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Sentencia CP-51-11 — Registro 3407

Resumen

El Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán dicto sentencia condenatoria al imputado por el delito de Actos de Lujuria, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...El recurrente cuestiona también que el A-quo al momento de aplicar la pena concreta considero la aplicación de la agravante contenida en el artículo 27 numeral 16 del Código Penal referida a “Ejecutar el hecho con ofensa o desprecio del respeto que por la dignidad, edad, o sexo mereciere el ofendido”, pues considera la misma se encuentra subsumida en el tipo penal por el cual se condeno.- Siendo que el Recurso presentado es por Quebrantamiento de Forma, la Sala se encuentra limitada para entrar a conocer el cuestionamiento referido, ya que al tratarse de ley penal sustantiva, en consonancia a la técnica recursiva apropiada debió impugnarse mediante el Recurso de Infracción de Ley regulado en el artículo 360 del Código Procesal Penal.- En consecuencia de todo lo antes expuesto, es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por la defensa..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de abril del año dos mil doce, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO, en su calidad de Coordinador, JACOBO CALIX HERNANEZ Y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la Sentencia de fecha veintinueve de octubre del año dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual CONDENO al señor N. D. M. C., a la pena de SIETE (7) AÑOS DE RECLUSIÓN; como autor responsable del delito de ACTOS DE LUJURIA en perjuicio de la joven S. B. M. B., más las penas de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, durante el tiempo que dure la pena.- Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, el Abogado W. D. C. L., actuando en su condición de Defensor Privado del señor N. D. M. C..- SON PARTES: El Abogado W. D. C. L., en su condición de Defensor Privado del señor N. D. M. C., como parte recurrente, y el Abogado M. M., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS PRIMERO: El día veintidós de julio de dos mil nueve, a eso de las doce con treinta minutos de la tarde, en la Terminal de buses ubicada en la primera avenida de Comayagüela, la joven S. B. M. Baca se encontraba sola a bordo de un autobús que cubre la ruta urbana Colonia Centroamérica Oeste-Mercado. Momentos después ingresó a dicho autobús el acusado N. D. M. C., quien después de sentarse en el asiento trasero del conductor, se levantó y se dirigió al asiento en que se encontraba la joven S. sentándose a la par de ella. SEGUNDO: El acusado N. D., le exigió a la joven le entregara el teléfono celular y el dinero, contestándole ella que no tenía. Acto seguido el acusado le dijo que se cubriera la cara con el pelo y que no fuera a gritar ni a llorar porque la iba a matar, a su vez que le ponía una navaja en el abdomen, luego procedió a tocarle los pechos y a deslizar su mano en la pierna hasta tocarle sus partes íntimas, exigiéndole que se quitara el short y el blúmer”. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo.- EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. MOTIVO UNICO: El haber dictado el Juzgador, sentencia condenatoria contra mi representado el señor N. D. M. C. con motivaciones contradictorias e inobservando en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica.- PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Será de utilidad para la mayor comprensión del presente Recurso ACLARAR que con fundamento en el Principio del efecto parcialmente devolutivo (tantum devolutum quantum apellatum) él mismo está dirigido ÚNICAMENTE contra la parte resolutiva de la sentencia de mérito, en la cual se condenó al señor N. D. M. C., por el delito de ACTOS DE LUJURIA en perjuicio de S. B. M. B.. Según el Artículo 202 del Código Procesal Penal el sentenciador formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida y con arreglo a la sana crítica, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal. Este sistema de valoración, que implementa la reforma procesal penal, le permite al sentenciador cierta libertad en su estimación de pruebas que determinen su convencimiento, pero siempre respetando las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Resulta, que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta con las reglas de la sana crítica a observarse en la valoración de la prueba y que se convierte, en consecuencia, en la violación de los Artículos mencionados, pues el sentenciador al momento de dictar la sentencia condenatoria respecto a mi representado N. D. M. C., transgrediendo la ciencia de la lógica, y las máximas de experiencia, tal como se demuestra en los siguientes puntos, en donde inicialmente se resaltarán aspectos importantes de dichas probanzas, para luego hacer un análisis en cuanto a la Motivación y valoración que hizo el Tribunal recurrido, veamos: I.