Sentencia CP-279-10 — Registro 2576
Resumen
Se condenó en primer instancia por el delito de trafico de drogas, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL MOTIVO UNICO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LA DEFENSA: I. Los recurrentes argumentan, que los juzgadores incurrieron en Infracción grave al debido Proceso, Estado de Inocencia, y derecho de defensa, por no admitir elementos de prueba de interés de la defensa, tales como la prueba pericial evaluación socioeconómica, cuya pretensión probatoria era establecer en que ámbito económico y social se desenvuelven los imputados y probar que los mismos no ostentan el nivel social-económico de personas que se dedican al tráfico de drogas; también no fue admitida la prueba documental libramiento de oficios al sistema financiero de Honduras, para establecer los escasos recursos económicos con que cuentan los imputados; igualmente los Antecedentes penales de los imputados, que por la naturaleza del delito era indispensable demostrar al Tribunal que los acusados nunca se han visto ligados a actividades delictivas; así como la prueba pericial consistente en realizar una nueva pericia toxicológica a la droga (supuesta cocaína) para determinar si la misma es o no droga. II. En consonancia con el recurso que se conoce, debe señalarse que, el debido proceso tiene relación con el ideal garantista para juzgar, que no sólo requiere la intervención de un órgano jurisdiccional con independencia e imparcialidad objetiva, sino también una instancia ante la cual las partes puedan debatir sus diferencias en un plano de igualdad de condiciones, por eso es la exigencia constitucional de que el juzgamiento se realice con las formalidades, derechos y garantías establecidas en la ley; en relación al “estado de inocencia” lo que corresponde es comprobar y verificar si en la audiencia de juicio en la que se aprecio la prueba, se dispuso en la misma del mínimo de actividad probatoria, llevada a cabo con las debidas garantías constitucionales y procesales. III. Esta Sala de lo Penal, al hacer una revisión de los antecedentes de presente caso, se encontró que los medios de prueba pericial evaluación socioeconómica y la prueba documental libramiento de oficios al Sistema Financiero de Honduras, se les pretendió incorporar por parte de la defensa, en la audiencia de proposición de pruebas, teniendo en ese momento expedito los recursos en contra de la negativa del Tribunal para admitir los mismos. Ya en el momento de los incidentes en el debate (folios # 412 v., y 413 v.), fueron propuestos como nuevos medios de prueba los antecedentes penales de los imputados y una nueva pericia toxicológica a la droga, las que por un lado no se convierten en ese momento procesal en verdaderos nuevos medios de prueba, pues para el caso de la droga su existencia se constata desde los primeros momentos de la etapa preparatoria del proceso penal, y no surge de un hecho o elemento desconocido por la defensa hasta el momento del debate, y en el caso de los antecedentes penales, en la audiencia de individualización de la pena (folio # 422), fueron evacuados los mismos como prueba documental, por lo que no tiene razón de ser, alegar violación garantías constitucionales de una prueba documental que ya fue admitida y evacuada por los sentenciadores en la cesura del juicio; es por ello, que es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por la defensa. DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL MOTIVO UNICO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY INTERPUESTO POR LA DEFENSA: I.- El censor, plantea que los juzgadores incurrieron en la Infracción de Norma Jurídica de carácter sustantivo como lo es la Ley Sobre el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, al calificar los hechos como Tráfico de Drogas, debiendo ser la calificación de un delito de Facilitación de los medios para el Transporte de Drogas. II. Como lo ha venido repitiendo esta Sala de lo Penal, “La Falta de Aplicación de la Ley” como infracción, debe resultar necesariamente a partir de los hechos declarados probados, cuando los jueces omiten la ley aplicable a la causa que se falla, o se pasa por alto la existencia de una ley que regule la cuestión jurídica que se debate, o en forma deliberada se resiste a aplicarla; y “La Aplicación Indebida” es una especie de Casación por Infracción de Ley, consistente en la invocación por los sentenciadores de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad que aparece consignada en los hechos probados, de tal forma que se aprecia la incongruencia entre el factum de la sentencia y la norma penal que se asigna, por lo que la infracción se produce al citar y fundamentar el fallo con una norma extraña a los hechos estimados probados. III. En el caso examiné, no llevan razón los recurrentes en su planteamiento, ya que de los hechos probados se desprende que efectivamente, en una embarcación cuya tripulación la componían todos los acusados, se encontró específicamente en un compartimiento falso en el interior del tanque de combustible 704 paquetes de cocaína, los que estaban en el interior de 29 fardos en sacos de mezcal, lo que es subsumible claramente en el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, que dentro de sus elementos objetivos del tipo está la conducta de “transportar” sustancias controladas en este caso cocaína, actos que ejecutaban de forma directa e intencional, no siendo posible subsumir la conducta en la facilitación de los medios de transporte, ya que de los hechos probados se desprende que, los acusados no actuaban como simples facilitadores de los medios para llevar la droga, sino que al conformar todos ellos la tripulación de la embarcación, actuaban de forma dirigida para transportar la considerable cantidad de droga incautada en el presente caso, no apreciándose ninguna incongruencia entre el factum de la sentencia y la conclusión a que llegaron los juzgadores al condenar a los acusados. No habiendo omisión en la aplicación del tipo penal mencionado en la causa que se falla, ni se ha pasado por alto la existencia de una ley que regule la cuestión debatida, tampoco existe evidencia de que los juzgadores se hayan resistido aplicar la norma penal aludida; razón por la cual se declara Sin Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por la defensa, en su único motivo..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 82 (Decreto)
Sentencia
279=2010
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN EL NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de septiembre del año dos mil doce, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los Magistrados: RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO, en su calidad de Coordinador, JACOBO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO; dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción del Precepto Constitucional, Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta de abril del año dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de Trujillo, Departamento de Colón, mediante la cual CONDENÓ a los señores: R. A. D.R., J. R. D. R., C. A. L. M., M. B. A., P. G. P. E., R. H. R. L., I. DEL A. A. y C. E. R. O., como autores responsables del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS AGRAVADO en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSION Y UNA MULTA DE UN (1) MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL LEMPIRAS (LPS.1,333,333.00). Interpuso el Recurso de Casación por Infracción del Precepto Constitucional, Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, el Abogado L. F. S., actuando en su condición de Apoderado Defensor.- SON PARTES: Los Abogados L. F. S. Y C. M. C. G., actuando en su condición de defensores de los señores: R. A. D. R., J.R. D. R., C. A. L.M., M. B. A., P.G. P. E., R. H. R. L., y C. E. R. O.; y la Abogada R. L. S., en su condición de Defensora Pública del señor I. DEL A. A.. Como parte recurrente; y la Abogada M. E. G., en su condición de representante del Ministerio Publico, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS PRIMERO: El día lunes cuatro de septiembre del año dos mil seis, a las nueve de la mañana, el encargado de la Capitanía de Puerto de la Marina Mercante, G. F. O. G., recibió una llamada telefónica de Guardacostas del Distrito 7 de Miami Estados Unidos de Norteamérica solicitando autorización para abordar dos embarcaciones que portaban Bandera hondureña localizadas en aguas internacionales, entre los límites de las costas de Colombia y la República de Panamá, luego de hacer los trámites pertinentes se concedió la autorización del abordaje de las embarcaciones V. y Miss Y. SEGUNDO: Los mismos Guardacostas informaron nuevamente a la Capitanía de. Puerto, que habían realizado una prueba de escáner de iones en la embarcación Miss Y. la que dio positivo a cocaína, pero no fue factible realizarle un registro en su interior debido al mal tiempo que imperaba en la zona y además presentaba algunos desperfectos mecánicos, por tal razón fue trasladada a la Base Naval de Puerto Castilla para garantizar la seguridad de la tripulación. TERCERO: El Comandante de la Base Naval de Puerto Castilla, J. A. M. Á., en fecha nueve de septiembre de ese mismo año, recibió de miembros del Distrito 7 de Miami, a una distancia de 20 millas de la Base Naval la Embarcación Pesquera Miss Y. de 655 pies de largo, casco blanco, con Permiso definitivo de navegación número DGMM PD:04383 y registro de matrícula número L=l8l2l4l capitaneada por R. A. D. R., J. R. D. R., C. A. L. M., M.B. A., P. G. P. E., R. H. R. L., I. del A. A. y C. E. R. O. como miembros de la tripulación. CUARTO: Al día siguiente de haber recibido la referida embarcación el Comandante de la Base Naval en presencia de miembros de la Lucha Nacional Contra el Narcotráfico y demás autoridades le practicó un registro en los compartimientos interiores de dicha embarcación donde encontraron un teléfono satelital, marca Qualcomm, color negro FCCJ9CGSTM1, CAW 27233281175, un GPS marca Foruno, tipo GPS/WAAS NAVIGATOR, modelo GP-32, serie número 3469-5698, color gris y al vaciar el tanque de combustible cerca de la popa en la parte superior poseía un orificio pequeño de forma cuadrada que permitió el ingreso de marinos navales auxiliados de un equipo de respiración artificial y en un compartimiento falso en el interior del mismo tanque hallaron 29 fardos en sacos de mezcal, conteniendo 28 de ellos 25 paquetes con aislante color negro y el otro fardo con 4 paquetes con el mismo envoltorio haciendo un total de 704 paquetes de polvo blanco los que una vez examinados por el personal del Laboratorio Toxicológico de Medicina Forense dependiente del Ministerio Público dieron un resultado positivo a cocaína. QUINTO: Luego de haberse practicado el hallazgo de la referida droga, R. A. D. R., J. R. D. R., C. A. L. M., M. B. Á., P. G. P.E., R. Hu. R. L., I. del A. A. y C. E. R. O. fueron trasladados a las oficinas de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de esta ciudad de Trujillo y en seguida los pusieron a la disposición del Ministerio Público quien presentó la correspondiente acción pública contra los acusados ante el órgano jurisdiccional. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación Infracción del Precepto Constitucional, Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II. RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. PRIMER MOTIVO. Al haber dictado el Juzgador sentencia condenatoria a los hoy imputados violentando normas de carácter constitucional a saber: “Infracción grave al debido Proceso, Estado de Inocencia, y derecho de defensa” por no admitir elementos de prueba de interés de la defensa que mantendría incólume el estado de inocencia de los imputados y a su vez hacerles valer el derecho de defensa, en evidente violación al debido proceso al no tener las mismas como útiles proporcionales y pertinentes al proceso incoado que les permitieran controvertir la prueba de cargo obrando en su descargo. PRECEPTO AUTORIZANTE: El Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: 1. Derecho de defensa en el artículo: 82 de la Constitución de la República, relacionado con los artículos 3, 4, 13, 14, 15, 20, 198 y 199 del Código Procesal Penal. Derecho de defensa: artículo 82 “El derecho de defensa es inviolable”… El cual se ejercita con la actividad probatoria de la parte defensora a través de su aportación de prueba que para ser admitida deberá considerarse lo establecido en el Artículo 199 del Código Procesal Penal … Los medios de prueba serán admitidos sólo si son pertinentes y se refieren, directa o indirectamente, al objeto de la investigación y resultan útiles para la investigación de la verdad… PRIMERO: Es así, que encontrándose en la etapa del debate o juicio oral y público, específicamente en audiencia de proposición de prueba, celebrada el día 20 de noviembre del 2008 y resuelto sobre la admisión de los mismos hasta el 08 de Diciembre de 2008, donde la defensa de los hoy imputados ofertó los medios de prueba que consideró: lícitos, pertinentes, útiles y proporcionales a su pretensión de defensa y lo que se pretendía conseguir en el debate; es así que tenemos y de acuerdo al delito impugnado que la Ley Sobre Uso indebido y tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias psicotrópicas en el artículo 5 numeral 34 establece como: TRAFICO ILICITO “Todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir o sacar del país o realizar transacciones a cualquier título de sustancias controladas, financiar actividades contrarias a las disposiciones de esta ley. SEGUNDO: Medios de prueba que de forma desacertadas el tribunal decidió no admitir los siguientes: a.- Prueba pericial. EVALUACION SOCIOECONOMICA. Cuya pretensión probatoria era establecer en que ámbito económico y social se desenvuelven los imputados y probar que los mismos no ostentan el nivel social-económico de personas que se dedican al tráfico de drogas, quienes cuentan con cuentas bancarias, bienes muebles e inmuebles, status económico familiar elevado atendiendo que de igual forma la cantidad de droga decomisada es millonaria y requiere una buena inversión y a su vez el beneficio de ganancia es superior entre otros aspectos a valorar y que nada corresponde a la situación precaria en la que viven los acusados, circunstancias éstas que el tribunal dejó de valorar al momento de decidir sobre su admisión al considerar que no fue una correcta proposición por no indicar la persona que realizaría la pericia y solicitar que la hiciera un perito oficial del Ministerio Público que la misma sección de Medicina Forense. b.- Prueba documental. B.1. libramiento de oficios al sistema financiero de Honduras.- Para establecer los escasos recursos económicos con que cuentan los imputados, y que bajo esas condiciones se concluiría en juicio oral y público que era imposible que los imputados se dediquen al tráfico de drogas y menos en esas cantidades aparentemente decomisadas y más aún cuando el Ministerio Público lo que pretendía demostrar era la compra y venta de droga. Medio de prueba que fue inadmitido meditando estos Juzgadores que el medio constituye un acto de investigación que no corresponde al órgano jurisdiccional. B.2.- Antecedentes penales de los imputados.- Si bien es cierto como se le expresó al tribunal esta circunstancia es propia para una audiencia de individualización, pero que por la naturaleza del delito era indispensable demostrar al tribunal que los acusados nunca se han visto ligados a actividades delictivas que también son propias de las personas que se dedican al tráfico de droga. (Desvirtuar el Indicio de oportunidad de los acusados). Este no se admitió al razonar que no tiene relación con los hechos resultando inútil para esclarecer la verdad. B.3. Prueba pericial.- Consistente en realizar una nueva pericia toxicológica a la droga (supuesta cocaína) para determinar si la misma es o no droga para poder hacer uso de un efectivo contradictorio entre la pericia ofertada por el Ministerio Público y la que solicita la defensa, todo ello con la muestra que guarda el Ministerio Público en sus laboratorios y en cumplimiento a lo que ordena el reglamento de recolección y almacenamiento de evidencia entre ellas la orden legal de guardar una muestra de cada una de las evidencias para cualquier pericia que alguna de las partes solicitare. Esta pericia a la defensa se la denegó el Tribunal, al analizar que ya existía una pericia realizada por el Ministerio Público en la etapa probatoria y que otra era dudar de la objetividad de los peritos oficiales del Ministerio Público. TERCERO: En audiencia de juicio oral y público al momento de plantearse un turno de incidentes esta defensa esbozó cuatro nulidades: detención ilegal, registro de barco, pericia toxicológica a la supuesta droga, acta de incineración, para tal efecto y acreditar las nulidades propuso una serie de elementos de prueba donde al efecto el tribunal sin declarar la admisión y mucho menos la evacuación de las mismas declaró sin lugar el incidente planteado, vulnerando así el derecho de defensa de los imputados. CUARTO: El tribunal, una vez evacuada la prueba de la Fiscalía y al momento de evacuar la prueba de la defensa, de forma adversaria y desmedida decidió que no iba a evacuar la prueba de la defensa, consistente en libramiento de oficios al sistema financiero de honduras, porque la institución relacionada con esto, no había dado respuesta satisfactoria aun a dichos oficios y solicitaba al tribunal que le brindará los números de identidad de los imputados.- A lo que el tribunal decidió no brindar la información solicitada aun teniendo la misma, por considerar que ese era trabajo de la defensa no del tribunal habida cuenta a prueba era de ésta, y es así que los imputados quedaron indefensos frente a este atropello ejecutado en contra del derecho de defensa. 2.- Estado de Inocencia en el artículo 89 de la Constitución de la República, relacionado a los artículos 2, 3, 20 del Código Procesal Penal. Artículo 89 Constitucional “toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. Habiéndose dictado una sentencia condenatoria solo con la prueba de cargo al no admitirse la prueba de descargo ofertada, existe evidente violación al derecho de aportación de prueba que tiene el inculpado para desvirtuar imputaciones y hacer efectivo el derecho a contradicción al no permitírsele a la defensa hacer uso de este derecho se ve infringido su estado de inocencia que culminó con una sentencia condenatoria como era de esperar bajo las premisas antes indicadas al haberse desarrollado un juicio injusto sin igualdad de armas. 3.- Derecho a un debido Proceso regulado en el artículo 90 y 93 de la Constitución de la República, relacionado a los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14 y 20 del Código Procesal Penal. Artículo 90 “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. De esto se desprende que a parte del derecho que tienen los imputados de ser juzgados por juez competente, natural, imparcial e independiente de igual forma ese derecho al debido proceso se extiende a que cada acto que se realice o no en el proceso debe darse en apego a los parámetros establecidos en nuestro ordenamiento jurídico entre ellos, La Constitución de la República que consagra el principio de legalidad, derecho de defensa, el estado de inocencia y son desarrollados ampliamente en las normas secundarias entre ellas el Código Procesal Penal que en su articulado establece específicamente en su artículo 199 que los hechos traídos a juicio por las partes podrán ser demostrados utilizando cualquier medio de prueba, siempre que éstos sean pertinentes, útiles y proporcionales tal como se demostró al tribunal sobre estas circunstancias, éstas que no fueron valoradas por el tribunal. RECLAMO: Respecto a la obligación contenida en el artículo 363 del Código Procesal Penal, en el sentido de señalar el reclamo que se haya realizado para subsanar el vicio procesal, señaló que el vicio se dio en el juicio oral y público al no admitir en la audiencia de proposición de pruebas los medios de prueba ofertados por la defensa tal como se señala en los numerales anteriores. De esta resolución se interpuso el correspondiente recurso de reposición donde únicamente se repuso dicho auto en cuanto a admitir el medio de prueba libramiento de oficio al sistema financiero. (ver escrito y resolución en expediente); se interpuso recurso de amparo, ante la honorable Corte de Apelaciones de la Ciudad de La Ceiba.