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Sentencia CP-99-10 — Registro 2540

Resumen

En primer instancia se condenó por el delito de robo agravado.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...DE LA IMPROCEDENCIA DE LA ADMISION DEL RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA POR CONTRADICCION ENTRE LAS MOTIVACIONES FACTICA Y JURIDICA DE LA SENTENCIA EN SU MOTIVO UNICO INTERPUESTO POR LA DEFENSA.-El impetrante viene señalando ante el Tribunal de Casación que está invocando quebrantamiento de forma por contradicción entre las motivaciones fàcticas y jurídica de la sentencia, citando como precepto autorizante el artículo 362 del Código Procesal Penal en sus numerales 1 y 3, siendo precisamente en la invocación del precepto autorizante en donde comienza la confusión en el planteamiento del recurso en tanto no puede un solo motivo de casación en la forma estar autorizado por dos supuestos distintos, pues cada uno constituye un error de actividad procesal (error in procedendo) diferente, veamos: a) El primer supuesto (artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal) tiene una íntima relación con el artículo 338 regla cuarta numeral 1) del Código Procesal Penal, que establece: “ la declaración de hechos probados se hará expresa y terminante, y se describirán con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse”; la no observación de este artículo es justamente lo que puede dar lugar al motivo de casación que ampara el numeral 1 del citado artículo 362, sin embargo, es necesario hacer notar que el precepto autorizante contempla varios supuestos, cada uno constitutivo de un vicio diferente, por ello el Tribunal de sentencia tiene la obligación de dejar establecido cuales son los acontecimientos históricos del hecho juzgado a los cuales ha arribado a partir de las pruebas evacuadas durante el debate, la omisión de tales hechos es el primer vicio que contempla el precepto (Que falte la declaración de hechos) . El segundo caso (cuando los hechos no son claros o terminantes) supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho y el tercer supuesto implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre si, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro, es un vicio atacable solo dentro del factum de la resolución dirigido a la contradicción “in términis”, en consecuencia, debe el impetrante precisar que vicio del hecho probado ataca y realizar su fustigación en los hechos probados en si, demostrando como en su opinión se da cualquiera de los supuestos. b) En el caso subjudice, esta Sala de lo Penal aprecia una notable falta de claridad y precisión al momento de plantear el recurso, pues el censor pretende equiparar la contradicción de la declaración de los hechos probados del numeral 1 con las motivaciones fàcticas contradictorias del numeral 3 que son dos vicios totalmente diferentes; en el inciso a) hemos explicado cuando estamos frente a hechos probados contradictorios, el supuesto del numeral 3 referente a las motivaciones contradictorias se dará cuando exista una contradicción entre la valoración probatoria y los hechos probados, o entre los hechos probados y la fundamentaciòn jurídica, o bien si la contradicción surgiera internamente en la valoración probatoria o en la motivación jurídica, por ejemplo, no puede el juzgador en su apreciación probatoria decir que el autor fue Juan y en el hecho probado describir que fue pedro, o bien en el hecho probado describir que fue hurto y en la fundamentaciòn jurídica aludir al robo etc… c) El impetrante al intentar explicar su recurso hace alusión a prueba que no fue correctamente apreciada por el Tribunal para llegar a las conclusiones a las que arribó, sin embargo esto no constituye contradicciones fàcticas o jurídicas en tanto el juzgador de instancia ha dado las razones por las cuales determinados medios de prueba le merecen credibilidad y porque otros no; al apreciar los hechos probados en relación con las valoraciones probatorias no se observa esa contradicción fàctica entre las conclusiones probatorias y los hechos probados, pero si se denota una falta de claridad en los hechos probados internamente, pero que en todo caso eso daría lugar a un recurso de casación invocando otro vicio que no ha sido citado por el recurrente y que esta sala no puede entrar a conocer. Si se aprecia un intento del recurrente por denunciar conclusiones incorrectas derivadas de la apreciación de la prueba, pero ello es objeto del vicio denominado inobservancia de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba pero que no fue planteado, a pesar de haberlo mencionado en el libelo pero sin invocarlo como motivo principal, en todo caso no se especificó que reglas de la sana crítica se invocan como infringidas y que incidencia han tenido en el fallo impugnado, por esas razones no procede la admisión del motivo de casación

Legislación citada

Sentencia

SP 99-2010

