Sentencia CP-54-10 — Registro 3408
Resumen
Se absolvió al imputado por el delito de favorecimiento de la evasión
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."RECURSO DE CASACIÓN DE QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION DEL MINISTERIO PUBLICO, ARGUYENDO QUE AL DICTAR SENTENCIA ABSOLUTORIA EL TRIBUNAL DE INSTANCIA INOBSERVO LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 3) DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- Argumenta el recurrente que la sentencia impugnada contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. Reprocha la valoración incorrecta de los medios de Prueba siguientes: 1) Declaración del Sub-Comisionado de policía A. F. T.; 2) La declaración del imputado P. V.; 3) La declaración del procesado E. E. V.; 4) La inspección realizada por el Sub Comisionado de Policía, el comandante de guardia y el centinela, en la cual concluyeron que la celda no presentaba signos de violencia y el órgano jurisdiccional tuvo por probado que el candado que impedía la apertura de la celda fue abierto con una llave, ya que el mismo no presentaba signos de violencia. Considera que con dicha prueba el Tribunal A Quo ha debido concluir que los encausados son responsables del delito que se les atribuye, de ahí que en su opinión el Juzgador ha omitido valorar los medios probatorios de manera conjunta y armónica. El recurrente concluye que: 1) los imputados P. V. y J. E. V. estaban de turno, el primero como centinela y el segundo como Comandante de Guardia de la Jefatura de la Policía Departamental número once de la Isla de Roatán; 2) Que la persona que poseía la llave de la celda era el Comandante de Guardia E. E. V.; 3) Que la puerta de la entrada a la celda no presentó signos de violencia; 4) Que la única llave que se poseía en la Jefatura Policial era con certeza la que el comandante de guardia tenía al momento de los hechos; 5) Que los prófugos estaban detenidos por diversos delitos, entre los que habían personas sospechosas de la presunta comisión del delito de lavado de activos, delitos sumamente graves. El Censor cuestiona que el Tribunal de Instancia haya concluido que no existe la certeza que los dos policías imputados P. V. y J. E. V. hayan participado en el favorecimiento de la evasión. Expone que por lógica, la experiencia común y la razón se debió tener por probado que el policía E. V., estaba coludido con los evasores para la consumación del escape. Considera que si el A Quo hubiese valorado adecuadamente todos los elementos de prueba hubiera arribado a la certeza de que los imputados participaron en la comisión del delito en referencia. Censura que el A Quo haya estimado que la celda pudo ser abierta por una llave distinta de la que el comandante de guardia poseía en el momento del hecho, pero sin referir de donde salió esa llave o quien la tenía. Señala que el Juzgador debe estructurar sus conclusiones sobre los datos obtenidos de las pruebas del juicio, de tal manera que su convicción no puede formarse un sentido distinto a las mismas, debiendo reconstruir el hecho como le informan las pruebas y no en otra dirección, pues de hacerlo vulneraría la lógica, en el principio de razón suficiente. Concluye que de las pruebas indicadas el órgano jurisdiccional no ha sido capaz de extraer la información que aportan no las pruebas directas, sino la prueba indiciaria. Considera que de haberse efectuado una adecuada valoración de la prueba, de forma conjunta y armónica, se hubiese llegado a una decisión de condena, por presunción a partir de los indicios declarados probados. Esta Sala de lo Penal considera pertinente recordar, que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, -porque por mor del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir-, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. En el proceso penal la actividad probatoria constituye la fase más trascendental, ya que la función jurisdiccional se asemeja en tal área o ámbito a la historiográfica, pues el Juez lo mismo que el historiador, está llamado a indagar sobre hechos del pasado y averiguar su real existencia estando por ello obligado a realizar no una labor de construir una ficción, sino una obra de elección y construcción sobre datos preexistentes. Para arribar a una sentencia de condena, el Juez debe alcanzar un estado de certeza o certidumbre, que es un estado subjetivo. Sin embargo, no ha de ser una simple probabilidad o un mero juicio de verosimilitud, de ahí que la valoración del material probatorio ha de ser racional y lógico, de tal manera que la prueba se aprecie con cientificidad[1] Para que una presunción surta plenos efectos probatorios, es necesaria la conexión entre el hecho base y el hecho presunto, fundamentado en el principio de normalidad, conectado a una máxima de la experiencia. La máxima de la experiencia constituye el origen de toda presunción, en combinación con el hecho presunto, que es el punto de partida inverso, y a su vez el fundamento de la misma a través del principio de normalidad (id quod plerumque accidit). Un ejemplo puede contribuir a aclarar lo que se acaba de decir. Es una máxima de