Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-61-09 — Registro 3410

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de injurias constitutivas de difamación. declarando en segunda instancia Con Lugar Parcialmente en uno de sus motivos por infracción de Ley y confirmando los demás pronunciamientos.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO POR LA ABOGADA C. Y. O. R., COMO ACUSADORA PRIVADA E INTERPUESTO POR O. A. B. O., EN SU CONDICIÓN DE DEFENSOR PRIVADO. I. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al Recurso de Casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…”. Así pues, son dos los elementos del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: a) Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato de un acontecimiento histórico declarado por el Tribunal de Sentencia, respecto al asunto debatido, mismos que se desprenden de la valoración hecha a los medios de prueba reproducidos en juicio y de los cuales los Juzgadores han podido apreciar de manera directa, colocándolos en una posición exclusiva de valoración. Por ello, el artículo 369 del Código de Procesal Panal, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados. b) Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. II. La Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley, debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). La Abogada C. Y. O. R., denuncia la inobservancia de la norma sustantiva contenida en el artículo 155 en relación con los artículos 156 y 35 del Código Penal: Considera que, cada uno de los tres hechos probados constituyen delito de Calumnias Difamatorias, por lo que la acusada E. Z. V. debió haber sido condenada por tres delitos de Calumnias Difamatorias, sin perjuicio de la condena que por el delito de Injurias Difamatorias ya impuesta. Por su parte, el Abogado O. A. B. O. señala que la sentencia impugnada contiene el vicio in iudicando, por errónea aplicación de una norma sustantiva contenida en el artículo 157 en relación con los artículos 160 y 13 del Código Penal, a un hecho no contemplado en ellas como hipótesis: Explica el recurrente, que las expresiones proferidas por la acusada E. Z. V., en cuanto a la adquisición de bienes por parte del Ex Regidor Municipal L. A. R. N., no son falsas, además de que la acusada no actuó con el ánimo de injuriar –falta de dolo- sino que con el ánimo de ejercer una función fiscalizadora social sobre la conducta y comportamiento de un ex funcionario público. III. Para dar respuesta a ambas partes, es necesario delimitar el bien jurídico protegido en este caso: El honor, es un bien jurídico que forma parte de la dignidad humana –deber de respeto de las demás personas- y se encuentra protegido al amparo de los artículos 59 y 76 de la Constitución de la República, 11 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El honor, desde el punto de vista jurídico se define como juicio de valor de un grupo social hacia uno de sus integrantes; el juicio de valor se produce como consecuencia del nivel de calificación atribuida a una persona tras la evaluación de cualidades, especialmente al cumplimiento del deber ser social. El resultado del juicio de valor determinara las expectativas que el grupo social espera del proceder del individuo en el cumplimiento del rol social que le ha sido confiado. El Rol social puede ser desempeñado en varias esferas de manera simultánea o sucesiva: familiar, profesional, religiosa, deportiva, etc. El honor, como bien jurídico está conformado por elementos objetivos y subjetivos: El elemento objetivo lo integra la fama, que constituye la opinión que el grupo social tiene de una persona derivada de una línea de conducta que ha desarrollado el sujeto a lo largo de su vida; El elemento subjetivo lo constituye la valoración personal que tiene el individuo de sí como sujeto a desempeñar un rol determinado en el grupo social (Ver al respecto Expediente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, 009-2008 de fecha 16 de noviembre del 2009). Los tipos penales que protegen el bien jurídico Honor, se configuran ante una conducta humana que logre lesionar la esfera objetiva y subjetiva del bien jurídico y que por tanto produzca injustificadamente una disminución de la valoración del grupo social respecto de la víctima y con ello conciencia del desmerecimiento de su rol social, así como la afectación psíquica de la víctima, al verse menospreciada sin causa justificada. Para la resolución de los procesos penales en donde se impute un delito en contra el honor, será indispensable contextualizar el nivel de participación social tanto del sujeto activo como del sujeto pasivo. Así pues el sujeto activo debe de ocupar un lugar social que logre tener la atención a sus pares respecto al mensaje que transmite; El número de personas determinara la magnitud del daño causado al bien jurídico. El Sujeto Pasivo debe de desempeñar un rol social determinado de modo que el mensaje transmitido por el sujeto activo le desmerezca en una o varias de las esferas donde desarrolle su rol social. El delito de Injurias, se encuentra tipificado en el artículo 157 del Código Penal, el cual literalmente establece: “Será penado por injuria, con reclusión de uno (1) a dos (2) años, quien profiera expresión o ejecute acción en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona”. Constituye elementos objetivos del tipo penal: a) Que el sujeto activo profiera expresiones, es decir transmita a una o más personas un mensaje de manera oral, escrito o simbólico, a través de alegorías, caricaturas, emblemas, alusiones o cualquier tipo de expresión humana incluyendo el lenguaje corporal; b) Que la expresión o mensaje encierre un juicio de valor negativo, que incite al rechazo social, dirigido a una o varias personas individualizadas o de fácil individualización a partir de inferencias deducidas del mismo mensaje y del contexto en donde se profiere; c) Que la expresión o mensaje transmitido provoque una revalorización negativa del público respecto al rol social encomendado a una o varias personas, en cualquiera de las esferas en donde se desenvuelva; y d) En los casos de que el sujeto pasivo sea o haya sido empleado o funcionario público y la expresión de descrédito esté relacionada con el ejercicio del cargo, se requerirá además que la misma sea falsa, por ello, el sujeto activo podrá presentar prueba para comprobar la veracidad de la expresión de descredito (Art. 158 del Código Penal): Exceptio Veritatis). Son elementos subjetivos del tipo penal: a) Que el sujeto activo conozca que está transmitiendo un mensaje de desvalor o descrédito de una o varias personas, incitando al rechazo social; y b) Que el sujeto activo tenga la voluntad de transmitir dicho mensaje. Ambos aspectos del elemento subjetivo se conoce como animus iniuriandi. Por su parte, el delito de Calumnias se encuentra tipificado en el artículo 155 del Código Penal, el cual dice: “la calumnia o falsa imputación de un delito de los que dan lugar a procedimientos de oficio, será penada con reclusión de dos (2) a tres (3) años”. Los elementos objetivos y subjetivos del tipo no difieren mucho de los contemplados para el tipo penal de injurias como podemos comparar: elementos objetivos del tipo penal: a) Que el sujeto activo profiera expresiones, es decir transmita a una o más personas un mensaje de manera oral, escrito o simbólico, a través de alegorías, caricaturas, emblemas, alusiones o cualquier tipo de expresión humana incluyendo el lenguaje corporal; b) Que en el contenido de la expresión o mensaje se afirme o se dé a entender que una o varias personas individualizadas o un grupo determinado de personas son autores o cómplices de un delito (conducta humana típica y antijurídica), consumado o tentado; c) La imputación debe contener los elementos suficientes para que resulte identificable un delito concreto, sin que sea necesario precisión técnica jurídica; d) Que el delito que se impute sea de aquellos que dan lugar a procedimiento de oficio, es decir que la acusación no dependa de la voluntad de un particular, sino que dependa del accionar del Estado, (Son delitos que dan lugar a procedimientos de oficios los distintos a los enumerados en los artículos 26 y 27 del Código Procesal Penal); e) Que el hecho tipificado como delito tenga apariencia de real, verosímil o posible, provocando una revalorización negativa del público respecto al rol social encomendado a la persona o personas a las cuales se les adjudique ese