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA las sentencias que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA PENAL.- Tegucigalpa, M. D. C., veinte de Junio de dos mil doce. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha doce de mayo de dos mil diez, por La Abogada L. M. S., hondureña, mayor de edad, abogada y de este domicilio, en su condición de Fiscal del Ministerio Público en relación a la acusación presentada ante el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, departamento de Yoro, en fecha diez de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, por J. A. A. E., hondureño, mayor de edad, en su condición de Jefe de La Jefatura Municipal de Yoro, departamento de Yoro, contra G.S. M., mayor de edad, hondureño, soltero, labrador, por suponerlo responsable de los delitos de POSESIÓN, TRÁFICO Y COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES, PSICOTROPICOS (MARIHUANA), en perjuicio DEL ESTADO DE HONDURAS Y LA SALUD DE LOS CIUDADANOS. El Recurso de Casación por infracción de ley, se interpuso contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal, de San Pedro Sula, Cortés, en fecha tres de marzo de dos mil diez, que confirmó la Sentencia Definitiva de fecha seis de septiembre de dos mil cinco, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, departamento de Yoro, quien la redactó de la siguiente forma: “FALLA: PRIMERO: Declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Abogada S. S. Z., fiscal del Ministerio Público, contra la Sentencia definitiva de fecha seis de septiembre de dos mil cinco, dictada en las diligencias de referencia por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro y que se conoce en apelación. SEGUNDO: Confirmar la sentencia definitiva absolutoria dictada a favor de G. S. M. por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras; y condenatoria contra G. S. M. por el delito de FACILITACION INTENCIONAL DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras; a sufrir en la Penitenciaria Nacional “Doctor Marco Aurelio Soto”, localizada en Támara, Departamento de Francisco Morazán, la pena de nueve años de reclusión, previo abono del tiempo que haya permanecido en efectiva prisión, más la cancelación de 50,000.00 Lempiras de multa que deberá enterar en la Tesorería General de la República. Mas las accesorias de inhabilitación Absoluta e interdicción Civil, por el tiempo de la pena principal, asimismo a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal, por el tiempo de la condena, de conformidad con las Leyes que regulan el Sistema Penitenciario y la Ley de Rehabilitación del Delincuente. “CONSIDERANDO: Que en sentencia de fecha tres de marzo de dos mil diez, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortés, aceptó los hechos estimados y declarados probados por el A-quo, quién los redactó de la manera siguiente: UNICO: Que el día lunes nueve de noviembre del año de mil novecientos noventa y ocho, a las once y cuarenta y cinco (11:45 hrs) de la mañana en el Caserío de Chancaya, municipio de Yoro, Departamento de Yoro, una patrulla de la jefatura municipal de Yoro, bajo el mando del sargento de la policía Reynaldo Juárez, haciéndose acompañar de tres policías mientras realizaban operativo dieron captura al individuo G. S.M., por transportar en el bus veinte libras de marihuana, lo que constituye un delito en contra de la salud del Estado de Honduras, quien se dio a la fuga sobre la montaña y fue allí donde se le dio captura. CONSIDERANDO: Que en fecha doce de mayo de dos mil diez, compareció ante este Tribunal de Justicia, la Abogada L. M. S., de generales anteriormente expresadas, formalizando el Recurso de Casación por Infracción de Ley que en su oportunidad interpuso, haciéndolo de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO: Por aplicación indebida del artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Sicotrópicas. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el numeral 1 del Artículo 412 del Código de Procedimientos Penales. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El precepto penal de orden sustantivo que se cita como infringido textualmente dice: “Artículo 22: “Se le impondrá la pena de seis a nueve años de reclusión y multa de cincuenta mil a cien mil lempiras, a quien intencionalmente facilitare el local a los medios de transporte, aún a título gratuito, para el tráfico o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicas u otras drogas peligrosas.” Luego de citar íntegramente el hecho declarado probado la recurrente expresa que igualmente en el Décimo Quinto Considerando se la sentencia de primera instancia confirmada por el Ad quem, se estableció: “… A criterio de la suscrita el animo o propósito que subyace en lo más intimo del sujeto, en caso de no poder establecer mediante medios directos en testimonios o declaraciones, debe inferirse de datos objetivos directos o periféricos todo ello que en conjunto llevan a la suscrita juzgadora a la conclusión de que en efecto se facilitó el medio de transporte para el tráfico ilícito de drogas.” Se entiende de lo anterior que