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Sentencia CP-233-11 — Registro 3495

Resumen

En primera instancia se absolvió a los imputados del delito de Lesiones Culposas (Malapraxis), resolviendo en segunda instancia Sin Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PUBLICO EN CONTRA DE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA A FAVOR DEL SEÑOR C. A. G. R.. I. El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; Es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. La recurrente señala que el reproche recursivo es únicamente respecto a la decisión del Juzgador en cuanto absuelve de toda responsabilidad penal al acusado C. A. G. R., por el delito de lesiones culposas, en perjuicio del niño R. C. F. M.. Alega la recurrente que la sentencia definitiva está sustentada en una valoración de los medios de prueba que dan las espaldas a las reglas de la sana crítica; así pues puntualiza fueron violentadas las máximas de la experiencia y el principio lógico de derivación, en el proceso de valoración de los medios de prueba: a). Declaración testifical de la Señora A. F. M. L.; b). Dictamen Radiológico de la Doctora I. H. D. G.; c). Dictamen del Expediente clínico del Doctor G. A. R. P.; d). Declaración testifical del Doctor J. S. M.; e). Dictamen del Doctor C. H. M.; y f). Declaración testifical del Doctor E. S. M. C.. II. Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que el artículo 362 No.3) del Código Procesal Penal prevé que “el Recurso por Quebrantamiento de Forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes: 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.” Al respecto la Sala ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo 194-2009 de fecha 30 de Noviembre del 2001 y 297-09 de fecha 30 de noviembre del 2011, también en ese sentido el fallo 360-09 de fecha 20 de octubre del 2011 y 385-09 de fecha 05 de abril del 2011). En el apartado de la valoración intelectiva el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la sana crítica; Es éste último el que debe de observar el Juzgador Penal Hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. Además se ha indicado que anteriormente que “…en el sistema de sana crítica racional, que implementa nuestro sistema procesal penal, en cuanto a la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común…”. -Fallo 125-2010, de fecha 30 de noviembre del 2011-; De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…”. –Fallo 88-09 de fecha 20 de Octubre del 2011-. Partiendo de la Doctrina Legal sentada por esta Sala de lo Penal en los fallos 194-2009 de fecha 30 de noviembre del 2001, 297-09 de fecha 30 de noviembre del 2011, 242-09 de fecha 02 de noviembre del 2011 y 125-2010 de fecha 30 de noviembre del 2011, se ha indicado que componen la Sana Crítica..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de Junio del año dos mil doce. Por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los Magistrados RAÚL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO, JACOBO CÁLIX HERNÁNDEZ y CARLOS DAVID CÁLIX VALLECILLO, dictan la presente sentencia resolviendo el Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por la Abogada T. S. D., en su condición de Defensora Pública del señor J. I. V. V. y por el Abogado W. F. V., en su condición de Acusador Privado contra los señores J. I. V. V. Y C. A. G. R., y el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por la Abogada K. L. M. P., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la sentencia de fecha veintiuno de febrero de dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: 1º. CONDENANDO al imputado J. I. V. V., a la pena de DOS (2) AÑOS DE RECLUSION, por el delito de LESIONES CULPOSAS, en perjuicio de R. C. F. M. 2º. CONDENANDO al imputado J. I. V. V., a las penas accesorias de INHABILITACION ESPECIAL e INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena. 3º. DECLARO la responsabilidad civil del imputado. 4º. ABSOLVIENDO por mayoría de votos al señor C. A. G. R., del delito de LESIONES CULPOSAS en perjuicio de R. C. F. M. 5º. NO CONDENO en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio a los imputados. Interpusieron los Recursos de Casación por Infracción de Ley, la Abogada T. S. D., en su condición de Defensora Pública del señor J. I. V. V. y el Abogado W. F. V.S, en su condición de Acusador Privado contra los señores J. I. V. V. Y C. A. G. R., y el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por la Abogada K. L. M. P., en su condición de Fiscal del Ministerio Público. SON PARTES: el Abogado W. F. V., en su condición de Acusador Privado contra los señores C. A. G. R. Y J. I. V. VA., como parte recurrente; la Abogada L. M. S. A., en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente; la Abogada T. S. D.S, en su condición de defensora Pública del Señor J. I. V. V., como parte recurrente; y El Abogado J. H. S. V., en su condición de defensor privado del Señor C. A. G., como parte recurrida. HECHOS PROBADOS PRIMERO: En fecha catorce de abril del año dos mil tres, aproximadamente a las cuatro de la tarde, el menor R. C. F. M., mientras se encontraba jugando en el patio de la casa de sus padres ubicada en Residencial el Hatillo, de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, se cayó de un muro, golpeándose su cabeza y el antebrazo izquierdo, por lo que fue llevado a la sala de emergencia del Hospital Viera, y en dicho Hospital fue operado aproximadamente a las ocho de la noche del mismo día por el Doctor J. I. V. V., médico ortopeda, y el Doctor C. A. G. R. como anestesista, para corregirle la deformidad de su mano izquierda. SEGUNDO: El día quince de abril de dos mil tres, aproximadamente a las tres de la madrugada, el menor R. C. F. M. empezó a tener dificultades para respirar y empezó a vomitar, luego entró en un estado de coma, por lo que se le realizó una tomografía axial computarizada en el cerebro y se le detectó un hematoma epidural en el lado izquierdo de la cabeza con edema cerebral. Subsecuentemente fue operado de la cabeza para tratar dicho hematoma por el doctor J. S. TERCERO: El hematoma epidural en el lado izquierdo de la cabeza del menor R. C. F. M. lo ha hecho permanecer en estado vegetativo desde el diagnóstico del mismo hasta la actualidad.” CONSIDERANDO Los Recursos de Casación por Infracción de Ley, y por Quebrantamiento de Forma, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de los mismos. II. La abogada recurrente T. S. D., en su condición de defensora pública del señor J. I. V. V., procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley de la manera siguiente: EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION. MOTIVO UNICO: Aplicación indebida de los artículos 13, 133, 138 Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. Las normas del Código Penal que se infringe y cuya aplicación es indebida relatan: “Artículo 13. El delito puede ser realizado por acción o por omisión y necesariamente debe ser doloso o culposo. El delito es doloso cuando el resultado responde a la intención que se tuvo al ejecutarlo o cuando el autor sabe o esta obligado a saber, que como consecuencia de la acción o omisión existe la posibilidad de que se produzca un efecto dañoso constitutivo de delito, no obstante, lo cual ejecuta el hecho y aceptan por ende, las consecuencias que del mismo se derivan. El delito es culposo cuando es resultado de imprudencia impericia o negligencia o cuando es producto de la inobservancia de una ley, de un reglamento o de ordenes, resoluciones o deberes, atendidas las circunstancias y la situación personal del delincuente. El delito culposo solo será punible en los casos expresamente determinados por la ley.” Por su parte el artículo 131 expresa: “Comete el delito de lesiones quien cause daños que afecten el cuerpo o la salud física o mental de otra persona. En ese mismo orden de ideas el artículo1385 establece: Las lesiones culposas se sancionaran con una pena igual a la mitad de la correspondiente a la lesión dolosa.” El Tribunal Sentenciador, consideró como hechos probados en la sentencia recurrida los siguientes: PRIMERO: En fecha catorce de abril de año dos mil tres, aproximadamente a las cuatro de la tarde, el menor R. C. F. M., mientras se encontraba jugando en el patio de la casa de sus padres ubicada en Residencial el Hatillo, de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, se cayó de un muro golpeándose su cabeza y el antebrazo izquierdo, por lo que fue llevado a la sala de emergencia del Hospital Viera y en dicho Hospital fue operado aproximadamente a las ocho de la noche del mismo día por el Doctor J. I. V. V., médico ortopeda, y el Doctor C. A. S. R., como anestesista, para corregirle la deformidad de su mano izquierda. SECUNDA: El día quince de abril de dos mil tres, aproximadamente a las tres de la madrugada el menor R. C. F. M. empezó a tener dificultades para respirar y empezó a vomitar, luego entró en un estado de coma, por lo que se le realizó una tomografía axial computarizada en el cerebro con edema cerebral. Subsecuentemente fue operado de la cabeza para tratar dicho hematoma por el doctor J. S. TERCERO: El hematoma epidural en el lado izquierdo de la cabeza del menor R. C. F. M., lo ha hecho permanecer en estado vegetativo desde el diagnostico del mismo hasta la actualidad.” Según se plasman en el cuadro fáctico probatorio, estos no establecen de forma alguna los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Lesiones Culposas, consistentes en lesionar el cuerpo de alguna persona mediante imprudencia impericia o negligencia elementos necesarios para tipificar el delito ya mencionado Disgreguemos los hechos probados y verifiquemos cuales Fueron las acciones que le adjudica el sentenciador, a mi representado J. I. V. V.S; comienza diciendo el relato de acontecimientos probados: En fecha catorce de abril de año dos mil tres, aproximadamente a las cuatro de la tarde, el menor R. C. F. M., mientras se encontraba jugando en el patio de la casa de sus padres ubicada en Residencial el Hatillo, de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, se cayó de un muro golpeándose su cabeza y el antebrazo izquierdo…” En esta primera parte el sentenciador no le otorga acción alguna a nuestro patrocinado solamente relata la forma en la que el ofendido se lastima su cuerpo esta acción no constituyen ningún elemento para la Tipicidad del delito de lesiones culposas. Sigamos analizando los hechos: “... por lo que fue llevado a la sala de emergencia del Hospital Viera y en dicho Hospital fue operado aproximadamente a las ocho de la noche del mismo día por el Doctor J. I. V. V., médico ortopeda y el Doctor C. A. G. R., como anestesista, para corregirle la deformidad de su mano izquierda.” En este apartado de los hechos, aparece la primera acción adjudicada a nuestro representado el sentenciador declara como probado, que al ser llevado el ofendido al Hospital Viera, fue intervenido quirúrgicamente por nuestro representado como médico ortopeda, con el objeto de corregir su problema en su brazo, dicha acción no es ni ilícita ni culpable1 ni punible, debido a que precisamente por su profesión de médico ortopeda operó al ofendido, es decir esta acción no constituye delito alguno. Continua diciendo el sentenciador “SEGUNDA: El día quince de abril de dos mil tres, aproximadamente a las tres de la madrugada el menor R. C. F. M. empezó a tener dificultades para respirar y empezó a vomitar, luego entró en un estado de coma, por lo que se le realizó una tomografía axial computarizada en el cerebro con edema cerebral. Subsecuentemente fue operado de la cabeza para tratar dicho hematoma por el doctor J. S. En este apartado de los hechos, el sentenciador plasma cual fue el progreso del perjudicado y las dificultades en su recuperación observemos que los jueces sentenciadores no adjudican ninguna responsabilidad de estos hechos a nuestro representado J. I. V. V., Y por último el sentenciador plasmo: TERCERO: El hematoma epidural en el lado izquierdo de la cabeza del menor R. C. F. M., lo ha hecho permanecer en estado vegetativo desde el diagnóstico del mismo hasta la actualidad. En este último numeral el Tribunal expresan que lamentablemente el ofendido Roberto Flores a raíz de un hematoma epidural en su cabeza, se mantiene en estado vegetativo igualmente observamos que el sentenciador no establece de manera alguna que nuestro representado Ventura Vargas, tenga alguna grado de responsabilidad en el actual estado de salud del ofendido, recordemos que en los hechos probados no podemos dejar nada a la imaginación debe plasmarse claramente, porque éstos constituyen verdades irrefutables. En vista de lo anterior podemos concluir que los hechos probados NO ENCAJAN de manera perfecta en el tipo penal de Lesiones Culposas, ya que requiere la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos, mismo que no son plasmados por el sentenciador en las acciones que realiza nuestro poderdante. La acción de nuestro patrocinado según los hechos probados, se limita a operar al ofendido como médico ortopeda para corregir su problema en el brazo pero en dichos sucesos el Tribunal no plasma de manera alguna la imprudencia, impericia o negligencia en que incurrió nuestro representado para ser condenado por el delito Lesiones Culposas. Prestemos atención que con estos mismos hechos probados y adjudicándoles el sentenciador iguales acciones a ambos imputados (C. G. y J. v.) el Tribunal absuelve al señor C. A. G. R. pero paradójicamente condena al señor J. I. V. V. por un delito de lesiones culposas, cuando no se ha establecido en los hechos probados, cual fue la acción culposa en la que incurrió para ser condenado por tal delito. En ese orden de ideas al no encajar los hechos