Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-29-11 — Registro 2272

Resumen

En primera instancia se condenó al recurrido, a la pena de cuatro años de reclusión como autor del delito de homicidio culposo.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EN SU UNICO MOTIVO INTERPUESTO POR LOS ACUSADORES PRIVADOS. I. El recurrente en casación, plantea que los juzgadores incurrieron en el motivo de casación del artículo 362.2 del Código Procesal Penal, que se excluyó prueba de valor decisorio. La parte acusadora propuso la declaración del testigo protegido cuyas generales se encontraban en sobre sellado en poder del órgano jurisdiccional, y éste argumentó su rechazo con el argumento de que era responsabilidad exclusiva de los proponentes de dicha prueba, el hecho de que esa prueba no se evacuara y que había otros mecanismos que se podían aplicar en relación al testigo renuente y que por esa razón se tenía por no evacuado el testigo protegido. Argumenta el Censor, que el Tribunal de Sentencia excluyó no sólo al testigo protegido del debate de Juicio Oral y Público, sino también la declaración que rindió en la Audiencia Inicial, y que si se incluye hipotéticamente dicha declaración se demuestra fehacientemente como lo describe el testigo protegido en su declaración rendida en la audiencia inicial, que el acusador estaba compitiendo con otro vehículo utilizando las vías públicas como pista de carreras. Siendo dicho testigo prueba de valor decisivo. II. Para dar respuesta a lo planteado, es preciso indicar que los artículos 202, 336 y 338, sección cuarta, numeral 2 del Código Procesal Penal, obligan al Órgano Juzgador a pronunciarse respecto a la fiabilidad que le merezca cada uno de los medios de prueba reproducidos en el Debate, al amparo de las reglas de la sana crítica, apreciándolos tanto individualmente como de manera conjunta y, conforme el artículo 333, sólo se podrán reproducir en el debate aquellos que fueron debida y previamente admitidos, de allí que la sentencia que no sea producto de lo preceptuado adolecería de un vicio in procedendo. Uno de esos vicios es el previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal como motivo para el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, que acontece cuando indebidamente se excluye un medio de prueba, es decir, cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito, o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras negándole valor alguno como consecuencia de una desatinada calificación de ilicitud. Finalmente, para determinar si el medio de prueba indebidamente excluido posee un valor decisivo en la emisión del fallo, se debe de recurrir a la técnica conocida como “Inclusión Hipotética”, que consiste en agregar hipotéticamente el medio de prueba excluido a la ecuación valorativa, para verificar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se ve afectado en alguno de sus pronunciamientos, es decir, si concluyentemente debería haber llevado a conclusiones diferentes, de ser así, el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario aún cuando su exclusión sea indebida, si el ejercicio de la inclusión mental hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo. III. El medio de prueba que señalan Los Censores, fue indebidamente excluido su valor probatorio, es la declaración testifical que rindiese el “Testigo Protegido A”, en la audiencia inicial de fecha veinte de junio del dos mil siete, que corre agregada a folio 61 del primer tomo de la foliada judicial, misma que fue inadmitida su introducción por Lectura por parte del Tribunal de Sentencia, luego de que no fue posible citar personalmente al testigo por el extravío del sobre sellado que contenía los datos generales del testigo referenciado. IV. El Recurso no es de Recibo: Los Censores equivocan el motivo invocado, ya que el artículo 363.2 del Código Procesal Penal cuando refiere a la indebida exclusión de un medio de prueba de valor decisivo, sitúa la causa del vicio en la sentencia y no del procedimiento previo, como ser en la audiencia inicial, audiencia de proposición de pruebas o incluso en la audiencia de debate, es decir, se refiere a aquellos medios de prueba que habiendo sido reproducidos en la audiencia de debate, el Tribunal de Sentencia se limita a describirlos en la sentencia sin pronunciarse sobre su valoración intelectiva, cuando se limita a señalar que la prueba no le merece crédito sin externar el por qué, o cuando desatinadamente la califica como prueba ilícita y por tanto carente de valor; los Censores hacen gravitar su motivo en torno a un medio de prueba que no fue objeto de reproducción del debate, que no entró a formar parte del conjunto probatorio, consecuentemente, que no puede ser valorado (positiva o negativamente) por el Tribunal en la sentencia, confundiendo así la indebida exclusión de un medio de prueba de valor decisivo, con la violación a las reglas de previstas para la celebración del debate, el cual constituye un motivo totalmente diferente, previsto en el artículo 362.5 del Código Procesal Penal y hasta el cual esta Sala de lo Penal, no puede extender su análisis por cuanto desborda el motivo elegido para la presentación del Recurso. No obstante lo antes dicho; si se analiza el reclamo hecho, esta Sala de lo Penal disiente con los Censores, en cuanto a que la declaración del “Testigo Protegido A”, contenida en la audiencia inicial de fecha veinte de junio del dos mil siete, califique como prueba decisiva. Se lee en el acta, que el testigo refirió en su declaración que conducía un vehículo y que ingresando al boulevard Fuerzas Armadas desde la Colonia Miraflores, con dirección a la salida hacia la Ciudad de Danlí, observó a dos vehículos: un pick-up color gris y un turismo de alto cilindraje “con bazuca”, que iban a la par, a alta velocidad y en la misma dirección, por lo que asumió que se trataba de un pique (carrera ilegal de vehículos en calle), calculando la velocidad de éstos entre 130 a 125 kilómetros por hora, advierte el testigo que los perdió de vista pero que seis minutos después pasó por el lugar del accidente, identificando el vehículo pick-up color gris, que continuó su marcha sin detenerse en el sitio. Ahora bien, conforme a la técnica de Inclusión