Sentencia CP-205-10 — Registro 3490
Resumen
En primera instancia se condeno al imputado por el delito de homicidio culposo derivado de una mala praxis. Se resolvió Sin Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...Que esta Sala de lo penal estima que es trascendental tratándose de infracción de ley por falta de aplicación de algún precepto penal de carácter sustantivo, la aceptación indiscutible de los hechos que se han estimado probados y a partir de ahí, configurar el recurso demostrando que se omitió aplicar al cuadro fáctico un precepto penal que ciertamente regula o recoge el marco histórico descriptivo fijado por el juzgador pero que fue omitido por este, en el caso concreto se aprecia la necesidad de confrontar los hechos declarados probados con la norma que se invoca como inaplicada a efecto de determinar si en efecto era factible aplicarla, en el caso subjudice hablamos del artículo 25 preámbulo y número 2 del Código Penal en relación con el 100 de la Ley Orgánica del Colegio Médico de Honduras, preceptos que establecen que no incurre en responsabilidad penal quien incurre en una omisión por causa legítima, misma que consiste en haberse abstenido de cuidar de un paciente luego de la remisión al especialista, quedando eximido de responsabilidad ulterior en los resultados del tratamiento que emplee el médico especialista, sin embargo, un examen de los hechos probados revela que el justiciable fue juzgado por su acción no por su omisión es decir por lo que hizo, vale decir, aplicar una diazepan, contraindicada según la autopsia, y por abandonar al paciente cuando aún no llegaba el especialista, quien nunca llegó a tratar a la señora M. C. L. C., para que pudiera tener cabida el artículo 100 de la Ley Orgánica del Colegio Médico de Honduras. El hecho probado número dos recoge claramente la participación activa del procesado doctor G. A. V. E., en unos hechos que propiciaron la muerte de la señora M. C. L., producto de la participación negligente del señor V. E., estimándose que esos hechos probados coinciden plenamente con el tipo penal de homicidio culposo y por el contrario no se corresponden con los preceptos que pretende el impetrante sean observados, en consecuencia no procede el motivo de casación invocado..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA las sentencias que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO PENAL.- Tegucigalpa, M.D.C., ocho de marzo de dos mil doce. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha veinte de agosto de dos mil diez, por el Abogado A. H. H., mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; actuando en su condición de Apoderado Defensor del Señor G. A. V. E., mayor de edad, hondureño, casado, Médico General con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés; en relación al POR CUANTO de fecha veintidós de febrero de dos mil uno, levantado por el Juzgado de Paz de lo Criminal de La Lima, Cortés, y posterior Acusación presentada en fecha catorce de noviembre de dos mil seis, por el Licenciado J. C. L. A., actuando en su condición de Apoderado Legal del Señor A. A. G. C., contra los Señores G. A. C. H., Medico Radiólogo, G. A. V. E., Médico Cirujano Y OTROS, todos mayores de edad, casados, hondureños y con domicilio laboral en el Hospital de Lima en ese Departamento, por el delito de HOMICIDIO CULPOSO, DERIVADO DE UNA MALA PRAXIS, en perjuicio de la Señora M. C. L. C., Recurso de Casación se interpuesto contra la sentencia de fecha siete de mayo de dos mil diez, emitida por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortés, que declaró SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto contra la sentencia de fecha seis de enero de dos mil seis, dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés”. CONSIDERANDO: Que en sentencia de fecha siete de mayo de dos mil diez, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, al confirmar el fallo recurrido aceptó los hechos estimados y declarados probados por el A quo, quien los redactó de la siguiente forma: “PRIMERO: Que el día veintiuno de febrero del año dos mil uno a eso de la una de la tarde la señora M. C. L. llegó al Hospital de la Tela Railroad Company de la ciudad de La Lima, departamento de Cortés ha realizarse un examen de Mielografía, siendo atendida por el médico especialista en radiología e imágenes médicas G. A. C. H., quien le práctica dicho examen presentado la paciente luego de aplicarle el medio de contraste el cual consiste en hacer visible lesiones y órganos en los rayos X contracturas musculares de miembros inferiores por lo que ordena incorrectamente a la enfermera S. G. vía teléfono canalizarla aplicando una ampolla de diázepan de diez miligramos endovenosa y novalgina retirándose del hospital y monitoreando la evolución de la paciente vía teléfono, ordenando su traslado a una sala inadecuada para su tratamiento, desencadenando con la administración del medio de contraste a la hoy occisa convulsiones (contracturas) y posteriormente un shock alérgico severo (anafilaxi), SEGUNDO: Encontrándose la paciente ese mismo día señora M. C. L. en sala de Mujeres con dolores y estando de turno el doctor G. A. V. E. ordena al personal de enfermería aplicarle una inyección de diez miligramos de diázepan intravenosa por presentar contracturas generalizadas, abandonando a la paciente sin contar con la presencia del Neurocirujano por lo que la paciente sigue con contracturas y paro cardiorrespiratorio, no reaccionando a las maniobras de resucitación y fallece producto de la negligencia en un mal diagnóstico y un tratamiento inadecuado por parte de los médicos G. A. C. H. Y G. A. V. E. hacia la occisa. TERCERO: Que fue capturado y puesto a la orden del juzgado competente el señor G. A. V. sometiéndose voluntariamente los señores G. A. C. H., D. D. B. y S. G. T. al proceso penal iniciado”. CONSIDERANDO:: Que en fecha veinte de agosto de dos mil diez, compareció ante este Tribunal de Justicia, el Abogado A. H. H., de generales citadas y en su condición aludida, formalizando su Recurso de Casación por infracción de ley contra la sentencia pronunciada en fecha siete de mayo del año dos mil diez por la Corte de Apelaciones de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que fue pronunciada en virtud del recurso de apelación que interpusiera en contra de la sentencia de primera instancia dictada en fecha SEIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL SEIS por la Juez del Juzgado de Letras de lo Penal de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, Motivos de Casación que expongo de la manera siguiente: “EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. PRIMER MOTIVO: HERROR DE HECHO EN LA APRECIACION DE LA PRUEBA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 412 Párrafo Segundo del Código de Procedimientos Penales (decreto 189-84).-EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION: El presente motivo de casación lo explico de la siguiente manera: En el Considerando Quinto de la sentencia recurrida dictada por el tribunal ad-quem se encuentra la motivación que manifiesta las razones del porqué ratifican la sentencia proferida por la Juez a-quo, y esgrimen que su razonamiento está fundamentado en los dictámenes de la autopsia practicada, de su ampliación y las mismas declaraciones de los imputados quienes además declararon como testigos. Aducen en el referido considerando quinto, que de tales diligencias quedó plenamente probado que a la ahora occisa se le aplicó un medio de contraste para practicarle una mielografia y que éste le desencadenó inicialmente convulsiones (contracturas y posteriormente un chock alérgico (anafilaxi) que le condujo a la muerte…; sucedió asimismo que los medicamentos administrados después de aplicado el medio de contraste fue incorrecto (diázepan y Novalgina) el diázepan también fue ordenado por el Doctor V. quien se encontraba de turno en el Hospital”. Bajo esos preceptos y conceptos involucran a ambos profesionales de la medicina como responsables AUN Y CUANDO SUS ACTOS DE CONOCIMIENTO DE LA CIENCIA DE LA MEDICINA FUERON INDEPENDIENTES, por lo que estimo QUE EXISTE EVIDENTEMENTE UN ERROR DE HECHO EN LA APRECIACION DE LA PRUEBA, en la sentencia de marras. Errores de hecho que describo así: PRIMER HERROR DE LA PRUEBA: Refiere la autopsia que corre agregada a folios 6 y 7 de la primera pieza en el numeral 5 de las conclusiones, lo siguiente “ y no dando a las enfermeras de la sala, indicaciones vía telefónica por parte del médico como lo describe la nota de enfermería”; así también en la ampliación de la autopsia que corre agregada a folios 95 y 96 siempre de la primera pieza, en el numeral 1 de la letra F de las conclusiones, que “En expediente clínico se describe según nota de enfermería que recibió indicaciones vía teléfono por parte del médico tratante”; Tal redacción hace confundir tanto a la juez a-quo como al tribunal ad-quem que interpretaron que los médicos imputados salieron de las instalaciones físicas del centro médico y dieron indicaciones por teléfono desde otro punto físico distante al lugar donde se encontraba la paciente, apreciación errónea, por cuanto si analizamos la nota de enfermería que corre agregada a folio 20 siempre de la primera pieza, nos damos cuenta que el lugar donde se encontraba el médico que generó la llamada vía teléfono es la misma sala de Rayos X (primer piso del hospital) en compañía de la paciente (ahora occisa), indicándole en la llamada a la enfermera que se encontraba en la sala de enfermería del mismo hospital (segundo piso), se trasladara a la sala donde se encontraba él con su paciente y que llevara el medicamento que tenía que aplicarle (Se refiere al Médico Especialista en Radiología, Doctor G. C. H., ahora occiso), no así a mi defendido Doctor G. V. E., quien según la misma nota de enfermería la comenzó a tratar hasta que fue subida a las 4 de la tarde a la sala de cirugía de mujeres y maternidad. De esta mala información expresada en la autopsia se genera una falsa interpretación en el juez censurante de primera instancia, mismo error que también fue cometido por el tribunal que conoció la sentencia en la vía de apelación, dado que de esa información es proclive el que la lee, a creer que de la tal llamada telefónica el médico se encontraba en lugar físico diferente al de su paciente y que por lo tanto al dejarla abandonada hubo negligencia por lo que sin tener contacto físico con su paciente, efectivamente estaríamos frente a una negligencia, pero viendo esta prueba con ese magno error de interpretación nos damos cuenta que hubo error en la apreciación de la prueba, error de hecho que resulta del documento auténtico de la autopsia y su ampliación, que contiene una colosal equivocación de los juzgadores involucrados en la sentencia que inculpa a mi defendido como autor de la comisión del delito de homicidio culposo. Se comprueba lo expuesto anteriormente que es una verdad absoluta por cuanto a folio 38 de la primera pieza corre la declaración testifical del esposo de la ahora occisa, señor M. A. H., quien entre otras cosas declara bajo el juramento de rigor “pero al ver el Doctor G. C. H. (él mismo que llamó por teléfono) que ella no paraba del brinco que ella tenía en su pierna, le recetó una inyección pero no dijo para que era ...: de igual forma la enfermera que escribió la confusiva nota (folio 20 de la primera pieza) en su declaración testifical que corre a folio 49 siempre de la misma primera pieza, relata lo siguiente: “Yo me encontraba en el turno de las 3 de la tarde a las 11 de la noche y era la encargada de la sala de cirugía de mujeres y maternidad (segundo piso)... más o menos eran como las 3:15 de la tarde, cuando sonó el teléfono y se oyó una voz de mujer....., ellas trabajaban en el área de Rayos X, y dieron la orden ellas que decía el Doctor C. H., o sea el médico de Rayos X, que llevara un suero y una ampolla de diázepan, que lo llevará de emergencia y que me apurara, yo corrí con las cosas para Rayos X…, cuando yo llegué con el suero y el medicamento que indicaron salió el Doctor C. y me dijo que me apurará que la canalizará rápido”…; de lo que se concluye de manera palmaria lo expresado anteriormente que el Doctor que llamó por teléfono, se encontraba en el mismo lugar del centro médico y en la sala de la paciente (Rayos X), atendiéndola como médico tratante. SEGUNDO ERROR DE LA PRUEBA: Al interpretarse que el manejo de la paciente fue vía teléfono por parte del primer médico, involucran también a mi defendido, el MEDICO GENERAL, Doctor G. A. V. E., aun cuando los actos de participación de conocimiento médico de mi cliente como médico general fueron independientes, por lo tanto la Corte valoró la prueba erróneamente al involucrar conjuntamente a los dos galenos por hechos totalmente aislados y diferentes, como responsables de la mala praxis, y los condenó de manera equivocada al valorar una prueba no con los alcances de la sana crítica. Como los medios probatorios evacuados no eran claros al no delimitar su participación profesional, tomaron la vía más práctica condenándolos a los dos, no obstante que éste es un segundo error de la apreciación de los hechos de la prueba, ya que mi representado cumplió con sus obligaciones de examinar y atender a la paciente, aplicándole 10 miligramos más de diázepan y oxígeno para estabilizarla mientras llegaba el especialista Neurocirujano) que también había ordenado que se llamara y que sí tenía la experticia necesaria para atender las complicaciones de la paciente, todo ésto ocurrió desde