probados, al tipo penal de Lesiones Culposas, es decir al no incluir el sentenciador los elementos objetivos y subjetivos del delito en referencia. INTERPRETACION PRETENDIDA. Como recurrente pretendo con la interposición del presente recurso que al no existir perfecta armonía entre los hechos probados, con el tipo penal por el cual se condena a mi defendido J. I. V. V., como autor directo del delito LESIONES CULPOSAS por lo que la Honorable Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, con los mismos hechos probados dictados por el Tribunal, emitan una SENTENCIA ABSOLUTORIA; por esa consideración1 someto a control de logicidad a efecto de que ese Honorable Tribunal de Casación, a través del presente recurso y aplicando el derecho en armonía con la justicia declare HA LUGAR el Recurso de merito y dicte la SENTENCIA ABSOLUTORIA.” III. El Abogado recurrente W. F. V., en su condición de acusador privador contra los señores J. I. V. V. Y C. A. G. R., procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley de la manera siguiente: MOTIVO UNICO DE CASACION. INNFRACCION DE LEY POR INTERPRETACIÓN ERRONEA DEL ARTICULO 133 DEL CODIGO PENAL. QUE RESULTA DE LA DECLARACIÓN DE HECHOS PROBADOS INFRINGIENDOSE DICHO PRECEPTO DE CARACTER SUSTANTIVO. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El Tribunal de Sentencias al proferir su fallo, ABSUELVE DE TODA RESPONSABILIDAD AL IMPUTADO C. A. G. R., DEL DELITO DE LESIONES CULPOSAS en perjuicio de la víctima R. C. F. M., no obstante que en LA DECLARACION DE HECHOS PROBADOS se encuentra debidamente establecida la responsabilidad del imputado al valorar la prueba recogida en el proceso, especialmente en dos extremos, entre otros: Uno. Que el médico G. R., ANESTESIOLOGO, desarrolló una conducta negligente, sin considerar, ni interconsultar la opinión facultativa del científico o facultativo neurocirujano, que devenía obligado a escuchar o conocer, dentro de lo cual debía estimarse el factor de riesgo del paciente-víctima, dada su constitución física, su edad y la etiología de la dolencia que motivo la cirugía que se le practicó que derivó en el grave estado de salud en que se encuentra el menor. Es indiscutible, que la sentencia reconoce que siendo necesaria la evaluación pre-anestésica del paciente, el imputado G. R. la desestimó, haciendo una valoración sub-estimativa, sin considerar factores que en otro campo pueden o podrían llamarse como requisitos previos; es decir, que no es suficiente al examen preoperatorio, sino, todo el entorno que debe ser acto de antelación al procedimiento quirúrgico, dado que no solo el cirujano debe tener la certeza de las condiciones anteriores a la cirugía, con respecto al paciente que va a sufrir, también ésta certeza deberá ser propia del anestesiólogo, para que sea un éxito dicha intervención quirúrgica. Dos. Es también importante destacar que dentro de las aptitudes y previsiones del médico anestesista, está, igual que el médico practicante de la cirugía el DEBER DE CUIDADO en su más alta prioridad, que debe asegurar el éxito de la cirugía, consecuentemente la pericia del anestesiólogo está íntimamente ligada a la del cirujano, quien deposita su confianza en los momentos previos o coetános a la práctica de la operación quirúrgica. Es más, cuando hablamos de pericia, debemos aceptar en todo sentido, que los resultados do la misma deben ser óptimos, en cada campo, es por ello que, sin sub estimar los conocimientos del médico absuelto por el tribunal de Sentencias, debemos apuntar, sin lugar a dudas que debió y debe emplear, en su ejercicio, como tal, las más elevadas aptitudes de cuidado y de servicio para un fin positivo en su contribución a la ciencia en la práctica de la cirugía, por una parto; y por la otra, el deber de cuidado que debió demostrar ya que se trataba de la intervención de un menor. Expuesto estimó que la sentencia contiene infracción a la ley sustantiva, en tal caso, al artículo 133 del Código Penal, que en sus alcances sanciona al que comete el delito de lesiones causando daños que afecten al cuerpo o la salud física o mental de otra persona; y la sanción penal esta determinada por la imposición de la privación de la libertad de cuatro a ocho años cuando se causa a una persona una lesión que le produzca una enfermedad mental o física, cierta o incurable o que lo incapacite permanentemente para el trabajo o le ocasiono la pérdida de un sentido. Está incuestionablemente demostrada esa circunstancia en relación a la víctima y que el resultado del daño causado es también incuestionable por la participación culposa