Hipotética, si consideramos introducida por lectura ésta declaración para ser valorada junto con el resto del material probatorio evacuado en el debate, la misma no incide en ninguno de los pronunciamientos del fallo, por cuanto no hay forma de apoyar la versión de que el acusado previo a la colisión estaba haciendo una carrera junto con otro vehículo y que por ese motivo y aunado al exceso de velocidad se provocó los resultados lesivos a la vida de las víctimas, además la introducción por lectura de la declaración no hubiese permitido una total contradicción y hubiese descartado la inmediación y por tanto la técnica de valoración no hubiese sido de la misma manera que la que se hace con un testigo presencial, así pues hubiese quedado “indeterminado” el por qué el testigo protegido identifica a uno de los vehículos como un turismo de alto cilindraje y “con bazuca” mientras que la testigo del debate MARTHA LELY ARGEÑAL HERRERA, refiere que el vehículo que pasó por el lugar al momento del accidente era una Camioneta de color blanco o gris, además el por qué el Testigo Protegido, desplazándose en un vehículo y sin tráfico que le impidiera la marcha, tardó seis minutos desde el punto de ingreso al boulevard Fuerzas Armadas hasta el lugar del accidente, cuando esa distancia se transita en mucho menos tiempo en las mismas condiciones. En conclusión de acuerdo con la prueba que se presentó en el debate, se pudo determinar que el acusado si se conducía a exceso de velocidad previo a la colisión, pero, no sería posible entrelazar armónicamente la versión del testigo protegido de que también el hecho imprudente fue consecuencia de una carrera conocidos como “piques” con otro vehículo, quedando huérfana de respaldo probatorio este último extremo, ello porque este hecho tampoco es posible deducirlo de las pruebas testifícales, periciales y documentales aportadas al debate y de las que si se deduce que el acto imprudente del acusado fue como consecuencia de conducir a exceso de velocidad y no estar atento a las condiciones climáticas del momento; es por lo anterior, que aún incluyendo la declaración que rindiese en la audiencia inicial el Testigo protegido A en el material probatorio valorado, no sería posible modificar las conclusiones arribadas por los juzgadores, en relación a que la conducta del acusado responde a la imprudencia en la conducción de un automotor, no pudiendo ser considerada dicha prueba como de valor o influencia decisiva para la resolución del presente caso. En consecuencia de lo anterior, se declara Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la parte acusadora."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de agosto del año dos mil doce, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los Magistrados: RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO en su condición de Coordinador, JACOBO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veinte días del mes de septiembre del año dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual condenó al señor M. H. F. B., a la pena de CUATRO (4) AÑOS DE RECLUSIÓN, como autor del delito de HOMICIDIO CULPOSO en perjuicio de X. F. A. M., K. D. C. V. (conocido también como K. D. C. V.), M. G. F. V. y Y. A. O. M.. Interpusieron el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, los Abogados J. A. D. Y J. S. C., actuando en su condición de acusadores privados en representación de los señores V. M. A., A. M. V. D., C. DE F. Y S. M., progenitores de los jóvenes: X. F. A. M., K. D. C. V., M. G. F. V. Y J. A. O. M.. SON PARTES: El Abogado J. A. D., actuando en su condición de Acusador Privado en representación de los señores V. M. A., A. M. V. D., C. DE F. Y S. M. y el Abogado S. C. A., como representante del Ministerio Público; como partes recurrentes, y el abogado G.O E. M., actuando en su condición de Defensor Privado del señor M. H. F. B., como parte recurrida. HECHOS PROBADOS PRIMERO: En fecha primero de junio del año dos mil siete, siendo aproximadamente las nueve de la noche, el señor M. H. F. B., conducía un vehículo marca Toyota, doble cabina, doble tracción, diesel, transitando por el Boulevard Fuerzas Armadas con dirección hacia la salida de Danlí. A pesar de percatarse que ese día había llovido y que el vehículo Toyota se encontraba polarizado, lo cual no proporcionaba una buena visibilidad, el señor F. B. se conducía a una velocidad superior a lo que esas condiciones de tránsito permitían. SEGUNDO: En un determinado momento, cuando el vehículo conducido por el señor F. B., se encontraba a la altura de la Colonia San Miguel, se acercó a este un vehículo, lo cual provocó que el señor M. H. F. B., girara su vehículo, de tal suerte que debido a la velocidad que llevaba más las condiciones antes descritas, el señor M. H. perdió el control del timón, ante lo cual el señor F. B. abandonó los pedales y el timón de su vehículo colocándose en posición fetal, en tanto que el vehículo salió de la calzada con dirección al preciso lugar en que se encontraban los jóvenes X. F. A. M., M. G. F. V., K. D. C. V. y Y. A. O. M., impactando dicho vehículo al menos en tres de estos jóvenes, saliendo proyectados los cuatro jóvenes hacia el frente y recibiendo todos ellos múltiples heridas que les ocasionaron la muerte. Luego de ello, el vehículo Toyota conducido por el señor F. B., continuó su camino e impactó en un vehículo Nissan que estaba estacionado en dicho lugar ocasionándole a éste daños en su parte trasera, desplazándose hasta impactar en un árbol quedando finalmente a la orilla de la calzada; en tanto que el vehículo Nissan fue a impactar en un vehículo Dodge que también se encontraba estacionado en dicho lugar e impactó finalmente con un árbol que estaba en el lugar. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. UNICO MOTIVO. El Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en la Sentencia Condenatoria que por el delito de homicidio culposo dictara contra el imputado M. A. F. B., cometió Quebrantamiento de Forma a la Sentencia Definitiva, al haber excluido prueba de valor decisivo, prueba que de haber sido valorada, el resultado del fallo hubiera sido siempre condenatorio, pero por homicidio simple mediante dolo eventual. PRECEPTO AUTORIZANTE. En el artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal se instituye el vicio en la Sentencia Definitiva cuando ha incurrido el sentenciador en falta de observación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, veamos: “... que excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisorio”. PRECEPTO INFRINGIDO. Los preceptos penales adjetivos que se invocan como infringidos por falta de aplicación, prescriben: Artículo 202: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida” (lo resaltado es nuestro). Por su parte el párrafo primero del Artículo 336 de la misma ley señala: “El Tribunal, para resolver, sólo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica”. Artículo 338 del Código Penal que expresa: “Requisitos de la sentencia. Las sentencias se redactarán por escrito, con sujeción a las reglas siguientes: Primera:... Segunda:... Tercera:…. Cuarta: Se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1), 2) Valoración de la Prueba. Seguidamente, se expresarán las pruebas tenida en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicada en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados. Explicación del motivo de casación por quebrantamiento de forma. antecedentes previos: Honorables Magistrados, el presente caso que a modo de abogados acusadores traemos a su análisis y discernimiento, ha sido para los padres de la víctimas en todos los momentos procesales, un sacrificio emocional perenne, para buscar que la administración de justicia hondureña, haciendo uso de ese enunciado de verdad que emane de un juez imparcial les explique y dé razón suficiente, -del porqué la administración de justicia hondureña no valora la declaración de un testigo de valor decisivo- prueba mediante la cual se incorporan elementos de prueba que demuestran que la muerte de los jóvenes X. F. A. M., K. D. C. V., M. G. F. V. Y J. A. O. M., fue producto de la existencia de una conducta ejecutada pro el imputado M. A. F. B., mediante dolo eventual y no culpa. Esta interrogante se le hace a los máximos representantes de la justicia hondureña, ya que en las diversas etapas previas a esta sentencia, esos padres fueron testigos de cómo arbitrariamente la Juez de Letras A. A. A. en la resolución del auto de prisión que por el delito de homicidio culposo le dictara al imputado M. A. F. B., por ningún lado, de su motivación que se contiene en la Audiencia Inicial, se pronuncia valorando la declaración del testigo protegido, el cual había expresado categóricamente en su presencia, que el imputado M. A. F. B. el día, hora y lugar donde acontecieron los hechos criminosos, era la misma persona que conduciendo un vehículo a máxima velocidad, ejecutaba una competencia ilegal con otro vehículo, producto de lo cual, se produjo la muerte violenta de cuatro valiosas vidas humanas, así como la destrucción de bienes públicos y privados; esta situación fue impugnada ante la Corte de Apelaciones de esta sección judicial, en el sentido de que el testigo protegido no fue valorado por la Juez de Letras y si hubiera sido valorado la resolución contentiva del auto de prisión hubiera sido otra, es decir, homicidio simple mediante dolo eventual. Consecuentemente, se consideraba que dicha Resolución era una resolución parcial y arbitraria no ajustada a Derecho, sin embargo, se encontraron los padres de las víctimas, ante otra Resolución Judicial, emitida por los Magistrados O. M. A. A., S. A. C., J. R. A., quienes más allá de las facultades que otorga el sistema acusatorio en relación a la cuestión o puntos de impugnación, se concentraron exclusivamente a desacreditar la declaración del testigo protegido aduciendo argumentos de que el vehículo no era apto para carreras, que el muchacho era incapaz de cometer un delito doloso, que el testigo no era creíble etc. Aspectos que solo podían ser valorados mediante el principio de inmediación, olvidándose que en realidad lo que se exponía como agravio era que dicha resolución impugnada, fue dictada suprimiendo, a sabiendas la Juez de Letras la declaración del testigo protegido: pero en fin, lo mismo aconteció con la Acción Constitucional de Amparo, ya que también, los anteriores Magistrados de la Corte Suprema de Justicia asignados a la Sala de lo Constitucional, eludiendo el punto toral de impugnación “porque no fue valorado conforme a derecho el testigo protegido” regularon su fallo a dar razones y fundamentos doctrinales relativas a la procedencia del Amparo, pero no a la arbitraria decisión de la Juez de Letras de no valorar la prueba y las graves violaciones al principio de inmediación que ejecutaron los Magistrados de la Corte de Apelaciones, con ésto igualmente eludieron el punto toral de impugnación para confundir y enredar la mente de personas indoctas, pero no, la de los padres de las víctimas ya que ellos todavía se preguntan “porqué no fue valorado conforme a derecho el testigo protegido” y cuáles son las razones para que los administradores de justicia hondureña, hagan malabares jurídicos para no valorar esa prueba, en su conjunto con el resto de pruebas. Vicio de la sentencia que fundamenta el motivo de casación por quebrantamiento de la forma: Como es de su conocimiento Honorables Magistrados, quien pretenda invocar un Motivo de Quebranto de Forma por haberse excluido prueba de valor decisorio, deberá indicar claramente el Motivo establecido en la ley Procesal, el Vicio que cometió el Juez o que permitió que se formara en su actividad y por vía de demostración idónea, la Incidencia que ha tenido ese vicio en la decisión judicial, que afecta en definitiva, el interés de la parte recurrente; consecuentemente, corresponde a la Sala de lo Penal una vez planteado el recurso, realizar un juicio técnico de derecho a la sentencia definitiva promulgada por un Tribunal de Sentencia, sometiéndola a un examen especial, que implica determinar, si está demostrado o no, el motivo y vicio denunciado; ajustándose a las exigencias moldeadas en el artículo 363 del Código Procesal Penal. En el caso que nos ocupa somos del criterio que concurre el vicio señalado, por las razones siguientes: Primera: La parte acusadora propuso en legal y debida forma, la declaración testifical del “testigo protegido” cuyas generales, o que es lo mismo; su