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Sentencia CP-2011-09 — Registro 3492

Resumen

Se condenó al imputado en primer instancia por el delito de secuestro

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION DEL MINISTERIO PUBLICO, ARGUYENDO QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL DICTAR SENTENCIA ABSOLUTORIA A FAVOR DEL IMPUTADO L. R. A., HA INOBSERVADO LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN LA VALORACION DE LA PRUEBA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 3) DEL CODIGO PROCESAL PENAL.-Argumenta el recurrente que el Juzgador en la sentencia impugnada no ha observado en la valoración de las pruebas las reglas de la sana crítica. Concretamente reprocha la valoración de la PRUEBA TESTIMONIAL de cargo, consistente en los testimonios de los señores E. R. E. (VICTIMA), O. A. R. A. (HIJO DEL OFENDIDO), Y D. G. B.; así como la PRUEBA PERICIAL consistente en el informe técnico de llamadas entrantes y salientes de los números telefónicos 99440328, 99436864, 98217308 y 98451399, ACTA DE DECOMISO de un teléfono celular incautado al procesado, e INSPECCIÓN JUDICIAL al expediente JEGL-77-2008 donde se constató el documento original del acta de decomiso en alusión. Cuestiona que al momento de valorar la prueba de mérito, por un lado el Juzgador afirma que los testimonios de los señores E. R. E., O. A. R. A., D. G. B., le merecen valor probatorio, así como también la PRUEBA PERICIAL “consistente en el detalle de llamadas entrantes y salientes del numero 98451399 decomisado al imputado y otros números que según el Ministerio Público eran utilizados por los secuestradores”, pero por otro lado, estima que no aporta nada sustancial, a pesar que con este se determina la comunicación entre los teléfonos 99440328, 98217308 y 99466864 con el teléfono 98451399 decomisado al acusado L. R. El A Quo le resta valor probatorio al medio de prueba pericial al considerar que sólo es un indicio que no arroja certeza de la participación del acusado en el delito por el que se le acusa, al considerar que desconoce el contenido de las conversaciones y si estas iban encaminadas a la ejecución del delito de secuestro. A criterio del recurrente, tal valoración de la prueba infringe el postulado de DERIVACIÓN integrado por el principio de RAZÓN SUFICIENTE, constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y la sucesión que de ellas se vaya determinando, pues expresa que con las pruebas aportadas al proceso no ha establecido que el imputado L. R. A., cometió la acción reprochada por entender que no son suficientes para determinar que las comunicaciones se hayan referido al secuestro y negociación del rescate del señor E. R. E. y por estimar que el Ministerio Público no demostró que el teléfono 99664443 fuera propiedad del hijo de la víctima y negociador con los plagiarios, O. A. R., ni que los números 99440328, 98217308 y 99436864 hubiesen sido utilizados por los secuestradores. El Censor concluye alegando que el razonamiento del juzgador quebranta la regla lógica precitada, debido a que las pruebas allegadas al proceso valoradas de manera conjunta y armónica conducen a tener por acreditado sin lugar a dudas la participación del acusado en el ilícito derivado de los indicios enumerados en su recurso, que dada la libertad probatoria permiten reconstruir los hechos mediante la prueba indiciaria, estimando que se cumplen los requisitos fundamentales siguientes: 1) La existencia de una pluralidad de indicios, con el fin que resulte reforzada la conclusión probatoria, porque parece razonable que si varios indicios convergen hacía un mismo hecho, mayor fuerza probatoria tendrá la conclusión a la que se arriba; 2) Una relación material directa al hecho criminal y su agente, es decir los indicios deben de estar probados; 3) La existencia de una armonía y concomitancia entre cada uno de los indicios, de que no exista duda razonable sobre los hechos. Agrega que estima también vulneradas las máximas de la experiencia, puesto que en la mayoría de los casos de secuestro dada su complejidad, su ejecución exige una división del trabajo: planificar, realizar el secuestro, alimentar a la víctima, vigilarla, entrar en contacto con los familiares, etc; de ahí que para el recurrente es incoherente que a pesar de haberse probado que el encausado mantuvo constante comunicación telefónica, vía celular con los secuestradores, que a la vez estaban en contacto con el hijo del ofendido para negociar la liberación de éste, el Juzgador concluya que dicho imputado no ha tenido participación en los hechos, aún considerando que dicha comunicación se produjo en momentos previos, durante y posteriores al secuestro. Esta Sala de lo Penal considera importante recordar, que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque por mor del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. En el proceso penal la actividad probatoria constituye la fase más trascendental, ya que la función jurisdiccional se asemeja en tal área o ámbito a la historiográfica, pues el Juez lo mismo que el historiador, está llamado a indagar sobre hechos del pasado y averiguar su real existencia estando por ello obligado a realizar no una labor de construir una ficción, sino una obra de elección y construcción sobre datos preexistentes. Para arribar a una sentencia de condena, el Juez debe obtener un estado de certeza o certidumbre, que es un estado subjetivo, estado de certidumbre, que sin embargo, no ha de ser una simple probabilidad o un mero juicio de verosimilitud, de ahí que la valoración del material probatorio ha de ser racional y lógico, de tal manera que la prueba se aprecie con cientificidad[2] Para que una presunción surta plenos efectos probatorios, es necesaria la conexión entre el hecho base y el hecho presunto, fundamentado en el principio de normalidad, conectado a una máxima de la experiencia. La máxima de la experiencia constituye el origen de toda presunción, en combinación con el hecho presunto, que es el punto de partida inverso, y a su vez el fundamento de la misma a través del principio de normalidad (id quod plerumque accidit). Un ejemplo puede contribuir a aclarar lo que se acaba de decir. Es una máxima de experiencia, o regla de vida, que nadie vende nada por debajo de su valor, sino por encima del precio de costo, con la finalidad de obtener un margen de ganancia. Sólo si concurre una razón de necesidad, o un afán de liberalidad, o cualquier otra causa razonable, se vende un objeto por debajo de su precio. Si alguien vende una