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Sentencia CP-236-10 — Registro 3496

Resumen

Se condenó en primer instancia por el delito de asesinato y en segunda instancia fue resuelto Sin Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...

RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL IMPUTADO A. A. M. B., ALEGANDO LA APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 117 DEL CÓDIGO PENAL CONTENTIVO DEL TIPO PENAL DE ASESINATO.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 361 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- Argumenta el recurrente que la sentencia impugnada incurre en indebida aplicación del artículo 117 numerales 1) y 2) del Código Penal, debido a que no procedía condenar a su defendido A. A. M. B., sino absolverlo de toda responsabilidad penal. Señala que en la fundamentación jurídica, el Juzgador cita del artículo 117 antes señalado, pero se refiere al concepto de asesinato propuesto por el jurista español FRANCISCO MUÑOZ CONDE, vicio que lo lleva a cometer un error in indicando, ya que no es coincidente con la definición legal de ese tipo delictivo. El Censor recuerda que comete el delito de asesinato, quien de muerte a una persona, por lo que se requiere que haya una acción tendiente a quitarle la vida a otro y que se consume, encontrando entonces que el verbo rector aquí es dar muerte, lo que implica un acto que no puede ser cometido por omisión como lo menciona el A-quo en varios tramos de la sentencia recurrida, tampoco puede cometerse por imprudencia, ya que exige referencia al dolo, como en la alevosía o la premeditación. Señala que el Juzgador ha llegado a la convicción que el señor A. A. M. B., es responsable del delito de asesinato en perjuicio de dos policías por omisión, al no atribuirle ninguna participación en los hechos probados, pues en la valoración de la prueba y fundamentación jurídica, repite que su defendido es responsable del asesinato de los señores S. L. A. y S. H. H., porque no evitó que los dos sujetos que llegaron a visitarlo le dispararan y mataran. Argumenta que al hablar de grado de participación del señor A. A. M. B., conforme el artículo 32 del Código Penal Vigente, es autor principal el que realiza propiamente la acción expresada por el verbo (el que mata, el que defrauda, el que yace) y los co-autores o co-ejecutores son aquellos que toman parte directa en la ejecución del delito, pero que no realizan el núcleo del mismo, por consiguiente, estima que a su defendido no se le puede tener como autor del delito de Asesinato. Reprocha que el Juzgador condena al señor A. A. M. B., haciéndolo responsable de una conducta antijurídica, tipificada como delito, realizada por otros, por lo que estima que distorsiona el derecho al aplicar indebidamente el artículo 117 del Código Penal. Cuestiona que el Juzgador cita el artículo 32 del Código Penal, condenando al señor A. A. M. B., como coautor del delito de Asesinato en perjuicio de los señores S. L. A. y S. H. H., pero en los delitos por omisión, son autores los que dejan de hacer lo que la ley manda, causan la omisión o cooperan a ella”. Concluyendo que el señor A. A. M. B., no participó en la muerte de los señores S. L. A. y S. H. H., bajo ningún titulo, ni como autor, coautor o cómplice necesario, de tal manera que la responsabilidad de su representado solo es por la evasión en que incurrió, delito por el que ya fue condenado. Esta Sala de lo Penal, considera que si bien es cierto que del fáctum no se desprende que el acusado haya disparado alguna de las armas de fuego con las que se causó la muerte de los policías, fue debidamente comprobado que los ejecutores materiales de los hechos y el acusado A. A. M. B. ejecutaban actos propios de un plan común, orientado a provocar su fuga del lugar donde cumplía su arresto domiciliario. Esta Sala estima que en este caso, se produce una virtual comunidad de intenciones o de voluntades, entre el imputado A. M. y los ejecutores materiales del hecho, contribución que consiste en dar acceso a la vivienda a los dos visitante del acusado que a su vez atacaron y dieron muerte a los policías, aporte fáctico esencial y determinante para que se produjera el resultado fatal producido. El acompañamiento físico del acusado a los ejecutores materiales y el propósito principal de su accionar que es facilitar su fuga y burlar su arresto domiciliario, constituye indudablemente el impulso psicológico compartido entre el acusado A. A. M. B. y los ejecutores directos de la muerte de los policías[2]. El ataque armado a los policías por parte de los ejecutores materiales se produce en forma sorpresiva, al momento en que estos tomaban sus alimentos, siendo por ello incapaces de defenderse, de tal manera que el ataque se realizó aprovechando una circunstancia propicia para la disminución de los riesgos o peligros para los ejecutores y el acusado A. A. M. B. que pudiera generar una potencial acción defensiva de los elementos de seguridad del Estado que ejercían funciones de control de una medida cautelar decretada por Juez competente en el marco de un proceso penal. Asimismo, fue probado que el acusado no solo cooperó con los autores directos en una acto alevoso por lo sorpresivo, sino que también actuó con premeditación conocida, por su frialdad de ánimo, a consecuencia de lo cual, el motivo de casación invocado por el recurrente es desestimado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de abril de dos mil doce, por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO en su calidad de Coordinador, JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta de abril de dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de Trujillo, departamento de Colón, mediante la cual condenó a A. A. M. B., como autor responsable del delito de ASESINATO, en perjuicio de: I) S. L. A., a la pena principal de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSION; II) S. H. H., a la pena principal de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSIÓN; las que deberá cumplir de manera sucesiva computándose un total de cuarenta (40) años de reclusión por ambos delitos en la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto”, ubicada en la Aldea de Támara, Francisco Morazán, imponiéndose como penas accesorias las de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena principal.- Interpuso el Recurso de Casación, el Abogado E. G. E. A., actuando en su condición de Apoderado Defensor del señor A. A. M. B..- SON PARTES: El Abogado E. G. E. A., Apoderado Defensor del acusado A. A. M. B., como recurrente; y el Abogado J. C. S. V., Representante del Ministerio Público, como parte recurrida. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- “HECHOS PROBADOS Valorando las pruebas practicadas en el juicio de acuerdo con las reglas de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: Primero: El día sábado 10 de enero del año dos mil cuatro, aproximadamente a las siete y treinta minutos de la noche, los policías Penitenciarios S. H. H., S. L. A., M. J. N. M., y el policía preventivo F. H. M. estaban encargados de la custodia y vigilancia del señor A. A. M. B. quien en cumplimiento de la medida cautelar de arresto domiciliario impuesta en su contra por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Colón por el delito de Posesión y Tráfico Ilícito de Drogas en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras se encontraba en una casa de habitación ubicada en el sector de La Playa a orillas de la pista de aterrizaje a inmediaciones del Hotel Christopher Columbus de la ciudad de Trujillo. Segundo: En la fecha y hora antes indicada, mientras los referidos policías se encontraban en el interior de la parte superior de la vivienda, llegaron en un vehículo tipo Pick up dos personas del sexo masculino a visitar a A. A. M., a quienes se les permitió el acceso a la parte superior, al poco tiempo de su permanencia estas dos personas aprovechando que los policías penitenciarios estaban cenando en la mesa del comedor, se aproximaron hacia ellos y en una forma sorpresiva fueron encañonados con armas de fuego y el policía penitenciario M. J. N. reaccionó pegándole con su mano al arma que le habían colocado en su frente, lo cual provocó un disparo y luego se tiró al piso y se hizo el muerto, por lo que uno de sus compañeros cerrojó su arma de reglamento siendo este el preciso momento en que dichos individuos dispararon contra S. H. H. y S. L. A., resultando el primero con 8 heridas localizadas en diferentes partes de su cuerpo, 1.- En la cara lateral del brazo izquierdo de 1x0.5 cm.- 2.- En cara anterior del brazo derecho de 0.5x0.5 cm.- 3.- En región del epigastrio lado izquierdo de 0.5x0.5 cm.- 4.- En el abdomen lado derecho al lado del ombligo de 1x1 cm.