- En primer lugar resulta importante manifestar que en el apartado primero de la valoración de la prueba implícita en la sentencia recurrida, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, otorga completa credibilidad a la declaración de la ofendida, a pesar de que ésta en su testimonio declara cosas que no fueron debidamente probadas por el ente acusador como ser el supuesto hecho que mi defendido “la intimidó con un cuchillo o navaja exigiéndole que le entregara el dinero o el celular”, sin embargo, en ningún momento el ente acusador presentó como medio de prueba arma cortante o punzo cortante ni de ningún otro tipo que vinculara el hecho relatado por la supuesta ofendida, extremo en virtud del cual el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tegucigalpa le dictó sobreseimiento por el delito de Robo a favor de mi representado, fallo que fue ratificado pro la Honorable Corte Primera de Apelaciones al considerar que al no existir arma cortante o punzo cortante no hubo intimidación en contra de la supuesta víctima, no obstante, increíblemente el Tribunal de Sentencias no valora adecuadamente y de acuerdo a las reglas de la sana crítica, de la lógica y de la experiencia el extremo que a pesar de que mi representado al pedir auxilio a un agente policial (extremo en el que también inobservaron las reglas de la sana crítica, pero al que haremos referencia más adelante) no se le encontró ni mucho menos decomisó arma de ningún tipo, razón por la cual en ningún momento del proceso el Ministerio Público presenta como medio de prueba. Además, en ningún momento el Tribunal de Sentencia hace valoración alguna de la contradicción en la declaración de la supuesta ofendida, rendidas durante la audiencia inicial y durante el debate, ya que en la primera la supuesta ofendida solamente manifestó que mi representado la registró para ver si andaba celular o dinero, pero después cambia su declaración diciendo que la había tocado de forma lujuriosa. II.- En el numeral inciso 1.2 del apartado primero de la valoración probatoria el Tribunal hace referencia al testigo E. R. M. G., Agente de Policía de Tránsito, quien únicamente, declara que el día en que ocurrieron los supuestos hechos él venía bajando de comer cuando vio que tres hombres perseguían a mi representado, quienes lo iban golpeando, y que cuando él se acercó a auxiliar a mi representado los que lo golpeaban a mi defendido le manifestaron que había querido violar a una menor, por lo que lo detuvo y lo remitió a la Fiscalía del Ministerio Público. Posteriormente el agente policial solamente hace un relato de donde queda ubicada la posta policial número uno, el core 7 y la Fiscalía de Turno. ASOMBROSAMENTE en la valoración conjunta de estas pruebas testificales, el Tribunal de Sentencia después de manifestar que SE HA PRODUCIDO COMO PRUEBA DIRECTA DE LOS HECHOS ÚNICAMENTE EL TESTIMONIO DE LA VÍCTIMA, (lo negrita, mayúscula y subrayado es mío), el párrafo siguiente, alejado de toda lógica y sentido común el Tribunal de Sentencia expresa que “AL CONTRASTAR LA DECLARACION DE S. B. M.…,SE PUEDE OBSERVAR QUE SU VERSION ES RATIFICADA POR LA DECLARACION DEL TESTIGO E. M.”, (idem). CÓMO ES POSIBLE QUE EL TRIBUNAL ESTIME Y VALORE TALES CIRCUNSTANCIAS, si en ningún momento el policía ratifica la declaración de la supuesta víctima y tampoco declaró que le constaban los hechos, solamente declara sobre las personas que perseguían a mi representado y los motivos por los cuales lo remite a la Fiscalía, siendo este agente policial quien auxilia a mi representado de las agresiones y de la persecución que sufría por parte de estos tres personajes, que dicho sea de paso, jamás fueron presentados como testigos de los hechos. Es importante mencionar y plasmar en este momento el concepto de TESTIMONIO dado por el profesor y jurista de Derecho Probatorio Jairo Parra Quijano, en su Manual de Derecho Probatorio, (Ediciones Librería del Profesional, Séptima Edición, 1997, Santa Fe de Bogotá, Colombia, página 125) en la que establece: “El testimonio es un medio de prueba, que consiste en el relato que un tercero le hace al Juez sobre el conocimiento de los hechos que tiene”, en ese sentido, la declaración del policía versa sobre la persecución de la cual era objeto por parte de tres individuos, y sobre lo que éstos manifestaron en el momento, y después la menor. Aquellas tres personas que en ningún momento, como ya lo mencionamos, fueron propuestos sus testimonios, es decir, personas indeterminadas e individualizadas, sobre las que recae el testimonio del agente policial. Al respecto, el profesor Jairo Parra Quijano en su manual del Derecho Probatorio (idem, pág. 211), nos presenta la noción del testigo de oídas, así: “Mediante el testigo de oídas, el Juez no logra la representación de los hechos directamente del testigo que los presenció, sino de otros que oyeron a aquél referirlos”, es decir, que el agente policial al no conocer ni investigar los hechos juzgados no era un testigo en sí, sino un testigo de oídas, quien escuchó en el relato de personas aun desconocidas. El problema entonces no radica en el testimonio rendido por el agente policial, ya que él solamente declara los hechos que le constan, siendo éstos la persecución a mi defendido, y también los hechos que tuvo conocimiento de oídas, y como ya dije anteriormente, por personas que aún desconocemos, el más grave y atentatorio de derecho y principios fundamentales es la inobservancia de las reglas de la sana crítica por parte del Tribunal al plasmar en su sentencia que la declaración del testigo ratifica la de la supuesta ofendida. III.- En la misma violación a las reglas de la sana crítica, incurre el Tribunal de Sentencia con respecto al testimonio de la señora I. Y. M. B., madre de la supuesta ofendida, la que se encuentra en el inciso 1.3 del mismo apartado primero, quien declara que el día de los supuestos hechos recibe una llamada –la cual en estrados manifiesta no estar segura de quien la recibe- y manifiesta que en dicha llamada le dicen que su hija fue objeto de una Violación pero que posteriormente su hija le cuenta todo. Es importante hacer notar que la madre de la supuesta ofendida no tuvo conocimiento de ningún hecho y que al igual que el agente policial constituye un testigo de oídas, por lo que su declaración Es por esto que no me referiré más a dicha declaración resulta ineficaz para el propósito de los medios de prueba. y mucho menos a la valoración que hace el Tribunal. IV.- En la valoración conjunta de la prueba testifical enunciado en el numeral primero de la sentencia recurrida, el Tribunal estima como prueba directa “UNICAMENTE EL TESTIMONIO DE LA VICTIMA”, argumentando que son hechos que se producen en la intimidad o sin testigos, respecto a esto, el Tribunal solamente hace una breve narración de la que la Doctrina ha estimado en la generalidad de los casos de abuso sexual, sea cual sea su tipificación, y no valorando en ningún sentido EL LUGAR en el que ocurrieron los supuestos hechos, siendo éste UN BUS DE LA RUTA URBANA, es decir, un lugar público, abierto, que si bien es cierto, es un vehículo automotor, en el mismo laboran un motorista y un asistente o cobrador, lo que concuerda con lo declarado por mi representado quien manifiesta que en el bus en relación estaban el cobrador y otros dos tipos más quienes lo agredieron solamente por estar conversando con la supuesta ofendida. Lo anterior, es contrario a la lógica, a la experiencia y al sentido común, quebrando así las reglas de la sana crítica. Es decir, que el argumento doctrinario invocado por el Honorable Tribunal no se aplica al caso concreto ya que, tal como lo narra la acusación del Ministerio Público ocurrió supuestamente durante el día y con “POSIBLES TESTIGOS PRESENCIALES”, siendo éstos los que “LE MANIFESTARON AL AGENTE POLICIAL LO OCURRIDO EN EL BUS”, Pero, ¿dónde consta la declaración de estas personas? No consta en ningún lado ya que no fueron propuestos siquiera por el ente acusador en la audiencia correspondiente. ¿Porqué entonces el Tribunal valora y estima esta circunstancia? V.- Numeral Segundo, inciso 2.2 de la Prueba Documental, consistente en el Dictamen Médico Psiquiátrico número DMF-2009-11-400, la valoración que el Tribunal hace de este medio de prueba dista de todo razonamiento lógico, ya que como se argumentó en el Debate o Juicio Oral y Público, la supuesta ofendida presenta daño psiquiátrico PERO ESE DAÑO PSIQUIATRICO ES ANTERIOR AL DIA EN QUE OCURRIERON LOS SUPUESTOS HECHOS, al extremo que la supuesta ofendida presentaba ideas de muerte (suicidas) antes de los supuestos hechos, además reitera la perito que toda la problemática de la menor puede ser familiar. No obstante, el Honorable Tribunal expresa en la valoración conjunta de estas pruebas que dicho dictamen merece credibilidad y valor probatorio, llamando incluso a la supuesta ofendida “Menor Adulto” por el hecho de tener 17 años, sin embargo el Código de la Niñez y de la Adolescencia en su artículo 1 establece que los menores adultos son aquellos comprendidos entre las edades de 18 y 21 años de edad. Si bien es cierto, ésto no abona al esclarecimiento de los hechos, sí nos arroja que el Tribunal erra incluso en valoraciones jurídicas tan simples, de suma importancia y por tan alta investidura a la que deviene obligado conocer, no digamos todas las valoraciones fácticas y probatorios en las que incurrieron al momento de dictar la sentencia. Sorprende a esta defensa el hecho que el Tribunal estima que la tesis de la defensa, de los problemas daños psiquiátricos de la supuesta ofendida son personales o familiares, no es corroborada con ningún otro medio de prueba, y que por lo tanto no merece valor probatorio la tesis de la defensa; Es decir, que a pesar de que la misma perito forense, en su dictamen escrito y en su ratificación manifiesta que dichos problemas pueden ser familiares, o sea que la tesis de la defensa se fundamentaba en lo expresado por la perito, pero el Tribunal manifiesta que no se puede corroborar, por lo que valora por un lado el dictamen de la psiquiatra forense, pero no le da valor cuando dicho dictamen favorece a mi representado, violentando el principio del indubio pro reo. VI.- Numeral Tercero. Para finalizar, el Tribunal no estima no valora la declaración de mi representado por considerar que la misma no constituye medio de prueba en sí, sino que un derecho que tienen las personas imputadas. No obstante, la declaración rendida por mi representado, establece que el día en que ocurrieron los supuestos hechos, efectivamente él se le acercó y le habló a la supuesta ofendida, pero que tres personas entraron al bus y lo empezaron a golpear por lo que él sale huyendo del lugar pidiéndole ayuda a un agente policial, E. M., quien en su declaración ratifica lo manifestado por mi cliente, al decir que a éste lo venían siguiendo tres individuos, pero tampoco el Tribunal le da credibilidad ni valor probatorio, y peor aun, no percibe que la declaración de mi representado es confirmada por el agente policial, pero si manifiesta como lo mencioné anteriormente, que la declaración del agente ratifica la de la supuesta ofendida, cuando el agente jamás estuvo en el bus. VII.- Es mayormente aberrante, el hecho que en cuanto a la solicitud de aplicación de la pena concreta, el Ministerio Público no acreditó medios de prueba como agravante, sin embargo, solicita el Ministerio Público que se considere la agravante establecida en el artículo 27 numeral 16 del Código Penal, es decir, ejecutar el hecho con ofensas o desprecio del respeto, que por la dignidad humana, edad o sexo merece el ofendido. Sin embargo, como bien lo arguyó el Colega Defensor en ese momento, no procedía dicha agravante por el hecho de estar la misma subsumida en el tipo penal por el cual se le acusó y condenó a mi representado es decir, Actos de Lujuria, lleva implícito en el tipo penal una ofensa hacia la persona contra la cual se comete el mismo, ya que al momento de hacer objeto de actos de lujuria a una persona, se está hablando de una invasión a la intimidad de una persona en contra de su voluntad, salvo en el caso establecido en el párrafo segundo que establece que cuando se comente contra personas Menores de 14 años, aun con el consentimiento de éstas la pena será agravada en un medio. Haciendo un símil, es como si aceptáramos que en el delito de Asesinato, procede la garante de ¡Alevosía! Cuando uno de los elementos esenciales del tipo penal asesinato es precisamente la Alevosía. Nuevamente y sin dejar de sentir un cierto grado de preocupación por la valoración de las pruebas en la sentencia recurrida, con vuestro respeto me permito plasmar ciertas consideraciones de la sana crítica de la siguiente manera: Las reglas de la sana crítica. Este sistema ha sido desarrollado y propugnado en América, por el profesor Uruguayo Eduardo J. Cotoure, quien además de los sistemas de valoración ya estudiados (prueba legal y libre convicción), distingue el de la sana crítica, esto es, “el que remite a criterios de lógica y de experiencia, por acto voluntario del juez”. En la doctrina de Cotoure, la diferencia entre el sistema de la libre convicción y el de la sana crítica consiste en esencia, en lo siguiente: El juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente. Esta manera de actuar dice Cotoure no sería sana crítica, sino libre convicción; la sana crítica es la unión de la lógica y de la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden intelectual. En conclusión para Cotoure, la sana crítica es lógica y experiencia. Apunta el autor que la corrección lógica no basa para convalidar la sentencia, porque