Sentencia CP-384-09 — Registro 3512
Resumen
Se condenó en primer instancia al delito de asesinato
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
DEL RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA POR BASARSE LA SENTENICA EN MEDIOS DE PRUEBAS NO INCORPORADOS LEGALMENTE EN JUICIO EN SU MOTIVO UNICO INTERPUESTO POR LA DEFENSA El recurrente señala como precepto autorizante el artículo 362 preámbulo y número 2) del Código Procesal Penal, esgrimiendo como argumento principal que el Juzgador de instancia fundamenta su fallo en un medio de prueba que introdujo ilegalmente al juicio, que consiste en la apreciación de la confesión del imputado rendida ilegalmente al testigo J. M. A. B., agente de la Dirección General de Investigación. Esta Sala de lo Penal estima que el Tribunal de instancia ha valorado no solo la supuesta declaración que dio el imputado ante un agente de investigación, sino las versiones de otros testigos que declararon oír a otros decir quien había sido el autor e incluso al propio imputado. Estas circunstancias valoradas por el Tribunal aún sobre el dicho de un testigo que asegura se encontraba con el sindicado en la bartolina al momento de ocurrir el hecho, no tienen en opinión del Tribunal de Casación justificación legal para ser apreciadas en juicio y adquirir el carácter de licitud que se requiere pues la supuesta declaración del imputado al no haberse producido en juicio, contraviene los principios de inmediación, oralidad, publicidad y ante todo el de contradicción, ya que si bien en el actual código procesal penal, rige el principio de libertad probatoria para acreditar hechos y circunstancias del juicio, esta no puede llegar en ningún momento al extremo tal que dicha libertad redunde en la posibilidad de considerar prueba no introducida legalmente al juicio o incorporada al margen de la ley, todo lo contrario, por el Principio de Legalidad de la prueba, el Sentenciador solo debe basar su decisión en la prueba ejecutada durante el debate (véase artículo 336 párrafo primero Código Procesal Penal), en ese sentido la declaración del imputado nunca llegó formalmente al proceso y no puede considerarse por las referencias que sobre ella haga un tercero. Existen una serie de disposiciones en el Código Procesal Penal, que enfatizan la obligatoriedad de que toda persona deba contar con la asistencia y defensa técnica de un Profesional del Derecho, desde que es detenida como supuesto partícipe en un hecho delictivo o en el momento en que voluntariamente rinda declaración, so pena de nulidad (véase artículos 16 y 101 del Código Procesal Penal) disposiciones que tienen un complemento constitucional al establecer el artículo 88 de la carta magna que solo hará prueba la declaración rendida ante Juez Competente y si bien habrá casos en que la declaración espontánea del sospechoso pueda ser útil a los efectos del proceso y no se puede absolutizar la prohibición de considerar prueba rendida fuera del estrado judicial y sin asistencia de letrado, estas consideraciones serán a efecto de sentar un punto de partida para realizar investigaciones del delito que permitan obtener otros elemento periféricos que vinculen al sospechoso al hecho criminoso investigado, pero nunca para servir por si sola como prueba toral para sustentar un fallo. El examen de la sentencia demuestra que el Tribunal a-quo, basó su fallo en la supuesta declaración rendida extrajudicialmente por el imputado y que llega al debate por referencias de terceros, no obstante no existen otros elementos probatorios que vinculen al procesado al hecho cuya autoría se le imputa pues la investigación se mostró tan deficiente que habiéndose mencionado supuestos móviles del crimen, no existe pesquisa orientada a corroborar que una hija del justiciable haya perdido la vida a consecuencia de un incendio supuestamente provocado por el ahora occiso, lo que comprobaría las versione supuestamente dada por el imputado. Por las razones antes expuestas es procedente acceder al motivo de casación invocado.