experiencia, o regla de vida, que nadie vende nada por debajo de su valor, sino por encima del precio de costo, con la finalidad de obtener un margen de ganancia. Sólo si concurre una razón de necesidad, o un afán de liberalidad, o cualquier otra causa razonable, se vende un objeto por debajo de su precio. Si alguien vende una cosa por debajo de su valor, sin justificación alguna, existe una razón para sospechar acerca de que el objeto que se trata de vender así no tiene un origen claro, y que probablemente es delictivo. Porque toda venta se hace para obtener el contravalor del objeto vendido, y en el ejemplo propuesto el vendedor solo obtiene un valor inferior. Esto indica que un precio tan bajo no sólo favorece económicamente al comprador, sino también al vendedor (nadie da nada gratis, salvo causa justificada), para quien todo ese precio es beneficio, toda vez que no ha pagado nada por adquirirlo, a menos que se expliquen las razones de su proceder. Esta máxima de la experiencia permite fundamentar una norma de presunción, en la que el hecho básico es la adquisición de la cosa a precio vil, y el hecho presunto es el conocimiento de la ilícita procedencia de tal objeto. Entre el hecho básico y el hecho presunto concurre un enlace que se asienta en la referida máxima de la experiencia, conectada con el principio de normalidad. A su vez, toda máxima de experiencia se asienta en una clara idea de racionalidad, derivada de aplicar el juicio humano a la observación de casos concretos, para por vía de generalización procurar su aplicación a otros casos similares. La exigencia legal, plasmada en el artículo 1538 del Código Civil, relativa a que entre el indicio y el hecho presunto exista un enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano, está indicando que toda presunción ha de asentarse en una idea de racionalidad. De este modo, el Juez ha de realizar mentalmente el engarce entre el hecho base y el hecho consecuencia, y ello de un modo coherente, lógico y racional, entendida la racionalidad, por supuesto, no como mero mecanismo o automatismo, sino como comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a los criterios colectivos vigentes. Volviendo al ejemplo planteado líneas arriba, la norma de presunción queda enunciada de la siguiente manera: si se adquiere un objeto a precio vil (hecho básico) es muy probable (enlace) que sepa que tal objeto tiene una procedencia delictiva (hecho presunto). Más exactamente, el enunciado de la presunción es: si se adquiere un objeto a precio vil (hecho básico) es normal (enlace) que sepa que tal objeto tiene una procedencia delictiva (hecho presunto). Para conocer porque es normal o muy probable tal conocimiento habrá que ir al contenido de la máxima de la experiencia, que constituye el fundamento de tal presunción. Si la presunción abstracta establece el enlace entre el hecho básico y el presunto con la expresión “es normal” o “es muy probable”, en la presunción concreta el “es normal” se sustituye por el “es cierto”, una vez que se ha producido el proceso de depuración de la presunción abstracta. Así, a modo de ejemplo, quien posee varias papelinas de droga, junto con una balanza de precisión para pesar cantidades inferiores a un gramo, y además tiene glucosa para mezclar la droga y obtener más dosis, también papelitos preparados para confeccionar las papelinas, se presume que se dedica a la venta de drogas. Porque es máxima de la experiencia que los vendedores de drogas suelen actuar así, o sea, “es normal” o “es muy probable”, que con todos esos indicios su actividad sea la de vender drogas, a menos que justifique cumplidamente porque posee todos esos objetos. Si no logra tal justificación, el “es normal” se convierte en “es cierto”, y se convierte en prueba plena. En definitiva las máximas de la experiencia cumplen una doble función: fundamentan la creación de una norma de presunción, y sirven de indicador para valorar la racionalidad del enlace entre el hecho básico y el hecho presunto[2]. Esta Sala considera oportuno recordar que si bien es cierto que al ejercer su derecho a declarar. el acusado podrá si así lo desea, relatar los hechos libre de juramento, sin que por ello esté sujeto a las penas del delito de falso testimonio; no es menos cierto, que para alcanzar la verdad real de los hechos, las partes podrán hacer uso de cualquier medio de prueba, siempre que el mismo sea confiable, pertinente, útil, proporcionado y libre de toda ilicitud. Observa esta Sala que el A Quo al valorar la prueba de cargo, no ha encontrado prueba directa contundente de la cual se derive con certeza la participación de los acusados P. V. y J. E. V., en los hechos sometidos a juzgamiento. Por otro lado podemos afirmar que de las declaraciones rendidas tanto por los imputados como por los testigos, se desprenden indicios anteriores y concomitantes respecto al espacio temporal en que se cometió el delito, concretamente en lo que se refiere a las circunstancias de que el imputado J. E. V. fungía como el Comandante de Guardia y depositario de una llave con la que se podía abrir el candado que impedía la apertura de la celda