Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-40-09 — Registro 4009

Resumen

Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa del imputado contra la sentencia de primera instancia que lo condena por el delito de injurias

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El derecho de defensa debe ser no sólo formal, sino también material, es decir, ejercido de hecho, plena y eficazmente, lo cual implica además, como aspecto de singular importancia, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales de defensa, entre estos a proponer los medios de prueba que se estimen pertinentes para fundamentar su posición frente a la controversia y que, una vez admitidos esos medios de prueba, sean reproducidos en debate, controvertidos por las partes y valorados por el Juzgador en la sentencia. En el caso de mérito el Tribunal de Sentencia tras el examen de los medios de prueba propuestos por la parte Querellada, resolvió admitir que se reprodujeran en la audiencia de debate diez medios de prueba documental, descritos líneas atrás bajo los numerales 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 y 22 (F. 162), más sin embargo y en contra de su misma resolución, en la audiencia de debate resolvió no evacuar los mismos a razón de que los documentos presentados por la parte eran fotocopias, lo cual es una violación al derecho de defensa, debido a que los Juzgadores les devenía la obligación de recibir la prueba, reproducirla en la audiencia, propiciar su contradicción entre las partes y valorarla (positiva o negativamente) en la sentencia y con el resultante emitir el pronunciamiento del caso. El Tribunal de Sentencia no sólo faltó a su obligación de reproducir los medios de prueba que habían sido admitidos sino que incurre en una grave contradicción en lo resuelto cuando en la sentencia impugnada, se observa que en numeral primero de la valoración de la prueba se relaciona el medio de prueba documental “Fotocopia de Oficio número 817DDEFM-2006” (F. 209), el cual es uno de los propuestos por la parte Querellada (No. 20 de la propuesta) y que fueron presentados en fotocopia, es decir, que estaba dentro del conjunto de prueba que no se dio por evacuada por ser precisamente una fotocopia, más aún, así fue relacionada por el Tribunal de Sentencia, pero adicionalmente también fue valorada, entonces si este medio de prueba que era fotocopia mereció ser valorado por el Tribunal de sentencia, porque no ocurrió lo mismo con el resto de la prueba documental que igualmente era fotocopia. V. Los Juzgadores al dejar de evacuar y valorar (positiva o negativamente) nueve medios de prueba documentales propuestos por la parte Querellada y admitidos previamente por el Tribunal de Sentencia, han violentado el Principio del Debido Proceso, específicamente el Derecho a la Defensa en su postulado de contradicción. En consecuencia es procedente, declarar Con Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de octubre del año dos mil doce, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los Magistrado: RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO en su calidad de Coordinador, JACOBO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO; dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley Sustantiva e Infracción de Precepto Constitucional interpuesto contra la sentencia de fecha dieciocho de junio de dos mil ocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento Francisco Morazán, mediante la cual ABSOLVIO a las señoras: E. M. D., L. A., B. Z. J., A. DEL C. P., N. J. A. y B. M., como autoras responsables del delito de CALUMNIAS E INJURIAS en perjuicio de M. U. S. R.. ABSOLVIO a la señora N. G. L., del delito de CALUMNIAS en perjuicio de M. U. S. R.; y CONDENO a la señora N. G. L. como autora responsable del delito de INJURIAS en perjuicio de M. U. S. R., a la pena principal de UN AÑO (01) DE RECLUSIÓN, más las accesorias de INHABILITACIÓN ESPECIAL e INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena principal. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley Sustantiva y por Infracción de Precepto Constitucional, el Abogado M. T. A. O., actuando en su condición de Apoderado Defensor de la señora N. G. L.. SON PARTES: El Abogado M. T. A. O., actuando en su condición de Apoderado Defensor de la señora N. G. L. G., como parte recurrente. HECHOS PROBADOS PRIMERO: En el año 2006, la señora M. U. S. R., fue nombrada como directora de la Escuela Pública Tomás Alvarez Dolmo, ubicada en la Colonia Nueva Esperanza de esta ciudad. En ese tiempo la profesora S. empezó a realizar gestiones y recibió un desembolso en concepto de matricula gratis, el cual tenía la obligación de administrar. En ese año 2006, la profesora L. L. A. también se desempeñaba como maestra en la escuela antes mencionada y tenía el cargo de Tesorera del Consejo de Maestros, siendo su obligación manejar los fondos provenientes de las cuotas aportadas por los padres de familia. A finales del mismo año 2006, las profesoras M. U. S. R. Y L. L. A., en forma independiente, presentaron sus respectivos informes sobre la gestión realizada respecto a los dineros a su cargo, resultando que en ambos informes se encontraban iguales documentos de respaldo. En vista de lo anterior, en fecha dos de diciembre de dos mil seis, se llevó a cabo una reunión entre varios maestros y padres de familia, entre los cuales se encontraban E. M. D., N. G. L., L. A., B. Z. J., A. DEL C.P., N. J. A. y B. M., así como la señora M. U. S. R., quien acudió al lugar. En dicha reunión, se empezó a cuestionar los informes y, en determinado momento, la señora N. G. L. se expresó de la señora M. U. S. R. frente a todos los presentes, que ésta era una ladrona. CONSIDERANDO

I.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley Sustantiva e Infracción de Precepto Constitucional reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. UNICO MOTIVO: Haber violentado el Sentenciador el Derecho de defensa y las garantías del debido proceso: PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en los artículos 4, 12, 14, 317 y 361 del Código Procesal Penal; 82 y 90 de la Constitución de la Republica. Para los efecto de este motivo se cita como infringido el artículo 82 y 90 de la Constitución de la República; y de la Norma sustantiva los artículos 4, 12, 14 y 317 del Código Procesal Penal, en la parte que dice: “Las pruebas serán valoradas conforme a las reglas de la sana critica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida.” Se ataca la sentencia dictada por el A-quo por considerar que el órgano sentenciador violento el Derecho de defensa consignado en el articulo 82 de la Constitución de la Republica que dice “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la Republica tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes”; y las Garantías del debido Proceso consignado en el artículo 90, párrafo primero Constitucional y que dice “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.” Al admitir en la audiencia de proposición de prueba, la prueba documental propuesta por la defensa debidamente autenticada, misma que en el juicio oral y publico fue rechazada, evidentemente causo indefensión, al no evacuarse la prueba documental propuesta en el momento procesal oportuno en legal y debida forma, prueba que fue presentada en la audiencia de proposición de prueba y admitida, por lo que fue socializada por las partes y el mismo Tribunal, incurriendo así el sentenciador en un error in iudicando. Violentando además los artículos 4, 12, 14 y 317 del Código Procesal Penal. PRUEBA DOCUMENTAL PROPUESTA POR LA DEFENSA 1. Factura No. 0839 de fecha 15 de Mayo del 2006, por un valor de Lps.1,500.00 extendido por la Editorial Higueras de la ciudad de Tegucigalpa. Que obra a folio 107 del expediente de merito 2. Factura No. 0839 de fecha 15 de Mayo del 2006, por un valor de Lps.4,500.00 extendido por la Editorial Higueras de la ciudad de Tegucigalpa. Que obra a folio 10 del expediente de merito. 