delito; y f) Que el hecho tipificado como delito que se adjudica no haya acontecido en la realidad; si el delito que se adjudica ha acontecido en la realidad y el acusado por Calumnias prueba la veracidad de su imputación, quedará exento de pena (Art. 156 del Código Penal): Exceptio Veritatis). Son elementos subjetivos del tipo penal: a) Que el sujeto activo conozca que esta atribuyendo la participación de un delito inexistente a una o varias personas individualizadas con temerario desprecio a la verdad, incitando al rechazo social; y b) Que el sujeto activo tenga la voluntad de transmitir dicho mensaje con la asunción de las consecuencias dañosas para el honor que resulten de la imputación (animus iniuriandi). (En relación ver Expediente No.026-2009, que contiene fallo de fecha 24 de agosto del 2010). Cuando el mensaje injurioso o calumnioso sea difundido por un medio que logre ser receptado por muchas personas no individualizadas al mismo tiempo y/o por un espacio prolongado de tiempo, la misma se constituirá en el delito Difamación según dispone el artículo 160 del Código Penal. El medio de difusión puede consistir en medios escritos como: periódicos, revistas, libros, carteles expuestos al público o incluso volantes distribuidos en masa; en medios radioeléctricos y electrónicos como: radio, televisión, internet o mensajes de texto, imágenes o videos transmitidos a la al publico a través de teléfonos celulares; o a través del habla cuando se transmite el mensaje oral en un lugar donde se encuentren muchas personas como: conciertos, una obra de teatro, recitales, etc. IV. En el caso examiné, Procede hacer un examen a los hechos declarados probados por el Tribunal de Sentencia, en contraposición al marco teórico definido, estableciendo que cada uno de ellos narran una situación diferente, sin que uno y otro estén relacionados conforme su redacción, obligando a su estudio por separado: 1) El hecho primero declarado probado, sitúa el ámbito temporal en fecha 30 de abril del año 2007, indicando que las expresiones se dieron en la emisión diaria de una revista radial denominada “Hechos y Noticias”, dirigido y conducido por la acusada E. Z. V. Este hecho inicia brindando un contexto del tema desarrollado ese día en el programa, fijándolo en “Funcionarios Públicos Ladrones”, ejemplificando a diputados o alcaldes que compraron bienes con dinero del Estado; teniendo ello como premisa la acusada E. Z. V., menciona al ofendido L. A. N., haciendo una relación entre los bienes que poseía antes de desempeñarse como Regidor Municipal y los bienes que obtuvo después, calificando eso como sorprendente, en especial porque el ofendido es un Médico General. No es difícil concluir que, conforme al hecho probado, la acusada hizo alusión que el ofendido L. A. N., formaba parte de ese grupo de funcionarios públicos ladrones, el cual era el tema global de la emisión de ese día; la acusada E. Z. V., profirió expresiones de descrédito en perjuicio del ofendido L. A. N., cuestionando su honradez en el ejercicio del cargo público que había desempeñado. Ahora bien, este hecho probado fue calificado por el Tribunal de sentencia como constitutivo de Injurias Difamatorias (F. 169 v. de la Sentencia), denunciando el Abogado Defensor O. A. B. O., que ello representa una errónea aplicación del precepto penal (Art. 157 del Código Penal). Entretanto, la Abogada Acusadora C. Y. O. R., expone que este hecho además de constituir delito de Injurias Difamatorias, también se enmarca en el tipo penal de Calumnias Difamatorias (Art. 155 del Código Penal). Es criterio de este Tribunal de Casación, que el hecho descrito no constituye a la vez dos delitos distintos, en perjuicio del mismo bien jurídico: honor, sino que el mismo debe de ser calificado como un sólo delito por existir unidad de acción, unidad del sujeto activo y unidad de bien jurídico protegido, que son los requisitos del concurso aparente de leyes (al respecto, ver Expediente No.90-2009, con fallo de fecha 22 de septiembre del 2011), mismo que debe de ser resuelto conforme a los principios interpretativos señalados en el artículo 2-A del Código Penal: a) Principio de Especialidad (Art. 2-A.1 del Código Penal): Según el cual debe de aplicar con preferencia el tipo penal que reproduce los elementos típicos de otro más general y caracteriza de manera más precisa al hecho, al autor y/o a la víctima, añadiendo elementos adicionales; b) Principio de Subsidiariedad (Art. 2-A.2 del Código Penal): Debe de aplicarse un tipo penal cuando no intervenga otro que, de manera principal, cobije la conducta; el tipo penal subsidiario o auxiliar retrocede ante el principal o primario; y c) Principio de Consunción (Art. 2-A.3 del Código Penal): Según el cual debe de aplicar con preferencia el tipo penal que describe la realización de un supuesto de hecho más grave cuando incluya en dicha descripción otro supuesto menos grave contenido en otro tipo penal. Retornando al caso de estudio, en base al principio de Subsidiariedad, el tipo penal aplicable al hecho primero declarado probado es el contenido en el artículo 157, en relación con el artículo 160, ambos del Código Penal, debido a que es el tipo penal de INJURIAS DIFAMATORIAS, el que contiene un supuesto que se ajusta de manera más exacta al hecho declarado probado. Ya esta Sala de lo Penal, en el Expediente No.009-2008, que contiene fallo de fecha 16 de noviembre del 2009, ha señalado que: “… doctrinalmente se viene entendiendo que la imputación falsa de un delito debe ser de manera concreta, terminante y contener los elementos requeridos para definir el delito que se atribuya a otro, las expresiones difusas o genéricas, tales como “ladrón” no se consideran calumnias …”, pero si pueden constituir injurias en caso de que reúna los elementos objetivos y subjetivos del tipo, tal y como acontece en el caso que nos ocupa. 2) En hecho segundo declarado probado, sitúa los acontecimientos dieciocho días después que el primer hecho, es decir en fecha 18 de mayo del año 2007, indicando que en el programa radial “Hechos y Noticias” de ese día, la acusada E. Z. V., en la conducción del programa señaló que “algunos políticos siempre predican en contra del robo, pero lo hacen para que nadie les haga competencia”, sin señalar o hacer alusión a que persona o personas se refería con ese comentario, además agregó la acusada que “un viejo político quería fregarme porque yo le había dicho casi ladrón…”, sin señalar o hacer alusión nuevamente a que persona o personas se refería. Este hecho descrito por el Tribunal de Sentencia en su numeral segundo de fundamentación fáctica no constituye delito de Injurias o delito de Calumnias, debido a que la expresión, aún cuando sea un juicio de valor negativo que pueda provocar descredito sin fundamento, no se refiere a ninguna persona o personas en particular, no se puede evaluar el grado de daño al bien jurídico honor en correspondencia con su titular o titulares. 3) En hecho tercero declarado probado, indica que en fecha dos de octubre del año dos mil siete, la acusada E. Z. V., conduciendo el programa radial “Hechos y Noticias”, comentó que algunos periodistas están siendo intimados y que el “pueblo tiene derecho a la información, se trata de evitar los excesos que cometen algunos funcionarios y políticos”, señalando a continuación que Choluteca no es la excepción “en el caso particular he sido querellada por un funcionario, el ex regidor N., quien aduce que en una oportunidad quise decirle ladrón…”, la acusada finalizó el comentario señalando que se estaba documentando para presentar “situaciones” de interés público. La Narración del tercer hecho probado de la sentencia no da cuenta de la comisión del delito de calumnias, por cuanto la acusada E. Z. V., no atribuye al ofendido L. A. N. (ni a ninguna otra persona), la comisión de un delito; tampoco este hecho puede ser calificado como delito de Injurias (como erróneamente afirma el Tribunal de Sentencia), ya que el comentario respecto a “excesos que cometen algunos funcionarios y políticos” por ser de carácter tan abstracto y genérico no permite concretar si el mismo es una valorización negativa con el ánimo de dañar el honor a una persona o es una crítica a la función pública que ejerció en su momento el ofendido L. A. N., consustancial y propia dentro del sistema democrático y cubierta además por el artículo 8 de la Ley de Emisión del Pensamiento. Véase que la acusada a continuación de dicho comentario, refiere estarse documentando