- 5.- En la pierna derecha por la rodilla de 3x2 cm.- 6.- En región muslo miembro inferior izquierdo de 0.6x0.5 cm.- 7.- En la cara posterior del antebrazo izquierdo de 0.5x0.5 cm.- 8.- En el brazo izquierdo por el codo de 0.5x0.5 cm. Y el segundo con 3 heridas una en la cara lado izquierdo de 1.5x0.5 cm., la segunda en el lado izquierdo del cuello en la región del esternocleidomastoideo de 0.5x8.8 cm.- y la otra en el miembro inferior izquierdo a nivel del muslo cara anterior de 0.5x0.5 cm., falleciendo ambos custodios en el mismo lugar del suceso. Tercero: Luego de cometer el hecho, ambos sujetos en compañía del acusado descendieron por las gradas, hacia la parte inferior de la vivienda, en eso el otro custodio M. J. N., quien había simulado estar muerto, les disparó desde una ventana ubicada en la parte superior del mismo inmueble logrando herir a uno de ellos, y al policía F. H. M. lo tomaron del cuello y lo condujeron a un vehículo que estaba frente a la casa donde se suscitó el hecho, subiéndolo a la paila del mismo y dejándolo abandonado próximo a la comunidad de Silin, el acusado A. A. M. se marchó en el mismo vehículo en que se fueron los dos individuos que perpetraron el crimen, y en fecha cinco de enero del año dos mil siete, fue recapturado y puesto nuevamente a disposición de los órganos competentes”. III.- El recurrente, Abogado E. G. E. A., desarrolló su recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN.- I. POR INFRACCIÒN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL: MOTIVO UNICO: “Por violación de los artículos 89 y 94 (primer párrafo) de la Constitución de la República”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El Principio de culpabilidad es sin duda básico, fundamental del Estado de Derecho, y el respeto del mismo determina el grado de avance que un Estado tiene en cuanto tal, constituye además una limitante del Estado en la persecución penal. En nuestra Constitución Política, como materialización del principio de respeto a la dignidad de la persona, se establece el principio de culpabilidad en el artículo número 94 primer párrafo al establecer: “A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que le haya sido impuesta por resolución ejecutoriada de juez o autoridad competente”, estrechamente relacionado con el artículo 89 de la constitución, el que establece: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. En la obra Constitución y Derecho Penal, los juristas L. P. M. M. y S. N. S., sostienen que la doctrina define el Principio de Culpabilidad: “como un obrar contra el derecho, pudiendo hacerlo de otra manera”, por ello se afirma que culpabilidad es reprochabilidad. Es decir requiere que la pena se aplique solo al autor de un delito que haya podido comprender la antijuricidad de su comportamiento, así como que haya obrado sabiendo que acción realiza, continúan estos autores diciendo lo siguiente: el principio de culpabilidad excluye la posibilidad de determinar la pena solo, o fundamentalmente por la peligrosidad del autor o por las necesidades de defensa social. En este sentido el principio de culpabilidad se vincula de manera decisiva con el respeto a la dignidad de las personas. Es decir se es responsable si se es culpable, y se es culpable por una acción, no por lo que se es (las negritas son nuestras). Resulta claro entonces que a una persona que se le imputa la comisión de un hecho criminal, debe vencérsele en un juicio, con las formalidades y garantías establecidas en nuestra constitución y demás leyes, es decir debe probársele que cometió el delito, no se puede condenar a alguien como hemos visto, sostienen diferentes autores, solo porque se estime que una persona es peligrosa, o solo porque se considere que un acto estimado como deleznable debe ser pagado por alguien, no importa si es culpable o no, no importa si no se ha realizado el mínimo de actividad probatoria, suficiente como para destruir el Estado de Inocencia o sin importar si la prueba que se hubiere evacuado no haya probado mas allá de toda duda razonable la participación del imputado en el hecho a él atribuido. En el presente caso de la simple lectura del expediente que contienen las diligencias y el juicio celebrado contra A. A. M. B., puede verse que no existe ni un tan solo medio de prueba que sindique a mi representado como responsable de la comisión del delito de Asesinato en perjuicio de los señores S. H. H. y S. L. A., esto se ve reflejado y es que no podía ser de otra manera, en la sentencia recurrida en que, al fijar los hechos probados, el juzgador en ninguna parte menciona a mi cliente A. A. M. B., como responsable de la muerte de los señores policías, y esto no es una simple omisión de forma, mas bien es el reflejo de lo evacuado en el juicio, es decir, la ausencia total de prueba que establezca la responsabilidad de mi poderdante. Es claro que se ha probado la muerte de los señores S. H. H. y S. L. A., resulta también claro y probado como ocurrieron los hechos y hasta el juzgador ha establecido con claridad quienes fueron las personas que dispararon, pero, ante la ausencia de prueba en ninguna parte de los hechos tenidos como probados queda establecido que A. A. M. B. sea el responsable, de dichos delitos bajo ningún título, bajo ningún grado de participación, cuestión que se desprende de la misma sentencia recurrida, generó muchas dudas durante el proceso ya que el Ministerio Público acusó inicialmente atribuyéndole a mi cliente un grado de participación de Cómplice Necesario, posteriormente modifican la acusación atribuyéndole la participación como coautor, no obstante la realidad es que no se produjo prueba que destruyera el Estado de Inocencia del señor M. B. En el Derecho Penal la responsabilidad es personalísima y nadie debe responder por los actos de otros, de igual manera la responsabilidad de una persona llega hasta donde llegan sus actos, el señor A. A. M. B., el día sábado 10 de enero se evadió de las autoridades que lo custodiaban y por eso debe pagar y por eso ya ha sido sentenciado, pero por evadirse no puede atribuírsele la responsabilidad por la muerte de los dos policías, ni siquiera resulta de los medios probatorios evacuados que hubiera un plan preconcebido del señor M. B. con las dos personas que se mencionan en los hechos probados de la sentencia, de las que ni siquiera se proporcionan los nombres, mas bien de la mecánica que se establece de cómo sucedieron los hechos, recogido también como hecho probado, resulta que no había un plan de asesinar a los policías, sino que mas bien el intercambio de disparos se produjo por las circunstancias propias de los hechos cuando una de las dos personas que llegó a visitar a M. B., le puso una pistola en la frente al policía M. J. N., reaccionó pegándole con su mano al arma que le habían colocado, lo cual provocó un disparo y luego se tiró al piso y se hizo el muerto, por lo que uno de sus compañeros cerrojó su arma de reglamento siendo este el preciso momento en que dichos individuos dispararon contra S. H. H. y S. L. A., de lo que resulta claro que el señor M. B. no participó de ninguna manera en la muerte de los mencionados policías, ni con actos anteriores o simultáneos. Tomando en cuenta que la declaración del señor M. J. N. en ningún momento procesal fue rendida ante JUEZ COMPETENTE, como lo establece nuestra Legislación Vigente para que pueda producirse de esta una Prueba Licita la cual podrá tomarse en cuenta por parte del tribunal y dársele la valoración necesaria para poder determinar en el presente caso que si había existido por parte de mi representado responsabilidad y participación alguna en los hechos que produjeron la muerte de los ofendidos. El principio de culpabilidad en el marco constitucional se ubica dentro de las garantías ciudadanas, debe ser tenido como básico, en esas garantías se establecen mínimos, pues sirve de límite y control al poder del Estado, en el caso concreto al poder penal, q por esencia debe ser limitado, nuestro Derecho Penal es de Hechos, se sancionan actos, no es de autor, sin embargo la sentencia recurrida nos dice todo lo contrario y condena al señor A. A. M. B., sin prueba de su participación en el delito de asesinato, sin haber sido vencido en juicio, basado según el juzgador en que debió haber evitado que los dos sujetos que llegaron a visitarlo le dieran muerte a los policías, de lo que evidentemente no resulta participación en el delito, el mensaje que parece querer enviar el juzgador es que alguien debe pagar por la muerte de los señores policías, cuestión con la que estamos de acuerdo, pero definitivamente no mi poderdante, porque él no tuvo participación en tales muertes, no hay una sola prueba que lo vincule, por lo que, ante la ausencia total de prueba en contra del señor M. B., lo que se ve reflejado en los hechos declarados como probados, los que aceptamos, el tribunal ha debido absolverlo de Responsabilidad Penal por el delito de asesinato en perjuicio de los señores S. H. H. y S. L. A.. La Sala Constitucional Costarricense ha considerado que si existen vicios o violaciones al estado de inocencia del procesado, es viable la lesión de principios fundamentales contenidos en la Constitución Política, como ser por ejemplo el Debido Proceso o violación al estado de inocencia. En virtud de lo anterior solicitamos que el presente motivo sea declarado con lugar, a fin de que se dicte sentencia absolutoria a favor del señor A. A. M. B., ordenándose el cese de las penas impuestas, infringiendo el precepto constitucional de que a nadie se le impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio.” RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÒN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ACUSADO A. A. M. B., ALEGANDO LA VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 89 Y 94 PARRAFO PRIMERO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA., QUE CONSAGRAN RESPECTIVAMENTE EL PRINCIPIO-DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y EL DERECHO DE AUDIENCIA QUE DEBE OBSERVARSE EN TODO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 361 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- Argumenta el recurrente que el principio de culpabilidad es fundamental en el Estado de Derecho en cuanto constituye una limitante a la persecución penal. Expone que el principio de culpabilidad que se encuentra vinculado al principio de dignidad encuentra acomodo en el artículo 94 párrafo primero de la Constitución al establecer: “A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que le haya sido impuesta por resolución ejecutoriada de juez o autoridad competente”, disposición que se relaciona con el artículo 89 del mismo Texto Fundamental, donde se prevé que: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. Señala que el principio de culpabilidad requiere que la pena se aplique solo al autor de un delito que haya podido comprender la antijuricidad de su comportamiento, así como que haya obrado sabiendo la naturaleza de la acción que realiza, debiendo excluirse la posibilidad de imponer la pena por la mera peligrosidad del autor o por las necesidades de defensa social, por lo que a la persona que se le imputa la comisión de un hecho criminal, debe probársele que lo ha cometido y no condenarla porque se estime que es peligrosa, o se considere que el acto es deleznable, si no se ha realizado el mínimo de actividad probatoria para destruir el estado de inocencia. El Censor alega que en el juicio celebrado contra su defendido A. A. M. B., no hay un tan solo medio de prueba que lo sindique como responsable del delito de ASESINATO en perjuicio de los policías S. H. H. y S. L. A.. Centra su reproche en que de los hechos probados no se menciona al acusado señor A. A. M. B., como autor de la muerte de los policías, lo que pone de relieve la ausencia de prueba que establezca su responsabilidad, tomando en cuenta por otro lado que fueron otras personas las que dispararon. Concluye que no quedó establecido que el acusado A. A. M. B. sea responsable de dichos delitos bajo ningún título o grado de participación y no se produjo prueba que destruyera su estado de inocencia. El casacionista recuerda que en el Derecho Penal la responsabilidad es personalísima y nadie debe responder por los actos de otros. Es cierto que el señor A. A. M. B., se evadió de las autoridades que lo custodiaban y por eso fue sentenciado, pero no por ello puede atribuírsele responsabilidad por la muerte de los dos policías penitenciarios porque no fue probado que hubiera un PLAN PRECONCEBIDO de este con las dos personas ejecutoras de los disparos y de quienes siquiera se mencionan sus nombres, por lo que en su opinión el intercambio de disparos se produjo dadas las circunstancias propias de los hechos, en los que el señor M. B. no participó. Argumenta que la declaración del señor M. J. N. no fue rendida ante Juez competente por lo que no es prueba lícita que pueda ser valorada y determinar si tuvo participación. Finalmente, agrega que se condena al señor A. A. M. B., sin prueba de su participación en el delito de asesinato de los policías, basándose el Juzgador únicamente en que debió haber evitado que los dos sujetos que llegaron a visitarlo les dieran muerte, de ahí que por tales razones debió ser absuelto de responsabilidad penal. Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que la condición jurídica de inocencia consagrada en el artículo 89 de la Constitución de la República, establece una presunción “Juris Tantum”, misma que puede ser enervada con la producción de un mínimo de prueba de cargo, evacuada en un juicio legal seguido con todas las garantías. Corresponde al ente acusador investigar, ejercer la acción penal pública y probar la imputación criminal, y a la defensa censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a las formalidades, derechos y garantías dispuestas en las leyes a favor del acusado, lo que no le impide participar en la producción de prueba a favor del acusado. En el presente caso, el principio-derecho a la presunción de inocencia dispuesto en el artículo 89 de nuestra ley fundamental a favor del imputado, se ha desvanecido, por la actividad probatoria del acusador, al incorporar al juicio prueba de cargo suficiente valorada y enlazada con indicios derivados de inferencias y razonamientos lógicos con que formado su convicción. El juzgador de instancia más allá de toda duda ha declarado probado que los ejecutores materiales de los hechos sometidos a juzgamiento lo fueron dos personas de sexo masculino que realizaron una visita al acusado A. A. M. B. en la casa en que éste cumplía un arresto domiciliario por mandato de Juez competente, en el proceso seguido por un delito de narcoactividad, y que llevaba el fin de sustraerlo de la custodia policial a la que estaba sometido. Del factum de desprende que los dos visitantes desconocidos tuvieron acceso a la vivienda del acusado, y que esto, aprovechando el momento en que los guardias tomaban sus alimentos, les encañonaron tras lo cual dispararon en contra de aquellos, acción de la que resultó la muerte violenta de los policías S. H. H. y S. L. A. Asimismo que la acción violenta de los visitantes tuvo por objetivo facilitar la fuga del acusado, objetivo que fue efectivamente logrado con el resultado lesivo para la vida de dos Policías. Si bien es cierto no existe prueba directa del plan previo de fuga dado entre el acusado y los dos visitantes, no es menos cierto que dicho plan de fuga se deduce de la simple lectura de los hechos. Aunque el acusado no haya realizado materialmente los disparos de arma de fuego que dieron por resultado la muerte violenta de sus custodios policiales, desde el punto de vista penal resulta penalmente responsable de la acción de los demás a título de cooperador necesario, habida cuenta que fue conciente antes de se iniciaran los actos ejecutivos propiamente dichos del propósito manifiesto de los autores materiales, esto es, de sustraerlo y facilitar su fuga del lugar donde se encontraba detenido. La contribución delictiva del acusado a los hechos y la demostración palpable de su adhesión al plan delictivo común se deduce del simple hecho de haber dado acceso y aceptado la visita de estas personas a la casa donde cumplía su arresto domiciliario, hecho determinante e indispensable para que posteriormente de forma sorpresiva hayan atacado a los guardias, haciendo uso de armas de fuego y provocado la muerte violenta de dos policías, con la voluntad compartida de producir la fuga y evadir la acción de la justicia. Por todo ello, el acusado resulta penalmente responsable a título de cooperador necesario de la acción desplegada por los autores materiales de los hechos. Tal título de participación resulta evidente puesto que la contribución del imputado A. A. M. B., ha sido causal y esencial para el éxito del plan delictivo, pues suprimida mentalmente su aquiescencia o autorización para el ingreso de los autores materiales, el resultado lesivo no se habría producido. Por otro lado cabe señalar, que para los efectos punitivos o determinación de la pena, el código penal hondureño prevé la misma sanción para los autores en sentido estricto y los cooperadores necesarios[1]. En el presente caso, el imputado, a sabiendas de la finalidad que persiguen, permite el ingreso de las dos personas de sexo masculino que lo visitan y que intervienen directamente en la ejecución de los hechos como autores materiales, acción delictiva que es aceptada por el acusado A. A. M. B., y que contribuye a ella en el propósito de común de producir su fuga y burlar el arresto domiciliario. No cabe duda que ante el cúmulo de indicios aportados en juicio contra del acusado A. A. M. B., ya insertos en los hechos declarados probados derivados de la prueba directa e indiciaria, el Juzgador ha logrado enervar la presunción de inocencia que existía a su favor, y consecuentemente ha dictado un veredicto condenatorio. Por las razones anteriormente expuestas esta Sala de lo penal considera que el Tribunal de Instancia no ha vulnerado el principio derecho a la presunción de inocencia ni tampoco el derecho de audiencia en el proceso penal, que consagran respectivamente los artículos 89 y 94 párrafo primero de la Constitución de la República, de ahí que el motivo formulado por la Defensa del encartado es declarado sin lugar. IV.