cosa por debajo de su valor, sin justificación alguna, existe una razón para sospechar acerca de que el objeto que se trata de vender así no tiene un origen claro, y que probablemente es delictivo. Porque toda venta se hace para obtener el contravalor del objeto vendido, y en el ejemplo propuesto el vendedor solo obtiene un valor inferior. Esto indica que un precio tan bajo no sólo favorece económicamente al comprador, sino también al vendedor (nadie da nada gratis, salvo causa justificada), para quien todo ese precio es beneficio, toda vez que no ha pagado nada por adquirirlo, a menos que se expliquen las razones de su proceder. Esta máxima de la experiencia permite fundamentar una norma de presunción, en la que el hecho básico es la adquisición de la cosa a precio vil, y el hecho presunto es el conocimiento de la ilícita procedencia de tal objeto. Entre el hecho básico y el hecho presunto concurre un enlace que se asienta en la referida máxima de la experiencia, conectada con el principio de normalidad. A su vez, toda máxima de experiencia se asienta en una clara idea de racionalidad, derivada de aplicar el juicio humano a la observación de casos concretos, para por vía de generalización procurar su aplicación a otros casos similares. La exigencia legal, plasmada en el artículo 1538 del Código Civil, relativa a que entre el indicio y el hecho presunto exista un enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano, está indicando que toda presunción ha de asentarse en una idea de racionalidad. De este modo, el Juez ha de realizar mentalmente el engarce entre el hecho base y el hecho consecuencia, y ello de un modo coherente, lógico y racional, entendida la racionalidad, por supuesto, no como mero mecanismo o automatismo, sino como comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a los criterios colectivos vigentes. Volviendo al ejemplo planteado líneas arriba, la norma de presunción queda enunciada de la siguiente manera: si se adquiere un objeto a precio vil (hecho básico) es muy probable (enlace) que sepa que tal objeto tiene una procedencia delictiva (hecho presunto). Más exactamente, el enunciado de la presunción es: si se adquiere un objeto a precio vil (hecho básico) es normal (enlace) que sepa que tal objeto tiene una procedencia delictiva (hecho presunto). Para conocer porque es normal o muy probable tal conocimiento habrá que ir al contenido de la máxima de la experiencia, que constituye el fundamento de tal presunción. Si la presunción abstracta establece el enlace entre el hecho básico y el presunto con la expresión “es normal” o “es muy probable”, en la presunción concreta el “es normal” se sustituye por el “es cierto”, una vez que se ha producido el proceso de depuración de la presunción abstracta. Así, a modo de ejemplo, quien posee varias papelinas de droga, junto con una balanza de precisión para pesar cantidades inferiores a un gramo, y además tiene glucosa para mezclar la droga y obtener más dosis, también papelitos preparados para confeccionar las papelinas, se presume que se dedica a la venta de drogas. Porque es máxima de la experiencia que los vendedores de drogas suelen actuar así, o sea, “es normal” o “es muy probable”, que con todos esos indicios su actividad sea la de vender drogas, a menos que justifique cumplidamente porque posee todos esos objetos. Si no logra tal justificación, el “es normal” se convierte en “es cierto”, y se convierte en prueba plena. En definitiva las máximas de la experiencia cumplen una doble función: fundamentan la creación de una norma de presunción, y sirven de indicador para valorar la racionalidad del enlace entre el hecho básico y el hecho presunto[3]. En el caso bajo examen, el Tribunal de Sentencia expresa que el informe técnico rendido por la señora B. L. A. A. le resulta confiable, aunque añade que no aporta elementos sustanciales para fundamentar los hechos probados, y que si bien es cierto que de tal informe se desprende que hubo comunicación entre los teléfonos 994440328, 98217308 y 99466864 con el teléfono número 98451399, incautado al procesado, tal dato solamente constituye un indicio que por sí mismo no arroja certeza sobre la participación del señor L. R. A. en el delito de secuestro, en tanto que se desconoce el contenido de las conversaciones y mucho menos si estas iban encaminadas a la ejecución de tal ilícito penal. Un detenido examen de los antecedentes revela, que del informe técnico no se desprende, al contrario de lo aseverado por el Juzgador, que entre el número del teléfono decomisado al imputado L. R. A. y los demás números mediante los cuales se estableció comunicación entre los plagiarios y el negociador e hijo de la víctima, esto es, el testigo O. A. R. A., se hayan efectuado llamadas entrantes o salientes, lo que si se acredita con el informe técnico es la comunicación frecuente entre el número del teléfono del procesado L. R. A., esto es el 98451399 y el 98482944, y que las llamadas efectuadas a éste último al igual que los números 994440328, 98217308 y 99466864 (utilizados por el o los negociadores de los secuestradores), fueron efectuadas o recibidas con el mismo aparato telefónico, residiendo en tal elemento probatorio, el argumento toral del Ministerio Público para considerar que existe la evidencia suficiente para considerar que el acusado L. R. A. es autor junto con otros individuos del delito de secuestro que se le atribuye. Esta Sala comparte el criterio del Censor en cuanto que la ejecución del delito de secuestro comporta normalmente un reparto o distribución de roles entre un grupo de individuos, así por ejemplo, algunos aportarán información sobre las posibilidades económicas de la víctima o de su familia, otros sobre los itinerarios seguidos por esta que faciliten su intercepción, algunos ejecutarán la detención y traslado del ofendido hasta un determinado lugar, otros se encargarán de la vigilancia del secuestrado, de su alimentación, de la negociación para obtener el pago, de la recepción del rescate, etc… En el caso que ahora nos ocupa, esta Sala estima que en el transcurso del proceso han existido fuertes sospechas de que el imputado L. R. A., es partícipe del hecho criminoso que junto a otros individuos se le atribuye, sin embargo, comparte con el Juzgador de Instancia que no se alcanza la certeza necesaria, y por lo tanto existe una duda razonable sobre tal participación. Es perfectamente posible que un grupo de delincuentes puede dedicarse no solamente a una actividad criminal sino que a dos o más, así una banda de