para poder obtener información valiosa para Choluteca y que al presentarlos será de interés público, ello descarta pues cualquier ánimo de dañar la imagen de una persona en particular. Tampoco la expresión realizada de “…el ex regidor N., quien aduce que en una oportunidad quise decirle ladrón…”, constituye injuria, ya que es una negación respecto a haber calificado al ofendido con el epíteto, pues no conlleva la asignación del mismo a la persona con el ánimo de afectar el honor de ésta. En consecuencia, es procedente en este caso: a) Declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por la Abogada C. Y. O. R., en cuanto a la inobservancia de los artículos 155 y 160 en los hechos declarados probados por el Tribunal de Sentencia; b) Declarando parcialmente Con Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por el Abogado O. A. B. O., en cuanto a la errónea aplicación de las normas sustantivas 158 y 160 del Código Penal, al hecho declarado probado tercero de la sentencia impugnada y declarándolo sin lugar en cuanto al hecho primero declarado probado. V. El Código Procesal Penal, detalla los requisitos que deben de reunir las sentencias, así pues en el apartado Quinto del artículo 338 del Código Procesal Penal se dispone que “… en la parte resolutiva se absolverá o condenará a las personas acusadas, con pronunciamientos separados respecto de cada una de ellas y de cada uno de los delitos de los que hayan sido acusados, determinando, en caso de condena, la pena correspondiente a cada una de ellas y por cada infracción…”. Aun a pesar de ello, el Tribunal de Sentencia optó en la resolución que es objeto de impugnación, resumir en el numeral primero de la parte resolutiva, sumando las penas correspondientes a dos delitos a los que encontró culpable a la Señora E. Z. V. y sin hacer pronunciamiento alguno respecto a la imputación de Calumnias Difamatorias, omisiones que deviene la obligación este Tribunal, corregir conforme lo ordena el artículo 370 segundo párrafo del Código Procesal Penal. POR TANTO. LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 359, 360 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: Declarando SIN LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto y defendido por el Abogado O. A. B. O., en su condición de Defensor Privado; SEGUNDO: Declarando SIN LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto y defendido por la Abogada C. Y. O. R., en su condición de Acusadora Privada; Y TERCERO: Declarando CON LUGAR PARCIALMENTE el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto y defendido por el Abogado O. A. B..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de julio del año dos mil doce. Por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS: RAÚL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO, JACOBO CALIX HERNÁNDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo de dos Recursos de Casación por Infracción de Ley y un Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuestos contra la sentencia de fecha cinco de noviembre de dos mil ocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, con sede en la ciudad de Choluteca, Departamento de Choluteca, mediante la cual condenó a la señora E. Z. V., como autora responsable de dos delitos de INJURIAS CONSTITUTIVAS DE DIFAMACION en perjuicio de L. A. N., a la pena principal de DOS AÑOS, OCHO MESES DE PRISION, más las accesorias de INHABILITACIÓN ESPECIAL E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena principal y absolvió al señor J. H. G. Q., por los delitos de INJURIAS Y CALUMNIAS CONSTITUTIVAS DE DIFAMACIÓN en perjuicio de L. A. R. N.. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley la Abogada C. Y. O. R. en su condición de Acusadora Privada; y el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Ley, el Abogado O. A. B. O. actuando en su condición de Defensor Privado de la señora E. Z. V. SON PARTES: La Abogada C. Y.A O. R., en su condición de Apoderada Acusadora privada, representante del señor L. A. R. N., como parte recurrente-recurrida; y el Abogado O. A. B. O., en su condición de Defensor Privado de la señora E. Z. V., como parte recurrente-recurrida. HECHOS PROBADOS PRIMERO: El lunes 30 de abril del año 2007, en el programa radial que es trasmitido en el horario de ocho a nueve de la mañana por Radio Valle, denominado “Hechos y Noticias”, bajo la dirección de la Licenciada en Periodismo E. Z. V., dicha profesional comenzó haciendo alusión a funcionarios públicos ladrones, refiriéndose a diputados, alcaldes, que compraron bienes con dineros del Estado, para luego manifestar encontrarse sorprendida por el crecimiento económico de algunas personas sin haber hecho el esfuerzo en tiempo, sin ser político y sin trabajar, así como también sobre la forma que algunos políticos crecen como el Regidor nacionalista, el Doctor N., por andar rogando consiguió que el doctor A. lo incluyera en su planilla como Regidor, tuvo mucha suerte, pero usted sabe como andaba antes, a pie en una chacharita; lo que no sabe es que el año pasado se compró una casa que vale más de un millón de Lempiras en una residencial de Choluteca, anda un carro carísimo que ahorita, le cuesta más de Cuatrocientos Mil Lempiras(Lps.400,000.00), aunque no sea 2007, esa son las cosas que a uno le sorprende, y era el Regidor, y usted ve al Doctor A., siempre vive en la misma casa, y es especialista, gana más de Sesenta Mil Lempiras (Lps.60,000.00) en el Hospital, tiene su clínica privada, y el Doctor N. es médico general. El asistente de la Periodista E. Z., de nombre J. H., durante el programa de radio asintió varias veces sobre lo manifestado por la Periodista, expresando que el Doctor N. no estaba al mismo nivel del Doctor A. y que era “suerte” refiriéndose a los logros del Doctor N. SEGUNDO: El viernes 18 de mayo del año 2007, la Periodista E. Z. V., en su Programa radial “Hechos y Noticias” que se difunde por Radio Valle en el mismo horario, refirió que algunos políticos siempre predican en contra del robo pero lo hacen para que nadie les haga la competencia; como referencia dijo, es por un amigo que le dijo que un viejo político de Choluteca quería “fregarme”, porque yo le había dicho casi ladrón. Otra persona que estaba con ella le dijo “El problema es que le dijo casi ladrón, mejor le hubiera dicho ladrón del todo; la periodista expresó que si procede, eso serviría para pedirle al juez para que justificara lo que tiene y lo que gasta.

TERCERO: El martes 2 de octubre del 2007, la Periodista E. Z. V. en su programa de radio “Hechos y Noticias” que se difunde por Radio Valle, refirió sobre algunos periodistas que están siendo intimidados, hay una escalada contra los periodistas a nivel nacional, el pueblo tiene derecho a la información; se trata de evitar los excesos que cometen algunos funcionarios y políticos, Choluteca no es la excepción, en el caso particular que he sido querellada por un funcionario, el ex Regidor N., quien aduce que en una oportunidad quise decirle ladrón; En el caso del Doctor N., estamos documentándonos y consiguiendo un paquete de información que va a servir más adelante para siguiente etapa, documentos que son muy valiosos para Choluteca, para presentarlos y acreditar una serie de situaciones que ustedes tendrán mucho gusto en conocer.” CONSIDERANDO I. Los Recursos de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, reúnen los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de los mismos. II. La Abogada C. Y. O. R., desarrolló su Recurso de Casación por Infracción de Ley de la siguiente manera: EXPOSICION DE LOS MOTIVOS PRIMER MOTIVO: Por la inobservancia y no aplicación del artículo 155 del Código Penal vigente, en relación con los artículos 35 y 156 de la misma Ley sustantiva PRECEPTO AUTORIZANTE El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal, el cual expresa lo siguiente: “Casación por infracción de Ley o de Doctrina Legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se halla infringido un precepto Penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que debe ser observada para la aplicación de la Ley Penal o un principio de Doctrina Legal también de carácter sustantivo”. EXPLICACION DEL MOTIVO El Precepto por Infracción de Ley o de Doctrina Legal que se cita como violentado por su no aplicación textualmente dice: “Artículo 155 del Código Penal vigente” “La Calumnia o Falsa Imputación de un delito de los que dan lugar a procedimientos de oficio será penado con reclusión de dos a tres años”. Si