Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-406-11 — Registro 3514

Resumen

Se absolvió por el delito de lavado de activos y trafico de personas.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO, ARGUYENDO QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA VULNERADO LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN EL PROCESO DE VALORACION DE LA PRUEBA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362 No. 3) PARRAFO IN FINE DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- Antes de iniciar el estudio del presente motivo, es importante destacar que en audiencia de fecha veinticinco de octubre de dos mil once, el Apoderado Defensor, Abogado M. C., solicitó que se decretara el sobreseimiento definitivo de las diligencias arguyendo que la imputada L. P. R. M. había fallecido el día trece de octubre de ese mismo año. Siendo que tal suceso fue acreditado con la presentación del acta de defunción que corre incorporada al expediente de casación (vid. Folios No. 16-24) es procedente acceder a tal solicitud. Dicho esto constatamos que la Representación del Ministerio Público alega que el Juzgador ha inobservado las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. Reprocha la fundamentación jurídica externada por el Juzgador en virtud de la cual este considera que no se logró establecer de forma concluyente que los encausados hayan realizado alguno de los verbos rectores que configuran el tipo penal de LAVADO DE ACTIVOS, al no haberse demostrado que el dinero objeto de dicha infracción proviniera de actividades ilícitas, y estimar que el origen de los bienes incautados se encuentre justificado por la recepción de remesas de dinero procedentes del extranjero; y, que en relación al delito de TRÁFICO DE PERSONAS, haya desestimado como prueba toral la declaración de la señora L. C. S., incorporada por lectura, argumentando que su recepción ha estado limitado por la falta inmediación así como también por ser un testigo de referencia. El Censor hace una relación de cada medio de prueba de cargo incorporado al juicio, admitiendo que no son abundantes pero si suficientes como para acreditar la participación de los encausados en los delitos de TRÁFICO DE PERSONAS Y LAVADO DE ACTIVOS. El recurrente considera que partiendo de la cadena de indicios debidamente probados, se infiere que los delitos que se imputan a los encausados tiene estrecha vinculación entre si, de tal manera que los imputados adquirieron bienes y en algunos casos efectuaron mejoras con dinero procedente de las transferencias enviadas desde los Estados Unidos, por parte de familiares y personas ajenas, sin justificar las razones de tales envíos. Considera que los encausados no lograron acreditar, ni justificar, porqué recibían transferencias de los Estados Unidos efectuadas por personas ajenas a su círculo familiar. Estimando que existen indicios, como las declaraciones de los señores L. S. Y P. B., que establecen una relación de tales transferencias con el traslado de jóvenes hondureñas hacia aquél país, a lo que se añade que los encartados no lograron demostrar la actividad económica lícita a la que se dedicaban, al no presentar constancia o prueba de alguna actividad laboral u otras fuentes de ingresos distintas a las remesas recibidas, y por no estar registrados como comerciantes. Concluye el recurrente que en la valoración probatoria el A Quo vulneró la REGLA LÓGICA DE LA DERIVACIÓN, ya que sus conclusiones no se desprenden de los medios de prueba evacuados en el debate. Concretamente reprocha que el Juzgador haya descartado el testimonio rendido por la Señora L. C. S., mismo que fue incorporada por lectura, aduciendo que no ha tenido la inmediación sobre ese medio probatorio. El Representante del Ministerio Público considera que aunque la inmediación no fue posible, su testimonio fue recibido con las formalidades de ley, con observancia de los principios de inmediación y contradicción en la audiencia inicial dirigida por el Juez de Letras. Señala que la testigo alude en su declaración al rescate de varias jóvenes hondureñas en bares ubicados en los Estados Unidos, mismos que eran administrados por N. R. M. y sus hermanas, algunas de éstas últimas condenadas en aquel país, concluyendo que tal deposición debió ser valorada por el Juzgador con toda su eficacia como prueba de cargo. En cuanto al estudio financiero y el informe investigativo, reprocha que el A Quo los descarte aduciendo que las remesas recibidas de familiares y personas extrañas justifican los bienes adquiridos y las mejoras realizadas, no obstante que era obligación de los procesados demostrar el origen de los fondos, de conformidad a la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, por lo que esgrime que existen fuertes indicios de que los encartados se dedican al Tráfico Ilícito de personas. El Censor considera que el A-Quo ha valorado la prueba de manera arbitraria y parcial, al indicar que solamente con prueba testifical se puede sustentar un fallo condenatorio, olvidando el sistema de libertad probatoria que rige nuestro proceso penal. El recurrente considera que las razones por las que el Juzgador ha restado validez a la prueba de cargo quebrantan el sistema de la sana crítica, al no haber enlazado los indicios que surgen de las pruebas evacuadas en juicio, y haber concluido que las señoras N. F. R. M., L. P. R. M., Z. Z. M. no son responsables de los delitos de TRÁFICO DE PERSONAS Y LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de La Libertad de las Personas y la Economía del Estado y que el señor D. Y. D., no ha perpetrado el ilícito de LAVADO DE ACTIVOS. Esta Sala de lo Penal observa, que el reproche recursivo recae sobre el fundamento intelectivo de la sentencia impugnada, por violación de las reglas de la sana crítica, concretamente del postulado de la derivación. Esta Sala entiende que todo problema de inobservancia de las normas del correcto entendimiento humano, es decir de las máximas de la experiencia, la psicología y la lógica, es un problema de fundamentación. Las primeras se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Las reglas de la Psicología: están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquel. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el Juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado. Las reglas de la lógica implican, por su parte, que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la observancia de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. Asimismo, la derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). Dentro de las reglas de la 1ógica, al que debe sujetarse el juzgador en la valoración de las pruebas, aparece la característica, exigida por ellas, denominada derivada, según la cual, la motivación debe respetar el principio de razón suficiente, para lo cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando.". Para ello, la motivación debe ser concordante: a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente al elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Cuando se pide que una sentencia sea motivada bajo la lógica, como regla de la sana crítica, es porque se afirma que la derivación es una exigencia de la razón suficiente, de tal manera que el razonamiento de los jueces de sentencia, debe estar constituido por deducciones razonables originadas, formadas y concluidas de las pruebas, es decir, que cualquier afirmación o proposición que acredite la existencia o no de un hecho, tiene que estar fundamentada en las pruebas, por eso este principio de razón suficiente se entiende como la forma lógica del razonamiento humano; “que no se produce ningún hecho, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo”. En el caso bajo examen, el Censor de la sentencia impugnada cuestiona el valor probatorio concedido por el Juzgador de instancia a las pruebas de de cargo siguientes: 1) testimonio de la Señora L. C. S., incorporado por lectura autorizada, mismo que el Juzgador de Instancia no concede plena eficacia al haber carecido de la inmediación en su producción, y ser un testigo de referencia; 2) Estudio financiero e informe investigativo, que tampoco tiene plena eficacia para el Tribunal A Quo, al estimar que los bienes adquiridos por los encausados y las mejoras incorporadas a bienes preexistentes de estos, están justificados por las remesas enviadas desde los Estados Unidos por parte de familiares y otras personas, y con los cuales se habría demostrado el origen lícito de los fondos. El Censor reprocha que el Juzgador no ha logrado enlazar armoniosamente y en su conjunto la totalidad de la prueba evacuada en juicio, para tener por acreditado que el dinero de las remesas provenía de una actividad ilícita, concretamente del delito de TRÁFICO DE PERSONAS hacia los Estados Unidos de América, como fuente de los bienes objeto de un posterior delito de LAVADO DE ACTIVOS. Esta Sala estima que no obstante, ser el delito de Lavado de Activos, un delito autónomo de cualquier otra actividad ilícita; en este caso concreto, el acusador público lo ha vinculado en forma expresa al delito de Tráfico de Personas, siendo entonces indispensable comprobar si con la prueba incorporada, y conforme a las reglas de la sana crítica, en su postulado de derivación, es posible derivar o inferir tal consideración. Respecto a La declaración de la testigo de cargo L. C. S., rendida en audiencia inicial, e incorporada al juicio por lectura autorizada, esta Sala observa que el A Quo aún cuando ha tenido por justificada la no presencia en la Sala de Juicio de la testigo en mención y que la ley adjetiva aplicable al caso, -Artículo 311.2 del Código Procesal Penal- permite la incorporación por lectura de dicho testimonio, esta Sala considera que tal como lo afirma el A Quo, no puede tener por probados los hechos que se han pretendido acreditar por medio de la deponente relacionada, en virtud de que: 1) El tribunal sentenciador no ha tenido inmediación de la prueba; 2) Se ha restringido el derecho de defensa, de contradicción y audiencia; asimismo, consta que la testigo de cargo no declara sobre hechos que le constan personalmente, sino sobre hechos que han llegado a su conocimiento por fuentes periodísticas no confirmadas, y por intermedio de terceras personas ajenas al proceso, y por hechos acontecidos en territorio de otro Estado, no verificados oficialmente, de forma autentica e indubitable, y de conformidad a las normas de derecho internacional vigentes, para tenerlos por verdaderos, y aptos para surtir efectos jurídico penales en nuestro país; 2) En lo que respecta al los medios de prueba consistentes en el Estudio Financiero e Informe investigativo, estos se han limitado a acreditar la lista de bienes muebles y inmuebles propiedad de los encausados y sus mejoras, asimismo el monto detallado de las remesas enviadas por familiares y otras personas desde los Estados Unidos de América. Esta Sala considera que no obstante que el A Quo ha vinculado la adquisición de un numero considerable de bienes de distinta naturaleza por los encausados a las cantidades de dinero enviadas en forma de remesas por parte de familiares y terceras personas a Honduras desde los Estados Unidos; con la prueba de cargo allegada al juicio el acusador público no ha logrado demostrar más allá de toda duda razonable, que tales remesas hayan tenido su origen en una actividad ilícita, concretamente en el delito de tráfico de personas. Aún y cuando se hubiese podido comprobar que las acusadas hayan emigrado de Honduras al extranjero de forma ilegal, desempeñar un trabajo y enviar remesas a su país de origen, ello no es suficiente para tener probada su vinculación a una organización o red internacional dedicada al tráfico de personas. Para ello es necesario el trabajo investigativo conjunto de los Estados involucrados, por tratarse de un delito transnacional, que va más allá del ámbito territorial. En el presente caso no ha habido colaboración, ni intercambio de información, detención de personas, facilitación de medios de prueba, por una vía simplificada, auténtica y confiable, de tal manera que las autoridades nacionales puedan apoyarse legalmente para fundar un fallo condenatorio. No basta pues con las investigaciones de campo, la comprobación de la recepción de remesas o acreditar la adquisición de bienes con origen en esas remesas, sino que es indispensable comprobar que dicha actividad migratoria ilegal, es parte integral de un esquema de criminalidad organizada transnacional. Con respecto al Delito de Lavado de Activos, esta Sala estima, por una parte, que en el presente caso, por las consideraciones anteriormente indicadas, no fue probado el Tráfico de Personas, como actividad ilícita precedente y presunta fuente de la obtención de fondos ilícitos, y si bien es cierto se acreditó que la adquisición de bienes y las mejoras efectuadas por algunos los encausados provienen fundamentalmente del envío de tales remesas, esta Sala concluye que tampoco el acusador público ha demostrado que los encartados pudieron haber realizado algunas de las acciones propias de los verbos rectores del tipo penal de lavado de activos, por lo que fueron llevados a juicio. Esta Sala considera que el Juzgador ha valorado correctamente la prueba de reproche, de la que no ha extraído evidencia directa, contundente, ni suficiente para incriminar a los acusados N. F. R. M., Z. Z. M., como autores de los delitos de TRÁFICO DE PERSONAS Y LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA LIBERTAD Y LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS; y al señor D. Y. D., como autor de un delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. En el proceso penal la actividad probatoria constituye la fase más trascendental, ya que la función jurisdiccional se asemeja en tal área o ámbito a la historiográfica, pues el Juez lo mismo que el historiador, está llamado a indagar sobre hechos del pasado y averiguar su real existencia estando por ello obligado a realizar no una labor de construir una ficción, sino una obra de elección y construcción sobre datos preexistentes. Para arribar a una sentencia de condena, el Juez debe obtener un estado de