Sentencia CP-272-10 — Registro 9991
Resumen
En primera instancia se condena al imputado como autor responsable del delito de malversación de caudales públicos, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El Recurso planteado bajo éste título no es de recibo por cuanto en primer término resulta confuso determinar la vinculación del artículo 96 de la Constitución de la República en el argumento recursivo y por otro lado la Sala de lo Penal considera que no ha existido violación al Principio del Debido proceso, por cuanto el Informe de Auditoría de fecha 26 de Abril del año 2007 (F. 45), fue ordenado y practicado al amparo de las normas del Código Procesal Penal, sin que exista conflicto por ello con la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, certifica la sentencia que literalmente dice: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS. LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de Septiembre del año dos mil doce, por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO, Coordinador, JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ Y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO Y, dicta sentencia conociendo el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha dos de junio de dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, mediante la cual falló: 1) ABSOLVIENDO al acusado E. R. S. C., por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA; asimismo condenó a dicho acusado como autor responsable del delito de MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA, a la pena de SIETE (7) AÑOS DE RECLUSION. 2) CONDENANDO al imputado E. R. S. C., a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA, por el doble del tiempo que dure la condena principal, asimismo a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario.3) NO CONDENO en costas procesales, personales, ni gastos ocasionaos por el juicio.4) DECLARO la responsabilidad civil del condenado.-Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, el Abogado M. A. A., en su condición de Apoderado Defensor del Señor E. R. S. C.. Son partes: Los Abogados R. A. I. y M. Á. A., Defensores Privados del Señor E. R. S. C., en su condición de Recurrente y el Abogado J. C. S. V., Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrido. CONSIDERANDOI.-El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Abogado M. Á. A., en su condición de Apoderado Defensor del Señor E. R. S. C. reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. HECHOS DECLARADOS PROBADOS II.- El Tribunal de Sentencia juzgador, en el fallo objeto de impugnación, declaro como probados los hechos siguientes: Primero: El Señor E. R. S. C. durante el periodo 1998-2002, se desempeñó como Alcalde Municipal de Santa Bárbara del Departamento de Santa Bárbara. Segundo: En fecha treinta de Marzo del dos mil dos (30/marzo/2002), el imputado E. R. S. C., retiró de los fondos de la Tesorería Municipal, la cantidad de doscientos mil Lempiras (Lps 200.000.00), mediante cheque número 0454, a favor de la Ferretería El Carmen, ubicada en Siguatepeque, departamento de Comayagua, con lo cual pagó a dicha ferretería la cantidad de Ochenta y un mil trescientos setenta y ocho Lempiras con diez centavos(Lps 81,378.10) por concepto de materiales utilizados en la reparación de sistemas de agua, dañadas por el paso del huracán Mitch en el Municipio de Santa Bárbara, recibiendo en concepto de cambio, de parte de dicha ferretería un cheque a su nombre por la cantidad de Ciento dieciocho mil seiscientos veintiún Lempiras(Lps 118, 621.00).Tercero: El Señor E. R. S. C., con el cheque emitido por la Ferretería El Carmen, procedió a comprar un cheque de caja, con número 158261, por la cantidad de cien mil Lempiras (Lps.100,000.00), a favor de la Corporación Flores, como prima de un vehículo de su propiedad.” III.-EL ABOGADO M. Á. A., EN SU CONDICIÓN DE APODERADO DEFENSOR del Señor E. R. S. C., PROCEDIÓ A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, INFRACCIÓN DE LEY Y QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, DE LA MANERA SIGUIENTE:”PRIMER MOTIVO: INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. La Sentencia viola los artículos 90 y 96 de la Constitución de la República. Artículo 90 Constitucional: Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, Derechos y garantías que la ley establece. Se reconoce el fuero de guerra para los delitos y faltas de orden militar. En ningún caso los tribunales militares podrán extender su jurisdicción sobre personas que no estén en servicio activo de las fuerzas armadas. Artículo 96 Constitucional: La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado.-PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO.1.-Honorables Magistrados, la presente explicación se fundamenta en que la sentencia se hace en violación del debido proceso consignado como garantía en el artículo 90 de la Constitución de la República. Y no se aplica la retroactividad que favorece al imputado conforme el artículo 96 de la Constitución de la República. La sentencia se produce en un proceso que se realiza violando las formalidades del debido proceso. El presente proceso penal se origina en una pericia que consiste en un Informe de Auditoria realizada por las señoras D. Y. B. y T. L. D. G., EN FECHA 26 DE ABRIL DEL AÑO 2007.El Requerimiento fiscal se fundamenta en las conclusiones de este INFORME DE AUDITORIA, ésta situación se colige de la simple lectura de ambos documentos, resulta honorables magistrados que éste informe de auditoria es ilícito desde su origen pues en el momento de realizarlo la ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas ya había asignado al Tribunal Superior de Cuentas la función constitucional de la fiscalización a posteriori de los fondos de las municipalidades, de manera que la realización de la auditoría es arbitraria y nula pues el artículo 321 de la constitución de la Republica establece que los funcionarios no tienen mas facultades que las que la ley determina y que las actividades que realizan fuera de sus funciones es nula, en consecuencia la auditoría es nula y constituye un acto abusivo tanto de estas dos auditoras como del fiscal que la ordenó. Y sin embargo reiteramos todo el proceso y juzgamiento del señor E. S., se realiza a partir de ésta auditoría. El artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas establece “el tribunal como ente rector del sistema de control, tiene como función constitucional la fiscalización a posteriori de los fondos, bienes y recursos administrados por Las Municipalidades”. Luego en lo atinente al AMBITO DE APLICACIÓN el artículo 5 de la precitada ley establece “Están sujetos a las disposiciones de esta ley... Numeral 4 la administración pública descentralizada, incluyendo las autónomas, semiautónomas y municipalidades. En las disposiciones finales y transitorias en el artículo 105 se refiere a la PRESCRIPCION, la Facultad del Tribunal para fiscalizar las operaciones y actividades de los sujetos pasivos prescriben en el término de CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha en que el funcionario haya cesado en el cargo. Luego en el artículo 5 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, se establece la PREEMINENCIA DE LA LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS “Artículo 5 (del Reglamento de la ley) Las disposiciones de la ley orgánica del tribunal, constituyen un régimen especial, que por su naturaleza fines y competencia tiene preeminencia sobre cualquier otra ley general o especial que verse sobre la misma materia”El señor E. S. fungió como alcalde del municipio de Santa Bárbara hasta el día VEINTICINCO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DOS (25/1/2002) en ese sentido la prescripción contenida en la ley del Tribunal Superior de Cuentas para auditarlo venció el VEINTICINCO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL SIETE, el informe de auditoría en que se fundamenta el Ministerio Público tiene fecha VEINTISEIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL SIETE. CUATRO MESES DESPUES DE LA FECHA DE PRESCRICION. En el presente caso debía aplicarse la ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas en relación a la prescripción, pues NO ES FUNCION DEL MINISTERIO PUBLICO realizar auditorías a posteriori, la ley designa al Tribunal Superior de Cuentas este acto como su función constitucional, en aplicación del artículo 96 de la Constitución de la República en cuanto a que el efecto retroactivo de la ley favorece al señor E. S., pues la auditoría fue realizada por otro ente no autorizado por la ley y se realizó 4 meses después de haber prescrito el término en que debía realizarse. El artículo 90 resulta violado pues ésta auditoría realizada por dos empleadas del Ministerio Público, es el fundamento de la acusación, se admitió como medio de prueba, se evacuó como tal en el debate y sirve para fundamentar la sentencia condenatoria. Así mismo para la realización de esta auditoría, no se siguieron los procedimientos contenidos en la ley procesal para la realización de una pericia; no se puso en conocimiento de la defensa, no se juramentó a los peritos, el juez no les designó la pericia a realizar, no se acreditó que fuesen personas idóneas en cuanto a su capacidad. Desde ambos ángulos la pericia es prueba ilícita y fue protestada como tal desde el inicio del juicio hasta el final del mismo, en ese sentido el artículo 200 del Código Procesal Penal establece: Carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneran las garantías procesales establecidas en la Constitución de la Republica en los convenios internacionales relativos a derechos humanos de los que honduras forme parte; así como cuantos sean consecuencia necesaria de tales actos o hechos y que no hubiera sido posible su obtención sin la información derivada de ellos, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido incurrir quién obtuvo ilícitamente la información. La defensa entiende que se violentó todo el procedimiento establecido en la ley para la realización de una pericia, que se vedó a la defensa el derecho a proponer peritos y recusar a los del Ministerio Público, que estas actividades forman parte del derecho de defensa, en consecuencia al producir prueba de esa forma es evidente que la misma es ilícita, siendo esta pericia en punto de partida para la acusación se deduce que casi todo el material probatorio del juicio se produce a partir de la “ auditoría”, en consecuencia por el efecto reflejo o de prueba derivada, éste acto vició el resto de la prueba producida por el Ministerio Publico. En conclusión honorables magistrados la sentencia se fundamenta en prueba realizada en violación del debido proceso y no se aplica la retroactividad que favorece al señor E. S., por tanto ocurre la infracción de los artículos 90 que se refiere al debido proceso y 96 que se refiere a que la retroactividad de la ley penal opera cuando la ley favorece al imputado. IV.-CONTINUA MANIFESTANDO EL RECURRENTE EN SU: “SEGUNDO MOTIVO: INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA. Aplicación indebida del artículo 370 del Código Penal. Conforme lo establece el artículo 363 indicó a la Honorable Corte Suprema de Justicia que el agravio se sucede en la sentencia misma, así pues el reclamo lo constituye el presente recurso.-PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. 1.- La sentencia recurrida en los hechos probados que se respetan por parte del casacionista establece: Primero: El señor E. R. S. C. durante el periodo 1998-2002, se desempeñó como Alcalde Municipal de Santa Bárbara del Departamento de Santa Bárbara. Segundo: En fecha treinta de Marzo del dos mil dos(30/marzo/2002),el imputado E. R. S. C., retiró de los fondos de la tesorería municipal, la cantidad de doscientos mil lempiras(Lps. 200.000.00), mediante cheque número 0454, a favor de la Ferretería El Carmen, ubicada en Siguatepeque, Departamento de Comayagua, con lo cual pagó a dicha ferretería la cantidad de ochenta y un mil trescientos setenta y ocho lempiras con diez centavos(Lps8l,378.10) por concepto de materiales utilizados en la reparación de sistemas de agua, dañadas por el paso del huracán Mitch en el municipio de Santa Bárbara, recibiendo en concepto de cambio, de parte de dicha ferretería un cheque a su nombre por la cantidad de ciento dieciocho mil seiscientos veintiún Lempiras (Lps. 118,621.00).Tercero: El señor E. R. S. C., con el cheque emitido por la Ferretería El Carmen, procedió a comprar un cheque de caja, con número 158261, por la cantidad de cien mil lempiras (Lps.lOO, 000.00), a favor de la Corporación Flores, como prima de un vehículo de su propiedad. Los hechos declarados probados en la sentencia se resumen en que: A.-El imputado fue alcalde de Santa Bárbara durante el periodo 1998- 2002.-B. -El imputado retiró fondos de la tesorera municipal en fecha 30 de marzo del año dos mil dos, pagó 81,378.10 lempiras y le devolvieron 118,621.00 lempiras. C.- El imputado pagó la prima de un vehículo de su propiedad con el cheque que recibió de la ferretería El Carmen. Los hechos declarados probados en la sentencia no se subsumen en el tipo penal por el que resulta condenado en señor E. R. S. C..2.