el Calumniado lo pide se publicará la parte resolutiva de la Sentencia en que se declare la Calumnia en uno de los Diarios de mayor circulación en el país, a costa del procesado; por su parte el artículo 156 del mismo Código establece lo siguiente: El Acusado por el delito de Calumnia quedará exento de toda pena probando el hecho criminal que hubiere imputado. El artículo 35 del Código Penal establece que al culpable de dos o más delitos se le impondrán todas las penas correspondientes a las diversas infracciones. El Sentencia cumplirá sus condenas simultáneamente, si fuere posible. Cuando no lo fuere o se de ello resulta ilusoria alguna de las penas, las cumplirá sucesivamente, principiando por las mayores, o sea las señaladas para los delitos más graves. ANALISIS DE LA VALORACION DE LA PRUEBA EN RELACION CON LOS HECHOS PROBADOS Y EL FALLO DICTADO Y PRETENCION DE LA PARTE ACUSADORA EN EL PRESENTE MOTIVO DE CASACION. Conforme a los hechos que se dan como probados el Tribunal de Sentencias de Choluteca son precisos, claros y concisos conforme a la Valoración de la prueba que ellos dan para garantizar la legítimada de tales hechos probados, el caso se da y la violación al momento en que ellos hacen uso de la normativa penal al no aplicar conforme a tales hechos probados la respectiva Ley Sustantiva que a criterio de esta parte Acusadora deben haberse aplicado, es el caso señores Magistrados que el hecho tercero de los hechos probados es elocuente ya que el mismo Tribunal de Sentencias parte de el que dice: Sin embargo en este caso por tratarse la victima de un ex servidor público, le era exigible a la parte querellada probar en Juicio la verdad de sus imputaciones injuriosas, conocida también como “La Prueba de la Verdad” o “Exceptión Veritatis” mediante la cual la imputada tiene el derecho de probar la veracidad de las imputaciones, en cambio E. Z. no probó la verdad de las imputaciones.- Manifestamos lo anterior en virtud de que las expresiones brindadas por la señora E. Z. en su programa radial “HECHOS Y NOTICIAS” que se transmite de 8 a 9 de la mañana por Radio Valle en la ciudad de Choluteca y alrededores y que son corroboradas en los hechos probados Primero, Segundo y Tercero por el Tribunal de Sentencias, donde claramente queda determinado que la señora E. Z. públicamente manifestó que el señor L. A. R. N. era un ladrón del erario público, lo cual ha causado a mi representado deshonra, menosprecio, menos por unas 50, 000 personas del los Departamentos de Choluteca y Valle.- En ningún momento señores Magistrados de esta Sala Penal, la señora E. Z. probó el hecho criminal que le imputa a mi representado, por lo que a grandes luces se ve la Calumnia o Falsa imputación que ha cometido en perjuicio del señor L. A. R. N., ya que los presentes delitos son los que dan lugar a los procedimientos de oficio. La parte acusadora al formular sus conclusiones siempre alegó que debía de aplicarse un Concurso Real de Delito conforme a lo que establece el artículo 35 de nuestro Código Penal, pues fueron en diferentes situaciones que se da la comisión de los mismos hechos, conforme a lo que establece el Tribunal de Sentencias en su página 8 y 9 del Fallo podrán determinar señores Magistrados que los primeros delitos se cometen el 30 de Abril del año 2007, lo que constituye la Comisión de los primeros hechos por los cuales debió CONDENARSELE, separadamente de los otros ilícitos.- El día 18 de Mayo del 2007 nuevamente la señora E. Z. V. vuelva a cometer ilícitos al manifestar públicamente que el doctor N. era un ladrón, lo cual esta tácitamente manifestado en el hecho probado segundo de la Sentencia.- El Martes 02 de Octubre del 2007 vuelve la señora E. Z. a verter expresiones difamativas de Calumnias contra mi representado lo que nuevamente vuelve a constituir otro delito; es por estas razones que la parte casacionista es del criterio que debió condenarse a E. Z. por diferentes delitos en esta caso Calumnias constitutivas de Difamaciones, ya que doctrinalmente se entiende por Calumnia “La infundada y maliciosa acusación hecha para dañar, falsa imputación de un delito que da lugar a la acción Penal Publica; atribuir con malicia y falsedad un delito perseguido de oficio y que el acusado no ha cometido.- La señora E. Z. claramente en su programa de noticias los días 30 de Abril del 2007, 18 de Mayo del 2007 y 02 de Octubre del 2007, directamente acuóo a mi representado de ladrón por lo que doctrinalmente se dan los requisitos establecidos en el tipo Penal de Calumnia conforme a lo que establece el artículo 155 del Código Penal, pues la señora E. Z. en ningún momento probó o ha probado el hecho criminal que le imputa a mi representado; dejando en el animo de la opinión publica de los Departamentos de Choluteca y Valle la imagen de que el doctor N. es una persona que cometió delito cuando fue Regidor de la Municipalidad de Choluteca en este caso el de robo de fondos del Estado y que con estos se hizo rico; es más hasta se dio el lujo de contar que un amigo suyo le sugirió que mejor le hubiera dicho ladrón y no casi ladrón. Por lo antes manifestado a la señora E. Z. debió condenársele conforme a lo que establece el artículo 155 del Código Penal que conlleva de 2 a 3 años de reclusión por cada delito cometido (en relación a los 3 hechos probados por el mismo Tribunal) mediante un concurso real conforme a lo que establece el artículo 35 del Código Penal. En cuanto a la Sentencia emitida por el Tribunal de Sentencias de Choluteca en la cual condena a E. Z., por delitos de Injurias, somos del criterio que también debió condenársele por el delito de CALUMNIAS, por cada uno de los hechos probados, además de las otras condenas ya establecidas en las partes resolutivas de la Sentencia.” III. El Abogado O. A. B. O., desarrolló sus Recursos de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Ley, de la siguiente manera: “MOTIVO ÚNICO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA Dado que la sentencia recurrida adolece del vicio legal de falta de motivación jurídica ya que no existe correlación entre la sanción penal impuesta y la norma que se invoca como infringida y el precepto autorizante a este motivo de casación se encuentra comprendido numeral 3 del articulo 362 del código procesal penal EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA La falta de motivación jurídica con respecto a la pena impuesta en la sentencia de mérito. Según lo expresado por el Tribunal sentenciador en la parte resolutiva de la sentencia impugnada, se condena a mi representada a la pena principal de “DOS AÑOS OCHO MESES DE PRISIÓN”, por considerarla responsable de la comisión del delito de “INJURIAS CONSTITUTIVAS DE DIFAMACIÓN”, teniéndose como sustento jurídico en el apartado correspondiente a la “fundamentación jurídica”, lo tipificado por el artículo 157 en relación con el 160 del Código Penal. Es el caso, tal como queda evidenciado, que el Tribunal en referencia al dictar la sentencia en alusión impone la pena de “prisión”, incurriendo con ello en un craso error, pues esa pena no está prevista para los delitos en referencia ni para ningún otro contemplado en el Libro Segundo del Código Penal; esta pena solamente la previó el legislador para las faltas que tienen pena privativa de libertad, que por cierto no exceden de noventa (90) días, según lo tipificado en las diferentes infracciones del Libro Tercero del Código Penal. Para cuando de la atribución de delitos se trate la ley penal asocia como sanción o consecuencia la pena de “reclusión” para aquéllos que tienen pena privativa de libertad, en tal sentido, y refiriéndonos al caso de autos, el artículo 157 del Código Penal prevé la pena de uno (1) a dos (2) años de reclusión (la negrita no es del texto) para el delito de injurias, mientras que el 160 ordena el aumento de un tercio (1/3) cuando derivado del delito de calumnias o injurias se haya configurado la difamación. En tal sentido, no resulta plausible desde el punto de vista jurídico el cumplimiento o aplicación de una pena de “DOS AÑOS OCHO MESES DE PRISIÓN” para un delito de difamación derivado de injurias, tal como se hace en la sentencia recurrida, debido a que, tal como queda expresado, este tipo de pena no es la que especificó el legislador para el delito que se discutió en juicio, por consiguiente, no existe correlación entre la sanción penal impuesta y la norma que se invoca como infringida en el caso de autos, por lo que procede casar la sentencia recurrida con el correspondiente reenvío para la celebración del nuevo juicio. Motivo de casación que se encuentra autorizado por numeral 3 del artículo 362 del Código Procesal Penal. Vicio sobre el cual no se ha hecho reclamo alguno en razón de que el mismo se produce en la propia sentencia que se impugna.” V.