certeza o certidumbre, que es un estado subjetivo, sin embargo, no ha de ser una simple probabilidad o un mero juicio de verosimilitud, de ahí que la valoración del material probatorio ha de ser racional y lógico, de tal manera que la prueba se aprecie con cientificidad[1]. En lo que concierne a la prueba indiciaria o circunstancial, vale recordar que para que una presunción surta plenos efectos probatorios, es necesaria la conexión entre el hecho base y el hecho presunto, fundamentado en el principio de normalidad, conectado a una máxima de la experiencia. La máxima de la experiencia constituye el origen de toda presunción, en combinación con el hecho presunto, que es el punto de partida inverso, y a su vez el fundamento de la misma a través del principio de normalidad (id quod plerumque accidit). Entre el hecho básico y el hecho presunto concurre un enlace que se asienta en la referida máxima de la experiencia, conectada con el principio de normalidad. A su vez, toda máxima de experiencia se asienta en una clara idea de racionalidad, derivada de aplicar el juicio humano a la observación de casos concretos, para por vía de generalización procurar su aplicación a otros casos similares. La exigencia legal, plasmada en el artículo 1538 del Código Civil, relativa a que entre indicio y el hecho presunto exista un enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano, está indicando que toda presunción ha de asentarse en una idea de racionalidad. De este modo, el Juez ha de realizar mentalmente el engarce entre el hecho base y el hecho consecuencia, y ello de un modo coherente, lógico y racional, entendida la racionalidad, por supuesto, no como mero mecanismo o automatismo, sino como comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a los criterios colectivos vigentes. Así las cosas, esta Sala estima que en la valoración de la prueba circunstancial, y por lo tanto de indicios, tampoco se ha logrado derivar más allá de toda duda razonable la participación de los acusados en los ilícitos por los cuales fueron llevados a juicio. En el caso bajo examen no encontramos un defecto o vicio del Juzgador en la valoración o apreciación de la prueba, sino más bien un escenario procesal en el que la prueba de cargo es débil e insuficiente para enervar el estado constitucional de inocencia de los encausados. Por lo expuesto, se desestima el motivo de casación invocado por el recurrente..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de julio de de dos mil doce, por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO en su calidad de Coordinador, JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha trece de junio de año dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual ABSOLVIÓ a los acusados N. F. R. M., L. P. R. M., Z. Z. M., como autores del delito de TRÁFICO DE PERSONAS Y LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA LIBERTAD Y LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS; Asimismo ABSOLVIÓ al señor D. Y. D. por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, el Abogado R. A. B. R., actuando en su condición de Representante del Ministerio Público.- SON PARTES: El Abogado S. C. A., Agente del Ministerio Público, como parte recurrente; y como partes recurridas, la Abogada B. M. P. V., quien actúa como Apoderada Defensora de los imputados D. Y. D. y Z. Z. M.; y el Abogado M. C., como Defensor Público de la acusada L. P. R. M. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- “HECHOS PROBADOS EN EL JUICIO Primero: los señores N. F. R. M., L. P. R. M., X. Z. M. y D. Y. Diaz, residentes del municipio de Flancito, Departamento de Yoro; recibieron remesas con procedencia de New Jersey, Estados Unidos de Norte América, de parte de diferentes personas, entre ellos familiares detalladas de la siguiente manera: a) D. Y. D., recibe la cantidad de noventa y siete (97) transferencias haciendo un total de cincuenta y ocho mil cuatrocientos Sesenta dólares, (58,460 $) en fechas comprendidas del tres de enero del año dos mil tres al cuatro de septiembre dos mil cuatro.- b) N. F. M. R., recibe siete (7) transferencias que hacían un total de Doce Mil Cincuenta dólares (12,050.00 $), en el periodo comprendido del tres de septiembre del dos mil cuatro al treinta al uno de mayo de dos mil cinco.- c) L. p. M. R., recibe trece transferencias (13) haciendo un total de veinte mil cincuenta punto veintisiete dólares (20,050.027 $), en fechas del dos de septiembre del año dos mil tres al uno de febrero del año dos mil cinco.- d) entre tanto, Z. Z. M., recibe once transferencias (11) haciendo un total de setenta y ocho mil cincuenta dólares (78;050.00 $, entre el veintidós de mayo del año dos mil dos al veintiocho de marzo del año dos mil cinco. Segundo: Utilizando parte del dinero producto de las remesas antes indicadas, los señores N. F. R. M., L. P. R. M., Z. Z. M. y D. Y. D., adquirieron bienes inmuebles, y realizaron mejoras en bienes inmuebles adquiridos con anterioridad al recibimiento de dichas remesas, los cuales se encuentran ubicados en el municipio de su residencia, identificados así: a) El nueve de septiembre del año dos mil tres la señora Z. Z. M. R. adquiere un bien inmueble el cual se encuentra inscrito a su favor en el Instituto de la Propiedad bajo el folio 49, del tomo CCII(A), consistente en un lote de terreno ubicado en la Colonia Notificación Ponce del Municipio de Flancito Departamento de Yoro, b)En fecha seis de noviembre del año dos mil cuatro el señor F. E. R. M. y L. R. M. en representación de sus menores hijos S. M., S. G. y B. G. R. M., adquieren un inmueble el cual se encuentra inscrito bajo el asiento número 2 del Tomo CCXXVI(A), consistente en un lote de terreno ubicado en la Aldea Tejeras del municipio antes mencionada.- c) La señora N. F. M. R. en fecha 26 de octubre del 2005, realiza mejoras en la construcción de cinco apartamentos, ubicado en La Colonia 15 de Septiembre del municipio antes mencionado, el cual se encuentra inscrito bajo el asiento número 44 del Tomo CLXVII, d) de igual modo Z. Z. M. en fecha veinticinco de septiembre del año dos mil dos, procede a mejorar un inmueble adquirió en fecha primero de noviembre del año dos mil uno construyendo cuatro apartamentos, inscrito bajo el asiento 44 del Tomo CLXX(A), ubicado en la Colonia Francisco Murillo Soto, de la localidad antes descrita. Tercero: En fecha indeterminada, la señora N. F. M. R., adquirió un vehículo Marca Toyota, tipo turismo modelo corola, año 1988 placa AAG-6639, con número de taxi 0069 y la señora L. P. R. M., un Vehículo Marca Toyota; Tipo Pick-up, color verde, placa PBM-334. Cuarto: un día indeterminado del mes de junio del año 2005, los bienes anteriormente detallados fueron puestos a la orden de la oficina administradora de Bienes incautados (OABI) por parte del Juzgado de Letras del municipio de Olanchito, Departamento de Yoro; a excepción del inmueble con cuatro apartamentos inscrito a favor de Z. Z. M. bajo el asiento número 44 del Tomo CLXX(A), ubicado en la Colonia Francisco Murillo Soto”. III.- El recurrente, Abogado R. A. B. R., formalizó su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la siguiente manera: “UNICO MOTIVO: Infracción por Vulneración a las Reglas de la Sana Crítica en la Valoración de la Prueba. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: Conforme al artículo 202, el sistema de valoración autorizado en el Código Procesal Penal, es el de la Sana Crítica y la estructura de la sentencia es definida en el artículo 338 del mismo cuerpo legal, en tanto esa sentencia es el juicio de valor emitido por el A quo, debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica y sobre la cual se realiza aquel ejercicio valorativo. Ese cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por la reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esta fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica; el cual constituye el asidero legal de este sendero impugnativo, tal como se expone a continuación: En el caso de autos el Juzgador estableció como hechos probados lo siguiente: “PRIMERO: Los señores N. F. R. M., L. P. R. M., Z. Z. M. y D. Y. D., residentes del municipio de Flancito, Departamento de Yoro; recibieron remesas con procedencia de New Jersey, Estados Unidos de Norte América, de parte de diferentes personas, entre ellos familiares, detalladas de la siguiente manera: a) D. Y. D., recibe la cantidad de noventa y siete (97) transferencias haciendo un total de cincuenta y ocho mil cuatrocientos sesenta dólares ($ 58,460.00) en fechas comprendidas del tres de enero de dos mil tres al cuatro de septiembre de dos mil cuatro.- b) N. F. M. R., recibe siete (7) transferencias que hacían un total de Doce Mil Cincuenta dólares ($ 12,050.00), en el periodo comprendido del tres de septiembre del dos mil cuatro al treinta y uno de mayo del dos mil cinco.- c) L. P. M. R., recibe trece transferencia (13) haciendo un total de veinte mil cincuenta punto veintisiete dólares ($ 20,050.27), en fechas del dos de septiembre del año dos mil tres al uno de febrero del año dos mil cinco.- d) entre tanto, Z. Z. M., recibe, once transferencias (11) haciendo un total de setenta y ocho mil cincuenta dólares ($ 78, 050.00), entre el veintidós de mayo del año dos mil dos al veintiocho de marzo del año dos mil cinco. SEGUNDO: Utilizando parte del dinero producto de las remesas antes indicadas, los señores N. F. R. M., L. P. R. M., Z. Z. M. y D. Y. D., adquirieron bienes inmuebles, y realizaron mejoras en bienes inmuebles adquiridos con anterioridad al recibimiento de dichas remesas, los cuales se encuentran ubicados en el municipio de su residencia, identificados así: a) El nueve de septiembre del año dos mil tres la señora Z. Z. M. R. adquiere un bien inmueble el cual se encuentra inscrito a su favor en el Instituto de la Propiedad bajo el folio 49, del Tomo CCII(A), consistente en un lote de terreno ubicado en la Colonia Lotificación Ponce del Municipio de Flancito Departamento de Yoro, b) En fecha seis de noviembre del años dos mil cuatro el señor F. E. R. M. y L. R. M. en representación de sus menores hijos S. M., S. G. y B. G. R. M., adquieren un inmueble el cual se encuentra inscrito bajo el asiento número 2 del Tomo CCXXVI(A), consistente en un lote de terreno ubicado en la Aldea tejeras del municipio antes mencionado.- c) La señora N. F. M. R. en fecha 26 de octubre del 2005, realiza mejoras en un inmueble adquirido en fecha cinco de octubre del dos mil uno, consistente dichas mejoras en la construcción de cinco apartamentos, ubicados en La Colonia 15 de septiembre del municipio antes mencionado, el cual se encuentra inscrito bajo el asiento número 44 del Too CLXVI, d) de igual modo Z. Z. M. en fecha veinticinco de septiembre del año dos mil dos, procede a mejorar un inmueble adquirido en fecha primero de noviembre del año dos mil uno construyendo cuatro apartamentos, inscrito bajo el asiento 44 del Tomo CLXX(A), ubicado en la Colonia Francisco Murillo Soto, de la localidad antes descrita. TERCERO: En fecha indeterminada, la señora N. F. M. R., adquirió un vehículo Marca Toyota, tipo turismo modelo corola, año 1988, placa AAG-6639, con número de taxi 0069 y la señora L. P. R. M., un vehículo Marca Toyota, tipo Pick-up, color verde, placa PBM-334. CUARTO: Un día indeterminado del mes de junio del año 2005, los bienes anteriormente detallados fueron puestos a la orden de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) por parte del Juzgado de Letras del Municipio de Olanchito, Departamento de Yoro; a excepción del inmueble con cuatro apartamentos inscrito a favor de Z. Z. M.bajo el asiento número 44 del Tomo CLXX(A), ubicado en la Colonia Francisco Murillo Soto. El Tribunal Sentenciador, en el numeral primero del apartado de la fundamentación jurídica estableció, que no se logró establecer de forma concluyente que los encausados hayan realizado alguno de los verbos rectores que configuran el tipo penal de Lavado de Activos, al no haberse demostrado que el dinero proviniera de actividades ilícitas, por tanto el origen de los bienes se encuentra justificado por las remesas que constituyeron el soporte de la obtención de los bienes adquiridos durante ese tiempo; de igual forma en relación al delito de Tráfico de Personas indicó que la prueba toral sobre este asunto fue la declaración de la señora L. C. S., la cual fue incorporada por lectura autorizada, limitándose el principio de inmediación, sumado a ello, el hecho de que dicha testigo es de referencia. Partiendo de estos racionamientos es que se torna indispensable, analizar el contenido del andamiaje probatorio allegado al proceso, tanto por el ente fiscal, como por la defensa del encausado, lo cual se lleva a cabo extractando el contenido de tales pruebas efectuando esa labor de la siguiente manera: Lectura Autorizada de la Declaración de L. C. S.: Esta narró, durante la audiencia inicial, que ella tuvo conocimiento de los hechos a través de distintos diarios de circulación del país, que 19 jóvenes hondureñas eran explotadas sexualmente en Estados Unidos en bares; siendo encargadas del bar N. F., A. L. y N. E. todas de apellidos R. M. y las encargadas de enviar a las jóvenes eran Z. Z. M. y L. P. R. M.. Informe Financiero, emitido por el Licenciado A. R. A., Analista Financiero de la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación y que fue ratificado en juicio: Este detalló que el objetivo del informe era determinar el origen de los fondos o bienes de los imputados, detallando que D. Y. D. recibió 97 transferencias haciendo un total de $ 58, 460.00 entre el 3 de enero de 2003 al 4 de septiembre de 2004, detallado de la siguiente manera: de N. M. recibió $ 26,550.00 y el restante dinero lo recibió de diferentes personas entre ellas E. R. con 20 transferencias, S. R. con 25 transferencias, A. R. 4 transferencias e I. R. 1 transferencia; N. F. M. R. recibió 7 transferencias haciendo un total de $ 12,050.00 en el período comprendido del tres de septiembre de 2004 al 31 de mayo de 2005, proveniente de J. Magaña con $ 5,000.00, L. T. con $ 100.00, A. R. $ 3,750.00, N. R. $ 1,900.00, P. R. $ 1,000.00 y F. C. $ 300.00; L. P. M. R., recibió 