- El recurrente, Abogado E. G. E. A., manifiesta en su recurso de casación por Quebrantamiento de Forma: “II.-EXPOSICION DEL MOTIVO DE LA CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVO NUMERO UNO: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica: PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el párrafo último del numeral 2, el último párrafo del numeral 3 del Artículo 362 del Código Procesal Penal. El precepto penal adjetivo que se invoca como infringido prescribe: en el Artículo 202 que dice: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica. El Órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida” ello en relación con el párrafo primero del Artículo 336 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DE MOTIVOS Para los efectos de este motivo se cita como infringido el artículo 202 del Código Procesal Penal, en la parte que dice: “Las pruebas serán valoradas conforme a las reglas de la sana critica. El Órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida.” Se ataca la Sentencia dictada por el A-quo por considerar que el órgano sentenciador no valoro la prueba conforme a las reglas de la sana critica, llevándolo a formar su convicción sin valorar la prueba producida de manera conjunta y armónica, por lo que lo llevo a incurrir en un error improcedendo. Por otro lado el Honorable Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Trujillo, Colon establece en el enunciado denominado VALORACION DE LA PRUEBA, de esta sentencia referida que: Con los medios de prueba aportados por la Fiscalía del Ministerio Publico han servido para esclarecer el hecho y las circunstancias que lo rodean, tanto de las pruebas documentales introducidas por lectura, las periciales, como de la testifical se extraen los elementos suficientes para establecer con certeza los hechos que se han declarado probados; a continuación veamos esos medios de prueba de los cuales habla la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia referido. PRUEBA DE CARGO DEL MINISTERIO PÚBLICO: INCORPORACION MEDIANTE LECTURA AUTORIZADA LOS MEDIOS DE PRUEBA DOCUMENTALES CONSISTENTES EN: a) Acta de audiencia de revisión de medida cautelar celebrada el día once de diciembre del año dos mil tres, en la cual contiene resolución en la que el Juez instructor modifico la medida cautelar de prisión preventiva por la de Arresto Domiciliario bajo vigilancia y custodia del acusado A. A. M. B., la cual se hacía efectiva en la casa de dos niveles entre la playa y la pista de aterrizaje de esta ciudad; con dicho medio de prueba establece el motivo por el cual el acusado se encontraba en ese inmueble y en ese mismo lugar fue donde perdieron la vida los señores S. L. A. Y S. H. H., cuando le brindaban la custodia. b) Certificación de la Sentencia condenatoria numero 07-2008, dictada por este mismo Tribunal en fecha uno de abril del año dos mil ocho, contra el mismo acusado por el delito de posesión y Tráfico ilícito de Drogas, en perjuicio de la Salud de la población del Estado de Honduras; de esta forma se establece que el procesado A. A. M. B., fue declarado culpable por el delito el cual inicialmente había dado lugar a la imposición de la medida cautelar de arresto domiciliario, razón por la cual A. A. M., se encontraba en la vivienda donde perecieron los referidos policías penitenciarios. A criterio del Tribunal con los indicados medios de prueba se acredita de manera fehaciente el contenido del apartado primero de los declarados hechos probados. También se incorporaron mediante lectura autorizada los medios denominados documentales como ser: a) Informe del asesinato de los custodios S. L. A. Y S. H. H., visibles a los folios 186 y 187 del expediente de merito cuyo contenido fue ratificado en juicio por el policía clase II N. N. R. C., en el cual se establece detalladamente todo el suceso donde ambos policías perdieron la vida violentamente cuando prestaban el servicio de custodia al procesado A. A. M.S, por parte de las personas que lo visitaron, en dicho lugar, saliendo ileso en ese mismo hecho sangriento su compañero de custodia M. J. N., con este informe se acredita la forma como se suscitaron los hechos que dieron como resultado la muerte violenta de dos policías penitenciarios y la posterior fuga de A. A. M.. b) Con el informe técnico de investigación que contiene todas las diligencias investigativas efectuadas en aquel momento por los agentes de investigación F. R. Y A. S., asignados a la investigación del hecho criminoso donde perdieron la vida los señores S. H. Y S. L. A., en dicho informe se establece la relación sucinto de los hechos acaecidos el día sábado 10 de enero del año dos mil cuatro resultando coherente y corroborado con el informe de asesinato. c) Se cuenta con más prueba documental relacionada con el fallecimiento de los referidos custodios como ser las actas de levantamiento de cadáver tanto de S. L. A. como la de S. H. H., en la cual se establece en que parte de su cuerpo recibieron las heridas y la cantidad que recibió cada uno de ellos, asimismo se ha tenido a la vista el álbum fotográfico que sirve de ilustración respecto al lugar donde ocurrieron tales hechos y de qué forma quedaron sus pertenencias y demás objetos con que desempeñaban su labor y la muerte real de ambos custodios. d) Con el acta de inspección elaborada y ratificada por el agente técnico de inspecciones oculares K. G., se ha podido establecer el área de la vivienda, la forma como está construida la misma, el acceso a ella, el hallazgo de las evidencias y los daños que se causaron en las paredes del inmueble debido a la comisión del delito, también se ha hecho mención de las evidencias recolectadas en el escenario que tiene relación directa con el mismo acontecimiento criminal.- Igual fuerza probatoria se obtiene del acta de inspección realizada por el Sub Oficial C. R. O. S., quien ha descrito con los mismos detalles todo lo que el referido inmueble poseía antes y después de los hechos del 10 de enero de 2004. A criterio del Tribunal con ambos documentos se acredita el hallazgo de evidencias, signos de violencia y vestigios del delito que fue cometido contra la humanidad de los custodios, estableciéndose también con precisión el lugar donde se produjo el hecho sangriento que culmino en la evasión de A. A. M. Para esta defensa, Honorable Corte si bien es cierto se acredita con estos medios de prueba los aspectos enunciados por el Tribunal de Sentencia en la referida sentencia, estos son aspectos meramente de escena de un crimen y de evidencias recolectadas en la escena del crimen así como el estado en que se encontraba la casa de habitación en donde se suscitaron los hechos, pero en ningún momento establecen estos medios de prueba que nuestro representado haya participado en la ejecución de un hecho en contra de la humanidad de los ofendidos ya que esta prueba es documental y en ninguna de ellas se observa que haya alguna prueba pericial ni especifica que establezca que nuestro representado haya participado en alguna acción contra los ofendidos. Posteriormente se observa en la Sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia de Trujillo, Colon una serie de medios de medios de pruebas documentales en los cuales se plasman una serie de eventos por los cuales el tribunal declara como hecho probado el apartado tercero de dicha sentencia; medios de prueba estos que al ser examinados por esta defensa se ha podido observar así como Vos Honorable Corte podréis apreciar que son documentos que lo único que prueban es solamente por un lado aspectos exclusivos a la evasión que cometió mi representado, como por otro lado aspectos relativos a la remisión después de ser capturado mi representado y puesto a la orden de un Juzgado de justicia; aspectos estos que tampoco vienen a aportar ningún elemento de prueba por medio del cual se pudiera dar por acreditado que mi representado hubiera participado en la ejecución del hecho