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Sentencia CP-371-09 — Registro 3509

Resumen

En primera instancia se condenó a los imputados de Asesinato en Concurso Ideal, resolviendo en segunda instancia Sin Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

".., DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY EN SU PRIMER MOTIVO INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LOS SEÑORES F. B. D. Y D. O. M. M.. Alega el deponente la Infracción de Ley por aplicación indebida de los artículos 117, 32 y 36 del Código Penal, estableciendo como Precepto Autorizante el artículo 360 del Código Procesal Penal. El reclamante considera que el Tribunal Sentenciador no subsumió las conductas descritas en los hechos probados de las normas penales referentes al delito de asesinato (Art. 117), a los autores del delito (Art. 32) y al concurso ideal de delitos (Art. 36) aplicándolas indebidamente; en virtud de considerar que no se establece en el cuadro Fáctico de la sentencia, quien de los imputados disparó contra la humanidad de cada ofendido, es decir, a su criterio el Tribunal no individualiza la conducta realizada por cada imputado y no determina -según su parecer- la autoría del delito cometido. Este Sala de lo Penal, deviene en la obligación de analizar los hechos probados dictados por el sentenciador y confrontarlos con las normas penales utilizadas por el Aquo para la determinación del delito a imponer y verificar si existe entre ambos esa perfecta armonía. Debemos iniciar analizando el Principio de Intangibilidad de los hechos probados, que G. P. G. nos lo explica de forma sencilla diciendo: “Reiterada y uniformemente ha venido pregonando la Corte como principio elemental y básico en matera de casación, el que en todas las hipótesis de violación directa de la ley, el recurrente que alega este quebranto debe aceptar los hechos en la forma en que aparecen plasmados en el fallo impugnado, discutiendo o controvirtiendo solamente los defectos de aplicación de la ley[1]” Debiendo por lo tanto el recurrente, aceptar los hechos probados tal y como lo plasmo el Tribunal, sin alterarlos o darles otro sentido que el ya plasmado por los sentenciadores. Esta Sala de lo Penal, considera importante recordar, que a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Procedemos ahora a analizar los puntos centrales esgrimidos por el reclamante, uno de ellos el de considerar que en los hechos probados no se estableció quien de los tres imputados disparó contra la humanidad de cada uno de los ofendidos y les causó la muerte, ante tal cuestionamiento esta Sala disiente con el parecer del reclamante, ya que al señalar el Tribunal en el hecho primero que “…los señores F. B. D., D. O. M. M. y R. M. atacan con armas de fuego largas…” el sentenciador esta dando por cierto que los tres imputados dispararon contra la humanidad de los ofendidos, el verbo atacar implica una acción y al utilizarlo de manera plural, incluye en dicha acción a los tres encartados, es así que al plasmar el sentenciador que “atacaron con armas de fuego” no es otra cosa que los señores F. B., D. O. M. M. y R. M. dispararon contra la humanidad de los ofendidos J. A. M. y M. E. M. M., lo que es fácilmente verificable, ya que en el hecho probado números dos y tres se describen la cantidad de heridas por arma de fuego que se le encontraron a los occisos: al señor J. A. M. M. se le descubrieron sólo en la parte de la clavícula once dispararos, y muchos más en el resto de su cuerpo; por lo que evidentemente y tal como se establece en el relato fáctico, los tres encartados dispararon contra la humanidad de los perjudicados. Otro cuestionamiento del Censor es que en el cuadro fáctico no se individualiza la conducta realizada por cada imputado, por lo tanto no se determina la autoría; sobre este particular debemos recordar por vía de ilustración la denominada Teoría del Dominio del Hecho, que GIMBERNAT ORDEIG explica como: “El dominio del hecho corresponde al que lleva a cabo con finalidad consciente su decisión de voluntad. Coautoría es autoría, cuya especialidad consiste en que el dominio del hecho delictivamente unitario no reside en un individuo, sino que reside conjuntamente en varios…El dominio del hecho corresponde aquí en común a todos, no a un individuo, ni tampoco a varios individuos en concreto, sino que todos juntos son titulares de la decisión, constituyendo la actividad de cada uno, junto con las de los demás, en virtud de la conexión de sentido dada por la decisión común de acción, un todo unitario.[2]” .- Esta sala estima que la coautoría es “La realización conjunta de un delito por varias personas que colaboran consciente y voluntariamente. La coautoría es una especie de conspiración llevada a la práctica y se diferencia de esta figura precisamente en que el coautor interviene en la ejecución material del delito, lo que por definición, no sucede en la conspiración…"[3]. Por otra parte, “Las condiciones que se exigen para la coautoría son: a) que el coautor reúna las mismas condiciones que el autor; b) que haya un plan común para la realización del hecho; c) que el coautor haya prestado una colaboración objetiva al mismo; y, d) que haya tenido el codominio del hecho.”[4] Normalmente, “existirá un acuerdo precedente y expreso, en virtud del cual los coautores se repartirán los papeles. Pero basta que el acuerdo se produzca durante la ejecución (coautoría sucesiva) y que sea tácito”[5]. Ya el artículo 32 del Código Penal dispone en su primera parte que se consideran autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho. Por su parte LOPEZ BARJA DE QUIROGA, refiriéndose a casos como el que ahora se plantea, nos habla de la denominada Coautoría aditiva que aparece “…..cuando varias personas siguiendo la decisión común realizan al mismo tiempo la acción ejecutiva, pero sólo alguna o algunas de las acciones de dichas personas producirán el resultado típico. Sería el supuesto del pelotón de fusilamiento, o de la actuación de los gangsters, o, del actuar de varios terroristas, todos ellos disparan a la vez con la intención de matar, pero resulta que alguna de las balas no alcanzó tal objetivo. En estos casos cada autor pretendió por sí mismo realizar por completo el tipo, y el hecho de que actúen conjuntamente varias personas no tiene por objeto llevar a cabo una distribución de funciones entre ellas, sino obtener el aseguramiento del resultado. Estos supuestos deben resolverse, de igual forma que los casos de autoría alternativa, es decir, admitiendo que se trata de un caso de autoría, pues, ex ante las diferentes contribuciones, dada su importancia, resultan esenciales y necesarias….