- Continúa manifestando el recurrente: “MOTIVO ÚNICO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY O DOCTRINA LEGAL La aplicación indebida del articulo 157 del código penal en relación con el articulo 160 y 13 párrafo segundo del mismo cuerpo legal dan motivo al precepto autorizante establecido en el articulo 360 párrafo primero del código procesal penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO ÚNICO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY O DOCTRINA LEGAL La Violación, por errónea aplicación del artículo 157 del Código Penal, en relación con el 160 y 13, párrafo segundo, del mismo texto legal. Explicación del concepto de la violación. El Tribunal sentenciador encuadra o subsume los hechos que tiene por probados en los artículos 157 y 160 del Código Penal, en tal sentido declara responsable a mi representada del delito de difamación derivado de injurias, esto porque en un programa radial que ella dirige denominado “Hechos y Noticias” que se transmite de lunes a viernes en horas de la mañana en Radio Valle, habría hecho alusión al querellante, señor L. A. R. N., en el sentido de que tal persona antes de ser regidor de la Corporación Municipal de Choluteca andaba en una cucarachita y que ahora circulaba en un carro carísimo, que bien podría costar cuatrocientos mil lempiras (Lps. 400,000.00), así como que compró una casa valorada en más de un millón de lempiras (Lps. 1,000,000.00). De igual manera hizo una comparación o símil entre la situación del Doctor A., médico especialista que aún vive en la misma casa, y el Doctor R. N., que únicamente es médico general. Expresiones éstas que según criterio del Tribunal resultan “ofensivas a la dignidad, la honra y crédito del señor L. A. R. N.”, por lo tanto sostiene que se configura el delito de injurias en su parte objetiva; aspecto sobre el cual toca decir que según tenor del artículo 157 del Código Penal invocado, para la configuración de tal delito se requiere proferir expresión o ejecutar acción en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona, y en ningún momento puede estimarse que se desacredita o se deshonra a alguien cuando se hace alusión a hechos que resultan ser ciertos, tal lo que sucede en el caso de autos, pues el propio querellante se encargó de acreditar que es propietario de un vehículo marca Toyota, color silver metálico, año 2003, el cual adquirió a través del Colegio Médico de Honduras, pero que para el año 2008 ya era de su exclusiva propiedad. Asimismo acreditó en juicio que efectivamente adquirió una vivienda valorada en un millón trescientos cincuenta mil lempiras (Lps. 1,350,000.00) en Villas Gualiqueme de la ciudad de Choluteca, financiando parte de ella con un préstamo por novecientos ochenta y tres mil doscientos ochenta y nueve punto treinta y nueve lempiras (Lps. 983,289.39) adquirido en Banco Mercantil. Así las cosas, mi representada, en principio, no ha dicho mentira alguna en sus comentarios, y el señor R. N., en su condición de funcionario público estaba sujeto al escrutinio público, como lo debe estar cualquier persona que asume una función pública. En cuanto al aspecto subjetivo del tipo, el Tribunal sentenciador deja dicho que “El Elemento subjetivo o animus injuriandi, que no es más que el ánimo especial de injuriar o atacar el honor de la persona de la víctima; la acción de proferir frases como las antes señaladas, sin lugar a dudas, la imputada E. Z. persiguió una incitación al rechazo social o deshonra del honor que gozaba L. A. R. N., (que es un bien jurídicamente protegido por el Estado) configurándose de tal forma el delito de injurias constitutivos de Difamación”. Acerca de esta sustentación jurídica, por cierto poco inteligible, resulta pertinente observar que el delito de injurias en su parte subjetiva se satisface con la presencia del dolo, es decir que el agente debe conocer los elementos objetivos del tipo penal (elemento cognoscitivo) y querer realizarlos en su configuración concreta (elemento volitivo), situación que tampoco puede darse en el caso de autos, dado que mi representada no actuó con ánimo de injuriar o lesionar el honor del querellante, sino con el exclusivo ánimo de ejercer una función de fiscalización social e información sobre la conducta o comportamiento de un ex funcionario público, derecho que está garantizado por los artículos 72 y 74 de la Constitución de la República. Por otra parte tampoco es cierto que mi representada haya perseguido una “incitación al rechazo social” de la figura del querellante, pues el simple hecho hacer una crítica o formular juicio de valor por un medio de comunicación no puede apreciarse automáticamente como una concitación al odio o desprecio público, elementos estos que hacen configurar la difamación como una figura agravada de las injurias o bien de la calumnia, por lo tanto procede casar la sentencia recurrida y dictar la correspondiente absolviendo de toda responsabilidad a mi representada por falta de tipicidad de los hechos a ella atribuidos. Motivo de casación que se encuentra autorizado en el párrafo primero del artículo 360 del Código Procesal Penal.” SOBRE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR EL ABOGADO DEFENSOR PRIVADO O. A. B. O.. I. El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; Es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas para el desarrollo del proceso penal, fijadas en la ley. II. El recurrente en casación, al amparo del artículo 362.3 del Código Procesal Penal denuncia, que la sentencia recurrida adolece de falta de motivación jurídica, ya que no existe correlación entre la sanción penal impuesta y la norma que invoca como infringida, ello así por el hecho de que en el fallo de la sentencia impugnada se impone la sanción penal consistente en “Dos años, ocho meses de Prisión” (Lo resaltado es nuestro); entretanto, la norma penal aplicada (Art.157 y 160 del Código Penal), sanciona la conducta descrita en el tipo con una pena reclusión. Respecto a la denuncia hecha por el Censor de falta de motivación suficiente, en Expediente No.331-2009, que contiene el fallo de fecha 11 de agosto del año 2011, esta Sala de lo Penal estableció que: “…Una de las Características que debe reunir una sentencia, es que debe ser completa, abarcando no sólo todas las cuestiones sometidas al controvertido, sino todos los razonamientos fácticos y jurídicos que han de conducir al Tribunal a determinadas conclusiones, exponiendo las razones por las cuales aparta de su convicción los elementos fácticos que no le generen confianza, de manera que no sólo es necesario afirmar que se llega a determinada conclusión, también es menester dar las razones por las cuales se llega a ese convencimiento que justifica el hecho finalmente reconocido en la resolución (…) independientemente del sentido del fallo, las partes tienen el legítimo derecho a que se les complemente esa motivación (…) pues no le está permitido al juzgador conservar para si en su interior las genuinas razones que (…) le condujeron a la resolución que adoptó”. Una Sentencia está insuficientemente motivada, cuando no da respuesta a alguna o a todas las cuestiones discutidas en el debate, puestas a análisis por las partes procesales o cuando los Jueces y Juezas de Sentencia no expliquen de manera propia el fundamento probatorio y/o el fundamento jurídico que sustenta la decisión adoptada en la parte resolutiva o dispositiva del fallo. En otras palabras, la motivación es insuficiente cuando tras la lectura del fundamento probatorio y/o del fundamento jurídico de la sentencia, no se pueda transitar por el razonamiento que siguió el Tribunal de Sentencia para desembocar en las decisiones adoptadas en la parte resolutiva o dispositiva de la sentencia (al respecto ver Expediente No.218-2010, con fallo de fecha 29 de septiembre y Expediente No.156-2008, que contiene el fallo de fecha 30 de noviembre del 2011). Por ello, el artículo 338 del Código Procesal Penal, se toma la tarea de señalar como deben de ser motivadas las sentencias y más aún el artículo 141 establece claramente que la simple relación de actuaciones del proceso, la mención de requerimientos hechos por las partes o la cita o transcripción de preceptos legales no constituyen motivación. Una correcta motivación es garantía al derecho de defensa de las partes por medio de la impugnación, asegura la fidelidad de las resoluciones judiciales al permitir su revisión por parte de los Tribunales superiores, y es sinónimo de publicidad y transparencia de las actuaciones judiciales, garantizando seguridad jurídica al crear antecedentes judiciales y doctrina legal en el caso de la Corte Suprema de Justicia; es tanta la importancia que la motivación encierra en un Estado de Derecho Democrático y Republicano, como lo es Honduras, que el legislador sanciona con nulidad las resoluciones judiciales –y en especial las sentencias- por la falta de motivación, por motivación insuficiente o por motivación contradictoria (Art. 141 y 362 del Código Procesal Penal). III. El caso examiné, no es de recibo el motivo alegado por el recurrente, quien confunde motivación insuficiente con la concurrencia de un error material en la parte resolutiva de la sentencia impugnada, además dicho error no representa un vicio que provoque invalidación de la sentencia impugnada. Históricamente, la diferencia entre reclusión y prisión ha sido marcada por la gravedad de la primera por implicar penas infamantes, es decir, que su origen era una pena que quitaba la fama, la reputación, privaba del honor, en tanto que la prisión se remonta a penas privativas de libertad que no tenían ese carácter. El Código Penal de 1906 en el artículo 3, clasificaba los delitos en: crímenes, simple delitos y faltas y el artículo 24 hacia la clasificación de las penas en: a). Aflictivas: Las que tenían una duración de tres años un día, a doce años, b). No aflictivas: Con una duración de sesenta y un días a tres años, y c). Penas correccionales: Con una duración de un día a sesenta días. Dentro de las penas aflictivas estaba la reclusión mayor, en las no aflictivas la reclusión menor y en las correccionales la prisión; establecía el artículo 32 que la pena de reclusión y prisión se limitaría al encierro del penado, (entretanto la pena de presidio sujetaba al reo a cadena con grillete y al trabajo) siendo la diferencia entre ambas el tiempo de la privación de la libertad. Posteriormente y con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, aprobado en 1984, el legislador, mediante el artículo 38, clasificó las penas como principales y accesorias y dentro de las primeras concibió la reclusión y la prisión como penas privativas de libertad, indicando la pena de reclusión tendría una duración de tres meses un día, a veinte años y sujetaba al reo a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas (art. 39 del Código Penal) y la pena de prisión duraría un día a tres meses, sujetando al penado a trabajar dentro del centro penal (Art. 47); sin embargo, los artículos 39 y 47 fueron objeto de reforma[1] suprimiendo la especificación del marco temporal de la pena de reclusión y pena de prisión, por lo que hoy en día la distinción legal entre estas dos penas es: a). La prisión es la sanción determinada para las faltas, debe de ser cumplida en Centros Penales y obliga a trabajar al reo dentro del establecimiento penitenciario y; b). la reclusión es la sanción determinada para los delitos, debe de ser cumplida en las penitenciarías nacionales cuando sea mayor de tres años o en centros penales cuando sea igual o menor de tres años (Art. 40 del Código Penal) y obliga al reo a trabajar en obras públicas o dentro del establecimiento penitenciario; sin embargo, y con las actuales condiciones de los establecimientos penales del país, no existe ninguna diferencia material en el cumplimiento de la reclusión y la prisión, siendo la única diferencia formal que una es como consecuencia de la sentencia condenatoria por delito y la otra como consecuencia de la sentencia condenatoria por faltas. Es criterio de este Tribunal de Casación, que el haberse señalado en el apartado primero de la parte resolutiva de la sentencia impugnada que la pena a cumplir era la de prisión obedece a un mero error material, siendo la correcta designación de la pena la de reclusión, error que pudo haber sido corregido mediante aclaración que hubiesen podido solicitar cualquiera de las partes, de oficio por el propio órgano juzgador o mediante el presente Recurso de Casación, conforme lo preceptúa el artículo 142 y 370 párrafo segundo del Código Procesal Penal. Por lo anterior, esta Sala de lo Penal, declara Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO POR LA ABOGADA C. Y. O. R., COMO ACUSADORA PRIVADA E INTERPUESTO POR O. A. B. O., EN SU CONDICIÓN DE DEFENSOR PRIVADO. I. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al Recurso de Casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…”. Así pues, son dos los elementos del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: a) Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato de un acontecimiento histórico declarado por el Tribunal de Sentencia, respecto al asunto debatido, mismos que se desprenden de la valoración hecha a los medios de prueba reproducidos en juicio y de los cuales los Juzgadores han podido apreciar de manera directa, colocándolos en una posición exclusiva de valoración. Por ello, el artículo 369 del Código de Procesal Panal, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados. b) Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. II. La Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley, debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). La Abogada C. Y. O. R., denuncia la inobservancia de la norma sustantiva contenida en el artículo 155 en relación con los artículos 156 y 35 del Código Penal: Considera que, cada uno de los tres hechos probados constituyen delito de Calumnias Difamatorias, por lo que la acusada E. Z. V. debió haber sido condenada por tres delitos de Calumnias Difamatorias, sin perjuicio de la condena que por el delito de Injurias Difamatorias ya impuesta. Por su parte, el Abogado O. A. B. O. señala que la sentencia impugnada contiene el vicio in iudicando, por errónea aplicación de una norma sustantiva contenida en el artículo 157 en relación con los artículos 160 y 13 del Código Penal, a un hecho no contemplado en ellas como hipótesis: Explica el recurrente, que las expresiones proferidas por la acusada E. Z. V., en cuanto a la adquisición de bienes por parte del Ex Regidor Municipal L. A. R. N., no son falsas, además de que la acusada no actuó con el ánimo de injuriar –falta de dolo- sino que con el ánimo de ejercer una función fiscalizadora social sobre la conducta y comportamiento de un ex funcionario público. III. Para dar respuesta a ambas partes, es necesario delimitar el bien jurídico protegido en este caso: El honor, es un bien jurídico que forma parte de la dignidad humana –deber de respeto de las demás personas- y se encuentra protegido al amparo de los artículos 59 y 76 de la Constitución de la República, 11 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El honor, desde el punto de vista jurídico se define como juicio de valor de un grupo social hacia uno de sus integrantes; el juicio de valor se produce como consecuencia del nivel de calificación atribuida a una persona tras la evaluación de cualidades, especialmente al cumplimiento del deber ser social. El resultado del juicio de valor determinara las expectativas que el grupo social espera del proceder del individuo en el cumplimiento del rol social que le ha sido confiado. El Rol social puede ser desempeñado en varias esferas de manera simultánea o sucesiva: familiar, profesional, religiosa, deportiva, etc. El honor, como bien jurídico está conformado por elementos objetivos y subjetivos: El elemento objetivo lo integra la fama, que constituye la opinión que el grupo social tiene de una persona derivada de una línea de conducta que ha desarrollado el sujeto a lo largo de su vida; El elemento subjetivo lo constituye la valoración personal que tiene el individuo de sí como sujeto a desempeñar un rol determinado en el grupo social (Ver al respecto Expediente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, 009-2008 de fecha 16 de noviembre del 2009). Los tipos penales que protegen el bien jurídico Honor, se configuran ante una conducta humana que logre lesionar la esfera objetiva y subjetiva del bien jurídico y que por tanto produzca injustificadamente una disminución de la valoración del grupo social respecto de la víctima y con ello conciencia del desmerecimiento de su rol social, así como la