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de Enero de dos mil doce, por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO, Coordinador, JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto contra la sentencia de fecha seis de agosto de dos mil nueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual condenó a J. L. C. Z., como autor responsable del delito de ASESINATO, en perjuicio de G. S. H., a la pena principal de VEINTICINCO (25) AÑOS DE RECLUSIÓN, más las accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena principal.- Interpuso el Recurso de Casación, el Abogado E. A. M., actuando en su condición de Apoderado Defensor del señor J. L. C. Z..- SON PARTES: El Abogado E. A. M. A. como recurrente y la Abogada C. M. P., representante del Ministerio Público, como recurrida. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- “HECHOS PROBADOS PRIMERO: El día lunes dos de febrero de dos mil cuatro, entre las siete y siete con treinta minutos de la mañana, cuando el recluso G. S. H., realizaba labores de aseo, cerca de la bartolina número cuatro cerca de las gradas, fue atacado en forma sorpresiva por el también recluso, J. L. C. Z., quien con el arma blanca, hechiza de fabricación artesanal, que llevaba consigo le propinó diecinueve heridas, las que le causaron la muerte instantáneamente. SEGUNDO: Posteriormente, luego de cometer el hecho, se deshizo del arma blanca, lanzándola, acto seguido fue detenido por otros reclusos, poniéndolo a la orden de las autoridades del Centro Penal, y estos a los agentes de la Dirección General de Investigación Criminal, que se hicieron presentes al lugar de los hechos.”
III.- El recurrente, Abogado E. A. M., desarrolló su recurso de casación de la siguiente manera: “MOTIVOS DE CASACION MOTIVO UNICO: Basarse la sentencia en medios de pruebas no incorporados legalmente en juicio. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el numeral 2 del artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La sentencia impugnada incurre en el vicio acusado es decir que se apoya en medios de prueba prohibidos e ilícitos, pues otorga eficacia probatoria a una supuesta confesión hecha por el imputado J. L. C. Z. al agente de investigación J. M. A. B., cuando este investigaba el asesinato de G. S. H. (numeral 2 valoración de la prueba de la sentencia) olvidando los juzgadores que cuando se realiza la visita del referido agente al Centro Penal sampedrano, el señor J. L. C. Z. ya tenía la calidad de imputado, en tal sentido gozaba de la protección constitucional contra la auto incriminación establecida en el artículo 88 de la Constitución de la República que dice: "nadie puede ser obligado en asunto penal, disciplinario o de policía, a declarar contra sí mismo ... " y si el imputado deseaba realizar cualquier tipo de declaración tenía derecho de que su abogado defensor estuviese presente de conformidad con lo señalado en el numeral 5 del artículo 101 del Código Procesal Penal. La información sobre esos derechos debió ser proporcionada por el agente J. M. A. B. previamente, si este deseaba entrevistarse con el imputado, dejando la respectiva constancia de haberlo instruido, bien esperar al defensor del imputado. Esta era la única forma de salvaguardarle el derecho de defensa a éste, pues este es un derecho irrenunciable; sin embargo, la supuesta admisión de su participación en el asesinato de G. S. no se hizo de esa manera, lo que provoca que ese acto sea nulo según el artículo 15 del Código Procesal Penal. El principio Nemo tenetur se ipsum accusare (nadie tiene que acusarse a sí mismo) se encuentra entre los principales principios del Derecho Procesal Penal Moderno y se ha instituido como un mecanismo para evitar equivocadas prácticas policiales tendientes a forzar a engañar a los inculpados, aprovechándose de su desconocimiento legal, con el fin de obtener su confesión, omitiendo informarles del derecho que tienen a no declarar.(Claus Roxin. La Evolución de la Política Criminal, el Derecho Penal y el Procesal Penal. Pág. 126-127. Tirant Lo Blanch. Valencia 2000). El artículo 200 del Código Procesal Penal advierte que "carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en la Constitución de la República ... " y siendo que una de éstas garantías contra la auto incriminación, así como el derecho de defensa, estamos ante un caso de prueba prohibida pues al admitir los jugadores “que la declaración la rindió el señor C. Z., libre, espontáneamente y sin coacción alguna ... " y que por esas razones "fue obtenida de forma lícita y por ende incorporada legítimamente al juicio" sin mencionar en ninguna parte de la sentencia el derecho del imputado a ser informado y que no estaba obligado ha hacer cualquier tipo de manifestación, mucho menos a autoinculparse y que si deseaba hacerlo lo sería en presencia de su abogado defensor no hace mas que confirmar el vicio en que se incurre; razón por la cual considero que este motivo de casación debe ser admitido. ALCANCE DEL PRESENTE RECURSO Con el presente recurso se pretende que la Corte Suprema de Justicia: l. Anule la sentencia impugnada en su parte resolutiva. 2. Que ordene el reenvío a un nuevo juicio.