las 4 de la tarde hora en que recibió a la paciente y estuvo con ella por espacio de 10 minutos hasta que le entregó el turno a otro médico de igual capacidad de él, como lo es el Doctor G., por lo que mientras estuvo a su cargo no se separó de la paciente, mucho menos dio órdenes vía teléfono, es más, una vez que le aplicó el medicamento las contracturas cedieron y la señora se tranquilizó, véase lo que manifiesta el esposo de ella en su declaración como testigo (folio 38 vuelto de la primera pieza) cuando manifiesta “luego mi esposa se volvió a quedar adormecida y las convulsiones pararon por un momento"; Ésto se corrobora con la misma ya referida nota de enfermería; Con la nota de Record de Examen Médico (folio 22 de la primera pieza) firmada por mi defendido y en donde manifiesta en qué condiciones recibe la paciente después de haberla examinado; También con la hoja que corre agregada al siguiente folio (23), en la que aparecen tres notas, cada una escrita por los tres médicos diferentes que la asistieron, la segunda pertenece a mi cliente (cotéjese firmas con el folio 22 anterior) quien en la parte izquierda del cuadro correspondiente a órdenes médicas ordena 3 puntos importantes : 1. Aplicar diázepan 10 miligramos IV (intravenoso) stat (en el acto). 2. IC (interconsulta) neurocirugía stat (en el acto) y 3. 02 (oxigeno) nasal. En el lado derecho de la misma hoja, refieren las anotaciones de cada médico y mi cliente escribió lo siguiente: "21/11/01 4:10 pm, Contracturando, generalizadamente posterior a mielografía. Hiperventilando. Aplicamos 10mg de diázepan IV (intravenoso) y solicitamos IC (interconsulta) neurocirugía stat (en el acto)”.Éstos hechos se desprenden también de la declaración testifical del esposo de la ahora occisa, que corre a folio 38 de la primera pieza, quien entre otras cosas dice que mi cliente examinó a su esposa, le recetó una inyección y que miró al Doctor G., ésto último indica que mi defendido actuó con la responsabilidad profesional al atender a la paciente hasta dejarla al cuidado de su colega reemplazante. Es importante diferenciar que el Doctor G. A. C. H. (QDDG), fue el médico especialista en radiología que aplicó el medio de contraste a la paciente, el mismo que llamó desde Rayos X a la sala de enfermería; y el Doctor G. A. V. E., es el médico general que atendió a la paciente de las cuatro de la tarde en adelante, cuando ya la paciente presentaba contracturas que debían ser atendidas por un especialista en la materia. En virtud de tal error se violentó en letra y espíritu lo estipulado en el artículo 361 del Código de Procedimientos Penales (decreto 189-84), al condenar a mi representado en una sentencia tomando como consideraciones para llegar a las conclusiones del fallo, hechos probatorios que no son de absoluta verdad, al contrario sensu, son subjetivos, incoherentes y desproporcionados, en consecuencia al ser erróneas las valoraciones de las pruebas, se determina que no existen hechos probados que inculpen directa o indirectamente la participación de mi defendido en el delito que se le condena. SEGUNDO MOTIVO: INFRACCION POR LA NO APLICACIÓN DE UN PRECEPTO PENAL DE CARÁCTER SUSTANTIVO comprendido en el Artículo 25 Numeral 2 del Código Penal (decreto 144-83), relacionado con el artículo 100 de la ley Orgánica del Colegio Médico de Honduras.- PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 412 Párrafo Primero del Código de Procedimientos Penales (decreto 189-84).- EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION: El presente motivo de casación lo explico de la siguiente manera: A folio 67 de la segunda pieza, se encuentra la última parte del Considerando Quinto de la sentencia de marras, en el que en su parte conducente, dice “sucedió, asimismo que los medicamentos administrados después de aplicado el medio de contraste fue incorrecto (diázepan y novalgina) el diázepan fue ordenado también por el Dr. V. quien se encontraba de turno en el hospital.- Además se desprende que tratamientos como el referido y que presentan este tipo de reacción deben ser tratados preferiblemente en sala de cuidados intensivos del hospital..., todo lo anterior representa para esta Corte prueba suficiente que los referidos profesionales de la medicina no actuaron con la debida diligencia y prudencia que les impone su cargo, responsabilidad que es compartida entre ambos ya que ellos tuvieron la relación binomial médico-paciente; por lo que se puede concluir que actuaron con negligencia que como elemento o forma de la culpa ha sido definido como la falta de diligencia debida o cuidado necesario en cualquier acto jurídico o hecho humano"; Considerando relacionado que dio lugar al Considerando Séptimo, en el cual el Tribunal Ad-quem concluye que mi patrocinado actuó con NEGLIGENCIA. Apreciación que a mi juicio es totalmente equivocada, porque en primera instancia en ningún documento ni declaración sea como testigo o como imputado que corren en el expediente de mérito aparece que el haberle aplicado otros 10 miligramos de diázepan por parte de mi defendido, Dr. G. A. V. E., fue causa de la muerte de la señora M. C. L., en segundo lugar no consta nada en el mismo expediente, que mi cliente haya hecho algún diagnóstico más allá de las contracturas que eran más que evidentes; Lo que si consta en las declaraciones que La Corte de Apelaciones toma como base para emitir la sentencia recurrida, es que mi patrocinado siendo un médico general al darse cuenta de sus limitaciones profesionales actúo con responsabilidad ordenando que se llamara a interconsulta al médico especialista en neurología quien era el indicado y con la experticia suficiente para diagnosticar y atender el cuadro clínico que presentaba la paciente, únicamente le aplicó la diázepan para estabilizarla mientras llegaba el especialista. Lo que nos lleva a la conclusión que por lo menos por parte de mi defendido NUNCA EXISTIO NEGLIGENCIA, más bien actuó con responsabilidad según se lo ordena el artículo 100 de la Ley Orgánica del Colegio Médico de Honduras (Decreto 94), que a su letra dice “El médico que diagnostica y sospecha en su enfermo una afección que en su concepto exige los recursos de la cirugía general O DE ALGUNA OTRA ESPECIALIDAD, sugerirá al paciente mismo o a sus deudos el cirujano O EL ESPECIALISTA QUE DEBE SER CONSULTADO, éste los dejará en liberta de elegir, PERO QUEDA EXIMIDO DE TODA RESPONSABILIDAD ULTERIOR EN LOS RESULTADOS DEL TRATAMIENTO QUE EMPLEE EL ESCOGIDO POR LA FAMILIA. Por otro lado la Corte de Apelaciones manifiesta en su considerando que dicho cuadro clínico se trata en una unidad de cuidados intensivos, pero es importante recalcar que eso lo indica el internista o el neurocirujano y una vez que está en cuidados intensivos es el intensivista el médico indicado para tratar al paciente, en consecuencia el tribunal de alzada se extralimita en su apreciación por tanto que no conoce los principios de la disciplina médica y sus especialidades, pues su fallo debe de limitarse estrictamente al conocimiento científico de las ciencias del derecho y jurisdiccionales, en cuanto a la aplicación de la ley general al caso específico y no hacer recomendaciones médicas en un fallo o en una sentencia, lo que provocó que incurrieran en una franca desaplicación de sus facultades aplicando normas jurídicas no específicas al caso concreto, tanto es así que soslayaron que al no tener un culpable con la suficiente prueba como en el caso de mi cliente, no aplicaron la norma sustantiva contenida en el artículo 25 numeral 2 del Código Penal (decreto 144-83), que refiere a las CAUSAS DE INCULPABILIDAD, por cuanto mi representado se encontraba en el momento en que ocurrieron los hechos IMPEDIDO POR UNA CAUSA LEGITIMA a no hacer lo que estaba obligado hacer otro Doctor con mayor capacidad científica y mayor conocimiento sobre la crisis desarrollada en la paciente, no así a mi defendido que por ser médico general no tenía responsabilidad de culpa por omisión, al recomendar él, que la paciente la tratara un especialista preparado con el conocimiento científico para asistir a la paciente, estaba justo cumpliendo con su deber dejando de hacer lo que no podía hacer, y si lo hubiese hecho sin tener la capacidad de hacerlo hubiese traspasado el límite de su capacidad científica entrando en un marco de flagrante irresponsabilidad como profesional de la medicina al querer ofrecer conocimientos que no los tenía en aquel momento. RESULTADO ESPERADO DE LA INTERPRETACION DE LOS MOTIVOS ESGRIMIDOS En virtud de la exposición de los motivos antes narrados, estoy plenamente convencido que el conocimiento sapiencial de esta Honorable Suprema Corte, emitirá su criterio en una sentencia ajustada a los principios del derecho, a la aplicación estricta y rigurosa de la ley en este caso específico, dejando claramente establecido que en la sentencia hoy recurrida emitida por la Honorable Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, descuidó aspectos de apreciación de la prueba en los hechos, lo que espero que esta Corte enmiende en el pleno uso de sus facultades casando la sentencia recurrida y absolviendo a mi defendido, Doctor G. A. V. E., de toda responsabilidad de culpa en los hechos que se le imputan en la sentencia supramencionada”. CONSIDERANDO: Que mediante auto de fecha veintitrés de agosto de dos mil diez, este Tribunal de Justicia, tuvo por formalizado en tiempo el Recurso de Casación por parte del Abogado A. H. H. y se dio traslado de los autos a la Fiscal del Despacho, para que emitiera dictamen, haciéndolo dicha funcionaria en fecha siete de diciembre de dos mil diez, de la siguiente manera: “III.- OPINIÓN Con fundamento en las razones expuestas, el MINISTERIO PUBLICO dictamina desfavorable a la admisión del primer y segundo motivo del recurso”. CONSIDERANDO: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la admisión del recurso de mérito. CONSIDERANDO: Que la formalización del recurso de casación por Infracción de Ley, en sus dos motivos reúne todos los requisitos legales, por lo que es procedente su admisión, debiendo oportunamente dictar sentencia sobre la procedencia o improcedencia del mismo. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre de LA REPÚBLICA DE HONDURAS, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 410, 411, 412 numeral 1) y 2), 418, 420 del Código de Procedimientos Penales; 915, 919 No. 2), 921 del Código de Procedimientos Comunes de 1906; y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; FALLA: Declarar HA LUGAR LA ADMISION del Recurso de CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY en sus dos motivos interpuesto por el Abogado A. H. H., en su condición de Apoderado defensor del señor G. A. V. E., contra la sentencia de fecha siete de mayo del año dos mil diez pronunciada por la Corte Primera de Apelaciones de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Y MANDA: Que oportunamente se dicte la sentencia sobre la procedencia o improcedencia de los dos motivos de casación.- REDACTO EL MAGISTRADO RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- COORDINADOR.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ”.- “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO PENAL.- Tegucigalpa, M.D.C., dieciocho de abril de dos mil doce. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha veinte de agosto de dos mil diez, por el Abogado A. H. H., mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; actuando en su condición de Apoderado Defensor del Señor G. A. V. E., mayor de edad, hondureño, casado, Médico General con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés; en relación al POR CUANTO de fecha veintidós de febrero de dos mil uno, levantado por el Juzgado de Paz de lo Criminal de La Lima, Cortés, y posterior Acusación presentada en fecha catorce de noviembre de dos mil seis, por el Licenciado J. C. L. A., actuando en su condición de Apoderado Legal del Señor A. A. G. C., contra los Señores G. A. C. H., Medico Radiólogo, G. A. V. E., Médico Cirujano Y OTROS, todos mayores de edad, casados, hondureños y con domicilio laboral en el Hospital de Lima en ese Departamento, por el delito de HOMICIDIO CULPOSO, DERIVADO DE UNA MALA PRAXIS, en perjuicio de la Señora M. C. L. C., Recurso de Casación se interpuesto contra la sentencia de fecha siete de mayo de dos mil diez, emitida por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortés, que declaró SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto contra la sentencia de fecha seis de enero de dos mil seis, dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés”. CONSIDERANDO: Que en sentencia de fecha siete de mayo de dos mil diez, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, al confirmar el fallo recurrido aceptó los hechos estimados y declarados probados por el A quo, quien los redactó de la siguiente forma: “PRIMERO: Que el día veintiuno de febrero del año dos mil uno a eso de la una de la tarde la señora M. C. L. llegó al Hospital de la Tela Railroad Company de la ciudad de La Lima, departamento de Cortés ha realizarse un examen de Mielografía, siendo atendida por el médico especialista en radiología e imágenes médicas G. A. C. H., quien le práctica dicho examen presentado la paciente luego de aplicarle el medio de contraste el cual consiste en hacer visible lesiones y órganos en los rayos X contracturas musculares de miembros inferiores por lo que ordena incorrectamente a la enfermera S. G. vía teléfono canalizarla aplicando una ampolla de diázepan de diez miligramos endovenosa y novalgina