número dos, donde se encontraban detenidos los reos prófugos, en tanto que el encausado P. V. ejercía la función de centinela o vigilancia sobre los detenidos, de tal modo que en el transcurso del proceso han existido fuertes sospechas de que los encausados antes mencionados son partícipes, del hecho criminoso que se les atribuye, sin embargo, esta Sala considera que no se alcanza la certeza necesaria, y por lo tanto existe una duda razonable sobre tal participación. Es de recordar que la existencia de indicios puede no ser suficiente para destruir la presunción de inocencia, a pesar de que se parte de una actividad probatoria lícita, tanto cuando el hecho base excluye el hecho consecuencia, como cuando del hecho base acreditado no se infiere de modo inequívoco la conclusión a la que se llega[3]. Del haz probatorio evacuado en el debate se colige que el instrumento de seguridad que impedía la apertura de la celda donde se mantenían retenidos los presos evadidos, era un candado que no tenía características especiales, de uso extendido y común que se adquiere normalmente con tres llaves. De este modo, es perfectamente posible que los detenidos hubieran obtenido otra llave para abrir dicho candado sin que se las proporcionara alguno de los acusados y con ello lograr escaparse del lugar donde estaban retenidos, de tal modo que no existiendo otro indicio que enlazado con el antes expuesto, permita inferir más allá de toda duda razonable, que los encartados cooperaron activa o pasivamente en la fuga de los reos prófugos, podemos afirmar que la presunción de inocencia que consagra el artículo 89 de la Constitución no ha resultado enervada. A modo de conclusión podemos afirmar, que el Tribunal de Instancia que ha tenido ante sí y en virtud del principio de inmediación las pruebas evacuadas en el debate, ha externado una motivación lógica, racional, coherente, suficiente y congruente con las máximas de la experiencia para arribar a una sentencia que exime a los encartados por duda razonable, de la responsabilidad criminal que se les ha venido atribuyendo, de ahí que el motivo formulado por la Representación del Ministerio Público, debe ser desestimado
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de junio de dos mil doce, por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO, en su calidad de Coordinador, JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO dicta sentencia conociendo del RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, interpuesto contra la sentencia de fecha veinte de octubre de dos mil cinco, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual Absolvió a P. V. L. Y E. E. V., por el delito de FAVORECIMIENTO DE EVASIÓN, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.- Interpuso el Recurso de Casación la Abogada I. B. F. S., actuando en su condición de Representante del Ministerio Público.- INTERVIENE: La Abogada C. M. P., Representante del Ministerio Público, como parte recurrente. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- HECHOS PROBADOS Valorando las pruebas practicadas en el juicio de acuerdo con las reglas de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: “Primero: El veintinueve de noviembre del año dos mil dos, en la Jefatura Policial Departamental número once, de la Isla de Roatan, Departamento de Islas de la Bahía, se les ordenó realizar el turno a los policías P. V. L. a partir de las doce de la noche como centinela y a E. E. V. Z., desde las seis de la mañana, como comandante de guardia, dándose como novedad a la una y treinta de la madrugada, el ingreso de cuatro personas detenidas por escándalo público en las celdas números uno y dos, de dicha jefatura, quedando los candados de ambas celdas, cerrados después del ingreso de las referidas personas. Segundo: Momentos después ya como a las dos y treinta de la madrugada del día treinta de noviembre del año dos mil dos, P. regresando de la comandancia de guardia da la alerta que A. A. L., Á. G. S., O. M., R. O. M., L. M. B., D. A. V., G. O. R., quienes se encontraban detenidos por diversos delitos, dentro de la celda número dos de esa jefatura policial se habían salido de la misma, con rumbo desconocido, utilizando para abrir el candado que se encontraba colocado en la referida celda, una llave distinta a la que mantenía el comandante de guardia E. E. V.. Tercero: Horas después son detenidos p. V. y E. E. V., siendo puesto a la orden de Ministerio Público quien presentó requerimiento”. III.- La recurrente, Abogada I. B. F. S., desarrolló su recurso de casación de la siguiente manera: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. UNICO MOTIVO: Haber incurrido el sentenciador en falta de observación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362.3 del CPP. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. Los preceptos penales adjetivos que se invoca como infringido por falta de aplicación, prescriben: Artículo 202: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida” (lo resaltado pertenece al que suscribe). Por su parte el párrafo primero del artículo 336 de la misma ley señala: “El Tribunal, para resolver, sólo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica” (lo resaltado pertenece al que suscribe).