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Sentencia CP-393-09 — Registro 3513

Resumen

En primera instancia se dicto sentencia absolutoria al imputado por el delito de Abuso de Autoridad, resolviendo en segunda instancia Sin Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL MOTIVO UNICO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PUBLICO. I. Para el recurrente, el presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal, al no valorarse adecuadamente las pruebas documentales consistentes en la Resolución número 0196-SE-07 y 0195-SE-07 de la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación Pública, en la que se ordena el reintegro de las Maestras D. F. A. O. Y R. E. A. D., y a las Actas números 23 y 24 de entrega de las resoluciones anteriormente señaladas, y que con las declaraciones de las Maestras mencionadas y de L. A. C., L. H. P. y N. C. G., se estableció contundentemente que el señor imputado G. C. J., tenía pleno conocimiento de la existencia de la orden emanada de la Secretaría de Estado, que dicha orden la incumplió. II. Para esta Sala de lo Penal, es importante aclarar que al conocer de los Recursos de Casación por el motivo alegado por el recurrente, de “no haberse observado las reglas de la sana crítica”, el control Casacional se ocupa de establecer si hay validez en las pruebas, si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano, (lógica, experiencia y psicología) y si la motivación es expresa, clara, completa y emitida de acuerdo a las normas legales aplicables al caso concreto. III. En el caso examiné, y sin el ánimo de prejuzgar sobre el fondo del asunto, esta Sala, considera que los Jueces sentenciadores no irrespetaron las reglas de la sana crítica, en concreto las reglas de la lógica, al deducir de forma correcta que de las pruebas evacuadas no fue posible concluir hechos que dieran lugar a la responsabilidad del acusado. Para el caso con las resoluciones dictadas por la Secretaría de Educación (folios # 11 a 18), y las actas especiales 23 y 23 (folios # 298 a 300), así como con las declaraciones de los testigos D. F. A. O. (folio # 392, 393 y 394), de R. E. A. D., (394 v. 395 y 396), L. H. P. (folio # 397v.) 398), N. C. G. (folio # 396 v.) y L. A. C. (folios #398 y 399), los juzgadores deducen correctamente la existencia de las órdenes de reintegro de las Maestras D. F. A. O. Y R. E. A. D., a sus puestos de docentes en el Instituto “Héctor Medina de Valle de Anglés”; así como, que las autoridades de dicho centro educativo fueron notificadas de las órdenes de reintegro, pero también se deduce de las prueba evacuada, que al Director le fue materialmente imposible dar ejecución a las órdenes de reintegro, porque un grupo de docentes de las tres jornadas acordaron no permitir el ingreso a las Maestras reintegradas, manteniendo los portones cerrados y colocando el pabellón nacional a la entrada del centro, no siendo posible imputar al acusado el incumplimiento de la orden emanada de la autoridad competente administrativa, bajo las circunstancias descritas, no le puede ser exigible asumiera una conducta heroica en contra de quienes se oponían al reintegro de las docentes, lo que hace imposible llegar a una conclusión diferente a la arribada por el A-quo, siendo correcta la conclusión de absolver al acusado; es por ello, que no se aprecia que los sentenciadores hayan fundado sus conclusiones irrespetando las reglas de la sana crítica, o que al momento de valorar la prueba el A-quo haya arribado a conclusiones contradictorias, incompletas e incoherentes, siendo que en la sentencia se plasman conclusiones lógicas y concordantes, además de verdaderas, que se extraen como consecuencia de las pruebas legalmente evacuadas en el debate; por lo que esta Sala considera que en el fallo recurrido no se han violado las reglas de la sana crítica. En consecuencia, se declara Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por el Ministerio Público en su único motivo. .."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil doce, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los Magistrados: RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO, en su calidad de Coordinador, JACOBO CÁLIX HERNÁNDEZ y CARLOS DAVID CÁLIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiocho de enero de dos mil nueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual absolvió a G. C. J. por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA. Interpuso el Recurso de Casación, el Abogado G. E. E. A., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público. SON PARTES: La Abogada R. L. C., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente; y el abogado J. J. H. S., en su condición de defensor del señor G. C. J., como parte recurrida. HECHOS PROBADOS UNO: El doce de septiembre del año 2007, autoridades del Ministerio de Educación se personaron al Instituto Héctor V. Medina Valle, el cual funciona en el Municipio de Valle de Ángeles y cuyo director era el profesor G. C., personándose, con el objeto de dar cumplimiento a las resoluciones número 195-SE-07 y 196-SE-07 de fecha 30 de marzo del año 2007, las cuales fueron emitidas por la Secretaría de Educación a través de los oficios 0514 y 0517 en donde se declara con lugar los Recursos de Apelaciones contra las Resoluciones 001 API DDEFM y 002 API DDEFM las que traen como consecuencia el reintegro de ambas maestras a sus cargos como sub directoras del Instituto Héctor Medina. DOS: Dichas autoridades a efecto de que se de cumplimiento a las resoluciones antes mencionadas procedieron a levantar las actas números veintitrés 23 y veinticuatro 24 de fecha doce de septiembre del 2007 y ordenan en las mismas al Profesor G. Canaca como Director del Instituto Héctor V. Medina, hacer efectivo el reintegro de las maestras D. A. y R. A. TRES: El grupo de docentes de las tres jornadas de este centro educativo, al tener conocimiento de la orden de reintegro recibida, se reunieron en el instituto y acordaron no permitir el ingreso de las maestras en mención, a efecto emitieron comunicados y ejecutaron acciones materiales como ordenar a los vigilantes del centro, mantener los portones de ingreso cerrados para evitar la entrada de las maestras cuyo reintegro se había ordenado, para lo cual colocaron pabellones nacionales en portones y algunos maestros se apostaban en turnos en el portón de acceso, esta situación imposibilitaba al señor G. C. a hacer cumplir o ejecutar la orden de reintegro de dichas maestras. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II. RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY. PRIMER MOTIVO. “Infracción por Violación del articulo 349 numeral 1 del Código Penal relacionado con el artículo 32 del mismo cuerpo legal”. PRESENTE AUTORIZANTE. “El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal penal”. EXPLICACION DEL MOTIVO. Los preceptos penales y legales citados como infligidos por violación textualmente dice: Articulo 349 del Código Penal "Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: Numeral 1) Se niegue a dar el debido cumplimiento a órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos dictados por las autoridades judiciales o administrativas dentro de los límites de sus respectivas competencias y con las formalidades legales; Artículo 32 del Código Penal: "Se considera autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado. En los delitos por omisión, son autores los que dejan de hacer lo que la ley manda, causan la omisión o cooperan a ella. Se puede señalar que el imputado G. C. J., siendo el director del instituto de Héctor V. Medina, del municipio de Valle de Ángeles, se negó a darle cumplimiento a una orden emanada de autoridad, como lo es la Secretaría de Educación Pública, pese a que las mismas autoridades se personaron con el objeto de indicar que las resoluciones 195 y 196 SE-07 de 30 de mayo del 2007 ordenan el reintegro de las maestras D. A. y R. A., en sus respectivos cargos; También quedó debidamente acreditado que las autoridades de la Secretaría de Educación Pública levantaron actas número 23 y 24 de 12 de septiembre de 2007 y ordenaban en la misma hacer efectivo el reintegro de las ya aludidas maestras. De esta verdad asumida por el Tribunal de Sentencia se determina en forma clara y contundente: a) Que el imputado era el director del Instituto Héctor V. Medina del Municipio de Valle de Ángeles; b) Que éste tenía pleno conocimiento que las resoluciones 195 SE-07 y 196 SE-07 del 30 de mayo de 2007 que ordenaban el reintegro de las maestras D. A. y R. A. a su puesto de trabajo. c) Que dichas resoluciones eran de cumplimiento obligatorio, mismas que totalmente vinculaban al señor director a darle estricto cumplimiento a las mismas. d) Que la función de director le obliga a él y únicamente a darle cumplimiento a la misma. Por lo que se desprende que se cometió el injusto penal de Abuso de Autoridad ya que era deber ineludible de darle acatamiento como máxima autoridad del referido instituto, a dicha resolución emanada por autoridad competente dentro del límite de ésta. Sin embargo, el Tribunal de Sentencia erróneamente ha considerado que la conducta del imputado no forma parte del tipo penal descrito, considerando que el consejo de maestros le impidió darle cumplimiento a una orden que le obligaba a él a ejecutar las medidas pertinentes para el cumplimiento de resolución que le ordena el reintegro de las maestras ya mencionadas. Pese a esto el Ministerio Público sostiene en forma clara y precisa que al realizar la subsunción típica de los hechos que el tribunal de sentencia consideró como probados; es decir, como verdad incuestionable violenta la aplicación del artículo 349 numeral 1 del Código Penal al no subsumir la conducta del imputado en el tipo penal de Abuso de Autoridad debiendo establecerse una pena de tres a seis años de reclusión como lo dispone la norma aludida. Es oportuno señalar que la doctrina ha determinado que el delito de abuso de autoridad, específicamente al que se refiere nuestro ordenamiento jurídico que señala "el que se niegue a dar el debido cumplimiento a órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos dictados por las autoridades judiciales o administrativas dentro de los limites de sus respectivas competencias y con las formalidades legales “en legislaciones comparadas la desobediencia de la orden emanada de autoridad competente señala “la comprensión del delito establecido en este precepto requiere partir de su presupuesto normativo: las autoridades y funcionarios públicos están obligados como todos los ciudadanos (en los términos del articulo 110 de la constitución), a acatar y cumplir las resoluciones dictadas por los juzgados y tribunales,. . . así como las decisiones de sus superiores jerárquicos adoptadas legítimamente, de este modo, el incumplimiento de (o falta de obediencia a) las resoluciones judiciales o a las decisiones y ordenes de las autoridades jerárquicamente superiores generan la responsabilidad penal del funcionario o autoridad establecida en este precepto si se dan sus requisitos especificas que a continuación se detalla: así configurado el delito de desobediencia es una infracción especial impropia de mera actividad (realizable por acción u omisión), cuya expresión nuclear es la de negarse, el funcionario o la autoridad de que se trate «a dar el debido cumplimiento» a las resoluciones, decisiones u ordenes ya indicada." 1 "...En realidad, como indica Á. G. (p.186), la conducta típica consiste « en un no prestar la obediencia requerida» y, por tanto, en una omisión propia « independientemente de si en el caso concreto esa obediencia se plasma en un hacer o en un abstenerse>>, aunque lo normal será que la desobediencia se exteriorice a través de una conducta positiva. En base a los razonamientos jurídicos y fácticos expuestos el Ministerio Público estima debe casar la sentencia en vista de tener un vicio injudicando señalado. III. RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. PRIMER MOTIVO. PRECEPTO AUTORIZANTE. “El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3 del CPP”. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. Los preceptos penales adjetivos que se invoca como infringido por falta de aplicación prescriben: Artículo 202: "Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. Por su parte el párrafo primero del artículo 336 de la misma ley señala: "El Tribunal, para resolver, sólo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Así, el artículo 338, que regula la forma de estructurar la sentencia, ordena el juez sentenciador: "Valoración de la prueba. Seguidamente, se expresaran las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados". Los hechos probados de una sentencia penal (que constituyen la verdad al que el Tribunal cree haber arribado) están sustentados en el acervo probatorio que se plasma en la fundamentación probatoria. La fundamentación probatoria se divide en las fases descriptiva e intelectiva; en la primera, el Tribunal describe cada una de las pruebas que dan sustento a su decisión; en la segunda (fundamentación intelectiva), el juzgador debe explicar porqué un medio probatorio le merece fe y otro no y además, porque un elemento de prueba u otro le llevan a una conclusión determinada. Sobre esta segunda operación es que recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica de acuerdo con el motivo planteado, de tal suerte que la violación a esas reglas que corrigen el correcto entendimiento humano, constituye un problema de fundamentación de la sentencia; por ello el legislador en el artículo 338 del CPP, ubica dentro de la "fundamentación del fallo" (regla cuarta), la valoración de la prueba. Las reglas de la sana crítica entonces, constituyen la especie dentro del género conocido como fundamentación. En el sistema de sana crítica racional, que implementa nuestro sistema procesal penal, en cuanto a la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en las que se les apoye. En este sistema el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Dentro de las reglas de la lógica, al que debe sujetarse el juzgador en la valoración de las pruebas, según lo exigen los artículos 202 y 336 CPP y que recalca el artículo 338, sección cuarta, numeral 2 (" ... justificando según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las prácticas en juicio ... "), aparece la característica, exigida por ellas, denominada, según Fernando de la Rua (La Casación Penal), como derivada, según la cual la motivación debe respetar el principio de razón suficiente, para lo cual "el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinado." Para ello, la motivación debe ser concordante: a cada conclusión afirmada ó negada, debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Resulta, que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta con las reglas de la sana crítica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte, en consecuencia, en la violación de los artículos mencionados tal y como se demuestra a continuación: La prueba documental consistente en la resolución numero 196-SE-07 de la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación Pública, ordena el reintegro de la Maestra D. F. A. O., resolución número 0195- SE-07 emitida por la misma autoridad ordenando el reintegro de la maestra R. E. A. D.; Acta numero 23 y 24 respectivamente, correspondiente al libro de actas del instituto Héctor V. Medina, en la que sucintamente señala que el doce de septiembre del año dos mil siete, siendo las once de la mañana la Licenciada L. C. asesora legal de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán y la Licenciada M. M., asistente de Asesoría Legal, personándose a dicho instituto para efecto de entregar las resoluciones anteriormente señaladas. A su vez la prueba de los testigos principales que son las ofendidas D. A. O. y R. E. M., fueron claras y contundentes al señalar que no se le permitió el reintegro a su puesto de trabajo; con las declaraciones de los testigos L. A. C. misma que señala que señaló a la autoridad del instituto por medio de la respectiva acta que el reintegro de las maestras aludidas debía ser de manera inmediata; con las declaraciones de L. H. P. y N. C. G., se estableció contundentemente que el señor imputado G. C. J. tenia pleno conocimiento de la existencia de la orden emanada de la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación Pública, que dicha orden la incumplió y que ese incumplimiento acarrea responsabilidad penal al tenor del artículo 349 numeral 1 del Código Penal Vigente. Sostenemos que las pruebas antes relacionadas deben de enlazarse de manera armónica y conjunta con el resto de la carga probatoria con el objeto de extraer la valoración objetiva y con apego a las reglas de la sana critica antes referidas y así establecer la responsabilidad penal que determine la culpabilidad del imputado y no la absolución como lo manifiesta el sentenciador. En ese sentido la prueba referida tanto testifical como la documental establece contundentemente la desobediencia abierta a cumplir una orden emanada de autoridad competente por parte del imputado. Sostenemos entonces como Ministerio Público que el sentenciador ha incurrido en un grave error que ha incidido directamente en fallo absolutorio respecto el delito de abuso de autoridad que hoy motiva la impetración del presente recurso ya que este determinó conclusiones pero no derivadas de las pruebas en su conjunto por lo que en definitiva, este Tribunal ha sido incapaz de extraer información brindada por esta prueba que de manera conjunta y armónica coloca al imputado G. C. J. como responsable a título de autor como responsable del injusto penal de abuso de autoridad. En otras palabras, el sentenciador no extrajo de la prueba las conclusiones necesarias que vinculen al imputado como responsable, que lo es, del delito de abuso de autoridad. Como el vicio incurrido en el acto mismo de dictar sentencia ha resultado imposible plantear el reclamo correspondiente para subsanarlo. DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL MOTIVO UNICO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PUBLICO. I. La parte recurrente alega, que los sentenciadores incurrieron en Infracción por Violación del artículo 349 numeral 1 del Código Penal, relacionado con el artículo 32 del mismo cuerpo legal, ya que el imputado era el Director del Instituto “Héctor V. Medina” del Municipio de Valle de Ángeles, y tenía pleno conocimiento que las resoluciones 195 SE-07 y 196 SE-07 del 30 de mayo de 2007, que ordenaban el reintegro de las Maestras D. A. Y R. A. a su puesto de trabajo, siendo dichas resoluciones de cumplimiento obligatorio, mismas que totalmente vinculaban al señor Director a darle estricto cumplimiento a las mismas, porque la función de Director le obliga a él a darle cumplimiento a las mismas, cometiéndose el injusto penal de Abuso de Autoridad. II. Como lo ha venido repitiendo esta Sala de lo Penal, “La Falta de Aplicación de la Ley” como infracción, debe resultar necesariamente a partir de los hechos declarados probados, cuando los Jueces omiten la ley aplicable a la causa que se falla, o se pasa por alto la existencia de una ley que regule la cuestión jurídica que se debate, o en forma deliberada se resiste a aplicarla. III. En el presente caso que nos ocupa, los juzgadores declararon como hechos probados que el Profesor G. C. J., fungiendo como Director del Instituto “Héctor Medina Valle”, ubicado en Valle de Ángeles, Francisco Morazán, recibió la orden por parte de las autoridades del Ministerio de Educación del reintegro de las Profesoras D. A. Y R. A., pero un grupo de docentes de las tres jornadas de dicho centro educativo, se reunieron en el Instituto y acordaron no permitir el ingreso de las Maestras mencionadas, ordenando a los vigilantes mantener los portones cerrados para evitar su entrada, haciendo incluso turnos en el portón de acceso, imposibilitando al Profesor G. C. J. estas acciones a dar cumplimiento a la orden de reintegro de las Maestras D. A. Y R. A.. IV. Para esta Sala de lo Penal, al examinar el cuadro fáctico, no es posible desprender del mismo que el acusado se haya negado a dar cumplimiento a una orden o resolución de la Autoridad Administrativa, en este caso el Ministerio de Educación que ordenó el reintegro de las Maestras, pues queda claro en los hechos probados que al acusado no le fue posible cumplir con la orden superior, porque el resto de docentes del Instituto procedieron a materializar actos que obstaculizaban el ingreso de las Maestras cuyo reintegro se ordenaba, siéndole imposible al acusado ejecutar la orden emanada por la Autoridad Administrativa. Así, en el caso examiné, no han omitido los Juzgadores alguna ley aplicable a la causa, tampoco han pasado por alto la existencia de un delito que regule la cuestión debatida, o que se hayan resistido aplicar de forma deliberada un tipo penal, razón por la cual, se declara Sin Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por el Ministerio Público en su único motivo. I. DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL MOTIVO UNICO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PUBLICO. I. Para el recurrente, el presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal, al no valorarse adecuadamente las pruebas documentales consistentes en la Resolución número 0196-SE-07 y 0195-SE-07 de la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación Pública, en la que se ordena el reintegro de las Maestras D. F. A. O. Y R. E. A. D., y a las Actas números 23 y 24 de entrega de las resoluciones anteriormente señaladas, y que con las declaraciones de las Maestras mencionadas y de L. A. C., L. H. P. y N. C. G., se estableció contundentemente que el señor imputado G. C. J., tenía pleno conocimiento de la existencia de la orden emanada de la Secretaría de Estado, que dicha orden la incumplió. II. Para esta Sala de lo Penal, es importante aclarar que al conocer de los Recursos de Casación por el motivo alegado por el recurrente, de “no haberse observado las reglas de la sana crítica”, el control Casacional se ocupa de establecer si hay validez en las pruebas, si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano, (lógica, experiencia y psicología) y si la motivación es expresa, clara, completa y emitida de acuerdo a las normas legales aplicables al caso concreto. III. En el caso examiné, y sin el ánimo de prejuzgar sobre el fondo del asunto, esta Sala, considera que los Jueces sentenciadores no irrespetaron las reglas de la sana crítica, en concreto las reglas de la lógica, al deducir de forma correcta que de las pruebas evacuadas no fue posible concluir hechos que dieran lugar a la responsabilidad del acusado. Para el caso con las resoluciones dictadas por la Secretaría de Educación (folios # 11 a 18), y las actas especiales 23 y 23 (folios # 298 a 300), así como con las declaraciones de los testigos D. F. A. O. (folio # 392, 393 y 394), de R. E. A. D., (394 v. 395 y 396), L. H. P. (folio # 397v.) 398), N. C. G. (folio # 396 v.) y L. A. C. (folios #398 y 399), los juzgadores deducen correctamente la existencia de las órdenes de reintegro de las Maestras D. F. A. O. Y R. E. A. D., a sus puestos de docentes en el Instituto “Héctor Medina de Valle de Anglés”; así como, que las autoridades de dicho centro educativo fueron notificadas de las órdenes de reintegro, pero también se deduce de las prueba evacuada, que al Director le fue materialmente imposible dar ejecución a las órdenes de reintegro, porque un grupo de docentes de las tres jornadas acordaron no permitir el ingreso a las Maestras reintegradas, manteniendo los portones cerrados y colocando el pabellón nacional a la entrada del centro, no siendo posible imputar al acusado el incumplimiento de la orden emanada de la autoridad competente administrativa, bajo las circunstancias descritas, no le puede ser exigible asumiera una conducta heroica en contra de quienes se oponían al reintegro de las docentes, lo que hace imposible llegar a una conclusión diferente a la arribada por el A-quo, siendo correcta la conclusión de absolver al acusado; es por ello, que no se aprecia que los sentenciadores hayan fundado sus conclusiones irrespetando las reglas de la sana crítica, o que al momento de valorar la prueba el A-quo haya arribado a conclusiones contradictorias, incompletas e incoherentes, siendo que en la sentencia se plasman conclusiones lógicas y concordantes, además de verdaderas, que se extraen como consecuencia de las pruebas legalmente evacuadas en el debate; por lo que esta Sala considera que en el fallo recurrido no se han violado las reglas de la sana crítica. En consecuencia, se declara Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por el Ministerio Público en su único motivo. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 360, 362.3 y 369 del Código Procesal Penal; y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. FALLA: Declarar SIN LUGAR los Recursos de Casación por Infracción de Ley en su único motivo y Por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, invocados por la Abogada R. L. C. P., en su condición de Fiscal de Ministerio Público, en la causa seguida en contra del señor G. C. J., por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que se proceda conforme a derecho. Redactó: EL MAGISTRADO CALIX HERNANDEZ. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida a solicitud de la Abogada D. R. C., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil doce.- Certificación de la sentencia de fecha dieciséis de agosto del año dos mil doce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-393-2009.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

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