Sentencia CP-239-09 — Registro 3497
Resumen
En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, resolviendo en segunda instancia Sin Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION DEL MINISTERIO PUBLICO ARGUYENDO QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL DICTAR SENTENCIA ABSOLUTORIA A FAVOR DEL IMPUTADO C. H. INOBSERVO LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN LA VALORACION DE LA PRUEBA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 3) PARRAFO IN FINE DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- El Censor arguye fundamentalmente, que el Tribunal de Instancia al dictar sentencia absolutoria a favor del encausado C. E. H. D., vulneró las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba de cargo, de tal manera que si las mismas se hubieran aplicado correctamente se habría dado por demostrado que el encausado antes referido es responsable de cometer un delito relativo al tráfico ilícito de drogas. Expone el recurrente que de conformidad a la prueba científica evacuada en el proceso, concretamente del dictamen toxicológico incorporado a los antecedentes, -se desprende que la cantidad de droga incautada por autoridades policiales al encartado (22.3 gramos de hierba de marihuana), cuando este la portaba dentro de una mochila a inmediaciones de un restaurante ubicado en la zona de West End, Roatán, Departamento de Islas de la Bahía-, no es propia para el consumo personal inmediato, haciendo referencia a que en la experticia antes mencionada se establece que con cinco gramos de marihuana se pueden elaborar entre doce a veinticinco cigarrillos, de ahí que a criterio del Censor, de haberse valorado armónicamente junto con la prueba testifical y demás elementos probatorios aportados al proceso, el veredicto pronunciado por el Tribunal A Quo no hubiera sido absolutorio. Esta Sala de lo Penal considera pertinente recordar que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, -porque por mor del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí-, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuales falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. En el caso bajo examen el Juzgador ha concluido que si bien es cierto que al imputado C. E. H. DILBERT le fue incautada cierta cantidad de droga, ello no es suficiente para demostrar que ha incurrido en el delito de tráfico de drogas por el cual ha venido siendo imputado, contrario a la tesis del acusador público, que ha mantenido durante el juicio la tesis de que dicha posesión estaba preordenada al tráfico ilícito. El Juzgador apoya su sentencia en las declaraciones de los testigos de cargo, basadas en lo observado por estos al momento de la captura del acusado, y en virtud de las cuales no se desprende fehacientemente que éste realizaba acciones dirigidas a entregar o comercializar la marihuana incautada, de tal manera que dictó sentencia absolutoria, no obstante que conforme al dictamen pericial toxicológico, una de las muestras analizadas, concretamente la número dos (#2), no es compatible con la cantidad considerada para consumo personal inmediato[1]. En este sentido, uno de los problemas esenciales que en la práctica presenta el juzgamiento de los actos típicos de posesión ilícita de drogas se refiere a la prueba de la finalidad del tráfico o difusión de la misma. La determinación del destino al tráfico o consumo, exige la elaboración de un juicio de inferencia revisable en casación a partir de los datos objetivos acreditados en el juicio (cantidad, variedad y pureza de la droga incautada, condición de drogodependiente, consumidor ocasional o no consumidor del tenedor de la misma, circunstancia de la ocupación, tenencia de relevantes cantidades de dinero en metálico de procedencia no justificada, ocupación de útiles, instrumentos o materiales para el pesaje, distribución, “cortado”, adulteración o empaquetado de la droga, etc.., teniendo siempre en cuenta en primer lugar que siendo la finalidad del tráfico un elemento del tipo debe quedar acreditado como cualquier otro, por lo que es a la acusación a quien incumbe acreditar el destino al tráfico y no a la defensa la tenencia para el consumo[2]. Ciertamente que en esta clase de asuntos, las conclusiones de la prueba pericial toxicológica, no deben ser concluyentes para establecer, por sí solas y sin mas ejercicio probatorio, sobre la finalidad que persigue el acusado en posesión de la droga incautada. En este sentido, la prueba pericial vista de esta forma, es una prueba útil y necesaria para determinar científicamente el tipo de sustancia, su peso, cantidad o calidad, más no inevitablemente concluyente para determinar el elemento subjetivo del tipo. El establecimiento de límites rígidos de carácter cuantitativo a partir de los dictámenes toxicológicos, para determinar el ánimo o elemento tendencial en el procesado, traería el riesgo de crear un sistema de presunciones absolutas “iuris et de iure” de destino al tráfico cuando en aquellos se exprese que la cantidad de droga examinada no se corresponde con la dosis personal inmediata para el consumo, soslayando la intención del sujeto que es lo que en todo caso debe prevalecer, dando lugar a un Derecho penal de mera sospecha que entra en abierta contradicción con el principio de culpabilidad que debe imperar en todo Estado democrático de Derecho. Corresponde entonces al Juzgador integrar las conclusiones de la prueba pericial toxicológica al resto de pruebas incorporadas al juicio, para luego de un estudio conjunto y armonioso de su totalidad formar su convicción judicial; y es que en la medida de que la cantidad de droga poseída es uno de los indicios a tener en consideración, habrá que examinar el resto de los indicios concurrentes en el caso concreto. De las declaraciones de los testigos de cargo, el juzgador solo ha logrado concluir que el acusado estaba en posesión de la droga incautada, misma que el encartado en su declaración rendida ante el Tribunal afirmó que estaba destinada para su consumo personal[3]. Para estimar un delito de tráfico ilícito de drogas, no solo es requisito que la cantidad de droga prohibida incautada a un acusado sea mayor a la cantidad estimada para el consumo personal inmediato según estándares forenses internacionales, sino que es necesario disponer de prueba de cargo suficiente para establecer de forma inequívoca la puesta en peligro de la salud colectiva de la sociedad, lo cual no ha ocurrido en el caso de autos. Esta Sala estima que el Juzgador no ha violado las máximas de la experiencia, al sostener que el ánimo o intención del acusado, se debe fundar en el análisis conjunto y armonioso de la prueba y no solamente en la forma o disposición en que el acusado poseía la droga -carrucos o cigarrillos- o en la cantidad de droga incautada. Vale destacar que en todo caso, no resulta inverosímil y por ende si parece razonable y creíble, que la cantidad de marihuana decomisada el imputado C. E. H. D. estaba destinada al consumo personal, si se toma en cuenta lo que ordinariamente se considera como consumo diario medio del consumidor normal y el acopio de la sustancia estupefaciente para un máximo de uno o varios días inmediatos. Por lo expuesto, esta Sala desestima el motivo de casación invocado por el recurrente..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de mayo de dos mil doce, por medio de la SALA PENAL, integrada por los Magistrados RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO en su condición de Coordinador, JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintisiete de mayo de dos mil ocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que ABSOLVIO al señor C. E. H. D., por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS, declara que no procede la condena en costas al Ministerio Público, y que ordena que se destruya la droga incautada.- Interpuso el Recurso de Casación la Abogada C. G. Z., en su condición de Representante del Ministerio Público .- INTERVIENEN: la Abogada C. M., en su condición de Representante del Ministerio Público, como parte recurrente, y el Abogado A. A. G., quien lo hace en su condición de Apoderado Defensor del imputado y por tanto de la parte recurrida. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la Abogada C. G. Z., reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- “HECHOS PROBADOS: Valorando las pruebas practicadas en el juicio de acuerdo con las reglas de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: El día ocho de noviembre del año dos mil cinco, como a eso de las diez treinta de la noche, agentes de la policía turística de la ciudad de Roatán Islas de la Bahía, efectuaban un patrullaje de rutina, en el sector conocido como West End, exactamente frente al bar conocido como Twister Tucan cerca de la playa. SEGUNDO: En esos momentos observan caminar con actitud sospechosa al señor C. E. H. D., quien portaba a simple vista una mochila color negro con blanco marca Sakine, por lo que los policías proceden a requerir a C., y a practicarle un registro personal, encontrándole en el interior de la bolsa derecha del pantalón, una bolsa de nylon transparente en cuyo interior contenía veintidós punto tres gramos de peso de hierba marihuana, (22.3g), tambien encontraron en el interior de la mochila tres (3) bolsas plásticas con veintiséis puros de tabaco color café, con un peso neto de ciento setenta y cinco punto cuatro gramos (175.4 gr.), encontrando tambien restos de hierba seca marihuana con un peso neto de (0.4 gr.), y pedazos de papel color blanco, hierba que portaba para su consumo, en razón de lo anterior proceden los agentes policiales a detener a C. E. H. D., el que fue puesto a la orden de la autoridad correspondiente junto con lo decomisado.” III.-La Abogada C. G. Z., desarrollo su recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “EXPOSICIÒN DEL MOTIVO DE CASACIÒN Único Motivo: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del artículo 362 del CPP. EXPLICACIÒN DEL MOTIVO: El precepto penal adjetivo que se invoca como infringido por adolecer la sentencia de vicios: Prescribe: “Artículo 202. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. De acuerdo a este artículo, nuestro sistema acusatorio incorporado a través del Código Procesal Penal, determina el principio de libertad de valoración de la prueba, en el cual el Juzgador a efecto de dictar sentencia tomará en cuenta la prueba evacuada durante el juicio, las que deberán ser apreciadas en forma conjunta y de acuerdo a las reglas de la Sana Crítica. En el caso que nos ocupa, el sentenciador al momento de dictar sentencia absolutoria lo hizo incurriendo en violación a las reglas de la Sana Crítica; transgrediendo el postulado de la derivación, específicamente el principio de razón suficiente, tal como se demuestra a continuación: En la audiencia de debate comparecieron a declarar M. T. H. G. y O. G. R. M., éste último en su condición de policía, declaró: “En el pantalón se le encontró una bolsa transparente, conteniendo supuesta droga y fue detenido, andaba una mochila color negra y unos puros no se si de tabaco, varias personas mencionaban que vendía droga, dijo que era científico que la droga la usaba como medicina, en una sola bolsa transparente de nylon, no lo vimos vendiendo droga.” Tal declaración es coincidente con lo consignado en las actas de registro y decomiso practicadas al acusado, en las que se detalla el hallazgo de “la bolsa de nylon transparente con hierba seca y la mochila color negra conteniendo tres (3) bolsas plásticas con veinte y seis (26) puros de tabaco color café, con un peso neto de ciento setenta y cinco punto cuatro gramos (175.4 gr.) encontrando también restos de hierba seca marihuana con un peso neto de (0.4), y pedazos de papel color blanco.” El testigo Hernández G., ratificó las actas de decomiso y registro personal antes señalados; asimismo fue ratificado el dictamen toxicológico por la perito L. P. M., cuyo resultado arroja que se decomisaron “22.3 gramos de hierba marihuana, 26 puros color café conteniendo 174 gramos de tabaco y 3 pedazos de papel con 0.4 gramos de marihuana, droga que no estaba destinada al consumo personal inmediato, externando además que de cada 5 gramos de marihuana se pueden elaborar de 12 a 25 cigarrillos”. De lo antes expuesto se determina que lo manifestado por éstos deponentes probó que producto del registro y decomiso practicado en la persona del acusado por policías preventivos, le fueron encontrados en su poder un poco mas de 22 gramos de marihuana y 26 puros de tabaco, portando una parte de la droga en la bolsa de su pantalón y la otra parte de la droga junto con los puros en una mochila que llevaba consigo. Pese a la contundencia de la estructura probatoria supra indicada, el a quo en el párrafo cuarto del apartado de valoración probatoria, consideró intelectivamente este material fáctico, de la manera que a continuación se transcribe: “De las mismas declaraciones testificales se desprende de que el acusado fue encontrado en poder de un poco mas de 22 gramos de marihuana y 26 puros de tabaco, y el mismo policía asevera no haber visto al acusado en alguna conducta de comercialización, venta o entrega de la hierba, es por ello, que al no quedar probado que la droga que llevaba el acusado estaba destinada al consumo de otros y tener por acreditado solamente que se le encontró la hierba y que la cantidad de droga no es sustancial, por lo que el Tribunal consideró que la hierba encontrada estaba destinada al consumo personal del acusado, quién refirió ser además un consumidor de la droga”. De la valoración precitada se evidencia en primer término, que el juzgador resta valor probatorio a las declaraciones antes referidas y por ende a la prueba científica que determinó que la cantidad encontrada de droga no es para consumo; inferencia que a todas luces vulnera la característica de suficiencia que informa el principio de razón suficiente, pues si bien el material probatorio de cargo no es abundante numéricamente hablando, ello no se requiere en un sistema de valoración probatoria no tasado sino fundado en Sana Crítica, en el cual priva la conformación de un universo fáctico en base a la pertinencia, utilidad y proporcionalidad de los elementos probatorios capaces de sustentar una condena para el sujeto activo sometido a proceso penal. Como se ha demostrado con la exposición del recurso, la sentencia objetada adolece de graves vicios de forma, siendo violatorios del sistema de la sana crítica racional que inspira el modelo procesal vigente, en consecuencia el vicio denunciado se afirma, traduciéndose en quebrantamiento de forma. En base a lo anteriormente expuesto el Ministerio Público solicita se admita el presente motivo de casación. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación de éste.” RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION DEL MINISTERIO PUBLICO ARGUYENDO QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL DICTAR SENTENCIA ABSOLUTORIA A FAVOR DEL IMPUTADO C. H. INOBSERVO LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN LA VALORACION DE LA PRUEBA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 3) PARRAFO IN FINE DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- El Censor arguye fundamentalmente, que el Tribunal de Instancia al dictar sentencia absolutoria a favor del encausado C. E. H. D., vulneró las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba de cargo, de tal manera que si las mismas se hubieran aplicado correctamente se habría dado por demostrado que el encausado antes referido es responsable de cometer un delito relativo al tráfico ilícito de drogas. Expone el recurrente que de conformidad a la prueba científica evacuada en el proceso, concretamente del dictamen toxicológico incorporado a los antecedentes, -se desprende que la cantidad de droga incautada por autoridades policiales al encartado (22.3 gramos de hierba de marihuana), cuando este la portaba dentro de una mochila a inmediaciones de un restaurante ubicado en la zona de West End, Roatán, Departamento de Islas de la Bahía-, no es propia para el consumo personal inmediato, haciendo referencia a que en la experticia antes mencionada se establece que con cinco gramos de marihuana se pueden elaborar entre doce a veinticinco cigarrillos, de ahí que a criterio del Censor, de haberse valorado armónicamente junto con la prueba testifical y demás elementos probatorios aportados al proceso, el veredicto pronunciado por el Tribunal A Quo no hubiera sido absolutorio. Esta Sala de lo Penal considera pertinente recordar que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, -porque por mor del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí-, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuales falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. En el caso bajo examen el Juzgador ha concluido que si bien es cierto que al imputado C. E. H. DILBERT le fue incautada cierta cantidad de droga, ello no es suficiente para demostrar que ha incurrido en el delito de tráfico de drogas por el cual ha venido siendo imputado, contrario a la tesis del acusador público, que ha mantenido durante el juicio la tesis de que dicha posesión estaba preordenada al tráfico ilícito. El Juzgador apoya su sentencia en las declaraciones de los testigos de cargo, basadas en lo observado por estos al momento de la captura del acusado, y en virtud de las cuales no se desprende fehacientemente que éste realizaba acciones dirigidas a entregar o comercializar la marihuana incautada, de tal manera que dictó sentencia absolutoria, no obstante que conforme al dictamen pericial toxicológico, una de las muestras analizadas, concretamente la número dos (#2), no es compatible con la cantidad considerada para consumo personal inmediato[1]. En este sentido, uno de los problemas esenciales que en la práctica presenta el juzgamiento de los actos típicos de posesión ilícita de drogas se refiere a la prueba de la finalidad del tráfico o difusión de la misma. La determinación del destino al tráfico o consumo, exige la elaboración de un juicio de inferencia revisable en casación a partir de los datos objetivos acreditados en el juicio (cantidad, variedad y pureza de la droga incautada, condición de drogodependiente, consumidor ocasional o no consumidor del tenedor de la misma, circunstancia de la ocupación, tenencia de relevantes cantidades de dinero en metálico de procedencia no justificada, ocupación de útiles, instrumentos o materiales para el pesaje, distribución, “cortado”, adulteración o empaquetado de la droga, etc.., teniendo siempre en cuenta en primer lugar que siendo la finalidad del tráfico un elemento del tipo debe quedar acreditado como cualquier otro, por lo que es a la acusación a quien incumbe acreditar el destino al tráfico y no a la defensa la tenencia para el consumo[2]. Ciertamente que en esta clase de asuntos, las conclusiones de la prueba pericial toxicológica, no deben ser concluyentes para establecer, por sí solas y sin mas ejercicio probatorio, sobre la finalidad que persigue el acusado en posesión de la droga incautada. En este sentido, la prueba pericial vista de esta forma, es una prueba útil y necesaria para determinar científicamente el tipo de sustancia, su peso, cantidad o calidad, más no inevitablemente concluyente para determinar el elemento subjetivo del tipo. El establecimiento de límites rígidos de carácter cuantitativo a partir de los dictámenes toxicológicos, para determinar el ánimo o elemento tendencial en el procesado, traería el riesgo de crear un sistema de presunciones absolutas “iuris et de iure” de destino al tráfico cuando en aquellos se exprese que la cantidad de droga examinada no se corresponde con la dosis personal inmediata para el consumo, soslayando la intención del sujeto que es lo que en todo caso debe prevalecer, dando lugar a un Derecho penal de mera sospecha que entra en abierta contradicción con el principio de culpabilidad que debe imperar en todo Estado democrático de Derecho. Corresponde entonces al Juzgador integrar las conclusiones de la prueba pericial toxicológica al resto de pruebas incorporadas al juicio, para luego de un estudio conjunto y armonioso de su totalidad formar su convicción judicial; y es que en la medida de que la cantidad de droga poseída es uno de los indicios a tener en consideración, habrá que examinar el resto de los indicios concurrentes en el caso concreto. De las declaraciones de los testigos de cargo, el juzgador solo ha logrado concluir que el acusado estaba en posesión de la droga incautada, misma que el encartado en su declaración rendida ante el Tribunal afirmó que estaba destinada para su consumo personal[3]. Para estimar un delito de tráfico ilícito de drogas, no solo es requisito que la cantidad de droga prohibida incautada a un acusado sea mayor a la cantidad estimada para el consumo personal inmediato según estándares forenses internacionales, sino que es necesario disponer de prueba de cargo suficiente para establecer de forma inequívoca la puesta en peligro de la salud colectiva de la sociedad, lo cual no ha ocurrido en el caso de autos. Esta Sala estima que el Juzgador no ha violado las máximas de la experiencia, al sostener que el ánimo o intención del acusado, se debe fundar en el análisis conjunto y armonioso de la prueba y no solamente en la forma o disposición en que el acusado poseía la droga -carrucos o cigarrillos- o en la cantidad de droga incautada. Vale destacar que en todo caso, no resulta inverosímil y por ende si parece razonable y creíble, que la cantidad de marihuana decomisada el imputado C. E. H. D. estaba destinada al consumo personal, si se toma en cuenta lo que ordinariamente se considera como consumo diario medio del consumidor normal y el acopio de la sustancia estupefaciente para un máximo de uno o varios días inmediatos. Por lo expuesto, esta Sala desestima el motivo de casación invocado por el recurrente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 90, 303, 304, de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362 No 3) párrafo in fine y 369 del Código Procesal Penal.- FALLA: Declarando SIN lugar el recurso de casación por Quebrantamiento de forma, en su motivo único, invocado por el recurrente en su condición indicada, contra la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veintisiete de mayo de dos mil ocho. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales pertinentes.- REDACTÓ EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO.-NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- COORDINADOR.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de junio del año dos mil doce.- Certificación de la sentencia de fecha diez de mayo del año dos mil doce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-239-2009.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] Vid. Folios 22, 23, 59 vuelto y 60 de la primera pieza de autos.
[2] Vid. ACALE SANCHEZ, MARIA, en “Salud Pública y Drogas Tóxicas”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, págs. 65-66.
[3] Vid. Folio No. 58 vuelto.