secuestradores, también puede incursionar en actividades como son el tráfico de drogas, el robo de vehículos, etc…, igualmente es factible que otra u otras personas pudieran informar a los plagiarios sobre el acompañamiento que hacían al Fiscal y agentes de la policía al negociador e hijo de la víctima, y de lo cual expresaban darse cuenta el o los negociadores de la banda ejecutora del secuestro. Así las cosas, esta Sala comparte con el Juzgador de Instancia el criterio de que ante la falta de información sobre el contenido de las conversaciones sostenidas entre el imputado L. R. A. y el poseedor o poseedores del aparato telefónico que a través de otros números fue emisor de llamadas para negociar el rescate de la víctima, añadido a ello, la ausencia de otros indicios suficientemente acreditados a través de las pruebas aportadas al proceso, que permitan vincular más allá de toda duda razonable al procesado L. R. A. con algunas de las acciones que forman parte del iter criminis seguido desde la planificación, hasta la consumación y agotamiento del secuestro perpetrado en perjuicio del señor E. R. E., ha sido procedente dictar una sentencia absolutoria a favor del imputado. A modo de conclusión podemos afirmar que el Tribunal de Instancia que ha tenido ante sí y en virtud del principio de inmediación las pruebas evacuadas en el debate, ha externado una motivación lógica, racional, coherente, suficiente y congruente con las máximas de la experiencia para arribar a una sentencia que exime al encartado por duda razonable, de la responsabilidad criminal que se le ha venido atribuyendo, de ahí que el motivo formulado por la Representación del Ministerio Público, debe ser desestimado.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de marzo de dos mil doce, por medio de la Sala de lo Penal, integrada por los señores Magistrados RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO en su condición de Coordinador, JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta y uno de marzo de dos mil nueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa, departamento de Copán, que ABSOLVIO al señor L. R. A., por el delito de SECUESTRO en perjuicio del señor E. R. E..- Interpuso el Recurso de Casación el Abogado F. R. F., en su condición de Representante del Ministerio Público.- SON PARTES: la Abogada K. L. M. P., Representante del Ministerio Público, como parte recurrente; los Abogados R. A. H. y U. T. M., Apoderados Defensores del encausado L. R. A. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por el Abogado F. R. F., reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.-“HECHOS PROBADOS Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana critica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: El día jueves ocho de marzo del año dos mil siete, en la aldea Tenango, municipio de Gualcinse, departamento de lempira cuando, eran las seis de la tarde aproximadamente, el señor E. R. E., mientras descansaba en su casa de habitación, fue privado de su libertad por tres personas desconocidas y obligado a subirse a un vehiculo Toyota, color rojo, doble cabina el que otro sujeto esperaba. SEGUNDO: Por el rescate del señor E. R. E., se pago la cantidad de seiscientos mil lempiras.” II.- El Abogado F. R. F., desarrollo su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN I. POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: MOTIVO PRIMERO: “No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Será de utilidad para la mayor comprensión del presente recurso establecer lo que se debe entender en cuanto a la valoración de la prueba en un proceso penal. Según el Artículo 202 del Código Procesal Penal el sentenciador formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida y con arreglo a la sana crítica, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal. Este sistema de valoración, que implementa la reforma procesal penal, le permite al sentenciador cierta libertad en su estimación de pruebas que determinen su convencimiento, pero siempre respetando las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Resulta, que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta con las reglas de la sana crítica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte, en consecuencia, en la violación de los Artículos mencionados. En el presente proceso con la finalidad de acreditar los hechos, se desarrollaron como prueba testimonial, las declaraciones de cargo de los señores: E. R. E. (victima), O. A. R. A. (hijo del ofendido), y D. G. B.; así como la prueba pericial consistente en el detalle de llamadas entrantes y salientes de los números telefónicos 99440328, 99436864, 98217308 y 98451399, acta de decomiso de un teléfono celular decomisado al imputado, e Inspección judicial al expediente JEGL-77-2008 donde se constato el documento original del acta de decomiso en alusión, probanza de la cual se desprende lo siguiente: El testigo E. R. E., declaro lo siguiente: Que un día ocho de marzo estaba en su casa acostado en una hamaca, cuando llegan tres individuos como a eso de las 6:30 p.m., que el no les vio nada, lo saludaron y le pidieron agua, él se levantó de la hamaca, al darles el agua ellos pistola lo pusieron boca abajo, mientras los demás pasan adentro a registrar, luego le dijeron que iban a pasear a San Juan, pasaron por Candelaria, y en Gracias “echaron” gasolina, que de ahí lo llevan vendado sin rumbo, lo conducen a un lugar y lo introducen a un cuarto oscuro donde lo tienen viernes, sábado y domingo, ese día llegan en otro carro, lo sacan, no sabe a donde, llegan a una casa, lo encierran y aparece otro a cuidarlo, ya no eran los mismos de antes, luego martes, miércoles lo vuelven a sacar para entregarlo ya que habían hablado con sus hijos y lo llevan a la casa primera; asimismo refirió que cuando se comunicaban con sus hijos, los secuestradores ya tenían información que ya estaba la Fiscalía en la casa, y a él le dijo la persona que lo tenía secuestrado que si no se iba la Fiscalía no lo iban a entregar, que siempre les informaban de lo que pasaba en la casa, que se los comunicaban rápido y ellos se ponían peor con él Ante el interrogatorio del Ministerio Público el testigo refirió que ellos le dijeron que iban a ver como conseguían su número de teléfono ya que él no se los dio, que al día siguiente le dijeron que ya lo tenían y se comunicaron con su hijo O. R., que ellos pedían cuatro millones pero como son pobres negocian con su hijo, que ellos negociaron por teléfono ya que él lo presenció pues hablaba vía