Sentencia CP-266-09 — Registro 2573
Resumen
Se absolvió en primer instancia por el delito de homicidio simple
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
III.- DEL RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EN SU MOTIVO UNICO. El recurrente alega que el Juzgador en la sentencia impugnada de fecha 01 de junio del 2009, valoró la prueba inobservando las reglas de la sana critica, trasgrediendo la regla de la Razón Suficiente en su elemento de la Derivación. Explica el deponente que, partiendo de los hechos probados, se llega a la convicción que el imputado falleció a consecuencia de un proyectil de arma de fuego, pero el sentenciador –según el reclamante- ha dejado a un lado que el ofendido y acusado coincidieron en tiempo, lugar y fecha al momento de suceder los hechos investigados, considera que la prueba de cargo fue suficiente para lograr la certeza necesaria para la condena. Argumentó también el demandante, que de las declaraciones de los testigos J. J. L., J. R. L., J. E. M. V. y A. L. S.; se infiere no solo la presencia del imputado en el lugar del hecho, sino que fue una de las personas que disparó contra el ofendido L. A. L. utilizando su arma de reglamento, disparo que le produjo su muerte; todas estas circunstancias inadvirtió el A quo siendo evidente –según el reclamante- la trasgresión a la regla de la lógica de razón suficiente. Afirma como ultimo punto, que al aportar el Ministerio Publico prueba documental como la Constancia de Infantería de la 120 Brigada de Infantería, en la cual se establece que el fusil asignado al imputado J. R. V. Modelo M16A1, calibre 5.56 x45 mm y el Dictamen balístico 3821-2007 cuyo resultado fue que la bala extraída en el cuerpo de la victima fue disparada por el arma asignada al encausado; con estas pruebas se confirma según el deponente, que el acusado disparo al ofendido con su arma de reglamento, pero para el Tribunal no existe claridad de quien fue la persona que causa la muerte a la victima, vulnerando con ello la regla lógica de la derivación en su apartado de suficiente. Esta Sala de lo Penal, ha verificado las valoraciones hechas por el sentenciador de las pruebas descritas por el recurrente y observa que en el caso de los testigos J. J. L., J. R. L., J. E. M. V. y A. L. S. y de la prueba documental “Constancia de la 120 Brigada de Infantería” donde se describe el arma asignada al imputado y el “Dictamen Balístico” el sentenciador no extrae de sus deposiciones y resultados, las probazas que de ellas se derivan, como ser, que todos los testigos vieron al imputado en el lugar del hecho, que el imputado J. R. V. O. es miembro del ejercito y que tenia asignado el Fusil M16A1 serie 2060989, que junto a un compañero dispararon con sus armas de reglamento contra la humanidad del ofendido, pero que fue la bala disparada por el señor V. O. la que le provocó su muerte. Ante estas deducciones que son extraídas de las pruebas ya relacionadas y verificando las consideraciones realizados por el A quo, analizamos que éste centralizó su razonar en contradicciones periféricas ocurridas en el juicio, como ser la cantidad de cartuchos decomisados al imputados ya que en unos documentos se establece que son 27 en otros 16 cartuchos decomisados; otra argumento es que el testigo J. R. afirma que quien portaba el machete era él, pero el otro testigo J. J. L. afirmó que el imputado andaba el machete; y por último que en la reconstrucción de hechos el perito balístico estableció trayectorias de balas diferentes a las plasmadas en la autopsia; éstas son situaciones si bien se dieron en el presente caso, las mismas son contradicciones periféricas que no inciden de manera sustancial en los hechos. Para el caso la cantidad de cartuchos decomisados al imputado, que según el acta de decomiso (F 126) fueron 16, pero según el Dictamen de Balística (F 129) recibió 27 cartuchos, si bien debe instarse a los órganos de investigación para realizar de forma profesional las pesquisas y decomisos de los casos, este hecho no cambia la dinámica de cómo sucedieron los hechos o la responsabilidad de los autores. De igual forma el determinar quien portaba el machete el día de los hechos, es un elemento periférico secundario debido a que ninguna de las partes estaba amparando su accionar en una causa de justificación para determinar así la proporcionalidad de los medios empleados. Finalmente en la reconstrucción de los hechos, el perito en Balística Octavio Valenzuela comenzó a discurrir acerca de las supuestas trayectorias de las balas, contradiciendo no solo la autopsia (F 130) sino que también la lógica; ante tal hechos debemos establecer dos posiciones, la primera es que los Tribunales de la Republica han confundido el verdadero sentido del Legislador al instituir como medio de prueba la “Reconstrucción de Hechos” que no es mas que reproducir el hecho tan fielmente le sea posible con quienes hayan estado presentes, en ninguna parte del artículo 262 del Código Procesal Penal se establece que en dicho acto deben participar peritos o consultores y mas delicado aun, que participen con posiciones determinantes en la resolución del caso; diferente es que los Jueces dentro del ámbito de la libertad probatoria, se hagan valer de profesionales con experticias particulares que coadyuven a aclarar las dudas que un caso planteen. Finalmente ante las posiciones o trayectorias de balas, se encuentra el Dictamen en Balística (F129) que establece que la bala encontrada en el cuerpo del señor L. A. L. Q. fue disparada por el arma asignada al imputado J. R. V. O. con serie 2060989, que constituye un indicio directo en el presente caso, que no puede obviarse por hechos periféricos de menor importancia. Concluimos por tanto, que en efecto en el presente caso se vulneraron las reglas del correcto entendimiento humano, como ser la lógica en su postulado de la derivación y razón suficiente, ya que los razonamientos del Tribunal no se derivan de las pruebas, sino de contradicciones que aunque en efecto se dieron, las mismas constituyen hechos periféricas en contraposición a las pruebas directas que se evacuaron en el juicio. Razones suficientes para decretar la nulidad parcial de la sentencia recurrida, ordenando el reenvío de las diligencias, para que un nuevo Tribunal constituido por otros jueces distintos a los que conocieron la presente causa, conozcan de un nuevo juicio contra el acusado J. R. V. O.
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
SP 266-2009
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintinueve de agosto del año dos mil doce, por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS, RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO en su calidad de Coordinador, JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha uno de junio de dos mil nueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, mediante la cual falló: 1º.- ABSOLVIENDO al Señor J. R. V. O., por el delito de HOMICIDIO SIMPLE, en perjuicio de L. A. L. Q.- 2º.- NO CONDENO en costas procesales al Señor J. R. V. O. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma el Abogado GUSTAVO ADOLFO GARCIA ALDANA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. SON PARTES: El Abogado Mario Alexis Morazán, en su calidad de Fiscal del Ministerio Público, como recurrente. El Abogado Arnaldo Alcides García en su calidad de Defensor Público del señor J. R. V. O., como recurrido. HECHOS PROBADOS PRIMERO: En fecha quince de abril del año dos mil siete, cuando transcurrían las dos de la tarde, en el Municipio de Concepción, departamento de Copán, en el lugar conocido como el Portillo, falleció el Señor L. A. L. Q.-SEGUNDO: El deceso del señor L. Q. fue por un cúmulo de sangre en la cavidad toráxica (hemotórax), como consecuencia de haber recibido una herida producida por un proyectil disparado por arma de fuego. C O N S I D E R A N D O I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por el Abogado GUSTAVO ADOLFO GARCIA ALDANA, reúne los requisitos exigidos por la ley, por que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- EL RECURRENTE ABOGADO GUSTAVO ADOLFO GARIA ALDANA, PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE LA MANERA SIGUIENTE: “ EXPOSICION DEL MOTIVO.-UNICO MOTIVO: Que al haber dictado el Juzgador, sentencia absolutoria en fecha 01 de junio del 2009, a favor del imputado J. R. V. O., lo hizo valorando la prueba inobservando las reglas de la Sana Crítica.- PRECEPTO AUTORIZANTES: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del Artículo 362 del Código Procesal Penal.-EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Invocamos que en la sentencia ya referida adolece de vicio, pues se infringe el artículo 202 Código Procesal Penal, que establece: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción forma conjunta y armónica toda la prueba producida” En el caso que nos ocupa, el Juzgador al momento de dictar sentencia absolutoria en fecha 01 de junio del 2009, respecto al imputado J. R. V. O., lo hizo incurriendo en violación a las reglas de la Sana Crítica; transgrediendo la regla de la Razón Suficiente en su elemento de la Derivación, en la manera que a continuación desarrollamos; ya que para el Juzgador, de la prueba evacuada resultaron probados los hechos siguientes: “PRIMERO.