13 transferencias haciendo un total de $20,050.27 entre el 2 de septiembre de 2003 y el 1 de febrero de 2005, fondos provenientes de S. R. $ 456.27, J. P. $ 5,000.00, J. N. $ 9,000.00 y J. M. $ 4,600.00 y Z. Z. M. recibió $ 78,050.00 entre el 22 de mayo de 2002 al 28 de marzo de 2005, detallado de la siguiente manera: de N. R. $ 3,500.00 y los restantes $ 74,550.00 de J. M., R. W. y B. M.; habiendo realizado productos de estas remesas la adquisición de bienes o la mejoras en los inmuebles que ya eran de su propiedad, tal y como consta con las certificaciones del Instituto de la Propiedad. Informe emitido por el Licenciado P. P. B. C., Analista III de Investigación: quien ratificó su informe y manifestó que se solicitó información a instituciones públicas y privadas (DEI, Bancos, Alcaldías, Cámaras de Comercio, etc.) e hicieron una investigación de campo, y que en la Aldea Tejeras las personas le manifestaron, que en la casa de L. tenía un salón donde en ocasiones no les cobraban a las jóvenes para convencerlas de viajar a Estados Unidos, luego en casa de N. y D. se hacían fiestas de despedida; que no lograron identificar ninguna labor económica de los encausados, con excepción de D. D. quien es Maestro de Educación Primaria, por lo que los ingresos de los imputados son capitales oscuros al no tener un fuente establecida. Realizó mención de los allanamientos practicados en las viviendas de los encausados. Oficio 214-2005, emitido por la Dirección Ejecutiva de Ingresos: con el que se constata que todos los procesados tiene al menos un vehículo registrado y en el caso de N. F. Rosales tiene inscritos 7 vehículos. Certificaciones del Instituto de la Propiedad: detalla los bienes inmuebles de los procesados: a) El nueve de septiembre del año dos mil tres la señora Z. Z. M. R. adquiere un bien inmueble el cual se encuentra inscrito a su favor en el Instituto de la Propiedad bajo el folio 49, del Tomo CCII(A), consistente en un lote de terreno ubicado en la Colonia Lotificación Ponce del Municipio de Flancito Departamento de Yoro y en fecha veinticinco de septiembre del año dos mil dos, procede a mejorar un inmueble adquirido en fecha primero de noviembre del año dos mil uno construyendo cuatro apartamentos, inscrito bajo el asiento 44 del Tomo CLXX(A), ubicado en la Colonia Francisco Murillo Soto, de la localidad antes descrita; b) En fecha seis de noviembre del años dos mil cuatro L. R. M. y su esposo F. E. R. M., en representación de sus menores hijos S. M., S. G. y B. G. R. M., adquieren un inmueble el cual se encuentra inscrito bajo el asiento número 2 del Tomo CCXXVI(A), consistente en un lote de terreno ubicado en la Aldea tejeras del municipio antes mencionado.- c) La señora N. F. M. R. en fecha 26 de octubre del 2005, realiza mejoras en un inmueble adquirido en fecha cinco de octubre del dos mil uno, consistente dichas mejoras en la construcción de cinco apartamentos, ubicados en La Colonia 15 de septiembre del municipio antes mencionado, el cual se encuentra inscrito bajo el asiento número 44 del Tomo CLXVII. Constancia de la Cámara de Comercio de Olanchito, Arenal y Jocón, donde se establece que los encausados no aparecen registrados como comerciantes. Como prueba de descargo se allego al proceso: Declaración de K. V. D. R., quien relató su experiencia en Estados Unidos trabajando en un bar en donde no había más hondureñas e indicó que a N. y su familia la conoció en Honduras una vez que fue deportada. Declaración de J. L. E. y J. C. L., quienes en defensa de L. R., expresaron que ésta era pastora en su comunidad y que se dedicaba a la venta de carne y ropa. Declaración de O. O. M., únicamente expresó que N. R. Viajó a Estados Unidos después del huracán Mitch y que D. D., esposo de N., recibía los giros para pagar la construcción y compraba carros para luego venderlos. Si bien es cierto, en el presente caso no existe una abundancia probatoria, por tratarse de ilícitos de naturaleza compleja, lo cierto es, que los elementos de prueba de cargo incorporados al juicio han resultado suficientes para constatar la participación de los encausados en los delitos de Tráfico de Personas y Lavado de Activos, dado que concurren los requisitos objetivos y subjetivos de dichos tipos penales. Los requisitos supraindicados se constatan, partiendo de la cadena de indicios que surgen de los distintos medios de prueba incorporados al proceso, y más aún, cuando los delitos que se les ha imputado a los encausados tiene una estrecha vinculación el uno con el otro, en virtud que éstos adquieren bienes o realizan mejoras en los mismos con fondos provenientes de transferencias recibidas desde los Estados Unidos, algunas de familiares y otras por parte de personas ajenas, sin que éstos justificaran legalmente las razones de estos envíos; además de esto, resulta raro que coincidentemente, desde que se produce el rescate de las jóvenes hondureñas, los procesados dejaron de percibir estos fondos, tal y como lo manifestó Pedro Pascual Barahona al momento de ratificar su informe, lo que evidencia que las actividades realizadas por los procesados y que han generado los ingresos referidos en los informes que han sido incorporados legalmente al juicio, estaban vinculadas al Tráfico de Personas y por ende al delito de Lavado de Activos. Que la Sala de lo Penal ha afirmado, que en el delito de Lavado de Activos, el legislador por lo difícil de captar prueba, ha determinado la inversión de la misma, es decir que el imputado es el que debe probar la licitud del dinero ocupado. Siendo en consecuencia el presupuesto de culpabilidad una presunción juris tantun, que puede ser destruida mediante prueba idónea presentada en el debate, ver Sentencia de fecha Ocho de Marzo de Dos Mil Siete, recaída en el Recurso de Casación número 181=06. Igual posición sostiene en el fallo de fecha catorce de mayo de dos mil siete, dictada en el expediente No.312-06, al establecer que la carga de la prueba no le corresponde al órgano acusador, la Ley de Lavado de Activos es la Excepción a la regla donde el imputado está obligado a probar el origen del dinero que posee. Que en el caso subjudice los encausados no lograron acreditar, ni justificar, el porqué recibían gran cantidad de transferencias provenientes de los Estados Unidos por parte de personas ajenas a su circulo familiar y más bien de lo que si hay indicios, según lo manifestado por L. S. y P. B., es que los mismos tienen vinculación con el traslado de las jóvenes hondureñas hacia aquél país; de igual forma como se ha venido expresando, una vez que se produce el rescate de las mismas, los procesados dejaron de percibir ingresos; sumado a lo antes dicho, también se debe considerar, que los imputados, tampoco lograron demostrar a que actividad económica lícita se dedicaban, ya se no presentaron constancia de trabajo u otras fuentes de ingresos distintos a las remesas recibidas, ya que incluso se encuentran agregadas al juicio las constancias emitidas por la Cámara de Comercio de Olanchito, Arenal y Jocón donde se indica que los enjuiciados no aparecen registrados