teléfono con su hijo pues éste pedía hablar con él, que no sabe como obtienen el numero de O., que cuando hablaba con su hijo ellos le decían que le dijera que se detuviera con la Fiscalía, que si no le harían algo a su vida, que eso fue como al cuarto día de estar secuestrado, que lo liberaron por Cofradía, que pagaron 600 mil lempiras y quien lo entregó fue el sacerdote de Candelaria. El testigo O. A. R. A., declaró lo siguiente: Que él fue el intermediario con la persona que hizo el llamado a su teléfono, que su papá desapareció el ocho de marzo del año dos mil siete, que la primera comunicación la tuvieron tres días después, que ellos pedían una cantidad de dinero y se da la negociación al cuarto o quinto día, que surge de la persona del secuestrador que “habían” (refiriéndose a la investigación del secuestro) agentes de la DNIC y el fiscal, que les decían todo lo que pasaba en la casa, ya que tenían información cercana, cada vez que ellos hablaban pedían hablar con su padre y él estaba desesperado, pasó el tiempo y ellos decían que si no se iban los agentes lo iban a matar, hicieron un disparo para intimidar se cortó la comunicación, luego surgió otra llamada se inició la negociación pues los agentes se fueron a otro sitio, se despistó la parte investigativa, llegan los de anti secuestro de San Pedro Sula para hacerlo, que sólo un agente se encontraba con él anotando las llamadas cuando hablaban, después piden datos y ponen las reglas del rescate y que la persona que entregaría el dinero fuera sacerdote. Ante el interrogatorio del Ministerio Público el testigo refirió, que los secuestradores primero llamaron a la casa, diciendo que tenían a E. R., luego lo llamaron al móvil, que él con su primo L. A. eran grandes amigos, y que éste último sabía su numero personal, que los secuestradores estaban enterados que la Fiscalía y los agentes estaban allí, y por eso detuvieron la comunicación hasta que ellos se fueran, que ellos sabían que no era su familia la que estaba con él, sino los agentes, que su primo L. ese día que desaparece lleva a sus hermanas a la casa del campo, cuando llegó la policía él se retiró un poco y no volvió a estar adentro, solo en las esquinas, en los alrededores, al final los de la DNIC investigan a sus hermanos, sobrinos, primos por alguna fuga de información, que L. tuvo información de acuerdo a lo que los secuestradores decían, que el supo de la participación de su primo L. por las llamadas telefónicas de su teléfono al del secuestrador que estaba negociando, que el número de su padre es el 625-4775 y el suyo 99764443. El testigo D. G. B., declaró: Que él realizó el acta de diligencia de investigación policial concerniente a 1200 billetes de 500.00 lempiras, manifestando asimismo que al momento del secuestro se encontraba asignado en la Unidad de anti-secuestros de San Pedro Sula, que ellos se enteran el mismo día del secuestro, por lo que se desplazan de San Pedro Sula al lugar, que ellos toman declaraciones, levantan actas de negociación, actas de entrega de dinero, que ellos exigían cuatro millones de lempiras pero se entregan sólo 600 mil, que lo entregan cerca de San Pedro Sula, en «Rancho Monacal”, su rol como agente consistió en desplazarse hacía el lugar de los hechos y hacer el control de llamadas entrantes al teléfono que se hacía la negociación, luego hacer acta para saber cuales eran las denominaciones de pago, que solo había un teléfono con las llamadas que él estaba en el área de campo que cuando se entregó el dinero él estaba cerca del lugar de la entrega. De igual manera el ente acusador allegó a la plataforma fáctica; 1) Copia del acta de decomiso de un teléfono celular color negro, marca Motorola V3 IMEI, número 351970/01/118460/12, decomisado al imputado, por el Agente de Investigación Delvin Castro 2) Acta de inspección judicial al expediente JFGL- 77-2008, a través del cual se establece que en dicho expediente se encuentra el acta de decomiso original del teléfono celular supramencionado. 3) Informe técnico de Celtel de llamadas entrantes y salientes de los teléfonos celulares 99440328, 98217308, 99436864 y 98451399, a través del cual se obtuvo los siguientes resultados: a) Del numero de teléfono 99440328, se realizaron 2 llamadas al numero 99664443, (teléfono del hijo del ofendido) llamadas que según el reporte técnico fueron efectuadas del sector de Santa Bárbara en fecha 11 de marzo de 2007, alrededor de las cuatro de la tarde, es decir tres días después del secuestro, tal como lo refieren los testigos. b) Del número de teléfono 99436864, salieron 4 llamadas al número 99664443, propiedad del señor O. R. (hijo del ofendido), llamadas que según el reporte técnico fueron efectuadas del sector de Naco, Cortés, en fecha 11 de marzo del 2007 a eso de las nueve y once de la noche y el 12 de marzo a las nueve de la mañana; De igual forma se desprende que de dicho número celular fueron efectuadas también del sector de Cortés, en fecha 11 de marzo de 2007, 2 llamadas al teléfono fijo del ofendido 625-4775, las cuales fueron efectuadas a las once de la noche. c) Del numero de teléfono 98217308 salieron 9 llamadas al número 99664443, propiedad del señor O. R. (hijo del ofendido), llamadas que según el reporte técnico fueron efectuadas del sector de Cortés, realizadas en fechas 12 y13 de marzo de 2007, en diferentes horas del día. d) Los chips de los números telefónicos 98217308, 99436864 y 99440328, fueron utilizados en el mismo aparato telefónico con serie 35775500512472. e) De igual forma se realizó vaciado telefónico el número 98451399, propiedad del imputado L. R., donde se constata que del mismo se realizaron de forma reiterada alrededor de 30 llamadas al numero de celular 98482944, llamadas que se efectuaron en fechas 02, 04, 06, 07, 10, 11, 12, 19 de marzo de 2007, es decir momentos previos, durante y posteriores de haberse producido el secuestro, las cuales fueron efectuadas desde los siguientes lugares: • 02/03/2007, Gracias Lempira (entrante) • 02/03/2007, Copán (saliente) • 04, 06, 07, 10, 11, 12/03/2007, Intibucá (saliente) • 19/03/2007, Gracias, Lempira (entrante y saliente) f) Al analizar el detalle de llamadas realizadas a través del aparato de teléfono con número 35775500512472, encontramos que también fue utilizado en dicho aparato el chip con número de celular 98482944, el cual y tal como se detalla en el inciso anterior tuvo contacto en forma reiterada con el celular número 98451399, del cual no existe duda que pertenece al imputado, considerando que además de que le fuera