afectación psíquica de la víctima, al verse menospreciada sin causa justificada. Para la resolución de los procesos penales en donde se impute un delito en contra el honor, será indispensable contextualizar el nivel de participación social tanto del sujeto activo como del sujeto pasivo. Así pues el sujeto activo debe de ocupar un lugar social que logre tener la atención a sus pares respecto al mensaje que transmite; El número de personas determinara la magnitud del daño causado al bien jurídico. El Sujeto Pasivo debe de desempeñar un rol social determinado de modo que el mensaje transmitido por el sujeto activo le desmerezca en una o varias de las esferas donde desarrolle su rol social. El delito de Injurias, se encuentra tipificado en el artículo 157 del Código Penal, el cual literalmente establece: “Será penado por injuria, con reclusión de uno (1) a dos (2) años, quien profiera expresión o ejecute acción en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona”. Constituye elementos objetivos del tipo penal: a) Que el sujeto activo profiera expresiones, es decir transmita a una o más personas un mensaje de manera oral, escrito o simbólico, a través de alegorías, caricaturas, emblemas, alusiones o cualquier tipo de expresión humana incluyendo el lenguaje corporal; b) Que la expresión o mensaje encierre un juicio de valor negativo, que incite al rechazo social, dirigido a una o varias personas individualizadas o de fácil individualización a partir de inferencias deducidas del mismo mensaje y del contexto en donde se profiere; c) Que la expresión o mensaje transmitido provoque una revalorización negativa del público respecto al rol social encomendado a una o varias personas, en cualquiera de las esferas en donde se desenvuelva; y d) En los casos de que el sujeto pasivo sea o haya sido empleado o funcionario público y la expresión de descrédito esté relacionada con el ejercicio del cargo, se requerirá además que la misma sea falsa, por ello, el sujeto activo podrá presentar prueba para comprobar la veracidad de la expresión de descredito (Art. 158 del Código Penal): Exceptio Veritatis). Son elementos subjetivos del tipo penal: a) Que el sujeto activo conozca que está transmitiendo un mensaje de desvalor o descrédito de una o varias personas, incitando al rechazo social; y b) Que el sujeto activo tenga la voluntad de transmitir dicho mensaje. Ambos aspectos del elemento subjetivo se conoce como animus iniuriandi. Por su parte, el delito de Calumnias se encuentra tipificado en el artículo 155 del Código Penal, el cual dice: “la calumnia o falsa imputación de un delito de los que dan lugar a procedimientos de oficio, será penada con reclusión de dos (2) a tres (3) años”. Los elementos objetivos y subjetivos del tipo no difieren mucho de los contemplados para el tipo penal de injurias como podemos comparar: elementos objetivos del tipo penal: a) Que el sujeto activo profiera expresiones, es decir transmita a una o más personas un mensaje de manera oral, escrito o simbólico, a través de alegorías, caricaturas, emblemas, alusiones o cualquier tipo de expresión humana incluyendo el lenguaje corporal; b) Que en el contenido de la expresión o mensaje se afirme o se dé a entender que una o varias personas individualizadas o un grupo determinado de personas son autores o cómplices de un delito (conducta humana típica y antijurídica), consumado o tentado; c) La imputación debe contener los elementos suficientes para que resulte identificable un delito concreto, sin que sea necesario precisión técnica jurídica; d) Que el delito que se impute sea de aquellos que dan lugar a procedimiento de oficio, es decir que la acusación no dependa de la voluntad de un particular, sino que dependa del accionar del Estado, (Son delitos que dan lugar a procedimientos de oficios los distintos a los enumerados en los artículos 26 y 27 del Código Procesal Penal); e) Que el hecho tipificado como delito tenga apariencia de real, verosímil o posible, provocando una revalorización negativa del público respecto al rol social encomendado a la persona o personas a las cuales se les adjudique ese delito; y f) Que el hecho tipificado como delito que se adjudica no haya acontecido en la realidad; si el delito que se adjudica ha acontecido en la realidad y el acusado por Calumnias prueba la veracidad de su imputación, quedará exento de pena (Art. 156 del Código Penal): Exceptio Veritatis). Son elementos subjetivos del tipo penal: a) Que el sujeto activo conozca que esta atribuyendo la participación de un delito inexistente a una o varias personas individualizadas con temerario desprecio a la verdad, incitando al rechazo social; y b) Que el sujeto activo tenga la voluntad de transmitir dicho mensaje con la asunción de las consecuencias dañosas para el honor que resulten de la imputación (animus iniuriandi). (En relación ver Expediente No.026-2009, que contiene fallo de fecha 24 de agosto del 2010). Cuando el mensaje injurioso o calumnioso sea difundido por un medio que logre ser receptado por muchas personas no individualizadas al mismo tiempo y/o por un espacio prolongado de tiempo, la misma se constituirá en el delito Difamación según dispone el artículo 160 del Código Penal. El medio de difusión puede consistir en medios escritos como: periódicos, revistas, libros, carteles expuestos al público o incluso volantes distribuidos en masa; en medios radioeléctricos y electrónicos como: radio, televisión, internet o mensajes de texto, imágenes o videos transmitidos a la al publico a través de teléfonos celulares; o a través del habla cuando se transmite el mensaje oral en un lugar donde se encuentren muchas personas como: conciertos, una obra de teatro, recitales, etc. IV. En el caso examiné, Procede hacer un examen a los hechos declarados probados por el Tribunal de Sentencia, en contraposición al marco teórico definido, estableciendo que cada uno de ellos narran una situación diferente, sin que uno y otro estén relacionados conforme su redacción, obligando a su estudio por separado: 1) El hecho primero declarado probado, sitúa el ámbito temporal en fecha 30 de abril del año 2007, indicando que las expresiones se dieron en la emisión diaria de una revista radial denominada “Hechos y Noticias”, dirigido y conducido por la acusada E. Z. V. Este hecho inicia brindando un contexto del tema desarrollado ese día en el programa, fijándolo en “Funcionarios Públicos Ladrones”, ejemplificando a diputados o alcaldes que compraron bienes con dinero del Estado; teniendo ello como premisa la acusada E. Z. V., menciona al ofendido L. A. N., haciendo una relación entre los bienes que poseía antes de desempeñarse como Regidor Municipal y los bienes que obtuvo después, calificando eso como sorprendente, en especial porque el ofendido es un Médico General. No es difícil concluir que, conforme al hecho probado, la acusada hizo alusión que el ofendido L. A. N., formaba parte de ese grupo de funcionarios públicos ladrones, el cual era el tema global de la emisión de ese día; la acusada E. Z. V., profirió expresiones de descrédito en perjuicio del ofendido L. A. N., cuestionando su honradez en el ejercicio del cargo público que había desempeñado. Ahora bien, este hecho probado fue calificado por el Tribunal de sentencia como constitutivo de Injurias Difamatorias (F. 169 v. de la Sentencia), denunciando el Abogado Defensor O. A. B. O., que ello representa una errónea aplicación del precepto penal (Art. 157 del Código Penal). Entretanto, la Abogada Acusadora C. Y. O. R., expone que este hecho además de constituir delito de Injurias Difamatorias, también se enmarca en el tipo penal de Calumnias Difamatorias (Art. 155 del Código Penal). Es criterio de este Tribunal de Casación, que el hecho descrito no constituye a la vez dos delitos distintos, en perjuicio del mismo bien jurídico: honor, sino que el mismo debe de ser calificado como un sólo delito por existir unidad de acción, unidad del sujeto activo y unidad de bien jurídico protegido, que son los requisitos del concurso aparente de leyes (al respecto, ver Expediente No.90-2009, con fallo de fecha 22 de septiembre del 2011), mismo que debe de ser resuelto conforme a los principios interpretativos señalados en el artículo 2-A del Código Penal: a) Principio de Especialidad (Art. 2-A.1 del Código Penal): Según el cual debe de aplicar con preferencia el tipo penal que reproduce los elementos típicos de otro más general y caracteriza de manera más precisa al hecho, al autor y/o