(vid. BARJA LOPEZ DE QUIROGA, JACOBO, Autoría y Participación, Akal Ediciones, Madrid, 1996, págs. 78-79, vid”.”.[6] Esta Sala de lo Penal concluye que en el presente caso, los acusados D. O. M. M., R. M. y F. B. D. de acuerdo al factum de la sentencia han realizado conjuntamente los actos materiales de ejecución de los delitos que se les atribuye, en tanto, que al momento de los hechos sometidos a juzgamiento han disparado sus armas, dando como resultado la muerte dos personas, sin que sea obstáculo para arribar a esta conclusión que no se haya logrado identificar al autor directo de aquellos disparos con efectos mortales, pues los procesados obraron sobre la base de una decisión común; con su aporte aumentaron la probabilidad de producción de la muerte de las víctimas y tuvieron una función decisiva en la configuración del hecho. De este modo, las acciones cometidas por los señores F. B., D. O. M. M. y R. M. son consideradas como un todo unitario, es decir el dominio del hecho o de la acción, era ejercido por los tres imputados, ya que indudablemente al disparar al mismo tiempo y en el mismo lugar contra un vehiculo en marcha, es porque existía entre ellos ese concierto previo en la ejecución del hecho, en ese sentido los tres encartados responden penalmente en iguales condiciones, ostentando los tres el titulo de autores directos de los hechos; extremos que quedaron plenamente establecidos en los mencionados hechos probados. El recurrente alega de igual forma que no se plasma en los hechos que los imputados F. B., D. O. M. M. y R. M., estuviesen armados; contrario a su planteamiento, el cuadro fáctico establece que los imputados “atacan con armas de fuego largas el vehículo que conduce J. A. M. M.” indudablemente se establece como probado que portaban armas de fuego largas y esto es lógico por la cantidad de heridas de armas de fuego que se encontraron en los cuerpos de las victimas. Cuestiona el recurrente que el hecho probado no establece la conducta que realizo cada imputado; contrario a su posición, esta Sala Penal, considera que el cuadro fáctico puntualmente señala las conductas de los encartados, consistentes en atacar con armas de fuego largas el vehículo que conducía el señor J. A. M., y que consecuencia de ello perdieron la vida los ahora occisos. En conclusión, esta Sala Penal considera que los planteamientos esgrimidos en la presente impugnación no son procedentes, ya que en la declaración de hechos probados podemos visualizar fácilmente los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Asesinato, como ser “el dar muerte a una persona” mediante “alevosía” y con la voluntad necesaria para ejecutarlos; en consecuencia el cuadro fáctico dictado por el aquo mantiene armonía con la norma penal contenida en el artículo 117 del Código Penal; por todas las razones anteriormente expuestas se declara no ha lugar el presente motivo de casación por Infracción de Ley..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"... DEL SEGUNDO MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. El reclamante alega en este motivo de casación, que la declaración de hechos probados no es clara ni terminante y considera que hay inobservancia de las reglas de la sana crítica, señalando como precepto autorizante el artículo 362 numeral 1 y 3 del Código Procesal Penal. Esta Sala de lo Penal observa que el recurrente ha desarrollado dos causales de casación bajo la cobertura de un único motivo, inobservando con ello lo que establece el artículo 363 del Código Procesal Penal que exige al casacionista indicar cada motivo de forma separada; exigencia con la que se trata de evitar que el recurso se torne confuso y falto de claridad para su estudio; sin embargo, en aras del Derecho de Defensa, aclararemos algunos puntos importantes que el recurrente expuso en su impugnación. En primer lugar, el peticionario considera que el cuadro fáctico de la sentencia, no es claro ni terminante porque en ellos no se individualiza la acción o conducta cometida por los imputados, ya que no se establece que los imputados atacaron a los occisos sino que al vehículo en el que se transportaban y que -a su criterio- mas parecía un homicidio culposo. Esta Sala de lo Penal, considera pertinente destacar, que el vicio procesal denunciado por el recurrente se origina exclusivamente cuando la redacción de los hechos probados aparece confusa, dubitativa o imprecisa, de modo que por su insuficiencia o oscuridad, o por no expresar en forma conclusiva, imperativa, terminante o categórica, sino vacilante o dubitativa, puede conducir a subsunciones alternativas, en definitiva, a consecuencia de la ambigüedad del relato. La falta de claridad puede venir determinada por haber empleado expresiones ininteligibles u oscuras que hacen difícil la comprensión del relato o cuando incurre en omisiones que alteran su significación y dejan prácticamente sin contenido específico la narración de los hechos; se produce, pues, cuando lo narrado es incomprensible por su deficiente redacción, oscuridad, ambigüedad o imprecisión, también cuando por omisión de elementos o circunstancias importantes, se impide conocer la verdadera realidad de lo ocurrido con la lógica consecuencia de que falta base fáctica para determinar si los hechos son o no constitutivos de la infracción penal, o cual ha sido la participación concreta de los acusados en la ejecución del delito. Por consiguiente, no basta para apreciar el defecto procesal que la narración se ofrezca oscura o ininteligible en alguna de las partes, o en términos de ambigüedad o imprecisión que haga difícil su comprensión, sino que es necesario que tales defectuosidades se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes de la calificación penal asignada a los hechos probados, provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de los mismos, que determina una falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica, de forma que no pueda orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio, es decir, que resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al fallo, y ello porque la “quaestio facti” debe servir de apoyo y sustento a la calificación jurídica o “quaestio iuris”.; Ante el planteamiento del Censor, esta Sala considera, que los hechos probados claramente establecen que los imputados F. B., D. O. M. M. y R. M., atacan el vehículo en el que se transporta el señor J. A. M. y su acompañante M. M., no con la finalidad de causarle daños al automotor como pretende hacer ver el recurrente, sino que con la evidente intención de acabar con las vidas de los ofendidos. En el cuadro fáctico los imputados antes mencionados, con plena conciencia