decomisado a éste, el informe de Celtel revela que el numero de aparato 35197001118460, solamente ha utilizado el chip con dicho número. El Juzgador al momento de valorar la prueba que antecede, encuentra que los testimonios de los señores E. R. E., O. A. R. A., D. G. B., le merecen valor probatorio a los Juzgadores, y en cuanto a la prueba pericial “consistente en el detalle de llamadas entrantes y salientes del numero 98451399 decomisado al imputado y otros números que según el Ministerio Público eran utilizados por los secuestradores, el mismo le merece confiabilidad por la forma en que es traído a juicio, y por su naturaleza de prueba científica y que la persona que lo ratificó señora B. L. A. A. no se vio en ella, intención de favorecer a determinada persona. El Tribunal sentenciador considera que Dicho elemento de prueba si bien no aporta de ninguna forma sustancial para fundamentar los hechos probados, no es menos cierto que se determina con el, que hubo comunicación entre los teléfonos 99440328, 982 17308 y 99466864 con el teléfono 98451399 decomisado al acusado L. R., sin embargo esto sólo es un indicio y no arroja certeza acerca de la participación del acusado en el delito por el cual se le ha acusado, pues lo que si se determina es únicamente un Indicios como ser es una comunicación que hubo entre los mencionados teléfonos, desconociéndose el contenido de dichas conversaciones y menos si estas iban encaminadas a la ejecución del delito de secuestro en cualquiera de sus presupuestos”. (lo subrayado es nuestro) La posición supra indicada a criterio del Ministerio Público, resulta infractora del postulado de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, el cual como sabemos, debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de pruebas que en virtud de ellas se vayan determinando, principio que se encuentra vulnerado al establecer el Juzgador como conclusión que deriva de las pruebas aportadas que no ha sido posible establecer que el imputado L. R. A., cometió la acción a él reprochada, al referir que tales probanzas por si solas no son suficientes para determinar que dichas comunicaciones se hayan referido al secuestro y negociación del rescate del señor E. R. E., así como que el ente acusador no fue capaz de demostrar que el teléfono 99664443 efectivamente fuera propiedad del señor O. A. R., menos que los números 99440328, 98217308 y 99436864 hubiesen sido utilizados por los supuestos secuestradores, resultando obvio que dicho razonamiento quebranta la regla precitada, pues del contenido de las probanzas allegadas al proceso de manera conjunta y armónica al ser contrastadas unas con otras nos conducen a tener por acreditado sin lugar a dudas su participación, considerando que de dichas pruebas derivan los siguientes indicios: 1) El ofendido E. R. E., en su declaración que cuando los secuestradores se comunicaron con sus hijos, a ellos les dieron información que ahí estaba la Fiscalía, que a ellos siempre les informaban de lo que pasaba en la casa, que se los comunicaban rápido y ellos se ponían peor con él. 2) El testigo O. A. R. (hijo del ofendido), manifestó que él era el encargado de la negociación, que junto a él estaba uno de los agentes de la DNIC, quien era la persona que apuntaba las llamadas que se realizaban con respeto al secuestro, que cuando hablaban con ellos les manifestaba que sabían todo lo que pasaba, que tenían información cercana, amenazaban que silos agentes no se iban mataban a su padre, que él observó que su primo L. R. cuando llegó la policía no volvió a estar adentro, solo en la esquina cerca de los alrededores, que supo de la participación de su primo en los hechos, por las llamadas telefónicas que salieron de su teléfono al que utilizaron los secuestradores en la negociación. 3) La declaración anterior resulta congruente con lo declarado por el testigo D. G. B., quien manifestó que como agente asignado a la unidad de anti secuestros de la Ciudad de San Pedro Sula, al enterarse del suceso se desplazó de dicha ciudad al lugar de los hechos, donde tomó declaraciones, levantó actas de negociación, actas de entrega de dinero, llevó un control de llamadas entrantes al teléfono con el cual se hacía la negociación e hizo el acta para saber cuales eran las denominaciones de paro, que solamente se utilizó un teléfono en la negociación y que era el de O. R. (hijo del ofendido). 4) Informe técnico de Celtel, el cual se realizó por orden judicial a los números de teléfono 98217308 99436864, 99440328 y 98451399, por solicitud del ente acusador en base a los datos recabados por el agente de anti secuestros quien tal como lo refirió en su declaración se encargó de llevar un control de las llamadas que entraban al teléfono del señor O. R. (hijo del ofendido), persona con la cual se realizó la negociación de rescate de su padre, dando como resultado que los tres primeros números arriba señalados fueron utilizados por el mismo aparato telefónico numero 35775500512472, detallándose utilizaron otros chips en dicho aparato, ENTRE ELLOS EL CORRESPONDIENTE AL NUMERO 98482944, NÚMERO CON EL CUAL EL IMPUTADO MANTUVO UNA FLUIDA COMUNICACIÓN DESDE SU CELULAR 98451399. 5) Asimismo el número 99664443, corresponde al celular propiedad del señor O. R. (hijo del ofendido), que si bien es cierto en el acta de debate, específicamente en la declaración por el brindada, se encuentra consignado que el número era el 99764443, dicho error es comprensible en la medida que 76 y 66 suenan bastante similar, lo que puede provocar un error en la trascripción, a pesar de ello podemos observar a través del informe técnico de Celtel, que el número celular que recibe la mayor cantidad de llamadas de manera fluida y en las fechas en que el ofendido se encontraba secuestrado corresponden al número 99664443, aunado a lo establecido en las declaraciones testificales que establecen que un sólo teléfono celular fue el utilizado para la negociación; por lo que el error es rectificado mediante otras probanzas que si señalan el número correcto y en donde la parte defensora acepta que su poderdante realizo llamadas telefónicas de su celular al celular del señor O. R. 6) Otro indicio a considerar tal y como lo refirió el testigo O. R. en su declaración, es que efectivamente tres días después del secuestro, en fecha 11 de marzo de 2007, los secuestradores llamaron también al teléfono fijo de su padre cuyo numero es 625-4775, reflejándose dicho aspecto en el vaciado del numero 99436864, al constatarse que existen dos llamadas salientes al 625-4775, provenientes también del sector de Cortés. 7) Otro indicio que reviste de vital importancia en cuanto a establecer que las llamadas que salieron de los números 99440328, 98217308 y 99436864, efectivamente fueron utilizados por los supuestos secuestradores, es que al verificarse el flujo de llamadas de dichos celulares, se desprende que las llamadas salientes realizadas al celular 99664443 del hijo del ofendido, se efectuaron de varios lugares pero todos conectados entre sí, empezando por Santa Bárbara, luego Naco, Cofradía, Dos Caminos, es decir dichos lugares se geográficamente cercanos unos de los otros y en el caso de los tres últimos corresponden a una misma área todos del Departamento de Cortés, lugares que, dicho sea de paso, concuerdan con la ubicación donde finalmente fue liberado el señor E. R., es decir en el Rancho Manacal, ubicado en Cofradía. En virtud de lo anterior y dada la libertad probatoria que permite nuestro sistema procesal penal, donde es posible reconstruir el pasado mediante la prueba indiciaria, los indicios, que anteceden cumplen con los requisitos fundamentales, los cuales consisten en: 1) La existencia de una pluralidad de indicios, con el fin que resulte reforzada la conclusión probatoria, porque parece razonable que si varios indicios convergen hacía un mismo hecho mayor fuerza probatoria tendrá la conclusión, a la que se arriba; 2) Una relación material directa al hecho criminal y su agente, es decir los indicios deben de estar probados; 3) La existencia de una armonía y concomitancia entre cada uno de los indicios, de que no exista duda razonable sobre los hechos. Asimismo consideramos que también se han vulnerado las máximas de la experiencia pues ellas nos establecen que en éste tipo de delito, en la mayoría de los casos y por la complejidad de los mismos, existe una división de trabajo, por ejemplo planificar, realizar el secuestro, alimentar a la víctima, vigilarla, entrar en contacto con los familiares, etc; por lo tanto resulta incoherente que a pesar de que se haya probado que el imputado efectivamente se mantuvo en constante comunicación vía celular, con los secuestradores que a la vez estaban en contacto con el hijo del ofendido para negociar la liberación de éste, el Juzgador refiera que dicho imputado no ha tenido participación en los hechos, considerando asimismo que dicha comunicación se produjo en momentos previos, durante y posterior al secuestro. Por lo que el juzgador al no extraer de la fuente de convencimiento como ser las declaraciones testifícales, así como el respectivo dictamen pericial, documental e inspección judicial, probanzas éstas que constituyen la estructura probatoria del juicio capaces de sustentar la afirmación de que el imputado realizo la acción a él reprochada, al no haberlo apreciado así el sentenciador motivación la sentencia que ahora se impugna. Al tenor de lo anterior, la prueba de cargo practicada válidamente en el juicio nos conduce a una única y lógica conclusión, que la conducta perpetrada por el encausado se subsume en el delito de SECUESTRO tipificado en el artículo 192 del Código Penal. Asimismo su participación se efectuó a titulo de AUTOR DIRECTO del ilícito penal supra referido, tal como lo ha establecido ampliamente la Doctrina al referir que: «Se reputan como Autores todos los que concurren a la comisión del delito, tomando parte en su ejecución con unidad de acción, igual propósito y cooperación recíproca, es decir se produce por todos aquellos que intervinieron en su perpetración con la misma finalidad y fin, por eso la pena a imponer a cuantos concurrieron en su comisión debe ser igual para todos, con independencia de quien fuese, de entre los participantes el que lo materializase con su acción individual.[1] Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION DEL MINISTERIO PUBLICO, ARGUYENDO QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL DICTAR SENTENCIA ABSOLUTORIA A FAVOR DEL IMPUTADO L. R. A., HA INOBSERVADO LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN LA VALORACION DE LA PRUEBA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 3) DEL CODIGO PROCESAL PENAL.-Argumenta el recurrente que el Juzgador en la sentencia impugnada no ha observado en la valoración de las pruebas las reglas de la sana crítica. Concretamente reprocha la valoración de la PRUEBA TESTIMONIAL de cargo, consistente en los testimonios de los señores E. R. E. (VICTIMA), O. A. R. A. (HIJO DEL OFENDIDO), Y D. G. B.; así como la PRUEBA PERICIAL consistente en el informe técnico de llamadas entrantes y salientes de los números telefónicos 99440328, 99436864, 98217308 y 98451399, ACTA DE DECOMISO de un teléfono celular incautado al procesado, e INSPECCIÓN JUDICIAL al expediente JEGL-77-2008 donde se constató el documento original del acta de decomiso en alusión. Cuestiona que al momento de valorar la prueba de mérito, por un lado el Juzgador afirma que los testimonios de los señores E. R. E., O. A. R. A., D. G. B., le merecen valor probatorio, así como también la PRUEBA PERICIAL “consistente en el detalle de llamadas entrantes y salientes del numero 98451399 decomisado al imputado y otros números que según el Ministerio Público eran utilizados por los secuestradores”, pero por otro lado, estima que no aporta nada sustancial, a pesar que con este se determina la comunicación entre los teléfonos 99440328, 98217308 y 99466864 con el teléfono 98451399 decomisado al acusado L. R. El A Quo le resta valor probatorio al medio de prueba pericial al considerar que sólo es un indicio que no arroja certeza de la participación del acusado en el delito por el que se le acusa, al considerar que desconoce el contenido de las conversaciones y si estas iban encaminadas a la ejecución del delito de secuestro. A criterio del recurrente, tal valoración de la prueba infringe el postulado de DERIVACIÓN integrado por el principio de RAZÓN SUFICIENTE, constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y la sucesión que de ellas se vaya determinando, pues expresa que con las pruebas aportadas al proceso no ha establecido que el imputado L. R. A., cometió la acción reprochada por entender que no son suficientes para determinar que las comunicaciones se hayan referido al secuestro y negociación del rescate del señor E. R. E. y por estimar que el Ministerio Público no demostró que el teléfono 99664443 fuera propiedad del hijo de la víctima y negociador con los plagiarios, O. A. R., ni que los números 99440328, 98217308 y 99436864 hubiesen sido utilizados por los secuestradores. El Censor concluye alegando que el razonamiento del juzgador quebranta la regla lógica precitada, debido a que las pruebas allegadas al proceso valoradas de manera conjunta y armónica conducen a tener por acreditado sin lugar a dudas la participación del acusado en el ilícito derivado de los indicios enumerados en su recurso, que dada la libertad probatoria permiten reconstruir los hechos mediante la prueba indiciaria, estimando que se cumplen los requisitos fundamentales siguientes: 1) La existencia de una pluralidad de indicios, con el fin que resulte reforzada la conclusión probatoria, porque parece razonable que si varios indicios convergen hacía un mismo hecho, mayor fuerza probatoria tendrá la conclusión a la que se arriba; 2) Una relación material directa al hecho criminal y su agente, es decir los indicios deben de estar probados; 3) La existencia de una armonía y concomitancia entre cada uno de los indicios, de que no exista duda razonable sobre los hechos. Agrega que estima también vulneradas las máximas de la experiencia, puesto que en la mayoría de los casos de secuestro dada su complejidad, su ejecución exige una división del trabajo: planificar, realizar el secuestro, alimentar a la víctima, vigilarla, entrar en contacto con los familiares, etc; de ahí que para el recurrente es incoherente que a pesar de haberse probado que el encausado mantuvo constante comunicación telefónica, vía celular con los secuestradores, que a la vez estaban en contacto con el hijo del ofendido para negociar la liberación de éste, el Juzgador concluya que dicho imputado no ha tenido participación en los hechos, aún considerando que dicha comunicación se produjo en momentos previos, durante y posteriores al secuestro. Esta Sala de lo Penal considera importante recordar, que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque por mor del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. En el proceso penal la actividad probatoria constituye la fase más trascendental, ya que la función jurisdiccional se asemeja en tal área o ámbito a la historiográfica, pues el Juez lo mismo que el historiador, está llamado a indagar sobre hechos del pasado y averiguar su real existencia estando por ello obligado a realizar no una labor de construir una ficción, sino una obra de elección y construcción sobre datos preexistentes. Para arribar a una sentencia de condena, el Juez debe obtener un estado de certeza o certidumbre, que es un estado subjetivo, estado de certidumbre, que sin embargo, no ha de ser una simple probabilidad o un mero juicio de verosimilitud, de ahí que la valoración del material probatorio ha de ser racional y lógico, de tal manera que la prueba se aprecie con cientificidad[2] Para que una presunción surta plenos efectos probatorios, es necesaria la conexión entre el hecho base y el hecho presunto, fundamentado en el principio de normalidad, conectado a una máxima de la experiencia. La máxima de la experiencia constituye el origen de toda presunción, en combinación con el hecho presunto, que es el punto de partida inverso, y a su vez el fundamento de la misma a través del principio de normalidad (id quod plerumque accidit). Un ejemplo puede contribuir a aclarar lo que se acaba de decir. Es una máxima de experiencia, o regla de vida, que nadie vende nada por debajo de su valor, sino por encima del precio de costo, con la finalidad de obtener un margen de ganancia. Sólo si concurre una razón de necesidad, o un afán de liberalidad, o cualquier otra causa razonable, se vende un objeto por debajo de su precio. Si alguien vende una cosa por debajo de su valor, sin justificación alguna, existe una razón para sospechar acerca de que el objeto que se trata de vender así no tiene un origen claro, y que probablemente es delictivo. Porque toda venta se hace para obtener el contravalor del objeto vendido, y en el ejemplo propuesto el vendedor solo obtiene un valor inferior. Esto indica que un precio tan bajo no sólo favorece económicamente al comprador, sino también al vendedor (nadie da nada gratis, salvo causa justificada), para quien todo ese precio es beneficio, toda vez que no ha pagado nada por adquirirlo, a menos que se expliquen las razones de su proceder. Esta máxima de la experiencia permite fundamentar una norma de presunción, en la que el hecho básico es la adquisición de la cosa a precio vil, y el hecho presunto es el conocimiento de la ilícita procedencia de tal objeto. Entre el hecho básico y el hecho presunto concurre un enlace que se asienta en la referida máxima de la experiencia, conectada con el principio de normalidad. A su vez, toda máxima de experiencia se asienta en una clara idea de racionalidad, derivada de aplicar el juicio humano a la observación de casos concretos, para por vía de generalización procurar su aplicación a otros casos similares. La exigencia legal, plasmada en el artículo 1538 del Código Civil, relativa a que entre el indicio y el hecho presunto exista un enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano, está indicando que toda presunción ha de asentarse en una idea de racionalidad. De este modo, el Juez ha de realizar mentalmente el engarce entre el hecho base y el hecho consecuencia, y ello de un modo coherente, lógico y racional, entendida la racionalidad, por supuesto, no como mero mecanismo o automatismo, sino como comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a los criterios colectivos vigentes. Volviendo al ejemplo planteado líneas arriba, la norma de presunción queda enunciada de la siguiente manera: si se adquiere un objeto a precio vil (hecho básico) es muy probable (enlace) que sepa que tal objeto tiene una procedencia delictiva (hecho presunto). Más exactamente, el enunciado de la presunción es: si se adquiere un objeto a precio vil (hecho básico) es normal (enlace) que sepa que tal objeto tiene una procedencia delictiva (hecho presunto). Para conocer porque es normal o muy probable tal conocimiento habrá que ir al contenido de la máxima de la experiencia, que constituye el fundamento de tal presunción. Si la presunción abstracta establece el enlace entre el hecho básico y el presunto con la expresión “es normal” o “es muy probable”, en la presunción concreta el “es normal” se sustituye por el “es cierto”, una vez que se ha producido el proceso de depuración de la presunción abstracta. Así, a modo de ejemplo, quien posee varias papelinas de droga, junto con una balanza de precisión para pesar cantidades inferiores a un gramo, y además tiene glucosa para mezclar la droga