-Honorables magistrados el periodo en el que el imputado fungió como Alcalde del Municipio de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara fue desde el 25 de Enero del año 1998 hasta el 25 de Enero del año dos mil dos, este hecho esta acreditado en juicio con el medio de prueba documental designado como número uno valorado en la página 4 en el numeral segundo de la valoración de la prueba, de manera que siendo que el segundo hecho declarado probado, dice en letras y en números que el hecho del retiro de los fondos ocurrió el día 30 de Marzo de 2002, luego entonces resulta que en ésa fecha, el imputado ya no era el alcalde de santa Bárbara y por tanto ya no tenia la categoría de funcionario, que es un elemento esencial del tipo penal por el que la sentencia lo condena.3.- El artículo 370 del Código Penal que contiene el tipo penal de Malversación de Caudales públicos, establece: El funcionario o empleado público que se apropie de caudales, bienes o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo o que sin habérsele confiado interviene en dichos actos por cualquier causa, será penado con reclusión de 2 a 5 años si el valor de aquellos no excede de un mil lempiras y de 6 a 12 años si sobrepasa de dicha cantidad, mas inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión. Lo dispuesto en éste artículo será aplicable también a los directivos de sindicatos, empresas asociativas campesinas, cooperativas, patronatos, asociaciones de beneficencia o deportivas y en general a todas las demás entidades civiles análogas. En lo atinente al caso lo importante es que la condición primaria de la existencia del tipo penal de Malversación de Caudales; es que el agente sea funcionario o empleado público, de manera que al declararse probado que el hecho sucedió cuando E. S. ya no era el alcalde, luego entonces claramente existe una infracción de ley sustantiva, por aplicación indebida del artículo 370 del Código penal. El perjuicio ocasionado por la sentencia recurrida es que la infracción señalada produce que mi representado sea condenado. APLICACIÓN PRETENDIDA. El recurrente es del criterio que con fundamento en los hechos declarados probados, se debió dictar una sentencia absolutoria, pues los hechos declarados probados son atípicos del tipo penal de Malversación de Caudales públicos, específicamente porque en la fecha que se sitúa el hecho punible (30 de Marzo de 2002), el imputado ya no era el alcalde de Santa Bárbara y por tanto ya no tenía la categoría de funcionario o empleado público.” IV.-SIGUE MANIFESTANDO EL RECURRENTE EN SU: SEGUNDO MOTIVO: QUEBRANTAMIENTO DE FORMA por: 1.- La sentencia se fundamenta en medios de prueba no incorporados legalmente al juicio.2.- Motivación fáctica insuficiente y contradictoria.3.-Inobservancia de las reglas de la Sana Crítica.-PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 numerales 2 y 3 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DE MOTIVO. PRIMERO: La sentencia se fundamenta en medios de prueba no incorporados legalmente al juicio. La sentencia recurrida se fundamenta en gran medida en un INFORME DE AUDITORIA que como prueba pericial fue ratificado por las señoras D. J. B. y T. L. D. G., con el debido respeto, este medio de prueba es ilícito en su elaboración y se evacuó en fraude de la normativa procesal, en primer lugar éstas damas nunca fueron nombradas como peritos por juez competente, no fueron juramentadas como tales, la defensa no fue puesta en conocimiento de la realización de esa pericia, no se les indicó sobre qué versaría su pericia, no se acreditó que fuesen idóneas, en el desarrollo del juicio admitieron que fueron nombradas por un fiscal, aun éste acto que debía hacerse con conocimiento de la defensa no se realizó, de manera que todo el procedimiento establecido en los artículos del 239 al 246 del Código Procesal Penal, para la realización de una pericia, en opinión de la defensa si no fueron designadas como perito conforme lo establece la norma procesal, solo podían ser evacuadas en juicio como testigos conforme lo establece el artículo 240 párrafo segundo del Código Procesal Penal, NO PODIAN COMPARECER COMO PERITOS, al haberlo hecho así la sentencia contiene medios de prueba no incorporados legalmente al juicio.- En segundo lugar como ya expresamos en la parte atinente a la infracción de precepto constitucional, esta pericia también es ilícita porque la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas establece que solo ése organismo es el que tiene la función designada como constitucional de realizar AUDITORIAS A POSTERIORI, así mismo la ley del Tribunal Superior de Cuentas, establece que la acción del estado para realizar las auditorías PRESCRIBE a los 5 años y la auditoría que se evacuó en el juicio fue hecha 4 meses después de que la prescripción se había cumplido. De manera que por el ángulo que se mire la supuesta auditoría es prueba ilícita y fue incorporada ilegalmente al juicio. SEGUNDO.- Motivación fáctica insuficiente y contradictoria.- La sentencia tiene motivación contradictoria misma que está contenida en el numeral segundo de la valoración de la prueba a la altura de la página 6.En el presente caso la defensa alegó que el dinero con el que el imputado había pagado la prima del carro provenía de fondos obtenidos por la venta de una vivienda, El alegato de la Fiscalía es la factura número 164869 era falsa. Resulta que en la sentencia al evacuarse esta factura como medio de prueba documental numero 6, en la parte atinente a la valoración dice que éstos medios de prueba documentales son confiables y útiles y agrega “con ésta prueba documental no deja dudas al tribunal de su veracidad ya que no fue desvirtuada por ninguna prueba de la misma” o sea que en la sentencia se dice que se cree en la veracidad de esas pruebas y que son confiables, he aquí la contradicción pues si se cree que ésta factura es verdadera y confiable luego entonces no hay motivo para dictar un fallo condenatorio, es evidente que si la tesis de la defensa es verdadera no debía condenarse al imputado, según la sentencia se le dá credibilidad a todos las pruebas documentales que aparecen enlistados desde el numero 1 al 14, aquí se incluye la factura en mención designada como medio de prueba número 6.Luego en la siguiente página en el numeral tercero de la valoración de la prueba ocurre otra contradicción, la defensa presenta una factura de la empresa Inbloco número 10823 por la suma de 118,750.00 lempiras, que es el dinero que se recibió como vuelto o cambio por parte de la Ferretería El Carmen, al hacer la valoración el tribunal dice en la sentencia que éstos documentos le merecen toda la credibilidad, la contradicción estiba en que si los documentos que acreditan la hipótesis de la defensa merecen credibilidad para el tribunal, luego entonces es contradictorio que se dicte un fallo condenatorio. Es opinión de la defensa que la sentencia en la parte atinente a la valoración de la prueba debe ser coherente y explicar con claridad el proceso intelectivo a través del cual se excluye de credibilidad a cada uno de los medios de prueba, la conclusión de este proceso intelectivo debe permitir que la sentencia sea clara y que se explique por sí sola en el sentido de cómo se determinó el fallo, en la sentencia recurrida el tribunal sentenciador dice que le creé a todos los medios de prueba, tanto de la defensa como de los acusadores, ¿entonces cómo hicieron para dictar un fallo condenatorio?, así las cosas la sentencia es contradictoria en la valoración de la prueba, razón por la que ocurrimos con el presente recurso ante la Honorable Corte Suprema de Justicia a fin de que se enmiende la sentencia y se dicte conforme a derecho. EL RECLAMO. Respecto a la obligación contenida en el artículo 363 del Código Procesal Penal, en el sentido de señalar el reclamo que se haya realizado para subsanar el vicio procesal, señaló que el vicio se produce en la Sentencia Definitiva, razón por la cual el reclamo lo constituye el presente recurso. EL PERJUICIO. El Tercer motivo enunciado en el presente recurso le causan perjuicio al imputado, ya que si la Sentencia se hubiese dictado excluyendo la prueba que fue incorporada ilegalmente al juicio y sin contradicciones enunciadas, el fallo debió ser absolutorio.”- V.- RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO EL ABOGADO M. Á. A., EN SU CONDICIÓN DE DEFENSOR PRIVADO DEL SEÑOR E. R. S. C. DENUNCIANDO VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 90 y 96 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA.- I. Esta tipología es la más amplia de las que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el Recurso a desarrollar bajo este título debe de denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; En una buena técnica, se debe optar a esta Vía Recursiva cuando no sea posible denunciar el vicio a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro, en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Legal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores. La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial, como ser las sentencias. II. El Libelista señala que se ha violentado el artículo 90 que establece el Principio del Debido Proceso y el artículo 96 que establece el Principio de la Irretroactividad de la Ley, salvo en Materia Penal cuando le favorezca al reo, ambos de la Constitución de la República.- Explica el Libelista que la acusación criminal tiene su génesis en el Informe de Auditoría (F. 45) realizada por las Licenciadas D. Y. B. y T. L. D., miembros de la Unidad de Análisis de la Fiscalia Contra la Corrupción, por encargo del Ministerio Público, más este informe es ilegal por cuanto la función de fiscalización a posteriori le corresponde constitucionalmente al Tribunal Superior de Cuentas; Añade que dado que el acusado fungió como alcalde hasta el día 25 de enero del 2002, el Tribunal Superior de Cuentas tenía el termino de cinco años para hacer su trabajo de fiscalización, mismos que vencieron el 25 de Enero del 2007, por lo que el informe de auditoría del Ministerio Público es ilícito al haberse elaborado cuatro meses después de esa fecha; Finalmente apunta que además de todo el informe de auditoría es ilícito al no haberse seguido el procedimiento contenido en la ley procesal para la realización de la pericia, como ser poner en conocimiento la misma a la Defensa, acreditación de las peritos, juramentación de las perito y designación de las tareas correspondientes por parte de Juez Competente.- III.- Son muchos los conceptos que indebidamente entremezcla el Libelista, confundiendo unos y otros, por lo que para dar una mejor respuesta la Sala de lo Penal abarcara cada uno por separado: A).- La Funciones encomendadas al Tribunal Superior de Cuentas son independientes a las funciones del Ministerio Público: El Tribunal Superior de Cuentas, organismo de rango constitucional, tiene por objeto ser controlador de los recursos públicos, fiscalizador a posteriori de los bienes administrados por los Poderes del Estado, instituciones descentralizadas y desconcentradas, tal como lo ordena el artículo 222 de la Constitución de la República; En ese afán, el Tribunal Superior de Cuentas está autorizado legalmente para realizar investigaciones contraloras de probidad, requiriendo a empleados y funcionarios y hacer pliegos de reparos contra aquellos contra los cuales se sospeche han hecho un mal uso de los recursos públicos, quienes tienen el derecho a ejercer la defensa en el marco de un debido proceso administrativo.- Esta función que desarrolla el Tribunal Superior de Cuentas, dentro del derecho administrativo es independiente y no vinculante con el derecho penal, el cual es una rama del derecho público de carácter autónomo, fragmentario por naturaleza, por ello el artículo 321 de la Constitución de la República indica que todos los actos contrarios a la ley generan responsabilidad, misma que puede ser de índole civil, administrativo y/o penal con independencia una de otra; Por otra parte el Ministerio Público es creado mediante el artículo 232 de la Constitución de la República, conceptualizándolo como un órgano profesional especializado responsable de la representación, defensa y protección de los intereses de la sociedad, correspondiéndole la coordinación, dirección técnica y jurídica de la investigación criminal y forense y el ejercicio oficioso de la acción penal pública, por cuanto ante la noticia criminis está en la obligación de realizar la investigaciones correspondientes para comprobar la existencia de un hecho penalmente relevante y la definición de la persona o personas responsables, a las que deberá de entablar la correspondiente acción pública, de manera independiente y no supeditada a las funciones de los poderes del Estado o de las Instituciones Autónomas, Descentralizadas o Desconcentradas del Estado, esto incluyendo al Tribunal Superior de Cuentas.- Las acciones de investigación hechas por el Ministerio Público respecto a la existencia de un delito en la Municipalidad de Santa Bárbara, no se encuentran viciadas por cuanto son parte precisamente de las funciones a éste encomendadas, las cuales son independientes a las funciones del Tribunal Superior de Cuentas como se ha explicado.- B).- La Prescripción de la acción fiscalizadora del Tribunal Superior de Cuentas no es vinculante con el ejercicio de la acción penal: La Prescripción es la pérdida de un derecho como consecuencia del paso del Tiempo (Art. 2289 del Código Civil), en este caso el libelista confunde la prescripción de la acción fiscalizadora propia del Tribunal Superior de Cuentas, con la Prescripción de la acción Penal la cual es facultad del Ministerio Público.- Establecía el otrora vigente artículo 105 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas del 2007, que la facultad de éste órgano de investigar y fiscalizar las operaciones y actividades de los sujetos pasivos, entre ellos las Municipalidades conforme el artículo 5.4 de la misma ley, prescribe en un término de cinco años, contados a partir de la fecha en que el funcionario o empleado haya cesado en el cargo (El artículo 105 que fue reformado en el año 2011 y en la actualidad el termino de prescripción es de 10 años); Ahora bien, en el caso de estudio, el Libelista alega que la auditoría realizada hecha por las Licenciadas D. Y. B. y T. L. D., fue realizado después de los cinco años de haber terminado la gestión del acusado E. R. S., como Alcalde del Municipio de Santa Bárbara y opone prescripción, mas no considera que esta auditoría no fue realizada por el Tribunal Superior de Cuentas, sino por el Ministerio Público en el ejercicio de las obligaciones investigativas constitucionales ya mencionadas, por lo que no es aplicable el artículo 105 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas vigente en el año 2007, sino que, y en su caso, el artículo 97 del Código Penal que refiere a la prescripción de la acción penal para el delito de Malversación de Caudales Públicos es de dieciocho años al superar el caudal malversado los mil lempiras, conforme al artículo 370 del Código Penal, por lo que la investigación hecha por el Ministerio Público y la acción penal presentada posteriormente en contra del acusado E. R. S. C. se encuentra conforme a derecho; C).- El tipo penal de Malversación de Caudales Públicos, contenido en el artículo 370 del Código Penal, no exige como condición procedimental penal, que el empleado o funcionario público haya sido reparado por el Tribunal Superior de Cuentas; Los artículos 36, 37, 41 y 53 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas fijan la competencia de esa entidad en la supervisión y control de los recursos públicos y de la probidad de los funcionarios públicos y con ello la deducción de la responsabilidad administrativa y civil –así indicado en el Artículo 95 de la misma ley-, por el inadecuado manejo de los fondos públicos, que es independiente a la tarea del Derecho Penal, por ello el artículo 50 de la misma ley ordena al Tribunal Superior de Cuenta, informar al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la República, sin exigir requisito previo, sobre los casos en donde se tenga indicios de existir un hecho delictivo, igualmente el artículo 62 del Reglamento de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas señala que: “… Cuando del examen de los actos o hechos se descubrieren indicios de responsabilidad penal del funcionario responsable de la entidad u órgano, el auditor interno procederá de inmediato a ponerlo en conocimiento del Tribunal, quien previa verificación de los hechos lo notificara al Ministerio Público, sin esperar que termine la fiscalización, investigación o actuación que esté llevando a cabo… “, ambos artículos están en consonancia con el artículo 269 del Código Procesal Penal, que establece la obligación de los empleados y funcionarios públicos de denunciar los actos que tenga apariencia delictiva.- Una vez con la noticia criminis, el Ministerio Público, haciendo valer su independencia administrativa, funcional, técnica y financiera otorgada por el artículo 3 de su ley orgánica, podrá determinar la necesidad de presentar requerimiento fiscal conforme al artículo 6 de la misma ley y del artículo 25 del Código Procesal Penal; En el único caso en donde se condiciona el agotamiento de la vía administrativa por el Tribunal Superior de Cuentas previo a la presentación del requerimiento fiscal por el Ministerio Público es respecto a los hechos que constituyan Enriquecimiento ilícito, así ordenado por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, mismo que no es objeto de imputación en el proceso que nos ocupa; La ausencia de intervención del Tribunal Superior de Cuentas en el caso contra del Señor E. R. S. C. no es conditio sine quanon de legalidad de la acción penal presentada por el Ministerio Público.- y D).- El Informe de Auditoría de fecha 26 de Abril del año 2007, corresponde a las facultades legales de investigación del Ministerio Público: Establece el artículo 263 del Código Procesal Penal que el proceso se dividirá en tres etapas: i).- Preparatoria; ii) Intermedia y iii) Juicio, los que a su vez se dividen el sub etapas: La Etapa preparatoria indica el artículo 264 del mismo cuerpo legal se compone de la denuncia o la noticia criminis, la investigación preliminar, requerimiento fiscal y audiencia inicial; Al respecto de la investigación preliminar inicia desde la denuncia o noticia criminis hasta la presentación del requerimiento fiscal y durante la misma, conforme lo autoriza el artículo 273.3 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público está facultado para ordenar y practicar pericias, sin la intervención del Poder Judicial, salvo en los casos que impliquen disminución o privación de derechos fundamentales.- Ahora bien, en el caso que nos ocupa el Informe de Auditoría fue ordenado por el Ministerio Público y practicado por la Unidad de Análisis de la Fiscalía Contra la Corrupción, rindiendo el Dictamen respectivo en fecha veintiséis de Abril del año dos mil siete, por lo que una vez que el Ministerio Público conoció los resultados de éste, procedió a presentar el requerimiento fiscal en contra del acusado E. R. S. C., en fecha dos de mayo del mismo año, es pues que el Informe de Auditoría fue ordenado por el Ministerio Público en el marco de las atribuciones que le otorga el artículo 273.3 del Código Procesal Penal y por ello es que no se requirió intervención de órgano jurisdiccional alguno.- IV.- De la procedencia del Recurso: El Recurso planteado bajo éste título no es de recibo por cuanto en primer término resulta confuso determinar la vinculación del artículo 96 de la Constitución de la República en el argumento recursivo y por otro lado la Sala de lo Penal considera que no ha existido violación al Principio del Debido proceso, por cuanto el Informe de Auditoría de fecha 26 de Abril del año 2007 (F. 45), fue ordenado y practicado al amparo de las normas del Código Procesal Penal, sin que exista conflicto por ello con la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas.- VI.- RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY INTERPUESTO POR EL ABOGADO M. Á. A., APODERADO DEFENSOR DEL SEÑOR E. R. S. C., DENUNCIANDO ERRÓNEA APLICACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 370 DEL CÓDIGO PENAL. I. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: a) Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; b) Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: 1) Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; 2) Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; 3) Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; 4) Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y 5) Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; De allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). II.- El Libelista, aqueja que la sentencia recurrida adolece de un vicio in iudicando al aplicar erróneamente el artículo 370 del Código Penal, debido a que en los hechos declarados probados se establece que el acusado E. R. S. C., fungió como alcalde del Municipio de Santa Bárbara de 1998 hasta el año 2002 y que en marzo del 2002, retiro los fondos de la Tesorería Municipal, los cuales ahora imputa el Ministerio Público fueron malversados, entonces, arguye el Libelista, que conforme a los hechos declarados probados al momento en que el acusado retiro los fondos había dejado de ser Alcalde Municipal, ya que el periodo de gobierno finaliza el 25 de enero, siendo entonces improcedente la aplicación del artículo 370 del Código Penal, el cual exige la condición de funcionario o empleado público al sujeto activo, la que no ostentaba el acusado al momento de los hechos.- III.- Es importante apuntar que las sentencias son construcciones intelectuales de los jueces y juezas, quienes a través de ellas, siguiendo un formato preestablecido y la técnica exigida por la ley, dan a conocer un conjunto de ideas, pensamientos y criterios, fundamentados en el análisis de medios de prueba conforme a las reglas de la sana critica y en la aplicación de las normas legales y doctrina legal atinentes al caso concreto. Las sentencias, aun cuando se dividan en partes, constituyen un todo armónico y único, que sustenta una decisión judicial, por cuanto deben de caracterizarse por ser claras a la lectura de cualquier persona en la esfera del profano y suficientes al grado de que se expliquen por sí mismas sin necesidad de remisiones a otros documentos o aclaraciones posteriores.- Sin embargo las sentencias, como producto humano que son, no escapan al error, realidad que ha sido prevista por el legislador indicando la posibilidad de que las partes litigantes las impugnen a través de los recursos que franquea la ley a efecto de que tales errores sean enmendados por otros jueces y juezas; Adicionalmente el legislador ha previsto que existen casos donde los errores no atañen al thema decidendi, sino que se trata de errores matemáticos, gramaticales o de redacción que no causan vicio a enmendar vía recursiva, como cuando existe confusión al momento de escribir nombres, números o fechas, por lo que pueden ser corregidos por un cauce distinto a la vía recursiva, así el artículo 142 último párrafo del Código Procesal Penal señala que los errores materiales, aritméticos o de calculo que manifiestamente se aprecien en las sentencias podrán ser rectificados en cualquier momento por propia iniciativa del órgano jurisdiccional o por petición de cualquiera de las partes a través de sus apoderados legales, lo que también prevé el artículo 42 del Código de Ética del Profesional Hondureño del Derecho.- La corrección de los errores que se aprecien en la declaración de los hechos probados no representa transgresión al Principio de Intangibilidad, siempre que no implique que la modificación resultante de la rectificación del error provoque un cambio en el sentido del relato; Se insiste que estos errores pueden ser enmendados por el propio tribunal a su iniciativa, por petición de alguna de las partes o por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia cuando conozca del recurso de casación.- Esta Sala Penal, en relación a los errores materiales apreciados en la declaración de los hechos probados ha señalado que: “[se] … aprecia la existencia de un error material en la descripción de los hechos declarados probados por el juzgador (...) Sin embargo, tal defecto no resulta de tal relevancia que incida en una relación causa-efecto en la nulidad del fallo, por lo que tratándose de un mero error material, (…) lo procedente en Derecho es que esta misma Sala subsane dicha falta, en el ejercicio de la potestad que le confiere el artículo 142 párrafo in fine del Código Procesal Penal…” (Fallo de fecha 28 de septiembre del 2010 en el Exp 299-2009).- IV.- De la procedencia del Recurso: El Recurso no es de Recibo:.- En el caso de estudio esta Sala de lo Penal es del criterio que la denuncia hecha por el Libelista tiene como base un error material ocurrido al momento de la redacción del segundo hecho, cuando se consigno que el imputado E. R. S. C., retiro los fondos de la tesorería municipal de Santa Bárbara el treinta (30) de marzo del año dos mil dos (2002), cuando en realidad éste hecho ocurrió el treinta (30) de marzo del año dos mil (2000), tal y se explica en la misma sentencia al relacionar el medio de prueba documental número cinco, Cheque Número 0454 extendido por la Alcaldía Municipal de Santa Bárbara en contra de la cuenta número 5404690501 del Banco Mercantil, por cuanto al momento de darse éste hecho el acusado fingía como Alcalde Municipal de Santa Bárbara, siendo procedente la aplicación del artículo 370 del Código Penal, por tratarse de un funcionario público.- Por las razones expuestas y sin perjuicio de subsanar el error material antes mencionado, el presente motivo de casación debe ser desestimado.- VII.- RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR EL ABOGADO M. Á. A., APODERADO DEFENSOR DEL SEÑOR E. R. S. C..- I.- El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia valida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; Es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio.- Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley, es decir que el objetivo de este tipo de recurso es la salvaguarda del debido proceso como garantía constitucional reconocida en el artículo 90 de la Constitución de la República.- II.- La Recurrente encara la sentencia de la instancia denunciando que misma adolece de vicios in procedendo, los cual si bien en la parte preliminar señala que son tres los motivos, posteriormente en el desarrollo de su escrito solo desarrolla dos, a saber: 1).- La Sentencia se funda en un medio de prueba no incorporado legalmente al juicio, tal cual es el informe de Auditoría como Prueba Pericial realizado por las Licenciadas D. J. B. y T. L. D. G.; 2).- La Sentencia contiene motivación fáctica insuficiente y contradictoria, por cuanto en primer término señala que la prueba presentada por la defensa merece valor, mas por otra condena al acusado.- VII.I.- DEL PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: LA SENTENCIA SE FUNDA EN UN MEDIO DE PRUEBA NO INCORPORADO LEGALMENTE A JUICIO.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362.2 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- I.-El Libelista retoma su argumento planteado en el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, pero ésta vez desarrollándolo en una vía recursiva distinta, señalando que el informe de auditoría presentado como medio de prueba pericial realizado por las Licenciadas D. J. B. y T. L. D. G., es de carácter ilícito debido a que las mencionadas no fueron investidas como peritos por el juez competente, ni la defensa fue informada en su realización, además señala el Libelista que el medio de prueba es ilícito además porque la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas establece a ese organismo como el constitucionalmente facultado para realizar Auditorías a Posteriori, además de que la acción del Estado para realizar auditorías prescribe a los cinco años y la auditoria hecha fue realizada cuatro meses después de vencido ese plazo.- II.- Es oportuno definir que es prueba ilícita, para luego dar respuesta al Libelista: Señala el artículo 1 de la Constitución de la República que Honduras es un Estado de Derecho, ello es ciertamente la base de todo el sistema estatal, por cuanto los Poderes del Estado, instituciones Centralizadas, Descentralizadas y Desconcentradas y con ello todo funcionario público y empleado público debe de desarrollar sus funciones, asir su comportamiento, bajo lo preceptuado en las normas legales validas y vigentes, a efecto de que éstas sean positivas y eficaces.- El Estado de Honduras, no puede basarse en actuaciones realizadas al margen de la ley o contrarias a la ley, por cuanto sería un contrasentido que queriendo hacer prevalecer el imperio de la ley, se valga de actos ejecutados al margen de ésta.- Particularmente en el Proceso Penal, el respecto al Derecho, a la ley, constituye su fundamento existencial, es a través del proceso penal que el Estado de Honduras imputa a una persona un acto contrario a la ley altamente desvalorizado, debiendo celebrar dicho proceso con estricto ajuste a las normas para que la consecuencia del juicio sea válida.– Concretamente interesa que en el proceso penal la prueba que se reproduzca sea de carácter lícita y de carácter legal.- La Prueba es de carácter licita cuando ha sido obtenida mediante un acto o procedimiento estipulado o permitido por la ley, ergo, la prueba es de carácter ilícita cuando para su obtención se ha violentado la ley, causando la violación o la disminución ilegitima de derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República o violación o disminución ilegitima de los Derechos Humanos establecidos en los Tratados y Convenios que formen parte del Derecho Interno Hondureño y que compongan el bloque Constitucional.- De lo anterior se concluye que para la existencia de prueba ilícita se requiere los siguientes presupuestos: A)Que se haya obtenido una prueba o una fuente de prueba; B) Que dicha obtención haya sido contraria a la ley, es decir no amparada por la ley, incluye aquí el prevalecimiento de la supremacía de la Constitución de la República o de las normas que integran el bloque constitucional, por cuanto aun cuando un reglamento o una ley autorice la obtención de la fuente de prueba, ésta se considerara ilícita si se contradice con normas fundamentales; C) Que la obtención de la fuente de prueba haya significado la violación o disminución formal y material de garantías fundamentales o de derechos humanos, reconocidos en la Constitución de la República o en los Tratados y Convenios que formen parte del derecho interno del Estado, respectivamente; D) Que la violación o disminución ilegitima de ese derecho fundamental o de ese derecho humano, sea en perjuicio de una persona o un grupo de personas determinadas, ya sea que éstas personas participen como actores del proceso o que sean terceros desligados a éste; E) Que sin la inobservancia o disminución ilegitima del derecho fundamental o del derecho humano, no hubiese sido posible la obtención de la prueba; y, F) Que la inobservancia o disminución ilegitima del derecho fundamental o del Derecho Humano sea anterior o simultánea a la obtención de la prueba.- El Legislador Hondureño, ha previsto que cuando se reproduzca un medio de prueba ilícito en el proceso, la sanción procesal será el desconocimiento de cualquier valor probatorio de ésta –Árbol Envenenado-; Pero además el legislador hondureño ha establecido que también carecerán de eficacia probatoria todo medio de prueba que se derive directamente de aquella que ha sido obtenida mediante la violación o disminución ilegitima de garantías fundamentales o derechos humanos –Frutos del Árbol Envenenado[1]-. Un medio de prueba se deriva de otro ilícito, cuando suprimiendo hipotéticamente el segundo, automáticamente el primero se vería igualmente suprimido, debido a su dependencia existencialista.- El control procesal de la prueba ilícita puede ser de previo o a posteriori: De previo inadmitiendo el medio de prueba en la audiencia de proposición de ésta a consecuencia de su ilicitud –artículo 317 del CPP- o denunciando su ilícito en la etapa de incidentes del debate por hechos nuevos o hechos antes no conocidos hasta entonces –artículo 320 CPP-; o a posteriori cuando el Tribunal de Sentencia, en su valoración, niegue crédito a la prueba y a toda aquella que se derive de ésta –artículo 220 CPP-.- III.- De la Procedencia del Motivo: El Motivo no es de recibo: Tal y como se señalo cuando se dio respuesta al Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, el medio de Prueba consistente en Informe de Auditoría (F. 45) ordenado por el Ministerio Público en la etapa de la Investigación Preliminar, no constituye prueba ilícita, por cuanto para su obtención no medio vulneración de derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República o de derechos humanos reconocidos y garantizados en los Tratados y Convenios suscritos por Honduras; Esta Sala de lo Penal hace eco a lo ya explicado líneas arriba, el informe en cuestión tampoco se opone al principio del debido proceso, por cuanto éste se realiza al amparo de las facultades legales de investigación asignadas constitucionalmente al Ministerio Público y se ordena en la etapa de investigación preliminar, momento en que no existe intervención judicial debido a que hasta el momento no se tiene plenamente identificadas a las personas posibles responsables del delito, salvo cuando alguna de esas diligencias de investigación preliminar implique disminución o suspensión de derechos constituciones, (intervención telefónica, allanamiento, intervención corporal, etc.) en donde si requerirá autorización judicial aun cuando no se haya judicializado el caso (presentado el requerimiento fiscal con lo que se da fin a la investigación preliminar), es ese supuesto no es el caso que nos ocupa.- IV.- Por lo expuesto es procedente declarar sin lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su primer motivo.- VII.II.- DEL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: LA SENTENCIA ADOLECE DE MOTIVACIÓN FÁCTICA INSUFICIENTE Y CONTRADICTORIA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362.3 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- I.-Aqueja el Libelista que la sentencia contiene motivación fáctica contradictoria, ya que por una parte le cede pleno valor probatorio a los medios de prueba que presento la defensa, calificándolos como confiables y útiles mas por otra parte condena al acusado.- Por otro lado, no se aprecia que el Libelista haya dedicado espacio en su recurso para explicar porque titulo el motivo denunciando Motivación Fáctica Insuficiente, ya que el mismo solo se alega que la sentencia adolece de razonamientos contradictorios.- II.- Previo a externar el criterio que merece el Recurso a esta Sala, es importante señalar que las sentencia deben de contar con la cualidad de logicidad, de modo que de contener argumentos coherentes, concomitantes y derivados en toda su estructura. Entonces, se produce vicio in procedendo, conforme lo señala el artículo 362.3 del Código Procesal Penal, cuando la sentencia contenga argumentos que se contrapongan entre si y que por tanto excluyan sus contenidos, ya sea que los mismos se estén desarrollados en un solo apartado de la resolución, como ser la fundamentación probatoria o la fundamentación jurídica, como cuando dichos argumentos se encuentren en distintas apartados de la misma sentencia, como ser los que se encuentren en la motivación punitiva y en la parte dispositiva del fallo. La consecuencia de que una sentencia contenga motivación contradictoria es su invalidación declarándola nula, por cuanto no puede tener vida jurídica el pronunciamiento de un Tribunal, cuyo sustento es contradictorio, dejando a los justiciables y al público en general, bajo la incertidumbre de cuáles fueron los verdaderos motivos en que se baso para tomar la decisión final.- III.- De la Procedencia del Motivo.- No es de Recibo el Motivo: Es criterio de esta Sala de lo Penal que la Sentencia impugnada no contiene motivación contradictoria, por el contrario la conclusión culpatoria reprochada al acusado se deriva de argumentos concomitantes; Así pues se lee a folio 479 vuelto de la sentencia que los juzgadores tienen claro cuál fue la teoría de la defensa: Que el pago de la prima del vehículo a la Corporación Flores, provenía del producto de bienes inmuebles y no de fondos Municipales; Pero contra de ella señalaron que si bien los documentos presentados al respecto son creíbles, por cuanto se da fe con ellos la compra-venta de bienes propiedad del acusado, los Juzgadores afirman que estos no fueron suficientes para restarle fuerza a la prueba culpatoria, es decir para opacar el resto de prueba que a criterio del Tribunal de Instancia demostraron que el acusado se había apropiado de fondos públicos, resintiendo la presentación de movimientos bancarios en la fecha treinta de marzo del año dos mil, o de días próximos –anteriores o posteriores- a esa fecha que demostraran el tracto sucesivo del dinero desde su obtención mediante la venta de los bienes hasta su inversión como prima en la compra de un vehículo.- Finalmente vale señalar que la Sala de lo Penal no se detiene a determinar la justicia de la argumentación, sino de determinar si entre el conjunto de éstos existe coherencia, tal y como lo ha solicitado el Censor en su recurso.- Por lo anterior es procedente declarar sin lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su segundo motivo. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360, 361, 362 y 369 del Código Procesal Penal.- FALLA: I.-Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su Único motivo, interpuesto por el Abogado M, Á, A,, en su condición de Defensor Privado del acusado E. R, S, C,; II.-Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su Único motivo, interpuesto por el Abogado M, Á, A, Defensor Privado del acusado E. R, S, C,; y III.-Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales, en sus dos motivos, interpuesto por el Abogado M, Á, A, Defensor Privado del acusado E, R, S. C..-MANDA: Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- Redactó el MAGISTRADO RAUL HENRÍQUEZ INTERIANO.- NOTIFÍQUESE.- FIRMA Y SELLO.- RAÚL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO.- COORDINADOR.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNÁNDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ SECRETARIA GENERAL.-” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil doce.- Certificación de la sentencia de fecha diecinueve de septiembre de dos mil doce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No.S.P.272-2010. FIRMA Y SELLO.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL.
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[1] Teoría originaria de los Estados Unidos de Norte América plasmada en los fallos de la Corte Suprema de Justicia: Silverthorne Lumber Co. Vrs. United State (1920), Nardone vrs. United States, (1939), Mapp vrs Ohio (1961), Escobedo vrs Illinois (1964), Miranda vrs Arizona (1966), Shapman vrs Arizona (1967), Katz vrs United Sates (1967) y Orozco vrs Texas (1969).