la existencia del delito de Facilitación de Medios de Transporte para el Tráfico de Drogas amerita de la concurrencia de algunas circunstancias, veámoslas: 1. Que una persona, de manera intencional, facilite un medio de transporte; y, 2. Que esa facilitación con el objeto de traficar droga. Como se puede apreciar del desglose anterior, la esencia del tipo penal en referencia se materializa en la facilitación, es decir, que alguien proporcione los medios necesarios para lograr la ejecución de algo o el alcanzar un fin, esto pone en escena a una segunda persona, a la que se “facilita” esa ejecución o ese objetivo. En otras palabras, para que una persona pueda ser el agente facilitador es necesario que exista una persona a quien se le facilita, lo que es entendible en la práctica de la narcoactividad, véase que en tanto que el agente no es a otro a quien le facilite tal actividad, sino a él mismo, entonces lo que esta realizando son acciones de tráfico de drogas. En el presente caso, al examen del fáctum, podemos apreciar que no se hace referencia a ningún destinatario de la droga encontrada en poder del procesado, solamente refiere que era transportada por éste en un bus; esa ausencia de un destinatario, vacío no omitido por la Jurisdicción sino delimitada por la información que brinda la prueba, hace imposible concluir que el accionar del imputado sea solamente un mero facilitador, ya que no se presenta en los hechos declarados probados elemento alguno que permita arribar a esa conclusión. Para los efectos del artículo 363 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público expresa que la interpretación pretendida del precepto penal denunciado, está orientada a que se establezca que el mismo no le es aplicable al procesado, G. S. M., en tanto que su accionar no se circunscribe a un simple facilitador. Así las cosas se afirma que el sentenciador al haber condenado por Facilitación de Medios de Transporte para el Tráfico de Drogas y no por Tráfico de drogas, ha producido en consecuencia la infracción por aplicación indebida del precepto penal contenido en el artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas. En relación a ello, diremos que del fallo anteriormente citado se demuestra la infracción por aplicación indebida del artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, ya que de los hechos declarados como probados no se desprende la subsunción de la conducta en el ilícito penal de Facilitación de Tráfico de Drogas. SEGUNDO MOTIVO: Infracción, por violación o falta de aplicación del artículo 18 en relación con el 26 párrafo último de la Ley Sobre Uso Indebido de Tráfico de Drogas y Sustancias Psicotrópicas. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el numeral 1 del Artículo 412 del Código de Procedimientos Penales. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El precepto penal de orden sustantivo que se cita como infringido textualmente dice: “Artículo 18: El que trafique con drogas, estupefacientes o sustancias controladas, será penado con reclusión de quince a veinte años y multa de un millón a cinco millones de Lempiras.” y el “Artículo 26 párrafo último dispone: En los casos en los que la posesión o tenencia exceda de la cantidad mínima considerada para consumo personal inmediato, se entenderá como violación al Artículo 18 de esta Ley”. De los hechos declarados como probados, y ya transcritos en el motivo anterior se constata que la conducta asumida por el imputado J. J.L. C., se enmarca en el delito de Tráfico de Drogas, inferencia que deviene de las consideraciones de hecho y jurídicas siguientes: Para definir de manera clara y precisa que debe de entenderse como tráfico, el artículo 5 numeral 34 de La Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico de Drogas y Sustancias Psicotrópicas define este término como “todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del país y/o realizar transacciones a cualquier título de sustancias controladas[1], financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente Ley o de otras normas jurídicas”. De la norma legal precitada, se determina que la misma al ser relacionada con el artículo 26 de la misma ley, es el marco legal procedente para subsumir la conducta del encausado descrita en el fáctum, esto es que el mismo se encontraba en posesión de una cantidad de marihuana que excede la dosis que se considera para el consumo personal inmediato, por lo que para configurar el ilícito de tráfico de drogas basta con poseer dolosamente una cantidad de droga que sobrepase lo establecido por Medicina Forense tal y como ha ocurrido en el caso sub-judice. Tomando en cuenta lo anterior se evidencia que las acciones ejecutadas por el encausado deben de ser tipificadas como tráfico ilícito de drogas, ya que de los hechos probados se demuestra que dicha infracción penal fue consumada por el procesado, pues éste tuvo en posesión veinte libras (lbr. 20) de marihuana, cantidad que excede la dosis del consumo personal inmediato. Es por ello, que al realizar