retirándose del hospital y monitoreando la evolución de la paciente vía teléfono, ordenando su traslado a una sala inadecuada para su tratamiento, desencadenando con la administración del medio de contraste a la hoy occisa convulsiones (contracturas) y posteriormente un shock alérgico severo (anafilaxi), SEGUNDO: Encontrándose la paciente ese mismo día señora M. C. L. en sala de Mujeres con dolores y estando de turno el doctor G. A. V. E. ordena al personal de enfermería aplicarle una inyección de diez miligramos de diázepan intravenosa por presentar contracturas generalizadas, abandonando a la paciente sin contar con la presencia del Neurocirujano por lo que la paciente sigue con contracturas y paro cardiorrespiratorio, no reaccionando a las maniobras de resucitación y fallece producto de la negligencia en un mal diagnóstico y un tratamiento inadecuado por parte de los médicos G. A. C. H. Y G. A. V. E. hacia la occisa. TERCERO: Que fue capturado y puesto a la orden del juzgado competente el señor G. A. V. sometiéndose voluntariamente los señores G. A. C. H., D. D. B. y S. G. T. al proceso penal iniciado”. CONSIDERANDO:: Que en fecha veinte de agosto de dos mil diez, compareció ante este Tribunal de Justicia, el Abogado A. H. H., de generales citadas y en su condición aludida, formalizando su Recurso de Casación por infracción de ley contra la sentencia pronunciada en fecha siete de mayo del año dos mil diez por la Corte de Apelaciones de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que fue pronunciada en virtud del recurso de apelación que interpusiera en contra de la sentencia de primera instancia dictada en fecha SEIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL SEIS por la Juez del Juzgado de Letras de lo Penal de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, Motivos de Casación que expongo de la manera siguiente: “EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. PRIMER MOTIVO: HERROR DE HECHO EN LA APRECIACION DE LA PRUEBA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 412 Párrafo Segundo del Código de Procedimientos Penales (decreto 189-84).-EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION: El presente motivo de casación lo explico de la siguiente manera: En el Considerando Quinto de la sentencia recurrida dictada por el tribunal ad-quem se encuentra la motivación que manifiesta las razones del porqué ratifican la sentencia proferida por la Juez a-quo, y esgrimen que su razonamiento está fundamentado en los dictámenes de la autopsia practicada, de su ampliación y las mismas declaraciones de los imputados quienes además declararon como testigos. Aducen en el referido considerando quinto, que de tales diligencias quedó plenamente probado que a la ahora occisa se le aplicó un medio de contraste para practicarle una mielografia y que éste le desencadenó inicialmente convulsiones (contracturas y posteriormente un chock alérgico (anafilaxi) que le condujo a la muerte…; sucedió asimismo que los medicamentos administrados después de aplicado el medio de contraste fue incorrecto (diázepan y Novalgina) el diázepan también fue ordenado por el Doctor V. quien se encontraba de turno en el Hospital”. Bajo esos preceptos y conceptos involucran a ambos profesionales de la medicina como responsables AUN Y CUANDO SUS ACTOS DE CONOCIMIENTO DE LA CIENCIA DE LA MEDICINA FUERON INDEPENDIENTES, por lo que estimo QUE EXISTE EVIDENTEMENTE UN ERROR DE HECHO EN LA APRECIACION DE LA PRUEBA, en la sentencia de marras. Errores de hecho que describo así: PRIMER HERROR DE LA PRUEBA: Refiere la autopsia que corre agregada a folios 6 y 7 de la primera pieza en el numeral 5 de las conclusiones, lo siguiente “ y no dando a las enfermeras de la sala, indicaciones vía telefónica por parte del médico como lo describe la nota de enfermería”; así también en la ampliación de la autopsia que corre agregada a folios 95 y 96 siempre de la primera pieza, en el numeral 1 de la letra F de las conclusiones, que “En expediente clínico se describe según nota de enfermería que recibió indicaciones vía teléfono por parte del médico tratante”; Tal redacción hace confundir tanto a la juez a-quo como al tribunal ad-quem que interpretaron que los médicos imputados salieron de las instalaciones físicas del centro médico y dieron indicaciones por teléfono desde otro punto físico distante al lugar donde se encontraba la paciente, apreciación errónea, por cuanto si analizamos la nota de enfermería que corre agregada a folio 20 siempre de la primera pieza, nos damos cuenta que el lugar donde se encontraba el médico que generó la llamada vía teléfono es la misma sala de Rayos X (primer piso del hospital) en compañía de la paciente (ahora occisa), indicándole en la llamada a la enfermera que se encontraba en la sala de enfermería del mismo hospital (segundo piso), se trasladara a la sala donde se encontraba él con su paciente y que llevara el medicamento que tenía que aplicarle (Se refiere al Médico Especialista en Radiología, Doctor G. C. H., ahora occiso), no así a mi defendido Doctor G. V. E., quien según la misma nota de enfermería la comenzó a tratar hasta que fue subida a las 4 de la tarde a la sala de cirugía de mujeres y maternidad. De esta mala información expresada en la autopsia se genera una falsa interpretación en el juez censurante de primera instancia, mismo error que también fue cometido por el tribunal que conoció la sentencia en la vía de apelación, dado que de esa información es proclive el que la lee, a creer que de la tal llamada telefónica el médico se encontraba en lugar físico diferente al de su paciente y que por lo tanto al dejarla abandonada hubo negligencia por lo que sin tener contacto físico con su paciente, efectivamente estaríamos frente a una negligencia, pero viendo esta prueba con ese magno error de interpretación nos damos cuenta que hubo error en la apreciación de la prueba, error de hecho que resulta del documento auténtico de la autopsia y su ampliación, que contiene una colosal equivocación de los juzgadores involucrados en la sentencia que inculpa a mi defendido como autor de la comisión del delito de homicidio culposo. Se comprueba lo expuesto anteriormente que es una verdad absoluta por cuanto a folio 38 de la primera pieza corre la declaración testifical del esposo de la ahora occisa, señor M. A. H., quien entre otras cosas declara bajo el juramento de rigor “pero al ver el Doctor G. C. o H. (él mismo que llamó por teléfono) que ella no paraba del brinco que ella tenía en su pierna, le recetó una inyección pero no dijo para que era ...: de igual forma la enfermera que escribió la confusiva nota (folio 20 de la primera pieza) en su declaración testifical que corre a folio 49 siempre de la misma primera pieza, relata lo siguiente: “Yo me encontraba en el turno de las 3 de la tarde a las 11 de la noche y era la encargada de la sala de cirugía de mujeres y maternidad (segundo piso)... más o menos eran como las 3:15 de la tarde, cuando sonó el teléfono y se oyó una voz de mujer....., ellas trabajaban en el área de Rayos X, y dieron la orden ellas que decía el Doctor C. H., o sea el médico de Rayos X, que llevara un suero y una ampolla de diázepan, que lo llevará de emergencia y que me apurara, yo corrí con las cosas para Rayos X…, cuando yo llegué con el suero y el medicamento que indicaron salió el Doctor C. y me dijo que me apurará que la canalizará rápido”…; de lo que se concluye de manera palmaria lo expresado anteriormente que el Doctor que llamó por teléfono, se encontraba en el mismo lugar del centro médico y en la sala de la paciente (Rayos X), atendiéndola como médico tratante. SEGUNDO ERROR DE LA PRUEBA: Al interpretarse que el manejo de la paciente fue vía teléfono por parte del primer médico, involucran también a mi defendido, el MEDICO GENERAL, Doctor G. A. V. E., aun cuando los actos de participación de conocimiento médico de mi cliente como médico general fueron independientes, por lo tanto la Corte valoró la prueba erróneamente al involucrar conjuntamente a los dos galenos por hechos totalmente aislados y diferentes, como responsables de la mala praxis, y los condenó de manera equivocada al valorar una prueba no con los alcances de la sana crítica. Como los medios probatorios evacuados no eran claros al no delimitar su participación profesional, tomaron la vía más práctica condenándolos a los dos, no obstante que éste es un segundo error de la apreciación de los hechos de la prueba, ya que mi representado cumplió con sus obligaciones de examinar y atender a la paciente, aplicándole 10 miligramos más de diázepan y oxígeno para estabilizarla mientras llegaba el especialista Neurocirujano) que también había ordenado que se llamara y que sí tenía la experticia necesaria para atender las complicaciones de la paciente, todo ésto ocurrió desde las 4 de la tarde hora en que recibió a la paciente y estuvo con ella por espacio de 10 minutos hasta que le entregó el turno a otro médico de igual capacidad de él, como lo es el Doctor G., por lo que mientras estuvo a su cargo no se separó de la paciente, mucho menos dio órdenes vía teléfono, es más, una vez que le aplicó el medicamento las contracturas cedieron y la señora se tranquilizó, véase lo que manifiesta el esposo de ella en su declaración como testigo (folio 38 vuelto de la primera pieza) cuando manifiesta “luego mi esposa se volvió a quedar adormecida y las convulsiones pararon por un momento"; Ésto se corrobora con la misma ya referida nota de enfermería; Con la nota de Record de Examen Médico (folio 22 de la primera pieza) firmada por mi defendido y en donde manifiesta en qué condiciones recibe la paciente después de haberla examinado; También con la hoja que corre agregada al siguiente folio (23), en la que aparecen tres notas, cada una escrita por los tres médicos diferentes que la asistieron, la segunda pertenece a mi cliente (cotéjese firmas con el folio 22 anterior) quien en la parte izquierda del cuadro correspondiente a órdenes médicas ordena 3 puntos importantes : 1. Aplicar diázepan 10 miligramos IV (intravenoso) stat (en el acto). 2. IC (interconsulta) neurocirugía stat (en el acto) y 3. 02 (oxigeno) nasal. En el lado derecho de la misma hoja, refieren las anotaciones de cada médico y mi cliente escribió lo siguiente: "21/11/01 4:10 pm, Contracturando, generalizadamente posterior a mielografía. Hiperventilando. Aplicamos 10mg de diázepan IV (intravenoso) y solicitamos IC (interconsulta) neurocirugía stat (en el acto)”.Éstos hechos se desprenden también de la declaración testifical del esposo de la ahora occisa, que corre a folio 38 de la primera pieza, quien entre otras cosas dice que mi cliente examinó a su esposa, le recetó una inyección y que miró al Doctor G., ésto último indica que mi defendido actuó con la responsabilidad profesional al atender a la paciente hasta dejarla al cuidado de su colega reemplazante. Es importante diferenciar que el Doctor G. A. C. H. (QDDG), fue el médico especialista en radiología que aplicó el medio de contraste a la paciente, el mismo que llamó desde Rayos X a la sala de enfermería; y el Doctor G. A. V. E., es el médico general que atendió a la paciente de las cuatro de la tarde en adelante, cuando ya la paciente presentaba contracturas que debían ser atendidas por un especialista en la materia. En virtud de tal error se violentó en letra y espíritu lo estipulado en el artículo 361 del Código de Procedimientos Penales (decreto 189-84), al condenar a mi representado en una sentencia tomando como consideraciones para llegar a las conclusiones del fallo, hechos probatorios que no son de absoluta verdad, al contrario sensu, son subjetivos, incoherentes y desproporcionados, en consecuencia al ser erróneas las valoraciones de las pruebas, se determina que no existen hechos probados que inculpen directa o indirectamente la participación de mi defendido en el delito que se le condena. SEGUNDO MOTIVO: INFRACCION POR LA NO APLICACIÓN DE UN PRECEPTO PENAL DE CARÁCTER SUSTANTIVO comprendido en el Artículo 25 Numeral 2 del Código Penal (decreto 144-83), relacionado con el artículo 100 de la ley Orgánica del Colegio Médico de Honduras.- PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 412 Párrafo Primero del Código de Procedimientos Penales (decreto 189-84).- EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION: El presente motivo de casación lo explico de la siguiente manera: A folio 67 de la segunda pieza, se encuentra la última parte del Considerando Quinto de la sentencia de marras, en el que en su parte conducente, dice “sucedió, asimismo que los medicamentos administrados después de aplicado el medio de contraste fue incorrecto (diázepan y novalgina) el diázepan fue ordenado también por el Dr. V. quien se encontraba de turno en el hospital.