Sentencia CP-221-10 — Registro 3494
Resumen
Se absolvió a los imputados por el delito de cohecho
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
” IV DEL RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA POR NO HABER OBSERVADO EL SENTENCIADOR EN LA VALORACION DE LA PRUEBA LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN SU MOTIVO UNICO INTERPUESTO POR LA FISCALIA El Ministerio Público viene invocando como motivo de casación la infracción de las reglas de la sana crítica, señalando como precepto autorizante el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. El argumento principal del censor se centra en afirmar que al desestimar el juzgador el testimonio del Abogado C. A. G. ., quebranta el postulado de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, principio que se encuentra vulnerado al establecer el juzgador como conclusión derivada de las pruebas que no ha sido posible establecer prueba suficiente contra los imputados, razonamiento que resulta lesivo al postulado indicado pues según el sensor si es posible de las pruebas tener por acreditada la participación de los imputados en el hecho criminoso. Esta Sala de lo Penal ha venido sosteniendo que las reglas de la sana crítica “son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ella interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez” (Couture Eduardo J. Fundamentos de Derecho Procesal Civil. De Palma. 3ª edición. Argentina. 1993. P 270.) por ello se resalta que si bien está vedado en casación revalorar la prueba, es factible ejercer un control sobre el proceso intelectivo utilizado por el Juzgador al momento de decidir sobre la credibilidad otorgada a determinada prueba para configurar su convicción, en definitiva se trata de un genuino razonamiento como instrumento creador del pensamiento, conciente de que el mayor conocimiento ha de obtenerse no necesariamente del hecho demostrado sino del carácter deductivo del razonamiento estructurado a partir del conocimiento dado, en ese sentido al analizar las reglas de la lógica, encontramos que dentro de estas se encuentra el principio de derivación que exige que cada pensamiento provenga de otro con el cual está relacionado, es decir, el razonamiento debe constituirse por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en base a ellas se vayan edificando, a cada conclusión o derivación afirmativa o negativa corresponde un elemento de convicción del cual ha de inferirse aquella; en ese orden de ideas el ejercicio intelectivo del Juzgador de instancia está dotado del razonamiento suficiente dimanado a partir de las pruebas allegadas al proceso que, debidamente vinculadas unas con las otras no permiten colegir en grado de certeza que se hayan producido los hechos como lo sugiere el Ministerio Público el cual sostiene que el propio juez J. A. M. admitió que los fiscales estaban pidiendo un millón de lempiras por el caso de la Municipalidad, sin embargo, los elementos que pretende introducir el Ministerio Público para confirmar esos hechos no son objetivamente comprobables en virtud de que pretende que se tome en consideración la declaración del Juez M. rendida en la audiencia inicial, misma que no fue admitida como prueba en el debate, en consecuencia, al declarar unos testigos que el juez les manifestó algo con respecto al dinero que se pedía y habiéndose desestimado la cinta de audio que eventualmente pudiera confirmar tales extremos, no quedan elementos objetivos confiables como para dar pie a los hechos afirmados por la fiscalía, de ahí que resulte suficientemente razonados los motivos del Juzgador de instancia para desestimar estos hechos y no darlos por probados con la certeza que se requiere para adoptar un fallo condenatorio, por tales motivos no procede el motivo de casación invocado
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el veinte de Junio del año dos mil doce, por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO en su calidad de Coordinador, RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO y JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha ocho de enero de dos mil nueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de El Progreso Departamento de Yoro, mediante la cual absolvió a los señores L. F. S., E. I. A. Y J. A. M. A., del delito de COHECHO en perjuicio de la Administración Pública.- Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, el Abogado M. D. M. en su condición de Fiscal del Ministerio.- SON PARTES: El Abogado S. C. A., representante del Ministerio Público como recurrente y los Abogados L. F. S. actuando en causa propia Y W. G. V., defensor del señor E. I. A., como recurridos. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- “HECHOS PROBADOS. PRIMERO: Que los señores L. F. S. y E. I. Á. fueron nombrados como fiscales auxiliares del Ministerio Público en fecha 27 de octubre de 1998 y el 31 de julio del 2002 respectivamente.-SEGUNDO: Que la Corte Suprema de Justicia en fecha 19 de abril del 2002 nombró al señor J. A. M. A. como Juez de Letras de la ciudad de El Progreso Departamento de Yoro cargo del cual fue despedido en fecha 25 de marzo del 2004. TERCERO: Que el día seis de Octubre del dos mil tres a eso de las ocho de la mañana dio inicio la celebración de una audiencia inicial en el Juzgado de Letras Seccional de esta ciudad de El Progreso Departamento de Yoro, en donde estuvieron presentes entre otras personas el señor J. A. M. en su condición de Juez y como fiscales del Ministerio Público estuvieron presentes en dicha audiencia los Abogados L. F. S. y E. I. Á., en la causa instruida contra J. V. V.z S., S. I. A. y M. P. R. por suponérseles responsables del Delito de Malversación de Caudales Públicos y Falsificación de Documentos en perjuicio de la Municipalidad de El Progreso, dándose un receso en dicha audiencia en horas almuerzo, reanudándose la misma a las tres de la tarde. CUARTO: Ese mismo día, en horas de la tarde en dicha audiencia inicial la fiscalía del Ministerio Público no conforme con la resolución emitida por el Juez referente al sobreseimiento provisional dictado a favor de S. I. A. y M. P. R. interpusieron un recurso de reposición.” III.- El recurrente, Abogado M. D. M., formalizó su recurso de casación de la siguiente manera: “EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION.- I.- POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: MOTIVO UNICO: “No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana critica”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Será de utilidad para la mayor comprensión del presente recurso establecer lo que se debe entender en cuanto a la valoración de la prueba en un proceso penal. Según el artículo 202 del Código Procesal Penal el sentenciador formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida y con arreglo a la sana crítica, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal. Este sistema de valoración, que implementa la reforma procesal penal, le permite al sentenciador cierta libertad en su estimación de pruebas que determinen su convencimiento, empero, siempre respetando las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Resulta que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, tiene un vicio grave que atenta con las reglas de la sana crítica ha observarse en la valoración de la prueba, y que convierte, en consecuencia, en la violación de los artículos mencionados. En el presente proceso, con la finalidad de acreditar los hechos, se desarrolló como prueba de cargo la declaración testifical de las siguientes personas: N. M. S.n H., C. A. G. R., M. E. M. P.; así como la prueba documental consistente en Acuerdos de nombramiento y cancelación de los ex servidores públicos, ahora imputados, probanza de la cual se desprende lo siguiente: La testigo N. M. Solimán declaró: que en virtud de una denuncia que fue presentada ante la Fiscaliza del Ministerio Público por supuestas irregularidades cometidas por empleados de la Corporación Municipal que ella presidía, el Abogado C. G. (asesor municipal) le comentó que según le había referido el Juez de la causa, Abogado J. M., existía una pretensión de los fiscales asignados al caso para cerrar el expediente a cambio de una suma de dinero, razón por la cual, en compañía del Abogado G., ella se presentó ante el Juez M. con la intención de corroborar dicha situación. El testigo C. A. G. R. (la declaración que rindió en Audiencia Inicial fue introducida como prueba documental en el juicio oral), refirió lo siguiente: El día de la audiencia judicial del proceso en contra de las empleadas de la Municipalidad, aproximadamente a la una de la tarde, recibió una llamada telefónica del Abogado J. M. solicitándole que se reunieran frente al Almacén El Jordán de la ciudad del El Progreso, cuando acudió a ese lugar se subió al carro de aquél, y allí éste le manifestó que los fiscales solicitaban un millón de lempiras para cerrar el caso de la municipalidad, ya que según le expresó, los fiscales tenían suficientes pruebas para involucrar a L. H. y W. M.. Posteriormente comunicó lo sucedido a la señora N. S., quien le expresó que no pagarían ni un peso partido por la mitad; seguidamente acompañó a ésta última al Despacho del Juez para reclamarle, diciéndole que ojalá que no estuviera involucrado, a lo que éste contestó (el Juez) que solamente les estaba diciendo lo que los fiscales estaban solicitando. M. E. M. P.: Señaló que se desempeñó como Fiscal en la oficina local del Ministerio Público ubicada en esta ciudad, por que en virtud de su cargo conoció durante un lapso breve de tiempo el expediente en contra de varios empleados municipales, que fue en ese entonces cuando conoció al Abogado J. A. M.. Tiempo después recibió la notificación de su traslado, situación que comentó al juez, y éste le expresó que cómo era posible que la trasladaran si él (juez) tenía cómo probar lo corrupto que era L. F. Al día siguiente le entregó una cinta magnetofónica que contenía una conversación sostenida entre él (Sentenciador) y los fiscales F. y Á. Finalmente refirió que dicha cinta la entregó a las autoridades del Ministerio Público. Para efectos ilustrativos nos permitimos reseñar aspectos importantes que se desprenden de la declaración de J. A. M. A., según lo expresado por éste en la audiencia inicial celebrada en contra de L. F. S. y E. I. A., la cual reafirma y apoya los dichos de los testigos anteriores: Manifestó que en ocasión de su cargo de Juez conoció de un requerimiento fiscal interpuesto en contra de varios empleados de la municipalidad de El Progreso, Yoro; durante el receso de la audiencia inicial respectiva celebrada el día 06 de octubre, en compañía de los fiscales L. F. y E. Á. se dirigieron al restaurante “Rincón Cubano”, para almorzar, en aquel lugar le comentó a los Fiscales sobre un rumor que había escuchado sobre ese caso, en el que se decía que los testigos recibirían dinero para no comparecer a declarar, a lo que L. le respondió que “no servía pagar ese dinero a otras personas, que mejor se lo repartieran entre ellos.” Posteriormente se encontró en el centro de la ciudad con el Abogado G., asesor de la Corporación Municipal, a quien le refirió que los fiscales pedían el millón de lempiras, pues tenían pruebas contundentes en contra de L. H. y W. M.. Ese mismo día por la tarde, al Alcaldesa N. S. lo visitó en su oficina para preguntarle si era cierto lo que referían los fiscales.- Cuando el persona del Juzgado se había marchado, encontrándose solo en su oficina, habló por teléfono con I., por lo que ante la posibilidad de que se le involucrara en algún problema, según señaló, optó por grabar la conversación sostenida entre ambos, en la que se referían a ese caso en concreto. Esa grabación la entregó posteriormente como prueba a una Fiscal de nombre M. y a la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia. El Juzgador al momento de valorar la declaración del señor C. A. G. r., rendida ante el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, la que se introdujo legalmente como prueba documental (habida cuenta que este testigo al momento del juicio ya había muerto a consecuencia de un hecho criminal – homicidio- por ende no podía comparecer a la vista de juicio oral), concluyó “que la misma no es creíble, ya que si bien es cierto el testigo manifestó en su oportunidad haber escuchado de parte del señor J. M. que los fiscales podían dejar el caso de la municipalidad si les conseguían un millón de lempiras, también es cierto que la señora N. S.n que en ese entonces era la alcaldesa, manifestó en el juicio oral que ella vino junto con C. G. donde el señor Juez M. y a ella dicho Juez no le ratificó nada referente a dicha pretensión, por lo que existe duda si efectivamente el señor J. M. le haya comunicado al señor G., respecto de la supuesta pretensión de los fiscales, de ahí que dicho medio de prueba no debe considerarse como prueba de cargo contra los imputados”. El Ministerio Público estima que la conclusión del Sentenciador para restar valor probatorio a la declaración rendida en audiencia inicial por el señor C. A. G. R. e introducida en juicio oral con las formalidades exigidas por la Ley, es infractora del sistema de valoración de sana crítica, por cuanto la descalifica al estimar que no coincide con lo aseverado en juicio por la testigo N. M. S., posición que encuentra fundamento en los siguientes aspectos: La apreciación del Juzgador al desestimar el testimonio del Abogado C. A. G. R., quebranta el postulado de la derivación integrado por el principio de la razón suficiente, el cual como sabemos, debe estar constituido por inferencias personales deducidas de las pruebas y la sucesión de pruebas que en virtud de ellas se vayan determinando, principio que se encuentra vulnerado al establecer el Juzgador como conclusión que deriva de las pruebas aportadas que no ha sido posible establecer prueba suficiente contra los señores L. F. S., J. A. M. Y E. I. A. (numeral cuarto del apartado de fundamentación jurídica, página 21), razonamiento que obviamente resulta lesivo al postulado supraindicado por cuanto los testigos al deponer sobre los hechos acontecidos narran lo percibido por cada uno de ellos, declaraciones que al ser contrastadas unas con otras nos conducen a tener por acreditada, sin lugar a dudas, la participación de cada uno de ellos en el hecho criminoso. La testigo N. S., claramente expresó que fue el Abogado G. quien le comentó sobre la petición de un millón de lempiras que exigían los fiscales para cerrar el caso de la municipalidad, situación que le fue referida directamente por el Juez de la causa, Abogado J. A. M., y ante tal situación, la testigo molesta, en compañía del Abogado G., se presentó al Despacho del imputado M. Si analizamos la declaración que rindió el Juez M., la que nos permitimos revisar en tanto que éste último en la misma efectúa un relato de los hechos criminosos sucedidos en los que, en su opinión, la participación delictiva recae sobre los ex fiscales L. F. S., E. I. A., (y que por lo tanto no violenta el derecho de no auto incriminación pues no trata de extremos relativos a la aceptación del deponente de haber participado en el hecho criminoso objeto de procesamiento), en esta, el ex Juzgador claramente señala que con posterioridad a lo planteado por los agentes del Ministerio Público, en el sentido de solicitar un millón de lempiras a cambio de cerrar el caso de la Municipalidad, el (Juez) se entrevistó personalmente con el testigo G., a quien le transmitió los detalles de la conversación que horas antes había sostenido con los imputados; misma que a su vez, se hizo de conocimiento de la señora Alcaldesa N. S., tal como ésta lo refirió en su declaración, y que provocó que ella se presentase al Despacho del señor Juez para reclamarle dicha situación, circunstancia en que los deponentes resultan absolutamente coincidentes y que por lo tanto nos permiten concluir que los hechos sucedieron de esta forma. Así las cosas, se determina con absoluta claridad que el elenco probatorio reseñado nos orienta a concluir que los señores L. F. S., E. I. A. Y J. A. M. A., en horas del almuerzo del día seis de octubre de 2003, se reunieron en un restaurante de la ciudad de El Progreso, mientras se encontraban en ese lugar se inició entre ellos conversación en virtud del Requerimiento Fiscal presentado en contra de varios empleados de la Alcaldía Municipal de esa ciudad (cuya audiencia inicial se celebraba ese día), los dos primeros en su condición de Fiscales asignados al caso, le refirieron al señor M., Juez conocedor del proceso, que a cambio de un millón de Lempiras cerrarían el juicio en contra de W. M. y L. H., por contar, según ellos, con pruebas contundentes en contra de aquellas. Seguidamente, al salir del lugar, J. A. M. se comunicó telefónicamente con el Asesor Municipal, Abogado C. A. G. R., a quien le solicitó que se reunieran en otro punto de la ciudad, encontrándose finalmente ese mismo día frente al Almacén El Jordán, en donde el imputado M. le expresó que los fiscales (Á. y F.) pedían un millón de Lempiras para cerrar el expediente argumentando la existencia de pruebas en contra de dos empleadas.- Concluido ese encuentro, el Abogado G. se lo comunicó a su vez a la señora N. S., quien se niega rotundamente a acceder a tal pretensión, dirigiéndose ambos al despacho del Juez M. con la intención de reclamarle sobre lo sucedido. Aunado al respecto supraindicado, se debe precisar que, con respecto a la valoración probatoria de testigos, la Honorable Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Penal mediante sentencia del 13 de diciembre de 2005, ha establecido que: “El tribunal de juicio al valorar la prueba de los testigos....., lo hace en forma aislada, restando credibilidad y valor probatorio a los mismos por inconsistencias no esenciales por lo que no llega a determinar la vinculación o desvinculación del acusado...., con los hechos constitutivos del delito por no estar las causas de no credibilidad respaldadas por las reglas de la sana crítica, y no valorar sus declaraciones en todo el contexto del hecho histórico juzgado.- Al enunciar las razones para restarles validez y manifestar que llegó a dicha conclusión valorando la prueba conjunta y armoniosamente, aplicando las reglas de la sana crítica, lo cierto es que infringe las leyes de la derivación, de la que como se ha dicho, se extrae el principio lógico de razón suficiente, así como las reglas de la psicología al exteriorizar las causas de no credibilidad de los testigos los que no pueden ser apreciados por no coincidir en sus declaraciones en todos los elementos periféricos no esenciales del hecho histórico.” Igualmente lo ha referido en sentencia del 08 de septiembre de 2005, en la que establecido que: “… También esta Sala que la no coincidencia de parte de los testigos en los hechos o circunstancias periféricas, no son motivo para descalificarlos, salvo que se pruebe que ellos no estuvieron en el lugar de los hechos o que tienen una causa subjetiva para mentir… no estando probado ninguno de los presupuestos mencionados”; posiciones jurisprudenciales de las cuales se desprende que el Tribunal Sentenciador estaba obligado a valorar el elenco probatorio en su conjunto, y no desestimar la declaración del testigo C. A. G. R., por estimar que su deposición no coincidía en su totalidad con otra declarante, pues de revisar sus testimonios se evidencian aspectos fundamentales que orientan a concluir sobre la dinámica de los hechos que antecedieron a la visita de N. S. en el despacho del Juez M. Al tenor de lo anterior, la prueba de cargo practicada válidamente en el juicio nos conduce a una única lógica conclusión, que la conducta perpetrada por los encausados se subsume en el delito de Cohecho tipificado en el articulo 361 del Código Penal, el cual establece: “ El funcionario o empleado público que solicite, reciba o acepte, por sí o a través de otra persona, dádivas, presentes, ofrecimientos, promesas o cualquier otra ventaja indebida para ejecutar un acto contrario a sus deberes que sea constitutivo de delito, será sancionado con reclusión de cinco (5) a siete (7) años, más inhabilitación absoluta por el doble de tiempo que dure la reclusión, sin perjuicio de la pena aplicable al delito cometido en razón de la dádiva o promesa”. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” IV DEL RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA POR NO HABER OBSERVADO EL SENTENCIADOR EN LA VALORACION DE LA PRUEBA LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN SU MOTIVO UNICO INTERPUESTO POR LA FISCALIA El Ministerio Público viene invocando como motivo de casación la infracción de las reglas de la sana crítica, señalando como precepto autorizante el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. El argumento principal del censor se centra en afirmar que al desestimar el juzgador el testimonio del Abogado C. A. G. ., quebranta el postulado de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, principio que se encuentra vulnerado al establecer el juzgador como conclusión derivada de las pruebas que no ha sido posible establecer prueba suficiente contra los imputados, razonamiento que resulta lesivo al postulado indicado pues según el sensor si es posible de las pruebas tener por acreditada la participación de los imputados en el hecho criminoso. Esta Sala de lo Penal ha venido sosteniendo que las reglas de la sana crítica “son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ella interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez” (Couture Eduardo J. Fundamentos de Derecho Procesal Civil. De Palma. 3ª edición. Argentina. 1993. P 270.) por ello se resalta que si bien está vedado en casación revalorar la prueba, es factible ejercer un control sobre el proceso intelectivo utilizado por el Juzgador al momento de decidir sobre la credibilidad otorgada a determinada prueba para configurar su convicción, en definitiva se trata de un genuino razonamiento como instrumento creador del pensamiento, conciente de que el mayor conocimiento ha de obtenerse no necesariamente del hecho demostrado sino del carácter deductivo del razonamiento estructurado a partir del conocimiento dado, en ese sentido al analizar las reglas de la lógica, encontramos que dentro de estas se encuentra el principio de derivación que exige que cada pensamiento provenga de otro con el cual está relacionado, es decir, el razonamiento debe constituirse por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en base a ellas se vayan edificando, a cada conclusión o derivación afirmativa o negativa corresponde un elemento de convicción del cual ha de inferirse aquella; en ese orden de ideas el ejercicio intelectivo del Juzgador de instancia está dotado del razonamiento suficiente dimanado a partir de las pruebas allegadas al proceso que, debidamente vinculadas unas con las otras no permiten colegir en grado de certeza que se hayan producido los hechos como lo sugiere el Ministerio Público el cual sostiene que el propio juez J. A. M. admitió que los fiscales estaban pidiendo un millón de lempiras por el caso de la Municipalidad, sin embargo, los elementos que pretende introducir el Ministerio Público para confirmar esos hechos no son objetivamente comprobables en virtud de que pretende que se tome en consideración la declaración del Juez M. rendida en la audiencia inicial, misma que no fue admitida como prueba en el debate, en consecuencia, al declarar unos testigos que el juez les manifestó algo con respecto al dinero que se pedía y habiéndose desestimado la cinta de audio que eventualmente pudiera confirmar tales extremos, no quedan elementos objetivos confiables como para dar pie a los hechos afirmados por la fiscalía, de ahí que resulte suficientemente razonados los motivos del Juzgador de instancia para desestimar estos hechos y no darlos por probados con la certeza que se requiere para adoptar un fallo condenatorio, por tales motivos no procede el motivo de casación invocado. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 362 preámbulo y número 3), y 369 del Código Procesal Penal. – FALLA: PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su motivo único interpuesto por el Ministerio Público. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales consiguientes.- REDACTO EL MAGISTRADO RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO. - NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- COORDINADOR.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida a solicitud de la Abogada C. M. P., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de agosto del año dos mil doce.- Certificación de la sentencia de fecha veinte de junio del año dos mil doce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-221-2010.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
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