- Mismo que se declaró sin lugar, a consideración de este tribunal de alzada que esto debería de resolverse mediante el respectivo recurso de casación en el caso de que los imputados saliesen condenados. (ver escrito y resolución en expediente); ya en la audiencia propia del juicio oral y en la parte de incidentes, nuevamente se ofertaron dichos medios de prueba antes rechazados y nuevamente se declararon sin lugar y aun más no se evacuó el medio de prueba que se había admitido, consistente en el libramiento de oficio al sistema financiero al no haber traído a la vista oral la defensa el oficio cuando es una comunicación directa del Ente Financiero al Tribunal teniéndolo así como no presentado el Tribunal ya que la defensa en ningún momento desistió del mismo, tal como consta en el acta del debate y la oposición de la defensa y en la sentencia definitiva que es la que se ataca con ese recurso, razón por la cual el reclamo lo constituye el presente recurso. EL PERJUICIO: El motivo enunciado en el presente recurso le causa perjuicio a los imputados ya que si la sentencia se hubiere dictado conforma a las normas constitucionales precitadas, la relación de los hechos y la valoración de la prueba sería otra, en apego al debido proceso mis representados hubiesen sido absueltos al no acreditarse culpabilidad alguna ya que estos medios de prueba lo que pretendían era que el tribunal, al momento de admitir y valorar los mismos por su pertinencia, utilidad y proporcionalidad, hubiese llegado a dictar una sentencia absolutoria y no condenatoria como se hizo y todo ello por habérseles violentado su derecho a defenderse mediante un verdadero contradictorio con la prueba existente y fue rechazada indebidamente en un juicio oral y público, o bien, el resultado hubiese sido el mismo pero habiendo escuchado sus pruebas, en juicio justo objetivo y con la satisfacción de los imputados de haberse defendido y valorado su prueba. Se propone medio de prueba. En el desarrollo de este motivo de casación por infracción de precepto constitucional, he referido aspectos que se han hecho constar en: escrito de recurso de reposición interpuesto por la defensa contra la resolución de denegatoria y admisión de medios de prueba, recurso de amparo ante la declaración sin lugar del recurso de reposición, la resolución del recurso de amparo y el acta del debate en su etapa de incidentes lo anterior con fundamento en el artículo 368 del Código Procesal Penal. III.- RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY. SEGUNDO MOTIVO: “Infracción de norma jurídica de carácter sustantivo como lo es la Ley Sobre el Uso Indebido y Trafico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas”. Al haber dictado el Juzgador sentencia condenatoria a los hoy imputados violentando normas de carácter sustantivo como lo es la Ley Sobre el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas al calificar los hechos en un delito de TRAFICO DE DROGAS subsumido en el artículo 18, y no en que de acuerdo a los hechos probados derivan a la calificación de un delito de facilitación o transporte de drogas en su artículo 22 de la misma ley tal como se resolvió en la audiencia de juicio oral y público al momento de dictar el fallo se hizo por el delito de TRAFICO DE DROGAS BAJO LA MODALIDAD DE TRANSPORTE DE DROGAS bajo la modalidad de transporte, en la audiencia de individualización se les penalizó por un delito de POSESION Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS AGRAVADO y al momento de emitir la sentencia lo plasmó por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS AGRAVADO entrando en contradicción lo fallado inmediatamente después del juicio, con la sentencia dada por escrito sin la lectura correspondiente aun cuando así lo expresa la misma que debería ser en audiencia pública lo cual no se hizo.- En igual situación frente a la inexistencia del DOLO, enmarcada en la autoría del artículo 3 del Código Penal, aquel como elemento indispensable del tipo penal la sentencia puedo ser absolutoria, atendiendo la aplicación indebida de la norma sustantiva señalada. PRECEPTO AUTORIZANTE: El Artículo 360 del Código Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: De los hechos declarados probados no se determinan que se establezcan los elementos del tipo penal de tráfico de drogas agravado, (más que la acción de transportar bien a título propio o a nombre de tercero) no se instituye quien de los ocho imputados realizó la acción propia y material de traficar, (si fue el dueño de la embarcación, el capitán, la tripulación o el resto del personal que aparece enlistado como tripulantes, dueño y cuatro tripulantes que no aparecen ahora como imputados sin saber las razones del porqué); y no se individualiza el accionar de cada uno de los acusados. Tampoco está establecido con claridad el grado de participación de cada uno de ellos es decir; en su calidad de autores, cómplice necesario, cómplice simple, encubrimiento, etc., atendiendo que la supuesta droga venía dentro del tanque de combustible que fue necesario hasta utilizar equipo de buceo para ingresar al tanque, es decir que no estaba visible ni disponible a la tripulación. Así lo demuestran las pruebas evacuadas y valoradas por el tribunal (aunque tengan carácter de ilícitas como se demostrará en el siguiente motivo). Lógicamente se aprecia que su accionar no se apega a un plan elaborado previamente, tal como no fue probado por el Ministerio Público el actuar doloso individualizante de los imputados, porque no es menos cierto que la sola presencia de los imputados en la embarcación no los hace responsables de un hecho, más aun cuando se desprende de los mismos hechos que cada uno de los imputados tienen la función de: cocineros, asistentes de cocina, maquinistas, capitán…(ésto según la Dirección de Marina Mercante) pero no se determina ni se probó, que alguno de los acusados tenían la función de ser responsable de la carga de combustible o en su defecto la responsabilidad del lugar donde se encontraba la droga, por lo que no todos se vuelven responsables ya que los tripulantes solo cumplen las órdenes emanadas del dueño de la embarcación o del capitán de la misma tal como lo señalan los testigos de cargo de la acusación, en consecuencia no se ha demostrado, quien sostuvo en todo momento el control sobre el hecho, pues hubiese bastado determinar quien era el responsable de los tripulantes de la embarcación del tanque de combustible, quien de la compra del mismo, quien de su llenado o limpieza entre otras circunstancias, lo cual no se hizo en la investigación y mucho menos quedó probado en juicio, pues al momento del registro no les encuentran nada de dinero, objetos de valor que demuestren tal circunstancia gravosa, indicio o relación con la acción. Así las cosas vemos, que no tienen la acusación y desde luego la sentencia que es la que se ataca con este remedio procesal, el sustento de ley sustantivo para enmarcar los hechos declarados probados en un delito de trafico de drogas agravado, ya que no se cuenta con los elementos del tipo penal exigidos por el mismo entre ellos el dolo de cada uno de los imputados y donde ante la ausencia del dolo, la falta de acreditación de los elementos propios del tipo penal; comprar, vender, …)y la incertidumbre que generan los hechos confusos planteados como así la existencia de dos fallos de culpabilidad dictados con dos calificaciones jurídicas distintas: tráfico de drogas bajo la modalidad de transporte y tráfico de drogas. RECLAMO: Respecto a la obligación contenida en el artículo 363 del Código Procesal Penal, en el sentido de señalar el reclamo que se haya realizado para subsanar el vicio procesal, señalo que el vicio se dio en el juicio oral y público específicamente en la parte de culminación de la primera fase del juicio o fallo condenatorio por el delito de tráfico de droga por la modalidad de transporte, en la segunda etapa fue por posesión y tráfico ilícito de drogas pero ya en la sentencia por escrito se condenan por un delito de Tráfico de drogas agravado sin razonar acerca de la convicción de la existencia de la agravante o que realmente haya sido una circunstancia sin la cual no se hubiese realizado la acción imputada y que de los hechos probados se desprende que los mismos pudiesen ser calificados en un delito de facilitación de transporte de la supuesta droga, ya sea ejecutando la acción de transportar el propio dueño de la embarcación o cualquiera de los capitanes abordo que fueron contratados para la pesca y lo que hicieron fue facilitar el vehículo marítimo asignado para que terceros ejercieran una actividad contraria, de ésto nada se sabe, sólo son hipótesis frente a la insuficiencia probatoria ofertada por el ente fiscal, para lo que ha creado confusión en los imputados y la sociedad al escuchar veredictos diferentes, razón por la cual el reclamo lo constituye el presente recurso, a efecto de que se dicte el fallo apegado a derecho. EL PERJUICIO: El motivo enunciado en el presente recurso le causa perjuicio a los imputados ya que si la sentencia se hubiere dictado conforme a las normas jurídicas sustantivas precitadas, la relación de los hechos y la valoración de la prueba sería otra, en apego al debido proceso mis representados hubiesen sido absueltos por no haberse probado la existencia del dolo de forma individualizante o en su caso la calificación sería otra como la de facilitación de transporte de droga, pues el capitán o los capitanes (zarparon dos) de la embarcación tenía autorización para pescar y aprovechando tal atribución facilitó la embarcación para que en ella se transportase la droga cuyo propietario aun se desconoce. Se propone medio de prueba. En el desarrollo de este motivo de casación por infracción de ley o norma sustantiva, he referido aspectos que se han hecho constar en el acta de debate donde se dicta el fallo de forma oral por un tipo penal que no es el mismo por el cual se penaliza en la individualización y en la sentencia escrita. Lo anterior con fundamento en el artículo 368 del Código Procesal Penal. IV. RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. TERCER MOTIVO. Al haberse dictado por el juzgador sentencia condenatoria a los hoy imputados, haciendo valoración de prueba inobservando normas de carácter procesal y que en consecuencia transgredí normas constitucionales. PRECEPTO AUTORIZANTE. Artículo 362 numerales 2 del Código Procesal Penal. Relacionado al 202 de la misma norma. EXPLICACION DE LOS MOTIVOS: Primero: de acuerdo a lo establecido en el artículo 362 numeral 2 “Que se base en medios o elementos de prueba no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del libro segundo de este código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. Del análisis del artículo anterior se tiene que existe quebrantamiento de forma cuando: 1.- En la sentencia se base en medio o elementos de prueba no incorporados legalmente al juicio como ser: a.- ACTA DE DECOMISO DE LA EMBARCACION Miss Y. (folio 48)…- misma que la petición de la fiscalía y admitida por el tribunal debía ser ratificada por O. O. G. M., quien es a su vez testigo de cargo donde consta en el acta de debate que al momento de la evacuación de esta prueba el testigo ratificante al preguntarle el tribunal si ratifica el contenido del acta y si se encuentra su firma, manifestó: “que no”, en consecuencia el tribunal de sentencia no debió darle ningún valor probatorio de la forma que lo hizo en la sentencia en su apartado “tercero” de la “valoración de la prueba”, ya que el propio tribunal reconoce que el acta contiene firmas ilegibles y no fue ratificado en la audiencia de juicio oral y público por la no comparecencia de la persona que efectuó el mismo. Esto que no es cierto ya que la persona ofertada para tal fin si compareció, desconociendo la defensa a que otra persona se refiere el tribunal cuando dice “que no compareció la persona que efectuó el mismo”, cuando efectivamente compareció el ofrecido por el Fiscal pero manifestó no ratificarlo. Es así que bajo estas circunstancias este documento no debió dársele valor probatorio alguno en perjuicios de los imputados, ya que sin esta prueba no se puede establecer el decomiso a quien se realizó tanto de la embarcación y de la supuesta droga. Y al no haberse hecho tal valoración la sentencia pudo ser diferente a la que se dictó. Artículos 4, 311 del Código Procesal Penal.- b.- LAS ACTAS DE REGISTRO PERSONAL (folio 49 al 55). Estas fueron ratificadas algunas de ellas por el testigo O. O. G. M., pero que la defensa se pronunció en relación a este medio de prueba que el acta de registro personal a folio 49 “no establece el lugar donde se practicó el registro” del señor J. R. D. y que el acta de registro a folio 50 “solo participó como testigo”, dijo el ratificante el acta de registro personal a folio 51 “refiere a un detective 40” pero no aparece firmada ni el lugar donde se realizó el registro; las actas de registro personal a folio 54 y 55 “no puedo ser ratificada porque no aparece ni la placa ni la firma del ratificante”. En consecuencia bajo los mismos términos del medio de prueba anterior el tribunal no pudo haberle dado valor probatorio a estos medios de prueba por la falta de ratificación y a su vez porque no reúnen los requisitos que deben llenar todas las actas de acuerdo a los artículos: 4, 132 y 311 numeral 4, 326 del Código Procesal Penal, quien exige la ratificación para hacer uso efectivo del contradictorio ante este medio de prueba, lo cual no fue posible como se señala por la falta de ratificación clara y precisa.- c) ACTA DE ENTREGA DE EMBARCACION. (folio 60). ésta fue ratificada por el testigo de cargo M. A. M., quien en acta de debate manifestó que reconocía en el documento su firma, de ésto la defensa se manifestó en desacuerdo atendiendo que dicho testigo al momento de la proposición de esta prueba no fue ofertado como ratificante del mismo, en consecuencia al no haberse solicitado su ratificación oportunamente y sin la lectura previa de dicho documento y el tribunal conceder su ratificación de igual manera se parcializó con el ente fiscal al volverse juez y parte en el proceso actuando de forma oficiosa en la causa, por lo que de igual forma vulnera los principios consagrados en la norma procesal penal a saber: derecho de defensa, principio de igualdad de parte, al juez imparcial, consagrados en los artículos precitados. En consecuencia devenía el tribunal a no darle valor probatorio y mucho menos de la forma que lo hizo.