- Así, el artículo 338, que regula la forma de estructurar la sentencia, ordena al juez sentenciador: “Valoración de la prueba. Seguidamente, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de los indicios, igualmente declarados probados”. (lo resaltado pertenece al que suscribe). Los hechos probados de una sentencia penal (que constituyen la verdad al que el tribunal cree haber arribado) están sustentados en el acervo probatorio que se plasma en la fundamentación probatoria.- La fundamentación probatoria se divide en las fases descriptiva e intelectiva; en la primera, el tribunal describe cada una de las pruebas que dan sustento a su decisión; en la segunda (fundamentación intelectiva), el juzgador debe explicar porqué un medio probatorio le merece fe y otro no y además, porqué un elemento de prueba u otro le llevan a una conclusión determinada.- Sobre esta segunda operación es que recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica de acuerdo con el motivo planteado, de tal suerte que la violación a esas reglas que corrigen el correcto entendimiento humano, constituye un problema de fundamentación de la sentencia; por ello el legislador en el artículo 338 del CPP, ubica dentro de la “fundamentación del fallo” (regla cuarta), la valoración de la prueba .- Las reglas de la sana crítica entonces, constituyen la especie dentro del género conocido como fundamentación. En el sistema de sana crítica racional, que implementa nuestro sistema procesal penal, en cuanto a la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se las apoye.- En este sistema el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano.- En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Dentro de las reglas de la lógica, al que debe sujetarse el juzgador en la valoración de las pruebas, según lo exigen los artículos 202 y 336 CPP y que recalca el artículo 338, sección cuarta, numeral 2 (“... justificando según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio...“), aparece la característica, exigida por ellas, denominada, según FERNANDO DE LA RUA (La Casación Penal), como DERIVADA, según la cual, la motivación debe respetar el principio de razón suficiente, para lo cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando.” .- Para ello, la motivación debe ser CONCORDANTE: a cada conclusión afirmada o anegada, debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Resulta, que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la sana crítica ha observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte, en consecuencia, en la violación de los artículos mencionados: La valoración incorrecta que hizo el tribunal es de los siguientes medios de Prueba. 1.- Declaración del Sub-Comisionado de la policía el señor A. F. T. quien categóricamente manifestó que el día de los hechos, como a las doce y treinta minutos de la noche ingresaron a la celda uno y dos algunos detenidos, que le ordenó al Policía P. V. llenar unos barriles de agua más o menos a esa hora, sin embargo, dejó claramente establecido que tanto el Policía P. V. como E. E. V. eran los policías que se encontraban de turno, en la noche en la cual los detenidos escaparon de la celda; el primero, como centinela y el segundo como comandante de guardia y que E. E. V. era la persona que tenía la llave de la celda en su poder. 2- La declaración del imputado P. V., quien señala contundentemente que su compañero E. V. tenía en su poder las llaves de la celda de las cuales se fugaron ciertos detenidos, también manifestó que E. se acercó a las celdas durante la noche en la cual ocurrió el suceso delictivo. 3. La declaración del imputado E. E. V.; en el sentido de que manifestó que era él quien portaba la llave de la celda donde estaban detenidas las personas que escaparon. 4.- La inspección realizada por el Sub Comisionado de Policía, el comandante de guardia y el centinela, (cuya realización se desprende de lo expuesto por estos en juicio oral y público) en la cual concluyeron que la celda no presentaba signos de violencia, tal y como estimó acreditado el tribunal sentenciador en el numeral segundo, párrafo tercero del acápite de valoración probatoria; al señalar que la celda no tenía signos de violencia, es decir, que dicho órgano jurisdiccional tuvo por probado que la celda fue abierta por una llave, ya que no presentaba signos de violencia. Podemos entonces asegurar que con la prueba antes referida el Tribunal no ha sido capaz de extraer conclusiones en relación a la participación de los imputados en el delito referido, por lo que, ha omitido estimar la pertinencia de dichos medios probatorios y valorarlos de manera conjunta y armónica a pesar de que los mismos concluyen: 1.- Que los señores P. V. y J. E. V. (hoy imputados) estaban de turno, el primero como centinela y el segundo como Comandante de Guardia de la Jefatura de la Policía Departamental número once de la Isla de Roatán. 2.- Que la persona que poseía la llave de la celda era el Comandante en Guardia E. E. V.. 3.- Que la puerta de la entrada a la celda no presentó signos de violencia. 4.- Que la única llave que se poseía en la Jefatura Policial era con certeza la que el comandante de guardia tenía al momento de los hechos. 5.- Que los prófugos estaban por diversos delitos entre los que habían personas que estaban por lavado de activos, delitos sumamente graves. Desafortunadamente el A quo en su proceso intelectivo de valoración probatoria ha señalado que de éstas pruebas, no se ha establecido con certeza que los dos policías imputados hayan participado en el favorecimiento de la evasión, pero nos preguntamos ¿Quién tenia la llave de la celda?, la respuesta a ésta interrogante de conformidad a la prueba allegada al juicio, es que esta persona era el Comandante de guardia E. E. V.; asimismo es de suma importancia formularse la pregunta ¿Que actos deben de realizar para configurar que el lícito penal de favorecimiento de la evasión? de no ser abrir la puerta de la celda que condujo a la libertad de los detenidos, estos no hubiesen fugado al menos ese día y utilizando esa puerta, de lo que se determina la evidente colaboración del enjuiciado para que se produjere la evasión de los detenidos. Así, el hecho la lógica, la experiencia común, la razón nos indica que el policía E. V. sí estaba coludido con los evasores para la perpetración del escape de éstos últimos, por lo que consideramos que el Tribunal hubiese valorado adecuadamente todos los elementos de prueba que referimos hubiera arribado a la certeza que tal imputado participó en la comisión del delito en referencia. Finalmente, el Tribunal concede mayor crédito a la circunstancia que la celda pudo ser abierta por otra llave distinta de la que el comandante de guardia poseía en el momento del hecho, sin referir de donde salió esa llave o quien la tenía. El tribunal debe estructurar sus conclusiones de las pruebas que obren en juicio, y en la dirección en que éstas apuntan, de tal forma que no puede establecer su convicción en un sentido distinto al que todas ellas refieren cierta circunstancia de hecho. Es decir, el juzgador debe reconstruir conceptualmente el hecho, de la forma en que le informan las pruebas y no en otra dirección, pues de hacerlo vulneraría la característica de lógica que debe reunir la motivación fáctica bajo el amparo del principio de razón suficiente, vulnerando a su vez el sistema de sana crítica racional que informa la valoración de la prueba, y que es consagrada en los artículos antes citados. Las conclusiones sobre el hecho a las que arribe el juzgador deben proceder del análisis conjunto de las pruebas habidas en el proceso.- Su valoración no puede realizarla de cada elemento individual, sino que la información que extrae de uno debe asociarla con otros elementos de convicción.- Sólo relacionando las pruebas, unas con otras, tendrá la posibilidad de reconstruir un acontecimiento histórico dado porque en muchos casos la información que brinda una prueba no es suficiente para constatar per se todo el hecho que se pretende reconstruir, sino que merece ser asociada con otras.- Esa relación conjunta es la que permite al juez realizar “ex post” esa reconstrucción.- Lo dicho no sólo es de lógico entendimiento sino que es un mandato establecido por la ley.- Ya hemos visto que los artículos 202 y 336 CPP consignan esa exigencia al decir: “El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”; “...sólo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica”.- Las pruebas referidas sobre las cuales éste órgano jurisdiccional no ha sido capaz de extraer la información que aportan no corresponden a aquellas que se les denomina “directas” (como lo sería el testigo que ve al hechor tomar por arrebato la cartera a la víctima), sino que constituyen prueba indiciaria.- El indicio, en palabras del jurista JOSE I. CAFFERATA NORES, “es un hecho (o circunstancia) del cual se puede, mediante una operación lógica, inferir la existencia de otro... el indicio es, por decirlo así, el dedo que señala el objeto. Su fuerza probatoria reside en el grado de necesidad de la relación que revela entre un hecho conocido (el indiciario), psíquico o físico, debidamente acreditado, y otro desconocido (el indicado), cuya existencia se pretende demostrar”. Importante es destacar también que El indicio debe estar probado que deben ser concomitantes, que debe existir pluralidad de indicios, que deben existir univocidad entre el indicio indicador con el indicado, que tengan homogeneidad inculpatoria, que permitan establecer un nexo lógico -causal entre el contenido de las pruebas indiciarias y las conclusiones obtenidas por la sala sentenciadora. De haberse efectuado una adecuada valoración de la prueba, de forma conjunta y armónica, como lo exige nuestra ley procesal (202, 336 Y 338 del CPP), se hubiese llegado a una declaración de condena (esencialmente con la regla de valoración probatoria establecida en este último: “y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de los indicios, igualmente declarados probados”), y esa no ocurrencia constituye el agravio que produce la sentencia cuestionada. Como el vicio ha ocurrido en el acto de dictar sentencia, ha resultado imposible plantear el reclamo correspondiente para subsanarlo”. RECURSO DE CASACIÓN DE QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION DEL MINISTERIO PUBLICO, ARGUYENDO QUE AL DICTAR SENTENCIA ABSOLUTORIA EL TRIBUNAL DE INSTANCIA INOBSERVO LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 3) DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- Argumenta el recurrente que la sentencia impugnada contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. Reprocha la valoración incorrecta de los medios de Prueba siguientes: 1) Declaración del Sub-Comisionado de policía A. F. T.; 2) La declaración del imputado P. V.; 3) La declaración del procesado E. E. V.; 4) La inspección realizada por el Sub Comisionado de Policía, el comandante de guardia y el centinela, en la cual concluyeron que la celda no presentaba signos de violencia y el órgano jurisdiccional tuvo por probado que el candado que impedía la apertura de la celda fue abierto con una llave, ya que el mismo no presentaba signos de violencia. Considera que con dicha prueba el Tribunal A Quo ha debido concluir que los encausados son responsables del delito que se les atribuye, de ahí que en su opinión el Juzgador ha omitido valorar los medios probatorios de manera conjunta y armónica. El recurrente concluye que: 1) los imputados P. V. y J. E. V. estaban de turno, el primero como centinela y el segundo como Comandante de Guardia de la Jefatura de la Policía Departamental número once de la Isla de Roatán; 2) Que la persona que poseía la llave de la celda era el Comandante de Guardia E. E. V.; 3) Que la puerta de la entrada a la celda no presentó signos de violencia; 4) Que la única llave que se poseía en la Jefatura Policial era con certeza la que el comandante de guardia tenía al momento de los hechos; 5) Que los prófugos estaban detenidos por diversos delitos, entre los que habían personas sospechosas de la presunta comisión del delito de lavado de activos, delitos sumamente graves. El Censor cuestiona que el Tribunal de Instancia haya concluido que no existe la certeza que los dos policías imputados P. V. y J. E. V. hayan participado en el favorecimiento de la evasión. Expone que por lógica, la experiencia común y la razón se debió tener por probado que el policía E. V., estaba coludido con los evasores para la consumación del escape. Considera que si el A Quo hubiese valorado adecuadamente todos los elementos de prueba hubiera arribado a la certeza de que los imputados participaron en la comisión del delito en referencia. Censura que el A Quo haya estimado que la celda pudo ser abierta por una llave distinta de la que el comandante de guardia poseía en el momento del hecho, pero sin referir de donde salió esa llave o quien la tenía. Señala que el Juzgador debe estructurar sus conclusiones sobre los datos obtenidos de las pruebas del juicio, de tal manera que su convicción no puede formarse un sentido distinto a las mismas, debiendo reconstruir el hecho como le informan las pruebas y no en otra dirección, pues de hacerlo vulneraría la lógica, en el principio de razón suficiente. Concluye que de las pruebas indicadas el órgano jurisdiccional no ha sido capaz de extraer la información que aportan no las pruebas directas, sino la prueba indiciaria. Considera que de haberse efectuado una adecuada valoración de la prueba, de forma conjunta y armónica, se hubiese llegado a una decisión de condena, por presunción a partir de los indicios declarados probados. Esta Sala de lo Penal considera pertinente recordar, que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, -porque por mor del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir-, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. En el proceso penal la actividad probatoria constituye la fase más trascendental, ya que la función jurisdiccional se asemeja en tal área o ámbito a la historiográfica, pues el Juez lo mismo que el historiador, está llamado a indagar sobre hechos del pasado y averiguar su real existencia estando por ello obligado a realizar no una labor de construir una ficción, sino una obra de elección y construcción sobre datos preexistentes. Para arribar a una sentencia de condena, el Juez debe alcanzar un estado de certeza o certidumbre, que es un estado subjetivo. Sin embargo, no ha de ser una simple probabilidad o un mero juicio de verosimilitud, de ahí que la valoración del material probatorio ha de ser racional y lógico, de tal manera que la prueba se aprecie con cientificidad[1] Para que una presunción surta plenos efectos probatorios, es necesaria la conexión entre el hecho base y el hecho presunto, fundamentado en el principio de normalidad, conectado a una máxima de la experiencia. La máxima de la experiencia constituye el origen de toda presunción, en combinación con el hecho presunto, que es el punto de partida inverso, y a su vez el fundamento de la misma a través del principio de normalidad (id quod plerumque accidit). Un ejemplo puede contribuir a aclarar lo que se acaba de decir. Es una máxima de experiencia, o regla de vida, que nadie vende nada por debajo de su valor, sino por encima del precio de costo, con