3. Nota enviada al profesor E. A. Director Distrital No. 13. 4. Nota enviada a la Dirección Departamental de Francisco Morazán en la que se pide el traslado de M. S. por parte de los Padres de familia. 5. Nota de la Sociedad de padres de familia al director interino de la Escuela en la cual se pide una auditoria de los fondos manejados por la señora M. S.. 6. Acta especial levantada por los auditores el 2 de mayo del 2007. 7. Informe de los auditores A. C. y Y. E. de fecha 15 de mayo del 2007 en el cual se le hace un reparo a M. S. por alteraciones en la factura No.0839 de fecha 15 de mayo del 2006, por presentar alteraciones. 8. Oficio 817-DDEFM-06 de fecha 20 de septiembre del 2006, de A. g. S. M. en la que se le informa a la señora M. S., que esta siendo trasladada a la Dirección Distrital No. 11 en la colonia 21 de octubre. 9. Recorte del diario La Tribuna de fecha 11 y 13 de junio del 2007. ANALISIS DE LA PRUEBA PROPUESTA. Esta defensa incorporó los anteriores medios de prueba en legal y debida forma, y en su momento procesal oportuno, misma que se incorporó debidamente autenticada para la socialización de las partes; pero nuestra sorpresa ocurrió al momento de su evacuación cuando después que fue admitida y socializada, el tribunal Sentenciador desecho y no admitió la prueba. Esta situación causo indefensión de mis representadas en el sentido que con los medios de prueba uno y dos quedaba evidenciado y claramente establecido que la Profesora M. S., había alterado la factura 0839, y si hipotéticamente hubiera sido tratada de ladrona, con estos dos elementos de prueba señalados se proba que la profesora N. G. L., tenia la razón, por lo tanto siendo que la profesora M. S. era Directora de la Escuela Tomas Álvarez Dolmo, ostentaba un cargo publico de menor categoría pero con rango de mando y subordinación del personal a su cargo dentro de su escuela. Por lo que el sentenciador dejó de aplicar el artículo 158 del Código Penal, que dice: “Al acusado de injuria no se le admitirá prueba sobre la verdad de la imputación, salvo cuando el ofendido sea funcionario o empleado público y se trate de hechos concernientes al ejercicio de su cargo. En este caso el acusado será absuelto si probare ser cierta la imputación”. Es clara la violación de los preceptos constitucionales apuntados, así como los artículos del la ley procesal penal, este error del Tribunal causo indefensión. Esta valoración de la prueba, como dice R. V. A. "tiene por objeto establecer la utilidad y legal de las diversas pruebas que se han incorporado al proceso penal”. En nuestra ley procesal, se produce en momentos precisos, como en la etapa intermedia, antes de que se dicte el auto, o después de la audiencia de juzgamiento; en el Juicio, como paso previo al momento de dictarse sentencia". Si el órgano jurisdiccional sentenciador hubiese valorado de manera conjunta y armónica toda la prueba antes señalada, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, del criterio racional o del criterio humano; es decir, de acuerdo con las reglas de la lógica, la psicología, de la sociología y las máximas de la experiencia, hubiese llegado a la conclusión final y sin lugar a duda bajo una operación intelectual razonada, que mi representada la señora N. G. L., no ejercitó ninguna acción tendiente a quebrantar su principio de inocencia. Por todo lo antes descrito, es que se considera que el Tribunal de Sentencia incurrió en un error in iudicando, por violación de los artículos 4, 12, 14, 317 del Código Procesal Penal; 158 del Código Penal y 82 y 90 de la Constitución de la república, ya que estos enunciados jurídicos relacionados muestran que el A-quo, violento el derecho de defensa y las garantías del debido proceso, así como la norma secundaria procesal y penal, al No permitir la evacuación de medios de pruebas propuestos en legal y debida forma y que no fueron valorados en su oportunidad conforme a las reglas de la sana crítica, la lógica, la dialéctica y la experiencia común. Y así que el órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida, situación que no sucedió en los autos de mérito. Ahora bien, si bien es cierto, el Juzgado tiene la potestad de valorar bajo la libre convicción, esta valoración debe ser fundada en hechos que hayan quedado debidamente demostrados con el desfile de la prueba, es decir, no debe ser una valoración arbitraria, sino por el contrario, bajo criterios objetivos que no permitan de valoraciones erróneas, que es el caso que ahora nos permite recurrir ya que el Tribunal de Sentencia al emitir su criterio sobre valoración de la prueba lo hace rechazando prueba de la defensa admitida por ese mismo Tribunal en su momento procesal, lo que no permite ser analizada de manera conjunta y armónica, y eso los llevo a apreciar y valorar incorrectamente la prueba, al exponer que la prueba evacuada en el debate del Juicio oral demostró que mi representada la señora N. G. L., actuó de manera intencional al momento de causar un daño al honor de la señora M. S., y que esa es la convicción a la que llegaron, lo que pone de manifiesto la valoración individualizada de la prueba en franca violación de los artículos 202 y 336 del Código Procesal Penal. Así como los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República y 4,12, 14 y 317 del Código Procesal Penal, y que ahora autoriza a la Defensa de la señora N. G. L., para recurrir mediante este Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma”. III. También manifestando el recurrente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. MOTIVO ÚNICO: Por haber incurrido el sentenciador en Infracción de Precepto Penal. El presente motivo de Casación se encuentra Comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DE MOTIVOS Esta defensa en el desarrollo de este recurso pretende demostrar el vicio o error in iudicando en que ha incurrido el órgano jurisdiccional y que causa agravio al valor justicia. Para los efectos de este motivo se cita como infringido el artículo 158 del Código Penal, que dice: “Al acusado de injuria no se le admitirá prueba sobre la verdad de la imputación, salvo cuando el ofendido sea funcionario o empleado público y se trate de hechos concernientes al ejercicio de su cargo. En este caso el acusado será absuelto si probare ser cierta la imputación”. Así como los artículos 4, 14 y 317 del Código Procesal Penal. Se ataca la sentencia dictada por el A-quo por considerar que el órgano sentenciador después de valorar la prueba conforme a las Reglas de la Sana Crítica, llevándolo a formar su convicción y sin valorar la prueba producida de manera conjunta y armónica, lo llevo a incurrir en un error in iudicando, al realizar una interpretación errónea de precepto penal aplicable al caso penal en concreto. La sentencia que ahora se recurre y que fuera dictada por la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, declaró como hecho probado el siguiente: PRIMERO: En el año 2006, la señora M. U. S. R., fue nombrada como directora de la Escuela Pública Tomas Álvarez Dolmo, ubicada en la colonia nueva esperanza de esta ciudad. En ese tiempo la profesora S. empezó a realizar gestiones y recibió un reembolso en concepto de matricula gratis, el cual tenía la obligación de administrar. En ese año 2006, L. L. A., también se desempeñaba como maestra de la escuela antes mencionada y tenía el cargo de Tesorera del Consejo de Maestros, siendo su obligación manejar los fondos provenientes de las cuotas aportadas por los padres de familia. A finales del mismo año 2006, las profesoras M. U. S. R. y L. L. A., en forma independiente, presentaron sus respectivos informes sobre la gestión realizada respecto a los dineros a su cargo, resultando que en ambos informes se encontraban iguales documentos de respaldo. En vista de lo anterior, en fecha dos de diciembre del dos mil seis, se llevo a cabo una reunión entre varios maestros y padres de familia, entre los cuales se encontraban E. M. D., N. G. L., L. A., B. Z. J., A. DEL C. P., N. J. A. Y B. M., así como la señora M. U. S. R., quien acudió al lugar. En dicha reunión, se empezó a cuestionar los informes y en determinado momento, la señora N. G. L. se expreso de la señora M. U. S. R., frente a todos los presentes, que esta era una ladrona. Al analizar el único hecho probado de la Sentencia, nos damos cuenta que existe un error de disconformidad en las ideas y representaciones con la naturaleza de las cosas ocurridas, teniendo como resultado una apreciación falsa de lo acontecido, en este sentido nos permitiremos analizar este hecho que se tiene como probado. 1. Es cierto que la señora M. S., fue nombrada como Directora de la Escuela Tomas Álvarez Dolmo en fecha 13 de Junio del año 2006, acuerdo que obra a folio 183 del expediente de merito. 2. El señor Presidente de la República en sus primeros tres meses de Gobierno aprobó la Matrícula Gratis para todas las Escuelas Públicas, como política de su Gobierno y ayudar así a todos los padres de familia, adjudicándole a la Escuela Tomas Álvarez Dolmo la cantidad de VEINTE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS, el cual era obligatorio ser manejados por la directora y un representante de la sociedad de padres de familia en este caso por la tesorera, por lo cual la apreciación que hace el Tribunal como hecho probado es falsa, ya que no es cierto que a ella exclusivamente le tocaba manejar esos fondos de la matricula gratis; estos fondos debieron ser manejados por la Tesorera de la Sociedad de Padres de familia y la Directora. 3. La señora L. L. A., efectivamente fue la tesorera del Consejo de Maestros de la Escuela Tomas Álvarez Dolmo, pero los fondos que manejaba eran distintos ya que estos provenían de las cuotas que voluntariamente aportaban los padres de familia para suplir ciertas necesidades de la escuela; y los fondos que manejo la señora M. S. provenientes de la matricula gratis que da el estado, por lo que no tuvo que haber dualidad de facturas en los informes económicos; otro error de apreciación que hace el Tribunal, pese a que fue aclarado por la profesora L. L. A., quien manifestó que la profesora M. S. se había quedado con varias facturas que ella había pagado y por eso la dualidad en los informes. 4. Es cierto que en fecha 2 de diciembre del 2006, se realizo una reunión, pero con la Junta Directiva de la Sociedad de padres de familia, los maestros de la escuela y los padres de familia en general en la cual habían más de 100 personas. La reunión se realizo con el propósito de obligar a la señora M. S. a que rindiera un informe de la matricula gratis y explicara porque había retirado un segundo desembolso de la matricula gratis a favor de la escuela, aun cuando ella funcionalmente ya no fungía como directora de la escuela Tomas Álvarez Dolmo, ya que había sido trasladada al distrito No. 11 ubicado en la colonia 21 de octubre de Tegucigalpa, a partir del 20 septiembre del 2006; por lo que nuevamente el Tribunal incurre en un error al hacer falsas apreciaciones. 5. Es cierto que en fecha 2 de diciembre del 2006, se celebro una asamblea de padres de familia, en la cual se encontraban la junta directiva de la Sociedad de Padres de familia y los maestros de la Escuela Tomas Álvarez Dolmo, quienes con justa razón exigían un informe serio, objetivo y transparente, sobre los fondos manejados de la matrícula gratis y sobre el abuso al reclamar un segundo desembolso de la Escuela Tomas Álvarez Dolmo, por parte de la señora M. S., ya que esta NO fungía como Directora de la escuela; es lógica la reacción de ira provocado por el hecho injusto por dos razones: a) La profesora M. S. fue trasladada al distrito 11 en fecha 20 Setiembre del 2006, el segundo desembolso fue cobrado el 16 Noviembre del 2006, cuando ella FUNCIONALMENTE ya no fungía como Directora de la escuela; b) No se había presentado el informe del primer desembolso y cuando se tuvo conocimiento de las alteraciones, manchones y borrones los ánimos de los asambleístas se dejo ver, por algo injusto proveniente del manejo de la matricula gratis. Apreciación que el Juzgador no hace al momento de valorar la prueba en su conjunto y al tenor de lo que señala el artículo 157, 158 y 159 del Código Penal vigente; lo que el Tribunal Sentenciador hace es minimizar un reparo hecho por los auditores del Ministerio de Educación, quienes obligaron a la señora M. S. a realizar el reembolso de Lps.4,500.00 a las cuentas de la Escuela ANÁLISIS DE LA PRUEBA DE CARGO La Querellante se valió de medios de pruebas Documentales y testimoniales, que se detallan y se analizan a continuación: 1. Acuerdo de nombramiento de Marta Silva como directora No.2276 DDEFM-06 de fecha 13 de Junio del 2006. Con este medio de prueba se ve la relación de la señora M. S., con la Escuela Tomas Álvarez Dolmo. 2. Oficio No.662-DDEFM-06 en el cual consta la petición de traslado de M. S.. Debido a las ausencias de la escuela por parte de la señora M. S. pide ser trasladada a otra Jornada, este es el comienzo del problema ya que la directora no se encontraba dentro de su centro de trabajo. 3. Oficio No.817- DDEFM-2006, en el cual se le traslada al distrito No. 11 ubicado en la colonia 21 de Octubre de la Ciudad de Tegucigalpa. Debido a los problemas ocurridos por la Matrícula Gratis la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán, decidió el traslado de la Profesora M. S. a otra Escuela, ya que había malestar por parte de los padres de familia. 4. Acta especial levantada en el Instituto República de Francia sobre la falta de pago. 5. Recibos que sustenta el primer y segundo desembolso de la matricula gratis manejados por la profesora M. S.. Aquí podemos analizar el recibo 0839 de fecha 15 de mayo del 2006 que obra a folio 10 del expediente de merito, con el cual se prueba que existió manipulación del recibo ya que presenta alteraciones en cuanto a la cantidad de dinero Cuatro Mil Quinientos Lempiras y borrones; la defensa presento el mismo recibo 0839 el cual obra a folio 107 por la cantidad de Un Mil Quinientos Lempiras cuya autentica obra a folio 141 del mismo expediente de merito, prueba que después de haber sido admitida en el momento procesal oportuno, de forma arbitraria no fue admitida en el debate oral y público, lo que causo indefinición de las querelladas y violación del artículo 82 de la Constitución de la República y 4, 12, 14, 317 del Código Procesal Penal. 6. Solicitud de los padres de familia de fecha 12 de Abril del 2007 en la cual se solicita una auditoria de los fondos de la Matricula Gratis. 7. Memorandum de fecha 15 de Mayo del 2007 de las auditoras A. C. y J. E.del Ministerio de Educación, en el cual se realiza un reparo a los informes presentados por la Profesora M. S.. En este memorandum las auditoras plantean que hubo manchones y alteraciones en un recibo y obligan a la señora M. S. a rembolsar la cantidad de Lps.4,500 como consecuencia de un reparo, pero el Tribunal sentenciador le resto importancia a esto y no fue valorado en conjunto, siendo aquí donde comienzan los reclamos por el mal manejo de los fondos, iniciándose reuniones a efecto de aclarar toda la situación, sitiándose ofendida la querellante por los reclamos los cuales no enfrento en ningún momento. Honorables Magistrados serán justos los reclamos de los maestros y padres de familia?, habrá entonces que callar la verdad?, será Honorable Tribunal que el pueblo no tiene derecho a saber en que se invierten los recursos productos de los impuestos que pagamos al estado? es claro Honorable Tribunal, que la prueba no fue analizada en forma conjunta y armónica, lo que hace caer al Sentenciador en un error de disconformidad en el fondo. 8. Recibo de depósito por Lps.4,500.00 producto del reparo realizado a la profesora M. S. y depositado a la cuenta de la Escuela Tomas Álvarez Dolmo. Con este medio de prueba queda evidenciado que hubo mal manejo de los fondos de la matricula gratis, ya que la señora M. S. fue obligada a rembolsar a la cuenta de la Escuela cierta cantidad de dinero producto del reparo realizado por los auditores del Ministerio de Educación. 9. Recortes de los periódicos de fecha 11 de Junio del 2007 del diario La Tribuna. Con la prueba antes descrita queda evidenciado que la señora M. S. manejo los fondos de la Escuela Tomas Álvarez Dolmo de manera irregular. De aquí surge la ira de los asambleístas y confrontan a la señora M. S., ya que en la Escuelas hay muchas necesidades, porque los padres son de bajos recursos económicos y la escuela se encuentra ubicada en un barrio marginal. TESTIFICAL DE CARGO M. U. S. R., manifiesta la querellante que llego a la escuela Tomas Álvarez Dolmo en el mes de Mayo del 2006, el 20 de mayo de convoco a los padres de familia para realizar la junta directiva y le informo sobre la matricula gratis. El 2 de mayo se convoco a una reunión a la cual la querellante no fue convocada, pero fue llamada por C. B. encontrándose A. DEL C. P., B. M., N. A., G., A. M., R., C., E. M., LA PROFESORA R. A. hermana de doña J.. (es importante ver que la profesora M. S. en ningún momento mencionó que se encontraba en la reunión el testigo de cargo M. A. C. G., pero si menciona a C.); …dice la testigo que lo único que dijo mi representada N. G. L. ¿Y CON DINERO AJENO QUIEN NO?, esta frase no violenta el honor de la profesora M. S. y por si sola no es una frase injuriosa. Continuo manifestando la testigo que posteriormente se realizaron varias tomas de la escuela y lo que le molesto fue que salió en el periódico en el cual se le acusaba de un montón de cosas y que la señora J. A. tenía interés en manejar dineros de la matricula gratis, también manifiesta que recibió una auditoria por parte del Ministerio de Educación, en el cual fue reparada una factura por la cantidad de cuatro mil quinientos lempiras, por presentar manchones, esa auditoría fue solicitada por los padres de familia. M. A. C. G., quien manifiesta que el llego a la sesión de 2 de diciembre del 2006 (pero no fue visto por la señora M. S.) y fue a la única que fue porque su señora es la que va a las reuniones, el testigo escucho a la profesora N. decirle a la profesora M. Ladrona y fue secundada por la profesora E.. Dice el testigo que él se dedica a la balconeria e hizo un trabajo para la dirección, quien lo contrató fue la profesora M. S. quien en ese tiempo era la Directora. C. J. B. S., dice la testigo que el 2 de diciembre se realizo una sesión la cual era para arreglar el malentendido y ella llamo a la profesora M., ella era la Secretaria de la sociedad de padres de familia, en esa reunión estaban E., E., L., B., E., S., R., D. P., A. M., R., D. de B., Y. A., A. Y., M., ella y la querellante (en ningún momento menciona al testigo M. A. C. G.); los problemas surgieron a raíz de dos informes rendido por L. y M., ya que en ambos informes habían gasto de construcción, gastos de compra de bloques; durante la reunión todas se exaltaron y emitieron diversas opiniones siendo llamadas a la cordura por la profesora R. M., siendo D. de B., E. y N. G. L. quienes dijeron esa expresiones en contra de la señora S.. La testigo fue clara al manifestar que ella tiene interés en el juicio, porque es amiga personal de M. S. y aun así el sentenciado dice que no le quedo claro tal extremo. ANÁLISIS DE LA PRUEBA DE CARGO. Al hacer un analices de la prueba testifical nos damos cuenta que el testimonio de la señora M. S., tiene problemas de apreciación con respecto al sujeto, lo que nos lleva a pensar que el testimonio de la querellante es subjetivamente defectuoso, a causa de su condición de ofendida, cayendo así, en la sospecha de error y en la sospecha de intención de engañar. En este caso, la señora querellante a manifestado una serie de situaciones pero en ningún momento ha sido clara en cuanto a las manifestaciones injuriosas vertida por la profesora N. G. L., manifestado que las querelladas le dijeron cosas groseras, lo cierto en este caso es que la querellante admite que una factura presentaba alteraciones tales como manchones, su informe fue objeto de una auditoria y se emitió un reparo, obligándola a devolver a la escuela Lps.4,500, a lo que el Sentenciador no le dio importancia, pese que este extremo fue probado en el juicio con abundante prueba documental, testifical y pericial. Al analizar las declaraciones de C. J. B. y M. A.C., estos tienen interés directo en la causa tal como la manifestó C., al ser preguntado por esta defensa técnica si tenia algún interés en el juicio, a lo que manifestó que si por ser amiga de M. S., en el caso de C. B. dice que durante la reunión todas se exaltaron y emitieron diversas opiniones, ¿cuales opiniones?, este testigo falta a la verdad; así mismo las testigos M. S. y C. B., no mencionan que el 2 de diciembre del 2006, se encontraba con ellas el testigo M. A. C., lo que desacredita su relato, así mismo el tenia relación laboral con la profesora S. por lo que su testimonio no es creíble, y debe restársele todo valor probatorio, ninguno de los testigos de cargo son claros y contundentes en sus declaraciones, por lo que sus dichos están llenos de contradicciones, errores de apreciación y no apegados a la verdad de los hechos. De la prueba documental, se desprende claramente que si hubo anomalías en los informes presentados por la señora M. S. lo que se prueba con el memorando de auditoría en el cual dice que hay una facturas que presenta alteraciones, manchones y borrones por un valor de Lps.4,500.00, por lo que fue reparada y se obligó a la señora M. S. a rembolsar esos fondos a la cuenta de la escuela. ANÁLISIS DE LA PRUEBA DE DESCARGO. La defensa de las querelladas se hizo valer en el juicio oral y público de Medios de Prueba Testifical y Documental, los que reproducimos de manera sintética: E. M. D., manifestó que es maestra y tiene 20 años de trabajar en la escuela Tomas Álvarez Dolmo; la señora M. S., llego a la Escuela en Mayo del 2006, ella comenzó a realizar actividades con los dineros de la escuela, dineros que eran manejados por la Sociedad de Padres de familia y el consejo de maestro, los problemas surgen a raíz que la profesora M. S. se ausentaba todas las mañanas de su centro de trabajo, ya que no había nadie en la dirección, el trabajo lo realizaba N. L., la dirección departamental comenzó a llegar para saber qué era lo que pasaba y tratar de solventar los problemas. Posteriormente ella convocó para la elección de la nueva junta directiva de la sociedad de padres de familia. El Gobierno nos dio un primer desembolso por la cantidad de Lps. 20,500.00, dinero que sería manejado por la Directora M. S. y la señora J. A. Tesorera de la sociedad de padres de familia, se acordó en la asamblea que esos fondos serian metidos en la cuenta que tiene la escuela en la Cooperativa Sagrada Familia. Resultó que la profesora manejó los fondos ella sola y los padres de familia querían saber en qué se habían gastado esos fondos, por los que se le pidió que rindiera un informe, el cual no lo dio en esa oportunidad; los padres molestos solicitaron el traslado de la profesora M. s., y fue trasladada al distrito 11 de la colonia 21 de Octubre, en Septiembre del 2006, luego nos dimos cuenta que en el mes de noviembre del 2006, ella fue a retirar un Segundo Desembolso de la matrícula gratis, y ya no era la directora de la escuela, esto lo consideramos un abuso de parte de ella, ya que no nos había dado los informes económicos, esto empeoró la situación en la escuela y se realizó una reunión el 2 de diciembre del 2006, con la sociedad de padres de familia, los padres en general y los maestros. En esa sesión estuvo la profesora M. S. y fue confrontada para que rindiera un informe, ya que teníamos conocimiento que habían problemas porque la profesora L. A., rindió su informe económico y resultó que algunas facturas que ella había pagado aparecían en el informe de la directora S., esto causo la euforia de los asambleístas, quienes de manera respetuosa exigían una aclaración con respecto a esos fondos, ya que los alumnos habían llevado un bloque cada uno y otros dieron el dinero para continuar con la construcción de dos aulas una para computación y la otra para impartir ingles, lo raro fue que aparecían los bloques comprados por la profesora M. S., cuando no fue así, se concluyó que se pediría una auditoria por parte del Ministerio de Educación, la asamblea se desarrolló normalmente y No se le Trató mal a la señora M. S. y nadie le dijo que era ladrona, puesto que la reunión era para aclarar la situación y ver los informes económicos, ya que la tesorera no había manejado ningún fondo de Matrícula Gratis pese a que la escuela tiene su propia cuenta, recuerdo que el 6 de diciembre del 2006, se quedó de ver la Profesora M. S., J. A., D. B., B. J. y otros padres de familia en la Cooperativa Sagrada Familia, que queda por el antiguo cine Centenario para hacer el depósito del segundo desembolso pero la profesora M. S. nunca llegó, esto molestó aún más a los padres de familia. Ninguna de mis compañeras se expresó mal de la profesora M. S., este testimonio es conteste con las declaraciones de las querelladas N. G. L. G., L. L. . B. S. J., N. J. A.. De las declaraciones de las querelladas, se concluye con claridad, que la profesora M. S. en ningún momento fue objeto de insultos o tratada con palabras injuriosas, lo que sucede es que ella quiere desviar la atención y callar a ese sector de la población para validar un informe defectuoso, que fue reparado en su oportunidad por la auditoria del Ministerio de Educación. Finalmente se concluye, que a M. S. nunca se le injurió y mucho menos fue insultada o ultrajada en su honor por la Profesora N. G. L.. TESTIFICAL DEFENSA. Las testigos A. M. A., E. R. G., R. C. A. M., S. Y. A. M., D. B., son conteste al decir, que todo comenzó a raíz que ellos como padres de familia, pedían una aclaración a la profesora M. S., sobre la dualidad de facturas, y una explicación sobre el porqué había retirado un segundo desembolso, si ya NO fungía como directora de la escuela Tomas Álvarez Dolmo, ya que fue trasladada a una escuela en la colonia 21 de octubre, desde Septiembre del 2006, ellos en ningún momento escucharon que la profesora N. G. L. dijera que la profesora era una ladrona, eso es falso ya que la reunión se desarrolló en armonía, a tal grado que la profesora L. A. y la profesora M. S. se quedaron de reunir para revisar los informes y las facturas dobles que habían en los dos informes de ellas, sabemos que se solicitó una auditaría, en el cual fue reparado una compra de unos carnet, ya que presentaba alteraciones la factura, y damos fe que a M. S. nunca se le trató de ladrona por parte de ninguna persona que llegó a la sesión. Estas declaraciones que son contestes en su totalidad, en el sentido que todos los testigos dicen que a M. S. nunca se le trató de ladrona por parte de la condenada, lo único que se trató fue sobre los informes, había malestar porque la Directora había retirado un segundo desembolso de la escuela, y por los problemas anteriores perdió los siguientes desembolsos de la matrícula gratis que año a año los da el Ministerio de Educación; como vemos Honorables Magistrados, la defensa no considera justa la Sentencia recurrida, porque el Tribunal no tomo en cuenta la valoración de toda la prueba en su conjunto. Las declaraciones de los testigos de la defensa y los testimonios rendidos por las querelladas son creíbles desde todo punto de vista; pues es normal que los ánimos en una sesión se alteren, producto de la euforia o la ira en su caso, por sentirse impotentes ante determinada situación, analícese que si los asambleístas hubieran querido linchar a la profesora M. S. lo hubieran hecho, pero no sucedió, porque todo se desarrolló bajo la cordura y lo único que se pedía eran informes claros y creíbles, y que se dijera en que se habían gastados los dineros provenientes de la matricula gratis que da el Estado. ERROR IN IUDICANDO POR INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA, QUE PERMITE RECURIR LA SENTENCIA INJUSTA DICTADA POR EL ORGANO SENTENCIADOR. El Sentenciador incurre en un grave error de disconformidad de sus ideas y representaciones con la naturaleza de las cosas, es una apreciación falsa de lo que ocurre; el error es una falsa idea que tenemos de algo que no resulta ser tal cual lo creemos. Para S. T. R. el error es una deformidad entre el ser de un objeto tal como es advertido y el ser mismo objeto de la realidad… entonces el error consiste en la diferencia que hay entre la presunción y la realidad, entre el conocimiento y la verdad. (ver Servio Tulio Ruiz, Teoría del Hecho Punible, Bogota, Librería del Profesional, 1980, Pág. 39). Para J. I. G. V., puntualiza que el error de todas maneras es un problema de conocimiento, la ideo-representación no corresponde a lo que acontece en el mundo objetivo. (ver J. I. G. V., Las Causales de Inculpabilidad, Ediciones Jurídicas G. I., Santa Fe Bogota 1194, Pág. 134) Al establecer el A-quo como hecho probado el antes mencionado, es claro y evidente que el Tribunal Sentenciador en la fundamentaciòn jurídica interpretó erróneamente la Ley Sustantiva en su artículo 158 y 159 del Código Penal Vigente, cuando decide declarar culpable a mi representada y la condena por el delito de INJURIAS, por existir un supuesto Dolo Directo y su participación a título de autor, situación que no logró probar la parte querellante. Para ser responsable de la comisión de un delito penal, es necesario tener participación en el mismo, ya sea a título de autor o coautor, y esa participación en la comisión del delito debe ser dolosa o culposa; Genéricamente por DOLO simplemente se entiende como conciencia y voluntad de realizar el tipo objetivo de un delito.- De esta definición se desprende que el dolo está constituido por dos elementos: A. ELEMENTO INTELECTUAL: Para actuar dolosamente el sujeto de la acción debe saber que es lo que hace y conocer los elementos que caracterizan su acción como acción típica, es decir los elementos objetivos del tipo: sujeto, acción, resultado, relación causal o imputación objetiva, objeto material; el conocimiento que exige el dolo es un conocimiento actual, no bastando uno meramente potencial, es decir el sujeto ha de saber lo que hace, no basta con que hubiera debido o podido saberlo. B. ELEMENTO VOLITIVO: Para actuar dolosamente no basta con el mero conocimiento de los elementos objetivos del tipo, es necesario, además, querer realizarlos.- El elemento volitivo supone voluntad incondicionada de realizar algo (típico) que el autor cree que puede realizar. (Ver Muñoz Conde en la obra supraindicada páginas 269, 270, 271, 272) Atendiendo la mayor o menor intensidad de estos elementos (intelectual o volitivo) tradicionalmente la jurisprudencia distingue entre dolo directo y dolo eventual. DOLO DIRECTO: El autor quiere realizar precisamente el resultado (en los delitos de resultado) o la acción típica (en los delitos de simple actividad): el autor quería matar y mata, quería dañar y rompe la cosa, etc. >> DOLO EVENTUAL: El sujeto se representa el resultado como de probable producción y, aunque no quiere producirlo, sigue actuando, admitiendo su eventual realización. El sujeto no quiere el resultado, pero <<cuenta con él>>, <<admite su producción>>, <>. (Ver ídem Págs. 272 y 273). >> El artículo 13 de nuestro Código Penal establece que: “El delito puede ser realizado por acción o por omisión y necesariamente debe ser doloso o culpo.” el delito es doloso cuando el resultado responde a la intención que se tuvo al ejecutarlo o cuando el autor sabe, o está obligado a saber, que como consecuencia de la acción u omisión existe la posibilidad de que se produzca un efecto constitutivo de delito, no obstante, lo cual ejecuta el hecho y acepta, por ende, las consecuencias que del mismo se derivan”: La primera parte de la definición anterior constituye lo que se llama dolo directo, mientras que la segunda parte se refiere lo que la jurisprudencia conoce como dolo eventual. La Querellada no incurre en ninguna acción dolosa al momento de ir a la reunión del 2 de diciembre del 2006, y en el caso que hipotéticamente hubiera dicho que la señora M. S. era una ladrona, véase que esto es producto de la euforia total de la asamblea, provocado por la ira y el malestar de los asambleístas, porque no consideraban justo los gastos realizados con los dineros de la Matricula Gratis, y tal situación afecto a la escuela porque a la fecha no han vuelto a recibir un tercer desembolso perdiendo con ello la escuela el beneficio que el Estado les otorgo; ¿será justa esta situación honorable Tribunal?, creemos que como seres humanos tenemos derecho a exigir de las autoridades una respuesta justa de sus actuaciones.- Al no existir la intención de causar un delito no puede haber dolo, ya que todo sucede en momentos que la persona no puede controlar su ira al interior de una asamblea; es por ello que no encontramos sustento jurídico en el fallo emitido por el Tribunal de Sentencia y en su norma sustantiva aplicada, puesto que los testigos NO son creíbles, en el caso de la querellante M. S., ella tiene un interés directo en el juicio, por lo que sus dichos debió ser analizado en conjunto con toda la prueba y no únicamente la que le beneficia, en el caso de la testigo C. J. B. S., manifestó tener interés directo en la causa, por lo que su testimonio está viciado, pero el sentenciador le da credibilidad, pese que no fue clara en su deposición respecto a las palabras injuriosas vertida por la hoy condenada, al igual que al testigo M. A. C. G., testigo que en ningún momento estuvo en la reunión del dia 2 de diciembre tal como lo manifestó la testigo de descargo D. M. B. Z., véase que las dos testigos nunca mencionaron que el testigo M. C. estuviera presente en la sesión del 2 de diciembre del 2006 ¿entonces como puede ser creíble su testimonio?. Lo cierto es que este testigo llego a mentir al tribunal, ya que el no tiene hijos en edad escolar. J. G. F. en lo que se refiere a la valoración de la prueba dice que "Es una operación intelectual, destinada a establecer la eficacia conviccional de los elementos de la prueba recibidos…es en este momento en donde el juez, no sólo pone al servicio de la justicia, su intelecto, su sabiduría y experiencia; sino sobre todo su honestidad". La valoración de la prueba determina el resultado que se infiere de la práctica de un determinado medio de prueba, es decir, el grado de convicción o persuasión de la prueba practicada, que puede ser positivo, en cuyo caso se habrá logrado el fin de la prueba (la convicción judicial), o negativo, al no alcanzarse dicho fin. Y habiendo ocurrido lo contrario, por la falta de aplicación del artículo 158 del Código Penal; 4, 12, 14 y 317 del Código Procesal Penal, 82 y 90 de la Constitución de la República, al dejar de valorar la prueba rechazada y al no aplicar la norma sustantiva al caso concreto, en base a las Reglas de la Sana Critica al momento de la valoración de la prueba, bajo aspecto importantes de la recta razón del ser Humano, la Lógica y la Psicología sin olvidar las reglas de la sociología, es necesario requerir al amparo vía recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, ante la Corte Suprema de Justicia a través de su sala Especializada del área penal, y que al producirse la revisión del motivo y del precepto autorizante, se absuelva a mi representada del delito por el cual fue condenada.” RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO EL ABOGADO M. T. A. O., EN SU CONDICIÓN DE DEFENSOR PRIVADO DE LA SEÑORA N. G. L. DENUNCIANDO VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 82 Y 90 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. Esta tipología es la más amplia de las que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el Recurso a desarrollar bajo este título debe de denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia, esto es debido a que si bien la normativa Procesal Penal establece la infracción de precepto Constitucional como motivo de casación, las normas Constitucionales susceptibles de ser examinadas son aquellas referentes a derechos fundamentales, que guarden relación con el derecho penal o las formas del juicio, en consecuencia, deberá intentarse el Recurso acudiendo únicamente a normas constitucionales reguladoras de derechos fundamentales que eventualmente pudieran verse afectas producto de la persecución