criminoso en contra de los ofendidos. Declaración del testigo F. H. M.; Para esta defensa la declaración de este testigo en el Juicio oral y público, que se siguió en contra de mi representado, es clara en cuanto manifiesta el mismo libremente y bajo juramento ante el Tribunal que él se encontraba en la parte de debajo de la casa donde sucedieron los hechos y establece en su declaración que escucho unos disparos y que lo agarraron del cuello y lo dejaron en Silin, y que posteriormente salió como a las ocho de la mañana del día siguiente, y ante la pregunta que le hiciere la fiscalía de si recordaba las características físicas de la persona que lo encañono manifestó en su respuesta, que no, que solo sabía que era una persona trigueña, establece también ante la pregunta de la fiscalía que si el tenia visibilidad del lugar en donde sucedieron los hechos dice que no porque ellos se encontraban en el comedor inclusive en una parte del interrogatorio que se le hiciera por parte de la fiscalía claramente dice que no sabe si habían muertos porque lo encañonaron y el no sabe nada. Tratando la fiscalía inclusive de contradecir a su propio testigo utilizo el derecho de contradicción consignado en el artículo 311 numeral 6 del Código Procesal Penal, para establecer que dicho testigo se había contradicho en cuanto a un aspecto que había declarado en audiencia inicial, siendo para esta defensa un aspecto de poca relevancia porque no es estrictamente sobre el hecho de los asesinatos que se contradijo este testigo sino de un EVENTO POSTERIOR A QUE SUCEDIERAN LOS HECHOS, como ser el de ir dentro de la paila del vehículo en el que se encontraba en ese momento mi representado, razón está por lo que esta defensa estima que dicha declaración no ha venido esclarecer con certeza ningún tipo de situación ni ha venido a aportar ningún elemento de prueba esencial para poder determinar por parte de este Juzgador que se tiene la clara percepción que el imputado haya participado en los asesinatos de los ofendidos, ya que también manifiesta este testigo en su declaración ante la pregunta por parte de la defensa de que si había observado si el señor A. m. le había disparado a sus compañeros este claramente responde que NO, entonces vemos Honorable Tribunal que este testigo propio de los medios de prueba de la Fiscalía del Ministerio Publico claramente exime de responsabilidad a mi representado con esta declaración en cuanto que claramente expresa que no ha visto en ningún momento que mi representado disparara en aquel momento contra la humanidad de los policías penitenciarios que estaban cumpliendo con sus obligaciones de cuidar al imputado en la casa donde cumplía este con las medidas sustitutivas que estaba cumpliendo. Veamos el numeral quinto de la valoración de la prueba: En este numeral establece el mismo Tribunal de Sentencia: Que el sustento probatorio de cargo para estimar probado mas allá de la toda duda razonable lo establecido en los numerales dos y tres de los hechos probados los constituyen las declaraciones de los testigos M. J. N. M. y F. H. M., quienes en su deposición son coherentes coincidentes y demuestran sin lugar a duda el día y la hora y el momento de la noche del 10 de enero del 2004, cuando dos sujetos fueron a visitar a A. A. M. B., donde cumplía una medida cautelar de arresto domiciliario bajo vigilancia de policías penitenciarios y de la preventiva y cuando los custodios ingerían sus alimentos LAS PERSONAS QUE ESTABAN DE VISITA LOS ENCAÑONARON Y LUEGO DISPARARON CONTRA ELLOS HIRIENDO DE GRAVEDAD A S. L. A. Y S. H., quienes fallecieron a consecuencia de varias heridas de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. En el mismo numeral en el segundo párrafo se establece también que: COMO INDICAN AMBOS TESTIGOS PRESENCIALES LOS VISITANTES FUERON LOS QUE ATACARON SORPRESIVAMENTE A LOS CUSTODIOS CUANTOS ESTOS ESTABAN CENANDO EN LA MESA DEL COMEDOR, como se podrá observar en este numeral el tribunal tampoco tomo como hecho probado que mi representado haya participado en la acción que produjo la muerte de los ofendidos claramente se establece en dicho numeral que fueron los visitantes los que produjeron la muerte de los ofendidos y no mi representado. Es por esto Honorable Corte que en este momento procesal oportuno se presenta la Casación por Quebrantamiento de Forma ya que no se observo por parte del Tribunal la observancia de la sana critica que debe mediar en toda sentencia que se dicte por dicho tribunal, ya que vemos que no es congruente la sentencia en su parte dispositiva con los hechos probados y tomando en cuenta que la base de estos hechos probados han tenido como base las declaraciones de los testigos los cuales en ningún momento han manifestado que mi representado haya participado en dichos hechos delictivos los cuales hayan producido la muerto de los hoy occisos, sin embargo los testigos han declarado que fueron otras personas que dispararon contra los ofendidos y no congruentes las partes de esta sentencia ya que se establecen unos extremos en los hechos probados y en la parte dispositiva se establece o se condena a mi representado como autor de dos delitos de asesinato en contra de los ofendidos, sin tener ninguna prueba testifical en la que se pueda acreditar este extremo. Al analizar estas declaraciones estamos seguros que el sentenciador hace un mal análisis de estas declaraciones, la prueba documental ofertada es impertinente, porque no arroja datos que ayuden a obtener el grado de certeza que el Juzgador necesita para condenar al imputado por los delitos antes señalados. Si analizamos el numeral quinto de la valoración de la prueba y la parte dispositiva nos damos cuenta que existe un error de disconformidad en las ideas y representaciones con la naturaleza de las cosas ocurridas, teniendo como resultado una apreciación falsa de lo acontecido. Si el órgano jurisdiccional sentenciador hubiese valorado de manera conjunta y armónica toda la prueba antes señalada, de acuerdo con las reglas de la sana critica, del criterio racional o del criterio humano; es decir, de acuerdo con las reglas de la lógica, la Psicología, de la Sociología y las máximas de la experiencia, hubiese llegado a la conclusión final y sin lugar a duda bajo una operación intelectual razonada, que mi representado el señor A. A. M. B., no ejercito ninguna acción tendiente a quebrantar su principio de inocencia en este caso que nos ocupa. SANTIAGO SENTIS MELENDO, en su obra la prueba, Buenos Aires, 1978, pagina 346 dice: El indicio no es una cantidad de prueba; tampoco es un medio de prueba en especial, ya que puede estar constituido por cualquier elemento probatorio. Contemplarlo cuantitativamente constituye un error, una visión equivocada; pero es mayor el que significa ver en el indicio un medio de prueba especial. GERMAN PABON GOMEZ, en su obra de la casación y la revisión penal, segunda edición, Bogotá dos mil tres, pagina 387 y 388. Considera que las formas de censura, en tratándose de indicios puede darse, a saber, respecto: Del hecho indicador (cuando no esté probado), cuando se trata de impugnación del hecho indicador, porque no esté probado, ha lugar a la censura de vía de error de hecho por falso juicio de existencia, por suposición probatoria, para el caso por ejemplo cuando la prueba que supuestamente soporta el hecho indicador, no tenga existencia material en el proceso. Por lo vertido anteriormente es que esta defensa solicita se enmiende la sentencia impugnada, se case la sentencia y se ordene al Sentenciador enmiende su error por la falsa apreciación de la prueba y no valorar la misma de acuerdo con las reglas de la Psicología.” RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ENCAUSADO A. A. M. B., ARGUMENTANDO QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL DICTAR SENTENCIA CONDENATORIA INOBSERVO LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN LA VALORACION DE LA PRUEBA. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 2) PARRAFO IN FINE DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- Expone el recurrente que conforme al artículo 202 del Código Procesal Penal: “Las pruebas serán valoradas conforme a las reglas de la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”, estimando que el órgano sentenciador no valoró la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, formando su convicción sin valorar la prueba producida de manera conjunta y armónica, por lo que incurre en un error in procedendo. Explica que los medios de prueba aportados por el Ministerio Publico han servido para esclarecer el hecho y las circunstancias que lo rodean, de las que se extraen elementos suficientes para establecer con certeza los hechos que se han declarado probados. Estos prueban solamente la evasión del acusado y su remisión después de ser capturado, pero no acreditan que el impuptado haya participado en la ejecución del hecho criminoso contra los ofendidos. Según el recurrente, la declaración del testigo F. H. M., es clara al manifestar que escuchó unos disparos y que lo agarraron del cuello y lo dejaron en el lugar conocido como Silin, por lo que estima que no ha venido esclarecer, ni ha aportado ningún elemento de prueba para poder determinar que el encartado haya participado en los asesinatos de las víctimas. Considera que las declaraciones de los testigos M. J. N. M. y F. H. M., son coherentes, coincidentes y demuestran que el día de los hechos los dos sujetos que fueron a visitar a A. A. M. B., quien cumplía una medida cautelar de arresto domiciliario bajo la vigilancia de policías penitenciarios y preventivos, los encañonaron y luego dispararon contra ellos hiriendo de gravedad a S. L. A. Y S. H., quienes fallecieron a consecuencia de varias heridas por lo que tampoco fue demostrado que el acusado haya participado en la acción que produjo la muerte de los ofendidos. Al analizar estas declaraciones reprocha que el sentenciador haya analizado indebidamente las declaraciones y prueba documental porque no arrojan datos que ayuden a obtener el grado de certeza para condenar a su defendido por los delitos señalados. Explica que si el Tribunal A Quo hubiese valorado de manera conjunta y armónica toda la prueba antes señalada, de acuerdo con las reglas de la sana critica, de la lógica, la Psicología, Sociología y máximas de la experiencia, hubiese llegado a la conclusión de que el señor A. A. M. B., no ejercitó ninguna acción capaz de quebrantar su estado de inocencia. Por lo que solicita la casación de la sentencia y se ordene al órgano sentenciador que enmiende su error por la falsa apreciación de la prueba y no valorarla de acuerdo a las reglas de la Psicología. Esta Sala de lo Penal considera pertinente recordar que el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, podrá interponerse cuando en la valoración de la prueba no se han observado las reglas de la sana crítica. El proceso lógico seguido por el Juzgador al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto a control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada, en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, por el principio de inmediación, su juicio en la valoración de la prueba debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando en sus razonamientos se revele ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. Esta Sala después de haber analizado el reproche exhaustivo del recurrente, considera que éste no señala puntual y concretamente cuales son las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o las normas de la psicología que habrían resultado vulneradas por el Tribunal de Sentencia cuando arriba a la conclusión de que el acusado señor A. A. M. B., participó activamente en el plan fuga del lugar en donde cumplía arresto domiciliario bajo custodia policial que conllevaba en caso de ser necesario la muerte de las víctimas. Es lógico pensar que las personas que causaron la muerte de los ofendidos, contaron para lograr su cometido con la aquiescencia o consentimiento del imputado, pues estos ingresaron a su casa en virtud de su autorización previa, y de igual manera, les acompañó, tras la perpetración de los hechos, sin que mediara violencia, intimidación o fuerza alguna, de tal manera que no es sino por la acción posterior de las autoridades competentes que casi tres años después fuera recapturado para su enjuiciamiento. siendo que por un lado y en virtud del principio de inmediación es el Juzgador de Instancia quien forma su convicción a partir de los elementos probatorios aportados bajo su directa intervención en el juicio oral, y que por el otro, el razonamiento del Tribunal A Quo externado en la motivación intelectiva de la sentencia no se presenta arbitrario, ilógico o contradictorio, procede declarar sin lugar el motivo formulado por la Defensa del encartado V.- El Abogado E. G. E. A., desarrolló su recurso de casación por Infracción de Ley: “III.-POR INFRACCION DE LEY: MOTIVO ÚNICO: “Aplicación indebida del artículo número 117 del Código Penal”.PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360, del Código Procesal Penal. El precepto penal de orden sustantivo que se cita como infringido textualmente dice: “Es reo de asesinato, quien dé muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1) Alevosía; 2) Con premeditación conocida; 3)… 4)…” EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Se ataca la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de Trujillo, Colón, por la indebida aplicación del artículo 117 numerales 1 y 2, porque en esta disposición se basó para condenar a mi representado A. A. M. B., cuando la condena no procedía contra él, porque no cometió el delito tipificado en tal precepto legal, mas bien lo procedente en Derecho era absolverlo de toda responsabilidad penal. En la sentencia recurrida, en la parte de la fundamentación jurídica, si bien es cierto el juzgador en el numeral primero, si bien es cierto, cita el artículo 117 del Código Penal Hondureño, se queda en la simple cita del número del artículo, porque para desarrollar su criterio sobre el delito de Asesinato no toma la definición que nos da este artículo, Incurre en el delito de Asesinato quien de muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1) Alevosía 2) con premeditación conocida 3) por medio de inundación, incendio, envenenamiento, explosión, descarrilamiento, volcamientos, varamiento o avería de buque u otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos, siempre que haya dolo e intencionalidad y 4) con ensañamiento, aumentando deliberadamente e inhumanamente el dolor del ofendido”. sino que más bien sin hacer la cita correspondiente, define el asesinato utilizando íntegramente la definición que da el jurista español FRANCISCO MUÑOZ CONDE, en su obra Derecho Penal, Parte Especial, página 50, cito: “ASESINATO.- La muerte de una persona a consecuencia de la acción realizada por otra, valiéndose de medios especialmente peligrosos o revelando una especial maldad o peligrosidad…” (Las negritas son nuestras), lo cual constituye precisamente el vicio que lleva al aquo a cometer el error in indicando, ya que al no haber partido de la definición legal de Asesinato, no pudo desglosar y analizar cada uno de los requisitos del tipo, sino que lo hace en base a una definición doctrinaria, las que se pueden utilizar para efectos de motivación como ayuda o complemento de una definición legal, no como sustituto de esta. Al hacer el análisis del tipo penal al que nos estamos refiriendo encontramos que comete el delito de Asesinato, como primer requisito del tipo, quien de muerte a una persona, por lo que se requiere que haya una acción tendiente a ultimar a otro y que se consuma, encontramos entonces que el verbo rector aquí es dar (dar muerte), lo que implica necesariamente un acto, no puede ser cometido por omisión como lo menciona el A-quo en varias partes de la sentencia recurrida, tampoco puede cometerse por imprudencia, porque como dice MUÑOZ CONDE la naturaleza misma de las circunstancias, en nuestro caso del artículo 117 se opone a esa posibilidad, ya que unas exigen referencias del dolo a ellas, como la Alevosía, la premeditación. Queda evidenciado que el juzgador desde que establece los hechos probados ha llegado a la convicción de que el señor A. A. M. B., es responsable del delito de Asesinato en perjuicio de los dos policías por omisión, al no atribuirle ninguna participación al momento de fijar tales hechos probados, ya que como veremos a continuación tanto en la valoración de la prueba como en la fundamentación jurídica, una y otra vez, se repite el criterio de que M. B., es responsable del asesinato de los señores S. L. A. y S. H. H., porque no evitó que los dos sujetos que llegaron a visitarlo les dispararan y los mataran cuestión que es una aberración jurídica, contraria totalmente a principios fundamentales recogidos en nuestra constitución y nuestras leyes, que van dirigidas a la protección de la persona humana y su dignidad. En primer lugar en el numeral noveno del apartado de valoración de la prueba establece: “Noveno: De acuerdo a la prueba evacuada durante el presente debate se ha acreditado la participación del acusado en el presente hecho criminoso, PORQUE PUDIENDO HABER EVITADO EL ATAQUE A LOS CUSTODIOS cuando el bien sabia que ha ese lugar no se podía llegar armado y mas bien aprovechó la situación y se favoreció huyendo del lugar que se le tenía en arresto domiciliario; lo cual lo ha colocado en una situación de partícipe en los hechos objeto de este proceso, por ello su estado de inocencia ha sido vulnerado.”.- (las negritas y mayúsculas son nuestras). Luego en la parte de Fundamentación Jurídica, el Juzgador sigue en esa misma línea de pensamiento para fundamentar su fallo condenatorio, en el numeral segundo, primer párrafo dispone: “Segundo: Que en el presente juicio ha quedado establecido, que el acusado a sabiendas de que existía un plan preconcebido para fugarse de la vivienda destinada para cumplir con la medida de arresto domiciliario NO TRATÓ DE INTERVENIR PARA EVITAR QUE SE PRODUJERA LA MUERTE DE LOS POLICÍAS PENITENCIARIOS…”.- (las negritas y mayúsculas son nuestras). Eso mismo sostiene a continuación en el mismo numeral segundo, pero en el tercer párrafo: “Ahora analizando la tipicidad desde su parte subjetiva en la cual está comprendida el elemento Dolo; el dolo se define doctrinalmente como el conocer y querer la realización de la situación objetiva descrita por el tipo de injusto; SE DEDUCE QUE LA CONDUCTA DEL IMPUTADO ES DOLOSA PORQUE CONOCÍA EL PLAN DE FUGA y estaba consiente que el mismo podía causar la muerte o dañar la integridad física de las personas que estaban encargadas de su custodia de manera que el acusado no realizó ningún acto para que no se llevara a cabo el plan de fuga y tampoco al momento de de ejecución del mismo NO EVITÓ DE ALGUNA MANERA QUE SE PRODUJERA LA MUERTE DE LOS POLICÍAS QUE LO CUSTODIABAN LO CUAL INDICA QUE ACTUÓ CON PREMEDITACIÓN Y ALEVOSÍA…”. (Las negritas y mayúsculas son nuestras). En el numeral tercero de esta misma parte de Fundamentación Jurídica el juzgador vuelve a hacer mención de este criterio, de la siguiente manera: “De conformidad con lo dicho en el apartado anterior, del citado delito, resulta ser responsable en concepto de Coautor al tenor de lo establecido en el artículo 32 del Código Penal, el acusado A. A. M., por su participación en los hechos al conocer el plan para su liberación, siendo por ello necesario la neutralización de la acción defensiva de los policías penitenciarios NO EVITO QUE SE PRODUJERA LA MUERTE DE LOS POLICÍAS S. L. A. y S. H. H., por ende se ejecutaron todos los actos que el tipo penal exige…” (Las negritas y mayúsculas son nuestras). Al hablar del grado de participación del señor A. A. M. B. conforme lo establecen el artículo 32 del Código Penal Vigente, normativa que cita el sentenciador.- El reconocido jurista Hondureño DOCTOR RENE SUAZO LAGOS, refiere en “lecciones de derecho penal I” octava edición, que el autor principal es el que realiza propiamente la acción expresada por el verbo (el que mata, el que defrauda, el que yace) y los Co-autores o co-ejecutores que son todos aquellos que toman parte directa en la ejecución del delito pero no lo realizan el núcleo del mismo (no ejecutan personalmente la acción de matar o de tomas los bienes muebles).- Por consiguiente, a mi representado no se le puede tener como autor del delito de asesinato. En el numeral quinto también de la fundamentación jurídica, en el segundo párrafo el juez A-quo establece algo sumamente importante para el análisis del curso de su pensamiento, desarrollado en la sentencia que se recurre, al establecer lo siguiente: “El segundo elemento de la culpabilidad, es la conciencia de la antijuricidad, que consiste en el conocimiento de que se hace algo prohibido, AQUÍ NO HAY RAZÓN ALGUNA QUE PUEDA CONSIDERARSE PARA ESTABLECER QUE A. A. M., NO ERA CONCIENTE DE QUE LA CONDUCTA REALIZADA POR SUS VISITANTES ERA ANTIJURÍDICA Y TIPIFICADA COMO DELITO.- igualmente NO SE DEMOSTRÓ QUE A. M. B., SE ENCONTRABA EN ALGUNA SITUACIÓN EN LA QUE NO LE ERA EXIGIBLE EVITAR LA CONSUMACIÓN DEL HECHO. (las negritas y mayúsculas son nuestras), Aquí puede verse como queda claro lo que hemos venido argumentando en cuanto a la violación del precepto legal, sobre la Aplicación Indebida del Artículo 117 del Código penal, numerales 1 y 2, el Juzgador llega al extremo de fallar contra una persona, en este caso mi cliente A. A. M. B., haciéndolo responsable de la conducta ANTIJURÍDICA, TIPIFICADA COMO DELITO, REALIZADA POR OTROS, en propias palabras del A-quo, esto Honorables Magistrados es la argumentación jurídica del juzgador, su basamento legal y en el mismo queriendo condenar a toda costa al señor M. B., ha forzado criterios, distorsionado el Derecho aplicando de forma indebida la disposición contenida en el artículo 117 del Código Penal. El Juzgador cita el artículo 32 del Código Penal, condenando al señor A. A. M. B., como coautor del delito de Asesinato en perjuicio de los señores S. L. A. y S. H. H., dicha disposición establece que: “Se considera autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado.- En los delitos por omisión, son autores los que dejan de hacer lo que la ley manda, causan la omisión o cooperan a ella”, a efectos de ilustración citamos lo que estima MUÑOZ CONDE, respecto a quienes son autores del delito de Asesinato, dice: “Cuando funcionan como elementos constitutivos del delito de asesinato, las circunstancias calificadoras del art 139 (en nuestro caso 117 del Código Penal), deben concurrir en el autor en sentido estricto de este delito, es decir en el que mata. Los demás que intervienen a título de partícipes (inductores, cooperadores necesarios o cómplices), deben conocer los elementos del tipo realizados por el autor: quienes participan en un asesinato deben saber que el sujeto a quien auxilian o inducen mata, por ejemplo, con ensañamiento pues de lo contrario concurriría en ellos un error esencial que excluiría el dolo del asesinato…” Nuestra posición honorables magistrados es que el señor A. A. M. B., no participó en la muerte de los señores S. L. A. y S. H. H., bajo ningún titulo ni como autor, cómplice necesario o coautor, figura esta que por cierto no menciona el artículo 32 del Código Penal en todo caso tendría que hablarse de otro autor, pero como se ha visto la posición del A-quo en la sentencia va orientada a tratar de acomodar criterios tendientes a condenar a mi representado, aun cuando toda la actividad probatoria no arrojó ninguna vinculación de él con la muerte de los policías, la responsabilidad de mi cliente llega hasta la evasión en que incurrió y por este delito ya se le ha condenado. Por todo lo antes descrito es que se considera que el Tribunal de Sentencia incurrió en un error in iudicando, al realizar una interpretación errónea de precepto penal, al hacer aplicación indebida del articulo 117 en relación con el articulo 32 del Código Penal, y por violación de los artículos 1, 88, 89, 90, 321 de la Constitución de la República; artículos 2, 202, 339 del Código Procesal Penal, ya que estos enunciados jurídicos le ordenan al A-quo, que él es garante y un tercero imparcial en un juicio, y como tal debe garantizar como mínimo las garantías, derechos y formalidades de un proceso penal y valorar las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, situación que no sucedió en los autos de merito. Ahora bien, si bien es cierto el Juzgado tiene la potestad de valorar bajo la libre convicción, esta valoración debe ser fundada en hechos que hayan quedado debidamente demostrados con el desfile de la prueba, es decir, no debe hacer una valoración arbitraria, sino por el contrario, bajo criterios objetivos que no permitan de valoraciones erróneas, que es el caso que ahora nos permite recurrir, ya que el Tribunal de Sentencia al darle todo el valor probatorio a la declaración de los testigos que declararon en juicio debió absolver a nuestro representado ya que claramente declararon que el no tuvo nada que ver en los hechos que produjeron la muerte de los ofendidos. Se ataca la sentencia dictada por el A-quo por considerar que el órgano sentenciador después de valorar la prueba conforme a las reglas de la sana critica, llevándolo a formar su convicción y sin valorar la prueba producida de manera conjunta y armónica, lo llevo a incurrir en un error In iudicando, al realizar una interpretación errónea de precepto penal aplicable al caso penal en concreto. Como podemos ver es aquí donde el Estado se auto limita Constitucionalmente para asegurarle a sus habitantes el ejercicio del ius puniendo dentro de marcos legales donde se respete la dignidad humana, el cual se logra con una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado; el articulo antes citado va íntimamente relacionado con el artículo 1 de nuestra Constitución de la República que dice: “Honduras es un Estado de derecho, soberano, constituido como República libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social.” Estos derechos, garantías y formalidades que menciona nuestra Carta magna, son propios de un sistema procesal Penal acusatorio adversarial como el nuestro, mediante el cual todos los habitantes que cometen un ilícito penal son sometidos a un juicio oral y público totalmente garantista, tal como lo manifiesta el artículo 1 de nuestro Código Procesal Penal que dice: “Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haber probado los hechos en un juicio oral y publico llevado a cabo con los principios establecidos en la Constitución de la República, los tratados internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente Código y con respeto estricto a los derechos del imputado”. Por todo lo antes descrito es que se considera que el Tribunal de Sentencia incurrió en un error in iudicando, al realizar una interpretación errónea de precepto penal aplicable al caso penal en concreto, al hacer aplicación incorrecta del articulo 117 en relación con el artículo 32 del Código Penal, y por violación de los artículos 1, 88, 89, 90, 321 de la Constitución de la República; artículos 2, 202, 339 del Código Procesal Penal, ya que estos enunciados jurídicos le ordenan al A-quo, que él es garante y un tercero imparcial en un juicio, y como tal debe garantizar como mínimo las garantías, derechos y formalidades de un proceso penal y valorar las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, situación que no sucedió en los autos de merito. Ahora bien, si bien es cierto el Juzgado tiene la potestad de valorar bajo la libre convicción, esta valoración debe ser fundada en hechos que hayan quedado debidamente demostrados con el desfile de la prueba, es decir, no debe hacer una valoración arbitraria, sino por el contrario, bajo criterios objetivos que no permitan de valoraciones erróneas, que es el caso que ahora nos permite recurrir, ya que el Tribunal de Sentencia al darle todo el valor probatorio a la declaración de los testigos que declararon en juicio debió absolver a nuestro representado ya que claramente declararon que él no tuvo nada que ver en los hechos que produjeron la muerte de los ofendidos.” RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL IMPUTADO A. A. M. B., ALEGANDO LA APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 117 DEL CÓDIGO PENAL CONTENTIVO DEL TIPO PENAL DE ASESINATO.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 361 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- Argumenta el recurrente que la sentencia impugnada incurre en indebida aplicación del artículo 117 numerales 1) y 2) del Código Penal, debido a que no procedía condenar a su defendido A. A. M. B., sino absolverlo de toda responsabilidad penal. Señala que en la fundamentación jurídica, el Juzgador cita del artículo 117 antes señalado, pero se refiere al concepto de asesinato propuesto por el jurista español FRANCISCO MUÑOZ CONDE, vicio que lo lleva a cometer un error in indicando, ya que no es coincidente con la definición legal de ese tipo delictivo. El Censor recuerda que comete el delito de asesinato, quien de muerte a una persona, por lo que se requiere que haya una acción tendiente a quitarle la vida a otro y que se consume, encontrando entonces que el verbo rector aquí es dar muerte, lo que implica un acto que no puede ser cometido por omisión como lo menciona el A-quo en varios tramos de la sentencia recurrida, tampoco puede cometerse por imprudencia, ya que exige referencia al dolo, como en la alevosía o la premeditación. Señala que el Juzgador ha llegado a la convicción que el señor A. A. M. B., es responsable del delito de asesinato en perjuicio de dos policías por omisión, al no atribuirle ninguna participación en los hechos probados, pues en la valoración de la prueba y fundamentación jurídica, repite que su defendido es responsable del asesinato de los señores S. L. A. y S. H. H., porque no evitó que los dos sujetos que llegaron a visitarlo le dispararan y mataran. Argumenta que al hablar de grado de participación del señor A. A. M. B., conforme el artículo 32 del Código Penal Vigente, es autor principal el que realiza propiamente la acción expresada por el verbo (el que mata, el que defrauda, el que yace) y los co-autores o co-ejecutores son aquellos que toman parte directa en la ejecución del delito, pero que no realizan el núcleo del mismo, por consiguiente, estima que a su defendido no se le puede tener como autor del delito de Asesinato. Reprocha que el Juzgador condena al señor A. A. M. B., haciéndolo responsable de una conducta antijurídica, tipificada como delito, realizada por otros, por lo que estima que distorsiona el derecho al aplicar indebidamente el artículo 117 del Código Penal. Cuestiona que el Juzgador cita el artículo 32 del Código Penal, condenando al señor A. A. M. B., como coautor del delito de Asesinato en perjuicio de los señores S. L. A. y S. H. H., pero en los delitos por omisión, son autores los que dejan de hacer lo que la ley manda, causan la omisión o cooperan a ella”. Concluyendo que el señor A. A. M. B., no participó en la muerte de los señores S. L. A. y S. H. H., bajo ningún titulo, ni como autor, coautor o cómplice necesario, de tal manera que la responsabilidad de su representado solo es por la evasión en que incurrió, delito por el que ya fue condenado. Esta Sala de lo Penal, considera que si bien es cierto que del fáctum no se desprende que el acusado haya disparado alguna de las armas de fuego con las que se causó la muerte de los policías, fue debidamente comprobado que los ejecutores materiales de los hechos y el acusado A. A. M. B. ejecutaban actos propios de un plan común, orientado a provocar su fuga del lugar donde cumplía su arresto domiciliario. Esta Sala estima que en este caso, se produce una virtual comunidad de intenciones o de voluntades, entre el imputado A. M. y los ejecutores materiales del hecho, contribución que consiste en dar acceso a la vivienda a los dos visitante del acusado que a su vez atacaron y dieron muerte a los policías, aporte fáctico esencial y determinante para que se produjera el resultado fatal producido. El acompañamiento físico del acusado a los ejecutores materiales y el propósito principal de su accionar que es facilitar su fuga y burlar su arresto domiciliario, constituye indudablemente el impulso psicológico compartido entre el acusado A. A. M. B. y los ejecutores directos de la muerte de los policías[2]. El ataque armado a los policías por parte de los ejecutores materiales se produce en forma sorpresiva, al momento en que estos tomaban sus alimentos, siendo por ello incapaces de defenderse, de tal manera que el ataque se realizó aprovechando una circunstancia propicia para la disminución de los riesgos o peligros para los ejecutores y el acusado A. A. M. B. que pudiera generar una potencial acción defensiva de los elementos de seguridad del Estado que ejercían funciones de control de una medida cautelar decretada por Juez competente en el marco de un proceso penal. Asimismo, fue probado que el acusado no solo cooperó con los autores directos en una acto alevoso por lo sorpresivo, sino que también actuó con premeditación conocida, por su frialdad de ánimo, a consecuencia de lo cual, el motivo de casación invocado por el recurrente es desestimado. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 202, 360, 361, 362 No. 3 y 369 del Código Procesal Penal.- FALLA: 1) Declarando sin lugar el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional, Quebrantamiento de forma, e Infracción de Ley Penal Sustantiva, en sus únicos motivos, interpuesto por el Abogado E. G. E. A., en su condición indicada, contra la sentencia pronunciada por el Tribunal de Sentencia de Trujillo, Departamento de Colón, en fecha treinta de abril de dos mil diez.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales pertinentes.- REDACTO EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- COORDINADOR.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida a solicitud de la Abogada K. L. M. P., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de junio del año dos mil doce.- Certificación de la sentencia de fecha once de abril del año dos mil doce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-236-2010.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] El artículo 32 del Código Penal establece que se consideran autores, además de quienes “toman parte directa en la ejecución del hecho”, a los que “..cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado….”

[2] Como lo explica LUZON CUESTA, los juicios de inferencia mediante los cuales se determina el elemento subjetivo del delito, como por ejemplo, “a sabiendas”, “a propósito”, “intencionalmente”, “con conocimiento de” y otros similares, encuentran una ubicación más acertada entre las consideraciones jurídicas, a partir de los datos objetivos extraídos del relato de hechos probados, vid. LUZON CUESTA, JOSE MARIA, en El Recurso de Casación Penal, Editorial Colex, Madrid, 2000, págs 147-148.