- En fecha quince de abril del dos mil siete, cuando transcurrían las dos de la tarde, en el municipio de Concepción, departamento de Copán, en el lugar conocido como el Portillo, falleció el señor L. A. L. Q.-SEGUNDO.- El deceso del señor L. Q. fue por un cúmulo de sangre en la cavidad toráxico (hemotórax), como consecuencia de haber recibido una herida producida por proyectil disparado por arma de fuego”. Partiendo de estos hechos declarados probados en la sentencia, se infiere que el Juzgador de la prueba evacuada en el debate, llegó a la convicción, que el imputado falleció a consecuencia de un proyectil disparado por arma de fuego no obstante el juzgador deja de lado que ofendido y acusado coincidieron en tiempo, lugar y fecha al momento de suceder los hechos sometidos a investigaciones, y que la prueba de cargo fue suficiente para lograr tal certeza; sin embargo el Tribunal de Sentencia en la sección de la fundamentación jurídica del fallo, específicamente en el apartado denominado segundo, párrafo primero, refiere, que pese a que el ofendido murió de manera violenta, no se logró establecer, la forma correcta en que ocurrió dicho deceso, por lo que no puede decir con exactitud quien fue la persona que cometió dicho ilícito. Tal como antes indicamos en el proceso quedó plenamente establecido a través de la prueba testifical que víctima e imputado, el día 15 de abril del 2007, estuvieron en el lugar conocido como el Portillo, del municipio de Concepción, departamento de Copán, cuando transcurrían aproximadamente las dos de la tarde; lugar en donde el señor A. L. Q., fue herido por arma de fuego, lo cual le ocasionó la muerte. Cabe citar entonces, que del andamiaje probatorio de cargo aportado, como ser la declaración de los testigos J. J. L. y J. R. L., así como de los de la defensa J. E. M. V. y A. L. S. V., no sólo se acreditó lo antes señalado, sino también que el señor J. R. V. O., quien es miembro del ejército y por tal razón se encontraba en el sitio en mención, fue una de las personas que disparó contra L. A. L. Q., utilizando para ello su arma de reglamento, causando como resultado de esos disparos la muerte del señor L. Q.; circunstancia que inadvirtió el A quo, y cuya afirmación hacemos, basados en los siguientes aspectos: A juicio oral y público se presentaron como medios de prueba de cargo testifical de: J. J. L. de J., (12 años) quien depuso, que el día 15 de abril del 2007, estaba junto con su padre en Concepción y que los acompañaba su tío J. R. y que cuando su papá (la víctima) estaba haciendo agua (pipi) el soldado llegó y le disparó a su papá en tres ocasiones. Cabe señalar que dicho testigo identificó plenamente en sala de debate al imputado como el autor del hecho que él narra.-J. R. L. Q., quien declaró, que el día 15 de abril del 2007, iba junto con su hermano L. A. L. y su sobrino e hijo del último J. J. L., cuando su hermano se paró a hacer aguas (pipi), cuando llegan los soldados y le tiran (disparan) a su hermano, con los fusiles que éstos portaban; dicho testigo al igual que el testigo anterior en Sala de debate, identifica plenamente al acusado como el autor de los disparos en contra de su hermano. De los testigos propuestos por la parte defensora, se extrae lo dicho por los siguientes: J. E. M. V., declaró que el día de los hechos él se encontró con L. A. L. Q. quién “venía bolo” (ingerido de bebidas alcohólicas) y lo ataca con un machete, pero él logró quitárselo con los pies, cuando “asomaron” los soldados y de allí vio y escuchó, cuando el sargento V. hizo tres disparos y el otro soldado hizo uno y que los disparos fueron al suelo porque salía tierra para arriba.-A. L. S. V., depuso, que el día de los hechos, él estaba en su casa de habitación, cuando escucho “bulla” y salió al corredor, cuando salió vio que venía el finado L. L. con un machete, y que cuando vinieron lo militares le pidieron al finado que botara el machete, pero como no hizo caso, por ello el sargento le hizo tres disparos y uno el soldado, ambos disparaban al suelo, esto lo dice porque salía polvo para arriba.-El Juzgador al valorar los testimonios supraindicados extrae solamente de los mismos que efectivamente el ofendido murió a consecuencia de disparos de arma de fuego, pero expone que no es posible identificar quién los realizó; conclusión que a nuestro criterio se aleja del verdadero contenido de la probanza y que evidentemente transgrede la regla lógica de razón suficiente en su características de veracidad pues al citar tal circunstancia, no da por cierto que el imputado disparó en contra del ofendido, cuando tanto los testigos de la fiscalía, como los de la defensa son contestes en que efectivamente sí lo hizo. Por otro lado se aportó como medio de prueba documental una constancia emitida por el Coronel de Infantería de la 120 Brigada de Infantería Roberto Andino Benítez, en el cual se hace constar que el Fusil, modelo M16A1, calibre 5.56X45 mm, serie 2060989, es el arma de fuego que se le ha asignado al acusado para el ejercicio de sus funciones; y con el dictamen de balística No. 3821-2007, se acreditó que de ésta arma de fuego al ser comparada con la evidencia (bala) extraída del cuerpo del occiso en la autopsia No.0547-2007, en dicho análisis de comparación resultó que efectivamente esa bala fue disparada por dicha arma de fuego.- Todo lo anteriormente señalado, viene a ratificar que el imputado además de coincidir en tiempo, lugar y fecha de la muerte del occiso, también tuvo acceso directo al arma de fuego utilizada para causarle la muerte a éste último; lo cual indiscutiblemente son indicios directos de oportunidad de incriminación.-En relación al extremo indicado en el párrafo anterior se determina que la defensa por su parte hizo alegaciones en juicio que el arma de fuego antes mencionada, al momento de suceder los hechos no era portada por el acusado, sino que éste portaba otra arma también del mismo tipo que aquella; circunstancias a las cuales el Juzgador les otorgó valor influyendo ello para la absolución. Sin embargo también quedó acreditado que al momento de suceder los hechos se hicieron presentes dos militares, es decir el acusado y otro militar más, que aún no es habido en el proceso criminal, y que éste otro militar también disparó en contra del acusado, circunstancia que también es cierta y que en todo caso configuraría una co-autoría, la cual evidentemente no puede desembocar en la absolución y por ende impunidad de la acción perpetrada por el enjuiciado, pues el occiso recibió en su cuerpo cuatro impactos de bala, y tal como refirieron los testigos antes citados, ambos soldados dispararon en contra de la humanidad de éste.- Está ultima circunstancia también quedó plenamente acreditada en el juicio mediante el mismo dictamen de balística, porque se probó que los restantes tres disparos que recibió la victima fueron disparados del arma de fuego tipo fusil, marca colt, modelo M16A1, calibre 5.56x45MM, serie 4815616, arma que al igual que la anterior señalada también fue decomisada.- Es así Honorables Magistrados, que no hay duda alguna, respecto que el acusado disparó en contra del ofendido, no importa si fue un disparo el que éste le hizo o fueron tres, ya sea con una u otra arma de fuego, pues lo cierto es que sí disparó y que como consecuencia de ello se produjo el resultado muerte del occiso; y que no existe una tan sola causa de justificación que haya justificado en él tal acción, como lo pretende hacer ver la defensa y el mismo A- quo al decir que de la prueba evacuada no le queda claridad alguna de quien fue la persona que le causó la muerte a la víctima. Así también la defensa a través de sus testigos, ha pretendido y al efecto lo logró respecto al Tribunal de Sentencia, hacer creer que los disparos hechos por su defendido fueron al suelo y no directamente a la humanidad de la víctima, circunstancia que en todo caso de ser cierto, entonces como respondemos que el cuerpo presentaba los disparos de manera directa; a diferencia del que se le encontró al cuerpo en el tórax, cuya bala tenía una deformidad y que se podría presumir que es un disparo rebote; siendo ésta última circunstancia, también desproporcional al caso, pues sólo el hecho de disparar con éstas armas de fuego una persona diestra en el manejo de armas, como se le presume a un miembro del ejército, éste debe saber que puede ocasionar un resultado dañoso a una persona, según la distancia de donde fueron los disparos, y si retomamos lo que expusieron los testigos de la defensa, éstos mencionaron que el acusado le disparaba al ofendido a sus pies, pero con tan mal atino que éstos impactaron directamente en su cuerpo, causándole la muerte; por lo que estamos ante la presencia en todo caso de un Dolo Eventual de la voluntad del acusado respecto a su acción.