como comerciantes individuales. Por otra parte, la valoración probatoria realizada por el juzgador, violenta la regla lógica de la derivación, ya que las conclusiones a las que ha arribado no se desprenden de los medios de prueba evacuados; en primer lugar descarta el testimonio de la Señora L. C. S., la cual fue incorporada por medio de la lectura autorizada que permite el artículo 311 del Código Procesal Penal, argumentando que el no contar con la inmediación limita su conocimiento; si bien es cierto la inmediación no fue posible, también lo es que el testimonio de la deponente fue recibido con las formalidades exigidas por la ley, y fue sometida a la inmediación y contradicción por el Juez de Letras, con presencia del defensor, al haber sido evacuada durante el desarrollo de la audiencia inicial, y esta fue clara al indicar como es que se produce el rescate de las jóvenes hondureñas en los bares administrados por N. R. M. y sus hermanas, alguna de las cuales ya han sido condenadas en los Estados Unidos; asimismo desde el momento en que la misma fue admitida por el ente jurisdiccional como parte del acervo probatorio, merece ser valorada por el Tribunal. En cuanto al estudio financiero y el investigativo, el sentenciador los desacredita argumentando que las remesas recibidas de familiares y personas extrañas justifican los bienes adquiridos y las mejoras realizadas, pero no toma en consideración que era obligación de los procesados demostrar el origen de estos fondos, de conformidad ala Ley Contra el Delito de Lavado de Activos y más aún en el caso en estudio, en donde existen fuertes indicios que los procesados se dedican el Tráfico Ilícito de personas. Al realizar un análisis de la prueba en su conjunto podemos apreciar, que el a-quo de manera errónea ha realizado una valoración arbitraria y parcial de la prueba, considerándola de forma individual, pues estima que sólo la prueba testifical puede sustentar un fallo condenatorio, olvidando el principio de Libertad Probatoria que rige el Sistema Acusatorio Hondureño, arribando a la conclusión deque los enjuiciados no son responsables de los ilícitos por los cuales fueron acusados y por lo tanto los ha absuelto de responsabilidad, conclusiones que el Ministerio Público evidencia como la fuente de este cauce recursivo, ya que las razones que ha establecido el Tribunal Sentenciador para restarle validez a la prueba de cargo quebrantan el sistema de valoración fáctica impuesta por nuestra normativa procesal penal, al no haber enlazado de manera certera los indicios que surgen de las pruebas. Haciendo uso de las reglas de la Sana Crítica y al examinar cómo ocurrieron los hechos, necesariamente se debe concluir que N. F. R. M., L. P. R. M., Z. Z. M. son responsables de la comisión de los delitos de Tráfico de Personas y Lavado de Activos cometido en perjuicio de La Libertad de las Personas y la Economía del Estado y D. Y. D., ha perpetrado el ilícito de Lavado de Activos; existiendo sobradas razones como las ya expuestas, que nos permiten evidenciar que el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Atlántida ha infringido las reglas del recto entendimiento humano en la valoración de las prueba, específicamente la regla de la derivación y, como consecuencia de ello, ha absuelto a los procesados en la parte dispositiva de la sentencia”. RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO, ARGUYENDO QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA VULNERADO LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN EL PROCESO DE VALORACION DE LA PRUEBA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362 No. 3) PARRAFO IN FINE DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- Antes de iniciar el estudio del presente motivo, es importante destacar que en audiencia de fecha veinticinco de octubre de dos mil once, el Apoderado Defensor, Abogado M. C., solicitó que se decretara el sobreseimiento definitivo de las diligencias arguyendo que la imputada L. P. R. M. había fallecido el día trece de octubre de ese mismo año. Siendo que tal suceso fue acreditado con la presentación del acta de defunción que corre incorporada al expediente de casación (vid. Folios No. 16-24) es procedente acceder a tal solicitud. Dicho esto constatamos que la Representación del Ministerio Público alega que el Juzgador ha inobservado las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. Reprocha la fundamentación jurídica externada por el Juzgador en virtud de la cual este considera que no se logró establecer de forma concluyente que los encausados hayan realizado alguno de los verbos rectores que configuran el tipo penal de LAVADO DE ACTIVOS, al no haberse demostrado que el dinero objeto de dicha infracción proviniera de actividades ilícitas, y estimar que el origen de los bienes incautados se encuentre justificado por la recepción de remesas de dinero procedentes del extranjero; y, que en relación al delito de TRÁFICO DE PERSONAS, haya desestimado como prueba toral la declaración de la señora L. C. S., incorporada por lectura, argumentando que su recepción ha estado limitado por la falta inmediación así como también por ser un testigo de referencia. El Censor hace una relación de cada medio de prueba de cargo incorporado al juicio, admitiendo que no son abundantes pero si suficientes como para acreditar la participación de los encausados en los delitos de TRÁFICO DE PERSONAS Y LAVADO DE ACTIVOS. El recurrente considera que partiendo de la cadena de indicios debidamente probados, se infiere que los delitos que se imputan a los encausados tiene estrecha vinculación entre si, de tal manera que los imputados adquirieron bienes y en algunos casos efectuaron mejoras con dinero procedente de las transferencias enviadas desde los Estados Unidos, por parte de familiares y personas ajenas, sin justificar las razones de tales envíos. Considera que los encausados no lograron acreditar, ni justificar, porqué recibían transferencias de los Estados Unidos efectuadas por personas ajenas a su círculo familiar. Estimando que existen indicios, como las declaraciones de los señores L. S. Y P. B., que establecen una relación de tales transferencias con el traslado de jóvenes hondureñas hacia aquél país, a lo que se añade que los encartados no lograron demostrar la actividad económica lícita a la que se dedicaban, al no presentar constancia o prueba de alguna actividad laboral u otras fuentes de ingresos distintas a las remesas recibidas, y por no estar registrados como comerciantes. Concluye el recurrente que en la valoración probatoria el A Quo vulneró la REGLA LÓGICA DE LA DERIVACIÓN, ya que sus conclusiones no se desprenden de los medios de prueba evacuados en el debate. Concretamente reprocha que el Juzgador haya descartado el testimonio rendido por la Señora L. C. S., mismo que fue incorporada por lectura, aduciendo que no ha tenido la inmediación sobre ese medio probatorio. El Representante del Ministerio Público considera que aunque la inmediación no fue posible, su testimonio fue recibido con las formalidades de ley, con observancia