y obtener más dosis, también papelitos preparados para confeccionar las papelinas, se presume que se dedica a la venta de drogas. Porque es máxima de la experiencia que los vendedores de drogas suelen actuar así, o sea, “es normal” o “es muy probable”, que con todos esos indicios su actividad sea la de vender drogas, a menos que justifique cumplidamente porque posee todos esos objetos. Si no logra tal justificación, el “es normal” se convierte en “es cierto”, y se convierte en prueba plena. En definitiva las máximas de la experiencia cumplen una doble función: fundamentan la creación de una norma de presunción, y sirven de indicador para valorar la racionalidad del enlace entre el hecho básico y el hecho presunto[3]. En el caso bajo examen, el Tribunal de Sentencia expresa que el informe técnico rendido por la señora B. L. A. A. le resulta confiable, aunque añade que no aporta elementos sustanciales para fundamentar los hechos probados, y que si bien es cierto que de tal informe se desprende que hubo comunicación entre los teléfonos 994440328, 98217308 y 99466864 con el teléfono número 98451399, incautado al procesado, tal dato solamente constituye un indicio que por sí mismo no arroja certeza sobre la participación del señor L. R. A. en el delito de secuestro, en tanto que se desconoce el contenido de las conversaciones y mucho menos si estas iban encaminadas a la ejecución de tal ilícito penal. Un detenido examen de los antecedentes revela, que del informe técnico no se desprende, al contrario de lo aseverado por el Juzgador, que entre el número del teléfono decomisado al imputado L. R. A. y los demás números mediante los cuales se estableció comunicación entre los plagiarios y el negociador e hijo de la víctima, esto es, el testigo O. A. R. A., se hayan efectuado llamadas entrantes o salientes, lo que si se acredita con el informe técnico es la comunicación frecuente entre el número del teléfono del procesado L. R. A., esto es el 98451399 y el 98482944, y que las llamadas efectuadas a éste último al igual que los números 994440328, 98217308 y 99466864 (utilizados por el o los negociadores de los secuestradores), fueron efectuadas o recibidas con el mismo aparato telefónico, residiendo en tal elemento probatorio, el argumento toral del Ministerio Público para considerar que existe la evidencia suficiente para considerar que el acusado L. R. A. es autor junto con otros individuos del delito de secuestro que se le atribuye. Esta Sala comparte el criterio del Censor en cuanto que la ejecución del delito de secuestro comporta normalmente un reparto o distribución de roles entre un grupo de individuos, así por ejemplo, algunos aportarán información sobre las posibilidades económicas de la víctima o de su familia, otros sobre los itinerarios seguidos por esta que faciliten su intercepción, algunos ejecutarán la detención y traslado del ofendido hasta un determinado lugar, otros se encargarán de la vigilancia del secuestrado, de su alimentación, de la negociación para obtener el pago, de la recepción del rescate, etc… En el caso que ahora nos ocupa, esta Sala estima que en el transcurso del proceso han existido fuertes sospechas de que el imputado L. R. A., es partícipe del hecho criminoso que junto a otros individuos se le atribuye, sin embargo, comparte con el Juzgador de Instancia que no se alcanza la certeza necesaria, y por lo tanto existe una duda razonable sobre tal participación. Es perfectamente posible que un grupo de delincuentes puede dedicarse no solamente a una actividad criminal sino que a dos o más, así una banda de secuestradores, también puede incursionar en actividades como son el tráfico de drogas, el robo de vehículos, etc…, igualmente es factible que otra u otras personas pudieran informar a los plagiarios sobre el acompañamiento que hacían al Fiscal y agentes de la policía al negociador e hijo de la víctima, y de lo cual expresaban darse cuenta el o los negociadores de la banda ejecutora del secuestro. Así las cosas, esta Sala comparte con el Juzgador de Instancia el criterio de que ante la falta de información sobre el contenido de las conversaciones sostenidas entre el imputado L. R. A. y el poseedor o poseedores del aparato telefónico que a través de otros números fue emisor de llamadas para negociar el rescate de la víctima, añadido a ello, la ausencia de otros indicios suficientemente acreditados a través de las pruebas aportadas al proceso, que permitan vincular más allá de toda duda razonable al procesado L. R. A. con algunas de las acciones que forman parte del iter criminis seguido desde la planificación, hasta la consumación y agotamiento del secuestro perpetrado en perjuicio del señor E. R. E., ha sido procedente dictar una sentencia absolutoria a favor del imputado. A modo de conclusión podemos afirmar que el Tribunal de Instancia que ha tenido ante sí y en virtud del principio de inmediación las pruebas evacuadas en el debate, ha externado una motivación lógica, racional, coherente, suficiente y congruente con las máximas de la experiencia para arribar a una sentencia que exime al encartado por duda razonable, de la responsabilidad criminal que se le ha venido atribuyendo, de ahí que el motivo formulado por la Representación del Ministerio Público, debe ser desestimado. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362 numeral 3) del Código Procesal Penal.- FALLA: Declarando sin lugar el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, formulado por la Representación del Ministerio Público, contra la sentencia absolutoria dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán, en fecha treinta y uno de marzo de dos mil nueve; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a Derecho.- REDACTO EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- COORDINADOR.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida a solicitud de la Abogada T. J. F., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de mayo del año dos mil doce.- Certificación de la sentencia de fecha ocho de marzo del año dos mil doce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-211-2009.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Diccionario de Jurisprudencia Penal, MARQUEZ DE PRADO Y NORIEGA MARIA DOLORES.

[2] Vid. CLIMENT DURAN, CARLOS, en La Prueba Penal (Doctrina y Jurisprudencia), Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, pág. 619.

[3] Vid. CLIMENT DURAN, CARLOS, en La Prueba Penal (Doctrina y Jurisprudencia), Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, págs. 643-646.