a la víctima, añadiendo elementos adicionales; b) Principio de Subsidiariedad (Art. 2-A.2 del Código Penal): Debe de aplicarse un tipo penal cuando no intervenga otro que, de manera principal, cobije la conducta; el tipo penal subsidiario o auxiliar retrocede ante el principal o primario; y c) Principio de Consunción (Art. 2-A.3 del Código Penal): Según el cual debe de aplicar con preferencia el tipo penal que describe la realización de un supuesto de hecho más grave cuando incluya en dicha descripción otro supuesto menos grave contenido en otro tipo penal. Retornando al caso de estudio, en base al principio de Subsidiariedad, el tipo penal aplicable al hecho primero declarado probado es el contenido en el artículo 157, en relación con el artículo 160, ambos del Código Penal, debido a que es el tipo penal de INJURIAS DIFAMATORIAS, el que contiene un supuesto que se ajusta de manera más exacta al hecho declarado probado. Ya esta Sala de lo Penal, en el Expediente No.009-2008, que contiene fallo de fecha 16 de noviembre del 2009, ha señalado que: “… doctrinalmente se viene entendiendo que la imputación falsa de un delito debe ser de manera concreta, terminante y contener los elementos requeridos para definir el delito que se atribuya a otro, las expresiones difusas o genéricas, tales como “ladrón” no se consideran calumnias …”, pero si pueden constituir injurias en caso de que reúna los elementos objetivos y subjetivos del tipo, tal y como acontece en el caso que nos ocupa. 2) En hecho segundo declarado probado, sitúa los acontecimientos dieciocho días después que el primer hecho, es decir en fecha 18 de mayo del año 2007, indicando que en el programa radial “Hechos y Noticias” de ese día, la acusada E. Z. V., en la conducción del programa señaló que “algunos políticos siempre predican en contra del robo, pero lo hacen para que nadie les haga competencia”, sin señalar o hacer alusión a que persona o personas se refería con ese comentario, además agregó la acusada que “un viejo político quería fregarme porque yo le había dicho casi ladrón…”, sin señalar o hacer alusión nuevamente a que persona o personas se refería. Este hecho descrito por el Tribunal de Sentencia en su numeral segundo de fundamentación fáctica no constituye delito de Injurias o delito de Calumnias, debido a que la expresión, aún cuando sea un juicio de valor negativo que pueda provocar descredito sin fundamento, no se refiere a ninguna persona o personas en particular, no se puede evaluar el grado de daño al bien jurídico honor en correspondencia con su titular o titulares. 3) En hecho tercero declarado probado, indica que en fecha dos de octubre del año dos mil siete, la acusada E. Z. V., conduciendo el programa radial “Hechos y Noticias”, comentó que algunos periodistas están siendo intimados y que el “pueblo tiene derecho a la información, se trata de evitar los excesos que cometen algunos funcionarios y políticos”, señalando a continuación que Choluteca no es la excepción “en el caso particular he sido querellada por un funcionario, el ex regidor N., quien aduce que en una oportunidad quise decirle ladrón…”, la acusada finalizó el comentario señalando que se estaba documentando para presentar “situaciones” de interés público. La Narración del tercer hecho probado de la sentencia no da cuenta de la comisión del delito de calumnias, por cuanto la acusada E. Z. V., no atribuye al ofendido L. A. N. (ni a ninguna otra persona), la comisión de un delito; tampoco este hecho puede ser calificado como delito de Injurias (como erróneamente afirma el Tribunal de Sentencia), ya que el comentario respecto a “excesos que cometen algunos funcionarios y políticos” por ser de carácter tan abstracto y genérico no permite concretar si el mismo es una valorización negativa con el ánimo de dañar el honor a una persona o es una crítica a la función pública que ejerció en su momento el ofendido L. A. N., consustancial y propia dentro del sistema democrático y cubierta además por el artículo 8 de la Ley de Emisión del Pensamiento. Véase que la acusada a continuación de dicho comentario, refiere estarse documentando para poder obtener información valiosa para Choluteca y que al presentarlos será de interés público, ello descarta pues cualquier ánimo de dañar la imagen de una persona en particular. Tampoco la expresión realizada de “…el ex regidor N., quien aduce que en una oportunidad quise decirle ladrón…”, constituye injuria, ya que es una negación respecto a haber calificado al ofendido con el epíteto, pues no conlleva la asignación del mismo a la persona con el ánimo de afectar el honor de ésta. En consecuencia, es procedente en este caso: a) Declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por la Abogada C. Y. O. R., en cuanto a la inobservancia de los artículos 155 y 160 en los hechos declarados probados por el Tribunal de Sentencia; b) Declarando parcialmente Con Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por el Abogado O. A. B. O., en cuanto a la errónea aplicación de las normas sustantivas 158 y 160 del Código Penal, al hecho declarado probado tercero de la sentencia impugnada y declarándolo sin lugar en cuanto al hecho primero declarado probado. V. El Código Procesal Penal, detalla los requisitos que deben de reunir las sentencias, así pues en el apartado Quinto del artículo 338 del Código Procesal Penal se dispone que “… en la parte resolutiva se absolverá o condenará a las personas acusadas, con pronunciamientos separados respecto de cada una de ellas y de cada uno de los delitos de los que hayan sido acusados, determinando, en caso de condena, la pena correspondiente a cada una de ellas y por cada infracción…”. Aun a pesar de ello, el Tribunal de Sentencia optó en la resolución que es objeto de impugnación, resumir en el numeral primero de la parte resolutiva, sumando las penas correspondientes a dos delitos a los que encontró culpable a la Señora E. Z. V. y sin hacer pronunciamiento alguno respecto a la imputación de Calumnias Difamatorias, omisiones que deviene la obligación este Tribunal, corregir conforme lo ordena el artículo 370 segundo párrafo del Código Procesal Penal. POR TANTO. LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 359, 360 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto y defendido por el Abogado O. A. B. O., en su condición de Defensor Privado; SEGUNDO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto y defendido por la Abogada C. Y. O. R., en su condición de Acusadora Privada; Y TERCERO: Declarando con lugar PARCIALMENTE el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto y defendido por el Abogado O. A. B. O., en su condición de Defensor Privado. En consecuencia SE CASA LA SENTENCIA DE LA SIGUIENTE MANERA: 1) Se absuelve de toda responsabilidad penal a la señora E. Z. V., por un delito de INJURIAS DIFAMATORIAS en perjuicio del señor L. A. N., por los hechos ocurridos en fecha dieciocho de mayo y dos de octubre del año dos mil siete; 2) Se CONDENA a la señora E. Z. V., como autora penalmente responsable de un delito consumado de INJURIAS DIFAMATORIAS en perjuicio del señor L.S A. N., acontecido en fecha treinta de abril del año dos mil siete, imponiéndosele una pena principal de UN (1) AÑO CON CUATRO (4) MESES DE RECLUSIÓN; y 3) Se confirman los demás pronunciamientos de la Parte Resolutiva de la Sentencia impugnada de fecha cinco de noviembre del año dos mil ocho, por no haber sido objeto de motivo de casación. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho, una vez notificada la presente sentencia, devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de Choluteca, Departamento de Choluteca, con certificación de la presente resolución, para que éste a su vez informe sobre ella a la Unidad de Antecedentes Penales del Poder Judicial y posteriormente remita las diligencias al Juzgado de Ejecución competente para su debido cumplimiento. Redactó: EL MAGISTRADO CALIX HERNÁNDEZ. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- MAGISTRADO COODINADOR.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de agosto del año dos mil doce.- Certificación de la sentencia de fecha treinta de julio del año dos mil doce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-61-2009.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Reformados por Decreto Legislativo 191-96 del 31 de Octubre de 1996, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 28,182 de fecha 8 de Febrero de 1997 y vigente a partir del 28 de Febrero de 1997.