y voluntad ejecutan acciones para alcanzar el objetivo que perseguían, que no era otro que privar de su vida a los ahora perjudicados, visualizándose claramente el elemento subjetivo del delito, como ser el dolo o intención de conseguir el resultado esperado. Respecto a que no se individualizan las acciones realizadas por cada uno de los imputados, resulta aplicable la Teoría del Dominio del Hecho, misma que fue debidamente explicada al inicio de esta sentencia y en la cual se concluye que al tener todos los encartados el dominio de la acción responden penalmente en iguales condiciones. El casacionista también considera, que al indicarse en el cuadro fáctico que el ataque fue con armas largas y no establecerse que tipo de artefactos utilizaron, hace que los mismos sean inconclusos porque debió plasmarse que los imputados portaban permiso para la portación de esas armas, pudiendo configurarse otro delito. Este argumento del peticionario no es de recibo, ya que no es necesario establecer que tipo de armas utilizaron los imputados para ejecutar los hechos para que se considere ejecutado el delito de asesinato, ni tampoco plasmar si los imputados tenían o no permiso para portarlas, porque el hecho de no describirlas en el cuadro fáctico no significa que ese hecho no existió o tenga que quedar impune. Contrario a lo expresado por el recurrente, el Tribunal no trata de agravar indebidamente la situación de los imputados incluyendo otras acciones que son constitutivas de delito y que probablemente el ente acusador fue incapaz de demostrarlos, razón suficiente para que el Tribunal haya redactado los hechos dando por probado el único delito que acreditó el Ministerio Publico, es decir el asesinato. Respecto a los cuestionamientos del peticionario en cuanto a que la valoración de las pruebas efectuada por el Tribunal de Instancia se hizo con inobservancia de las reglas de la sana crítica, esta Sala de lo Penal considera pertinente recordar que el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, podrá interponerse cuando en la valoración de la prueba no se han observado las reglas de la sana crítica, debido a esto el proceso lógico seguido por el Juzgador al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto a control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada, en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, por el principio de inmediación, su juicio en la valoración de la prueba debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando en sus razonamientos revele ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. En el caso bajo examen, el recurrente obvió establecer cual regla de la sana crítica habría resultado quebrantada, y por ende cuales fueron los razonamientos erróneos en los que el Tribunal de Sentencia incurrió. En torno a las consecuencias de esta omisión atribuible al recurrente, esta Sala coincide con lo señalado por Germán Pabón Gómez cuando explica que: “..En tratándose de esta clase de censura, subrayase, que en debida técnica, corresponde al casacionista, no quedarse en simples enunciados o predicados, como sería el meramente pregonar genéricamente que se violaron las reglas de la sana critica, o que se violaron las reglas de la lógica o las leyes de la ciencia; en su contrario, en debida técnica y a efectos de la prosperidad de lo demandado, el impugnante se torna obligado a singularizar puntualidad, cuál o cuáles fueron las reglas de la sana critica violentadas e identificar si se trató de una máxima de experiencia, una ley de la lógica o una ley de la ciencia, y determinar cual, y además adentrarse en las incidencias de dichos errores en las dispositivas de lo fallado y demostrando a su vez que no haberse incurrido en dicha falencia valorativa, otro había sido, u otro habría podido ser el sentido…de lo sentenciado[7]. En ese orden de ideas resulta difícil entender los reclamos y darle respuesta de forma certera a los planteamientos del recurrente. Por todas las razones anteriormente expuestas se desestima el segundo motivo de casación de Quebrantamiento de Forma alegado por la Defensa de los imputados F. B. D. y D. O. M. M...."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de junio de dos mil doce, por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS: RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO en su calidad de Coordinador, JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticuatro de junio de dos mil ocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, mediante la cual: 1) Condenó a los señores D. O. M. M., R. M. y F. B. D. como autores responsables del delito de ASESINATO EN CONCURSO IDEAL, en perjuicio de J. A. M. M. y M. E. M. M., a la pena principal de VEINTICINCO (25) AÑOS DE RECLUSIÓN, más las accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena principal; 2) Absolvió a los señores D. O. M. M., R. M. y F. B. D. del delito de LESIONES en perjuicio de D. L. P..- Interpuso el recurso de Casación, el Abogado M. A. P., en su condición de apoderado defensor de los señores F. B. D. y D. O. M. M..- SON PARTES: El Abogado M. A. P., apoderado defensor de los señores F. B. D. y D. O. M. M., en su condición de recurrente y el Abogado D. F. H. en su condición de Representante del Ministerio Público, como recurrido. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- “HECHOS PROBADOS Valorando las pruebas practicadas en juicio, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO.- El día sábado veintitrés de junio del dos mil siete, como a eso de las dieciséis horas y minutos, en la carretera que de la aldea de Agua Caliente, del municipio de San Pedro De Zacapa, departamento de Santa Bárbara conduce al departamento de Intibucá, a la altura del cerro del Tigre en el lugar denominado Plan De Encima, los señores F. B. D., D. O. M. M. y R. M. atacan con armas de fuego largas el vehículo que conduce J. A. M. M., saliendo heridos los señores J. A. M. M. y M. E. M. M. inmediatamente como consecuencia de dichas heridas. SEGUNDO.- Las heridas que causan la muerte a J. A. M. M. se localizan: 1) Once heridas con orificio en región clavícula y cuello derecho; 2) Herida en la boca comprometiendo labio superior con fractura de mandíbula; 3) Herida a la par de la cien alargada con exposición de masa encefálica y con fractura de hueso del cráneo; 4) Herida en la parte superior del cráneo con exposición de masa encefálica; 5) Herida en la parte del cuello lado derecho. TERCERO: Las heridas que ocasionan la muerte de M. E. M. M. se localizan: 1) Herida en la parte posterior izquierdo de la oreja comprometiendo la misma; 2) Herida a la altura del cuello lado izquierdo de dos por dos centímetros de largo; 3) Herida alargada localizada en la parte superior del cráneo de aproximadamente tres a cuatro centímetros de largo; 4) Herida localizada en parte superior de la espalda en lado derecho de aproximadamente cinco centímetros.” III.