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Sentencia CP-41-10 — Registro 3394

Resumen

Se condenó en primer instancia por el delito de lavados de activos. En casación se confirmó la sentencia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Esta Sala de lo Penal procede a resolver en base a las consideraciones siguientes: I) Este Tribunal de Casación viene sosteniendo reiteradamente que “el principio de Debida Técnica”, se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso” ( Véase Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144). Este principio aparece recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que ”El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “En lo que respecta a la Casación en el Fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende…”. No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la normativa procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación a efectos de favorecer la respuesta mas congruente ante el recurso, por ello esta sala de lo penal ha venido reiterando que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. B) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. C) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. Si revisamos el libelo del recurrente nos encontramos con que si bien puntualizó que norma supone infringida y cual precepto autoriza el recurso, al momento de presentar sus explicaciones se desbordó fuera del ámbito propio de lo que Constituye la estructuración de un recurso por infracción de ley pues antes bien se dio a la tarea de fustigar aspectos procesales relativos a la valoración de la prueba, sin explicar nunca el sentido de la infracción, es decir, como a partir de los hechos probados se demuestra la no compatibilidad de la norma sustantiva aplicada por el juzgador de instancia, lo que le resta claridad y precisión al recurso (En ese mismo sentido sentencia 24 de Agosto de 2010 SP 273-08; Sentencia 28 de octubre de 2010 SP 199-09; Sentencia 18 de enero 2011 SP 351-09 ). Aún intentando la sala abordar el estudio desde la explicación del censor, no puede colegirse la infracción pretendida, de manera que la falta de claridad y precisión no permite a la Sala de lo Penal arribar al estudio deseado que hubiese permitido un recurso interpuesto observando los requisitos de ley. II. La infracción de ley por aplicación indebida de algún precepto penal de carácter sustantivo supone la existencia de un error en la selección del mismo, ocurre cuando la norma aplicada por el Tribunal Juzgador no contempla el hecho o los hechos declarados probados en la sentencia y cuando ello acontece lo que en realidad ha hecho el juzgador es una mala escogencia de la norma que supone aplicable pues aunque la disposición seleccionada sea abstractamente correcta, los hechos no corresponden con la hipótesis acogida por el Juzgador, esta circunstancia no ha sido explicada ni demostrada por los alegatos del recurrente, aún así, esta Sala de lo Penal, ha realizado un parangón entre los hechos que fueron declarado probados en la sentencia y el artículo 3 de la Ley contra el delito de Lavado de Activos y ha encontrado una perfecta correspondencia entre ambos, por tales razones no procede la admisibilidad del recurso.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de Marzo del año dos mil doce, por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO en su calidad de Coordinador, JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo del RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticinco de septiembre de dos mil nueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, mediante la cual Condenó a los acusados: Z. B. V. F. Y B. E. F. A., a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de L. E. D. E. D. H., respectivamente imponiéndoles como penas accesorias las de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena principal.- Interpuso el Recurso de Casación la Abogada K. Y. M. M., actuando en su condición de Defensora Pública de los imputados.- SON PARTES: El Abogado M. R. A. defensor Público de los imputados como recurrente y la Abogada R. L. C., representante del Ministerio Público, como recurrida. I.- La recurrente Abogada K. Y. M. M., en su condición de Defensora Pública de los imputados, desarrolló su recurso de casación de la siguiente manera: “INDICACIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACION. PRIMER MOTIVO: Por aplicación indebida del artículo 3 de la Ley Contra el Lavado de Activos. PRECEPTO AUTORIZANTE.