- Pues sabemos que no se puede equiparar como medio razonable para repeler la acción del ofendido supuestamente armado con un machete y aunado la posible ingesta de bebidas alcohólicas, con el accionar de dos armas de fuego, tipo fusil, cuando es de común conocimiento que éstas armas son de alto poder de destrucción, en el cual sus portadores en nuestro caso concreto siendo éstos militares, tienen el conocimiento de que su uso debe ser racional[1] de acuerdo a la situación planteada, lo cual no se evidencia en el caso subjudice, pues no se ha acreditado que la víctima representase un peligro tal respecto a los militares que hubiese la necesidad del uso desmedido de sus armas de fuego. Cabe concluir entonces que del razonamiento a todas y cada una de los medios de prueba señalados, una vez concatenados y armonizados entre sí, nos llevan por derivación, que el A quo, en la sentencia vulnera la regla lógica de la Derivación en su apartado de Suficiencia que exige que el proceso intelectivo de valoración de las probanzas se fundamente en una serie de inferencias que se desprendan del contenido de las probanzas y cuyo cúmulo indefectiblemente desemboque en una conclusión de absolver (en caso de insuficiencia probatoria o bien de duda) o condenar al enjuiciado; y las máximas de Experiencia Común, como integrantes de la Sana Crítica, pues de la prueba evacuada se desprende que la víctima murió a consecuencia de proyectiles de arma de fuego que fueron, aunque no en su totalidad, si en parte disparados por el señor J. R. V. O.- Ante lo desarrollado el Ministerio Público no logra extraer la razón por la cual el sentenciador dejó de valorar el contenido de las probanzas integrantes del andamiaje probatorio de cargo y rendir mayor credibilidad a sus propias deducciones carentes de sustento probatorio.- En consecuencia el Ministerio Público, como recurrente es del firme criterio, que se violentó en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que le debe merecer al juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, tal y como lo expresa el artículo 202 del Código Procesal Penal, dejando de lado la valoración de prueba de una manera armónica y concatenada; no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto de la sentencia.” III.- DEL RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EN SU MOTIVO UNICO. El recurrente alega que el Juzgador en la sentencia impugnada de fecha 01 de junio del 2009, valoró la prueba inobservando las reglas de la sana critica, trasgrediendo la regla de la Razón Suficiente en su elemento de la Derivación. Explica el deponente que, partiendo de los hechos probados, se llega a la convicción que el imputado falleció a consecuencia de un proyectil de arma de fuego, pero el sentenciador –según el reclamante- ha dejado a un lado que el ofendido y acusado coincidieron en tiempo, lugar y fecha al momento de suceder los hechos investigados, considera que la prueba de cargo fue suficiente para lograr la certeza necesaria para la condena. Argumentó también el demandante, que de las declaraciones de los testigos J. J. L., J. R. L., J. E. M. V. y A. L. S.; se infiere no solo la presencia del imputado en el lugar del hecho, sino que fue una de las personas que disparó contra el ofendido L. A. L. utilizando su arma de reglamento, disparo que le produjo su muerte; todas estas circunstancias inadvirtió el A quo siendo evidente –según el reclamante- la trasgresión a la regla de la lógica de razón suficiente. Afirma como ultimo punto, que al aportar el Ministerio Publico prueba documental como la Constancia de Infantería de la 120 Brigada de Infantería, en la cual se establece que el fusil asignado al imputado J. R. V. Modelo M16A1, calibre 5.56 x45 mm y el Dictamen balístico 3821-2007 cuyo resultado fue que la bala extraída en el cuerpo de la victima fue disparada por el arma asignada al encausado; con estas pruebas se confirma según el deponente, que el acusado disparo al ofendido con su arma de reglamento, pero para el Tribunal no existe claridad de quien fue la persona que causa la muerte a la victima, vulnerando con ello la regla lógica de la derivación en su apartado de suficiente. Esta Sala de lo Penal, ha verificado las valoraciones hechas por el sentenciador de las pruebas descritas por el recurrente y observa que en el caso de los testigos J. J. L., J. R. L., J. E. M. V. y A. L. S. y de la prueba documental “Constancia de la 120 Brigada de Infantería” donde se describe el arma asignada al imputado y el “Dictamen Balístico” el sentenciador no extrae de sus deposiciones y resultados, las probazas que de ellas se derivan, como ser, que todos los testigos vieron al imputado en el lugar del hecho, que el imputado J. R. V. O. es miembro del ejercito y que tenia asignado el Fusil M16A1 serie 2060989, que junto a un compañero dispararon con sus armas de reglamento contra la humanidad del ofendido, pero que fue la bala disparada por el señor V. O. la que le provocó su muerte. Ante estas deducciones que son extraídas de las pruebas ya relacionadas y verificando las consideraciones realizados por el A quo, analizamos que éste centralizó su razonar en contradicciones periféricas ocurridas en el juicio, como ser la cantidad de cartuchos decomisados al imputados ya que en unos documentos se establece que son 27 en otros 16 cartuchos decomisados; otra argumento es que el testigo J. R. afirma que quien portaba el machete era él, pero el otro testigo J. J. L. afirmó que el imputado andaba el machete; y por último que en la reconstrucción de hechos el perito balístico estableció trayectorias de balas diferentes a las plasmadas en la autopsia; éstas son situaciones si bien se dieron en el presente caso, las mismas son contradicciones periféricas que no inciden de manera sustancial en los hechos. Para el caso la cantidad de cartuchos decomisados al imputado, que según el acta de decomiso (F 126) fueron 16, pero según el Dictamen de Balística (F 129) recibió 27 cartuchos, si bien debe instarse a los órganos de investigación para realizar de forma profesional las pesquisas y decomisos de los casos, este hecho no cambia la dinámica de cómo sucedieron los hechos o la responsabilidad de los autores. De igual forma el determinar quien portaba el machete el día de los hechos, es un elemento periférico secundario debido a que ninguna de las partes estaba amparando su accionar en una causa de justificación para determinar así la proporcionalidad de los medios empleados. Finalmente en la reconstrucción de los hechos, el perito en Balística Octavio Valenzuela comenzó a discurrir acerca de las supuestas trayectorias de las balas, contradiciendo no solo la autopsia (F 130) sino que también la lógica; ante tal hechos debemos establecer dos posiciones, la primera es que los Tribunales de la Republica han confundido el verdadero sentido del Legislador al instituir como medio de prueba la “Reconstrucción de Hechos” que no es mas que reproducir el hecho tan fielmente le sea posible con quienes hayan estado presentes, en ninguna parte del artículo 262 del Código Procesal Penal se establece que en dicho acto deben participar peritos o consultores y mas delicado aun, que participen con posiciones determinantes en la resolución del caso; diferente es que los Jueces dentro del ámbito de la libertad probatoria, se hagan valer de profesionales con experticias particulares que coadyuven a aclarar las dudas que un caso planteen. Finalmente ante las posiciones o trayectorias de balas, se encuentra el Dictamen en Balística (F129) que establece que la bala encontrada en el cuerpo del señor L. A. L. Q. fue disparada por el arma asignada al imputado J. R. V. O. con serie 2060989, que constituye un indicio directo en el presente caso, que no puede obviarse por hechos periféricos de menor importancia. Concluimos por tanto, que en efecto en el presente caso se vulneraron las reglas del correcto entendimiento humano, como ser la lógica en su postulado de la derivación y razón suficiente, ya que los razonamientos del Tribunal no se derivan de las pruebas, sino de contradicciones que aunque en efecto se dieron, las mismas constituyen hechos periféricas en contraposición a las pruebas directas que se evacuaron en el juicio. Razones suficientes para decretar la nulidad parcial de la sentencia recurrida, ordenando el reenvío de las diligencias, para que un nuevo Tribunal constituido por otros jueces distintos a los que conocieron la presente causa, conozcan de un nuevo juicio contra el acusado J. R. V. O.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales 202, 262, 362.3, 369, del Código Procesal Penal.- FALLA: 1) Declara CON lugar el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, y casa la sentencia. 2) Declara la nulidad de la sentencia de fecha uno de junio de dos mil nueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, y del debate que la pronunció.- Y MANDA: 1) Que se repita el debate, con Jueces diferentes a los que participaron en el anulado. 2) Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho.- REDACTO EL MAGISTRADO RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- COORDINADOR.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de octubre del año dos mil doce.- Certificación de la sentencia de fecha veintinueve de agosto del año dos mil doce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-266-2009.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley. Acordaba en el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente.-Mismo que fue adoptado por Honduras en La Habana, Cuba, el 07 de septiembre de 1990. Principio 4. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado provisto.