraciones fueron contestes, uniformes y acordes con la prueba documental. II. Al denunciar que en la valoración de la prueba no se observaron las Reglas de la Sana Crítica, se hace referencia a la característica de lógica. Es decir, que aún y cuando el sistema de la sana crítica racional no establece límites al juzgador para formar su convicción, puesto que puede disponer de cualquier medio de prueba que lo conduzca a reproducir el hecho objeto del juicio penal basado en el principio de libertad probatoria, al examinar la prueba si debe indicar las razones que lo conllevan a decidirse por la que le convence y señalar el valor que le asigna a las producidas en juicio. El Proceso Lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas, está sujeto al control a través del examen Casacional. En consecuencia, al realizar un estudio sobre la Aplicación del Sistema Probatorio establecido por el Código Procesal Penal Hondureño, se custodia la aplicación de las Reglas de la Sana Crítica en la Fundamentación, específicamente en la Valoración Probatoria. Significa, que siendo libre el A-quo en la apreciación de las pruebas que le generen su convicción, su juicio de valoración deber ser razonable, es decir, sujetarse a las Reglas que gobiernan el Correcto Pensamiento Humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuales falsos. III. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal, ha analizado la sentencia impugnada, los cuestionamientos del censor, así como las motivaciones del sentenciador evidenciándose que las declaraciones de los policías O. M. G. y M. J. P. M., quienes participaron en la captura de los menores, establecen que todo lo manifestado por ellos en relación al momento del asalto, no les constaba personalmente sino que el ofendido W. A. O. fue quien les contó lo sucedido. Siendo si bien, directamente relacionados, únicamente referenciales en cuanto a la dinámica de los hechos y lo único que verdaderamente les consta es el momento de la captura y el decomiso de las cosas encontradas a los encartados, sus testimonios no son válidos tampoco para certificar que las pertenencias encontradas a los acusados (Celular, Dinero) sean del señor W. O. M., ya que éste no se presentó al juicio para acreditar su propiedad y confirmar las versiones de los agentes policiales. Al respecto, las máximas de la experiencia nos indican, que celulares como los decomisados a los menores (K1 azul) hay muchos en circulación, tampoco se puede establecer que el aparato móvil decomisado tenga alguna seña particular que fácilmente permita identificar su dueño, por tanto, las apreciaciones del A-quo al respecto fueron coherentes y se desprenden de la prueba evacuada. Los razonamientos del Juzgador si bien, son breves, también son consistentes e idóneos para razonar que la prueba presentada por el ente acusador es “insuficiente” para enervar el estado de Inocencia garantizado constitucionalmente y en la normativa internacional de protección de los derechos humanos a favor del menor J. A. C. H., la Sala ya ha reiterado que, -la presunción de inocencia- es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho a la defensa y acompaña al ciudadano(a) acusado de un ilícito penal durante toda la tramitación del proceso penal hasta que exista una sentencia condenatoria firme. El acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde a quien acusa. IV.- En el caso examine, la Sala ha verificado que los raciocinios y consideraciones del Tribunal tuvieron como base las Reglas del Correcto entendimiento humano. En lo que respecta a las Actas de Decomiso y Acta de Registro Personal, las mismas no tienen la contundencia suficiente en tanto el ofendido no se presentara a confirmar que lo encontrado a los menores eran objetos de su propiedad; además, el reclamante en su explicación del recurso cae en la equivocación de establecer su propia apreciación de la prueba lo cual no es permitido en esta etapa casacional. La Sala ya ha reiterado que -la interpretación subjetiva distinta de las valoraciones del Juzgador- no es en si violatoria de las reglas de la sana crítica; pero si por el contrario, se trata de un razonamiento arbitrario sin parámetros objetivos de los juzgadores, sí puede ser violatorio de las reglas de la sana crítica. V. El recurrente cuestiona el dictado de una Sentencia Absolutoria a favor del joven C. H., con el argumento que, con igual prueba el mismo Tribunal emitió una Sentencia Condenatoria para el otro menor J. A. G. F. Al revisar el acta del Juicio Oral y Público se verificó, que al inicio del debate el Ministerio Público manifestó su voluntad y el de la Defensa, en que se dictara una Sentencia por Estricta Conformidad al menor J. A., por lo que, al verificar el Juzgador que no existía ningún fraude de Ley, procedió a dictar Sentencia de Estricta Conformidad contra el joven G. F. por los delitos de Portación Ilegal de Armas y Robo. Recordemos que en la Estricta Conformidad adoptada en la normativa procesal no existe evacuación de medios probatorios, el procesado lo que hace es aceptar los hechos, su calificación legal y aceptar la pena, pero nunca concurre desfile probatorio ni mucho menos valoración alguna, en ese sentido, si bien los imputados se encuentran procesados en un solo expediente, cada uno establece junto con su defensor su propia estrategia en el juicio, el hecho que el menor J. A. G. F. haya aceptado una Sentencia por Estricta Conformidad, no obligaba en lo absoluto al Tribunal A-quo a dictar una Sentencia Condenatoria contra el otro menor, porque sería una clara violación al Derecho Constitucional de Defensa, a las reglas inherentes al debido proceso, a la garantía del juicio previo contenida en el artículo 94 Constitucional, que asegura justamente que si el imputado no se somete a un procedimiento de estricta conformidad o a un procedimiento abreviado, siempre deberá ser oído y vencido en juicio para que se le pueda imponer la pena correspondiente en ese sentido, la posición del recurrente es totalmente errónea. La Sala de lo Penal, considera oportuno recordar, que el Ministerio Público es el representante de la sociedad y a través de sus fiscales ejerce la acción penal en juicio representando a las víctimas de los delitos, siendo su obligación en todos los casos en que presenta acusación asegurarse de contar con las suficientes pruebas de cargo para poder sustentar su tesis acusatoria fehacientemente y desvirtuar el estado de inocencia del acusado. Para poder asegurar una persecución penal eficiente en beneficio de los intereses de la sociedad y el combate a la criminalidad, corresponde también en la práctica al ente acusador definir una política institucional en que se priorice la persecución de determinados delitos según su gravedad e impacto social, en todas sus instancias hasta llegar a la casación, pues siempre en cualquier sociedad las actividades ilícitas superan la capacidad de respuesta de cualquier sistema punitivo y sus limitados recursos. V. Por todas las razones antes expuestas, es procedente declarar Sin Lugar el presente Recurso de Casación en su único motivo, interpuesto por la Fiscalía del Ministerio Público. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 362 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: ÚNICO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. Redactó: EL MAGISTRADO CÁLIX HERNÁNDEZ.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida a solicitud de la Abogada R. L. C. G., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de octubre del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha veintiséis de agosto del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-101-2010.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

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