del imputado absuelto, porque no puede recaer esa responsabilidad solo en al imputado condenado en la sentencia, ya que la conducta de ambos es vinculante, como queda claramente establecido en la declaración de hechos probados, provenientes del material probatorio arrojado en el juicio oral y público. En esto caso, específicamente fundamento este motivo haciendo recaer la impugnación sobra a proposición jurídica completa, ya que considero e ésta fue aplicada erróneamente, es decir se interpretó erróneamente. Para absolver al imputado, el Tribunal sentenciador, lo atribuyó en la sentencia una interpretación errónea a la norma penal sancionadora, desligándola de las consecuencias que generó la declaración de hechos probados; pero es que al absolver con interpretación errónea, causa la infracción de la Ley, es decir, de la norma infringida, cual es el artículo 133 del Código Penal. Con los razonamientos directos, a baso del Juicio lógico y jurídico que se hace en este UNICO MOTIVO, sobre el aplicado se comprende indubitablemente la violación directa de la Ley sustancial, como consecuencia inmediata de esa interpretación errónea. En la infracción directa que alego, la realidad fáctica contenida en el proceso no permite controversia alguna, pero el sentenciador yerra en la aplicación de derecho al hecho que se ha demostrado plenamente, cual es, la negligencia del módico favorecido con la absolutoria. Expuesto lo anterior, invoco infracción de Ley, esto es, del artículo 133 del Código Penal, por interpretación errónea. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal.” DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA, INTERPUESTO POR LA DEFENSA. I. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: a) Respeto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolos en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código Procesal penal en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados; b) Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: 1. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; 2. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; 3. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; 4. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y 5. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. II. Según la recurrente, el Tribunal de sentencia ha aplicado erróneamente los artículos 13, 133 y 138 del Código Penal, ya que en ninguno de los hechos declarados probados “encajan” con el tipo penal de lesiones culposas por no describirse en ellos los elementos objetivos y subjetivos requeridos, es decir no se describe ninguna acción culposa del imputado J. I. V. que haya ocasionado lesiones al niño R. C. F. M.. III. La Sala de lo Penal, ha efectuado un análisis del alegato planteado, de la sentencia y hechos probados (entendiendo la sentencia como un todo armónico una unidad conceptual), considerando al efecto que, no es de recibo lo alegado por la recurrente en casación, ya que si bien los hechos probados en la sentencia, no son ejemplo de buena redacción, ni la claridad conceptual del hecho fáctico que deben describir los Juzgadores (de manera inherente a la función de su cargo), pero, los mismos alcanzan para describir un hecho que se ajusta al ámbito de protección del tipo penal contenido en el artículo 133, en relación con los artículos 138 y 13 del Código Penal. En el hecho probado primero (F. 506 de la sentencia), el Órgano Juzgador determina que el niño R. C. F. M., es llevado a la sala de emergencia del Hospital Viera como consecuencia un golpe recibido en el antebrazo izquierdo, pero también por un golpe recibido en la cabeza y aún con esa información, el acusado J. I. V. V., -a favor del cual se interpone este recurso- procede a realizar procedimiento para corregir el daño de la mano izquierda sin que se describa ninguna acción tendiente a tratar y reparar el daño producido por el golpe en la cabeza, ello es precisamente la omisión que es objeto de reproche y que ocasionó que el hematoma epidural –descrito en el hecho probado segundo- desembocara en el detrimento de la salud del ofendido, llevándolo hasta un estado vegetativo –descrito en el hecho tercero-, condición que persiste aún en día. Por lo anterior, esta Sala de lo Penal establece, que es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en donde incorrectamente se denunció errónea aplicación de una norma sustantiva contenida en el artículo 133 en relación con los artículos 138 y 13 del Código Penal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY INTERPUESTO POR EL ACUSADOR PRIVADO, ABOGADO