Sentencia CP-387-09 — Registro 3349
Resumen
Se absolvió en primer instancia a los imputados por el delito de homicidio
Análisis jurisprudencial
(Sin análisis jurisprudencial en la ficha)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de mayo del año dos mil doce, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO en su calidad de Coordinador, JACOBO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo del RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, interpuesto contra la Sentencia de fecha dieciocho de septiembre de dos mil seis, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual ABSOLVIÓ a: D. R. R. C. y J. L. A. C., por el delito de HOMICIDIO en perjuicio de R. E. D. M..- Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, la abogada I. B. F. S., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público.- ES PARTE: La abogada K. M. A. en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como Recurrente. HECHOS PROBADOS PRIMERO: El once de febrero del año dos mil cuatro, entre nueve y treinta y diez de la noche, en el Barrio el Centro, de Coxen Hole, de la Isla de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, se le causó a R. E. D. M., cuatro heridas con arma de fuego, calibre 38 m especial, Marca Smith Wesson, Pavón color negro, cacha de madera, cañón corto, serie J545943, de tambor de cinco cartuchos con martillo escondido, localizadas dichas heridas en el tórax posterior sin orificio de salida, que le ocasionaron la muerte. SEGUNDO: Momentos después son detenidos por los miembros de la policía D. R. R. C. y J. L. A. en su casa de habitación ubicada en el Barrio El Tike de Coxen Hole, Isla de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía”. CONSIDERANDO I. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II. La recurrente abogada I. B. F. S., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, desarrolló su Recurso de Casación de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN. MOTIVO ÚNICO: Que al haber dictado el Juzgador, sentencia absolutoria en fecha 18 de septiembre del año 2006, lo hizo valorando la prueba inobservando las reglas de la sana crítica. PRECEPTOS AUTORIZANTES: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del Artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El Precepto Penal adjetivo que se invoca como infringido por adolecer la sentencia de vicios: Artículo 202: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. De acuerdo a éste artículo, nuestro sistema acusatorio incorporado a través del Código Procesal Penal, determina el principio de libertad de valoración de la prueba, en el cual el Juzgador a efecto de dictar sentencia tomará en cuenta la prueba evacuada durante el juicio, las que deberán ser apreciadas en forma conjunta y de acuerdo a las reglas de la sana crítica, tal como se relaciona él artículo 366 de la misma norma adjetiva. En el caso que nos ocupa, el sentenciador al momento de dictar sentencia absolutoria en fecha 18 de septiembre del 2006, lo hizo incurriendo en violación a las reglas de la sana crítica, tal como se demuestra a continuación, donde Inicialmente estimamos de relevancia transcribir los hechos probados de la sentencia impugnada, lo cual se efectuó de la siguiente manera: Declara como hechos probados: PRIMERO: El once de febrero del año dos mil cuatro, entre nueve y treinta y diez de la noche, en el barrio El Centro, de Coxen Hole, de la Isla de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, se le causo a R. E. D. M., cuatro heridas de arma de fuego, calibre 38 m especial, Marca smith wesson, pavón color negro, cacha de madera, cañón corto, serie J545943, de tambor de cinco cartuchos con martillo escondido, localizadas dichas heridas en el tórax posterior sin orificio de salida, que le ocasionaron la muerte. SEGUNDO: Momentos después son detenidos por los miembros de la policía D. R. R. C. y J. L. A. en su casa de habitación ubicada en el Barrio El Tike de Coxen Hole, Isla de Roatán, departamento de Islas de la Bahía”. El juzgador en la sección de valoración de la prueba específicamente en el punto Segundo, párrafo segundo dice: “De la prueba antes referida[1] se esgrime que a la hora que fue realizada la inspección en casa de la señora P., en la cual se obtuvo la evidencia recolectada consistente en una arma de fuego anteriormente descrita no fue practicada con las formalidades que establece el ordenamiento jurídico, violentando con ellos derechos y libertades fundamentales de la persona, consagradas en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte..., por lo que al haberse practicado el registro sin haber obtenido previamente la autorización de la señora P....” y en el párrafo tercero se pronuncia: “Para el Tribunal la obtención de la evidencia mediante la inobservancia de las normas del debido proceso produce evidentemente la ineficacia probatoria de dicho medio de prueba y consecuentemente toda aquella otra que se desprenda de ella, el argumento tópico, sobre el que se sustenta la inadmisibilidad de la prueba obtenida ilegalmente, se centra en el propósito de disuadir al aparato policial de acudir a tales métodos investigadores prohibidos, so pena de ver condenados al fracaso sus esfuerzos y al margen las responsabilidades... pues el radio de acción de esta prohibición probatoria no se restringe a los hechos directamente conocidos mediante la prueba prohibida, sino que llega a las adquiridas de forma derivada a partir de aquella, con arreglo a la doctrina prácticamente conocida como de los frutos del árbol envenenado”. Él a quo asevera que la diligencia de registro en la casa de la señora P. C. M., en donde fue encontrada y decomisada el arma de fuego calibre 38 m especial, Marca Smith Wesson, pavón color negro, cacha de madera, cañón corto, serie J545943, de tambor de cinco cartuchos con martillo escondido es nula, porque no se obtuvo la previa autorización para ingresar y registrar la vivienda de la misma; siendo este hecho contrario a la verdad, pues si se solicitó la autorización para el ingreso y registro, tal como se evidenció en el debate de Juicio Oral y Público y consta en el acta de debate página tres (3) específicamente en la prueba documental presentada por la Fiscalía consistente en la autorización - elaborada por el policía E. A. C., quien juramentado en legal y debida forma ratifica el contenido del acta. No obstante ello el tribunal le brindó mayor valor probatorio a la declaración de la testigo de descargo P. C. M., quien a la interrogante de la defensa, contesta: “los policías me pusieron a firmar y no me dijeron que era lo que yo estaba firmando y esto fue como a las once de la noche” y a las interrogantes de la fiscalía contesta: “yo no leí los documentos que me pusieron a firmar” y a la siguiente pregunta contesta: “si, lo que me dieron a firmar tenía algo escrito”, en ese orden de respuestas y utilizando la lógica como elemento sustancial de la sana crítica y del cual el juzgador al resolver alejó su razonamiento, comentó: ¿Qué criterio le mereció al juzgador la palabra de la testigo P. C. M. y la palabra de los policías M. M. y E. A. C.?, si la testigo de descargo es la madrastra de los sospechosos y ésta sola circunstancia hace que su testimonio pueda ser vulnerable a cambiar la realidad, contrario a los testimonios de los policías de quienes se presume que por su condición, actúan de buena fe por ser personas ajenas a los hechos que se investigan ¿Qué sucedió con la lógica, la psicología y las máximas de experiencia que le competen al juzgador para valorar la prueba y emitir su fallo? ¡Pues resulta huérfano de las mismas lo narrado por la testigo P. C. M., que dice que firmó documentos que no leyó, pese a que afirma que dichos documentos, que le presentaron los policías tenían contenido escrito! Situación juris tantum ¿porque qué le impedía entonces que ella no le diese lectura a dichos documentos, cuando los tuvo en sus manos y los firmó de su puño y letra? Por lo que consideramos que esta declaración de la testigo P. C. M., es una coartada que ha pretendido la defensa para lograr la libertad de sus defendidos, y evidenciamos esta situación en el hecho siguiente: la testigo (agente de investigación) M. M. a la interrogante de la fiscalía contesta: “nosotros registramos esa vivienda por tener conocimiento que ahí estaban los sospechosos, para lo cual le pedimos autorización de la dueña de la casa” y la defensa tuvo la oportunidad de interrogar al testigo E. A. C., quien ratifica en debate el medio de prueba documental denominado “Autorización” y así evidenciar si su testigo de descargo tenía la razón o no y contrario a ello al testigo C. no le hizo pregunta alguna, por ende este hecho no fue controvertido en debate y por ende no es posible darle credibilidad a la sola palabra de la testigo P. C. M., ya que no hay otro u otros medios de prueba en que sustentar esta manifestación y darlo por cierto. De lo anterior, si esa diligencia de inspección y registro en la vivienda de la señora P. C. M. es legalmente válido, por no vulnerarse derechos ni libertades fundamentales de la persona consagradas en la Constitución de la República y los Tratados Internacionales ratificado por Honduras, por lo tanto la recolección del elemento de prueba que se produce como resultado, es decir el decomiso del arma de fuego, que se encontró en la casa de la testigo que comparte con los sospechosos, dentro de una caja de leche que se encontraba en el interior del refrigerador es válido y tiene fuerza probatoria, por ende todas aquellas pruebas derivadas de ésta y la diligencia pericial de comparación balística que se hace entre el arma decomisada y la ojiva extraída del cadáver de R. E. D., que da como resultado positivo que esa ojiva fue disparada por el arma de fuego decomisada en casa de los sospechosos, también es válida, mas aún cuando este extremo ha sido ratificado en el debate por el perito en balística J. A. F. A., por considerarse un indicio material del hecho y de la participación de los imputados. Cabe aclarar que nuestro recurso no sólo se basa en estos medios de prueba que no fueron valorados objetivamente de acuerdo a las reglas de la sana crítica; sino que también si los concatenamos con lo que declara el testigo R. L. V., quien declara: “Mi amigo R. y J. tuvieron un problema con un muchacho[2] andaba otro J. con ellos, quien lo golpeó con un palo en el callejón y le quitó una cadena de plata, los dos muchachos agarraron ambos para los lados……… el muchacho J. L. mando a decir que cuando nos mirara nos iba a matar y eso no se iba a quedar así, después él acompañado de otro muchacho flaquito, trigueño, me pararon y me dijeron que si yo conocía esos muchachos que lo habían golpeado a él y deciles que no se va a quedar así, el miércoles 11 de febrero como a las 9:30 yo estaba en el parque con R. C. en las hamacas lo vi pasar[3] ... y escuché tres disparos me imaginé que eran problemas con él, después escuché tres disparos más, yo salí por el callejón, lo único que yo alcancé a ver fue a una persona trigueña baja de estatura y gordita y el herido, iban corriendo atrás de Hondutel, había unas torres y el que llevaba el arma era el gordito. El testigo solicita al Juez protección pues antes de venir aquí él fue amenazado a muerte le dijeron a su mujer que si yo hacia un paso mal me iban a matar a mí o a mi familia yo estoy preocupado" a las interrogantes de la fiscalía contesta: “Sólo el flaco J. L. tenía problemas con R.”… “él me mandó a amenazar diciendo que nos iba a matar a todos, que no se iba a quedar así a R., J. y a J.” a otras interrogantes de la fiscalía contesta: “No había mucha luz el único poste era el de la entrada de Hondutel”… “con el resplandor me fije que era gordo”… “sólo un gordito y un flaquito”…… “yo solo ví al gordito que iba atrás y llevaba el arma no sé que tipo”… “él hizo tres disparos y el arma la llevaba en la mano”… “los únicos que preguntaron por él fueron los dos trigueñitos, el gordito una vez paso cerca de él[4] y lo vio de pies a cabeza”; La defensa por su parte solicita que se incorporara mediante lectura la declaración que el mismo testigo había rendido anteriormente en audiencia inicial, en la cual contradice algunos de los hechos que manifiesta en el debate, sin embargo al ser consultado por la defensa en el debate, el testigo aclara: “Que a las 9:30 en el parque escuchó los disparos que después de oír los disparos detrás de él iba un policía de seguridad y él me dijo que era R.… yo vi cuando ellos salieron corriendo”; A las interrogantes del Tribunal contesta: “La persona que iba con el arma es una persona chaparra, trigueña, el que corría con él era un flaquito trigueño... Llevaba una mochila encima era más alto que el gordito”; Para el juzgador este testigo carece de credibilidad, pues se contradice sustancialmente en sus dichos; sin embargo es evidente que el juzgador valora este medio de prueba de manera univoca, es decir, no lo relaciona con la totalidad de la prueba, ya que de haber sido así, como entonces se explica ¿Cómo aparece el arma de fuego utilizada para herir y causar la muerte de R. D., en la vivienda de los sospechosos?; ¿Por qué escondían los sospechosos una arma de fuego, dentro de una caja de leche, en el interior de su refrigerador, sino hubiesen tenido motivos fundados para disfrazarla? Lógicamente, si el arma de fuego (indicio real) esta escondida dentro una caja de leche y en el interior de un refrigerador en la casa de los sospechosos, este es un fuerte indicio de oportunidad y a su vez próximo y concatenado con la declaración del testigo R. L. V., que ubica a los sospechosos en el lugar y hora de los hechos, por lo que se dice que son concomitantes[5]. Y no habiendo prueba alguna de descargo que desacredite lo anterior, en virtud que ya nos manifestamos con respecto a la señor P. C. M., y en cuanto a la testigo M. L. R. (vecina de la anterior) únicamente establece que: “ella llegó a cobrarle a la madrastra de los sospechosos, como a las 9:15 y doña P. no había llegado de su trabajo… y como a las diez llegó la policía a donde Doña P., pero cuando la policía llegó yo me retiré, y como a las diez