- Además se desprende que tratamientos como el referido y que presentan este tipo de reacción deben ser tratados preferiblemente en sala de cuidados intensivos del hospital..., todo lo anterior representa para esta Corte prueba suficiente que los referidos profesionales de la medicina no actuaron con la debida diligencia y prudencia que les impone su cargo, responsabilidad que es compartida entre ambos ya que ellos tuvieron la relación binomial médico-paciente; por lo que se puede concluir que actuaron con negligencia que como elemento o forma de la culpa ha sido definido como la falta de diligencia debida o cuidado necesario en cualquier acto jurídico o hecho humano"; Considerando relacionado que dio lugar al Considerando Séptimo, en el cual el Tribunal Ad-quem concluye que mi patrocinado actuó con NEGLIGENCIA. Apreciación que a mi juicio es totalmente equivocada, porque en primera instancia en ningún documento ni declaración sea como testigo o como imputado que corren en el expediente de mérito aparece que el haberle aplicado otros 10 miligramos de diázepan por parte de mi defendido, Dr. G. A. V. E., fue causa de la muerte de la señora M. C. L., en segundo lugar no consta nada en el mismo expediente, que mi cliente haya hecho algún diagnóstico más allá de las contracturas que eran más que evidentes; Lo que si consta en las declaraciones que La Corte de Apelaciones toma como base para emitir la sentencia recurrida, es que mi patrocinado siendo un médico general al darse cuenta de sus limitaciones profesionales actúo con responsabilidad ordenando que se llamara a interconsulta al médico especialista en neurología quien era el indicado y con la experticia suficiente para diagnosticar y atender el cuadro clínico que presentaba la paciente, únicamente le aplicó la diázepan para estabilizarla mientras llegaba el especialista. Lo que nos lleva a la conclusión que por lo menos por parte de mi defendido NUNCA EXISTIO NEGLIGENCIA, más bien actuó con responsabilidad según se lo ordena el artículo 100 de la Ley Orgánica del Colegio Médico de Honduras (Decreto 94), que a su letra dice “El médico que diagnostica y sospecha en su enfermo una afección que en su concepto exige los recursos de la cirugía general O DE ALGUNA OTRA ESPECIALIDAD, sugerirá al paciente mismo o a sus deudos el cirujano O EL ESPECIALISTA QUE DEBE SER CONSULTADO, éste los dejará en liberta de elegir, PERO QUEDA EXIMIDO DE TODA RESPONSABILIDAD ULTERIOR EN LOS RESULTADOS DEL TRATAMIENTO QUE EMPLEE EL ESCOGIDO POR LA FAMILIA. Por otro lado la Corte de Apelaciones manifiesta en su considerando que dicho cuadro clínico se trata en una unidad de cuidados intensivos, pero es importante recalcar que eso lo indica el internista o el neurocirujano y una vez que está en cuidados intensivos es el intensivista el médico indicado para tratar al paciente, en consecuencia el tribunal de alzada se extralimita en su apreciación por tanto que no conoce los principios de la disciplina médica y sus especialidades, pues su fallo debe de limitarse estrictamente al conocimiento científico de las ciencias del derecho y jurisdiccionales, en cuanto a la aplicación de la ley general al caso específico y no hacer recomendaciones médicas en un fallo o en una sentencia, lo que provocó que incurrieran en una franca desaplicación de sus facultades aplicando normas jurídicas no específicas al caso concreto, tanto es así que soslayaron que al no tener un culpable con la suficiente prueba como en el caso de mi cliente, no aplicaron la norma sustantiva contenida en el artículo 25 numeral 2 del Código Penal (decreto 144-83), que refiere a las CAUSAS DE INCULPABILIDAD, por cuanto mi representado se encontraba en el momento en que ocurrieron los hechos IMPEDIDO POR UNA CAUSA LEGITIMA a no hacer lo que estaba obligado hacer otro Doctor con mayor capacidad científica y mayor conocimiento sobre la crisis desarrollada en la paciente, no así a mi defendido que por ser médico general no tenía responsabilidad de culpa por omisión, al recomendar él, que la paciente la tratara un especialista preparado con el conocimiento científico para asistir a la paciente, estaba justo cumpliendo con su deber dejando de hacer lo que no podía hacer, y si lo hubiese hecho sin tener la capacidad de hacerlo hubiese traspasado el límite de su capacidad científica entrando en un marco de flagrante irresponsabilidad como profesional de la medicina al querer ofrecer conocimientos que no los tenía en aquel momento. RESULTADO ESPERADO DE LA INTERPRETACION DE LOS MOTIVOS ESGRIMIDOS En virtud de la exposición de los motivos antes narrados, estoy plenamente convencido que el conocimiento sapiencial de esta Honorable Suprema Corte, emitirá su criterio en una sentencia ajustada a los principios del derecho, a la aplicación estricta y rigurosa de la ley en este caso específico, dejando claramente establecido que en la sentencia hoy recurrida emitida por la Honorable Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, descuidó aspectos de apreciación de la prueba en los hechos, lo que espero que esta Corte enmiende en el pleno uso de sus facultades casando la sentencia recurrida y absolviendo a mi defendido, Doctor G. A. V. E., de toda responsabilidad de culpa en los hechos que se le imputan en la sentencia supramencionada”. CONSIDERANDO: Que mediante auto de fecha veintitrés de agosto de dos mil diez, este Tribunal de Justicia, tuvo por formalizado en tiempo el Recurso de Casación por parte del Abogado A. H. H. y se dio traslado de los autos a la Fiscal del Despacho, para que emitiera dictamen, haciéndolo dicha funcionaria en fecha siete de diciembre de dos mil diez, de la siguiente manera: “III.- OPINIÓN Con fundamento en las razones expuestas, el MINISTERIO PUBLICO dictamina desfavorable a la admisión del primer y segundo motivo del recurso”. CONSIDERANDO: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la admisión del recurso de mérito. CONSIDERANDO: Que reunidos los requisitos de ley se pronunció sentencia admitiendo el recurso de casación en sus dos motivos. CONSIDERANDO: El recurrente alega que la Corte de Apelaciones ha incurrido en error de hecho en la valoración de la prueba, encontrándose comprendido este motivo de casación en el numeral 2 del Artículo 412 del Código de Procedimientos Penales. El impetrante expone principalmente en relación al primer motivo de casación (ERROR DE HECHO EN LA APRECIACION DE LA PRUEBA) que refiere la autopsia que corre agregada a folios 6 y 7 de la primera pieza en el numeral 5 de las conclusiones, los siguiente: “y no dando a las enfermeras de la sala, indicaciones vía telefónica por parte del médico como lo describe la nota de enfermería” y la ampliación de la autopsia que corre agregada a folios 95 y 96 en donde se expresa que “En el expediente clínico se describe según nota de enfermería que recibió indicaciones vía teléfono por parte del médico tratante” lo que hace confundir al juez como al Tribunal ad-quem quienes interpretaron que los médicos imputados salieron de las instalaciones físicas del centro médico y dieron indicaciones por teléfono desde otro punto físico distante al lugar donde se encontraba la paciente, apreciación errónea pues según la nota de enfermería agregada a folio 20, el lugar donde se encontraba el médico es la sala de rayos x. CONSIDERANDO: De conformidad con el artículo 412 numeral 2 del Código de Procedimientos Penales, es motivo de casación “cuando en la apreciación de las pruebas haya habido errores de hecho, si esto resulta de documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación del juzgador, y no estuvieren desvirtuadas por otras pruebas”.