W. F. V. I. El recurrente denuncia que el Juzgador erróneamente interpretó el artículo 133 del Código Penal y como consecuencia absolvió de responsabilidad penal al imputado C. A. G. R., aún a pesar que en la declaración de los hechos probados está establecida, de manera clara, la responsabilidad de éste. II. En el tipo de recurso presentado en el presente caso, corresponde al Tribunal de Casación revisar y corregir cuando proceda la aplicación del derecho sustantivo partiendo justamente del relato de hechos probados contenidos en la sentencia recurrida. Así, la Sala después de analizar los hechos probados y el alegato presentado, encuentra que, el recurrente es equívoco en su planteamiento, ya que de la lectura del hecho probado primero de la sentencia (F. 506 de la sentencia) se puede determinar que la participación del acusado C. A. G. R., en el procedimiento que tenía como objeto atender la salud del niño R. C. F. M., fue a título de anestesista, cuya labor médica es distinta y claramente diferenciada con el médico tratante, papel desempeñado por el Acusado J. I. V., en su calidad de ortopeda, tal y como se fija en el hecho probado mencionado. III. Así, El acusado C. A. G. R., no fue responsable del detrimento de la salud del ofendido –descrito en los hechos probados segundo y tercero- por cuanto éste realizó todas las actuaciones vinculadas a su papel médico; Véase que el hecho probado primero finaliza señalando que el propósito de la intervención quirúrgica era la corrección del daño de la mano izquierda del ofendido, ello sólo responsabilidad del médico ortopeda y no del anestesista, ergo tampoco le puede ser reprochable a éste último la omisión de tratamiento del daño en la cabeza del niño R. C. F. M., producido por un golpe, siendo claro que no se describe ni se deduce del contexto de la sentencia la responsabilidad que pretende establecer el recurrente. Es por lo anterior que este Tribunal de Casación Penal, declara Sin Lugar el Recurso de Infracción de Ley en el cual indebidamente se denunció errónea interpretación judicial de la norma sustantiva contenida en el artículo 133 del Código Penal. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PUBLICO EN CONTRA DE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA A FAVOR DEL SEÑOR C. A. G. R.. I. El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; Es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. La recurrente señala que el reproche recursivo es únicamente respecto a la decisión del Juzgador en cuanto absuelve de toda responsabilidad penal al acusado C. A. G. R., por el delito de lesiones culposas, en perjuicio del niño R. C. F. M.. Alega la recurrente que la sentencia definitiva está sustentada en una valoración de los medios de prueba que dan las espaldas a las reglas de la sana crítica; así pues puntualiza fueron violentadas las máximas de la experiencia y el principio lógico de derivación, en el proceso de valoración de los medios de prueba: a). Declaración testifical de la Señora A. F. M. L.; b). Dictamen Radiológico de la Doctora I. H. D. G.; c). Dictamen del Expediente clínico del Doctor G. A. R. P.; d). Declaración testifical del Doctor J. S. M.; e). Dictamen del Doctor C. H. M.; y f). Declaración testifical del Doctor E. S. M. C.. II. Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que el artículo 362 No.3) del Código Procesal Penal prevé que “el Recurso por Quebrantamiento de Forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes: 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.” Al respecto la Sala ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo 194-2009 de fecha 30 de Noviembre del 2001 y 297-09 de fecha 30 de noviembre del 2011, también en ese sentido el fallo 360-09 de fecha 20 de octubre del 2011 y 385-09 de fecha 05 de abril del 2011). En el apartado de la valoración intelectiva el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la sana crítica; Es éste último el que debe de observar el Juzgador Penal Hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. Además se ha indicado que anteriormente que “…en el sistema de sana crítica racional, que implementa nuestro sistema procesal penal, en cuanto a la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común…”. -Fallo 125-2010, de fecha 30 de noviembre del 2011-; De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…”. –Fallo 88-09 de fecha 20 de Octubre del 2011-. Partiendo de la Doctrina Legal sentada por esta Sala de lo Penal en los fallos 194-2009 de fecha 30 de noviembre del 2001, 297-09 de fecha 30 de noviembre del 2011, 242-09 de fecha 02 de noviembre del 2011 y 125-2010 de fecha 30 de noviembre del 2011, se ha indicado que componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el Juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se Juzga, y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por éste hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior el conocimiento privado del Juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El Juzgador deberá de analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno natural. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir al momento en que el Juzgador valora un hecho, considerara el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquel. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el Juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado. 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las Leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente; De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: El Principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto sólo una de ellas lo será. En valoración de prueba un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. El principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. b) La Derivación: De este se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando; Exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. III. El Tribunal de Casación, al término de la lectura de la sentencia objeto de impugnación, en especial lo referente a la valoración descriptiva e intelectiva de los medios de prueba, determina que no es de recibo la denuncia hecha por la Libelista; Si bien es cierto el Tribunal de Sentencia peca por una excesiva valoración descriptiva de los medios de prueba, al grado de optar transcribir literalmente algunas de las deposiciones de los peritos y los testigos, al momento de desarrollar la valoración intelectiva, lo hace de una forma coherente, armónica y en observancia a los principios de la lógica, la psicología y las máximas de la experiencia. La testigo A. F. M., relata que informó al Doctor C. A. G. R., respecto al estado de su hijo, entre ello que se había golpeado la cabeza y que había comido sandía hacía poco, por lo que el doctor C. A. G. R., determinó aplazar la cirugía por el término de dos horas entretanto el cuerpo del niño asimilaba dicho alimento para no afectar el proceso de anestesia, pero ello no deriva en la conclusión de que el acusado G. R., haya actuando con violación de deber de cuidado por tener el papel de garante secundario; El Doctor C. A. G. R., como bien lo señala el Tribunal de Sentencia, fue convocado por el cirujano ortopeda para participar como anestesista, en una intervención quirúrgica, por cuanto éste realizo todas las gestiones y comprobaciones relativas a su rol médico, disponiendo lo concerniente a ello desde la víspera de la intervención (ordenando el retraso de la misma por dos horas por la ingesta reciente de alimentos por el paciente), hasta el post operatorio (señalado por la testigo H. E. M.), donde culminó su intervención. El acusado C. A. G. R., no tenía conocimiento de información objetiva y confiable que le hiciere suponer que la aplicación de anestesia general al niño pudiese repercutir en su estado de salud (encubriendo el deterioro de conciencia por daño neurológico, dando paso a la evolución negativa del edema cerebral a una hipoxia y posteriormente a un infarto cerebral), por cuanto y conforme al principio de confianza, se le es permitido suponer que su colega y médico tratante (artículo 93 de la Ley Orgánica del Colegio Médico), Doctor J. I. V. V.dispuso intervenir quirúrgicamente al menor, no sin antes haber verificado su condición general y que ésta intervención no repercutiría de manera negativa en la salud del paciente. Tómense en cuenta que el Tribunal de Sentencia no dio crédito a lo dicho por la testigo A. F. F., en cuanto a que el dolor de cabeza del niño era tan intenso, que no toleraba que se la tocaran, valoración que desarrolla con un razonamiento no riñe con las reglas de la sana crítica, señalando como creíble solamente que reportara el golpe en la cabeza, información insuficiente para que el Imputado G. R., pudiese considerar que el ortopedista había faltado a su propio deber de cuidado, generándole la obligación, como garante secundario, de realizar otras diligencias distintas a las de su especialidad (como por ejemplo la inter consulta con un neurólogo). El imputado C. A. G. R., precisamente en cumplimiento de su deber de cuidado, al tener conocimiento de la evolución negativa del niño