la elaboración del Juez puede ser correcta en sentido lógico formal sin embargo la sentencia ser errónea, si han sido erróneamente elegidas las premisas o algunas de ellas. Es experiencia, porque las máximas de la experiencia contribuyen tanto como los principios lógicos a la valoración de la prueba, pues el juez no es una máquina de razonar, sino, esencialmente un hombre que toma conocimiento del mundo que lo rodea y le conoce a través de sus procesos sensibles e intelectuales. Estas son pues las reglas de la sana crítica: REGLAS LOGICAS Y MAXIMAS DE EXPERIENCIAS, a las cuales no solo el Juez sino cualquiera se uniforma en la reconstrucción de los hechos. En consecuencia esta Defensa, como recurrente es del firme criterio, que se violentó en todos sus alcances las reglas de la sana crítica que le debe merecer al juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, tal y como lo expresa el artículo 202 del Código Procesal Penal, dejando de lado la valoración de prueba de una manera armónica y concatenada con la ley que en definitiva es la premisa mayor, haciendo la aclaración que por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio”.- DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EN SU MOTIVO UNICO INTERPUESTO POR LA DEFENSA.- I.- El recurrente en casación, aduce vulneración a las reglas de la sana crítica en la sentencia recurrida, en la cual se condenó al señor N. D. M. C., por el delito de ACTOS DE LUJURIA en perjuicio de S. B. M. B..- Argumenta el recurrente, que el Tribunal sentenciador le otorgó completa credibilidad a la declaración de la ofendida, no obstante haber declarado hechos no probados como ser que el acusado “la intimidó con un cuchillo exigiéndole le entregara dinero o el celular” lo cual no se presentó como prueba y por ello se le dictó sobreseimiento por el delito de ROBO; el recurrente cuestiona la valoración efectuada por el Tribunal a los medios de prueba y su valoración conjunta, diciendo que se ha producido como prueba directa únicamente el testimonio de la víctima y que sin lógica el Tribunal dice que su versión es ratificada por la del testigo E. M. (agente de policía) quien sólo declara del hecho referido a la persecución del acusado.- También reclama el recurrente que no se valoró la declaración del acusado, considerando de igual forma que el Tribunal sentenciador infringe la lógica y la experiencia común al considerar que estos delitos se producen en la intimidad o sin testigos, pero no toma en cuenta el lugar donde ocurrieron los hecho un bus de la ruta urbana.- II.- La Sala de lo Penal ha reiterado[1] que, ciertamente, en delitos como el que se conoce la declaración de la víctima adquiere una relevancia mayor, pero ello no significa que, no debe de valorarse detenidamente para determinar la convicción de la misma.- Seguidamente deberá valorarse si esa declaración aparece huérfana de otro soporte probatorio de cargo o si por el contrario, de las otras pruebas evacuadas se puede derivar inferencias razonables para sostener la condena.- Al respecto, el reproche del recurrente aduciendo vulneración a las reglas de la sana crítica, no es aceptado por la Sala, pues, la verosimilitud de la declaración de la víctima es claramente determinada al existir otros elementos que refuerzan la credibilidad de la misma, que permiten al Tribunal derivar sus conclusiones de manera razonable apoyándose: 1.- En la declaración del policía E. R. M. B., con la cual se enlaza y coincide la versión dada por la víctima, pues éste testigo si bien no presencia directamente el hecho acaecido en el bus, si percibe los hechos directamente cuando detiene al acusado al ser perseguido por tres individuos que le manifestaron que el acusado había violado una niña en el bus, teniendo contacto además en ese momento con la víctima quien se encontraba nerviosa y procediendo a remitir al acusado a la Posta número 1 del CORE 7.- 2.- El Dictamen Médico Psiquiátrico practicado a la víctima el cual refleja características que en el caso en análisis no se pueden descartar sean propios del sucedo ocurrido a la víctima aún y cuando puedan estar asociados también con otros sucesos familiares (resultando razonable la valoración del Tribunal a folio 146).- Con lo cual se concluye que la declaración de la víctima no aparece huérfana de otro sustento probatorio, pues se cuenta con los referidos elementos probatorios que de manera periférica hacen razonable la conclusión de culpabilidad del Tribunal de sentencia.- III.- El recurrente ha cuestionado el razonamiento del A-quo aduciendo que este tipo de delitos se producen en la intimidad o sin testigos, y que el Tribunal no “valoró el lugar del hecho un BUS DE LA RUTA URBANA, es decir, un lugar público, abierto, que si bien es cierto, es un vehículo automotor en el mismo laboran un motorista y un asistente o cobrador…”.- Al respecto, la Sala ha dicho en la misma sentencia supra citada que: “Ciertamente, la experiencia nos muestra que gran cantidad de los delitos de abusos sexuales entre ellos el de violación, si bien, no son exclusivos suelen suceder en entornos sociales en los cuales concurre situaciones de marginalidad social o déficit de atención familiar como ser hijos abandonados, menores que pasan bastante tiempo solos en sus casas o viven juntamente con varias personas, padres que han emigrado del país dejando a los menores con otras personas o familiares, resultando con frecuencia que en muchos casos se cuente únicamente con la declaración de la víctima, razones por las cuales los delitos contra la libertad sexual se consideran criminológicamente delitos clandestinos, secretos, o de comisión encubierta”.- Si bien estos delitos, continuamente son ejecutados en ámbitos de clandestinidad, no excluye, que también puedan suceder en otros lugares, como en el caso examiné en un bus de ruta urbana que de acuerdo a lo descrito por la víctima y el mismo acusado en sus declaraciones (folios 135-136) se puede deducir en el momento del suceso el bus estaba esperando turno para salir, es decir, no se encontraba lleno de pasajeros, de lo cual se deriva que si es posible que el hecho acusado ocurrió dentro del bus y, en cuanto a que no se encontró el arma que la víctima dice uso el acusado para intimidarla.- La violencia que exige el delito de ACTOS DE LUJURIA al referir a los elementos del Artículo 140 del Código Penal, puede ser violencia física o psíquica para anular la resistencia de la víctima, además como ya se dijo supra la declaración de la víctima resulta creíble al existir elementos probatorios con los cuales se enlaza, así el policía E. R. M. en su declaración manifiesta que: “Vio que el acusado lo perseguían tres hombres lo iban golpeando…lo detuvo, le preguntó a S. si era verdad que la había querido asaltar y violar, que andaba puñal y que lo había botado…” (folio 136 v), quedando claro de dicha declaración que el acusado estaba siendo perseguido por tres personas al momento de intervenir el policía, resultando coincidente la referida declaración con la versión dada por la víctima.- De igual forma, no se aprecia vulneración a las reglas de la sana crítica en la valoración hecha por el A-quo a la declaración del imputado (folio 146 v), pues la misma es contrastada con el resto de elementos probatorios producidos en juicio.- IV.- El recurrente cuestiona también que el A-quo al momento de aplicar la pena concreta considero la aplicación de la agravante contenida en el artículo 27 numeral 16 del Código Penal referida a “Ejecutar el hecho con ofensa o desprecio del respeto que por la dignidad, edad, o sexo mereciere el ofendido”, pues considera la misma se encuentra subsumida en el tipo penal por el cual se condeno.- Siendo que el Recurso presentado es por Quebrantamiento de Forma, la Sala se encuentra limitada para entrar a conocer el cuestionamiento referido, ya que al tratarse de ley penal sustantiva, en consonancia a la técnica recursiva apropiada debió impugnarse mediante el Recurso de Infracción de Ley regulado en el artículo 360 del Código Procesal Penal.- En consecuencia de todo lo antes expuesto, es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por la defensa.- POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre de LA REPÚBLICA DE HONDURAS, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 362.3 y 369 del Código Procesal Penal; y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.- FALLA: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único Motivo, invocado por el Abogado W. D. C. L., actuando en su condición de Defensor Privado del señor N. D. M. C., en la causa seguida por suponerlo responsable del delito de ACTOS DE LUJURIA en perjuicio de S. B. M. B..- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que se proceda conforme a derecho.- Redactó: EL MAGISTRADO CALIX HERNANDEZ.- NOTIFIQUESE.- RAUL ANTONO HENRIQUEZ INTERIANO.- COORDINADOR.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida a solicitud de la Abogada M. E. G. P., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de mayo del año dos mil doce.- Certificación de la sentencia de fecha once de abril del año dos mil doce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-51-2011.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Véase sentencia penal número 60-2010 de fecha veintiocho de julio del 2011.