de los principios de inmediación y contradicción en la audiencia inicial dirigida por el Juez de Letras. Señala que la testigo alude en su declaración al rescate de varias jóvenes hondureñas en bares ubicados en los Estados Unidos, mismos que eran administrados por N. R. M. y sus hermanas, algunas de éstas últimas condenadas en aquel país, concluyendo que tal deposición debió ser valorada por el Juzgador con toda su eficacia como prueba de cargo. En cuanto al estudio financiero y el informe investigativo, reprocha que el A Quo los descarte aduciendo que las remesas recibidas de familiares y personas extrañas justifican los bienes adquiridos y las mejoras realizadas, no obstante que era obligación de los procesados demostrar el origen de los fondos, de conformidad a la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, por lo que esgrime que existen fuertes indicios de que los encartados se dedican al Tráfico Ilícito de personas. El Censor considera que el A-Quo ha valorado la prueba de manera arbitraria y parcial, al indicar que solamente con prueba testifical se puede sustentar un fallo condenatorio, olvidando el sistema de libertad probatoria que rige nuestro proceso penal. El recurrente considera que las razones por las que el Juzgador ha restado validez a la prueba de cargo quebrantan el sistema de la sana crítica, al no haber enlazado los indicios que surgen de las pruebas evacuadas en juicio, y haber concluido que las señoras N. F. R. M., L. P. R. M., Z. Z. M. no son responsables de los delitos de TRÁFICO DE PERSONAS Y LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de La Libertad de las Personas y la Economía del Estado y que el señor D. Y. D., no ha perpetrado el ilícito de LAVADO DE ACTIVOS. Esta Sala de lo Penal observa, que el reproche recursivo recae sobre el fundamento intelectivo de la sentencia impugnada, por violación de las reglas de la sana crítica, concretamente del postulado de la derivación. Esta Sala entiende que todo problema de inobservancia de las normas del correcto entendimiento humano, es decir de las máximas de la experiencia, la psicología y la lógica, es un problema de fundamentación. Las primeras se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Las reglas de la Psicología: están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquel. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el Juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado. Las reglas de la lógica implican, por su parte, que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la observancia de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. Asimismo, la derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). Dentro de las reglas de la 1ógica, al que debe sujetarse el juzgador en la valoración de las pruebas, aparece la característica, exigida por ellas, denominada derivada, según la cual, la motivación debe respetar el principio de razón suficiente, para lo cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando.". Para ello, la motivación debe ser concordante: a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente al elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Cuando se pide que una sentencia sea motivada bajo la lógica, como regla de la sana crítica, es porque se afirma que la derivación es una exigencia de la razón suficiente, de tal manera que el razonamiento de los jueces de sentencia, debe estar constituido por deducciones razonables originadas, formadas y concluidas de las pruebas, es decir, que cualquier afirmación o proposición que acredite la existencia o no de un hecho, tiene que estar fundamentada en las pruebas, por eso este principio de razón suficiente se entiende como la forma lógica del razonamiento humano; “que no se produce ningún hecho, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo”. En el caso bajo examen, el Censor de la sentencia impugnada cuestiona el valor probatorio concedido por el Juzgador de instancia a las pruebas de de cargo siguientes: 1) testimonio de la Señora L. C. S., incorporado por lectura autorizada, mismo que el Juzgador de Instancia no concede plena eficacia al haber carecido de la inmediación en su producción, y ser un testigo de referencia; 2) Estudio financiero e informe investigativo, que tampoco tiene plena eficacia para el Tribunal A Quo, al estimar que los bienes adquiridos por los encausados y las mejoras incorporadas a bienes preexistentes de estos, están justificados por las remesas enviadas desde los Estados Unidos por parte de familiares y otras personas, y con los cuales se habría demostrado el origen lícito de los fondos. El Censor reprocha que el Juzgador no ha logrado enlazar armoniosamente y en su conjunto la totalidad de la prueba evacuada en juicio, para tener por acreditado que el dinero de las remesas provenía de una actividad ilícita, concretamente del delito de TRÁFICO DE PERSONAS hacia los Estados Unidos de América, como fuente de los bienes objeto de un posterior delito de LAVADO DE ACTIVOS. Esta Sala estima que no obstante, ser el delito de Lavado de Activos, un delito autónomo de cualquier otra actividad ilícita; en este caso concreto, el acusador público lo ha vinculado en forma expresa al delito de Tráfico de Personas, siendo entonces indispensable comprobar si con la prueba incorporada, y conforme a las reglas de la sana crítica, en su postulado de derivación, es posible derivar o inferir tal consideración. Respecto a La declaración de la testigo de cargo L. C. S., rendida en audiencia inicial, e incorporada al juicio por lectura autorizada, esta Sala observa que el A Quo aún cuando ha tenido por justificada la no presencia en la Sala de Juicio de la testigo en mención y que la ley adjetiva aplicable al caso, -Artículo 311.2 del Código Procesal Penal- permite la incorporación por lectura de dicho testimonio, esta Sala considera que tal como lo afirma el A Quo, no puede tener por probados los hechos que se han pretendido acreditar por medio de la deponente relacionada, en virtud de que: 1) El tribunal sentenciador no ha tenido inmediación de la prueba; 2) Se ha restringido el derecho de defensa, de contradicción y audiencia; asimismo, consta que la testigo de cargo no declara sobre hechos que le constan personalmente, sino sobre hechos que han llegado a su conocimiento por fuentes periodísticas no confirmadas, y por intermedio de terceras personas ajenas al proceso, y por hechos acontecidos en territorio de otro Estado, no verificados oficialmente, de forma autentica e indubitable, y de conformidad a las normas de derecho internacional vigentes, para tenerlos por verdaderos, y aptos para surtir efectos jurídico penales en nuestro país; 2) En lo que respecta al los medios de prueba consistentes en el Estudio Financiero e Informe investigativo, estos se han limitado a acreditar la lista de bienes muebles y inmuebles propiedad de los encausados y sus mejoras, asimismo el monto detallado de las remesas enviadas por familiares y otras personas desde los Estados Unidos de América. Esta Sala considera que no obstante que el A Quo ha vinculado la