penal. En una buena técnica, se debe optar a esta Vía Recursiva cuando no sea posible denunciar el vicio a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro, en contraposición con los Recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Legal y Quebrantamiento de Forma, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores. La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial, como ser las sentencias. II. El Censor señala que se ha violentado el artículo 82 Constitucional, que contiene el Derecho de Defensa y el artículo 90 que contiene el Principio del Debido Proceso, a consecuencia de que el Tribunal de Sentencia, después de admitir una serie de prueba documental ésta fue rechazada al momento de la audiencia de debate, es decir, no fue evacuada, provocando esto indefensión. Indica el Censor que la prueba referida se trata de los medios de prueba documental: 1) Factura No. 0839 de fecha 15 de Mayo del 2006, extendida por la Editorial Higueras, apreciada a folio 107; 2) Factura No. 0839 de fecha 15 de Mayo del 2006, extendida por la Editorial Higueras, que corre a folio 10; 3) Nota enviada al Profesor E. A., Director Distrital número 13; 4) Nota enviada a la Dirección Departamental de Francisco Morazán, en la que se solicita el traslado de la profesora M. S. por parte de los padres de familia; 5) Nota de la sociedad de padres de Familia al Director Interino donde pide auditoria de los fondos manejados por la Señora M. S.; 6). Acta especial levantada por los auditores el 2 de mayo del 2007; 7) Informe de los auditores A. C. y Y. E., de fecha 15 de mayo del 2007; 8) Oficio 817-DDEFM-06 de fecha 20 de Septiembre del 2006; 9) Recorte de Diario La Tribuna de fecha 11 y 13 de Junio del 2007. III. El debido proceso penal garantizado en el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, definido tradicionalmente como aquel que garantiza que nadie puede ser condenado sino tras haber sido juzgado por un Tribunal competente, bajo las formalidades previamente previstas en la ley; sin embargo, el Principio del Debido Proceso más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal; en otras palabras, el Principio del Debido Proceso envuelve el desarrollo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal, mismos que sin dificultad alguna pueden independientemente (fuera del Art. 90 Superior) ser engarzados a derechos y garantías constitucionales definidas de manera individual en el articulado de la Carta Maga, una de ellas el derecho a la defensa que recoge el artículo 82 Superior y 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. El Derecho de Defensa en términos generales está definido desde el ámbito penal como la oportunidad que tiene la parte acusadora y la parte imputada de amparar, proteger y accionar a favor de sus propios intereses subjetivos. El Derecho General a la Defensa está compuesto igualmente por varios principios como ser: Intimación, imputación, audiencia, contradicción, motivación y doble instancia; Particularmente nos centraremos en el Principio de Contradicción, por ser el que atañe al caso de examiné conforme a lo denunciado por el Censor. El Principio de Contradicción esta prescripto por el artículo 4 del Código Procesal Penal, 8.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y debe ser entendido como la obligación del Juzgador de escuchar previamente a las partes con intereses contrapuestos antes de pronunciarse respecto a la cosa debatida. Este principio presupone la existencia de dos partes antagónicas dentro del proceso, interesadas en un pronunciamiento que ampare sus intereses subjetivos que resulta ser incompatibles con los de la otra, pronunciamiento que el Juzgador no podrá realizar si no antes de haber escuchado los argumentos y la prueba que sustente las respectivas posiciones; las partes tienen el derecho de aportar las pruebas conducentes a fin de justificar su teoría del caso, y la contraria el derecho de controvertirlas, por lo que el principio de contradicción “tiene como base la plena igualdad de las partes en orden a sus atribuciones procesales. Exige no sólo la existencia de una imputación del hecho delictivo cuya noticia origina el proceso y la oportunidad de refutarla, sino que requiere, además reconocer al acusador, al imputado y a su defensor, la atribución de aportar pruebas de cargo y de descargo respectivamente, la de controlar activa y personalmente, en presencia de los otros sujetos actuantes, el ingreso y recepción de ambas clases de elementos probatorios y la de argumentar públicamente ante los jueces que las recibieron sobre su eficacia conviccional (positiva o negativa) en orden a los hechos contenidos en la acusación o los afirmados por la defensa, y las consecuencias jurídico-penales de todos ellos, para tener la igual oportunidad de intentar lograr una decisión jurisdiccional que reconozca el interés que cada uno defiende, haciéndolo prevalecer sobre el del contrario”[1]. IV. A efecto de verificar la denuncia realizada por El Censor, la Sala de lo Penal procedió a revisar las actuaciones que constan en la foliada judicial, así pudo apreciar que en fecha veintiuno de noviembre del año dos mil siete, se celebró al audiencia de proposición de medios de prueba, en donde las partes litigantes propusieron los medios de prueba que consideraron pertinentes para fundamentar sus pretensiones, particularmente la parte Querellada propuso la reproducción en debate de los medios de prueba documentales (F. 159) consistentes en (Se conserva la numeración de la propuesta): 10) Factura No. 0839, de fecha 15 de Mayo del 2006, extendida por la Editorial Higueras, por un valor de L. 1,500.00; 11) Factura No. 0839, de fecha 15 de Mayo del 2006, extendida por la Editorial Higueras por un valor de L. 4,500.00; 12) Nota enviada al Profesor E. A., Director Distrital número 13 por diferentes maestros; 13) Nota enviada a la Dirección Departamental de Francisco Morazán, en la que se solicita el traslado de la profesora M. S. por parte del personal de la Escuela Tomas Álvarez Dolmo; 14) Nota enviada por la sociedad de padres de Familia al Director Interino de la Escuela Tomas Álvarez Dolmo donde pide auditoria de los fondos manejados por la Señora M. S.; 15) Nota enviada por el Director Interino M. C. Z. al Jefe de Auditoría Interna del Ministerio de Educación solicitando un auditor; 16) Acta especial levantada por los auditores el 2 de mayo del 2007; 17) Memorando de los Auditores A. C. y J. E., enviado al Licenciado M. F. C. donde se hace reparo a la profesora M. S.; 18) Listado de niños; 19) Acta levantada por padres de familia y autoridades de la Dirección Departamental de Educación; 20) Oficio 817-DDEFM-06, de fecha 20 de septiembre del 2006, de la Dirección Departamental de Educación; 21) Acta número 164, de fecha 26 de octubre del año 2007; 22) Recorte de Diario La Tribuna de fecha 11 y 13 de Junio del 2007. Tras el análisis de las condiciones de admisibilidad, el Tribunal de sentencia resolvió admitir los medios de prueba descritos en los numerales 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 y 22 (F. 162), inadmitiendo los Juzgadores los descritos en los numerales 18, 19 y 21. Posterior a ello, se celebró la audiencia de debate en fecha dos de junio del año dos mil ocho, en donde el Tribunal de Sentencia determinó no reproducir los medios de prueba documental referida en virtud de no haber sido presentados sus originales (F. 198). Finalmente, en la sentencia dictada en fecha dieciocho de junio del año dos mil ocho, el Tribunal de Sentencia en la valoración de los medios de prueba no hace mención a la prueba documental admitida a propuesta por la representación de la Querellada en la audiencia de proposición de prueba, a excepción de la fotocopia del oficio número 817-DDEFM-2006 (propuesta en el inciso 20), señalando en la valoración (F. 209) que no obstante ser una fotocopia, ha sido ratificado por otros medios de prueba y no ha sido controvertido en juicio por lo que merece valor probatorio. IV. El Recurso es de Recibo: El derecho de defensa debe ser no sólo formal, sino también material, es decir, ejercido de hecho, plena y eficazmente, lo cual implica además, como aspecto de singular importancia, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales de defensa, entre estos a proponer los medios de prueba que se estimen pertinentes para fundamentar su posición frente a la controversia y que, una vez admitidos esos medios de prueba, sean reproducidos en debate, controvertidos por las partes y valorados por el Juzgador en la sentencia. En el caso de mérito el Tribunal de Sentencia tras el examen de los medios de prueba propuestos por la parte Querellada, resolvió admitir que se reprodujeran en la audiencia de debate diez medios de prueba documental, descritos líneas atrás bajo los numerales 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 y 22 (F. 162), más sin embargo y en contra de su misma resolución, en la audiencia de debate resolvió no evacuar los mismos a razón de que los documentos presentados por la parte eran fotocopias, lo cual es una violación al derecho de defensa, debido a que los Juzgadores les devenía la obligación de recibir la prueba, reproducirla en la audiencia, propiciar su contradicción entre las partes y valorarla (positiva o negativamente) en la sentencia y con el resultante emitir el pronunciamiento del caso. El Tribunal de Sentencia no sólo faltó a su obligación de reproducir los medios de prueba que habían sido admitidos sino que incurre en una grave contradicción en lo resuelto cuando en la sentencia impugnada, se observa que en numeral primero de la valoración de la prueba se relaciona el medio de prueba documental “Fotocopia de Oficio número 817DDEFM-2006” (F. 209), el cual es uno de los propuestos por la parte Querellada (No. 20 de la propuesta) y que fueron presentados en fotocopia, es decir, que estaba dentro del conjunto de prueba que no se dio por evacuada por ser precisamente una fotocopia, más aún, así fue relacionada por el Tribunal de Sentencia, pero adicionalmente también fue valorada, entonces si este medio de prueba que era fotocopia mereció ser valorado por el Tribunal de sentencia, porque no ocurrió lo mismo con el resto de la prueba documental que igualmente era fotocopia. V. Los Juzgadores al dejar de evacuar y valorar (positiva o negativamente) nueve medios de prueba documentales propuestos por la parte Querellada y admitidos previamente por el Tribunal de Sentencia, han violentado el Principio del Debido Proceso, específicamente el Derecho a la Defensa en su postulado de contradicción. En consecuencia es procedente, declarar Con Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO POR EL ABOGADO M. T. A. O., DEFENSOR PRIVADO DE LA ACUSADA N. G. L., DENUNCIANDO ERRÓNEA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO PENAL. I. El Censor en su recurso señala que los hechos declarados probados son el producto de una falsa apreciación, arremetiendo en contra el proceso de valoración de los medios de prueba reproducidos en el debate, dándose a la tarea de hacer un análisis por separado de la prueba de cargo y de descargo, señalando posteriormente que no considera justa la sentencia ya que el Tribunal de sentencia no tomó en cuenta la valoración de la prueba en su conjunto, violentando las reglas de la sana crítica; asimismo establece el Censor, que no existió ninguna acción dolosa por parte de la Querellada por cuanto “… si hipotéticamente hubiera dicho que la señora M. S. era una ladrona (…) esto es producto de la euforia total de la asamblea, provocado por la ira y el malestar de los asambleístas…”, afirma que al no haber intención de causar un delito no puede haber dolo, ya que todo sucede en momentos que la persona no puede controlar su ira al interior de una asamblea. II. El Censor, ha pasado por alto el sentido del Recurso de Casación por Infracción de Ley y en lugar de confrontar los hechos declarados probados con la norma penal sustantiva que considera erróneamente aplicada o interpretada, basa su estrategia en refutar la valoración que hizo el Tribunal de Sentencia de los medios probatorios reproducidos en juicio en un esfuerzo de sostener el argumento de que dicha valoración errónea dio paso a hechos probados falsos, yerro que compromete su Recurso de Casación por Infracción de Ley, el cual se basa en el Principio de Intangibilidad de los hechos probados. El Censor equívocamente ha planteado un argumento de quebrantamiento de forma (vicio in procedendo) bajo la vía recursiva del Recurso de Casación por Infracción de Ley (vicio in indicando). III. No procede en el presente caso que la Sala de lo Penal, se pronuncie respecto al Recurso de Casación por Infracción de Ley, ya que además de lo apuntado en el párrafo anterior, se ha declarado con lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento presentado, por lo que la sentencia impugnada debe de ser declarada inválida. POR TANTO. LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 y 361 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declarando CON lugar el Recurso de Casación por Infracción a Precepto Constitucional, en su único motivo, interpuesto por el Abogado M. T. A. O.. SEGUNDO: Decretando la NULIDAD parcial de la sentencia impugnada, de fecha dieciocho (18) de Junio y del debate que le origina, celebrado en fecha dos (20) de Junio, ambos del año dos mil ocho (2008), en todo a lo que respecta a la Querellada N. G. L..; TERCERO: Declarando firme y ejecutable la sentencia dictada en fecha dieciocho (18) de Junio del año dos mil ocho (2008) por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en la cual absuelven de toda responsabilidad penal a las señoras: E. M. D., L. A., B. Z. J., A. DEL C. P., N. J. A. Y B. M., por suponerlas responsables de los delitos consumados de CALUMNIAS E INJURIAS en perjuicio de la señora M. U. S. R.. MANDA. PRIMERO: Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, proceda a celebrar un nuevo debate en el presente caso, sólo en lo que respecta a la acusación criminal presentada en contra de la señora N. G. L., en el cual deberán de participar Jueces de Sentencia distintos a los que concurrieron a emitir la sentencia de fecha dieciocho (18) de Junio del año dos mil ocho (2008). SEGUNDO: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó: El Magistrado CALIX HERNANDEZ. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de noviembre del año dos mil doce.- Certificación de la sentencia de fecha dieciocho de octubre del año dos mil doce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-40-2009.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Véase: CAFFERATA NORES, José; Derecho Procesal Penal. Consensos y Nuevas Ideas. Imprenta del

Congreso de la Nación, Buenos Aires, 1998, p. 57.