la finalidad de obtener un margen de ganancia. Sólo si concurre una razón de necesidad, o un afán de liberalidad, o cualquier otra causa razonable, se vende un objeto por debajo de su precio. Si alguien vende una cosa por debajo de su valor, sin justificación alguna, existe una razón para sospechar acerca de que el objeto que se trata de vender así no tiene un origen claro, y que probablemente es delictivo. Porque toda venta se hace para obtener el contravalor del objeto vendido, y en el ejemplo propuesto el vendedor solo obtiene un valor inferior. Esto indica que un precio tan bajo no sólo favorece económicamente al comprador, sino también al vendedor (nadie da nada gratis, salvo causa justificada), para quien todo ese precio es beneficio, toda vez que no ha pagado nada por adquirirlo, a menos que se expliquen las razones de su proceder. Esta máxima de la experiencia permite fundamentar una norma de presunción, en la que el hecho básico es la adquisición de la cosa a precio vil, y el hecho presunto es el conocimiento de la ilícita procedencia de tal objeto. Entre el hecho básico y el hecho presunto concurre un enlace que se asienta en la referida máxima de la experiencia, conectada con el principio de normalidad. A su vez, toda máxima de experiencia se asienta en una clara idea de racionalidad, derivada de aplicar el juicio humano a la observación de casos concretos, para por vía de generalización procurar su aplicación a otros casos similares. La exigencia legal, plasmada en el artículo 1538 del Código Civil, relativa a que entre el indicio y el hecho presunto exista un enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano, está indicando que toda presunción ha de asentarse en una idea de racionalidad. De este modo, el Juez ha de realizar mentalmente el engarce entre el hecho base y el hecho consecuencia, y ello de un modo coherente, lógico y racional, entendida la racionalidad, por supuesto, no como mero mecanismo o automatismo, sino como comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a los criterios colectivos vigentes. Volviendo al ejemplo planteado líneas arriba, la norma de presunción queda enunciada de la siguiente manera: si se adquiere un objeto a precio vil (hecho básico) es muy probable (enlace) que sepa que tal objeto tiene una procedencia delictiva (hecho presunto). Más exactamente, el enunciado de la presunción es: si se adquiere un objeto a precio vil (hecho básico) es normal (enlace) que sepa que tal objeto tiene una procedencia delictiva (hecho presunto). Para conocer porque es normal o muy probable tal conocimiento habrá que ir al contenido de la máxima de la experiencia, que constituye el fundamento de tal presunción. Si la presunción abstracta establece el enlace entre el hecho básico y el presunto con la expresión “es normal” o “es muy probable”, en la presunción concreta el “es normal” se sustituye por el “es cierto”, una vez que se ha producido el proceso de depuración de la presunción abstracta. Así, a modo de ejemplo, quien posee varias papelinas de droga, junto con una balanza de precisión para pesar cantidades inferiores a un gramo, y además tiene glucosa para mezclar la droga y obtener más dosis, también papelitos preparados para confeccionar las papelinas, se presume que se dedica a la venta de drogas. Porque es máxima de la experiencia que los vendedores de drogas suelen actuar así, o sea, “es normal” o “es muy probable”, que con todos esos indicios su actividad sea la de vender drogas, a menos que justifique cumplidamente porque posee todos esos objetos. Si no logra tal justificación, el “es normal” se convierte en “es cierto”, y se convierte en prueba plena. En definitiva las máximas de la experiencia cumplen una doble función: fundamentan la creación de una norma de presunción, y sirven de indicador para valorar la racionalidad del enlace entre el hecho básico y el hecho presunto[2]. Esta Sala considera oportuno recordar que si bien es cierto que al ejercer su derecho a declarar. el acusado podrá si así lo desea, relatar los hechos libre de juramento, sin que por ello esté sujeto a las penas del delito de falso testimonio; no es menos cierto, que para alcanzar la verdad real de los hechos, las partes podrán hacer uso de cualquier medio de prueba, siempre que el mismo sea confiable, pertinente, útil, proporcionado y libre de toda ilicitud. Observa esta Sala que el A Quo al valorar la prueba de cargo, no ha encontrado prueba directa contundente de la cual se derive con certeza la participación de los acusados P. V. y J. E. V., en los hechos sometidos a juzgamiento. Por otro lado podemos afirmar que de las declaraciones rendidas tanto por los imputados como por los testigos, se desprenden indicios anteriores y concomitantes respecto al espacio temporal en que se cometió el delito, concretamente en lo que se refiere a las circunstancias de que el imputado J. E. V. fungía como el Comandante de Guardia y depositario de una llave con la que se podía abrir el candado que impedía la apertura de la celda número dos, donde se encontraban detenidos los reos prófugos, en tanto que el encausado P. V. ejercía la función