adquisición de un numero considerable de bienes de distinta naturaleza por los encausados a las cantidades de dinero enviadas en forma de remesas por parte de familiares y terceras personas a Honduras desde los Estados Unidos; con la prueba de cargo allegada al juicio el acusador público no ha logrado demostrar más allá de toda duda razonable, que tales remesas hayan tenido su origen en una actividad ilícita, concretamente en el delito de tráfico de personas. Aún y cuando se hubiese podido comprobar que las acusadas hayan emigrado de Honduras al extranjero de forma ilegal, desempeñar un trabajo y enviar remesas a su país de origen, ello no es suficiente para tener probada su vinculación a una organización o red internacional dedicada al tráfico de personas. Para ello es necesario el trabajo investigativo conjunto de los Estados involucrados, por tratarse de un delito transnacional, que va más allá del ámbito territorial. En el presente caso no ha habido colaboración, ni intercambio de información, detención de personas, facilitación de medios de prueba, por una vía simplificada, auténtica y confiable, de tal manera que las autoridades nacionales puedan apoyarse legalmente para fundar un fallo condenatorio. No basta pues con las investigaciones de campo, la comprobación de la recepción de remesas o acreditar la adquisición de bienes con origen en esas remesas, sino que es indispensable comprobar que dicha actividad migratoria ilegal, es parte integral de un esquema de criminalidad organizada transnacional. Con respecto al Delito de Lavado de Activos, esta Sala estima, por una parte, que en el presente caso, por las consideraciones anteriormente indicadas, no fue probado el Tráfico de Personas, como actividad ilícita precedente y presunta fuente de la obtención de fondos ilícitos, y si bien es cierto se acreditó que la adquisición de bienes y las mejoras efectuadas por algunos los encausados provienen fundamentalmente del envío de tales remesas, esta Sala concluye que tampoco el acusador público ha demostrado que los encartados pudieron haber realizado algunas de las acciones propias de los verbos rectores del tipo penal de lavado de activos, por lo que fueron llevados a juicio. Esta Sala considera que el Juzgador ha valorado correctamente la prueba de reproche, de la que no ha extraído evidencia directa, contundente, ni suficiente para incriminar a los acusados N. F. R. M., Z. Z. M., como autores de los delitos de TRÁFICO DE PERSONAS Y LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA LIBERTAD Y LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS; y al señor D. Y. D., como autor de un delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. En el proceso penal la actividad probatoria constituye la fase más trascendental, ya que la función jurisdiccional se asemeja en tal área o ámbito a la historiográfica, pues el Juez lo mismo que el historiador, está llamado a indagar sobre hechos del pasado y averiguar su real existencia estando por ello obligado a realizar no una labor de construir una ficción, sino una obra de elección y construcción sobre datos preexistentes. Para arribar a una sentencia de condena, el Juez debe obtener un estado de certeza o certidumbre, que es un estado subjetivo, sin embargo, no ha de ser una simple probabilidad o un mero juicio de verosimilitud, de ahí que la valoración del material probatorio ha de ser racional y lógico, de tal manera que la prueba se aprecie con cientificidad[1]. En lo que concierne a la prueba indiciaria o circunstancial, vale recordar que para que una presunción surta plenos efectos probatorios, es necesaria la conexión entre el hecho base y el hecho presunto, fundamentado en el principio de normalidad, conectado a una máxima de la experiencia. La máxima de la experiencia constituye el origen de toda presunción, en combinación con el hecho presunto, que es el punto de partida inverso, y a su vez el fundamento de la misma a través del principio de normalidad (id quod plerumque accidit). Entre el hecho básico y el hecho presunto concurre un enlace que se asienta en la referida máxima de la experiencia, conectada con el principio de normalidad. A su vez, toda máxima de experiencia se asienta en una clara idea de racionalidad, derivada de aplicar el juicio humano a la observación de casos concretos, para por vía de generalización procurar su aplicación a otros casos similares. La exigencia legal, plasmada en el artículo 1538 del Código Civil, relativa a que entre indicio y el hecho presunto exista un enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano, está indicando que toda presunción ha de asentarse en una idea de racionalidad. De este modo, el Juez ha de realizar mentalmente el engarce entre el hecho base y el hecho consecuencia, y ello de un modo coherente, lógico y racional, entendida la racionalidad, por supuesto, no como mero mecanismo o automatismo, sino como comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a los criterios colectivos vigentes. Así las cosas, esta Sala estima que en la valoración de la prueba circunstancial, y por lo tanto de indicios, tampoco se ha logrado derivar más allá de toda duda razonable la participación de los acusados en los ilícitos por los cuales fueron llevados a juicio. En el caso bajo examen no encontramos un defecto o vicio del Juzgador en la valoración o apreciación de la prueba, sino más bien un escenario procesal en el que la prueba de cargo es débil e insuficiente para enervar el estado constitucional de inocencia de los encausados. Por lo expuesto, se desestima el motivo de casación invocado por el recurrente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 89, 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo segundo de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 96 No. 1) del Código Penal, 46 No. 3), 46, 202, 296 No. 3) 362.3 y 369 del Código Procesal Penal.- FALLA: I.- Declarando sin lugar el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, en su motivo único, interpuesto por el recurrente en su condición indicada, contra la sentencia pronunciada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha trece de junio de dos mil once.- II.- Declarando extinta la responsabilidad penal de la encartada L. P. R. M. y por lo tanto respecto a ella, el sobreseimiento definitivo de las diligencias que se le han seguido por la presunta comisión de los delitos de TRAFICO ILICITO DE PERSONAS y LAVADO DE ACTIVOS.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales pertinentes.- REDACTÓ EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO.-NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida a solicitud de la Abogada K. A. M., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de septiembre del año dos mil doce.- Certificación de la sentencia de fecha treinta de julio del año dos mil doce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-406-2011.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Vid. CLIMENT DURAN, CARLOS, en La Prueba Penal (Doctrina y Jurisprudencia), Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, pág. 619.