- El recurrente, Abogado M. A. P., formalizó su recurso de casación por Infracción de Ley de la manera siguiente: “PRIMER MOTIVO: INFRACCION DE LEY SUSTANTIVA POR APLICACIÓN INDEBIDA DE LOS ARTÍCULOS 117, 32 Y 36 DEL CODIGO PENAL. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Plantea la defensa de los señores F. B. D., D. O. M. M., a Infracción de tres (3) preceptos de orden público sustantivo como lo son los artículos 32, 36 y 117 del Código Penal, los cuales dicen: Artículo 117 es Reo de Asesinato, quien de muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1.- Alevosía 2.- Con premeditación conocida. Artículo 32: Se considera autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera ejecutado. Artículo 36: Las disposiciones del artículo anterior no se aplicarán en el caso de que un solo hecho constituya dos o más delitos o cuando uno de ellos sea medio necesario para cometer otro. Respetando como estamos obligados, los hechos declarados probados por el Tribunal de Sentencia, entendamos que estos son para el Tribunal, el producto de la apreciación de la prueba ejecutada en juicio por efecto de la inmediación y que esta descripción fáctica, es la que el Tribunal debe usar para aplicar la Ley en la parte resolutiva de la sentencia: Describir la conducta de un imputado y fallar aplicando la Ley Sustantiva Penal en la que se subsume esta conducta. Honorables Magistrados, en opinión del recurrente, la conducta descrita en los hechos declarados probados no se subsumen en el tipo penal de Asesinato, por el que fueron condenados los señores F. B. D., D. O. M. M. y R. M., aplicando indebidamente los artículos 117, 32 y 36 del Código Penal. El Tribunal de Sentencia declaró como hechos probados los siguientes: PRIMERO: El día sábado veintitrés de Junio del dos mil siete, como a eso de las dieciséis horas y minutos, en la carretera que de la Aldea de Agua Caliente, del municipio de San Pedro de Zacapa, Departamento de Santa Bárbara conduce al Departamento de Intibucá, a la altura del cerro del Tigre en el lugar denominado Plan de Encima, los señores F. B. D., D. O. M. M. y R. M. atacan con armas de fuego largas el vehículo que conduce J. A. M. M., saliendo heridos los señores J. A. M. M. y M. E. M. M. quienes fallecen inmediatamente como consecuencia de dichas heridas. SEGUNDO.- Las heridas que causan la muerte a J. A. M. M. se localizan: 1) Once heridas con orifico en región clavícula y cuello derecho; 2) Herida en la boca comprometiendo labio superior con fractura de mandíbula; 3) Herida a la par de la cien alargada con exposición de masa encefálica y con fractura de hueso de cráneo; 4) Herida en la parte superior del cráneo con exposición de la masa encefálica; 5) Herida en la parte superior del cuello lado derecho. TERCERO.- Las heridas que ocasionan la muerte de M. E. M. se localizan: 1) Herida en la parte posterior izquierdo de la oreja comprometiendo la misma; 2) Herida a la altura del cuello lado izquierdo de dos por dos centímetros de largo; 3) Herida alargada localizada en la parte superior del cráneo de aproximadamente 3 a 4 centímetros de largo; 4) Herida localizada en la parte superior de la espalda en lado derecho de aproximadamente cinco centímetros. Son los antes enunciados los hechos… Como base a efectos de interponer el presente recurso. En resumen los hechos probados expresan: A.- Que F. B. D., D. O. M. M. y R. M. atacan con armas largas el vehículo que conduce J. A. M.. B.- De éste ataque salen heridos J. A. M. y M. E. M. M.. 3.- J. A. M. y M. E. M. fallecen como consecuencia de esas heridas. No se establece en estos hechos, quien le disparó a cada cual o si los 3 le dispararon a cada uno o si un imputado provocó las heridas del señor M. o si, tal imputado disparó a la señora M. E. M. El hecho probado no individualiza la conducta realizada por cada imputado, así las cosas, los hechos probados no determinan la autoría.- Hay una especie de autoría colectiva que no está contemplada en nuestra legislación penal. En Honduras, la responsabilidad penal es personal, es decir, cada ciudadano responde por la acción o conducta que realiza. El hecho declarado probado dice que los imputados atacan. No establece siquiera si todos los imputados dispararon y lo principal no establece quien de los imputados le disparó a J. A. M. y quién le habría disparado a M. E. M. Honorables Magistrados NO SE INDIVIDUALIZA LA ACTITUD REALIZADA POR CADA UNO DE LOS AGENTES, TAMPOCO SE DECLARA PROBADO QUE LOS 3 ESTUVIESEN ARMADOS. ¡¡Puede ser el caso que solo uno ocasionara la muerte de las víctimas!! Debemos recordar que el objeto del juicio es demostrar qué ciudadano realizó una conducta que resulte ser típica en relación con un supuesto normativo. SI NO SE PROBÓ LA CONDUCTA QUE REALIZÓ CADA UNO, NO SE PUEDE SUPONER QUE TODOS DISPARARON Y LUEGO SUPONER QUE LOS TRES OCASIONAN LA MUERTE, sobre todo porque en este caso estamos ante 2 muertos. Debía en nuestra opinión demostrarse quien realizó los disparos que ocasionan la muerte de J. A. M. y demostrarse quién realizó los disparos que ocasionan la muerte de M. E. M. M.. Tanto el artículo 117 como el artículo 32 del Código Penal definen con claridad que la responsabilidad penal es personal. Al descomponer en sus elementos el artículo 117 es reo de asesinato: -QUIEN DE MUERTE A UNA PERSONA –Con alevosía –Con premeditación. No es un tipo penal complejo, basta demostrar que el agente realizó la conducta de darle muerte a una persona, es decir fulano le dispara a mengano, lo que si está claro es que debe probarse que el agente (como en este caso) realiza el disparo que ocasiona la muerta a X. * No se puede imputar en colectivo, salvo en delitos de muchedumbre, el artículo 32 refuerza el criterio de que la responsabilidad penal es personal. “Se consideran autores a quienes toman parte directa en al ejecución del hecho” –Los que fuerzan o inducen a otros a ejecutarlo. –Los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado. En lo atinente al caso, la Sentencia se refiere a la primera hipótesis de la autoría “QUIENES TOMAN PARTE DIRECTA EN LA EJECUCION DEL HECHO” Se refiere a que es autor, el agente que realiza por sí, la actividad de dar muerte, más claro aún en este caso, sería autor: la persona que realizó los disparos que segaron la vida de J. A. M. y sería autor la persona que realizó los disparos que ocasionaron la muerte de M. E. M.. Para dictar sentencia Condenatoria, debía individualizarse la conducta que realizó cada uno de los imputados. El hecho probado se refiere a una única acción. “ATACAN CON ARMAS DE FUEGO LARGA EL VEHICULO QUE CONDUCE J. A. M.”