nombre, apellidos y dirección, se encontraban en sobre sellado que estaba en poder del órgano jurisdiccional, ya que como era lógico, esos datos solo los conocía el Ministerio Público y los Jueces de Sentencia, y no los acusadores y la defensa técnica. Segunda: El Tribunal de Sentencia admitió nuestra prueba testimonial denominada “testigo protegido”, bajo las circunstancias anteriormente señaladas, aduciendo los jueces, que el testigo sería evacuado en el Debate de Juicio Oral y Público. Tercera: Llegado el día y hora para la celebración del Debate De Juicio Oral Y Público, aconteció que el Tribunal de Sentencia no contaba con los datos que identificaban al testigo protegido, ni mucho menos esos datos los tenía la Fiscal G. Y. B. quien suponía que al momento de que se envió el expediente por parte del Juzgado de Letras, también se había remitido esa información del testigo protegido, tal cual así lo ordena la ley procesal; Cuarta: El Tribunal de Sentencia, al no tener estos datos ordenó al secretario del Despacho, remitir nota para que la Juez de Letras enviara dicha información, ya que habían pasado meses desde la fecha que habían despachado el expediente y no la información del testigo protegido; en ese sentido la Fiscal G. Y. B. dejó claro que dicha información del testigo protegido, no estaba en poder del Ministerio Público, ya que la Fiscal C. E. que inicialmente había conocido el caso, no había dejado copia de dichos documentos en los archivos correspondientes al momento de ser despedida de dicha institución. (Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal, las razones del porque dicha Fiscal había sido despedida del Ministerio Público, es que fue sorprendida en flagrancia al cometer un delito de cohecho en otro caso donde estaba asignada.) Quinta: El Juzgado de Letras remitió la información del testigo protegido, al Tribunal de Sentencia y este órgano jurisdiccional le proporcionó los datos al Ministerio Público para que lo localizara y lo trasladara al estrado a rendir declaración en el Debate de Juicio Oral y Público. Sexta: Estando todas las partes en la celebración del Debate del juicio Oral y Público, llegó el turno de evacuar la declaración del testigo protegido, a lo cual el Tribunal pidió explicaciones al Ministerio Público de la ausencia del testigo protegido; la Fiscal comunicó que el testigo protegido, solamente había sido localizado por vía telefónica, ya que había dejado de trabajar en el lugar donde inicialmente se le situaba, no teniendo tampoco domicilio fijo donde localizarlo, y que dicha persona daba evasivas a los investigadores para que pudiera ser localizado, ya que un día alegaba que se encontraba en Danlí y el otro en diferente lugar, y por esa razón era imposible a corto plazo poder trasladarlo al Tribunal de Sentencia para que rindiera declaración testifical. Séptima: Esta situación provocó que el Tribunal de Sentencia decidiera continuar con el juicio, sin evacuar la declaración testifical del Testigo Protegido, aduciendo que era responsabilidad exclusiva de los proponentes de dicha prueba (Ministerio Público y acusadores privados), el hecho de que esa prueba no se evacuara y que había otros mecanismos que se podían aplicar en relación al testigo renuente y que por esa razón se tenía por no evacuado el testigo protegido; es decir, que tanto el Ministerio Público como los Acusadores éramos los responsables directos de dicha ausencia y que eso, no iba impedir que el Tribunal de Sentencia oficiosamente continuara con el juicio, ya que ese Tribunal unilateralmente decidía si se evacuaba o no un medio de prueba, o que es lo mismo, no le importa el absurdo principio de la comunidad de la prueba, ya que no se demoraba ante estas situaciones; el Ministerio Público y los Acusadores hicimos los reclamos correspondientes, en ese sentido, dejamos muy claro que esta era situación de imposibilidad, que ninguno de los sujetos procesales acusadores éramos responsables de la misma y más aún, los acusadores privados hicimos constar que esa responsabilidad de allegar al estrado a un testigo protegido era exclusiva de la Administración de Justicia hondureña y no de los acusadores privados que en ningún momento (incluso ahora) conocíamos los datos del testigo protegido, por lo que nos era imposible poder ubicarlo y que era injusto y vejatorio los términos en que se expresaba el Tribunal de sentencia a ese respecto. Octava: Ante los hechos anteriores y en vista de la imposibilidad de obtener la presencia física del testigo protegido para que declarara en el Debate de Juicio Oral y Público, y dado que esta circunstancia excepcional se subsumía en lo establecido en el artículo 311 numeral 2 del Código Procesal Penal, se solicitó al Tribunal de Sentencia que se incorporara mediante lectura autorizada, la declaración testifical que había rendido el testigo protegido en la etapa preparatoria, precisamente la que rindió en la Audiencia Inicial ante el Juez de Letras. Novena: El Tribunal de Sentencia después de haber escuchado a las partes sobre la petitoria de la parte acusadora privada y del Ministerio Público, decidió declarar no ha lugar nuestra solicitud, argumentando que esa no era una situación de excepcionalidad, y excluyó no solo al testigo protegido del Debate de Juicio Oral y Público, sino también la declaración que rindió en la Audiencia Inicial. Dichas motivaciones que expone el Tribunal de Sentencia no solo son irracionales, sino que realmente no se sabe coherentemente en que se motivaron, por lo que, la única forma de catalogar esa supuesta motivación donde funda su negativa a incorporar la prueba mediante lectura autorizada, es de catalogarlas como ininteligibles, arbitrarias y propias de personas que desconocen la ley procesal, ya que no se sabe cual fue el fundamento legal y constitucional que racionalmente les justificara su parcial posición jurisdiccional. Décima: La parte acusadora privada agotó los recursos y realizó las protestas del caso, anunciando el motivo de casación por Quebrantamiento de Forma. Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal, lo anteriormente explicado, indujo a que el Tribunal de Sentencia, emitiera un fallo retorcido en su forma, no solo por el hecho de que este órgano jurisdiccional se sumara a las conductas jurisdiccionales de sus predecesores, de no valorar conforme a derecho la declaración del testigo protegido, sino que fundamentaron su sentencia definitiva, (hechos probados, la valoración de la prueba hasta la fundamentación jurídica), de que el fallo lo dictaban por Homicidio Culposo, porque la parte acusadora no probó sus argumentos punitivos, debido a que -- el testigo protegido no había declarado en juicio--, a su vez, también estos Jueces de Sentencia desacreditan las pruebas de cargo, por ejemplo, el Dictamen Pericial del perito O. C., donde utilizando ese mismo contexto, valga decir “motivacional” indican que su peritaje al fundamentarse en la declaración que el testigo protegido había rendido en la etapa preparatoria, perdía sustento probatorio, por el hecho de que el Tribunal de Sentencia no había escuchado en el Debate la declaración testigo protegido; De igual forma, estos operadores de justicia, se introducen a realizar fundamentaciones jurídicas y valoraciones probatorias relativas al dolo eventual, afirmando que no se cumplían sus presupuestos, debido a muchos factores entre los que mencionan el clima, el tipo de vehículo, la velocidad etc., pero no hay que olvidar, Honorables Magistrados de la sala de lo Penal, que estos Jueces de sentencia, como inveterada usanza en este caso, arriban a estos “razonamientos” después de haber excluido la prueba a la parte acusadora, por lo que su “criterio” es parcial y dirigido desde una perspectiva u óptica, ya acomodada a dictar una sentencia por culpa, pero con la grave agravante de arribar a tal aberración final, consignando en sus hechos probados argumentos fácticos donde predeterminan el hecho como un mero accidente no sabemos qué factor generó este “error” ya que a hasta cierto punto, en la forma que explican los jueces los hechos probados, pareciera que el fallo era absolutorio. No hay palabra en el campo moral, ético y profesional que describa con fidelidad estas “conductas” judiciales, ya que como es lógico suponer, son las mismas Jueces de Sentencia las que primero se encargaron de negarnos arbitrariamente la incorporación mediante lectura autorizada de la declaración del testigo protegido, (o es que se les olvidó) y luego de manera ofensiva a la memoria de las víctimas y de sus padres, consignan en su sentencia definitiva, expresiones que infieren -si el testigo protegido hubiera declarado, si el testigo protegido hubiera llegado, si se hubiera contado con la declaración del testigo protegido etc-. Como que si con esto tratan inicuamente de justificarse ante la sociedad, o es que realmente, no se han cultivado jurídicamente, a conciencia sobre los casos de excepcionalidad a que se refiere la ley procesal en su artículo 311. No hay duda alguna que esta prueba testimonial del testigo protegido, es decisoria, por lo que no nos explicamos, cuál es la razón o el miedo, de valorarla en conjunto con el resto del material probatorio evacuado en el Debate, ya que si fuere valorada las víctimas podrían saber las razones jurídicas, del porqué dicha prueba tiene valor probatorio o no para enervar el estado de inocencia del imputado. Ya que si incluimos hipotéticamente dicha declaración en la sentencia recurrida observaremos que la prueba demuestra fehacientemente que M. A. F. B. estaba compitiendo con otro vehículo, utilizando las vías públicas como pista de carreras, así lo describe el testigo protegido en la declaración que rindió ante el Juez de Letras en la Audiencia Inicial, por ello, no valen los argumentos de los diversos operadores de justicia, incluidos los jueces de sentencia, donde dan por cierto el argumento del imputado que dice que otro vehículo se le atravesó y por ello perdió el control del automotor que conducía, ya que si le creen ciegamente a esa mentira, entonces ¿porqué también los jueces no le creen al imputado cuando dice que se trasladaba a una velocidad 60 kilómetros por hora?; ¿Saben por qué no le creen señores Magistrados de la Sala de lo Penal? Porque, no existe vocabulario alguno para poder acomodar esa velocidad al hecho palpable que esos cuatro jóvenes fueron impulsados a distancias que van desde 20 metros a l3 metros, de donde se encontraban ubicados al momento del impacto, de ahí que estos Jueces a lo largo de la redacción de su sentencia dan evasivas para explicar con precisión cuál fue la velocidad real que llevaba el imputado en su dolosa competencia que despedazó los cuerpos de todos estos muchachos, ambos aspectos demuestran que las jueces prefieren las invenciones del imputado, a la contundencia de los datos objetivos que se reflejan en las pruebas, o que es lo mismo, la justicia hondureña es benévola con el imputado, ya que dividen su declaración aceptando por un lado sus falsedades no demostradas con pruebas y por otro lado, rechazan las realidades y contundencia que se manifiestan con las pruebas evacuadas en juicio; es más, llegan a tal extremo, que le otorgan virtudes casi místicas al imputado, aduciendo que es un joven atleta, estudiante, de buena familia etc. por eso nos preguntamos y las víctimas ¡que! acaso también no eran buenos jóvenes, o es que eran menos que “cosas”, que se pueden despedazar en la vía pública, a esta indignación se llega cuando se observa a los operadores de justicia cuando tratan de minimizar los hechos, por ejemplo como hemos anteriormente afirmado que la sentencia argumenta incoherentemente que el vehículo referido en el cual se conducía el imputado, no es apto para carreras (pero bien que alcanzó más de 100 kilómetros por hora), y no 60 kilómetros por hora, como inusualmente alega el imputado y testimonio de ello, se puede comprobar, sin lugar a dudas, si se aplica las reglas de la Sana Crítica a los Dictámenes Periciales emitidos por los Médicos Forenses, Especialistas en Accidentes de Tránsito y Actas de Levantamiento de cadáveres e inspecciones oculares. En definitiva, el vicio en la sentencia radica en esa exclusión de la prueba del testigo protegido ya que si hubiera sido valorada, todo esas invenciones con las cuales el imputado confeccionó su defensa en un “mero accidente”, incluido el homicidio culposo, no hubieran tenido cabida en el razonamiento lógico de una verdadera sentencia judicial, ya que en la aplicación de las reglas de la psicología, surgiría el fundamento de la existencia del homicidio simple mediante dolo eventual. A esta conexión de los casos de excepcionalidad y de la motivación de las resoluciones judiciales que denieguen los mismos, la jurisprudencia hondureña ha sido concluyente para definirlos, por ello, nos permitimos citar las siguientes sentencias de casación, que como precedentes, nos ilustra la Sala de lo Penal, veamos: “...E1 sexto motivo de casación por quebrantamiento de forma es de recibo el impetrante manifiesta por una parte, que el tribunal de juicio; a) denegó la admisión de la prueba pericial propuesta como incidente en la audiencia de juicio, a pesar de haber estimado la defensa que se trataba de una prueba vital, consistente en un dictamen médico practicado al joven…, quien manifestó que había resultado herido al momento de los hechos, como producto de disparos de arma de fuego realizados por el ahora occiso….. y sus primos, con la que la defensa pretendía acreditar la provocación o agresión de que fue objeto la familia del acusado…, por parte del ahora occiso y sus acompañantes, al momento en que se encontraban en la vivienda del señor... siendo el joven ..., hijo del acusado señor..., prueba útil y pertinente por tratarse de un testigo ocular; b) no haber valorado a efecto de su fallo condenatorio las apreciaciones vertidas por los peritos balísticos durante la reconstrucción de los hechos a pesar de haber concluido que unos orificios encontrados en una de las paredes de la vivienda del señor..., donde se iniciaron los hechos, eran compatibles con disparos realizados con arma de fuego, aspectos congruentes con la versión de los hechos que pretendió probar la defensa; c) y no haber valorado o desvalorado racionalmente, a efecto de dictar el fallo final la declaración rendida por el testigo ocular señor…, dueño de la vivienda donde iniciaron los hechos, sobre la forma en que iniciaron los hechos en dicha casa de habitación, pruebas congruentes entre si, dejadas de apreciar por el A quo, sin justificación suficiente, a pesar del valor probatorio intrínseco de las mismas para poder alcanzar una decisión lo más ajustada posible a la verdad. Esta Sala de lo Penal estima que de haber sido admitida la prueba pericial excluida y de haber sido valoradas tanto las apreciaciones de los peritos balísticos y la declaración del testigo ocular antes mencionado, siendo pruebas congruentes entre si, el tribunal hubiese podido alcanzar una decisión distinta, en aplicación de las reglas de la sana crítica y valorando toda la prueba en forma conjunta y armoniosa, por lo que este motivo es apreciable en casación. Esta Sala no se pronuncia sobre el séptimo motivo por considerarlo innecesario...” (Sentencia de fecha 13/12&2005, recaída en el Recurso de casación Penal No.50=2005) “...Este segundo motivo de casación en la forma identificado por el Casacionista como “Tercer Motivo” debe declararse Con Lugar por las razones siguientes: Argumenta la Fiscalía que el vicio de la sentencia se presenta, porque el Tribunal A quo ha excluido medios de prueba de valor decisivo en la celebración del juicio oral y público, ya que en la audiencia de proposición de prueba, la fiscalía propuso la prueba pericial de una persona experta en maras y pandillas, así como la declaración de los testigos ... (éste último testigo en fecha posterior fue abatido a tiros por personas desconocidas pero se sospecha una venganza) todos miembros de la unidad de análisis de la policía preventiva, que por razones lógicas de seguridad se solicita protección de su identidad. El Tribunal denegó la solicitud planteada por el fiscal del Ministerio Público justificando su decisión en razón que los testigos están conscientes del hecho y que igual riesgo corre el juez y el fiscal. En el presente caso se aprecia que el Tribunal de Sentencia no motiva las razones por las cuales inadmite el medio de prueba peritaje en el cual un experto en maras o pandilla iba a rendir su dictamen, el hecho que el perito sea policía y haya pedido protección en cuanto a su identidad, no es razón suficiente para descalificarlo, razonando porque tanto fiscales y jueces corren el mismo peligro que los policías, en otros países tal vez pueda caber esa justificación; pero en el nuestro no, ya que es una máxima de la experiencia que los policías, como sus familiares conviven en los barrios y colonias con las maras y pandillas; en ese caso basta que el testigo o perito tenga temor fundado de ser agredido físicamente y lo ponga en conocimiento de los juzgadores para que los jueces ordenen su protección.- Por las razones expuestas el presente motivo se declara Con Lugar...” (Sentencia de fecha diez de mayo de dos mil seis, recaída en el Recurso de Casación No. 55-05.). Como podemos constatar las situaciones de excepcionalidad que comprende el Artículo 3ll del Código Procesal Penal, no son situaciones que se contengan en números clausus, ya que no están taxativamente enumeradas en la ley procesal por ser esta una Situación imposible de contenerse en una ley, sino que el legislador deja a los operadores de justicia que expliquen racionalmente los casos donde se puede justificar la incorporación de una prueba mediante lectura autorizada, y además también deben considerar razonadamente en su resolución judicial, que dicha inclusión o exclusión de la prueba aludida, no cause un grave perjuicio a la justicia, a la verdad y al verdadero y único Dios (no al que cita el imputado en su declaración); por lo que podemos reflexionar que esa motivación debe ser el fruto de una adecuada experiencia profesional, con la cual deben actuar los Jueces de Sentencia.