R. C. F., en el post operatorio y aún a pesar de que en el Expediente Clínico se ordenó que cualquier anormalidad debía de ser notificada al Doctor J. I. V. V., dio aviso a una Intensivista, al evaluar que el estado de salud del niño rebasaba el campo de la especialidad del Ortopeda, es en este momento en que en apego a su papel de garante secundario y al obtener información objetiva fidedigna, que el acusado ejecuta actos enmarcados en su deber de cuidado. En todo lo señalado interviene el principio de confianza que es desarrollado de manera correcta en la sentencia impugnada (f. 546v. de la sentencia) y su aplicación en este caso es procedente, ya que señalar lo contrario, implicaría que las intervenciones quirúrgicas solo podrían ser realizadas por un solo profesional de la medicina, al no poder éste delegar en otros (médicos y enfermeras), tareas vitales obligando a una sola persona constatar cada aspecto del procedimiento. Precisamente, el Principio de Confianza, es propio de las actividades en las que hay distribución de funciones para su realización. Se insiste que ello no implica que el miembro del equipo médico que tenga conocimiento fidedigno que el tratamiento seguido por un colega puede repercutir negativamente en la salud de un paciente, no tenga la obligación de dar la alerta, por el contrario debe de hacerlo así, ya que el principio de confianza es de carácter bilateral, ergo también le es exigible a él obrar de manera adecuada, pero esto es siempre que tenga información que el colega médico ha obviado o faltado al procedimiento médico que le corresponde hacer conforme a su especialidad. IV. No concuerda la Sala de lo Penal, en su función de contralor del Inter. lógico en la valoración de la prueba del A-quo, con la recurrente al señalar que del medio de prueba peritaje del expediente clínico realizado por el Doctor G. A. R. P. y de la declaración de la Radióloga I. H. D. G., se derive que el acusado C. A. G. R., es igualmente responsable por el tratamiento tardío del trauma en la cabeza que había sufrido el menor R. C. F.; Los medios de prueba relacionados establecen que efectivamente una radiografía en la cabeza es el procedimiento para determinar daños en los huesos, más no daños en tejidos u órganos, mucho menos en el cerebro, siendo la tomografía el examen ideal para ello, el cual no fue practicado al paciente sino hasta que éste se encontraba en crisis detectada después de los efectos de la anestesia; Este mal proceder médico no es reprochable al acusado C. A. G. R., por cuanto no intervino en el procedimiento como Médico Tratante encargado de diagnóstico, esa tarea le correspondió al Doctor J. R. A., médico de la sala de emergencias y al Doctor J. I. V. V., ortopedista y médico tratante. Esta Sala señala, que el Tribunal de Sentencia no se apartó de las reglas de la sana crítica en la valoración de los medios de prueba, no sólo en lo que respecta al acusado C. A. G. R., sino que también en lo que respecta al acusado J. I. V. V., por lo supra relacionado. En consecuencia, es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Forma, en su único motivo donde se alegó violación a las reglas de la sana crítica. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360, 362.3 y 363 párrafo segundo y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la Defensora Pública, abogada T. S. D., a favor del acusado J. I. V. V., donde se denunció la errónea aplicación de los artículos 13, 133 y 138 del Código Penal; SEGUNDO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, en el cual indebidamente se denunció errónea interpretación judicial de la norma sustantiva contenida en el artículo 133 del Código Penal, interpuesto por el Abogado W. F. V., en su condición de Acusador Privado; y TERCERO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales, en su único motivo, donde se alegó violación a las reglas de la sana crítica, interpuesto por la Abogada K. L. M. P., en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia, se remitan las diligencias al Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, para los efectos legales pertinentes. Redactó: EL MAGISTRADO CÁLIX HERNÁNDEZ. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida a solicitud de la Abogada K. L. M. P., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de agosto del año dos mil doce.- Certificación de la sentencia de fecha veinte de junio del año dos mil doce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-233-2011.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

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