- d.- DICTAMEN TOXICOLOGICO.- ratificado por G.E. M. S. (folio 18).- al momento de dictar la sentencia en la parte “valoración de prueba” en su apartado tercero numeral 7, el tribunal le da valor probatorio y legalidad al mismo para establecer con el mismo que lo supuestamente decomisado en una embarcación era cocaína aunque el tribunal reconoce de forma expresa que no se precisó el grado de pureza de la misma por no contar en el instante con un patrón certificado.- Que grado de credibilidad le puede dar una tribunal a un dictamen toxicológico cuando el mismo es insuficiente, no da certeza la pericia en sí; ¿porqué el tribunal al reconocer las deficiencias del dictamen las mismas las valora en perjuicio de los imputados debiendo ser lo contrario restarle valor por su no consistencia pericial. En relación a este medio de prueba pericial toxicológico, la defensa en el momento procesal oportuno interpuso incidente de nulidad para que el mismo fuera declarado ilícito, pero el tribunal resolvió sin lugar la nulidad por considerar que la prueba se evacuó como preconsentida, dando a entender que cuando se realiza de esta manera no necesita nombramiento el perito, lo que no es cierto ya que la evacuación del mismo se ordenó en la etapa preparatoria o investigativa (audiencia de imputado) bajo la modalidad de prueba anticipada, así lo dice la resolución que se dictó en esta audiencia y posterior a ella olvidando esas formalidades lo que pasó fue, que se realizó la pericia sin: Que el perito fuera nombrado y juramentado, no hay acta de aceptación del cargo por el perito, así lo manifestó la perito al momento de ratificar su dictamen al ser preguntada: ¿usted fue juramentada para realizar dicha pericia? Y ella contestó “NO”.- por lo que es evidente la vulneración al artículo 242 y 326 del Código Procesal Penal que señala que la pericia sólo puede ser realizada “una vez envestido judicialmente el perito. Y mucho menos la diligencia se realizó en apego a lo establecido en el artículo 277 del Código Procesal Penal” es decir como prueba anticipada”. En consecuencia este medio de prueba no debió ser valorado por el tribunal en perjuicio de los imputados, ya que al no haberse evacuado con las formalidades exigidas por la ley procesal en su artículo 326 (juramentación de peritos), no es posible tener por acreditado la existencia de una supuesta droga y hoy por hoy el fallo proferido sería distinto al que se dictó.- e.- DICTAMEN PERICIAL DE UN GPS. realizado por el Perito David Cano y que es valorado por el tribunal en el apartado cuarto de la sentencia en su párrafo segundo.- al momento de la evacuación de esta prueba, la defensa se centró a interrogar al perito para determinar si su nombramiento era legal, si estaba enmarcado dentro de las normas del Código Procesal Penal y si pudo constar que dicha pericia es ilícita veamos porqué: Según manifestó el perito a la pregunta: ¿Qué quién le solicitó la pericia? Este respondió; el Ministerio Público, ¿en qué fecha recibió la solicitud? Respondió: Enero del 2008.- ¿después que se presentó el requerimiento fiscal cuánto tiempo había transcurrido? Contestó: un año cuatro meses.- ¿cuánto tiempo lo tuvo (refiere al apartado objeto de la pericia) a su disposición a partir del requerimiento fiscal contestó: un año. (sólo Dios sabe haciendo que y sin cadena de custodia). De todo el testimonio brindado por este testigo, se puede apreciar que la pericia se realizó una vez que la causa estaba judicializada y que la misma necesitaba el control jurisdiccional para su validez, con la intervención de las partes en juicio para no vulnerar su derecho a defensa a un efectivo contradictorio, no podía realizarse dicha pericia de forma unilateral por el Ministerio Público, necesitaba proponer al perito ante el Juzgado respectivo y que éste realizara el nombramiento del mismo y que aquel aceptara el cargo en él recaído; procedimiento éste que fue violentado en la norma procesal penal en su artículo 242 y 326; y que en consecuencia al ser ilícita dicha prueba la misma no pudo dársele valor probatorio.- f.- ACTA DE INCINERACION DE LA DROGA. (folio 19 al 22).- misma que fue solicitada por la fiscalía del Ministerio Público con las formalidades de la prueba anticipada y de acuerdo a lo establecido en la Ley sobre el Uso Indebido y Tráfico de Drogas y Sustancias Psicotrópicas y que al momento de su evacuación no se realizó en cumplimiento a lo estatuido al artículo 277 y 326 del Código Procesal Penal y la ley especial, que concierne como lo es la Ley sobre el Uso Indebido de Drogas y Sustancias Psicotrópicas en su artículo 38 por lo que vuelve la diligencia ilícita no procedente su valoración de la forma que se realizó en la sentencia su apartado “valoración de la prueba en su parte tercera numeral 8”.- g.- EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE DIRECCION DE LA MARINA MERCANTE (folio 342 al 358). Previo a la evacuación de este medio de prueba, el tribunal señaló que el expediente se encontraba transcrito parte en el idioma español y otra en inglés, por lo que ordenó su incorporación por lectura únicamente la que se encontraba en el idioma español dejando de evacuar la prueba documental relacionada que estaba en inglés, vulnerando así el derecho de defensa de las partes mediante el buen uso del derecho a un contradictorio efectivo y en igualdad de partes como también vulnera el artículo: 4, 13, 14, 125 del Código Procesal Penal.- h. CADENA DE CUSTODIA. (folio 113). Misma que fue propuesta por le Ministerio Público para acreditar el buen manejo de la evidencia (droga) y que muy al contrario lo que demuestra fue la violación al debido proceso recogido de la norma Constitucional en el Código Procesal Penal en su artículo 1 (juicio previo). Es así que cuando la perito forense de toxicología fue interrogada ésta manifestó que la supuesta droga la había recibido el Juez de Letras que de la causa conocía pero en esta cadena se establece que recibió del otro perito que realizó la pericia de forma conjunta que la pericia la realizó en seis horas, mientras que en el documento se relaciona que la recibió a las 4:00 p.m. y la devolvió a las 4:09 p.m..- lo que hace imposible que haya hecho esta pericia en el término de nueve minutos de 704 kilos de supuesta droga, a quien le creemos a lo manifestado por ella o al documento ofertado como cadena de custodia, donde frente a este tipo de contradicción lo procedente es restarle valor a dicho medio de prueba por haberle vulnerado la legalidad del mismo. 2.- La sentencia excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. En la audiencia de juicio oral y público y al momento de la evacuación de los medios de prueba de la defensa, ésta solicitó la evacuación de la prueba consistente en el libramiento de los oficios al sistema financiero para determinar si los imputados tenian o no cuentas bancarias que demostraran tener la capacidad económica para comercializar con droga, el tribunal luego que había admitido dicho medio de prueba y a su vez librado los oficios correspondientes resolvió tener por no presentado dicho medio de prueba, por considerar que la defensa no fue a la institución donde le libraron los oficios para recoger los mismos, a pesar de que se le dieron las explicaciones que fue imposible que se nos entregaran dicha información ya que solo al tribunal podían dársela por ser quien libró los oficios aparte de ello el tribunal había mandado los oficios sin la identidad de los imputados aun cuando constaban en el expediente de mérito.- pero al final el tribunal erróneamente determinó que fue por la responsabilidad de la defensa al no individualizar a los imputados, con sorpresa recibimos esta resolución cuando la norma penal procesal hondureña establece que corresponde dicha individualización al Ministerio Público desde su requerimiento y al Tribunal al momento de dictar su sentencia, previo a ello y al momento de iniciar el juicio deberá conocer las generales individualizante de los imputados a quien va a juzgar. El hecho de excluir un elemento de prueba de interés de la defensa vulnera el principio de igualdad procesal, el debido proceso, el derecho de defensa consagrado en el Código Procesal Penal en sus artículos: 13 y 14. RECLAMO: Respecto de la obligación contenida en el artículo 363 del Código Procesal Penal, en el sentido de señalar el reclamo que se haya realizado para subsanar el vicio procesal, señaló que el vicio se dio en el juicio oral y público específicamente en su desarrollo al evacuarse medios de prueba que por su carácter de ilícitos nunca debieron ser valorados al momento de dictar la sentencia y al no poder hacerlo en otro momento, razón por la cual el reclamo lo constituye el presente recurso. A efecto de que se anule la sentencia se repita nuevamente el juicio oral y público con las formalidades de ley. EL PERJUICIO: El motivo enunciado en el presente recurso le causa perjuicio a los imputados ya que si la sentencia se hubiere dictado conforme a las normas jurídicas procesales precitadas, la relación de los hechos y la valoración de la prueba sería otra, en apego al debido proceso mis representados hubiesen sido absueltos por la insuficiencia probatoria, frente a la ilicitud de las ofertadas por la acusación. Se propone medio de prueba. En el desarrollo de este motivo de casación por Infracción de precepto por quebrantamiento de forma, he referido aspectos que se han hecho constar en el acta de debate donde se tiene los alegatos, interpuestos los reclamos oportunos mediante los recursos correspondientes. Lo anterior con fundamento en el artículo 368 del Código Procesal Penal. DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL MOTIVO UNICO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LA DEFENSA: I. Los recurrentes argumentan, que los juzgadores incurrieron en Infracción grave al debido Proceso, Estado de Inocencia, y derecho de defensa, por no admitir elementos de prueba de interés de la defensa, tales como la prueba pericial evaluación socioeconómica, cuya pretensión probatoria era establecer en que ámbito económico y social se desenvuelven los imputados y probar que los mismos no ostentan el nivel social-económico de personas que se dedican al tráfico de drogas; también no fue admitida la prueba documental libramiento de oficios al sistema financiero de Honduras, para establecer los escasos recursos económicos con que cuentan los imputados; igualmente los Antecedentes penales de los imputados, que por la naturaleza del delito era indispensable demostrar al Tribunal que los acusados nunca se han visto ligados a actividades delictivas; así como la prueba pericial consistente en realizar una nueva pericia toxicológica a la droga (supuesta cocaína) para determinar si la misma es o no droga. II. En consonancia con el recurso que se conoce, debe señalarse que, el debido proceso tiene relación con el ideal garantista para juzgar, que no sólo requiere la intervención de un órgano jurisdiccional con independencia e imparcialidad objetiva, sino también una instancia ante la cual las partes puedan debatir sus diferencias en un plano de igualdad de condiciones, por eso es la exigencia constitucional de que el juzgamiento se realice con las formalidades, derechos y garantías establecidas en la ley; en relación al “estado de inocencia” lo que corresponde es comprobar y verificar si en la audiencia de juicio en la que se aprecio la prueba, se dispuso en la misma del mínimo de actividad probatoria, llevada a cabo con las debidas garantías constitucionales y procesales. III. Esta Sala de lo Penal, al hacer una revisión de los antecedentes de presente caso, se encontró que los medios de prueba pericial evaluación socioeconómica y la prueba documental libramiento de oficios al Sistema Financiero de Honduras, se les pretendió incorporar por parte de la defensa, en la audiencia de proposición de pruebas, teniendo en ese momento expedito los recursos en contra de la negativa del Tribunal para admitir los mismos. Ya en el momento de los incidentes en el debate (folios # 412 v., y 413 v.), fueron propuestos como nuevos medios de prueba los antecedentes penales de los imputados y una nueva pericia toxicológica a la droga, las que por un lado no se convierten en ese momento procesal en verdaderos nuevos medios de prueba, pues para el caso de la droga su existencia se constata desde los primeros momentos de la etapa preparatoria del proceso penal, y no surge de un hecho o elemento desconocido por la defensa hasta el momento del debate, y en el caso de los antecedentes penales, en la audiencia de individualización de la pena (folio # 422), fueron evacuados los mismos como prueba documental, por lo que no tiene razón de ser, alegar violación garantías constitucionales de una prueba documental que ya fue admitida y evacuada por los sentenciadores en la cesura del juicio; es por ello, que es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por la defensa. DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL MOTIVO UNICO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY INTERPUESTO POR LA DEFENSA: I.- El censor, plantea que los juzgadores incurrieron en la Infracción de Norma Jurídica de carácter sustantivo como lo es la Ley Sobre el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, al calificar los hechos como Tráfico de Drogas, debiendo ser la calificación de un delito de Facilitación de los medios para el Transporte de Drogas. II. Como lo ha venido repitiendo esta Sala de lo Penal, “La Falta de Aplicación de la Ley” como infracción, debe resultar necesariamente a partir de los hechos declarados probados, cuando los jueces omiten la ley aplicable a la causa que se falla, o se pasa por alto la existencia de una ley que regule la cuestión jurídica que se debate, o en forma deliberada se resiste a aplicarla; y “La Aplicación Indebida” es una especie de Casación por Infracción de Ley, consistente en la invocación por los sentenciadores de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad que aparece consignada en los hechos probados, de tal forma que se aprecia la incongruencia entre el factum de la sentencia y la norma penal que se asigna, por lo que la infracción se produce al citar y fundamentar el fallo con una norma extraña a los hechos estimados probados. III. En el caso examiné, no llevan razón los recurrentes en su planteamiento, ya que de los hechos probados se desprende que efectivamente, en una embarcación cuya tripulación la componían todos los acusados, se encontró específicamente en un compartimiento falso en el interior del tanque de combustible 704 paquetes de cocaína, los que estaban en el interior de 29 fardos en sacos de mezcal, lo que es subsumible claramente en el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, que dentro de sus elementos objetivos del tipo está la conducta de “transportar” sustancias controladas en este caso cocaína, actos que ejecutaban de forma directa e intencional, no siendo posible subsumir la conducta en la facilitación de los medios de transporte, ya que de los hechos probados se desprende que, los acusados no actuaban como simples facilitadores de los medios para llevar la droga, sino que al conformar todos ellos la tripulación de la embarcación, actuaban de forma dirigida para transportar la considerable cantidad de droga incautada en el presente caso, no apreciándose ninguna incongruencia entre el factum de la sentencia y la conclusión a que llegaron los juzgadores al condenar a los acusados. No habiendo omisión en la aplicación del tipo penal mencionado en la causa que se falla, ni se ha pasado por alto la existencia de una ley que regule la cuestión debatida, tampoco existe evidencia de que los juzgadores se hayan resistido aplicar la norma penal aludida; razón por la cual se declara Sin Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por la defensa, en su único motivo. DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL MOTIVO UNICO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA: I. Los censores argumentan que la sentencia se basa en medios o elementos de prueba no incorporados legalmente al juicio como ser: el acta de decomiso de la embarcación, actas de registro personal, acta de entrega de embarcación, dictamen toxicológico, dictamen pericial del GPS, acta de incineración de la droga, expediente administrativo de la dirección de Marina Mercante, la cadena de custodia, y que se excluyó o dejo de considerar prueba de valor decisivo, tal como el libramiento de oficios al sistema financiero. II. Para esta Sala, el recurrente plantea de forma confusa e imprecisa los motivos, ya que invoca dos vicios en un sólo motivo. Para el caso sobre la incorporación ilegal del acta de decomiso de la embarcación (folio # 48) y registro personal (folios 49 a 55), el hecho de que no hayan sido ratificadas no las convierte en ilegales sus incorporaciones, las que fueron evacuadas mediando los principios de inmediación y contradicción, además de que la norma procesal establece que excepcionalmente pueden ser incorporadas dichas actas, y que habrán de ratificarse “siempre que sea posible”. En relación al acta de entrega de la embarcación, que se alega su ilegalidad porque fue ratificada por un testigo que no había sido propuesto para ello, esta Sala, no encuentra ilegalidad alguna en que un testigo de la causa previamente admitido para declarar, haya también ratificado un documento que con antelación se había admitido para ser evacuado, no vulnerándose derecho alguno en dicho acto de ratificación. En relación al dictamen toxicológico (folio # 18), el mismo fue ordenada por el Juez de Letras, para que se practicara por un perito oficial de medicina forense, conociendo de ello la defensa de los imputados desde las primaras etapas del proceso, por lo que no existe vulneración al derecho de defensa que pudiese provocar que la prueba haya sido incorporada ilegalmente, igual argumento en relación con el acta de incineración de la droga (folio # 19 a 22). En cuanto a dictamen pericial de un GPS, se alega que se nombró una persona por el órgano acusador sin control jurisdiccional, pero lo que no se establece es que la defensa desconocía dicho nombramiento, además de que los juzgadores admitieron prueba dentro de los límites de la libertad probatoria, siempre que fueran objetivamente confiables. Al evacuarse el expediente administrativo de la Marina Mercante, los juzgadores deciden bien en sólo incorporar por lectura la transcripción en idioma español, como idioma oficial. La cadena de custodia fue cuestionada por la defensa por la forma en que se llevaron a cabo las mismas, específicamente en el tiempo en que se ejecutó la pericia toxicologica, ya que la perito dijo que la realizó en 6 horas, y en el documento aparece que fue en minutos, pero el Tribunal acepta lo dicho por la perito en su declaración, porque toma en consideración lo manifestado por ésta de viva vos al momento de la evacuación, respetándose los principios de oralidad y contradicción. En lo que respecta a que se excluyó o dejó de considerar prueba de valor decisivo, tal como el libramiento de oficios al sistema financiero, el mismo recurrente acepta que los juzgadores libraron los oficios solicitando la información pertinente, la que no fue recibida por el órgano jurisdiccional, sin que le sea imputable el no recibo de la información a éste último, tampoco expone el recurrente, por qué considera que dicha información estaba revestida de un contenido de singular importancia para la resolución del debate. Es por todo lo anterior, que se declara Sin Lugar el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la defensa, en su único motivo. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 89, 90, 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 360, 361, 362.2 y 369 del Código Procesal Penal; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; FALLA: Declara SIN LUGAR los Recursos de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo, Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, invocados por los Abogados L. F. S. Y C. M. C.G., actuando en su condición de defensores de los señores R. A. D. R., J.R. D. R., C. A. L. M., M. B. A., P.G. P.E., R. H. R. L., y C. E. R. O.; y la Abogada R. L. S., en su condición de Defensora Pública del señor I. DEL A. A., en la causa que se les siguió por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS AGRAVADO en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que se proceda a ponerla en efectiva ejecución.- Redactó: EL MAGISTRADO CALIX HERNANDEZ. NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.-”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil doce.- Certificación de la Sentencia de fecha diecinueve de septiembre de dos mil doce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No.S.P.279=2010.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL
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