. Esa acción es atípica con el supuesto normativo del asesinato, contenido en el artículo 117 del Código Penal. La acción descrita no se subsume en el supuesto del tipo. La actividad es atípica. Indistintamente de la doctrina por la que se incline el Tribunal,… causalista o finalista, con los hechos declarados probados, no es posible realizar la actividad de subjunción, que permite encajar el hecho probado en el tipo penal. APLICACIÓN PRETENDIDA La comisión del delito de Asesinato implica que se declare probado que el agente realizó por sí la acción que ocasiona la muerte de la víctima, tal y como se establece en los hechos probados de la sentencia, en este caso no se determinó quién de los imputados realiza la acción que ocasiona la muerte, en consecuencia no se probó la autoría en ninguno de los imputados, en consecuencia debió dictarse sentencia absolutoria por insuficiencia de prueba y duda razonable. RECLAMO Respecto a la obligación contenida en el artículo 363 del Código Procesal Penal en el sentido de señalar el reclamo que se haya realizado para subsanar el vicio procesal, señaló que el vicio se sucede en la sentencia definitiva, razón por la cual: El reclamo lo constituye el presente recurso”. IV. El recurrente, desarrolló su recurso de casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “SEGUNDO MOTIVO QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: PORQUE EN LA SENTENCIA LA DECLARACION DE HECHOS PROBADOS NO ES CLARA Y TERMINANTE Y POR INOBSERVANCIA DE LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 numerales 1 y 3 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: El recurrente alega que la declaración de hechos probados que contiene la sentencia no es clara y terminante, el vicio se encuentra en el primer hecho declarado probado el cual dice: PRIMERO.- El día sábado veintitrés de junio del dos mil siete como a eso de las dieciséis horas y minutos, en la carretera que de la aldea Agua Caliente de Santa Bárbara conduce al departamento de Intibucá, a la altura del Cerro del Tigre, en el lugar denominado plan de encima, los señores F. B. D., D. O. M. M. y R. M. atacan con armas de fuego largas el vehículo que conduce J. A. M. M., saliendo heridos los señores J. A. M. M. y M. E. M. M. quienes fallecen inmediatamente como consecuencia de dichas heridas.- Como bien podrán observar los Honorables Magistrados, esto hecho probado que es la base de la sentencia condenatoria NO INDIVIDUALIZA LA ACCION O CONDUCTA QUE REALIZA CADA UNO DE LOS IMPUTADOS, se refiere a que los 3 imputados atacan un vehículo, NO QUE ATACAN A LOS OCCISOS, da la impresión que se trata de un hecho probado de un homicidio culposo, pues se deduce del mismo que se atacó al vehículo y como consecuencia de esto resultaron heridos los ocupantes. Por otra parte este hecho declarado probado dice que como consecuencia del ataque al vehículo salen HERIDOS los señores J. A. M. M. y M. E. M. M. y luego dice que fallecen inmediatamente, al decir primero que salen heridos, da la impresión que entre el momento de ser heridos y su muerte sucede un intérvalo, pero se contradice al agregar que fallecen inmediatamente. Asimismo, este hecho probado, que como hemos dicho es la base para dictar una sentencia condenatoria, dice que el ataque fue con armas largas, es decir no se estableció qué tipo de armas, la importancia de esta acotación es que si se declara probado que el vehículo fue atacado con armas de fuego largas, en la sentencia no se hace referencia si los imputados tenían permiso de portación de armas que resultaría ser otro acto ilícito y esta cuestión debía dirimirse en la Sentencia, en ese sentido este hecho probado hace que la sentencia quede inconclusa. Otra circunstancia que hace que el hecho probado no sea claro es que en el mismo no se establece qué imputado le disparó a cada quién o si los tres le dispararon al mismo tiempo a los dos muertos y si el verbo rector del tipo penal de asesinato es dar muerte, pero el hecho probado se refiere a atacar, lo cual no significa lo mismo. Honorables Magistrados, evidentemente estamos ante un hecho probado que no es claro y terminante, lo cual implica el quebrantamiento de forma contenido en artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. También alega el recurrente que se sucede inobservancia de las reglas de la Sana Crítica como a continuación explico: En la página novena, último párrafo del numeral séptimo de la valoración de la prueba, la sentencia dice negar credibilidad a la prueba aportada por la defensa únicamente diciendo que la misma no resiste el escrutinio de convicción y certeza … Sin explicar porqué, luego a continuación se agrega la sentencia que se excluye aplicando la Ley lógica del Tercer Excluido en base a lo cual el argumento de los testigos de la defensa y el argumento de los testigos de la parte acusadora no pueden coexistir simultáneamente. Con todo respeto, aquí se trata de una inobservancia de las Reglas de la Sana Crítica como lo son las leyes o Reglas de la Lógica, la Regla del tercer excluido no tiene nada que ver con el argumento esgrimido en la sentencia. La regla de tercer excluido que se origina en la lógica aristotélica se explica con las fórmula siguiente: CUANDO TENEMOS DOS JUICIOS ABSOLUTAMENTE CONTRADICTORIOS, TALES COMO “A” ES “B” Y “A” NO ES “B” NO PUEDE HABER UNA TERCERA POSIBILIDAD, NO PUEDE EXISTIR UN TERCER MODO DE SER. Además de la aplicación inadecuada del principio del tercer excluido, en la sentencia se exige la valoración de la prueba; es decir, debe explicarse el porqué no se le cree a un testigo, habida cuenta que el interrogatorio de las partes tiene el propósito de fundamentar la credibilidad de los testigos, en el plano material las partes tienen la oportunidad, durante el interrogatorio, de escudriñar respecto a la credibilidad, coherencia de un testigo, pues sucede que esa oportunidad para las partes de interrogar es también la oportunidad del Tribunal para establecer por vía de la inmediatez la credibilidad de los testigos, con el debido respeto, decir que no se les cree a los testigos de la defensa porque se les cree a los testigos de la parte acusadora es un simplismo inaceptable, pues a ley claramente manda que la valoración de la prueba debe realizarse usando el sistema de Sana Crítica, en opinión del casacionista, en la presente sentencia se niega credibilidad a la prueba de la defensa sin hacer valoración de la misma conforme a la ley, lo cual implica la inobservancia de las reglas de la Sana Crítica. “La sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor está integrada por el relato de los hechos probados; la mayor por los fundamentos de derecho y la conclusión por el fallo” LUZON CUESTA, J.M. El Recurso de Casación Penal, Edith. Colex, Madrid, 1993, Pág. 46.1. RECLAMO Respecto a la obligación contenida en el artículo 363 del Código Procesal Penal en el sentido de señalar en reclamo que se haya hecho para subsanar vicio procesal, señalo que el vicio se produce en la sentencia definitiva, razón por la cual el reclamo lo constituye el presente recurso”.