-” IV DEL RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA POR BASARSE LA SENTENICA EN MEDIOS DE PRUEBAS NO INCORPORADOS LEGALMENTE EN JUICIO EN SU MOTIVO UNICO INTERPUESTO POR LA DEFENSA El recurrente señala como precepto autorizante el artículo 362 preámbulo y número 2) del Código Procesal Penal, esgrimiendo como argumento principal que el Juzgador de instancia fundamenta su fallo en un medio de prueba que introdujo ilegalmente al juicio, que consiste en la apreciación de la confesión del imputado rendida ilegalmente al testigo J. M. A. B., agente de la Dirección General de Investigación. Esta Sala de lo Penal estima que el Tribunal de instancia ha valorado no solo la supuesta declaración que dio el imputado ante un agente de investigación, sino las versiones de otros testigos que declararon oír a otros decir quien había sido el autor e incluso al propio imputado. Estas circunstancias valoradas por el Tribunal aún sobre el dicho de un testigo que asegura se encontraba con el sindicado en la bartolina al momento de ocurrir el hecho, no tienen en opinión del Tribunal de Casación justificación legal para ser apreciadas en juicio y adquirir el carácter de licitud que se requiere pues la supuesta declaración del imputado al no haberse producido en juicio, contraviene los principios de inmediación, oralidad, publicidad y ante todo el de contradicción, ya que si bien en el actual código procesal penal, rige el principio de libertad probatoria para acreditar hechos y circunstancias del juicio, esta no puede llegar en ningún momento al extremo tal que dicha libertad redunde en la posibilidad de considerar prueba no introducida legalmente al juicio o incorporada al margen de la ley, todo lo contrario, por el Principio de Legalidad de la prueba, el Sentenciador solo debe basar su decisión en la prueba ejecutada durante el debate (véase artículo 336 párrafo primero Código Procesal Penal), en ese sentido la declaración del imputado nunca llegó formalmente al proceso y no puede considerarse por las referencias que sobre ella haga un tercero. Existen una serie de disposiciones en el Código Procesal Penal, que enfatizan la obligatoriedad de que toda persona deba contar con la asistencia y defensa técnica de un Profesional del Derecho, desde que es detenida como supuesto partícipe en un hecho delictivo o en el momento en que voluntariamente rinda declaración, so pena de nulidad (véase artículos 16 y 101 del Código Procesal Penal) disposiciones que tienen un complemento constitucional al establecer el artículo 88 de la carta magna que solo hará prueba la declaración rendida ante Juez Competente y si bien habrá casos en que la declaración espontánea del sospechoso pueda ser útil a los efectos del proceso y no se puede absolutizar la prohibición de considerar prueba rendida fuera del estrado judicial y sin asistencia de letrado, estas consideraciones serán a efecto de sentar un punto de partida para realizar investigaciones del delito que permitan obtener otros elemento periféricos que vinculen al sospechoso al hecho criminoso investigado, pero nunca para servir por si sola como prueba toral para sustentar un fallo. El examen de la sentencia demuestra que el Tribunal a-quo, basó su fallo en la supuesta declaración rendida extrajudicialmente por el imputado y que llega al debate por referencias de terceros, no obstante no existen otros elementos probatorios que vinculen al procesado al hecho cuya autoría se le imputa pues la investigación se mostró tan deficiente que habiéndose mencionado supuestos móviles del crimen, no existe pesquisa orientada a corroborar que una hija del justiciable haya perdido la vida a consecuencia de un incendio supuestamente provocado por el ahora occiso, lo que comprobaría las versione supuestamente dada por el imputado. Por las razones antes expuestas es procedente acceder al motivo de casación invocado. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 88, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 15, 101, 336 párrafo primero, 359, 362 preámbulo y número 2) y 369 del Código Procesal Penal; FALLA: PRIMERO: Declarar HA LUGAR el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por el Abogado E. A. M., actuando en su condición de Apoderado Defensor del señor J. L. C. Z., por basarse el fallo en elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio. SEGUNDO: Declara la nulidad del fallo de fecha seis de agosto de dos mil nueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés y del debate en que se pronunció. Y MANDA: 1) Que se repita otro debate con jueces diferentes a los que participaron en el anulado. 2) Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho.- REDACTO EL MAGISTRADO RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO. - NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- COORDINADOR.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida a solicitud de la Abogada M. E. G. P., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de diciembre del año dos mil doce.- Certificación de la sentencia de fecha treinta de enero del año dos mil doce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-384-2009.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL