Sentencia CP-190-10 — Registro 3402
Resumen
Se interpuso proceso de antejuicio por suponer responsable del delito. resuelto en segunda instancia Sin Lugar.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...la Sala de lo Penal considera de recibo el agravio del Apelante: La Antejuiciada aún apreciando que la demanda trataba de un hecho que aconteció señala el artículo 194 del Código de Comercio. La Corte de Apelaciones cuestiona de que la Antejuiciada Apelaciones señala como irregular el hecho de que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia haya sido emitida en fecha tres de diciembre del año dos mil ocho, y que la segunda demanda haya sido interpuesta en fecha diecinueve de enero del 2009, que la contestación haya sido presentada en fecha veintidós de enero, tres días hábiles después y la sentencia definitiva en fecha veintinueve de enero, cinco días hábiles después, que en suma hacen que desde la interposición de la demanda hasta la sentencia solo se hayan ocupado nueve días hábiles, considerando que el Juzgado de Letras Tercero de lo Civil maneja una carga de trabajo considerable. Al respecto, la Sala de lo Penal, concuerda con la Corte de Apelaciones en que efectivamente que en la Demanda contenida en el expediente número 0501-2009-00032LCO, fue conocida y resuelta con bastante rapidez inusual , en consideración a los tiempos que normalmente tarda el Despacho a cargo de la Antejuiciada, más esto por sí sólo no constituye mérito para declarar con lugar el antejuicio, máxime porque el Ministerio Público no denuncia en su Antejuicio que la Jueza D. S. F. C., habitualmente no actúa con la misma prontitud en otros casos similares o que irrespetando el orden de conocimiento en los expedientes, procedió a resolver este caso en preferencia y con perjuicio de otros que tenían mayor antigüedad y que se encontraban en la misma situación. La Sala de lo Penal, considera pertinente dar cuenta del hecho acotado en este Considerando a la Inspectoría de Órganos Jurisdiccionales, como dependencia contralora del Poder Judicial, a fin de que determine si la Funcionaria pública mencionada ha incurrido en alguna falta. CONSIDERANDO (7): Que denuncia el Ministerio Público, que el Juzgado de Letras Tercero de lo Civil no citó al señor A. W, Presidente del Consejo de Administración de la citada Empresa, no podía interponer la excepción de cosa juzgada si en ningún momento fue citado y emplazado por el Juzgado que preside la Antejuiciada, aún cuando ésta pudo concluir que la persona demandada no era la misma que figuraba en el acuerdo asambletario, del cual se solicitó la nulidad. Al respecto, es importante tener en cuenta que el artículo 209 del Código de Comercio señala, que la representación judicial y extrajudicial de la sociedad anónima corresponderá al administrador o al Consejo de Administración, que actuará por medio de su presidente. En el caso que nos ocupa, la Demanda Ordinaria de Nulidad Absoluta de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Aire Frio, C.A. de C.V., así como todos los actos que le derivaron, fue interpuesta por la señora G. H. R., en contra de la señora M. W. P., en su condición de actual Presidenta del Consejo de Administración de la Sociedad, quien p.rocedió a contestar la demanda correspondiente, es pues, que la persona contra la cual se dirigió la acción era la correcta conforme lo dispone el artículo 209 del Código de Comercio, no pudiéndose dirigir directamente al señor A. W., por no ser una acción contra una persona natural, sino una acción en contra de una persona jurídica. CONSIDERANDO (8): Que es importante tener en cuenta que el presente antejuicio fue presentado por el Ministerio Público por considerar presunta responsable a la Jueza D.E… F., de los delitos de Prevaricato en concurso ideal con el delito de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, es pues, que la imputación en esencia acusa a la Antejuiciada de dictar intencionalmente una resolución contraria a la ley y es precisamente en base a las exigencias objetivas de los tipos penales reprochados que la Sala de lo Penal, llega a la conclusión de que no existen fundamentos razonables en lo alegado por el Ministerio Público, para concluir que existe un hecho con apariencia delictiva que merezca ser definido en un proceso penal..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 422 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala Penal. Tegucigalpa, M.D.C. a los ocho días del mes de noviembre del año dos mil doce. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Apelación interpuesto ante la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha trece de mayo de dos mil diez, por el Abogado C. D. P., en su condición de Apoderado Judicial de la señora D. S. F., mayor de edad, hondureña, soltera, Abogada del domicilio de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, quien se desempeña como Juez de Letras Tercero de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual resolvió HA LUGAR EL ANTEJUICIO interpuesto por la Abogada K. D. C., en su condición de Fiscal del Ministerio Público contra la Abogada D. S. F. C., por suponerla responsable de los delitos de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS Y PREVARICATO en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. RESULTA:“Que en fecha ocho de enero de dos mil diez, compareció ante la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, la Abogada K. D. C. en su condición de Fiscal del Ministerio Público, promoviendo ANTEJUICIO de la manera siguiente: NARRACION SUCINTA DE LOS HECHOS: PRIMERO: En fecha 26 de noviembre del año 1996, miembros del Consejo de Administración de la Empresa AIRE FRIO, S.A. DE C.V., con domicilio en esta ciudad celebraron asamblea ordinaria y extraordinaria de socios, la cual tenía como objetivo elegir los miembros del nuevo Consejo de Administración, de la cual resultó electo como nuevo presidente el señor A. W. E., protocolizándose la referida asamblea mediante Instrumento Público número ciento noventa y seis (196), de fecha 27 de noviembre de 1996, autorizado por el Notario Oscar Raúl Matute e inscribiéndose bajo el número 59 Tomo 217 del Registro Mercantil de esta ciudad. SEGUNDO: En fecha 17 de julio de 1998 el Abogado J. A. B. en su condición de representante legal del señor A. W. H., interpuso demanda ordinaria de nulidad contra la empresa AIRE FRIO, S.A. DE C.V. contraída a declarar la inexistencia de la asamblea ordinaria y extraordinaria de socios en la que se eligió como presidente del Consejo de Administración al señor A. W. E., de igual manera solicitó la nulidad absoluta de los acuerdos tomados durante la administración del mencionado señor, esto en virtud que la convocatoria a dicha asamblea fue realizada por el señor E. H. L., quien no ostentaba en tal momento la calidad de comisario contraviniendo de esta manera lo establecido en el artículo 172 del Código de Comercio en el cual expresa que los acuerdos tomados en asambleas serán válidos si los mismos están supeditados a lo enunciado en el Código de Comercio y las demás leyes; sin embargo, en el caso que nos ocupa tal asamblea se efectuó violentando el referido artículo pues la convocatoria a la misma fue hecha por alguien que se abrogó un cargo que no ostentaba, por ende los acuerdos tomados al tenor de tal acuerdo asambleario carecen de valor y efecto. TERCERO: Es así que la causa judicial aludida siguió el trámite correspondiente; aconteciendo que en fecha tres de diciembre del año 2008, la Corte Suprema de Justicia resolvió recurso de casación por infracción de ley y emitió fallo en el que declaró SIN LUGAR la demanda ordinaria interpuesta en fecha 17 de julio de 1998, bajo la motivación específica que la acción de nulidad contra los acuerdos de las asambleas de accionistas prescribirán en un año, contado desde la fecha de su inscripción en el registro de comercio correspondiente, tal como lo estipula el artículo 194 del Código de Comercio y en el caso que nos ocupa el acuerdo asambleario objeto de litigio se inscribió en el registro mercantil de esta ciudad el 7 DE ENERO DE 1997 y la demanda de nulidad contra el mismo fue interpuesta el 17 DE JULIO DE 1998, es decir, un año, seis meses y once días posteriores a la inscripción en el registro mercantil. CUARTO: No obstante lo anterior expuesto el 19 de enero del 2009 el abogado J. R. P. E. en su condición de apoderado legal de la señora G. H. R. presentó ante el Juzgado de Letras Tercero de lo Civil demanda de nulidad absoluta de una asamblea ordinaria y extraordinaria de accionistas contra la empresa AIRE FRIO, S.A. DE C.V., demanda que versa sobre los mismos hechos y sobre el mismo documento de la demanda mencionada inicialmente, sobre la cual ya se había proferido sentencia de la Corte Suprema de Justicia, misma a la que la Abogada S. C. C. B. mandataria judicial de la referida empresa, se allanó sin réplica alguna, en consecuencia, la Abogada D. S. F., Juez de Letras Tercero de lo Civil emite sentencia, en la cual declara con lugar la precitada demanda y declara la nulidad absoluta de la asamblea ordinaria y extraordinaria celebrado el 21 de noviembre de 1996 y la nulidad absoluta de los acuerdos y resoluciones tomados en la misma, asimismo decreta la nulidad absoluta del instrumento público número CIENTO NOVENTA Y SEIS (196), del 27 de noviembre de 1996 y de su inscripción en el registro de mercantil de esta ciudad, sentencia que fue emitida sin valorar dos extremos, el primero que la inscripción del Instrumento Público contentivo de la celebración de la asamblea anulada fue inscrito en el registro mercantil en fecha 7 de enero de 1997, es decir, tiempo después de haber prescrito el derecho de alegar la nulidad del mismo, pues han transcurrido a la fecha de la interposición de la misma doce años y segundo la demanda en cuestión fue resuelta y declarada en casación SIN LUGAR por los Tribunales de nuestro país, por ende, pende sobre ella la característica de cosa juzgada. QUINTO: Consta en autos que en fecha 12 de junio del año 2009, compareció ante esta sede fiscal la Abogada D. S. F., quien argumenta que en el caso en referencia dictó sentencia sin dilación alguna puesto que la parte demandada se allanó a los hechos esbozados por la parte actora y en cuanto al hecho de dictar sentencia declarando con lugar la demanda de nulidad cuando ésta se basa en un título ya prescrito, es criterio de la juez que tal extremo es un asunto de fondo y que al tenor de lo señalado en el artículo 292 del Código de Procedimientos Civiles compete a la parte demandada alegar la nulidad del mismo, igualmente arguye que en materia civil el juez no puede establecer la ilegalidad o falsedad de ningún documento mientras esta ilegalidad no sea acreditada por un juez en materia penal. SEXTO: Que es responsabilidad del Juez al momento de dictar sentencia analizar que la prueba en que se fundamenta una demanda sea lícita, aun cuando la parte demanda se allane completamente a las pretensiones de la parte demandante, esto con el objeto que las partes no intenten un fraude de ley o dolo procesal, pues el hecho que haya un allanamiento no significa que el juez tenga que dictar sentencia al tenor del mismo, ya que el juez tiene la libertad de analizar si existe una norma concreta aplicable al caso, si el objeto de la demanda es lícito o contrario al orden público o resulte perjudicial para terceros; aunado a lo anterior y en base a lo estatuido en el artículo 1589 del Código Civil es criterio de esta sede fiscal que la Juez de Letras Tercero de lo Civil no debió admitir la demanda en cuestión, pues por su investidura es garante de la legalidad del proceso y en virtud de ello no tenía porque esperar que la parte demandada alegara la nulidad del documento en referencia, pues ella, posterior a un análisis exhaustivo podía declararla de oficio, esto de acuerdo al principio de tutela judicial que impone a los jueces la obligación de respetar el derecho a través de sus actuaciones, de emitir una sentencia de fondo, es decir motivada y fundada en un tiempo razonable, esto a través de su formulación en los fundamentos de derecho, en consecuencia, supondrá una violación a este derecho aquella resolución judicial que revele una evidente contradicción entre los fundamentos y el fallo, tal como aconteció en el caso que nos ocupa. CALIFICACION JURIDICA DE LOS HECHOS. Es criterio de esta Fiscalía Especial contra la Corrupción, que la hipótesis fáctica anteriormente establecida atenta contra el bien jurídico amparado en nuestra legislación denominado “la Administración Pública”, conforme lo cual se vuelve preciso establecer la infracción cometida por parte de la encartada a lo tipificado en el artículo 349 numeral 2 del Código Penal conocido como VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, pues si bien es cierto, nuestro ordenamiento jurídico por su investidura faculta a los jueces para dictar sentencias, es lógico que las mismas tienen que ser en apego a la Constitución de la República y demás leyes de nuestro país, contrario sensu, se incurrirá en responsabilidad penal, y en el caso de marras la juez D. S. F. dictó sentencia obviando lo establecido en el artículo 194 del Código de Comercio ya que el documento del cual se pedía la nulidad ya había prescrito, de esta manera la Juzgadora incurrió en una Violación de los Deberes de los Funcionarios, pues en el caso concreto dictó sentencia arbitrariamente por no darse al momento de emitir la misma los supuestos de hechos requeridos para su ejercicio y es de esta manera que se configura el injusto penal antes referido pues la Juez debió darse cuenta que la disposición emitida era contraria a lo que prescribe nuestro ordenamiento jurídico; asimismo las acciones efectuadas por la juzgadora derivan una PREVARICACION puesto que en uno de los considerandos de la sentencia expresa lo estipulado en la primera parte del artículo 194 del Código de Comercio, el que reza: “La acción de nulidad (contra los acuerdos de las asambleas de accionistas) se regirá por las disposiciones del derecho común…” pero excluye enunciar lo expresado en el resto del artículo y que es concerniente a que dicha acción prescribirá en un año contado desde la fecha de registro del acuerdo (en el registro de comercio) si debe inscribirse en el de comercio, es así que la Juzgadora no podía desconocer que la