de la noche, antes de que ella llegara los policías entraron y sacaron cuatro personas yo no le dije que andaba cobrando porque ella estaba nerviosa, como a las diez y cuarenta los policías montaron a los muchachos, ella no me miro porque no quise acercarme a cobrarle al día siguiente yo fui y ella me comentó lo sucedido” (lo resaltado es nuestro); si la testigo se retiró del lugar, cómo entonces sabe qué fue lo que sucedió, de no ser lo que le comenta su vecina (P.), por lo tanto es una testigo de referencia y no de conocimiento, por ello no desvirtúa, ni acredita ningún hecho su declaración. En cuanto al grado de participación de los imputados, en el hecho que se investiga, es preciso aclarar algunos puntos: El testigo R. L. V., argumenta que al ahora occiso R. D., había sido amenazado por J. L. (refiriéndose al acusado J. L. A. C.), porque supuestamente la víctima aún en vida, le había quitado una cadena al sospechoso, y que aún el día en que ocurrieron los hechos, se le mandó a decir “que cuando nos mirara nos iba a matar y que eso no se iba a quedar así”, siendo estas palabras claras amenazas para la integridad tanto del testigo como del entonces vivo R. D., que conllevan implícita en los hechos que se investigan un móvil de parte del acusado para querer acabar con la vida de la víctima; también ha quedado acreditado en el debate que ambos imputados: 1.- fueron vistos en el lugar de los hechos, por el testigo R. L. V., al alto, delgado, trigueño (J. L. A.) corriendo junto al chaparrito, gordito, trigueño (D. R. R.) con el arma de fuego en sus manos; de ello se deduce lo siguiente si J. L. A. es quien tenía un móvil, para quitarle la vida a R. D., y D. R. R. fue visto con el arma de fuego y ambos fueron vistos en el lugar del hecho, y aunado a ello en la casa de ambos (hermanos y sospechosos) fue encontrada de forma disfrazada el arma de fuego, instrumento utilizado para ejecutar el hecho criminal; por ende su participación en el hecho a título de coautoría, ya que ambos de forma conjunta tuvieron a cargo el dominio del hecho por el cual se les acusa. En consecuencia, el Ministerio Público como recurrente, es del firme criterio, que se violentó en todos sus alcances las reglas de la sana crítica que le debe merecer al juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, tal y como lo expresa el artículo 202 del Código Procesal Penal, dejando de lado la valoración de prueba de una manera armónica y concatenada”. DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL MOTIVO UNICO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PUBLICO. I. El Ministerio Público interpuso Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, al considerar que el Sentenciador incurrió en violación de la reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, estipulando como precepto autorizante el artículo 362 del Código Procesal Penal. II. Esta Sala de lo Penal, ha realizado un estudio exhaustivo del planteamiento hecho por el sensor, ya que según su criterio el Tribunal de Sentencias quebrantó las reglas del correcto entendimiento humano, en relación al allanamiento -declarado ilícito por el Tribunal- practicado a la casa de habitación de la señora P. C. M., lugar donde fueron capturados los imputados y donde se encontró el arma de fuego marca Winchester 38 SPL y con la cual supuestamente fue ejecutado el ofendido; cuestiona también el recurrente la valoración del Tribunal en cuanto a la declaración de R. L. V., supuesto testigo presencial de los hechos y quien reconoció a los imputados como los responsables de la muerte del señor R. E. D. M.. III. Ante tal reclamo, examinamos la forma en que se practicó el allanamiento a la casa de habitación de la señora P. C. M., así como la manera de obtención de la autorización de ingreso a la vivienda. Del relato de los hechos probados y de la declaración de la agente de investigación M. M., se colige que una vez suscitada la muerte del señor R. E. D. M., fueron capturados INMEDIATAMENTE después los imputados D. R. R. C. Y J. L. A. C. en la de casa de habitación de la señora P. C., de lo que se deduce, que la captura de los encartados y el allanamiento practicado fueron realizados en momentos de flagrancia, por lo tanto debe señalarse que ni las autoridades de la Policía o el Ministerio Público requerían de autorización para el ingreso en la vivienda de la señora P. M., ya que su accionar estaba amparado por lo que dispone el Código Procesal Penal, en su artículo 212 segundo párrafo que advierte: “El allanamiento de una morada, casa o lugar en que viva una persona, solo podrá efectuarse previa orden escrita del órgano jurisdiccional competente. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable en caso de flagrancia o cuando la medida sea necesaria para impedir la comisión de un delito, para evitar la fuga de un delincuente o la destrucción, perdida u ocultamiento de las pruebas o evidencias, con miras a lograr la impunidad de responsables y no sea posible esperar el tiempo necesario para solicitar la autorización judicial”. Resulta que, si la policía practica el allanamiento en la casa de habitación de la señora P. M. es porque inmediatamente después de consumarse el deceso del ofendido R. E. (ver hecho probado segundo), los imputados se trasladan a la casa de habitación de la señora M. y son capturados en ese lugar, siendo claro que se encontraban en un momento inmediatamente posterior, pero ligado de manera directa a la ejecución, ya que en la vivienda de la señora M. fue decomisada además, el arma de fuego Calibre 38m especial, Marca Smith Wesson y que al practicársele las pruebas balísticas se concluye que con esa arma se le causaron las heridas al señor R. E. D. mismas que le provocaron su fallecimiento. Debemos ponderar igualmente, el hecho de que la señora P. M. advierta en su declaración, que los policías la indujeron a firmar la autorización sin saber que documento firmaba, ya que no vio lo que firmó, pero si advierte que había algo escrito; lo que resulta improbable ya que si revisamos la referida autorización (F32 de la primera pieza), podemos verificar que fue escrita a mano por un agente, es decir, tuvo que ser redactada en el momento mismo del allanamiento, de tal suerte que en ella aparece el numero de identidad de la señora P. C. M. y la única que podía proporcionar dicho numero de identificación era la propia señora M.. Se observa además que dicha autorización es firmada por dos policías de turismo que sirven como testigo para convalidar la extensión de dicho documento y cumplir así con los requisitos legales que exige el Código Procesal Penal, en la ultima parte del referido artículo 212. En ese orden de ideas y sin el ánimo de valorar alternativamente la prueba, considera esta Sala de lo Penal que del allanamiento practicado a la casa de habitación de la señora P. C. M., el Tribunal sentenciador pudo arribar a conclusiones diferentes. La infracción por parte del Sentenciador, de las reglas del correcto entendimiento humano, que no es más que la libertad del Juez, en cuanto a los razonamientos que realice de los medios de pruebas admitidos en el proceso penal, pero esa Libertad reconoce un límite que son precisamente las reglas de la sana crítica. La Doctrina[6] entiende que: “Se le exige al juez que las conclusiones a que arribe sean del fruto racional de las pruebas presentadas en el proceso, sin afectación del Principio lógico de razón suficiente, específicamente de la lógica que obliga al juez a que sus razonamiento se deriven del resultado que se han tenido de las pruebas presentadas a proceso, sin afectación de principio lógico de razón suficiente, que exige que la prueba en que se funde solo permita arribar a una única conclusión y no a otra”. Considera esta Sala de lo Penal, que los razonamientos del Tribunal sentenciador en lo referente al allanamiento practicado en la casa de habitación de la señora P. C. M., no se derivaron del resultado de las pruebas evacuadas en juicio, infringiendo por lo tanto la sana crítica racional. Por lo anterior expuesto, es procedente declarar Con Lugar el presente Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su motivo único. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 362 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: Declara HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su motivo único, por inobservancia de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba por parte del Tribunal Sentenciador, invocado por la abogada I. B. F. S., en su condición de Fiscal del Ministerio Público. SEGUNDO: Declara la nulidad del fallo de fecha dieciocho de septiembre del dos mil seis, dictado por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida y del debate en que se pronunció. Y MANDA: 1) Que se repita otro debate, con Jueces diferentes a los que participaron en el anulado. 2) Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. Redactó: EL MAGISTRADO CALIX HERNÁNDEZ.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- COORDINADOR.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida a solicitud de la Abogada K. L. M. P., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de junio del año dos mil doce.- Certificación de la sentencia de fecha diez de mayo del año dos mil doce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-387-2009.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
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