- El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el numeral 1 del artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. El fallo recurrido contiene una evidente omisión por parte del Tribunal al no considerar que concurrió en la valoración de la responsabilidad penal de los acusados un claro ERROR DE PROHIBICIÓN lo que los excluye de cometer el delito de Lavado de Activos en perjuicio de L. E. D. E. D. H. dicha circunstancia misma que fue probada con las pruebas evacuadas en juicio no permiten afirmar que la conducta de los encartados sea constitutiva de tal ilícito penal como indebidamente fue calificada por el tribunal. Tuvo que haberse dictado una Sentencia Absolutoria por existir prueba ilícito o prohibida que menoscabó los derechos y garantías de los imputados y del debido proceso sin existir prueba independiente a ella que sirviera de base a los juzgadores para condenar por un extremo, y por otro que existe un error de prohibición, ya que la imputada siendo extranjera no estaba obligada a saber que tenía que declarar el dinero que introdujo al país el cual excede de la cantidad mínima que exige la ley, además se probo lejos de toda duda razonable la procedencia licita del dinero con suficientes documentos debidamente apostillados por cancillería y los mismos fueron ratificados y sustentados debidamente con la declaración de la tía de la imputada ABOG K. P. P. Juez del Tribunal de Sentencia de Guatemala a quien Z. B. V. F. sustrajo el dinero, quien rindió una declaración amplia y sin contradicción alguna al Tribunal, manifestando que el dinero es producto de la venta de un inmueble en ciudad Guatemala, incluso la prueba de SCAN DE IONES que se efectuó al dinero fue declarada ilícita siendo una prueba importante para establecer la procedencia del dinero incautado. Como elemento de la teoría del delito nos encontramos con la culpabilidad, misma que posteriormente ha sido conocida como imputación personal, consistiendo en atribuir, el desvalor del hecho penalmente antijurídico a su autor, en tal sentido existe completo acuerdo en la doctrina que el autor es necesario sepa o pueda saber que su hecho se encuentra prohibido por la ley, por lo que el desconocimiento sobre este aspecto viene a constituirse en uno de los aspectos negativos de la imputación personal a mis representados quienes desconocían totalmente la ilicitud de su actuar ya que siendo ciudadanos extranjeros desconocían que debían declarar el dinero que traían antes de ingresarlo al país, lo que los llevaría a tener problemas de carácter judicial, no conocían la antijuricidad de su actuar es decir suponían que lo que Realizaban no es contrario a derecho y por ende actuaban ilícitamente sin ni siquiera plantearse la ilicitud del acto. SEGUNDO: Si bien es cierto el tribunal dictó una sentencia condenatoria basándose en el estudio de la cronología de los sucesos sometidos a enjuiciamiento, las incidencias que se circunscriben al acto de la imputación no hacen mas que sacar o relucir la inocencia de ambos imputados, estimando la declaración de la imputada quien manifestó que sustrajo el dinero o su tía materna que era con quien ella vivía y que el mismo era producto de la venta de un bien inmueble cuyos documentos debidamente postillados por cancillería se presentaron desde un inicio al juzgador, en el caso del imputado B. E. F. el solamente acompañó a Z. B. V. en su viaje hacia Costa Rica, ignorando que llevaba en su bolso el dinero incautado.-Esto indefectiblemente nos encamina a apreciar el estudio de la Teoría del Delito específicamente a una Institución como lo es el ERROR DE PROHIBICION y si bien es cierto nos regimos por el Principio Ignoratia luris Nom Excusa el cual quiere decir que nadie puede alegar ignorancia de la ley, ha servido de base para diferenciar el error de hecho del error de derecho, por lo que es importante señalar que dicho principio es relativo puesto que admite excepciones y en casos extremos se ha establecido que el conocimiento de la Ley no puede ir mas allá de lo que es razonablemente aceptable, puesto que en ocasiones no solo se puede desconocer la norma, sino que también se puede desconocer el hecho. No podemos obviar que en la parte general de nuestra Ley Penal en su artículo 13, establece: “Que el delito puede ser realizado por acción o por omisión, y que necesariamente debe ser doloso o culposo”. Estableciendo en el aparte que: El delito es doloso cuando responde a la intención que se tuvo al ejecutarlo o cuando el autor sabe, o está obligado a saber, que como consecuencia de lo acción u omisión existe la posibilidad de que se produzca un efecto constitutivo de delito es pertinente y necesario mencionar que mis defendidos en ningún momento tuvieron intención de cometer un delito de lavado de activos QUE AFECTARA LA ECONOMIA DEL PAÍS ocasionar una lesión o daño al bien protegido que en este caso es la economía del Estado ya que, quedo debidamente probado iban de paso por Honduras, vía terrestre y en ninguna terminal de este tipo advierten a los pasajeros que si llevan más de cinco mil dólares tienen que declararlo antes de ingresar a nuestro país por lo que incurren mis defendidos en un error de prohibición el cual supone el desconocimiento de la prohibición de la realización del hecho, es decir de su antijuricidad, puesto que el sujeto supone que lo que realiza no es contrario a derecho y por ende, actúa lícitamente.- Este error no solo se da cuando el autor cree que actúa lícitamente sino cuando ni siquiera se plantea su licitud o ilicitud (Muñoz Conde, Francisco ObCit. Pag.401) por lo que dichos actos no constituían paro mis defendidos un ilícito penal; por ende no parece adecuado que bajo esta percepción mis defendidos pudieron plantearse cuestión alguna al respecto, y mucho menos se les puede exigir que buscaran una forma de salir de tal error, ya que no se consideraban estar ante unos hechos reputados como delito, por tanto aquí el error es invencible. Es por lo anteriormente expuesto que el presente motivo debe ser admitido, declarando con lugar el presente recurso. ALCANCES DEL PRESENTE RECURSO: Con el presente recurso se pretende que la Corte Suprema de Justicia: l- Anule la sentencia recurrida en su parte resolutiva. 2- Que dicte nueva sentencia en la que se absuelva de toda responsabilidad a los señores Z. B. V. F. y B. E. F. A.”. II.- HECHOS PROBADOS “PRIMERO: Que el día veintiuno de septiembre del año dos mil siete, ingresaron al territorio nacional vía terrestre, los señores B. E. F. y Z. B. V. F., ambos de origen Guatemalteco, quienes días antes habían dispuesto viajar hasta la Republica de Costa Rica, llevando consigo la cantidad de SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA DOLARES AMERICANOS ($61,440.), para ello comparecieron el día ya señalado en horas de la madrugada a las oficinas donde funciona la empresa de transporte Hedman y Alas, en ciudad Guatemala, donde compraron los boletos con número 031621 (B.) y 031622 (Z.), que los trasladaría hasta la ciudad de Tegucigalpa, viajando en los asientos números 19 y 20 respectivamente. SEGUNDO: Aproximadamente siendo las doce con treinta minutos del mediodía arribaron a esta ciudad de San Pedro Sula, transbordando posteriormente como a eso de la una de la tarde, otro autobús de la misma empresa, que finalmente los llevaría hasta la ciudad de Tegucigalpa, y justamente cuando el automotor referido transitaba a la altura del peaje ubicado en la autopista salida al sur, este fue requerido por la autoridad policial con el objeto de realizar un registro al mando del Comisionado L. S. G. quien momentos antes había recibido vía teléfono móvil información de que en dicha unidad de transporte viajaba una pareja que les fue descrita y portando una gran cantidad de dinero, por lo cual, dicho oficial pidió colaboración a otros agentes para realizar un operativo, una vez que el bus pasó por el lugar fue requerido, el oficial Sauceda lo abordó y advirtió a sus ocupantes que se estaba realizando un operativo y de inmediato reconoció la pareja que había sido descrita, por lo que se bajo a todos los pasajeros y de inmediato se solicitó identificación de la pareja que respondían al nombre de Z. B. V. y B. E. F. procediendo en ese acto a requerirlos preguntándoles si portaban cantidades de dinero, ante lo cual, la muchacha respondió que si, acto seguido se le consulto que cuanto y ella se dirigió a B. y le pregunto que cuanto llevaban y él le dijo que como unos veinte mil dólares, por lo que ella repitió la respuesta de su acompañante al oficial de policía. TERCERO: Acto seguido una vez confirmada la información que hasta ese momento era una sospechosa de la policía, se decidió llamar a los agentes de la Dirección General de Investigación Criminal, para que practicaran las diligencias pertinentes y entregarles el caso, pero al llegar dicha unidad se decidió trasladar a los señores V. y F. hasta la sede de la policía de investigación, sita en el barrio la Guardia de esta ciudad, ya que por las condiciones públicas del lugar no se podía practicar un registro personal de ambas personas, mismo que se efectuó en la mencionada dependencia pero en oficinas separadas, por personal del mismo sexo de los señores B. y Z. respectivamente y siguiendo todos los procedimientos legales, resultando que efectivamente a la señora V. portaba adheridos a su pantorrilla izquierda la cantidad de cincuenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta dólares americanos ($59,440) distribuidos en cuatro paquetes que se sujetaban con cinta adhesiva color café, cantidad de dinero en denominaciones de cien 100 y veinte 20 dólares. Habiéndole solicitado para ello que se quitara la ropa hasta quedar en ropa interior a efecto de visualizar si portaba dinero o alguno otro instrumento, en alguna parte del cuerpo, una vez hecho el hallazgo se le pidió que se vistiera de nuevo. Paralelamente, en otra oficina de la misma dependencia pero separado de la señora V. se registró también al señor B. E. F. también siguiendo los procedimientos legales establecidos y documentándose la diligencia, encontrándosele en posesión de dos mil dólares americanos ($2000) y la cantidad de ochocientos sesenta lempiras (L 860.00) dichas cantidades suman la totalidad de sesenta y un mil cuatrocientos cuarenta dólares americanos ($61,440), mismo que no se acreditó la procedencia por parte de los señores B. y Z.”. III. El Ministerio Público al pronunciarse sobre el recurso de Casación refutó que el impetrante incursiona en un irrespeto al fáctum pues se hace valer de aspectos que no se encuentran consignados en los hechos probados lo que hace fracasar el recurso, por el irrespeto al Principio de Intangibilidad de los hechos probados, imponiéndose la inadmisibilidad del recurso. IV DEL RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY POR APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTICULO 3 DE LA LEY CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN SU MOTIVO UNICO INTERPUESTO POR LA DEFENSA El impetrante viene invocando la infracción por falta de aplicación del artículo 3 de la Ley contra el delito de Lavado de Activos, señalando como precepto autorizante el artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal. El recurrente centra su alegato en afirmar que el fallo omitió considerar la concurrencia en la valoración de la responsabilidad de los imputados de un error de prohibición, circunstancia que fue probada en juicio y que por consiguiente debió haberse dictado una sentencia absolutoria. Realiza alegatos propios de instancia afirmando que se probó lejos de toda duda razonable la procedencia lícita del dinero. Esta Sala de lo Penal procede a resolver en base a las consideraciones siguientes: I) Este Tribunal de Casación viene sosteniendo reiteradamente que “el principio de Debida Técnica”, se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso” ( Véase Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144). Este principio aparece recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que ”El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “En lo que respecta a la Casación en el Fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende…”. No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la normativa procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación a efectos de favorecer la respuesta mas congruente ante el recurso, por ello esta sala de lo penal ha venido reiterando que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. B) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. C) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. Si revisamos el libelo del recurrente nos encontramos con que si bien puntualizó que norma supone infringida y cual precepto autoriza el recurso, al momento de presentar sus explicaciones se desbordó fuera del ámbito propio de lo que Constituye la estructuración de un recurso por infracción de ley pues antes bien se dio a la tarea de fustigar aspectos procesales relativos a la valoración de la prueba, sin explicar nunca el sentido de la infracción, es decir, como a partir de los hechos probados se demuestra la no compatibilidad de la norma sustantiva aplicada por el juzgador de instancia, lo que le resta claridad y precisión al recurso (En ese mismo sentido sentencia 24 de Agosto de 2010 SP 273-08; Sentencia 28 de octubre de 2010 SP 199-09; Sentencia 18 de enero 2011 SP 351-09 ). Aún intentando la sala abordar el estudio desde la explicación del censor, no puede colegirse la infracción pretendida, de manera que la falta de claridad y precisión no permite a la Sala de lo Penal arribar al estudio deseado que hubiese permitido un recurso interpuesto observando los requisitos de ley. II. La infracción de ley por aplicación indebida de algún precepto penal de carácter sustantivo supone la existencia de un error en la selección del mismo, ocurre cuando la norma aplicada por el Tribunal Juzgador no contempla el hecho o los hechos declarados probados en la sentencia y cuando ello acontece lo que en realidad ha hecho el juzgador es una mala escogencia de la norma que supone aplicable pues aunque la disposición seleccionada sea abstractamente correcta, los hechos no corresponden con la hipótesis acogida por el Juzgador, esta circunstancia no ha sido explicada ni demostrada por los alegatos del recurrente, aún así, esta Sala de lo Penal, ha realizado un parangón entre los hechos que fueron declarado probados en la sentencia y el artículo 3 de la Ley contra el delito de Lavado de Activos y ha encontrado una perfecta correspondencia entre ambos, por tales razones no procede la admisibilidad del recurso. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3 de la Ley contra el delito de Lavado de Activos; 359, 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal. - FALLA: Declarar NO HA LUGAR LA ADMISION del recurso de casación por infracción de Ley en su motivo único interpuesto por la defensa de los señores Z. B. V. F. Y B. E. F. A.. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes.- REDACTO EL MAGISTRADO RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO. - NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- COORDINADOR.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida a solicitud de la Abogada D. R. C., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de mayo del año dos mil doce.- Certificación de la sentencia de fecha ocho de marzo del año dos mil doce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-41-2010.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL