Sentencia CP-247-10 — Registro 3376
Resumen
Se condenó en primer instancia por el delito de portación ilegal de armas, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."CASACION: MOTIVO UNICO: Violación por error de hecho en la apreciación de la Prueba propuesta en juicio. PRECEPTO AUTORIZANTE: El motivo por el cual se considera violación por error de hecho en la apreciación de la prueba, está comprendido en el artículo 412 NO.2 del Código de Procedimientos Penales. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El concepto de la Infracción la explico de la siguiente manera: Prescribe el artículo que se considera infringido por error en la apreciación de la prueba, así: artículo 412 NO.2: "Cuando en la apreciación de las pruebas haya habido errores de hecho, si esto resulta de documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación del Juzgador, y no estuvieren desvirtuadas por otras pruebas". Pues bien en la sentencia que se censura se consideran tanto las declaraciones indagatorias y las testifícales como documentos o actos auténticos, es así que en cuanto a la prueba de cargo y descargo que la Corte de Apelaciones en algunos de sus considerandos entre otras cosas estimo lo siguiente: PRIMERO: Declara La Corte que la misma ley procesal que lo acoge, que no solamente se llega a la conclusión de culpabilidad mediante la prueba directa sino también en algunos casos como en el presente por la prueba de presunciones a la que se llega mediante razonamientos deducidos de los indicios que encuentre el juzgador en
la causa; asimismo que ante la ausencia de prueba directa que vincule a los imputados en el ilícito penal cuya autoría y grado de complicidad se les atribuye, ese tribunal se veía en la necesidad de recurrir a la utilización de prueba de carácter indirecta, es decir a la prueba de presunciones, la que es capaz por si sola de desvirtuar la presunción de inocencia, siempre y cuando existan indicios plenamente probados a través de los cuales pueda deducirse de una forma debidamente razonada y acorde a las reglas de la sana crítica los hechos constitutivos del delito y la identificación del autor y en este caso, también del cómplice de esos hechos. Esta defensa no comparte el criterio esbozado por el Tribunal de alzada en vista que dichas presunciones no tienen una particular potencia acreditativa, por lo que en el presente caso no se da la certeza positiva que será la convicción de estar en posesión de la verdad sobre todos los extremos de la imputación, no se ha dado plenamente la garantía de que quien resulte penado lo será porque verdadera y probadamente es culpable, no solo porque los imputados condenados sean realmente inocentes, sino porque se pudo probar acatadamente que sean verdaderamente culpables. SEGUNDO: De lo antes expuesto la Defensa discrepa lo manifestado por dicho Tribunal de alzada, pues resulta que mí representado C. R. M. G. habiendo hecho de su derecho que por ley le asiste rindió declaración en el proceso, por lo que en el proceso dicha declaración indagatoria la misma fue corroborada tanto por el señor L. A. C. M. (primo de C. R. M.) quien era una de las personas que lo acompañaban el día domingo que se encontraban trabajando en el negocio familiar de vender carne de cerdo, así como con las declaraciones testifícales de los señores C. N. M. B., B. L. G., U. M. B. y B. I. c., las cuales confirman los relatos de C. R. M., exponiendo cada uno de los lugares y horas donde se encontraba mi representado el día de los hechos, considerando imposible que el mismo se encontrara en dos lugares a la vez. Asimismo rindió declaración indagatoria el señor S. G. M., quién manifestó que era primera vez que miraba a los señores C. R. M. G. y L. A. C., asimismo menciona que era él quien portaba las armas de fuego decomisadas, versión esta que fue corroborada por los Policías de Investigación quienes al ser preguntados donde habían sido encontradas las armas fuego, fueron contestes al afirmar que dentro de la paila, y que donde iba C. R. M. no se había encontrado nada y que la persona que iba en la paila del vehículo era el señor S. G. M. Por otra parte corre agregado en las presentes diligencias la declaración Indagatoria del señor L. A. C. M. quien era una de las personas que acompañaba a su primo C. R. M. en su quehaceres, manifestando que su quehacer no era andar dándole muerte a personas que ni siquiera conocía, corroborado su dicho con la declaración de la señora C. N. M.D B., quien manifestó que L. A. C. llegó hasta su casa en San Manuel Cortés el día de los hechos y que estuvo allí desde aproximadamente las cuatro de la tarde, hasta las seis de la tarde, asimismo consta la declaración de U. M. quien da fe que mi defendido estuvo en su casa de habitación sita en la Colonia Canadá de Choloma, Cortés desde las seis treinta de la tarde hasta las siete treinta de la noche del día cinco de agosto de dos mil uno (día de los hechos imputados), quedando confirmada las declaraciones de mis representados exponiendo los lugares y horas donde se encontraban el día de los hechos. TERCERO: Que en la etapa del Contradictorio, la Fiscalía del Ministerio Público se limitó a formalizar Acusación y a formular conclusiones desempeñando un papel completamente pasivo en cuanto a la prueba se refiere y siendo que de acuerdo al Código de Procedimientos Penales no podrá condenarse a un acusado, sino cuando se pruebe que cometió el delito que se le imputa y en Caso de duda debe absolvérsele. Entre otras cosas el tribunal de alzada no advierte que la prueba del sumario es meramente indiciaria, misma que no puede constituir plena prueba para dictar un fallo condenatorio en contra de mis representados, más sin embargo el Tribunal de Alzada confirmó lo resuelto por el Juzgador considerando que mis representados habían cometido uno el delito de Asesinato y el otro a título de Cómplice y que habían actuado con alevosía ya que habían utilizado armas de fuego asegurando la muerte del occiso sin riesgo para ellos ya que el señor P. E. C. no pudo defenderse. De lo antes expuesto esta defensa considera que mis representados C. R. M. y L. A. C. no tuvieron participación alguna en el ilícito que se les imputa, denotando que el tribunal cometió Violación por error de hecho en la apreciación de las pruebas presentadas en el proceso, por lo que en el caso que nos ocupa precisa referirnos a la regla de la lógica por ser esta la mas inobservada por el Juzgador y sobre la cual esta orientada el ataque al fallo, en vista que la regla de la lógica estando constituida por la ley de la coherencia y derivación, esta última ha resultado ignorada por el Juzgado debido que para la observancia de esta ley se exige al Juzgador que la sentencia resulte provista de razonamientos provenientes de elementos Congruentes, Verdaderos y suficientes, por consiguiente consideramos que se ha aplicado indebidamente el referido artículo, por lo que de las razones antes indicadas consideramos ser determinantes para la censura del fallo”. CONSIDERANDO: Que mediante auto de fecha uno de septiembre de dos mil diez, este Tribunal de Justicia, tuvo por formalizado en tiempo el Recurso de Casación por parte del Abogado A. A. G. A., por lo que se dio traslado de los autos a la Fiscal del Despacho para que emitiera dictamen, haciéndolo dicha funcionaria en fecha once de febrero de dos mil once, de la siguiente manera: “OPINIÓN Con fundamento en las razones expuestas el MINISTERIO PÚBLICO, dictamina desfavorable a la admisión del presente recurso en sus dos motivos”. CONSIDERANDO: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la admisión del recurso de mérito. CONSIDERANDO: Que la formalización del recurso de casación por Infracción de Ley, reúne todos los requisitos legales, por lo que es procedente su admisión, debiendo oportunamente dictar sentencia sobre la procedencia o improcedencia de su único motivo planteado. CONSIDERANDO: Que reunidos los requisitos de ley se pronunció sentencia admitiendo el recurso de casación en sus único motivo, debiendo procederse a pronunciarse sobre la procedencia o no del recurso de casación. CONSIDERANDO. DEL RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY EN SU MOTIVO PRIMERO INTERPUESTO POR LA DEFENSA El recurrente viene alegando que la Corte de Apelaciones incurrió en error de hecho en la apreciación de la prueba que resulta de actos o documentos auténticos que demuestran la equivocación del Juzgador, y no estuvieren desvirtuadas por otras pruebas, señalando como precepto autorizante el artículo 412 numero 2 del Código de Procedimientos Penales. El impetrante argumenta principalmente que los documentos o actos auténticos que invoca para los efectos del actual motivo de casación son las declaraciones indagatorias y las testificales enfatizando que en base a esa prueba sus representados no tuvieron participación alguna en el ilícito que se les imputada, exponiendo alegatos propios de instancia relativos a la forma en que el juzgador valoró la prueba, sin embargo en ningún momento centra su argumento en demostrar que los medios de prueba invocados tienen la categoría de actos o documentos auténticos Esta Sala de lo Penal ha expresado en reiteradas ocasiones que el motivo de Casación por error de hecho, exige no solo que se trate de un documento o acto auténtico que demuestre la equivocación del juzgador sino también que no estuvieren desvirtuados por otras pruebas. Para los efectos del recurso, resulta de utilidad precisar que los criterios jurisprudenciales han establecido dos aspectos torales bien definidos: 1) No solo debe demostrarse la existencia de un acto o documento auténtico, sino que también no existan otras pruebas que desvirtúen el documento o acto auténtico y 2) Que el documento o acto auténtico baste por si solo para demostrar el yerro del sentenciador; para los efectos de esta causal de casación resulta indispensable enfatizar “que se consideran documentos o actos auténticos aquellos que, además de reunir las propias formalidades extrínsecas, constituyen en cuanto al fondo por si mismos, la plena prueba e inatacable de la rigurosa e indubitada certeza de los hechos” [1] de manera que la apreciación de otros elementos probatorios no restrinja la fuerza probatoria dimanada del propio documento o acto auténtico, requiriéndose en este caso que el documento o acto auténtico baste por si solo para generar la certeza y convicción del hecho, lo que no acontece en el caso bajo examen en tanto que las declaraciones indagatorias y testifícales no representan en ese sentido un acto auténtico pues son meras manifestaciones de voluntad; sobre este tópico FERNANDEZ BOIXANDER apunta que “es verdad inatacable que durante la celebración del juicio oral tienen lugar las prácticas de diversas pruebas propuestas por las partes; cierto e indiscutible que también con ocasión de ellas, se producen aquellas manifestaciones de los procesados, declaraciones de testigos, aquellos juicios de peritos, ect., de todo lo cual, como expresión formal externa, el Secretario da fe, y como auténticos en este aspecto hay que aceptar esos hechos; pero de lo que no da fe el Secretario, porque no puede darla, porque no lo sabe, es si todas y cada una de aquellas manifestaciones de los procesados, testigos y peritos son ciertas en el fondo, pues tales expresiones no son más que simples manifestaciones de voluntad, sin contenido intrínseco de verdad irrefutable, susceptibles, y por tanto, de ser apreciadas libremente por los Juzgadores[2]. Por ello las declaraciones indagatorias y testifícales que pretende el recurrente sean consideradas como documentos o actos auténticos, son elementos sujetos a la valoración del juez y cuyas declaraciones per se no constituye una verdad incuestionable, porque si bien el secretario judicial dio fe de sus dichos, la veracidad de los mismos no tiene la calidad de indubitable o de verdad incuestionable, tanto así que sumados a otros indicios fueron determinantes para establecer presunciones que redundaron en la credibilidad de unos testigos y en el demérito de otros, determinando en el juzgador el grado de certeza que precisaba para arribar a la conclusión que asumió en la sentencia reflejada en la parte resolutiva de la misma, en consecuencia, no procede el motivo de casación invocado.."
Legislación citada
- Código de Procedimientos Penales, art. 422 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA las sentencias que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO PENAL.- Tegucigalpa, M.D.C., ocho de noviembre del dos mil doce. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha treinta y uno de agosto de dos mil diez, por el Abogado A. A. G. A., mayor de edad, hondureño y de este domicilio, actuando en su condición de Defensor Público de los señores C. R. M. G., mayor de edad, soltero, comerciante, hondureño, con domicilio en San Pedro Sula, Cortés, y L. A. C. M., mayor de edad, soltero, hondureño, agricultor y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés; en relación al Por Cuanto, de fecha seis de agosto de dos mil uno, levantado por el Juzgado de Paz de Choloma, Cortés, y posterior acusación presentada en fecha seis de agosto de dos mil uno, por el Licenciado V. A. F. G., mayor de edad, soltero, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra el señor C. R. M. G., L. A. M. C., de generales ya señaladas y S. G. M., mayor de edad, soltero, albañil, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés, el primero por suponerlo responsable de los delitos de ASESINATO Y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, y los dos últimos por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de P. E. C. T., Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia de fecha veintiocho de mayo de dos mil diez, emitida por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortés, que confirmó de oficio la sentencia de fecha cuatro de febrero de dos mil cinco, dictada por el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula Cortés, que falló de la manera siguiente: “PRIMERO: CONDENANDO A LOS IMPUTADOS C. R. M. G. y S. G. M., de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia a la pena principal de VEINTICINCO AÑOS DE RECLUSIÓN, cada uno como autores del delito de ASESINATO en perjuicio de P. E. C. T..- SEGUNDO: CONDENANDO AL IMPUTADO L. A. C. M., de generales conocidas en el preámbulo de este sentencia a la pena principal de DIECISEIS AÑOS SIETE MESES, en su grado de COMPLICIDAD POR DELITO DE ASESINATO, en perjuicio de P. E. C. T., así como también a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena debiéndosele abonar el tiempo que haya permanecido en efectiva prisión pena que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional y sujeta al reo a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con las leyes que regulan el sistema penitenciario del país. TERCERO: Se decreta el comiso a favor del Estado de Honduras de las dos armas de fuego decomisadas a los imputados.” CONSIDERANDO: Que en sentencia de fecha veintiocho de mayo de dos mil diez, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortés, reformó los hechos estimados y declarados probados por el A quo, redactándolos de la siguiente forma: “l) Que el día de los hechos, el seis de agosto del dos mil uno a eso de las cuatro y treinta de la tarde, el hoy occiso P. C. se encontraba en el campo de fútbol "Los Cuatos" en el municipio de Choloma, Cortés, cuando C. R. M. y S. G. M. llegaron al lugar portando armas de fuego 3.57 y nueve milímetros disparándole a corta y larga distancia a P. C., tal como lo manifiesta M. I. G. así como el testigo M. T. Al. C. quien manifiesta que logró reconocer a "C., el hijo del chanchero" deduciéndose que se trata de C. R. M., quien junto a su padre se dedica a la compraventa de carne de cerdo (chanchos) tal como el mismo lo manifiesta en su declaración indagatoria (F39); 2) Que también fue visto, junto con C. M., S. G. M., ya que testigos, entre ellos J. A. R. G. y M. I. A. (F 48 Y 49) manifiestan haber visto a un individuo de la raza negra (descripción de S.) en su compañía: 3) Que luego de ejecutar el hecho los referidos encausados abordaron un vehículo gris tipo pick up que los esperaba, abandonando el lugar, siendo perseguidos por los lugareños, quienes les perdieron de vista, sin embargo fueron capturados en horas de la noche, a eso de las ocho p.m. por la policía a bordo de un vehículo Mazda, tipo pick up, color gris, el mismo que fue visto por los testigos en el lugar de los hechos quienes manifestaron que fueron unos mareros de la 18 quienes dieron muerte a P., que disparaban con un arma 3.57 y nueve milímetros, que le iban disparando de cerca y de largo y luego se subieron en un vehículo pick up, gris, de paila; 4) Que los imputados C. A. M. G. y S. G. M. fueron detenidos por la policía junto con el otro encausado L. A. C. M. quien los esperó en el vehículo y se conducían a bordo del vehículo referido decomisándoles, tanto el automotor como las armas de fuego, una pistola CZ, nueve milímetros y un revolver S:W: 3.57 ; 5) Que la autopsia practicada al cadáver del occiso P. C. (P 328) revela, entre otros, que este presentaba nueve lesiones producidas por proyectil de arma de fuego y que tales lesiones "son similares a las producidas por proyectil disparado por arma de fuego a corta distancia (la no. 9) y larga distancia el resto", coincidiendo con lo dicho en el numeral primero de este considerando.” CONSIDERANDO: Que en fecha treinta y uno de agosto de dos mil diez, compareció ante este Tribunal de Justicia, el Abogado A. A. G. A., de generales citadas y en su condición aludida, formalizando su Recurso de Casación de la siguiente manera:” EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION: MOTIVO UNICO: Violación por error de hecho en la apreciación de la Prueba propuesta en juicio. PRECEPTO AUTORIZANTE: El motivo por el cual se considera violación por error de hecho en la apreciación de la prueba, está comprendido en el artículo 412 NO.2 del Código de Procedimientos Penales. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El concepto de la Infracción la explico de la siguiente manera: Prescribe el artículo que se considera infringido por error en la apreciación de la prueba, así: artículo 412 NO.2: "Cuando en la apreciación de las pruebas haya habido errores de hecho, si esto resulta de documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación del Juzgador, y no estuvieren desvirtuadas por otras pruebas". Pues bien en la sentencia que se censura se consideran tanto las declaraciones indagatorias y las testifícales como documentos o actos auténticos, es así que en cuanto a la prueba de cargo y descargo que la Corte de Apelaciones en algunos de sus considerandos entre otras cosas estimo lo siguiente: PRIMERO: Declara La Corte que la misma ley procesal que lo acoge, que no solamente se llega a la conclusión de culpabilidad mediante la prueba directa sino también en algunos casos como en el presente por la prueba de presunciones a la que se llega mediante razonamientos deducidos de los indicios que encuentre el juzgador en la causa; asimismo que ante la ausencia de prueba directa que vincule a los imputados en el ilícito penal cuya autoría y grado de complicidad se les atribuye, ese tribunal se veía en la necesidad de recurrir a la utilización de prueba de carácter indirecta, es decir a la prueba de presunciones, la que es capaz por si sola de desvirtuar la presunción de inocencia, siempre y cuando existan indicios plenamente probados a través de los cuales pueda deducirse de una forma debidamente razonada y acorde a las reglas de la sana crítica los hechos constitutivos del delito y la identificación del autor y en este caso, también del cómplice de esos hechos. Esta defensa no comparte el criterio esbozado por el Tribunal de alzada en vista que dichas presunciones no tienen una particular potencia acreditativa, por lo que en el presente caso no se da la certeza positiva que será la convicción de estar en posesión de la verdad sobre todos los extremos de la imputación, no se ha dado plenamente la garantía de que quien resulte penado lo será porque verdadera y probadamente es culpable, no solo porque los imputados condenados sean realmente inocentes, sino porque se pudo probar acatadamente que sean verdaderamente culpables. SEGUNDO: De lo antes expuesto la Defensa discrepa lo manifestado por dicho Tribunal de alzada, pues resulta que mí representado C. R. M. G. habiendo hecho de su derecho que por ley le asiste rindió declaración en el proceso, por lo que en el proceso dicha declaración indagatoria la misma fue corroborada tanto por el señor L. A. C. M. (primo de C. R. M.) quien era una de las personas que lo acompañaban el día domingo que se encontraban trabajando en el negocio familiar de vender carne de cerdo, así como con las declaraciones testifícales de los señores C. N. M. B., B. L. G., U. M. B. y B. I. c., las cuales confirman los relatos de C. R. M., exponiendo cada uno de los lugares y horas donde se encontraba mi representado el día de los hechos, considerando imposible que el mismo se encontrara en dos lugares a la vez. Asimismo rindió declaración indagatoria el señor S. G. M., quién manifestó que era primera vez que miraba a los señores C. R. M. G. y L. A. C., asimismo menciona que era él quien portaba las armas de fuego decomisadas, versión esta que fue corroborada por los Policías de Investigación quienes al ser preguntados donde habían sido encontradas las armas fuego, fueron contestes al afirmar que dentro de la paila, y que donde iba C. R. M. no se había encontrado nada y que la persona que iba en la paila del vehículo era el señor S. G. M. Por otra parte corre agregado en las presentes diligencias la declaración Indagatoria del señor L. A. C. M. quien era una de las personas que acompañaba a su primo C. R. M. en su quehaceres, manifestando que su quehacer no era andar dándole muerte a personas que ni siquiera conocía, corroborado su dicho con la declaración de la señora C. N. M. B., quien manifestó que L. A. C. llegó hasta su casa en San Manuel Cortés el día de los hechos y que estuvo allí desde aproximadamente las cuatro de la tarde, hasta las seis de la tarde, asimismo consta la declaración de U. M. quien da fe que mi defendido estuvo en su casa de habitación sita en la Colonia Canadá de Choloma, Cortés desde las seis treinta de la tarde hasta las siete treinta de la noche del día cinco de agosto de dos mil uno (día de los hechos imputados), quedando confirmada las declaraciones de mis representados exponiendo los lugares y horas donde se encontraban el día de los hechos. TERCERO: Que en la etapa del Contradictorio, la Fiscalía del Ministerio Público se limitó a formalizar Acusación y a formular conclusiones desempeñando un papel completamente pasivo en cuanto a la prueba se refiere y siendo que de acuerdo al Código de Procedimientos Penales no podrá condenarse a un acusado, sino cuando se pruebe que cometió el delito que se le imputa y en Caso de duda debe absolvérsele. Entre otras cosas el tribunal de alzada no advierte que la prueba del sumario es meramente indiciaria, misma que no puede constituir plena prueba para dictar un fallo condenatorio en contra de mis representados, más sin embargo el Tribunal de Alzada confirmó lo resuelto por el Juzgador considerando que mis representados habían cometido uno el delito de Asesinato y el otro a título de Cómplice y que habían actuado con alevosía ya que habían utilizado armas de fuego asegurando la muerte del occiso sin riesgo para ellos ya que el señor P. E. C. no pudo defenderse. De lo antes expuesto esta defensa considera que mis representados C. R. M. y L. A. C. no tuvieron participación alguna en el ilícito que se les imputa, denotando que el tribunal cometió Violación por error de hecho en la apreciación de las pruebas presentadas en el proceso, por lo que en el caso que nos ocupa precisa referirnos a la regla de la lógica por ser esta la mas inobservada por el Juzgador y sobre la cual esta orientada el ataque al fallo, en vista que la regla de la lógica estando constituida por la ley de la coherencia y derivación, esta última ha resultado ignorada por el Juzgado debido que para la observancia de esta ley se exige al Juzgador que la sentencia resulte provista de razonamientos provenientes de elementos Congruentes, Verdaderos y suficientes, por consiguiente consideramos que se ha aplicado indebidamente el referido artículo, por lo que de las razones antes indicadas consideramos ser determinantes para la censura del fallo”. CONSIDERANDO: Que mediante auto de fecha uno de septiembre de dos mil diez, este Tribunal de Justicia, tuvo por formalizado en tiempo el Recurso de Casación por parte del Abogado A. A. G. A., por lo que se dio traslado de los autos a la Fiscal del Despacho para que emitiera dictamen, haciéndolo dicha funcionaria en fecha once de febrero de dos mil once, de la siguiente manera: “OPINIÓN Con fundamento en las razones expuestas el MINISTERIO PÚBLICO, dictamina desfavorable a la admisión del presente recurso en sus dos motivos”. CONSIDERANDO: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la admisión del recurso de mérito. CONSIDERANDO: Que la formalización del recurso de casación por Infracción de Ley, reúne todos los requisitos legales, por lo que es procedente su admisión, debiendo oportunamente dictar sentencia sobre la procedencia o improcedencia de su único motivo planteado. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre de LA REPÚBLICA DE HONDURAS, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 410, 411, 412 preámbulo y numeral 2, 418, 420 del Código de Procedimientos Penales; 919, 920, 921, 923 del Código de Procedimientos Comunes de 1906; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; FALLA: Declarar HA LUGAR la Admisión del recurso Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por el Abogado A. A. G. A., en su condición de Defensor Público de los señores C. R. M. G. y L. A. C. M., en la causa que se sigue en contra de los imputados, por suponerlos responsable del delito de ASESINATO y COMPLICIDAD POR DELITO DE ASESINATO, en perjuicio de P. E. C. T.; Y MANDA: Que oportunamente se dicte la sentencia sobre la procedencia o improcedencia de su único motivo de casación.- Redactó el Magistrado RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INERIANO.- COORDINADOR.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO PENAL.- Tegucigalpa, M.D.C., diecisiete de enero de dos mil trece. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha treinta y uno de agosto de dos mil diez, por el Abogado A. A. G. A., mayor de edad, hondureño y de este domicilio, actuando en su condición de Defensor Público de los señores C. R. M. G., mayor de edad, soltero, comerciante, hondureño, con domicilio en San Pedro Sula, Cortés, y L. A. C. M., mayor de edad, soltero, hondureño, agricultor y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés; en relación al Por Cuanto, de fecha seis de agosto de dos mil uno, levantado por el Juzgado de Paz de Choloma, Cortés, y posterior acusación presentada en fecha seis de agosto de dos mil uno, por el Licenciado V. A. F. G., mayor de edad, soltero, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra el señor C. R. M. G., L. A. M. C., de generales ya señaladas y S. G. M., mayor de edad, soltero, albañil, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés, el primero por suponerlo responsable de los delitos de ASESINATO Y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, y los dos últimos por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de P. E. C. T., Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia de fecha veintiocho de mayo de dos mil diez, emitida por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortés, que confirmó de oficio la sentencia de fecha cuatro de febrero de dos mil cinco, dictada por el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula Cortés, que falló de la manera siguiente: “PRIMERO: CONDENANDO A LOS IMPUTADOS C. R. M. G. y S. G. M., de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia a la pena principal de VEINTICINCO AÑOS DE RECLUSIÓN, cada uno como autores del delito de ASESINATO en perjuicio de P. E. C. T.- SEGUNDO: CONDENANDO AL IMPUTADO L. A. C. M., de generales conocidas en el preámbulo de este sentencia a la pena principal de DIECISEIS AÑOS SIETE MESES, en su grado de COMPLICIDAD POR DELITO DE ASESINATO, en perjuicio de P. E. C. T., así como también a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena debiéndosele abonar el tiempo que haya permanecido en efectiva prisión pena que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional y sujeta al reo a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con las leyes que regulan el sistema penitenciario del país. TERCERO: Se decreta el comiso a favor del Estado de Honduras de las dos armas de fuego decomisadas a los imputados.” CONSIDERANDO: Que en sentencia de fecha veintiocho de mayo de dos mil diez, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortés, reformó los hechos estimados y declarados probados por el A quo, redactándolos de la siguiente forma: “l) Que el día de los hechos, el seis de agosto del dos mil uno a eso de las cuatro y treinta de la tarde, el hoy occiso P. C. se encontraba en el campo de fútbol "Los Cuatos" en el municipio de Choloma, Cortés, cuando C. R. M. y S. G. M. llegaron al lugar portando armas de fuego 3.57 y nueve milímetros disparándole a corta y larga distancia a P. C., tal como lo manifiesta M. I. G. así como el testigo M. T. A. C. quien manifiesta que logró reconocer a "C., el hijo del chanchero" deduciéndose que se trata de C. R. M., quien junto a su padre se dedica a la compraventa de carne de cerdo (chanchos) tal como el mismo lo manifiesta en su declaración indagatoria (F39); 2) Que también fue visto, junto con C. M., S. G. M., ya que testigos, entre ellos J. A. R. G. y M. I. A. (F 48 Y 49) manifiestan haber visto a un individuo de la raza negra (descripción de S.) en su compañía: 3) Que luego de ejecutar el hecho los referidos encausados abordaron un vehículo gris tipo pick up que los esperaba, abandonando el lugar, siendo perseguidos por los lugareños, quienes les perdieron de vista, sin embargo fueron capturados en horas de la noche, a eso de las ocho p.m. por la policía a bordo de un vehículo Mazda, tipo pick up, color gris, el mismo que fue visto por los testigos en el lugar de los hechos quienes manifestaron que fueron unos mareros de la 18 quienes dieron muerte a P., que disparaban con un arma 3.57 y nueve milímetros, que le iban disparando de cerca y de largo y luego se subieron en un vehículo pick up, gris, de paila; 4) Que los imputados C. A. M. G. y S. G. M. fueron detenidos por la policía junto con el otro encausado L. A. C. M. quien los esperó en el vehículo y se conducían a bordo del vehículo referido decomisándoles, tanto el automotor como las armas de fuego, una pistola CZ, nueve milímetros y un revolver S:W: 3.57 ; 5) Que la autopsia practicada al cadáver del occiso P. C. (P 328) revela, entre otros, que este presentaba nueve lesiones producidas por proyectil de arma de fuego y que tales lesiones "son similares a las producidas por proyectil disparado por arma de fuego a corta distancia (la no. 9) y larga distancia el resto", coincidiendo con lo dicho en el numeral primero de este considerando.” CONSIDERANDO: Que en fecha treinta y uno de agosto de dos mil diez, compareció ante este Tribunal de Justicia, el Abogado A. A. G. A., de generales citadas y en su condición aludida, formalizando su Recurso de Casación de la siguiente manera:” EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION: MOTIVO UNICO: Violación por error de hecho en la apreciación de la Prueba propuesta en juicio. PRECEPTO AUTORIZANTE: El motivo por el cual se considera violación por error de hecho en la apreciación de la prueba, está comprendido en el artículo 412 NO.2 del Código de Procedimientos Penales. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El concepto de la Infracción la explico de la siguiente manera: Prescribe el artículo que se considera infringido por error en la apreciación de la prueba, así: artículo 412 NO.2: "Cuando en la apreciación de las pruebas haya habido errores de hecho, si esto resulta de documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación del Juzgador, y no estuvieren desvirtuadas por otras pruebas". Pues bien en la sentencia que se censura se consideran tanto las declaraciones indagatorias y las testifícales como documentos o actos auténticos, es así que en cuanto a la prueba de cargo y descargo que la Corte de Apelaciones en algunos de sus considerandos entre otras cosas estimo lo siguiente: PRIMERO: Declara La Corte que la misma ley procesal que lo acoge, que no solamente se llega a la conclusión de culpabilidad mediante la prueba directa sino también en algunos casos como en el presente por la prueba de presunciones a la que se llega mediante razonamientos deducidos de los indicios que encuentre el juzgador en la causa; asimismo que ante la ausencia de prueba directa que vincule a los imputados en el ilícito penal cuya autoría y grado de complicidad se les atribuye, ese tribunal se veía en la necesidad de recurrir a la utilización de prueba de carácter indirecta, es decir a la prueba de presunciones, la que es capaz por si sola de desvirtuar la presunción de inocencia, siempre y cuando existan indicios plenamente probados a través de los cuales pueda deducirse de una forma debidamente razonada y acorde a las reglas de la sana crítica los hechos constitutivos del delito y la identificación del autor y en este caso, también del cómplice de esos hechos. Esta defensa no comparte el criterio esbozado por el Tribunal de alzada en vista que dichas presunciones no tienen una particular potencia acreditativa, por lo que en el presente caso no se da la certeza positiva que será la convicción de estar en posesión de la verdad sobre todos los extremos de la imputación, no se ha dado plenamente la garantía de que quien resulte penado lo será porque verdadera y probadamente es culpable, no solo porque los imputados condenados sean realmente inocentes, sino porque se pudo probar acatadamente que sean verdaderamente culpables. SEGUNDO: De lo antes expuesto la Defensa discrepa lo manifestado por dicho Tribunal de alzada, pues resulta que mí representado C. R. M. G. habiendo hecho de su derecho que por ley le asiste rindió declaración en el proceso, por lo que en el proceso dicha declaración indagatoria la misma fue corroborada tanto por el señor L. A. C. M. (primo de C. R. M.) quien era una de las personas que lo acompañaban el día domingo que se encontraban trabajando en el negocio familiar de vender carne de cerdo, así como con las declaraciones testifícales de los señores C. N. M. B., B. L. G., U. M. B. y B. I. c., las cuales confirman los relatos de C. R. M., exponiendo cada uno de los lugares y horas donde se encontraba mi representado el día de los hechos, considerando imposible que el mismo se encontrara en dos lugares a la vez. Asimismo rindió declaración indagatoria el señor S. G. M., quién manifestó que era primera vez que miraba a los señores C. R. M. G. y L. A. C., asimismo menciona que era él quien portaba las armas de fuego decomisadas, versión esta que fue corroborada por los Policías de Investigación quienes al ser preguntados donde habían sido encontradas las armas fuego, fueron contestes al afirmar que dentro de la paila, y que donde iba C. R. M. no se había encontrado nada y que la persona que iba en la paila del vehículo era el señor S. G. M. Por otra parte corre agregado en las presentes diligencias la declaración Indagatoria del señor L. A. C. M. quien era una de las personas que acompañaba a su primo C. R. M. en su quehaceres, manifestando que su quehacer no era andar dándole muerte a personas que ni siquiera conocía, corroborado su dicho con la declaración de la señora C. N. M.D B., quien manifestó que L. A. C. llegó hasta su casa en San Manuel Cortés el día de los hechos y que estuvo allí desde aproximadamente las cuatro de la tarde, hasta las seis de la tarde, asimismo consta la declaración de U. M. quien da fe que mi defendido estuvo en su casa de habitación sita en la Colonia Canadá de Choloma, Cortés desde las seis treinta de la tarde hasta las siete treinta de la noche del día cinco de agosto de dos mil uno (día de los hechos imputados), quedando confirmada las declaraciones de mis representados exponiendo los lugares y horas donde se encontraban el día de los hechos. TERCERO: Que en la etapa del Contradictorio, la Fiscalía del Ministerio Público se limitó a formalizar Acusación y a formular conclusiones desempeñando un papel completamente pasivo en cuanto a la prueba se refiere y siendo que de acuerdo al Código de Procedimientos Penales no podrá condenarse a un acusado, sino cuando se pruebe que cometió el delito que se le imputa y en Caso de duda debe absolvérsele. Entre otras cosas el tribunal de alzada no advierte que la prueba del sumario es meramente indiciaria, misma que no puede constituir plena prueba para dictar un fallo condenatorio en contra de mis representados, más sin embargo el Tribunal de Alzada confirmó lo resuelto por el Juzgador considerando que mis representados habían cometido uno el delito de Asesinato y el otro a título de Cómplice y que habían actuado con alevosía ya que habían utilizado armas de fuego asegurando la muerte del occiso sin riesgo para ellos ya que el señor P. E. C. no pudo defenderse. De lo antes expuesto esta defensa considera que mis representados C. R. M. y L. A. C. no tuvieron participación alguna en el ilícito que se les imputa, denotando que el tribunal cometió Violación por error de hecho en la apreciación de las pruebas presentadas en el proceso, por lo que en el caso que nos ocupa precisa referirnos a la regla de la lógica por ser esta la mas inobservada por el Juzgador y sobre la cual esta orientada el ataque al fallo, en vista que la regla de la lógica estando constituida por la ley de la coherencia y derivación, esta última ha resultado ignorada por el Juzgado debido que para la observancia de esta ley se exige al Juzgador que la sentencia resulte provista de razonamientos provenientes de elementos Congruentes, Verdaderos y suficientes, por consiguiente consideramos que se ha aplicado indebidamente el referido artículo, por lo que de las razones antes indicadas consideramos ser determinantes para la censura del fallo”. CONSIDERANDO: Que mediante auto de fecha uno de septiembre de dos mil diez, este Tribunal de Justicia, tuvo por formalizado en tiempo el Recurso de Casación por parte del Abogado A. A. G. A., por lo que se dio traslado de los autos a la Fiscal del Despacho para que emitiera dictamen, haciéndolo dicha funcionaria en fecha once de febrero de dos mil once, de la siguiente manera: “OPINIÓN Con fundamento en las razones expuestas el MINISTERIO PÚBLICO, dictamina desfavorable a la admisión del presente recurso en sus dos motivos”. CONSIDERANDO: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la admisión del recurso de mérito. CONSIDERANDO: Que la formalización del recurso de casación por Infracción de Ley, reúne todos los requisitos legales, por lo que es procedente su admisión, debiendo oportunamente dictar sentencia sobre la procedencia o improcedencia de su único motivo planteado. CONSIDERANDO: Que reunidos los requisitos de ley se pronunció sentencia admitiendo el recurso de casación en sus único motivo, debiendo procederse a pronunciarse sobre la procedencia o no del recurso de casación. CONSIDERANDO. DEL RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY EN SU MOTIVO PRIMERO INTERPUESTO POR LA DEFENSA El recurrente viene alegando que la Corte de Apelaciones incurrió en error de hecho en la apreciación de la prueba que resulta de actos o documentos auténticos que demuestran la equivocación del Juzgador, y no estuvieren desvirtuadas por otras pruebas, señalando como precepto autorizante el artículo 412 numero 2 del Código de Procedimientos Penales. El impetrante argumenta principalmente que los documentos o actos auténticos que invoca para los efectos del actual motivo de casación son las declaraciones indagatorias y las testificales enfatizando que en base a esa prueba sus representados no tuvieron participación alguna en el ilícito que se les imputada, exponiendo alegatos propios de instancia relativos a la forma en que el juzgador valoró la prueba, sin embargo en ningún momento centra su argumento en demostrar que los medios de prueba invocados tienen la categoría de actos o documentos auténticos Esta Sala de lo Penal ha expresado en reiteradas ocasiones que el motivo de Casación por error de hecho, exige no solo que se trate de un documento o acto auténtico que demuestre la equivocación del juzgador sino también que no estuvieren desvirtuados por otras pruebas. Para los efectos del recurso, resulta de utilidad precisar que los criterios jurisprudenciales han establecido dos aspectos torales bien definidos: 1) No solo debe demostrarse la existencia de un acto o documento auténtico, sino que también no existan otras pruebas que desvirtúen el documento o acto auténtico y 2) Que el documento o acto auténtico baste por si solo para demostrar el yerro del sentenciador; para los efectos de esta causal de casación resulta indispensable enfatizar “que se consideran documentos o actos auténticos aquellos que, además de reunir las propias formalidades extrínsecas, constituyen en cuanto al fondo por si mismos, la plena prueba e inatacable de la rigurosa e indubitada certeza de los hechos” [1] de manera que la apreciación de otros elementos probatorios no restrinja la fuerza probatoria dimanada del propio documento o acto auténtico, requiriéndose en este caso que el documento o acto auténtico baste por si solo para generar la certeza y convicción del hecho, lo que no acontece en el caso bajo examen en tanto que las declaraciones indagatorias y testifícales no representan en ese sentido un acto auténtico pues son meras manifestaciones de voluntad; sobre este tópico FERNANDEZ BOIXANDER apunta que “es verdad inatacable que durante la celebración del juicio oral tienen lugar las prácticas de diversas pruebas propuestas por las partes; cierto e indiscutible que también con ocasión de ellas, se producen aquellas manifestaciones de los procesados, declaraciones de testigos, aquellos juicios de peritos, ect., de todo lo cual, como expresión formal externa, el Secretario da fe, y como auténticos en este aspecto hay que aceptar esos hechos; pero de lo que no da fe el Secretario, porque no puede darla, porque no lo sabe, es si todas y cada una de aquellas manifestaciones de los procesados, testigos y peritos son ciertas en el fondo, pues tales expresiones no son más que simples manifestaciones de voluntad, sin contenido intrínseco de verdad irrefutable, susceptibles, y por tanto, de ser apreciadas libremente por los Juzgadores[2]. Por ello las declaraciones indagatorias y testifícales que pretende el recurrente sean consideradas como documentos o actos auténticos, son elementos sujetos a la valoración del juez y cuyas declaraciones per se no constituye una verdad incuestionable, porque si bien el secretario judicial dio fe de sus dichos, la veracidad de los mismos no tiene la calidad de indubitable o de verdad incuestionable, tanto así que sumados a otros indicios fueron determinantes para establecer presunciones que redundaron en la credibilidad de unos testigos y en el demérito de otros, determinando en el juzgador el grado de certeza que precisaba para arribar a la conclusión que asumió en la sentencia reflejada en la parte resolutiva de la misma, en consecuencia, no procede el motivo de casación invocado. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre de LA REPÚBLICA DE HONDURAS, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 410, 411, 412 preámbulo y numeral 2, 418, 420 del Código de Procedimientos Penales; 915, 927, 928 del Código de Procedimientos Comunes de 1906; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; FALLA: Declarar NO HA LUGAR el recurso Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la Abogado A. A. G. A., en su condición de Defensor Público de los señores C. R. M. G. y L. A. C. M., en la causa que se sigue en contra de los imputados, por suponerlos responsable del delito de ASESINATO y COMPLICIDAD POR DELITO DE ASESINATO, en perjuicio de P. E. C. T.; en consecuencia, confirma la sentencia de Fecha veintiocho de Mayo del año dos mil diez, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortes. Y MANDA: Que con certificación de las dos sentencias se remitan las diligencias al Tribunal de origen para los efectos legales correspondientes.- Redactó el Magistrado RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- COORDINADOR.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil trece.- Certificación de las sentencias de fechas ocho de noviembre del dos mil doce y diecisiete de enero del dos mil trece, recaídas en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-247-2010.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
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[1] Véase sentencia de fecha cinco de noviembre de dos mil tres. Ex CP 299702. Sentencia de fecha 9 de junio de 2011 ex sp 309-2009.
[2] “El Abogado ante el Recurso de Casación Penal”, Narciso Fernández Boixander, Madrid, 1957, Página 64.