de centinela o vigilancia sobre los detenidos, de tal modo que en el transcurso del proceso han existido fuertes sospechas de que los encausados antes mencionados son partícipes, del hecho criminoso que se les atribuye, sin embargo, esta Sala considera que no se alcanza la certeza necesaria, y por lo tanto existe una duda razonable sobre tal participación. Es de recordar que la existencia de indicios puede no ser suficiente para destruir la presunción de inocencia, a pesar de que se parte de una actividad probatoria lícita, tanto cuando el hecho base excluye el hecho consecuencia, como cuando del hecho base acreditado no se infiere de modo inequívoco la conclusión a la que se llega[3]. Del haz probatorio evacuado en el debate se colige que el instrumento de seguridad que impedía la apertura de la celda donde se mantenían retenidos los presos evadidos, era un candado que no tenía características especiales, de uso extendido y común que se adquiere normalmente con tres llaves. De este modo, es perfectamente posible que los detenidos hubieran obtenido otra llave para abrir dicho candado sin que se las proporcionara alguno de los acusados y con ello lograr escaparse del lugar donde estaban retenidos, de tal modo que no existiendo otro indicio que enlazado con el antes expuesto, permita inferir más allá de toda duda razonable, que los encartados cooperaron activa o pasivamente en la fuga de los reos prófugos, podemos afirmar que la presunción de inocencia que consagra el artículo 89 de la Constitución no ha resultado enervada. A modo de conclusión podemos afirmar, que el Tribunal de Instancia que ha tenido ante sí y en virtud del principio de inmediación las pruebas evacuadas en el debate, ha externado una motivación lógica, racional, coherente, suficiente y congruente con las máximas de la experiencia para arribar a una sentencia que exime a los encartados por duda razonable, de la responsabilidad criminal que se les ha venido atribuyendo, de ahí que el motivo formulado por la Representación del Ministerio Público, debe ser desestimado. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por, UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 2 párrafo primero, 202, 362.3 y 369 del Código Procesal Penal.- FALLA: Declarando sin lugar el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, en su motivo único, interpuesto por el recurrente en su condición indicada, contra la sentencia pronunciada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veinte de Octubre de dos mil cinco.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales pertinentes.- REDACTÓ EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- COORDINADOR.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida a solicitud de la Abogada M. E. G. P., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de agosto del año dos mil doce.- Certificación de la sentencia de fecha veinte de junio del año dos mil doce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-54-2010.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] Vid. CLIMENT DURAN, CARLOS, en La Prueba Penal (Doctrina y Jurisprudencia), Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, pág. 619.
[2] Vid. CLIMENT DURAN, CARLOS, en La Prueba Penal (Doctrina y Jurisprudencia), Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, págs. 643-646.
[3] Vid. PASTOR ALCOY, FRANCISCO, en Prueba de Indicios, credibilidad del acusado y presunción de inocencia, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, págs. 46-48. Dicho autor hace referencia a jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español, concretamente a la sentencia No. 124/01 del 4 de junio de 2001, donde se expresa que: “…la mera tenencia de útiles para el robo no puede fundamentar haber participado en él (STC 105/1998) o que el hecho de estar escondido en las inmediaciones de un lugar donde se cometió un robo no equivale a la prueba de su comisión (STC 150/1987), o que de la tenencia de unos pájaros no puede deducirse la participación del acusado en su sustracción (STC 24/1997), o, finalmente, que de la titularidad de la embarcación desde la que se pescaba ilegalmente no puede deducirse la autoría de una infracción administrativa (STC 45/1997)..También se ha considerado lesivo al derecho a la presunción de inocencia el razonamiento que parte de meras sospechas o conjeturas sobre la participación del acusado en los hechos. Se han considerado lesivas de este derecho fundamental afirmaciones como que el acusado tuvo la oportunidad de cometer el delito (STC 283/1994), o que del simple acompañamiento para recoger la droga puede deducirse la participación en un delito contra la salud pública (STC 157/1998), o que el hecho de ser titular de la explotación de un bar y el conocimiento de un coimputado por delito contra la salud pública implique la participación en dicho delito (STC 171/2000). A este mismo grupo de supuestos pertenece el muy reciente pronunciamiento del TEDH (en el caso Telfner contra Austria, ya citado) que ha considerado contrario a este derecho la deducción de ser el causante de un accidente por el mero hecho de ser el conductor del vehículo…”