- VI.- DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY EN SU PRIMER MOTIVO INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LOS SEÑORES F. B. D. Y D. O. M. M.. Alega el deponente la Infracción de Ley por aplicación indebida de los artículos 117, 32 y 36 del Código Penal, estableciendo como Precepto Autorizante el artículo 360 del Código Procesal Penal. El reclamante considera que el Tribunal Sentenciador no subsumió las conductas descritas en los hechos probados de las normas penales referentes al delito de asesinato (Art. 117), a los autores del delito (Art. 32) y al concurso ideal de delitos (Art. 36) aplicándolas indebidamente; en virtud de considerar que no se establece en el cuadro Fáctico de la sentencia, quien de los imputados disparó contra la humanidad de cada ofendido, es decir, a su criterio el Tribunal no individualiza la conducta realizada por cada imputado y no determina -según su parecer- la autoría del delito cometido. Este Sala de lo Penal, deviene en la obligación de analizar los hechos probados dictados por el sentenciador y confrontarlos con las normas penales utilizadas por el Aquo para la determinación del delito a imponer y verificar si existe entre ambos esa perfecta armonía. Debemos iniciar analizando el Principio de Intangibilidad de los hechos probados, que G. P. G. nos lo explica de forma sencilla diciendo: “Reiterada y uniformemente ha venido pregonando la Corte como principio elemental y básico en matera de casación, el que en todas las hipótesis de violación directa de la ley, el recurrente que alega este quebranto debe aceptar los hechos en la forma en que aparecen plasmados en el fallo impugnado, discutiendo o controvirtiendo solamente los defectos de aplicación de la ley[1]” Debiendo por lo tanto el recurrente, aceptar los hechos probados tal y como lo plasmo el Tribunal, sin alterarlos o darles otro sentido que el ya plasmado por los sentenciadores. Esta Sala de lo Penal, considera importante recordar, que a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Procedemos ahora a analizar los puntos centrales esgrimidos por el reclamante, uno de ellos el de considerar que en los hechos probados no se estableció quien de los tres imputados disparó contra la humanidad de cada uno de los ofendidos y les causó la muerte, ante tal cuestionamiento esta Sala disiente con el parecer del reclamante, ya que al señalar el Tribunal en el hecho primero que “…los señores F. B. D., D. O. M. M. y R. M. atacan con armas de fuego largas…” el sentenciador esta dando por cierto que los tres imputados dispararon contra la humanidad de los ofendidos, el verbo atacar implica una acción y al utilizarlo de manera plural, incluye en dicha acción a los tres encartados, es así que al plasmar el sentenciador que “atacaron con armas de fuego” no es otra cosa que los señores F. B., D. O. M. M. y R. M. dispararon contra la humanidad de los ofendidos J. A. M. y M. E. M. M., lo que es fácilmente verificable, ya que en el hecho probado números dos y tres se describen la cantidad de heridas por arma de fuego que se le encontraron a los occisos: al señor J. A. M. M. se le descubrieron sólo en la parte de la clavícula once dispararos, y muchos más en el resto de su cuerpo; por lo que evidentemente y tal como se establece en el relato fáctico, los tres encartados dispararon contra la humanidad de los perjudicados. Otro cuestionamiento del Censor es que en el cuadro fáctico no se individualiza la conducta realizada por cada imputado, por lo tanto no se determina la autoría; sobre este particular debemos recordar por vía de ilustración la denominada Teoría del Dominio del Hecho, que GIMBERNAT ORDEIG explica como: “El dominio del hecho corresponde al que lleva a cabo con finalidad consciente su decisión de voluntad. Coautoría es autoría, cuya especialidad consiste en que el dominio del hecho delictivamente unitario no reside en un individuo, sino que reside conjuntamente en varios…El dominio del hecho corresponde aquí en común a todos, no a un individuo, ni tampoco a varios individuos en concreto, sino que todos juntos son titulares de la decisión, constituyendo la actividad de cada uno, junto con las de los demás, en virtud de la conexión de sentido dada por la decisión común de acción, un todo unitario.[2]” .- Esta sala estima que la coautoría es “La realización conjunta de un delito por varias personas que colaboran consciente y voluntariamente. La coautoría es una especie de conspiración llevada a la práctica y se diferencia de esta figura precisamente en que el coautor interviene en la ejecución material del delito, lo que por definición, no sucede en la conspiración…"[3]. Por otra parte, “Las condiciones que se exigen para la coautoría son: a) que el coautor reúna las mismas condiciones que el autor; b) que haya un plan común para la realización del hecho; c) que el coautor haya prestado una colaboración objetiva al mismo; y, d) que haya tenido el codominio del hecho.”[4] Normalmente, “existirá un acuerdo precedente y expreso, en virtud del cual los coautores se repartirán los papeles. Pero basta que el acuerdo se produzca durante la ejecución (coautoría sucesiva) y que sea tácito”[5]. Ya el artículo 32 del Código Penal dispone en su primera parte que se consideran autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho. Por su parte LOPEZ BARJA DE QUIROGA, refiriéndose a casos como el que ahora se plantea, nos habla de la denominada Coautoría aditiva que aparece “…..cuando varias personas siguiendo la decisión común realizan al mismo tiempo la acción ejecutiva, pero sólo alguna o algunas de las acciones de dichas personas producirán el resultado típico. Sería el supuesto del pelotón de fusilamiento, o de la actuación de los gangsters, o, del actuar de varios terroristas, todos ellos disparan a la vez con la intención de matar, pero resulta que alguna de las balas no alcanzó tal objetivo. En estos casos cada autor pretendió por sí mismo realizar por completo el tipo, y el hecho de que actúen conjuntamente varias personas no tiene por objeto llevar a cabo una distribución de funciones entre ellas, sino obtener el aseguramiento del resultado. Estos supuestos deben resolverse, de igual forma que los casos de autoría alternativa, es decir, admitiendo que se trata de un caso de autoría, pues, ex ante las diferentes contribuciones, dada su importancia, resultan esenciales y necesarias….(vid. BARJA LOPEZ DE QUIROGA, JACOBO, Autoría y Participación, Akal Ediciones, Madrid, 1996, págs. 78-79, vid”.”.[6] Esta Sala de lo Penal concluye que en el presente caso, los acusados D. O. M. M., R. M. y F. B. D. de acuerdo al factum de la sentencia han realizado conjuntamente los actos materiales de ejecución de los delitos que se les atribuye, en tanto, que al momento de los hechos sometidos a juzgamiento han disparado sus armas, dando como resultado la muerte dos personas, sin que sea obstáculo para arribar a esta conclusión que no se haya logrado identificar al autor directo de aquellos disparos con efectos mortales, pues los procesados obraron sobre la base de una decisión común; con su aporte aumentaron la probabilidad de producción de la muerte de las víctimas y tuvieron una función decisiva en la configuración del hecho. De este modo, las acciones cometidas por los señores F. B., D. O. M. M. y R. M. son consideradas como un todo unitario, es decir el dominio del hecho o de la acción, era ejercido por los tres imputados, ya que indudablemente al disparar al mismo tiempo y en el mismo lugar contra un vehiculo en marcha, es porque existía entre ellos ese concierto previo en la ejecución del hecho, en ese sentido los tres encartados responden penalmente en iguales condiciones, ostentando los tres el titulo de autores directos de los hechos; extremos que quedaron plenamente establecidos en los mencionados hechos probados. El recurrente alega de igual forma que no se plasma en los hechos que los imputados F. B., D. O. M. M. y R. M., estuviesen armados; contrario a su planteamiento, el cuadro fáctico establece que los imputados “atacan con armas de fuego largas el vehículo que conduce J. A. M. M.” indudablemente se establece como probado que portaban armas de fuego largas y esto es lógico por la cantidad de heridas de armas de fuego que se encontraron en los cuerpos de las victimas. Cuestiona el recurrente que el hecho probado no establece la conducta que realizo cada imputado; contrario a su posición, esta Sala Penal, considera que el cuadro fáctico puntualmente señala las conductas de los encartados, consistentes en atacar con armas de fuego largas el vehículo que conducía el señor J. A. M., y que consecuencia de ello perdieron la vida los ahora occisos. En conclusión, esta Sala Penal considera que los planteamientos esgrimidos en la presente impugnación no son procedentes, ya que en la declaración de hechos probados podemos visualizar fácilmente los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Asesinato, como ser “el dar muerte a una persona” mediante “alevosía” y con la voluntad necesaria para ejecutarlos; en consecuencia el cuadro fáctico dictado por el aquo mantiene armonía con la norma penal contenida en el artículo 117 del Código Penal; por todas las razones anteriormente expuestas se declara no ha lugar el presente motivo de casación por Infracción de Ley. VI.- DEL SEGUNDO MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. El reclamante alega en este motivo de casación, que la declaración de hechos probados no es clara ni terminante y considera que hay inobservancia de las reglas de la sana crítica, señalando como precepto autorizante el artículo 362 numeral 1 y 3 del Código Procesal Penal. Esta Sala de lo Penal observa que el recurrente ha desarrollado dos causales de casación bajo la cobertura de un único motivo, inobservando con ello lo que establece el artículo 363 del Código Procesal Penal que exige al casacionista indicar cada motivo de forma separada; exigencia con la que se trata de evitar que el recurso se torne confuso y falto de claridad para su estudio; sin embargo, en aras del Derecho de Defensa, aclararemos algunos puntos importantes que el recurrente expuso en su impugnación. En primer lugar, el peticionario considera que el cuadro fáctico de la sentencia, no es claro ni terminante porque en ellos no se individualiza la acción o conducta cometida por los imputados, ya que no se establece que los imputados atacaron a los occisos sino que al vehículo en el que se transportaban y que -a su criterio- mas parecía un homicidio culposo. Esta Sala de lo Penal, considera pertinente destacar, que el vicio procesal denunciado por el recurrente se origina exclusivamente cuando la redacción de los hechos probados aparece confusa, dubitativa o imprecisa, de modo que por su insuficiencia o oscuridad, o por no expresar en forma conclusiva, imperativa, terminante o categórica, sino vacilante o dubitativa, puede conducir a subsunciones alternativas, en definitiva, a consecuencia de la ambigüedad del relato. La falta de claridad puede venir determinada por haber empleado expresiones ininteligibles u oscuras que hacen difícil la comprensión del relato o cuando incurre en omisiones que alteran su significación y dejan prácticamente sin contenido específico la narración de los hechos; se produce, pues, cuando lo narrado es incomprensible por su deficiente redacción, oscuridad, ambigüedad o imprecisión, también cuando por omisión de elementos o circunstancias importantes, se impide conocer la verdadera realidad de lo ocurrido con la lógica consecuencia de que falta base fáctica para determinar si los hechos son o no constitutivos de la infracción penal, o cual ha sido la participación concreta de los acusados en la ejecución del delito. Por consiguiente, no basta para apreciar el defecto procesal que la narración se ofrezca oscura o ininteligible en alguna de las partes, o en términos de ambigüedad o imprecisión que haga difícil su comprensión, sino que es necesario que tales defectuosidades se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes de la calificación penal asignada a los hechos probados, provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de los mismos, que determina una falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica, de forma que no pueda orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio, es decir, que resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al fallo, y ello porque la “quaestio facti” debe servir de apoyo y sustento a la calificación jurídica o “quaestio iuris”.; Ante el planteamiento del Censor, esta Sala considera, que los hechos probados claramente establecen que los imputados F. B., D. O. M. M. y R. M., atacan el vehículo en el que se transporta el