la subsunción típica del fáctum que el A quo y el A quem consideraron con verdad incuestionable, violenta por falta de aplicación el artículo 18, citado en relación con el artículo 26 de La Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, al no subsumir la conducta del enjuiciado en el delito de Tráfico ilícito de Drogas, debiendo imponerse, entre otros, una pena entre los quince a veinte años de reclusión más una multa entre un millón a cinco millones de lempiras”. CONSIDERANDO: Que este Tribunal de Justicia dictó providencia en fecha trece de mayo de dos mil diez, mediante la cual tuvo por formalizado en tiempo el recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos por parte de la Abogada L. M. S., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en consecuencia, omitió el traslado de los autos al Fiscal del Despacho, por ser la parte recurrente. CONSIDERANDO: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la admisión del recurso de mérito. CONSIDERANDO: Que la formalización del recurso de casación por Infracción de Ley, reúne todos los requisitos legales, por lo que es procedente su admisión, debiendo oportunamente dictar sentencia sobre la procedencia o improcedencia de los dos motivos planteados. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre de LA REPÚBLICA DE HONDURAS, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 410, 411, 412 preámbulo y numeral 1, 418, 420 del Código de Procedimientos Penales; 919, 920, 921, 923 del Código de Procedimientos Comunes de 1906; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; FALLA: Declarar HA LUGAR la Admisión del recurso Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos, interpuesto por la Abogada L. M. S., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la causa que se sigue en contra el señor G.S.M., por suponerlo responsable del delito de POSESIÓN, TRÁFICO Y COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES, PSICOTROPICOS (MARIHUANA), en perjuicio DEL LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS; Y MANDA: Que oportunamente se dicte la sentencia sobre la procedencia o improcedencia de sus dos motivos de casación. Redacto el Magistrado RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- NOTIFIQUESE.”. FIRMAS Y SELLO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- COORDINADOR.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.- “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA PENAL.- Tegucigalpa, M. D. C., treinta de Julio de dos mil doce. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha doce de mayo de dos mil diez, por La Abogada L. M.S., hondureña, mayor de edad, abogada y de este domicilio, en su condición de Fiscal del Ministerio Público en relación a la acusación presentada ante el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, departamento de Yoro, en fecha diez de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, por J. A. A.E., hondureño, mayor de edad, en su condición de Jefe de La Jefatura Municipal de Yoro, departamento de Yoro, contra G.S.M., mayor de edad, hondureño, soltero, labrador, por suponerlo responsable de los delitos de POSESIÓN, TRÁFICO Y COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES, PSICOTROPICOS (MARIHUANA), en perjuicio DEL ESTADO DE HONDURAS Y LA SALUD DE LOS CIUDADANOS. El Recurso de Casación por infracción de ley, se interpuso contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal, de San Pedro Sula, Cortés, en fecha tres de marzo de dos mil diez, que confirmó la Sentencia Definitiva de fecha seis de septiembre de dos mil cinco, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, departamento de Yoro, quien la redactó de la siguiente forma: “FALLA: PRIMERO: Declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Abogada S. S. Z., fiscal del Ministerio Público, contra la Sentencia definitiva de fecha seis de septiembre de dos mil cinco, dictada en las diligencias de referencia por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro y que se conoce en apelación. SEGUNDO: Confirmar la sentencia definitiva absolutoria dictada a favor de G.S. M. por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras; y condenatoria contra G.S. M. por el delito de FACILITACION INTENCIONAL DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras; a sufrir en la Penitenciarìa Nacional “Doctor Marco Aurelio Soto”, localizada en Tàmara, Departamento de Francisco Morazán, la pena de nueve años de reclusión, previo abono del tiempo que haya permanecido en efectiva prisión, más la cancelación de 50,000.00 Lempiras de multa que deberá enterar en la Tesorería General de la República. Mas las accesorias de inhabilitación Absoluta e interdicción Civil, por el tiempo de la pena principal, asimismo a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal, por el tiempo de la condena, de conformidad con las Leyes que regulan el Sistema Penitenciario y la Ley de Rehabilitación del Delincuente. “CONSIDERANDO: Que en sentencia de fecha tres de marzo de dos mil diez, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortés, aceptó los hechos estimados y declarados probados por el A-quo, quién los redactó de la manera siguiente: UNICO: Que el día lunes nueve de noviembre del año de mil novecientos noventa y ocho, a las once y cuarenta y cinco (11:45 hrs) de la mañana en el Caserío de Chancaya, municipio de Yoro, Departamento de Yoro, una patrulla de la jefatura municipal de Yoro, bajo el mando del sargento de la policía Reynaldo Juárez, haciéndose acompañar de tres policías mientras realizaban operativo dieron captura al individuo G.S.M., por transportar en el bus veinte libras de marihuana, lo que constituye un delito en contra de la salud del Estado de Honduras, quien se dio a la fuga sobre la montaña y fue allí donde se le dio captura. CONSIDERANDO: Que en fecha doce de mayo de dos mil diez, compareció ante este Tribunal de Justicia, la Abogada L. M. S., de generales anteriormente expresadas, formalizando el Recurso de Casación por Infracción de Ley que en su oportunidad interpuso, haciéndolo de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO: Por aplicación indebida del artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Sicotrópicas. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el numeral 1 del Artículo 412 del Código de Procedimientos Penales. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El precepto penal de orden sustantivo que se cita como infringido textualmente dice: “Artículo 22: “Se le impondrá la pena de seis a nueve años de reclusión y multa de cincuenta mil a cien mil lempiras, a quien intencionalmente facilitare el local a los medios de transporte, aún a título gratuito, para el tráfico o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicas u otras drogas peligrosas.” Luego de citar íntegramente el hecho declarado probado la recurrente expresa que igualmente en el Décimo Quinto Considerando se la sentencia de primera instancia confirmada por el Ad quem, se estableció: “… A criterio de la suscrita el animo o propósito que subyace en lo más intimo del sujeto, en caso de no poder establecer mediante medios directos en testimonios o declaraciones, debe inferirse de datos objetivos directos o periféricos todo ello que en conjunto llevan a la suscrita juzgadora a la conclusión de que en efecto se facilitó el medio de transporte para el tráfico ilícito de drogas.” Se entiende de lo anterior que la existencia del delito de Facilitación de Medios de Transporte para el Tráfico de Drogas amerita de la concurrencia de algunas circunstancias, veámoslas: 1. Que una persona, de manera intencional, facilite un medio de transporte; y, 2. Que esa facilitación con el objeto de traficar droga. Como se puede apreciar del desglose anterior, la esencia del tipo penal en referencia se materializa en la facilitación, es decir, que alguien proporcione los medios necesarios para lograr la ejecución de algo o el alcanzar un fin, esto pone en escena a una segunda persona, a la que se “facilita” esa ejecución o ese objetivo. En otras palabras, para que una persona pueda ser el agente facilitador es necesario que exista una persona a quien se le facilita, lo que es entendible en la práctica de la narcoactividad, véase que en tanto que el agente no es a otro a quien le facilite tal actividad, sino a él mismo, entonces lo que esta realizando son acciones de tráfico de drogas. En el presente caso, al examen del fáctum, podemos apreciar que no se hace referencia a ningún destinatario de la droga encontrada en poder del procesado, solamente refiere que era transportada por éste en un bus; esa ausencia de un destinatario, vacío no omitido por la Jurisdicción sino delimitada por la información que brinda la prueba, hace imposible concluir que el accionar del imputado sea solamente un mero facilitador, ya que no se presenta en los hechos declarados probados elemento alguno que permita arribar a esa conclusión. Para los efectos del artículo 363 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público expresa que la interpretación pretendida del precepto penal denunciado, está orientada a que se establezca que el mismo no le es aplicable al procesado, G. S. M., en tanto que su accionar no se circunscribe a un simple facilitador. Así las cosas se afirma que el sentenciador al haber condenado por Facilitación de Medios de Transporte para el Tráfico de Drogas y no por Tráfico de drogas, ha producido en consecuencia la infracción por aplicación indebida del precepto penal contenido en el artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas. En relación a ello, diremos que del fallo anteriormente citado se demuestra la infracción por aplicación indebida del artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, ya que de los hechos declarados como probados no se desprende la subsunción de la conducta en el ilícito penal de Facilitación de Tráfico de Drogas. SEGUNDO MOTIVO: Infracción, por violación o falta de aplicación del artículo 18 en relación con el 26 párrafo último de la Ley Sobre Uso Indebido de Tráfico de Drogas y Sustancias Psicotrópicas. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el numeral 1 del Artículo 412 del Código de Procedimientos Penales. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El precepto penal de orden sustantivo que se cita como infringido textualmente dice: “Artículo 18: El que trafique con drogas, estupefacientes o sustancias controladas, será penado con reclusión de quince a veinte años y multa de un millón a cinco millones de Lempiras.” y el “Artículo 26 párrafo último dispone: En los casos en los que la posesión o tenencia exceda de la cantidad mínima considerada para consumo personal inmediato,se entenderá como violación al Artículo 18 de esta Ley”. De los hechos declarados como probados, y ya transcritos en el motivo anterior se constata que la conducta asumida por el imputado J. J. L. C., se enmarca en el delito de Tráfico de Drogas, inferencia que deviene de las consideraciones de hecho y jurídicas siguientes: Para definir de manera clara y precisa que debe de entenderse como tráfico, el artículo 5 numeral 34 de La Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico de Drogas y Sustancias Psicotrópicas define este término como “todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del país y/o realizar transacciones a cualquier título de sustancias controladas[2], financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente Ley o de otras normas jurídicas”. De la norma legal precitada, se determina que la misma al ser relacionada con el artículo 26 de la misma ley, es el marco legal procedente para subsumir la conducta del encausado descrita en el fáctum, esto es que el mismo se encontraba en posesión de una cantidad de marihuana que excede la dosis que se considera para el consumo personal inmediato, por lo que para configurar el ilícito de tráfico de drogas basta con poseer dolosamente una cantidad de droga que sobrepase lo establecido por Medicina Forense tal y como ha ocurrido en el caso sub-judice. Tomando en cuenta lo anterior se evidencia que las acciones ejecutadas por el encausado deben de ser tipificadas como tráfico ilícito de drogas, ya que de los hechos probados se demuestra que dicha infracción penal fue consumada por el procesado, pues éste tuvo en posesión veinte libras (lbr. 20) de marihuana, cantidad que excede la dosis del consumo personal inmediato. Es por ello, que al realizar la subsunción típica del fáctum que el A-quo y el A-quem consideraron con verdad incuestionable, violenta por falta de aplicación el artículo 18, citado en relación con el artículo 26 de La Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, al no subsumir la conducta del enjuiciado en el delito de Tráfico ilícito de Drogas, debiendo imponerse, entre otros, una pena entre los quince a veinte años de reclusión más una multa entre un millón a cinco millones de lempiras”. CONSIDERANDO: Que este Tribunal de Justicia dictó providencia en fecha trece de mayo de dos mil diez, mediante la cual tuvo por formalizado en tiempo el recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos por parte de la Abogada L. M. S., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en consecuencia, omitió el traslado de los autos al Fiscal del Despacho, por ser la parte recurrente. CONSIDERANDO: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la admisión del recurso de mérito. CONSIDERANDO: Que reunidos los requisitos de ley se pronunció sentencia admitiendo el recurso de casación en sus único motivo, debiendo procederse a pronunciarse sobre la procedencia o no del recurso de casación. CONSIDERANDO. DEL RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY EN SU MOTIVO PRIMERO INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PUBLICO El recurrente viene alegando que la Corte de Apelaciones infringió por aplicación indebida el artículo 22 de la Ley Sobre Uso indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, señalando como precepto autorizante el artículo 412 numero 1 del Código de Procedimientos Penales. El impetrante argumenta principalmente que la esencia del tipo penal en referencia se materializa en la facilitación, para que una persona pueda ser agente facilitador es necesario que exista una persona a quien se le facilita, no apreciándose en el fáctum referencia a ningún destinatario de la droga por lo que es imposible concluir que el accionar del imputado sea solamente como mero facilitador, pues de los hechos probados no se puede arribar a esa conclusión. Esta Sala de lo Penal ha realizado un análisis del cuadro fáctico de la sentencia recurrida, inalterable en casación, confrontándolo con las normas penales sustantivas aplicadas por el Tribunal ad-quem, a efecto de determinar si los preceptos penales invocados han sido indebidamente aplicados, tal y como lo afirma el censor, o si por el contrario, su aplicación es correcta. Estudiados los hechos probados se recuerda el principio de intangibilidad de los hechos probados que implica una aceptación de los mismos como una verdad incuestionable, por ello el recurrente debe aceptarlos y a partir de ahí demostrar el vicio de juicio, en tanto que la aplicación indebida supone la existencia de un error en la selección del precepto, se trata definitivamente, de aquellos casos en los cuales la norma penal no contempla el o los hechos declarados probados en la sentencia. Dicho esto se impone examinar la norma aplicada por el Tribunal de Apelaciones y parangonarla con el hecho que fue declarado probado a efecto de corroborar si se corresponden o por el contrario no guardan relación alguna, en cuyo supuesto se estaría frente a una aplicación indebida. En ese orden de ideas, este Tribunal de casación encuentra que la norma aplicada por la Corte de Apelaciones, armoniza perfectamente con los hechos probados que dejó fijados el Tribunal Ad-quem en su sentencia, el cuadro fáctico relata justamente la comisión del delito de facilitación de medio de transporte para tráfico ilícito de drogas y si bien el censor centra su alegato recursivo sosteniendo que no se colige del fáctum para quien se facilitaba el medio de transporte, igualmente cierto es que tal y como fue descrito no puede mas que quedar establecido que efectivamente el autor se encontraba transportando la droga, facilitando con ello dicho medio de transporte aunque no se haya expresado a quien se beneficiaba con ello, consecuentemente, no procede el motivo de casación invocado. CONSIDERANDO. DEL RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY EN SU MOTIVO SEGUNDO INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PUBLICO El impetrante invoca que la Corte de Apelaciones infringió por falta de aplicación 18 en relación con el 26 párrafo último de la Ley Sobre Uso indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, señalando como precepto autorizante el artículo 412 numero 1 del Código de Procedimientos Penales. El impetrante argumenta principalmente que la definición de trafico ilícito es la contenida en el artículo 5 numeral 34 de la Ley Sobre Uso indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas y que el artículo 26 de dicha la Ley es el marco legal procedente para subsumir la conducta del encausado descrita en el fáctum, por encontrarse en posesión de una cantidad de marihuana que excedía la dosis para consumo personal inmediato, por lo que para configurar el ilícito de trafico de drogas basta con poseer dolosamente una cantidad de droga que sobrepase lo establecido por Medicina Forense, violentándose el artículo 18 de dicha ley por falta de aplicación. Esta Sala de lo Penal ha analizado el cuadro fáctico de la sentencia en relación con el precepto penal que pretende el censor sea aplicado y resuelve en base a las consideraciones siguientes: El relato fáctico no ofrece elementos configurativos del injusto penal previsto en el artículo 18 de la Ley Sobre Uso indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, en tanto que la descripción ofrecida en el hecho probado claramente sugiere una actividad facilitadora para el transporte de droga y en ningún momento indica un tráfico de la misma, no describe la misma alguna actividad relacionada con el tráfico, ya sea entrega, recibo, transmisión de productos y en general cualquier intercambio de bienes que indique que el imputado realizaba una actividad de tráfico de drogas, sino que realizaba un transporte de la misma, en tanto que no se describen otros elementos que sugieren la participación de terceros ya sea para comprar la droga, distribuirla o canjearla, por lo tanto, no procede el motivo de casación invocado. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre de LA REPÚBLICA DE HONDURAS, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 410, 411, 412 preámbulo y numeral 1, 418, 420 del Código de Procedimientos Penales; 915, 927, 928 del Código de Procedimientos Comunes de 1906; 18, 22, 26 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; FALLA: Declarar NO HA LUGAR el recurso Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos, interpuestos por la Abogada L. M. S., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la causa que se sigue en contra del señor G. S. M., por suponerlo responsable del delito de FACILITACION INTENCIONAL DE LOS MEDIOS TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, en consecuencia, confirma la Sentencia de fecha tres de marzo del año dos mil diez, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortes; Y MANDA: Que con certificación de las dos sentencias se remitan las diligencias al Tribunal de origen para los efectos legales correspondientes.- Redacto, el Magistrado RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- COORDINADOR.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de octubre del año dos mil doce.- Certificación de las sentencias de fechas veinte de junio y treinta de julio del año dos mil doce, recaídas en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-99-2010.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1]

[2] Lo en negrita y subrayado es nuestro.