- Sin embargo, estas cualidades a las cuales nos referimos están ausentes en el caso que nos ocupa, ya que el hecho, de que el testigo protegido no haya llegado al Debate y que dicho individuo se haya “desaparecido” cambiando de domicilio y trabajo, y luego telefónicamente de evasivas para presentarse a rendir declaración, es motivo más que suficiente de establecer que será imposible su comparecencia, y que esa situación de imposibilidad puede deberse a muchos factores, uno de ellos puede ser, que tenga miedo, que haya sido sobornado, que no quiera comparecer o que efectivamente estaba en Danlí y luego en otro lugar etc., pero esta situación de irresponsabilidad del testigo, no se le puede atribuir a la parte acusadora privada, porque nunca supimos, los datos del mismo, siendo ésta la imposibilidad para poder presentarlo al Debate, por lo que consideramos que al no permitirse la incorporación de la declaración testifical que rindió el testigo protegido en la audiencia inicial, constituye una exclusión de prueba decisoria, ya que si incluimos hipotéticamente dicha prueba a la valoración conjunta de las pruebas tenidas en cuenta en la sentencia definitiva, podrá observarse que el resultado final al que arribaría un serio Tribunal de Sentencia hubiera sido muy diferente. Por último, no deja de preocuparnos la forma poco profesional con la cual el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, manejan la información contentiva a los testigos protegidos, ya que desconocemos el grado de contaminación y vulneración en el manejo de los datos personales del testigo protegido, por lo que se teme, que esa ausencia en el Debate de Juicio Oral y Público, no fue accidental, lo que debe ser objeto de una investigación criminal para que deduzcan la responsabilidad a los posibles autores materiales e intelectuales de dicha “ausencia”, y a ese pensamiento se allega no solo en virtud del supuesto “olvido” de dichos datos en el Juzgado de Letras, sino que también, no hay que pasar por alto que los indicados datos estuvieron en poder de una funcionaria fiscal severamente cuestionada por la justicia hondureña, lo que nos deja muchas dudas, especialmente a los padres de las víctimas. Reclamaciones hechas para subsanar el vicio procesal. El Vicio Procesal que da fundamento al Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma expuesto en el presente Recurso, fue cometido en el acto mismo del Debate de Juicio Oral y Público, y por tanto, por su naturaleza fue posible intentar los reclamos para su subsanación, situación ésta que no fue viable, debido a la posición firme del Tribunal de no permitir la incorporación mediante lectura autorizada de la declaración que el testigo protegido rindiera en la etapa preparatoria del juicio ordinario. Se propone prueba: Conforme lo que establece el artículo 368 del Código Procesal Penal, se propone como prueba el Acta de Debate del Debate de Juicio Oral y Público, con la finalidad probatoria de establecer el vicio de procedimiento que se denuncia en el motivo de casación por Quebrantamiento de Forma. Alcance de la petición del recurrente: A la Honorable Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, respetuosamente pedimos, declarar ha lugar el Motivo de Casación Por Quebrantamiento de Forma, se anule la Sentencia recurrida y se ordene su reenvío al Tribunal de Origen. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EN SU UNICO MOTIVO INTERPUESTO POR LOS ACUSADORES PRIVADOS. I. El recurrente en casación, plantea que los juzgadores incurrieron en el motivo de casación del artículo 362.2 del Código Procesal Penal, que se excluyó prueba de valor decisorio. La parte acusadora propuso la declaración del testigo protegido cuyas generales se encontraban en sobre sellado en poder del órgano jurisdiccional, y éste argumentó su rechazo con el argumento de que era responsabilidad exclusiva de los proponentes de dicha prueba, el hecho de que esa prueba no se evacuara y que había otros mecanismos que se podían aplicar en relación al testigo renuente y que por esa razón se tenía por no evacuado el testigo protegido. Argumenta el Censor, que el Tribunal de Sentencia excluyó no sólo al testigo protegido del debate de Juicio Oral y Público, sino también la declaración que rindió en la Audiencia Inicial, y que si se incluye hipotéticamente dicha declaración se demuestra fehacientemente como lo describe el testigo protegido en su declaración rendida en la audiencia inicial, que el acusador estaba compitiendo con otro vehículo utilizando las vías públicas como pista de carreras. Siendo dicho testigo prueba de valor decisivo. II. Para dar respuesta a lo planteado, es preciso indicar que los artículos 202, 336 y 338, sección cuarta, numeral 2 del Código Procesal Penal, obligan al Órgano Juzgador a pronunciarse respecto a la fiabilidad que le merezca cada uno de los medios de prueba reproducidos en el Debate, al amparo de las reglas de la sana crítica, apreciándolos tanto individualmente como de manera conjunta y, conforme el artículo 333, sólo se podrán reproducir en el debate aquellos que fueron debida y previamente admitidos, de allí que la sentencia que no sea producto de lo preceptuado adolecería de un vicio in procedendo. Uno de esos vicios es el previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal como motivo para el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, que acontece cuando indebidamente se excluye un medio de prueba, es decir, cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito, o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras negándole valor alguno como consecuencia de una desatinada calificación de ilicitud. Finalmente, para determinar si el medio de prueba indebidamente excluido posee un valor decisivo en la emisión del fallo, se debe de recurrir a la técnica conocida como “Inclusión Hipotética”, que consiste en agregar hipotéticamente el medio de prueba excluido a la ecuación valorativa, para verificar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se ve afectado en alguno de sus pronunciamientos, es decir, si concluyentemente debería haber llevado a conclusiones diferentes, de ser así, el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario aún cuando su exclusión sea indebida, si el ejercicio de la inclusión mental hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo. III. El medio de prueba que señalan Los Censores, fue indebidamente excluido su valor probatorio, es la declaración testifical que rindiese el “Testigo Protegido A”, en la audiencia inicial de fecha veinte de junio del dos mil siete, que corre agregada a folio 61 del primer tomo de la foliada judicial, misma que fue inadmitida su introducción por Lectura por parte del Tribunal de Sentencia, luego de que no fue posible citar personalmente al