señor J. A. M. y su acompañante M. M., no con la finalidad de causarle daños al automotor como pretende hacer ver el recurrente, sino que con la evidente intención de acabar con las vidas de los ofendidos. En el cuadro fáctico los imputados antes mencionados, con plena conciencia y voluntad ejecutan acciones para alcanzar el objetivo que perseguían, que no era otro que privar de su vida a los ahora perjudicados, visualizándose claramente el elemento subjetivo del delito, como ser el dolo o intención de conseguir el resultado esperado. Respecto a que no se individualizan las acciones realizadas por cada uno de los imputados, resulta aplicable la Teoría del Dominio del Hecho, misma que fue debidamente explicada al inicio de esta sentencia y en la cual se concluye que al tener todos los encartados el dominio de la acción responden penalmente en iguales condiciones. El casacionista también considera, que al indicarse en el cuadro fáctico que el ataque fue con armas largas y no establecerse que tipo de artefactos utilizaron, hace que los mismos sean inconclusos porque debió plasmarse que los imputados portaban permiso para la portación de esas armas, pudiendo configurarse otro delito. Este argumento del peticionario no es de recibo, ya que no es necesario establecer que tipo de armas utilizaron los imputados para ejecutar los hechos para que se considere ejecutado el delito de asesinato, ni tampoco plasmar si los imputados tenían o no permiso para portarlas, porque el hecho de no describirlas en el cuadro fáctico no significa que ese hecho no existió o tenga que quedar impune. Contrario a lo expresado por el recurrente, el Tribunal no trata de agravar indebidamente la situación de los imputados incluyendo otras acciones que son constitutivas de delito y que probablemente el ente acusador fue incapaz de demostrarlos, razón suficiente para que el Tribunal haya redactado los hechos dando por probado el único delito que acreditó el Ministerio Publico, es decir el asesinato. Respecto a los cuestionamientos del peticionario en cuanto a que la valoración de las pruebas efectuada por el Tribunal de Instancia se hizo con inobservancia de las reglas de la sana crítica, esta Sala de lo Penal considera pertinente recordar que el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, podrá interponerse cuando en la valoración de la prueba no se han observado las reglas de la sana crítica, debido a esto el proceso lógico seguido por el Juzgador al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto a control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada, en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, por el principio de inmediación, su juicio en la valoración de la prueba debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando en sus razonamientos revele ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. En el caso bajo examen, el recurrente obvió establecer cual regla de la sana crítica habría resultado quebrantada, y por ende cuales fueron los razonamientos erróneos en los que el Tribunal de Sentencia incurrió. En torno a las consecuencias de esta omisión atribuible al recurrente, esta Sala coincide con lo señalado por Germán Pabón Gómez cuando explica que: “..En tratándose de esta clase de censura, subrayase, que en debida técnica, corresponde al casacionista, no quedarse en simples enunciados o predicados, como sería el meramente pregonar genéricamente que se violaron las reglas de la sana critica, o que se violaron las reglas de la lógica o las leyes de la ciencia; en su contrario, en debida técnica y a efectos de la prosperidad de lo demandado, el impugnante se torna obligado a singularizar puntualidad, cuál o cuáles fueron las reglas de la sana critica violentadas e identificar si se trató de una máxima de experiencia, una ley de la lógica o una ley de la ciencia, y determinar cual, y además adentrarse en las incidencias de dichos errores en las dispositivas de lo fallado y demostrando a su vez que no haberse incurrido en dicha falencia valorativa, otro había sido, u otro habría podido ser el sentido…de lo sentenciado[7]. En ese orden de ideas resulta difícil entender los reclamos y darle respuesta de forma certera a los planteamientos del recurrente. Por todas las razones anteriormente expuestas se desestima el segundo motivo de casación de Quebrantamiento de Forma alegado por la Defensa de los imputados F. B. D. y D. O. M. M.. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 362 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: Declarando NO HA LUGAR el recurso de casación por INFRACCION DE LEY en su único motivo, interpuesto por la Defensa de los encartados F. B. D. y D. O. M. M. contra el fallo condenatorio dictado por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, Departamento del mismo nombre, en fecha veinticuatro de junio de dos mil ocho; SEGUNDO: Declarando NO HA LUGAR el recurso de casación por QUEBRANTAMIENTO DE FORMA en sus dos motivos interpuesto por la Defensa de los encausados F. B. D. y D. O. M. M.. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales pertinentes.- REDACTÓ EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- COORDINADOR.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de agosto del año dos mil doce.- Certificación de la sentencia de fecha veinte de junio del año dos mil doce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-371-2009.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Pabón Gómez German, De la Casación y la Revisión Penal. Segunda Edición. Ediciones Doctrina y Ley Ltda. Bogota D.C. Año 2003. Pagina 216.

[2] Vid. GIMBERNAT ORDEIG, ENRIQUE: Autor y Cómplice en Derecho Penal. Universidad de Madrid. Facultad de Derecho. Sección de Publicaciones e Intercambio. 1966. Pagina 128.

[3] Derecho Penal. Parte General, 2da Edición, revisada y puesta al día conforme al Código Penal de 1995. Autores: Francisco Muñoz Conde y Mercedes García Arán. Editorial Tirant lo Blanch. Pagina 454.

[4] Lineamientos de la Teoría del Delito. Segunda Edición Corregida y Actualizada. Editorial Juricentro. Enrique Bacigalupo Pagina 117.

[5] Derecho Penal. Parte General. 5ta. Edición. Santiago Mir Puig. Editorial Reppertor, S.L., Barcelona. Pagina 390.

[6] Vid. Sentencia dictada en el Recurso de Revisión Penal No.126-07. interpuesto por los Abogados J. A. D. P. y J. S. C. a favor del condenado J. C. R. O., contra la sentencia condenatoria firme, dictada por el Juzgado de Letras Tercero Departamental de Santa Bárbara, en fecha 27 de marzo de dos mil tres.

[7] Vid. PABON GOMEZ, GERMAN, De la Casación y la Revisión Penal. 2ª Edición. Ediciones Doctrina y Ley Ltda. Bogota D.C. 2003, Pág. 268.