- Para los efectos del artículo antes trascrito esta Sala de lo Penal ha entendido “que se consideran documentos o actos auténticos para efecto de Casación, aquellos que, además de reunir las propias formalidades extrínsecas, constituyen en cuanto al fondo por si mismos, la plena prueba e inatacable de la rigurosa e indubitada certeza de los hechos ” (Véase sentencias 5 de noviembre de 2003 C.P. 2997-02, y 30 de enero de 2011 SP 68-2009, de tal manera que resulta necesario establecer si una autopsia, reúne los requisitos para ser considerada como un acto o documento auténtico para los efectos del recurso de casación, en tal sentido, siendo una pericia, queda sujeta al controvertido y a la confrontación con otros medios de prueba, de tal suerte que puede el juez tomarla en cuenta en su valoración o incluso desestimarla, en ese sentido CAFFERATA NORES apunta “que siendo la pericia sólo un medio de prueba, sus conclusiones, no serán obligatorias para el juez, quien podrá desatenderlas, e incluso (caso extremo) decidir en oposición a ellas. (Vésase CAFFERATA NORES. LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL. Depalma. Buenos Aires 1986. . P 83), de ahí que la pretensión del recurrente sea totalmente improcedente primero porque la autopsia no puede considerarse como documento o acto auténtico para los efectos de la casación y en segundo lugar porque las apreciaciones sobre las cuales el impetrante pretende demostrar el error de hecho no emanan de las conclusiones de la autopsia directamente sino de documentos ajenos a esta, en todo caso, la autopsia como tal, como se ha dejado sentado carece de la condición de documento o acto auténtico para los efectos de casación, pues aún conteniendo información técnica científica, como peritaje constituye una opinión o juicio personal, una manifestación de voluntad que aunque sea científica o facultativa, debe quedar sujeta a la ponderación del juzgador (ver sentencia de fecha 12 de febrero de 2008 ex 92-2007). Por otra parte las conclusiones de la autopsia son contundentes para determinar la responsabilidad penal de ambos procesados y que fue claramente reflejada en los hechos que fueron declarados probados. Por tanto, no procede el motivo de casación invocado. CONSIDERANDO: El segundo motivo de Casación en el fondo es la infracción por la no aplicación de un precepto penal de carácter sustantivo, refiriéndose el censor al artículo 25 numeral 25 2) del Código Penal, relacionado con el artículo 100 de la Ley Orgánica del Colegio Médico de Honduras, señalando como precepto autorizante el artículo 412 párrafo primero del Código de Procedimientos Penales. El argumento central del recurrente sostiene que al concluir el Tribunal ad-quem que el imputado actuó con negligencia configura una apreciación equivocada, porque en ningún documento ni declaración sea como testigo o como imputado aparece que al haber el doctor G. A. V. E., aplicado 10 miligramos de diázepan, haya causado la muerte de la señora M. C. L., no constando en el expediente que el procesado haya hecho algún diagnóstico mas allá de las contracturas que eran evidentes resaltando que el imputado nunca fue negligente que solo aplicó la diázepan y que mas bien fue responsable al ordenar se llamara a interconsulta al especialista en neurología. CONSIDERANDO: Que esta Sala de lo penal estima que es trascendental tratándose de infracción de ley por falta de aplicación de algún precepto penal de carácter sustantivo, la aceptación indiscutible de los hechos que se han estimado probados y a partir de ahí, configurar el recurso demostrando que se omitió aplicar al cuadro fáctico un precepto penal que ciertamente regula o recoge el marco histórico descriptivo fijado por el juzgador pero que fue omitido por este, en el caso concreto se aprecia la necesidad de confrontar los hechos declarados probados con la norma que se invoca como inaplicada a efecto de determinar si en efecto era factible aplicarla, en el caso subjudice hablamos del artículo 25 preámbulo y número 2 del Código Penal en relación con el 100 de la Ley Orgánica del Colegio Médico de Honduras, preceptos que establecen que no incurre en responsabilidad penal quien incurre en una omisión por causa legítima, misma que consiste en haberse abstenido de cuidar de un paciente luego de la remisión al especialista, quedando eximido de responsabilidad ulterior en los resultados del tratamiento que emplee el médico especialista, sin embargo, un examen de los hechos probados revela que el justiciable fue juzgado por su acción no por su omisión es decir por lo que hizo, vale decir, aplicar una diazepan, contraindicada según la autopsia, y por abandonar al paciente cuando aún no llegaba el especialista, quien nunca llegó a tratar a la señora M. C. L. C., para que pudiera tener cabida el artículo 100 de la Ley Orgánica del Colegio Médico de Honduras. El hecho probado número dos recoge claramente la participación activa del procesado doctor G. A. V. E., en unos hechos que propiciaron la muerte de la señora M. C. L., producto de la participación negligente del señor V. E., estimándose que esos hechos probados coinciden plenamente con el tipo penal de homicidio culposo y por el contrario no se corresponden con los preceptos que pretende el impetrante sean observados, en consecuencia no procede el motivo de casación invocado. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre de LA REPÚBLICA DE HONDURAS, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 410, 411, 412 numeral 1) y 2), 418, 420 del Código de Procedimientos Penales; 915, del Código de Procedimientos Comunes de 1906; y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; FALLA: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY en sus dos motivos interpuesto por el Abogado A. H. H., en su condición de Apoderado Defensor del señor G. A. V. E., contra la sentencia de fecha siete de mayo del año dos mil diez pronunciada por la Corte Primera de Apelaciones de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Y MANDA: Que una vez notificado el presente Fallo, se remitan los antecedentes al Tribunal de origen con certificación de la primera y segunda sentencia, para que proceda conforma a derecho.- REDACTO EL MAGISTRADO RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- COORDINADOR.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de mayo del año dos mil doce.- Certificación de la primera sentencia de fecha ocho de marzo del año dos mil doce y de la segunda sentencia de fecha dieciocho de abril del año dos mil doce, recaídas en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-205-2010.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL