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Sentencia CP-214-10 — Registro 2566

Resumen

En primer instancia se condenó por el delito de injurias.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."De la Procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Ley.- El Recurso no es de Recibo: Esta Sala de lo Penal después de confrontar el tipo penal de injurias contenido en el artículo 157 del Código Penal, con los hechos declarados probados, concluye que éstos últimos se ajustan al ámbito situacional descrito en el primero, de modo que el resultante inevitable es la declaración de responsabilidad penal de la acusada.- El Recurrente, careciendo de la claridad que exige el planteamiento de este tipo de recursos, determina que las expresiones hechas por su representada al final de cuentas resultaron ser ciertas, por lo que no debió haberse hecho aplicación del tipo penal de injurias, entendiendo el Tribunal de Casación que lo argumentado es lo que regula el artículo 158 del mismo cuerpo legal conocido en la doctrina como Exceptio Veritatis, sin embargo tal argumento se aleja de lo fijado en los hechos declarados probados, en estos no se tuvo como cierto que dichas expresiones hayan sido basadas en verdad; Como fundamento, estudiamos puntualmente los hechos declarados probados (Intangibles en el Recurso de Casación por Fondo): a).- En el Primer Hecho Probado nos proporciona el contexto de los acontecimientos, éstos son el concurso público para ocupar la plaza de Jefe(a) del Departamento de Orientación del Instituto de Educación Pública Técnico Departamental “Terencio Sierra”, el trece de julio del año dos mil cinco; b).- El Segundo Hecho Probado nos habla de las denuncias hechas por la acusada S. O. M. G., a la Dirección Departamental de Educación en contra de la Querellante M. I. H.; Es importante resaltar que en este hecho probado no se establece que dichas denuncias hayan sido comprobadas anterior o posteriormente, es decir que hayan sido declaradas como verdades o que hayan sido reconocidas por la denunciada; c) En el hecho probado tercero, se indica que la Junta Nominadora invalido el concurso al cual se refiere el hecho primero, por considerar que la Comisión de Fiscalización no cumplió con sus responsabilidades; La Sala Penal resalta que nada de lo expone el Recurrente se aprecia en éste hecho probado, es decir la invalidación del concurso para la plaza no fue como consecuencia de que la Querellante lo haya ganado fraudulentamente, sino que –según el hecho probado-, fue porque la Comisión de Fiscalización no cumplió con sus responsabilidades; y d) En el hecho cuarto declarado probado, se describen los hechos que se encuadran en el tipo penal del artículo 157 del Código Penal, al señalar que la Querellada S. O. M. G., en medio de una plática que sostenía con varias compañeras docentes se refirió peyorativamente a la Querellante, adjudicándole a ésta conductas que socialmente son reprochadas y condenadas, como ser haberse sometido al examen del concurso sabiendo previamente las respuestas a las preguntas (Pauta), mismas que le fueron proporcionadas por el esposo, quien a su vez las obtuvo por trabajar en la Dirección Departamental de Educación, además de asegurar que la Querellante había hecho uso de documentos falsos como acreditación para someterse al concurso referido.- La Sala de lo Penal concluye que el contenido del hecho probado cuarto es constitutivo de dos delitos en perjuicio del honor, uno de ellos el de injurias por el cual fue condenada la Querellada, por cuanto ésta, siendo maestra y habiéndose sometido al concurso para ocupar la plaza pública, manifestó comentarios peyorativos en contra de la Querellante, mismos que tenían apariencia de verdad y por ello susceptible de ser aceptados por las receptoras, provocando un rechazo público en contra de la ofendida.- V.- Por lo expuesto es procedente conforme a ley declarar sin lugar el recurso de casación por Infracción de Ley Sustantiva en su único motivo..."

Legislación citada

Sentencia

S.P.214-2010

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de octubre del año dos mil doce, por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS RAÚL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO en su calidad de Coordinador, JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO dicta sentencia conociendo del RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY Y POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, interpuesto contra la sentencia de fecha tres de marzo de dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca, Valle, mediante la cual Condenó a S. O. M. G., como autora responsable del delito de INJURIAS, en perjuicio de M. I. H. G., a la pena principal de DOS (2) AÑOS DE RECLUSIÓN, más las accesorias de INHABILITACIÓN ESPECIAL e INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena principal.- ASIMISMO SE LE SUSPENDIÓ CONDICIONALMENTE LA EJECUCIÓN DE LA PENA.- Asimismo Absolvió a la señora S. O. M. G., del delito de CALUMNIAS CONSTITUTIVAS DE DIFAMACIÓN, en perjuicio de la señora M. I. H. G.- Interpuso el Recurso de Casación el Abogado RIGOBERTO EMILIO CÓRDOVA, actuando en su condición de Apoderado Legal, de la señora S. O. M. G.- SON PARTES: El Abogado J. M. V., Apoderado Legal de la Querellada, en su condición de Recurrente y la Abogada Lilian María Aronne Salazar, Apoderada legal de la Querellante, en su condición de Recurrida. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. HECHOS DECLARADOS PROBADOS II.- El Tribunal de Sentencia juzgador, en el fallo objeto de impugnación, declaro como probados los hechos siguientes: “PRIMERO: El 13 de julio, año 2005, las profesoras M. I. H. L. E. F., S. O. M. G. y Y. O., se sometieron a concurso para optar por la plaza vacante de la Jefatura de Orientación del Instituto Técnico Departamental "Terencio Sierra" en la ciudad de Nacaome, departamento de Valle, obteniendo la profesora M. I. H. la nota más alta en dicho concurso. SEGUNDO: El 25 de julio, año 2005, la Profesora S. O. M. G. presentó una denuncia por escrito ante la Dirección Departamental de Educación, en la ciudad de Nacaome, refiriendo que la documentación presentada en el concurso por la Profesora M. I. H., como ser: Vaucher de años de servicio, diplomas de reconocimiento en capacitaciones contenían irregularidades; asimismo, que la evaluación teórica a la que se sometió la Profesora H. fue resuelta conforme a la pauta posteriormente que se le aplicó el examen; anunciando la Profesora M. G., que la misma denuncia sería presentada ante el Ministerio Público en contra de todas aquellas personas e instituciones que de manera ilegal extendieron constancias, diplomas y otros documentos, solicitando a la vez a la Dirección Departamental mantener bajo custodia las bolsas contentivas de los documentos presentados por las concursantes, para que fueran objeto de verificación y revisión por parte del Ministerio Público. TERCERO: La Junta Nominadora responsable del proceso de selección en el referido concurso, invalidó el concurso para optar a la plaza de la Jefatura de Orientación por considerar que la Comisión de Fiscalización no cumplió con sus responsabilidades propias de su cargo, ordenando se comunicara la resolución adoptada a los interesados y convocando a un nuevo concurso para optar a la misma plaza. CUARTO: En una reunión de maestros que se realizó en la Escuela Guía Técnica en la ciudad de Nacaome en fecha cercana a lo que había sido el primer concurso entre docentes para optar a la plaza de Jefatura de Orientación, la Profesora S. O. M. G., en una plática que sostuvo con varias compañeras docentes, les manifestó que a la Profesora M. H., esposa de J., le habían dado la pauta del examen, pues su esposo trabaja en la Dirección Departamental de Educación; asimismo dijo que la Profesora M. H. había presentado documentos falsos al concurso para optar a la plaza de la Jefatura de Orientación”.- III.- El recurrente, abogado Rigoberto Emilio Córdova, en su condición de Apoderado Legal de la señora S. O. M. G., desarrolló su recurso de casación de la siguiente manera: “MOTIVOS DE CASACIÓN. PRIMERO: Violación por Indebida o Errónea aplicación del artículo 157 del Código Penal. Explicación del concepto de la violación. El Tribunal sentenciador declara tener como probados los siguientes hechos; “PRIMERO; El 13 de julio, año 2005, las profesoras M. I. H., L. E. F., S. O. M. G. y Y. O., se sometieron a concurso para optar a la plaza vacante de la Jefatura de Orientación del Instituto Técnico Departamental "Terencio Sierra" en la ciudad de Nacaome, departamento de Valle, obteniendo la profesora M. I. H. la nota más alta de dicho concurso. SEGUNDO; El 25 de julio, año 2005, la profesora S. O. M. G. presentó una denuncia por escrito ante la Dirección Departamental de Educación, en la ciudad de Nacaome, refiriendo que la documentación presentada en el concurso por la Profesora M. I. H., como ser, Vaucher de años de servicio, diplomas de reconocimiento en capacitaciones contenían irregularidades; asimismo que la evaluación teórica a la que se sometió la Profesora H. fue resuelta conforme a la pauta posteriormente que se le aplicó el examen, anunciando la Profesora M. G., que la misma denuncia sería presentada ante el Ministerio Público en contra de todas aquellas personas e instituciones que de manera ilegal extendieron constancias, diplomas y otros documentos, solicitando a la vez a la Dirección Departamental mantener bajo custodia las bolsas contentivas de los documentos presentados por las concursantes, para que fueran objeto de verificación y revisión por parte del Ministerio Público. TERCERO: La Junta Nominadora responsable del proceso de selección en el referido concurso, invalidó el concurso para optar a la plaza de la Jefatura de orientación por considerar que la Comisión de fiscalización no cumplió con sus responsabilidades propias de su cargo, ordenando se comunicara la resolución adoptada a los interesados y convocando a un nuevo concurso para optar a la misma plaza. CUARTO: En una reunión de maestros que se realizó en la escuela Guía Técnica en la ciudad de Nacaome en fecha cercana a lo que había sido el primer concurso entre docentes para optar a la plaza de Jefatura de Orientación, la Profesora S. O. M. G., en una plática que sostuvo con varias compañeras docentes, les manifestó que a la Profesora M. H., esposa de J., le habían dado la pauta del examen, pues su esposo trabaja en la Dirección Departamental de Educación, asimismo dijo que la Profesora M. H. había presentado documentos falsos al concurso para optar a la plaza de la Jefatura de Orientación". Es en base a esa declaración de hechos probados que el Tribunal sentenciador llega a la conclusión de que mi representada incurrió en el delito de injurias, tipificado en el artículo 157 del Código Penal, razonando al respecto en el apartado de la "Fundamentación Jurídica" que las expresiones hechas por mi representada en la supuesta reunión de maestros en fecha cercana, sin precisar la misma, a lo que fue el primer concurso,… “al haber sido proferidas en deshonra, descrédito o menosprecio de la Profesora H., son constitutivas del delito de Injurias... "Sobre este particular toca decir que no se especifica en la sentencia cómo es que en el caso de autos pudo producirse la deshonra, el descrédito o menosprecio en perjuicio de la querellante, modalidades que en si son formas diferenciadas de afectar el honor, pues la deshonra está en relación con el llamado honor subjetivo y se produce cuando las imputaciones agraviantes se hacen directamente al mismo sujeto pasivo, mientras que el descrédito se da cuando se vierten imputaciones ofensivas ante terceros capaces de menoscabar la reputación (crédito) de que como persona goza el sujeto pasivo ante ellos, supuestos en los cuales se afecta el llamado honor objetivo. Además del reparo antes formulado, resulta que las expresiones o acciones atribuidas a mi representada se enmarcan en el contexto de un concurso para optar a una plaza en el sistema educativo nacional, en donde efectivamente quedo acreditado que la querellante presentó documentación irregular que propició que en principio le adjudicaran el concurso, lo que no pudo repetir en una segunda oportunidad al excluírsele parte de los méritos que indebidamente le habían reconocido en primero, aspecto que está ampliamente documentado en autos y así reconocido en la propia sentencia objeto de impugnación así; la propia querellante en su deposición, no obstante que trató de evadir todo lo relativo a la documentación irregular que presentó en el primer concurso, aceptó que en el segundo obtuvo el tercer lugar, y que por consiguiente no le fue adjudicada la plaza. Por su parte el señor Víctor Alexis Baca Sánchez, quien fue miembro de la Junta de selección, dejó claramente establecido que ante el reclamo de las otras concursantes se llevó a cabo una revisión y se encontró que la señora M. H. tenía dentro de su documentación un vaucher con siete años y dos meses de antigüedad, pero que luego se comprobó que la misma no le correspondía; de igual manera sostuvo que aparecían unos diplomas relacionados con una capacitación que había dado la Departamental, en la cual, sin embargo, no había participado la señora M. También dejó expresado que una monografía que presentó la querellante era un libro de un compañero y al cual solo se le cambió la pasta, además de que en el segundo concurso en el cual volvió a participar ésta ya no presentó la documentación cuestionada. Por su parte, la testigo P. M. C. A., quien fungió como miembro suplente de la Junta de Selección, entre otras cosas, ratifica lo expresado por el anterior testigo, en el sentido que la Monografía que había presentado como parte de su documentación la profesora M. H. no le correspondía, tampoco unos diplomas que había extendido la Dirección Departamental por la participación en unos cursos, aspecto sobre el cual ella hizo la investigación, asimismo dejó expresado que la profesora V. G. realizó la investigación acerca del vaucher, habiéndose determinado con una nota de Escalafón que el número de horas que le correspondía a la profesora H. era menor al que había presentado para el concurso, es decir que en lugar de siete años y meses solamente le correspondían tres años de servicio, es más, "que el examen lo había hecho de manera incorrecta". Por su parte, con la inspección que se hizo a la oficina de Escalafón del Magisterio, el Tribunal corroboró lo relativo que la antigüedad que había acreditado originalmente la profesora M. H. no era la que le correspondía, pues la correcta según la constancia que ya habían extendido era de tres años con cuatro meses, en lugar de los más de siete años que había presentado a la Comisión de Concurso. Por consiguiente, no resulta compatible con los referidos hechos probados la calificación jurídica que hace el Tribunal sentenciador, atribuyendo a mi representada la comisión del delito de injurias. El honor, si bien es entendido como el conjunto de cualidades valiosas que nos revisten en las relaciones sociales, y que por lo tanto nos hacen merecedores de un mínimo de respeto, circunspección, o recato por parte los demás, ya sea relacionado con las cualidades morales, éticas, profesionales, culturales, etc., también nos impone como contraparte un comportamiento decoroso, apegado a la ley y a los patrones sociales, pues no existen derechos sin una correlativa obligación. En cuando a la injuria, su tipicidad objetiva se contrae a proferir una expresión o ejecutar una acción que implique juicios de valor que afecten o puedan afectar la posición del sujeto y su desarrollo en sus relaciones sociales, mientras que la parte subjetiva requiere necesariamente del dolo acompañado de un elemento subjetivo del tipo, que aparece señalado en la ley por la expresión de "en deshonra, descrédito o menosprecio... "Es decir, es indispensable que el juicio vertido en palabras o hechos tenga esta intencionalidad ofensiva de aislar al otro en su desarrollo o en socavar su posición en la relación social." Postura que sostiene Juan Bustos Ramírez (Q.D.D.G.) en su obra "Manual de Derecho Penal" (Parte Especial], P.145. Si retornamos el caso que nos ocupa, nos encontramos con que las expresiones que se atribuyen a mi representada, y que se tienen como hechos probados por el Tribunal sentenciador, no tienen o pueden tener la condición de juicios de valor capaces de afectar la posición socia de la querellante y, por otra parte, las mismas, dado el contexto en que se producen, no pueden tener la intencionalidad de aislar o socavar su posición en las relaciones sociales que cultiva. Quedó palmariamente establecido que la intención de mi representada fue que se corrigiera una injusticia que se había materializado debido a la inmoralidad que en determinadas circunstancias se enquista en algunos seres humanos. Así las cosas, consideramos que la sentencia recurrida contiene un evidente vicio de fondo (in iudicando), dado que de acuerdo él los hechos que se tienen como probados, no puede colegirse la configuración del delito de injurias que se atribuye a mi representada. Motivo de casación que se encuentra autorizado por el párrafo primero del artículo 360 del Código Procesal Penal. SEGUNDO: Motivación jurídica insuficiente para Justificar fa parte resolutiva en lo que tiene que ver con la determinación de pena concreta. Explicación del concepto de la violación. Como se ha expresado líneas atrás, mi representada fue condenada a la pena concreta de dos (2) años de reclusión más las accesorias correspondientes, por tenérsele como responsable a título de autor del delito de injurias en perjuicio de la querellante, señora M. I. H. A., es decir que se le aplica la pena máxima prevista para el delito en referencia, sin que para ello se motive en la sentencia lo necesario o suficiente, con lo que se desconoce u omite una exigencia legal de acuerdo a lo que prescribe el párrafo segundo del artículo 69 del Código Panal, el cual taxativamente deja establecido que al determinar la pena concreta o su individualización se deben consignar expresamente en la sentencia las circunstancias que se han tenido en cuenta para determinar la misma, lo cual deberá quedar consignado en su correspondiente motivación; circunstancias que no son otras sino los antecedentes personales, la mayor o menor peligrosidad, las atenuantes y agravantes que hayan pedido ser acreditadas y, la mayor o menor extensión de los males producidos por el delito. Resulta, sin embargo, que en la audiencia de individualización de pena, tal como se puede corroborar en la sentencia de mérito, la parte querellante no acreditó ninguna circunstancia que pudiere, dentro del límite impuesto por la ley, justificar la pena máxima, algo que sí hizo esta defensa para sustentar la petición de pena mínima, pues se presentó prueba testifical para acreditar los buenos antecedentes personales y la falta de peligrosidad de mi representada, así como Constancia de Antecedentes Penales extendida por la oficina competente del Poder Judicial, y la también Constancia de Antecedentes Policiales extendida por la Dirección Nacional de Investigación Criminal, en la que se hace constar que mi patrocinada no ha sido objeto siquiera de una denuncia en esa instancia policial. No obstante lo anterior, el Tribunal decide decantarse por la pretensión del apoderado de la parte querellante y en consecuencia impone la pena máxima establecida para el delito en alusión, reconociendo la agravante prevista en el numeral 24 del artículo 27, por estar supuestamente emparentadas políticamente querellante y querellada al ser comadres, algo que por cierto no se acreditó en la audiencia, y por trabajar en el mismo círculo de docentes en la ciudad de Nacaome. Circunstancias que en todo caso no pueden hacer derivar deberes especiales de respeto, amistad, gratitud, dependencia u hospitalidad entre mi representada y la querellante, pues en igual sentido podría invocado mi representada para objetar el hecho de haber sido querellada por su supuesta comadre y compañera de profesión, a lo que hay que agregar también que ese supuesto "parentesco político" no está reconocido por la ley, Hay que decir, por otra parte, que el Tribunal ante la prueba evacuada en la audiencia sobre los aspectos de la personalidad y antecedentes de mi representada, reconoce su falta de peligrosidad y buena conducta social, así como el hecho de la circunstancialidad del delito que se le atribuye; sin embargo, volvemos a reiterar, infundadamente termina imponiéndole la pena máxima establecida para el delito en referencia, algo que viene a constituir un acto de arbitrariedad, pues si bien es cierto que el Juez o Tribunal goza del llamado arbitrio Judicial para decidir la pena concreta entre el mínimo y el máximo establecido en la ley, también es cierto que el legislador impuso la obligación legal de que para decidir o determinar esa pena se deben ponderar todas y cada una de las circunstancias previstas por el referido artículo 69 del Código Penal, además de la obligación de motivar en la sentencia el porqué de la pena que se impone, el no hacerlo, como sucede en la sentencia impugnada, implica privar de motivación jurídica a la misma y en consecuencia incurrir en el vicio de forma (in procedendo) que se le atribuye como motivo de casación. Motivo de casación que se encuentra autorizado por el numeral 3 del artículo 362 del Codigo Procesal Penal, vicio sobre el cual no se ha hecho reclamo previo en razón de que el mismo se produce en la propia sentencia objeto de impugnación”..- IV.- RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO POR EL ABOGADO RIGOBERTO EMILIO CORDOVA, APODERADO LEGAL DE LA QUERELLADA SAGRARIO ONEYDA MONTALVÁN, DENUNCIANDO ERRÓNEA APLICACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA DEL ARTÍCULO 157 DEL CÓDIGO PENAL. I. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al Recurso de Casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo Resaltado es Nuestro).- Así pues, son dos los elementos del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: A) Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato de un acontecimiento histórico declarado por el Tribunal de Sentencia, respecto al asunto debatido, mismos que se desprenden de la valoración hecha a los medios de prueba reproducidos en juicio y de los cuales los Juzgadores han podido apreciar de manera directa, colocándolos en una posición exclusiva de valoración. Por ello, el artículo 369 del Código de Procesal Panal, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos declarados probados; El Recurso de Casación por Infracción de Ley deberá de tener como base los hechos probados, sin pretender la inclusión o exclusión de ninguna de sus partes.- B) Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: i) Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; ii) Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; iii) Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; iv) Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y v) Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia.- La Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia, su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia a partir de los hechos declarados probados; En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley, debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados).- II.- El Recurrente en el caso de examine, hace formal protesta en contra de la sentencia impugnada, por considerar que en la misma erróneamente se ha aplicado el artículo 157 del Código Penal que contiene el tipo penal de Injuria, mediante el cual se ha emitido una indebida sentencia condenatoria en contra de la Maestra S. O. M. G., sin considerar que las expresiones que son atribuidas a la acusada fueron proferidas en el contexto de un concurso para optar a una plaza en el sistema educativo nacional, donde quedo acreditado que la Querellante, Profesora M. I. H., presento documentación irregular que propicio que en principio le adjudicaran ganadora del concurso, mismo que fue anulado precisamente al constatarse la falsedad de la documentación, lo que provoco un segundo concurso en donde la Querellante obtuvo el tercer lugar.- III.- Para dar respuesta, es necesario delimitar el bien jurídico protegido en este caso: El honor, es un bien jurídico que forma parte de la dignidad humana –deber de respeto a las demás personas- y se encuentra protegido al amparo de los artículos 59 y 76 de la Constitución de la República, 11 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El honor, desde el punto de vista jurídico se define como juicio de valor de un grupo social hacia uno de sus integrantes; el juicio de valor se produce como consecuencia del nivel de calificación atribuida a una persona tras la evaluación de cualidades, especialmente al cumplimiento del deber ser social. El resultado del juicio de valor determinara las expectativas que el grupo social espera del proceder del individuo en el cumplimiento del rol social que le ha sido confiado. El Rol social puede ser desempeñado en varias esferas de manera simultánea o sucesiva: familiar, profesional, religiosa, deportiva, etc. El honor, como bien jurídico está conformado por elementos objetivos y subjetivos: El elemento objetivo lo integra la fama, que constituye la opinión que el grupo social tiene de una persona derivada de una línea de conducta que ha desarrollado el sujeto a lo largo de su vida; El elemento subjetivo lo constituye la valoración personal que tiene el individuo de sí como sujeto a desempeñar un rol determinado en el grupo social (Ver al respecto Expediente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, 009-2008 con fallo de fecha 16 de noviembre del 2009). Los tipos penales que protegen el bien jurídico Honor, se configuran ante una conducta humana que logre lesionar la esfera objetiva y subjetiva del bien jurídico y que por tanto produzca injustificadamente una disminución de la valoración del grupo social respecto de la víctima y con ello conciencia del desmerecimiento de su rol social, así como la afectación psíquica de la víctima, al verse menospreciada sin causa justificada. Para la resolución de los procesos penales en donde se impute un delito en contra el honor, será indispensable contextualizar el nivel de participación social tanto del sujeto activo como del sujeto pasivo, porque de allí en gran medida se podrá evaluar si existe daño al bien jurídico y su extención. Así pues el sujeto activo debe de ocupar un lugar social que logre tener la atención a sus pares respecto al mensaje que transmite; El número de personas receptoras del mensaje determinara la magnitud del daño causado al bien jurídico. El Sujeto Pasivo debe de desempeñar un rol social determinado de modo que el mensaje transmitido por el sujeto activo le desmerezca en una o varias de las esferas donde desarrolle su rol social.- Los delitos que protegen el bien jurídico honor son: La Injuria, La Calumnia y La Difamación: A) El delito de Injurias, se encuentra tipificado en el artículo 157 del Código Penal, el cual literalmente establece: “Será penado por injuria, con reclusión de uno (1) a dos (2) años, quien profiera expresión o ejecute acción en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona”; Constituye elementos objetivos del tipo penal: i) Que el sujeto activo profiera expresiones, es decir transmita a una o más personas un mensaje de manera oral, escrito o simbólico, a través de alegorías, caricaturas, emblemas, alusiones o cualquier tipo de expresión humana incluyendo el lenguaje corporal; ii) Que la expresión o mensaje encierre un juicio de valor negativo, que incite al rechazo social, dirigido a una o varias personas individualizadas o de fácil individualización a partir de inferencias deducidas del mismo mensaje y del contexto en donde se profiere; iii) Que la expresión o mensaje transmitido provoque una revalorización negativa del público respecto al rol social encomendado a una o varias personas, en cualquiera de las esferas en donde se desenvuelva; y iv) En los casos de que el sujeto pasivo sea o haya sido empleado o funcionario público y la expresión de descrédito esté relacionada con el ejercicio del cargo, se requerirá además que la misma sea falsa, por ello, el sujeto activo podrá presentar prueba para comprobar la veracidad de la expresión de descredito (Art. 158 del Código Penal): Exceptio Veritatis). Son elementos subjetivos del tipo penal: i) Que el sujeto activo conozca que está transmitiendo un mensaje de desvalor o descrédito de una o varias personas, incitando al rechazo social; y ii) Que el sujeto activo tenga la voluntad de transmitir dicho mensaje. Ambos aspectos del elemento subjetivo se conoce como animus iniuriandi.- B) Por su parte, el delito de Calumnias se encuentra tipificado en el artículo 155 del Código Penal, el cual dice: “la calumnia o falsa imputación de un delito de los que dan lugar a procedimientos de oficio, será penada con reclusión de dos (2) a tres (3) años”. Los elementos objetivos y subjetivos del tipo no difieren mucho de los contemplados para el tipo penal de injurias como podemos comparar: elementos objetivos del tipo penal: i) Que el sujeto activo profiera expresiones, es decir transmita a una o más personas un mensaje de manera oral, escrito o simbólico, a través de alegorías, caricaturas, emblemas, alusiones o cualquier tipo de expresión humana incluyendo el lenguaje corporal; ii) Que en el contenido de la expresión o mensaje se afirme o se dé a entender que una o varias personas individualizadas o un grupo determinado de personas son autores o cómplices de un delito (conducta humana típica y antijurídica), consumado o tentado; iii) La imputación debe contener los elementos suficientes para que resulte identificable un delito concreto, sin que sea necesario precisión técnica jurídica; iv) Que el delito que se impute sea de aquellos que dan lugar a procedimiento de oficio, es decir que la acusación no dependa de la voluntad de un particular, sino que dependa del accionar del Estado, (Son delitos que dan lugar a procedimientos de oficios los distintos a los enumerados en los artículos 26 y 27 del Código Procesal Penal); v) Que el hecho tipificado como delito tenga apariencia de real, verosímil o posible, provocando una revalorización negativa del público respecto al rol social encomendado a la persona o personas a las cuales se les adjudique ese delito; y vi) Que el hecho tipificado como delito que se adjudica no haya acontecido en la realidad; si el delito que se adjudica ha acontecido en la realidad y el acusado por Calumnias prueba la veracidad de su imputación, quedará exento de pena (Art. 156 del Código Penal): Exceptio Veritatis). Son elementos subjetivos del tipo penal: i) Que el sujeto activo conozca que esta atribuyendo la participación de un delito inexistente a una o varias personas individualizadas con temerario desprecio a la verdad, incitando al rechazo social; y ii) Que el sujeto activo tenga la voluntad de transmitir dicho mensaje con la asunción de las consecuencias dañosas para el honor que resulten de la imputación (animus iniuriandi). (En relación ver Expediente No.026-2009, que contiene fallo de fecha 24 de agosto del 2010). Cuando el mensaje injurioso o calumnioso sea difundido por un medio que logre ser receptado por muchas personas no individualizadas al mismo tiempo y/o por un espacio prolongado de tiempo, la misma se constituirá en el delito Difamación según dispone el artículo 160 del Código Penal. El medio de difusión puede consistir en medios escritos como: periódicos, revistas, libros, carteles expuestos al público o incluso volantes distribuidos en masa; en medios radioeléctricos y electrónicos como: radio, televisión, internet o mensajes de texto, imágenes o videos transmitidos a la al público a través de teléfonos celulares; o a través del habla cuando se transmite el mensaje oral en un lugar donde se encuentren muchas personas como: conciertos, una obra de teatro, recitales, etc. IV.- De la Procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Ley.- El Recurso no es de Recibo: Esta Sala de lo Penal después de confrontar el tipo penal de injurias contenido en el artículo 157 del Código Penal, con los hechos declarados probados, concluye que éstos últimos se ajustan al ámbito situacional descrito en el primero, de modo que el resultante inevitable es la declaración de responsabilidad penal de la acusada.- El Recurrente, careciendo de la claridad que exige el planteamiento de este tipo de recursos, determina que las expresiones hechas por su representada al final de cuentas resultaron ser ciertas, por lo que no debió haberse hecho aplicación del tipo penal de injurias, entendiendo el Tribunal de Casación que lo argumentado es lo que regula el artículo 158 del mismo cuerpo legal conocido en la doctrina como Exceptio Veritatis, sin embargo tal argumento se aleja de lo fijado en los hechos declarados probados, en estos no se tuvo como cierto que dichas expresiones hayan sido basadas en verdad; Como fundamento, estudiamos puntualmente los hechos declarados probados (Intangibles en el Recurso de Casación por Fondo): a).- En el Primer Hecho Probado nos proporciona el contexto de los acontecimientos, éstos son el concurso público para ocupar la plaza de Jefe(a) del Departamento de Orientación del Instituto de Educación Pública Técnico Departamental “Terencio Sierra”, el trece de julio del año dos mil cinco; b).- El Segundo Hecho Probado nos habla de las denuncias hechas por la acusada S. O. M. G., a la Dirección Departamental de Educación en contra de la Querellante M. I. H.; Es importante resaltar que en este hecho probado no se establece que dichas denuncias hayan sido comprobadas anterior o posteriormente, es decir que hayan sido declaradas como verdades o que hayan sido reconocidas por la denunciada; c) En el hecho probado tercero, se indica que la Junta Nominadora invalido el concurso al cual se refiere el hecho primero, por considerar que la Comisión de Fiscalización no cumplió con sus responsabilidades; La Sala Penal resalta que nada de lo expone el Recurrente se aprecia en éste hecho probado, es decir la invalidación del concurso para la plaza no fue como consecuencia de que la Querellante lo haya ganado fraudulentamente, sino que –según el hecho probado-, fue porque la Comisión de Fiscalización no cumplió con sus responsabilidades; y d) En el hecho cuarto declarado probado, se describen los hechos que se encuadran en el tipo penal del artículo 157 del Código Penal, al señalar que la Querellada S. O. M. G., en medio de una plática que sostenía con varias compañeras docentes se refirió peyorativamente a la Querellante, adjudicándole a ésta conductas que socialmente son reprochadas y condenadas, como ser haberse sometido al examen del concurso sabiendo previamente las respuestas a las preguntas (Pauta), mismas que le fueron proporcionadas por el esposo, quien a su vez las obtuvo por trabajar en la Dirección Departamental de Educación, además de asegurar que la Querellante había hecho uso de documentos falsos como acreditación para someterse al concurso referido.- La Sala de lo Penal concluye que el contenido del hecho probado cuarto es constitutivo de dos delitos en perjuicio del honor, uno de ellos el de injurias por el cual fue condenada la Querellada, por cuanto ésta, siendo maestra y habiéndose sometido al concurso para ocupar la plaza pública, manifestó comentarios peyorativos en contra de la Querellante, mismos que tenían apariencia de verdad y por ello susceptible de ser aceptados por las receptoras, provocando un rechazo público en contra de la ofendida.- V.- Por lo expuesto es procedente conforme a ley declarar sin lugar el recurso de casación por Infracción de Ley Sustantiva en su único motivo.- V.-RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR EL ABOGADO RIGOBERTO EMILIO CORDOVA, EN SU CONDICIÓN DE APODERADO DEFENSOR DE LA QUERELLADA S. O. M., DENUNCIANDO MOTIVACIÓN JURÍDICA INSUFICIENTE; PRECEPTO AUTORIZANTE 362.3 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- I.- El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia valida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; Es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio.- Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley.- II.- La Recurrente repudia la sentencia de la instancia por considerar que la misma adolece de vicio in procedendo que explica en un único motivo, señalando que la misma adolece de motivación jurídica insuficiente, por cuanto el Tribunal de Sentencia en la parte Dispositiva resolvió imponer a la Querellada la pena máxima por el delito de Injurias, mas en la Fundamentación Jurídica no se encuentra la motivación de dicha decisión, mas por el contrario el Tribunal de Sentencia señala que la Querellada no es una persona peligrosa, que es una buena persona y que el hecho delictivo fue circunstancial.- III.- En procura de dar respuesta a lo planteado, es imperativo definir que es motivación y de ello poder deducir cuando hay insuficiencia de motivación o carencia de motivación.- El artículo 141 del Código Procesal Penal señala que la motivación es la expresión de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa una resolución judicial, y en el caso particular de las sentencias, de las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido; El artículo citado establece como antagónico al concepto de motivación la simple relación de las actuaciones que se hayan realizado en el proceso, la mención de los requerimientos o petitorias formuladas por las partes o sus apoderados legales o la cita o transcripción de preceptos legales.- Ampliando lo anterior, la Sala de lo Penal hace eco al Código Iberoamericano de Ética Judicial, el que en su Capítulo III de la Parte I, señala que la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del juez(a), el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que los jueces son titulares y, en último término, la justicia de las resoluciones judiciales; señala que motivar es expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión, indica que una decisión carente de motivación es una decisión arbitraria; El Código Iberoamericano de Ética Judicial además establece que el deber de motivar adquiere una intensidad máxima en relación con decisiones privativas o restrictivas de derechos, o cuando el juez(a) ejerza un poder discrecional, recalca que el juez(a) debe motivar sus decisiones tanto en materia de hechos como de Derecho: a).- En materia de hechos: debe proceder con rigor analítico en el tratamiento del cuadro probatorio, debe mostrar en concreto lo que aporta cada medio de prueba, para luego efectuar una apreciación en su conjunto; b).- En materia de Derecho: no puede limitarse a invocar las normas aplicables, especialmente en las resoluciones sobre el fondo de los asuntos, sino que debe de señalar porque una norma legal debe de regir un caso concreto; Añade además que la motivación debe extenderse a todas las alegaciones de las partes, o a las razones producidas por los jueces que hayan conocido antes del asunto, siempre que sean relevantes para la decisión a tomar. En todos los casos, señala el Código Referido, las motivaciones deben estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas.- En resumen la motivación debe de observar las siguientes características: EXPRESA, CLARA, COMPLETA, LEGITIMA Y RESPETUOSA DE LA SANA CRITICA.- Ahora bien, ordena el artículo 141 del Código Procesal Penal que las sentencias deberán de ser debidamente motivadas, redactadas conforme lo establece el artículo 338 del mismo cuerpo legal, así pues la falta de una motivación COMPLETA se traduce en el vicio in procedendo insuficiente motivación y la falta de una motivación CLARA, se traduce en el vicio in procedendo de Carencia de Motivación, provocando ambas situaciones la nulidad de la sentencia.- Es importante recordar que las sentencias son la forma de comunicación entre el Juez(a) y la sociedad, en donde el primero rinde cuentas al segundo de la autoridad que se le ha confiado, también la sentencia es la forma como el Juez(a) defiende la validez y vigencia del derecho objetivo, aplicando éste al caso concreto que es disputado, finalmente la sentencia concluye con un conflicto surgido de la inobservancia de la ley pronunciándose sobre las pretensiones antagónicas –condenatoria y absolutoria- que le han presentado las partes.- Con lo expresado es posible derivar cuando existe insuficiencia de motivación fáctica o jurídica y cuando tales motivaciones son totalmente carentes: A).- Motivación Fáctica o Jurídica Insuficiente: Se presenta en los casos en que los Juzgadores hacen un esfuerzo limitado en razonar su decisión y por ende no sea posible con la lectura de la sentencia, retomar los pasos seguidos por los Juzgadores, develar sus razonamientos y análisis, que desembocaron en los pronunciamientos del fallo; Son ejemplos de éste vicio cuando se hace una descripción de los medios de prueba, mas no se consigna el proceso de valoración intelectivo, cuando dicha valoración se limita a manifestar que tal o cual prueba merece crédito o no merece crédito, sin expresar las razones de dicha conclusión o cuando en la fundamentación jurídica solo se hace la cita de las normas legales o se transcriben las mismas, sin ninguna explicación del porque éstas están vinculadas al caso concreto y del porque, en su caso, las normas invocadas por las partes no son aplicables; La Insuficiencia de Motivación también se presenta cuando los Juzgadores, en la individualización de la pena concretan, no justifican la necesidad de la aplicación de la pena a imponer y su extensión (Art. 2-D del Código Penal).- B).- Carencia de Motivación Fáctica o Jurídica: Acontece cuando la sentencia no posea ninguna motivación fáctica o ninguna motivación jurídica, es decir es la total omisión de fundamento probatorio o jurídico y con ello se produce el desconocimiento de las partes y del público en general, del porque los juzgadores tomaron la decisión final, convirtiendo el pronunciamiento en arbitrario; IV.-De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma.- El Motivo no es de Recibo: La Sala de lo Penal ha examinado en la sentencia impugnada los once numerales que componen la fundamentación punitiva, mismos que se aprecian a folio 209 y 209 vuelto, en particular los numerales Octavo, Noveno y Decimo, constatando que los Juzgadores han expuesto la fundamentación de la pena concreta, es decir han dado a conocer cuáles fueron las consideraciones que les llevaron a concluir la necesidad del monto de la pena, dando respuesta a la Querellante como a la Querellada de las pretensiones expuestas en la audiencia de individualización de la pena concreta, ergo se descarta que exista motivación insuficiente, ello independientemente de la justica de dicha motivación, es decir que la Sala de lo Penal si bien considera que existió motivación punitiva, no corresponde a partir del motivo invocado determinar la justicia de dicha motivación.- En el párrafo segundo del numeral octavo de la sentencia (F. 209), el Tribunal de Sentencia determina las razones que considera fundamentadoras de la imposición de una pena máxima, entonces si existe motivación al respecto, siendo otro el motivo el que correspondería interponer en caso de no estar de acuerdo con dicha motivación.- V.- Por lo expuesto es procedente declarar sin lugar el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. POR TANTO. LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 359, 360, 362 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto y defendido por el Abogado RIGOBERTO EMILIO CORDOVA, en su condición de Defensor Privado de la Querellada S. O. M. G.; SEGUNDO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales en su único motivo, interpuesto y defendido por el Abogado RIGOBERTO EMILIO CORDOVA, en su condición de Defensor Privado de la Querellada S. O. M. G.;; Y TERCERO: Declarar firme la sentencia condenatoria de fecha tres de marzo del año dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Choluteca, Departamento de Choluteca, mediante la cual se absuelve a la ciudadana S. O. M. G. del delito de Calumnias Difamatorias y se le condena como autora responsable del delito de Injurias, en perjuicio de la ciudadana M. I. H. G., a la pena de dos años de reclusión, mas las penas accesorias correspondientes, se le condena en costas, se le declara civilmente responsable de las consecuencias derivadas del delito y se le suspende condicionalmente la ejecución de la pena de reclusión.- Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho, una vez notificada la presente sentencia, devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de Choluteca, Departamento de Choluteca, con certificación de la presente resolución, para que éste a su vez informe sobre ella a la Unidad de Antecedentes Penales del Poder Judicial y posteriormente remita las diligencias al Juzgado de Ejecución competente para su debido cumplimiento. Redactó: EL MAGISTRADO RAUL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- COORDINADOR.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de noviembre del año dos mil doce.- Certificación de la sentencia de fecha dieciocho de octubre del año dos mil doce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-214-2010.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

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