testigo por el extravío del sobre sellado que contenía los datos generales del testigo referenciado. IV. El Recurso no es de Recibo: Los Censores equivocan el motivo invocado, ya que el artículo 363.2 del Código Procesal Penal cuando refiere a la indebida exclusión de un medio de prueba de valor decisivo, sitúa la causa del vicio en la sentencia y no del procedimiento previo, como ser en la audiencia inicial, audiencia de proposición de pruebas o incluso en la audiencia de debate, es decir, se refiere a aquellos medios de prueba que habiendo sido reproducidos en la audiencia de debate, el Tribunal de Sentencia se limita a describirlos en la sentencia sin pronunciarse sobre su valoración intelectiva, cuando se limita a señalar que la prueba no le merece crédito sin externar el por qué, o cuando desatinadamente la califica como prueba ilícita y por tanto carente de valor; los Censores hacen gravitar su motivo en torno a un medio de prueba que no fue objeto de reproducción del debate, que no entró a formar parte del conjunto probatorio, consecuentemente, que no puede ser valorado (positiva o negativamente) por el Tribunal en la sentencia, confundiendo así la indebida exclusión de un medio de prueba de valor decisivo, con la violación a las reglas de previstas para la celebración del debate, el cual constituye un motivo totalmente diferente, previsto en el artículo 362.5 del Código Procesal Penal y hasta el cual esta Sala de lo Penal, no puede extender su análisis por cuanto desborda el motivo elegido para la presentación del Recurso. No obstante lo antes dicho; si se analiza el reclamo hecho, esta Sala de lo Penal disiente con los Censores, en cuanto a que la declaración del “Testigo Protegido A”, contenida en la audiencia inicial de fecha veinte de junio del dos mil siete, califique como prueba decisiva. Se lee en el acta, que el testigo refirió en su declaración que conducía un vehículo y que ingresando al boulevard Fuerzas Armadas desde la Colonia Miraflores, con dirección a la salida hacia la Ciudad de Danlí, observó a dos vehículos: un pick-up color gris y un turismo de alto cilindraje “con bazuca”, que iban a la par, a alta velocidad y en la misma dirección, por lo que asumió que se trataba de un pique (carrera ilegal de vehículos en calle), calculando la velocidad de éstos entre 130 a 125 kilómetros por hora, advierte el testigo que los perdió de vista pero que seis minutos después pasó por el lugar del accidente, identificando el vehículo pick-up color gris, que continuó su marcha sin detenerse en el sitio. Ahora bien, conforme a la técnica de Inclusión Hipotética, si consideramos introducida por lectura ésta declaración para ser valorada junto con el resto del material probatorio evacuado en el debate, la misma no incide en ninguno de los pronunciamientos del fallo, por cuanto no hay forma de apoyar la versión de que el acusado previo a la colisión estaba haciendo una carrera junto con otro vehículo y que por ese motivo y aunado al exceso de velocidad se provocó los resultados lesivos a la vida de las víctimas, además la introducción por lectura de la declaración no hubiese permitido una total contradicción y hubiese descartado la inmediación y por tanto la técnica de valoración no hubiese sido de la misma manera que la que se hace con un testigo presencial, así pues hubiese quedado “indeterminado” el por qué el testigo protegido identifica a uno de los vehículos como un turismo de alto cilindraje y “con bazuca” mientras que la testigo del debate M. L. A. H., refiere que el vehículo que pasó por el lugar al momento del accidente era una Camioneta de color blanco o gris, además el por qué el Testigo Protegido, desplazándose en un vehículo y sin tráfico que le impidiera la marcha, tardó seis minutos desde el punto de ingreso al boulevard Fuerzas Armadas hasta el lugar del accidente, cuando esa distancia se transita en mucho menos tiempo en las mismas condiciones. En conclusión de acuerdo con la prueba que se presentó en el debate, se pudo determinar que el acusado si se conducía a exceso de velocidad previo a la colisión, pero, no sería posible entrelazar armónicamente la versión del testigo protegido de que también el hecho imprudente fue consecuencia de una carrera conocidos como “piques” con otro vehículo, quedando huérfana de respaldo probatorio este último extremo, ello porque este hecho tampoco es posible deducirlo de las pruebas testifícales, periciales y documentales aportadas al debate y de las que si se deduce que el acto imprudente del acusado fue como consecuencia de conducir a exceso de velocidad y no estar atento a las condiciones climáticas del momento; es por lo anterior, que aún incluyendo la declaración que rindiese en la audiencia inicial el Testigo protegido A en el material probatorio valorado, no sería posible modificar las conclusiones arribadas por los juzgadores, en relación a que la conducta del acusado responde a la imprudencia en la conducción de un automotor, no pudiendo ser considerada dicha prueba como de valor o influencia decisiva para la resolución del presente caso. En consecuencia de lo anterior, se declara Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la parte acusadora. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 362.2., y 369 del Código Procesal Penal; y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. FALLA: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su motivo único, invocado por los Abogados J. A. D. Y J. S. C., actuando en su condición de Acusadores Privados en representación de los señores (a) V. M. A., A. M. V. D., C. D. F. Y S. M., en la causa que se siguió en contra del señor M. H. F. B., como autor del delito de HOMICIDIO CULPOSO en perjuicio de X. F. A. M., K. D. C. V. (conocido también como K. D. C. V.), M. G. F. V. y Y. A. O. M.. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que se proceda a ponerla en efectiva ejecución. Redactó: EL MAGISTRADO CALIX HERNANDEZ. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de septiembre del año dos mil doce.- Certificación de la sentencia de fecha veintitrés de agosto del año dos mil doce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-29-2011.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

Página 20 de 20