acción pretendida por el demandante era extemporánea por haber prescrito de acuerdo a dicha norma, bajo estos parámetros se puede deducir la malicia y conciencia de injusticia, que son los elementos subjetivos del tipo penal de PREVARICATO tipificado en el artículo 379 numeral 1 del Código Penal Vigente. NORMA JURIDICA INFRINGIDA. Se establece claramente que la actitud jurídica que ha puesto en evidencia la Juez de Letras Tercero de lo Civil de esta ciudad al aplicar solamente parte del artículo 194 del Código de Comercio en el fallo antes referido, constituye una omisión que consiste en la no ejecución de una disposición, orden, providencia o resolución, prescindiendo de la misma como si no existiera, tal como sucedió con la no aplicación completa del artículo antes aludido, consecuentemente tal conducta podría subsumirse en una VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, tipificado en el artículo 349 numeral 2, del Código Penal Vigente, resulta paradójico que la Juzgadora haya desconocido que el acuerdo asambleario estuviera a prescrito al momento de la interposición de la demanda, pues en la condición que ostenta se tiene que actuar con negligencia e interés y en caso de existir dudas acudir a la jurisprudencia o textos legales, pues se vuelve contraproducente a su cargo el desconocimiento de una norma legal, ya que de acuerdo a la materia en la que actúa como juzgadora, se supone, debe tener conocimientos especiales de la misma, pues la discrepancia entre el fallo emitido y la norma legal no aplicada conlleva una infracción a lo establecido en el artículo 379 numeral 1 de nuestro código penal vigente, pues los jueces son garantes del proceso legal en que actúan y resulta inexcusable que exista ignorancia o negligencia de su pare en determinada norma, más aún cuando se trata de asuntos específicos de la materia en que actúan, siendo así, es evidente que al momento de dictar el fallo en cuestión existió malicia y conciencia de injusticia por parte de la Juez D. E. F., infringiendo de esta manera lo contemplado en el artículo arriba mencionado y que es relativo al delito de PREVARICACION. RELACION DE LAS PRUEBAS QUE FUNDAMENTAN LA IMPUTACION. Para sustentar la tesis antes mencionada, el Ministerio Público cuenta con los siguientes medios probatorios: 1. Copia de expediente administrativo con número 0501-2009-12560, contentivo de la denuncia interpuesta de oficio por parte del Ministerio Público en la que acredita la conducta impropia del Operador de Justicia. 2. Demanda número 2792-2002 la cual obra en el Juzgado Tercero de Letras de lo Civil de esta ciudad, en la que se emitió fallo en recurso de casación declarando sin lugar la precitada demanda y sobre la cual se solicita se realice inspección. 3. Demanda con ingreso número 0501-2009-0032 señalando como el lugar de su ubicación el Juzgado de Letras Tercero de lo Civil de esta ciudad, demanda que la Juez D. E. F. declaró sin lugar, siendo que sobre ésta ya pendía una sentencia, de la cual se pide realizar inspección. 4. Copia certificada del acuerdo de nombramiento como Juez Tercero de Letras de lo Civil de la Abogada D. E.H F.. 5. Dictamen legal número DGF-33-2009 emitido por la Dirección de Fiscalías dependencia del Ministerio Público”. RESULTA: Que en proveído de fecha doce de enero del dos mil diez, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, tuvo por admitido el antejuicio de mérito, ordenando librar comunicación con las inserciones del caso a la Juez D. S. F., para que informara de manera clara, concreta y precisa sobre los cargos a ella formulados, en el término de tres días hábiles. RESULTA: Que en fecha diecinueve de enero del dos mil nueve, la Abogada D. S. F. C., Juez de Letras Tercero de Lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, rindió Informe a la Honorable Corte de Apelaciones de lo Penal de esa Sección Judicial de la manera siguiente: “INFORME. La Infrascrita Juez de Letras Tercero de lo Civil de esta ciudad, a la Honorable Corte de Apelaciones de lo Penal de esta Sección Judicial, tiene el honor de informar lo pertinente de conformidad a la comunicación librada en el expediente 04-10 referente a Antejuicio promovido por la Fiscalía del Estado en contra de la suscrita por los supuestos delitos de Violación de los Deberes de los Funcionarios y Prevaricato en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras, INFORME que formulo en tiempo y forma y que evacuó de la manera siguiente: A LOS HECHOS: AL HECHO PRIMERO: A este hecho puedo referir que habiendo ocurrido en fecha veintiséis de noviembre del año de mil novecientos noventa y seis la suscrita, en esa fecha no desempeñaba el cargo de Juez de Letras, por lo tanto, por referencias se sabe del mismo, así lo acredito con la constancia respectiva emitida por el Secretario de este Juzgado. AL HECHO SEGUNDO: Puedo referir igualmente que en la fecha diecisiete de julio del año de mil novecientos noventa y ocho, igualmente la suscrita no desempeñaba el cargo de Juez de Letras de este Tribunal, por lo tanto el conocimiento de los hechos se saben igualmente por referencia, la constancia extendida por el Secretario de este Juzgado así lo acredita. AL HECHO TERCERO: Lo aquí manifestado por el Ministerio Público es correcto en cuanto a que la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha tres de diciembre del dos mil ocho, dictó sentencia en recurso de casación por infracción de ley emitiendo el fallo correspondiente, pero omitiendo en todo momento el Ministerio Público de que la referida sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia fue devuelta a la Corte de Apelaciones Seccional el nueve de marzo del dos mil nueve, tal como consta en la providencia que la Corte de Apelaciones Seccional consigna y que extiende la Certificación de estilo hasta en fecha veinticinco de marzo de dos mil nueve y que es remitida a este Juzgado Tercero de Letras de lo Civil en esa misma fecha veinticinco de marzo del dos mil nueve a las dos de la tarde, dándosele admisión a dichas diligencias con fecha veintisiete de marzo de dos mil nueve, teniendo como consecuencia conocimiento de ese fallo hasta esa fecha. AL HECHO CUARTO: Lo manifestado por el Ministerio Público es correcto en cuanto a que el diecinueve de enero del dos mil nueve, presentó a través de la Central de Notificaciones, Citaciones, Requerimientos y otras diligencias judiciales la referida Demanda de Nulidad, siempre en contra de la Empresa Aire Frío, S. A. de C. V., siendo ésta la misma persona jurídica demandada y si bien la Corte Suprema de Justicia emitió el fallo correspondiente en el recurso de casación, esta sentencia como queda dicho anteriormente no llegó a conocimiento de este juzgado sino hasta en fecha veintisiete de marzo del dos mil nueve, ya que fue en el diecinueve de enero del dos mil nueve en que se presentó la referida demanda, oscilando como consecuencia un período de más de tres meses entre la presentación de la nueva demanda y el conocimiento de la admisión del recurso de casación referido, razón por la que este juzgado dictó la sentencia correspondiente en esa nueva demanda, ante el allanamiento expreso de la parte demandada quien es ampliamente manifiesta en la aceptación de los hechos, que es la sabedora de la existencia de otra demanda y omite en su contestación de allanamiento tal circunstancia, pues en todo caso a esta parte demandada correspondía alegar lo pertinente respecto a la tan mencionada prescripción, de tal manera que la suscrita no podía ejercer ninguna función ni tomar resolución alguna sino a instancia de parte, tal como lo prescribe el artículo 9 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, disposición legal que si bien exceptúa los casos que la ley faculta para proceder de oficio, la valoración en cuanto a establecer la prescripción no corresponde al Juez instructor puesto que la ley expresamente faculta a la parte demandada para que la alegue en el momento procesal oportuno, por lo que queda plenamente establecido que de conformidad al derecho de petición contenido en la Constitución de la República en su artículo 80, en relación con el artículo 80, 81 del Código de Procedimientos Comunes, al igual que con el artículo 9, 10 y 11 del Código Civil, especialmente el artículo 11 que transcribo de manera literal: ARTICULO 11, LAS LEYES QUE INTERESAN AL ORDEN PUBLICO Y LAS BUENAS COSTUMBRES NO PODRAN ELUDIRSE NI MODIFICARSE POR CONVENCIONES DE LOS PARTICULARES; PERO PODRAN RENUNCIARSE LOS DERECHOS CONFERIDOS POR LAS LEYES, CON TAL QUE SOLO MIREN EL INTERES INDIVIDUAL DEL RENUNCIANTE Y QUE NO ESTE PROHIBIDA SU RENUNCIA, por lo anterior y como consta en la Demanda aludida de fecha diecinueve de enero del dos mil nueve la parte demandada quien es la misma persona Jurídica y particular que es la única que puede alegar lo que corresponda, renuncia a los trámites de citación y emplazamiento y se allana expresamente a la misma, por lo que traba la intervención en forma legal y correcta la competencia de este Juzgado, de tal manera que si existiese alguna intención dolosa o fraudulenta es a esta parte demandada únicamente a la que podría imputársele, tal como lo prescribe el artículo 10 del Código Civil, reitero no es competencia del Juzgador de conformidad a lo que establece la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, valorar y considerar de oficio la existencia de las excepciones cualesquiera que fuera su naturaleza. AL HECHO QUINTO: Que en efecto la declaración de la suscrita fue vertida ante ese Ministerio Público en la fecha doce de Junio del dos mil nueve, di la correspondiente declaración y aclaré de manera precisa, explicando los motivos legales y demás aclarando los extremos del porqué se dictó la sentencia correspondiente y lo que fue de acuerdo al allanamiento expreso de la parte demandada, aplicando el artículo 292 del Código de Procedimientos Comunes y lo cual ahora he ampliado claramente en aplicación del artículo 11 del Código Civil, igualmente aclaré el hecho de que la demanda existente en la Corte Suprema de Justicia, como bien precisé anteriormente no había regresado a este Juzgado en la fecha en que se presentó la nueva demanda. AL HECHO SEXTO: Puedo expresar claramente que ante el allanamiento de una de las partes, aceptando las pretensiones de la otra parte, corresponde al Juez, sin más dilación, citar a las partes para oír sentencia, la cual deberá recaer sobre los hechos contenidos tanto en los alegados por el demandante como los esgrimidos por el demandado y siendo que la pretensión del demandante es aceptada llanamente por el demandado o si no contradice en materia sustancial y pertinente los hechos sobre los que versa el juicio, se citará a las partes para oír sentencia definitiva lo que no será otra que la de fallar de acuerdo a la petición de las partes, hacerlo fuera de este contexto sí es constitutivo de abuso de autoridad, como lo es de violar los deberes de los funcionarios, por lo tanto la licitud de la prueba o ilicitud de la misma sólo puede ser alegada por las partes, pero única y exclusivamente en la contestación de la demanda rechazando los hechos y en la parte controvertida de proposición y evacuación de pruebas, la cual una vez evacuadas permite al Juez en su valoración establecer su validez y procedencia empleando incluso para ello la sana crítica tal como lo manda el Código Civil incluso para las presunciones del artículo 408 del Código de Procedimientos o bien el artículo 409 de ese mismo cuerpo legal para las pruebas contradictorias, cosa que no ocurre ante el allanamiento ya tan mencionado, por lo tanto el fraude de ley o dolo procesal sólo puede ser imputado a una o a ambas partes, hecho que no es competencia del Juzgador en materia civil valorarlo y establecerlo, pues no puede éste ir más allá como bien se dijo del derecho de petición, recordándole en este caso al Ministerio Público que los servidores del estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley y que todo acto que sea fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad por lo tanto no admitir la demanda ya mencionada, sería ilegal y no fallarla conforme a la petición de las partes sería igualmente ilegal así lo establece el artículo 321 de la Constitución de la República en relación con los artículos 64, 80 y 90 del mismo cuerpo de leyes. A LA CALIFICACION JURIDICA DE LOS HECHOS: Es evidente Honorable Corte que la Fiscalía del Estado en el presente caso no ha observado ni aplicado el Principio de la Objetividad, sin duda alguna por su constante persecución de delitos y conocimiento de la material penal y el desconocimiento específico de la materia civil tanto en su derecho positivo como de procedimientos califica indebidamente hechos que sin duda alguna están plenamente establecidos en su origen en el artículo 80 de la Constitución de la República en relación con el artículo 11 del Código Civil, desatendiendo incluso y no dándole ningún valor ni apreciación a los hechos desarrollados tanto en el tiempo, como en las circunstancias de las partes intervinientes, ha quedado claramente probado que la segunda demanda promovida ante este Juzgado el diecinueve de enero del dos mil nueve fue aceptada lisa y llanamente por la parte demandada que es la misma que recurrió en casación, sentencia ésta que como ya se dijo llegó a este juzgado tres meses después, tiempo éste en que tanto la parte demandante como demandada aceptaron recíprocamente las pretensiones de uno y otro, y es preciso preguntar a la Honorable Corte de Apelaciones si siendo la misma parte demandada la recurrente en un recurso en una primera demanda y siendo ésta misma parte demandada la aceptante de la otra parte en los mismos hechos y fundamentos de derecho, no es acaso a ésta a la única que le corresponde alegar el tan mencionado fraude. Respecto al Prevaricato queda claro que el mismo no existe precisamente por lo anteriormente manifestado, lo cual así explico, si la parte demandada es la recurrente en una primera demanda y obtiene en un Tribunal de Alzada una resolución a su favor en un sentido y en una nueva demanda acepta los hechos en otro sentido, siendo ésta la víctima o el sujeto pasivo del delito, acaso al aceptarlos en la segunda demanda no convalida y extingue cualquier fraude, resulta entonces claro de que no puede existir en ningún momento la figura penal de prevaricato. MEDIOS DE PRUEBA: Me hago valer de los medios de prueba documentales siguientes: 1. Constancia de fecha dieciocho de enero del dos mil nueve emitida por el Secretario del despacho. 2. Copia autenticada de la Certificación de la Sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia de fecha tres de Diciembre del dos mil ocho, emitida por la Corte de Apelaciones Seccional el veinticinco de marzo del dos mil nueve, junto con presentado de este Tribunal de fecha veinticinco de marzo del dos mil nueve y auto admitiendo dicha certificación de sentencia de fecha veintisiete de marzo del dos mil nueve. 3. Copia Autenticada de hoja de presentado de Demanda de Nulidad de fecha diecinueve de enero del dos mil nueve. 4. Copia autenticada de escrito de Demanda presentado por el Abogado J. R. P. E. en su condición de mandatario Judicial de la señora G. H. R. interpuso Demanda Ordinaria contra la Sociedad AIRE FRIO, SOCIEDAD ANONIMA a través de su Presidente del Consejo de Administración M. W. P. para que previo los trámites del Juicio Ordinario y mediante Sentencia Definitiva se declare la Nulidad Absoluta de una Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de “Aire Frío, Sociedad Anónima”, celebrada en esta ciudad el veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y seis y en consecuencia la Nulidad Absoluta de los Acuerdos y Resoluciones tomados en la misma, Nulidad de la Escritura Pública de Protocolización y de cuantas copias se hayan expedido y de su respectiva inscripción registral que aparece a número 59 del tomo doscientos diecisiete del Registro Mercantil de esta Sección Registral. 5. Copia autenticada de hoja de presentado de Personamiento de fecha. 6. Copia autenticada de escrito de personamiento, renuncia a trámite de citación, emplazamiento y allanamiento presentado por la Abogada S. C. C. D. actuando en su condición de Mandataria Judicial de la Empresa Aire Frío; Sociedad Anónima de Capital Variable, así como Poder y auténtica acompañados. 7. Copia autenticada de auto de citación a las partes para oír sentencia definitiva, con la respectiva notificación de ambas partes. 8. Copia autenticada de Sentencia Definitiva de fecha veintinueve de enero del dos mil nueve emitida por el Juzgado de Letras Tercero de lo Civil. 9. Copia autenticada de Notificaciones de ambas partes manifestándose conformes de la Sentencia emitida por este Tribunal, dejando para tal efecto firme la misma. 10. Copia de Oficio No. 915-SCSJ-2002 de Acuerdo No. 430 emitido por la Honorable Corte Suprema de Justicia el 30 de abril del 2002. A la Honorable Corte de Apelaciones Penal con mi acostumbrado respeto pido, tener por admitido y por bien hecho en tiempo y forma el presente informa referente a los hechos que se me imputan por la supuesta comisión de hechos constitutivos de delito por parte del Ministerio Público, admitir los medios probatorios que se aportan para acreditar los hechos esgrimidos y que en su momento procesal oportuno tenga a bien declarar sin lugar la mal infundada imputación de hechos presentada por el Ministerio Público, declarando en consecuencia no ha lugar al Antejuicio presentado en mi contra y en lo demás resolver de conformidad a la ley”. RESULTA: Que en proveído de fecha veintiún de enero del dos mil diez, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, tuvo por rendido en tiempo y forma el informe por parte de la Abogada D. S. F. C., en su condición de Juez de Letras de lo Civil dicha Sección Judicial. RESULTA: Que en fecha diez de marzo del dos mil diez, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, emitió resolución que en su parte dispositiva a la letra dice: “PRIMERO: DECLARAR HA LUGAR la petición o acción de antejuicio interpuesta por la Abogada K. D. C., en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción, regional de San Pedro Sula, en contra de la Jueza de Letras Tercero de lo Civil de esta ciudad, la Abogada D. S. F., por suponerla responsable de los delitos de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS y PREVARICATO en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, declarando con lugar la iniciativa de persecución penal del Ministerio Público. SEGUNDO: Extender certificación de este fallo a las partes interesadas una vez que quede firme, para que surta los efectos legales correspondientes”. RESULTA: Que en fecha trece de mayo del dos mil diez, el Abogado C. D. P., de generales y condición ya expresada, compareció ante la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés interponiendo Recurso de Apelación contra la Resolución de fecha diez (10) de marzo del dos mil diez (2010), y Expresando Agravios de la siguiente manera: “AGRAVIOS QUE CAUSA LA RESOLUCION RECURRIDA. PRIMERO: La Solicitud presentada por el Ministerio Público, que deriva en la resolución contra la cual se interpone el presente recurso, fue redactada en forma maliciosa, por cuanto en la misma se falta a la verdad, ya que es falso que el 17 de Julio de 1998, el representante legal del señor A. W. H., interpuso Demanda Ordinaria de Nulidad contra la empresa AIRE FRIO, S.A. DE C.V., (Persona Jurídica) para que se declarara la Nulidad de los Acuerdos de la Asamblea de fecha 26 de Noviembre de 1996. Lo cierto es sus señorías, que en la fecha indicada el Abogado J. A. B. en representación del señor A. W. H. y la Sociedad Mercantil denominada AIRE FRIO, S.A. DE C.V., presentaron ante el Juzgado de Letras Tercero de lo Civil de esta Sección Judicial, Demanda Ordinaria contra los señores A. W. E., R., A. E., y A., todos de apellidos W. H., E. L. B., A. A. DE M. Y S. M. O., (Personas Naturales). Los trámites del juicio ordinario y mediante Sentencia Definitiva, se declarara la inexistencia y nulidad de actos y contratos celebrados contra la empresa AIRE FRIO, S.A. DE C. V. y los socios. SEGUNDO: En fecha 19 de Enero del año 2009, el Abogado J. R. P. E., en su condición de Apoderado de la señora G. H. R., presentó en el Juzgado de Letras Tercero de lo Civil de esta Sección Judicial, Demanda Ordinaria contra la sociedad AIRE FRIO, S.A. DE C.V., para que previo a los trámites del juicio ordinario y mediante Sentencia Definitiva, se declare la Nulidad Absoluta de una Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad AIRE FRIO, S.A. DE C.V., celebrada el 21 de Noviembre de 1996. En la motivación fáctica y jurídica de la Resolución contra la cual se interpone el presente recurso, se establece en su número uno letra "c", en su parte conducente lo siguiente: “ c)... a la que la Abogada S. C. C., en su condición de Mandataria de la referida empresa se allanó incondicionalmente, por lo que la Jueza de Letras de lo Civil, dictó Sentencia declarando la Nulidad Absoluta de los Acuerdos sin tomar en cuenta que habían transcurrido doce años desde la inscripción del instrumento público anulado y que la demanda había sido declarada sin lugar en casación por la Corte Suprema de Justicia por lo que era cosa juzgada; "al respecto es necesario hacer las consideraciones legales siguientes: a) La demandante señora G. H. R., compareció a través de su Apoderado Legal ante el Juzgado de Letras Tercero de lo Civil de esta Sección Judicial, haciendo uso del Derecho de Petición consignado en el Artículo 80 de la Constitución de la República, promoviendo Juicio Ordinario contra la Sociedad Mercantil AIRE FRIO, S.A. DE C.V., para que previo a los trámites de ley y mediante Sentencia Definitiva, se declarara la Nulidad Absoluta de una Asamblea de Socios, registrándose dicho juicio bajo el número 0501-2009-00032 en el Libro de Demandas Ordinarias que para tal efecto lleva ese Juzgado. b) Que la parte demandada AIRE FRIO, S.A. DE C.V., haciendo uso de los derechos que nuestra legislación procesal le provee, se personó en el juicio en relación, renunciando a los trámites de citación y emplazamiento, allanándose expresamente a las pretensiones de la parte demandante y garantías establecidas en la ley, dictó Sentencia declarando con lugar la demanda. c) Que las actuaciones procesales realizadas en el presente caso, por mi representada la Abogada D. S. F. C., en su condición de Juez de Letras Tercero de lo Civil de esta Sección Judicial, se encuentran enmarcadas dentro de los Principios del debido proceso y legalidad consignado en los Artículos 90 Y 321 de la Constitución de la República, que expresan que: "Nadie puede ser Juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece y que los servidores públicos no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley. En primer lugar, Honorable Corte, la excepción perentoria de Cosa Juzgada, debe ser interpuesta, alegada y probada por la parte que haya obtenido en un juicio un fallo definitivo y firme que le aprovecha, siempre que haya entre la nueva demanda y la anteriormente resuelta identidad legal de personas, identidad de la cosa pedida e identidad de la causa a pedir, y no puede ser declarara de oficio por el Juzgador. (Obsérvese Las partes demandantes y demandadas en los juicios citados son diferentes.) La parte demandada AIRE FRIO, S.A. DE C.V., haciendo uso de sus derechos que le confiere las normas procesales, no interpuso esta excepción al momento de la contestación de la demanda, y por ende, la Juez Tercero de Letras de lo Civil de esta Sección Judicial, Abogada D. S. F. C., no conoció, ni falló sobre esta excepción de cosa juzgada puesto que no fue interpuesta, ni alegada por la parte demandada en juicio. Así mismo no tenía conocimiento del otro juicio a que se hace referencia, ya que el expediente 0-2979, se encontraba en la Corte Suprema de Justicia desde el año 2002. En segundo lugar la Juez Tercero de Letras de Lo civil, actuó dentro del marco de la ley expresamente conforme lo establece el Artículo 1688 del Código de Comercio; ya que no podía considerar de oficio tampoco la excepción perentoria de prescripción que no se hubiere opuesto. Recordemos que por prescripción se adquieren y extinguen derechos y acciones de la manera y condiciones determinadas en la Ley y le compete a la persona natural jurídica que la ha adquirido, ejercitarla, por cuanto quien no ejerce su derecho lo pierde. Congruente con lo anterior la Sociedad demandada AIRE FRIO, S.A. DE C.V., había adquirido el derecho de prescripción, pero en aplicación potestativa no lo ejerció. Esta actuación por parte de la sociedad demandada no es fraudulenta, ya que la ley le permite renunciar a un derecho o acción adquirido por descripción, como lo contempla expresamente el Artículo 1687 del Código de Comercio que afirma: Se podrá renunciar a la prescripción después de adquirir/a. La renuncia podrá deducirse de un hecho incompatible con la voluntad de hacer valer la prescripción. Como podrán observar sus Señorías, este hecho incompatible con la voluntad de hacer valer la prescripción, se materializó en el juicio a que hacemos relación cuando la parte demandada que en ese tipo de juicios solamente puede ser la sociedad, siendo tan evidente los vicios de nulidad demandados se allanó lisa y llanamente a las pretensiones de la parte demandante y no opuso la excepción perentoria de prescripción. d) Es importante señalar, que paradójicamente la Fiscal K. D. C., le imputa a mi representada la comisión de los Delitos de Violación de los Deberes de los Funcionarios y también el Delito de Prevaricato, fundamentándose para ello, en que a su juicio, la Juez de Letras Tercero de lo Civil, soslayó en su Sentencia la parte final del Artículo 194 del Código de Comercio, y que por lo tanto se pude deducir malicia y conciencia de la injusticia que son los elementos subjetivos de este tipo penal, apreciación ésta que, carece de objetividad y evidencia su desconocimiento de otras normas que guardan íntima relación y que están subordinadas unas a otras particularmente los Artículos 194, 1687 Y 1688 del Código de Comercio. En efecto Honorable Corte, el párrafo segundo del Artículo 194 del Código de Comercio, se refiere a la Prescripción de estas acciones, y la omisión de su aplicación al caso concreto, radica en que la prescripción como excepción, no fue alegada en juicio por la parte demandada, quien era la única que podía ejercitar ese derecho mediante oposición y por ende, no fue considerada por la Juez al dictar Sentencia. Lo anterior, desvirtúa la apreciación subjetiva que se realiza en la Resolución contra la cual se interpone el presente Recurso de Apelación y ratifica la correcta actuación de mi mandante Abogada D. S. F. C., en su condición de Juez de Letras Tercero de lo Civil, ejerciendo correctamente la función jurisdiccional, dentro de los parámetros consignados en el Artículo 90 y 321 de la Constitución de la República, el Artículo 9 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, que expresamente dice: "ARTICULO 9.- Los Juzgados y Tribunales no podrán ejercer sus funciones, sino a instancia de parte, excepto los casos en que las leyes los faculten para proceder de oficio"; y el Artículo 1688 del Código de Comercio, tantas veces citado, que dice: "ARTICULO 1688.- El Juez no podrá considerar de oficio la prescripción que no se hubiere opuesto". Las precitadas normas, ratifican categóricamente que la Abogada D. S. F. C., en su condición de Juez, no podía si puede arrogarse atribuciones que son exclusivas de las partes litigantes, en el juicio, por lo tanto quién pretenda compelerla para que ejecute actos que le están prohibidos por la ley, incurre en responsabilidad, al ejercer en forma directa o indirecta un medio de coacción TERCERO: Tanto el expediente investigativo como el fallo que ahora se impugna a través de este recurso, pretenden imponerle a mi representada la Abogada D. S. F. C., en su condición de Juez de Letras Tercero de lo Civil, una oficiosidad e impulso procesal propio del Derecho público y específicamente en el área del derecho Penal, que es en el ámbito en que los agentes del Ministerio Público realizan sus operaciones. En la concepción del Derecho Privado, y propiamente del Derecho Procesal Civil, el proceso se concibe como un medio de solucionar contiendas privadas, en las que el Juez cumple una función de pacífico mediador, siendo las partes las que asumen todas las facultades, ésto supone la base o fundamento del principio dispositivo y el de aportación de parte, entendido éste en su más amplio sentido, incluyendo todo lo relativo a la prueba, pero sobre todo que en lo que se refiere a facultades procesales de dirección: a) El Juez no tiene el control de oficio de los presupuestos procesales, el principio general es el de que nada debe hacerse de oficio en los procesos civiles, sino que debe dejarse a las partes, por lo que hoy se observa y afirma que el Código de Procedimientos Civiles de 1906, no hay verdaderos presupuestos procesales. B) El impulso procesal se confió a las partes, el proceso avanza a instancia de parte. Así es claro, que el papel del Juez del proceso civil común, consignado en nuestro Código de procedimientos civiles de 1906, es el papel propio del siglo XX, el de ser un Juez neutral, en el sentido de que aun pudiendo tener facultades de dirección formal del procedimiento (por ejemplo el impulso de Oficio). Carece de ellas respecto de la dirección material del proceso. En conclusión, el principio dispositivo en el proceso civil de 1906, actualmente en vigencia, es un elemento esencial. Son las partes las que han de determinar el objeto del proceso y la clase de tutela, al juez no le incumbe investigar y comprobar la veracidad de los hechos alegados, que puedan servir para determinar el contenido de la sentencia. Con lo anterior sus señorías, procede la admisión del presente recurso de apelación y adelantado que sea el procedimiento se cite a las partes para oír sentencia en el cual se declare con lugar, revocando la resolución de dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, en fecha Diez de Marzo del año en curso (2010)”. RESULTA: Que en proveído de fecha catorce de mayo del dos mil diez, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, tuvo por admitido el Recurso de Apelación en tiempo y forma por el Abogado C. D. P., en su condición de Apoderado Legal de la Abogada D. S. F., Juez de Letras Tercero de lo Civil de esta Sección Judicial; asimismo, tuvo por expresados lo agravios y se le concedió el término de tres días hábiles después de la notificación al Fiscal del Ministerio Público a efecto de que procediera a contestar agravios antes expresados. RESULTA: Que en fecha veintiún días del mes de mayo del dos mil diez, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, la Abogada K. D. C., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contestando en tiempo y forma el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado C. D. P., de la siguiente manera: “ANTECEDENTES DEL CASO. PRIMERO: En fecha 19 de enero del 2009 el Abogado J. R. P. E., en su condición de apoderado legal de la señora G. H. R., presentó ante el Juzgado de Letras Tercero de lo Civil de esta ciudad demanda contra la empresa AIRE FRIO, S.A. DE C.V., para que se declare la nulidad absoluta de una asamblea ordinaria y extraordinaria de accionistas, asamblea que fue celebrada en fecha 21 de noviembre del año 1996 e inscrita en el registro de comerciantes sociales del registro de la propiedad mercantil en fecha 27 de noviembre del mismo año y en la que se eligió como presidente del consejo de administración de la aludida empresa al señor A. W. E., misma que fue admitida y declarada con lugar por la juez D. S. F., contraviniendo así lo estatuido en el artículo 194 del Código. SEGUNDO: Aunado a lo anterior en fecha 8 de enero del año en curso el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción presentó procedimiento especial de antejuicio contra D. S. F. C., Juez de Letras Tercero de lo Civil, por suponerla responsable del delito de VIOLACION A LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS Y PREVARICATO, mismo que fue admitido mediante auto de fecha doce de enero del año en curso, concediendo a la vez el término de tres días a la funcionaria judicial para que rindiera el respectivo informe. TERCERO: Así las cosas, en fecha diez de marzo de los corrientes, la Honorable Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, emitió auto declarando con lugar el antejuicio presentado por el Ministerio Público, consecuentemente declarando con lugar la iniciativa de persecución penal en contra de la Juez de Letras Tercero de lo Civil, Abogada D. S. F.. “EXPRESION DE AGRAVIOS. PRIMERO: El Ministerio Público consideró que la resolución de fecha 10 de marzo del año en curso emitido por la Honorable Corte de Apelaciones de San Pedro Sula no causa agravio, en virtud que la misma fue formulada tomando en consideración las actuaciones procesales de la Juez D. S. F. en la demanda número 0501-2009-0032 antes aludida, pues si bien es cierto el artículo 1688 del Código de Comercio establece que: "El juez no podrá considerar de oficio la prescripción que no se hubiere opuesto". También lo es que era deber de la Juez como garante de la legalidad, valorar la prueba en la cual se fundamentaba la pretensión del actor, así como la licitud del allanamiento que se produjo en la referida demanda. SEGUNDO: Arguye la defensa de la abogada D. S. F. que su representada al dictar la sentencia en la que declara la nulidad absoluta antes aludida actuó bajo los parámetros del principio de debido proceso y legalidad puesto que la parte demandada al personarse en el juicio renunció a los trámites de citación emplazamiento, allanándose a las pretensiones de la parte actora, procedimiento acorde a nuestra legislación para declarar con lugar la mencionada demanda; Si bien es cierto el artículo 292 del Código de Procedimientos Civiles de nuestro ordenamiento jurídico establece que cuando el demandado se allana a las pretensiones de la parte actora, el Tribunal mandará a citar a las partes para oír sentencia definitiva, también es cierto que atendiendo el principio de Tutela Judicial Efectiva y la posición de garante que es intrínseca a los juzgadores, debió al proferir la sentencia examinar, analizar y valorar la prueba en que se fundamentaba la petición de la parte demandante, pues la concreta utilización de los medios de prueba requiere un pronunciamiento del órgano judicial, sobre la admisibilidad o no de la misma, ésto con el objeto que las partes no intenten un fraude de ley o dolo procesal que conlleve un perjuicio a terceros, tal como sucedió en el caso de mérito en el cual la juez no analizó el hecho que la prueba que sustentaba la demanda interpuesta se basaba en un título que ya estaba prescrito y consecuentemente nulo para que versara sobre el mismo la interposición de la acción pretendida y otorgada al demandante; Esgrime la defensa que de acuerdo al artículo 1688 del Código de Comercio la Juez D. S. F. no podía considerar la prescripción de oficio, en virtud que la parte demandada no propuso la misma aún siendo evidentes los vicios de nulidad demandados, empero el artículo 1589 del Código Civil reza "La Nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe cuando conste en autos, declararse de OFICIO, aunque las partes no la aleguen ... " Situación que en el caso de marras no aconteció puesto que la Juez D. S. F., sin dilación alguna, sin revisar la legalidad de tal allanamiento y en inaplicabilidad del artículo 194 del Código de Comercio falló ha lugar la mencionada demanda. Sigue manifestando la defensa que la excepción perentoria de cosa juzgada, deber ser interpuesta y probada por la parte que haya obtenido en juicio un fallo definitivo y firme que le favorezca, siempre que haya entre la nueva demanda y anteriormente interpuesta IDENTIDAD LEGAL DE LA PERSONA, cabe mencionar que la persona demandada inicialmente y a quien favoreció el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia en fecha 3 de diciembre del año 2008 fue al señor A. W. E., quien fue electo presidente del consejo de administración de la empresa mercantil AIRE FRIO S. A. DE C.V, en la asamblea ordinaria y extraordinaria de fecha 21 de noviembre del año 2006 y de la cual se solicitó la referida nulidad, ahora bien, como el señor A. W., presidente del consejo de administración de la citada empresa podía interponer la excepción de cosa juzgada si en ningún momento fue citado y emplazado por el juzgado que preside la Juez D. S. F., resulta paradójico que la Juez no haya analizado que la persona a quien se demandaba no era la misma que figuraba en el acuerdo asambleario del cual se solicitó la nulidad y que estaba prescrito, infringiendo su actuar no solamente el principio de legalidad, sino también el derecho a la defensa contemplados en los artículos 90 y 82 de la Constitución de la República, en virtud que al no haber sido citado y emplazado no podía alegar la excepción de cosa juzgada o de prescripción de la acción. TERCERO: Manifiesta la defensa en su acápite tercero que la oficiosidad e impulso procesal es inherente al derecho público y que en derecho civil dicho impulso procesal corresponde a las partes, empero, esas formalidades procesales correspondientes a las partes deben entenderse siempre para servir a la justicia, tales como instar el proceso, promover el curso de los autos o la práctica de una diligencia por los tribunales, garantizando con ello el acierto de la decisión judicial, jamás como obstáculos encaminados o dificultar el pronunciamiento de la sentencia acerca de la cuestión de fondo, reiterando así, que el principio de tutela judicial impone a los jueces la obligación de emitir resoluciones jurídicamente motivados y congruentes a nuestro ordenamiento jurídico, partiendo para ello de la información proporcionada por el material probatorio disponible, siendo parte fundamental del material probatorio en este caso el título supra mencionado, para valorar su persuasividad, es así que lo señora Juez D. E. F., atendiendo los criterios de legalidad, rectitud e imparcialidad, nunca debió ni siquiera admitir la Demanda de nulidad planteada, en virtud que dicha acción no se dirigió en contra de la persona del señor A. W. E. que es realmente el que esta ejecutando el acto viciado y que es reprochado por el demandante, y mucho menos proferir una sentencia sin valorar objetivamente el titulo en el cual se fundaba la demanda que pretendía la nulidad del acuerdo asambleario en el cual se eligió el señor A. W. E., como presidente del Consejo de Administración de la Empresa AIRE FRIO, S.A. DE C.V., entonces la instancia de parte en materia civil no deberá trascender hasta la valoración de las pruebas que es una discreción única que por mandato legal le corresponde al juzgador para emitir una sentencia conforme a derecho, cabe señalar que en la primera demanda en la cual se pretendía la nulidad del mismo acto asambleario, si se dirigió en contra del señor A. W., sin que exista razón alguna para cambiar ahora el demandado”. RESULTA: Que en fecha veinticinco de mayo de dos mil diez, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, tuvo por contestados los agravios por parte de la Abogada K. D. C., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, y se ordenó remitir las diligencias de mérito a la Honorable Corte Suprema de Justicia”. CONSIDERANDO (1): Que el Antejuicio tiene su origen en la Francia Post revolucionaria con la aprobación de la primera Constitución el 03 de septiembre de 1791, como una forma de limitar el poder del Rey, sustituyendo y persiguiendo a los Ministros. Esta Constitución estableció que ningún Ministro, en su cargo o fuera de él, podía ser perseguido en materia criminal por hechos de su administración, sin previo decreto del Cuerpo Legislativo. El Antejuicio se define como la protección legal que tienen los Jueces y Juezas de la República, a efecto de que una autoridad judicial, a solicitud de parte interesada, autorice incoar en contra de aquellos, un proceso criminal como consecuencia de actos cometidos en ocasión del desempeño de la jurisdicción. El Antejuicio, es entonces, un requisito previo para presentar acusación criminal en contra de cualquier Juez o Jueza, a excepción de los Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia, sometidos a un procedimiento especial; Concretamente es una garantía pre-procesal, que prevé que el funcionario jurisdiccional, no sea perturbado con acusaciones criminales indebidas, pero también –y más importante- es una garantía para la Ciudadanía al ser una forma de protección de la independencia judicial, garantizándose así que el Juez o Jueza resuelva un caso concreto apegado estrictamente a la ley, sin temor de ser objeto de falsas acusaciones criminales que persigan distraerle, separarle de un caso concreto, o incluso, desprestigiarle como forma de represalia de las decisiones adoptadas.- En conclusión, el Antejuicio no protege a la persona, sino a la función pública que desempeña aquella, erigiéndose como un instrumento para preservar la estabilidad de la persona en el desempeño del cargo jurisdiccional e impedir que el ejercicio de esta función pública se vea perjudicada por el juzgamiento penal de quien temporalmente ocupa el cargo de Juez o Jueza.- A partir del concepto apuntado, se identifican como características del Antejuicio: a) Es un procedimiento previo del momento de presentación de la acción penal en primera instancia, que es conocida por autoridad judicial, de allí su nombre ¨Ante Juicio¨; b) Es una garantía establecida en protección del ejercicio de la función jurisdiccional, encomendada a los Jueces y Juezas de la República; c) Es un instituto de Orden Público y por tanto no es renunciable por parte del Juez o Jueza que este siendo cuestionado(a); d) Mediante el Antejuicio se determinara si existen o no un fundamento razonable para la presentación de la acción penal, sin que proceda pronunciamiento sobre la justicia del caso; y e) Al no haber pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión debatida, no constituye cosa juzgada, ello genera varias consecuencias: i) Aun cuando sea declarado Con Lugar un antejuicio, el Ministerio Público podría decidir no presentar la acción penal al considerar la falta de meritos para ello o el subsecuente proceso penal podría finalizar con sobreseimiento definitivo o mediante sentencia absolutoria, según corresponda a derecho; ii) El Ministerio Público, la Procuraduría General de la República o la persona interesada –en los casos de delitos de carácter privado-, podrá presentar un segundo antejuicio contra el mismo Juez o Jueza, basado en los mismos hechos e imputando el mismo delito, cuando después de haberse declarado sin lugar un primer Antejuicio, aporte nuevo elementos de juicio que permitan su revaloración; y, iii) La acción Penal puede plantearse una vez que la persona deje de desempeñarse como Juez o Jueza, aun cuando se haya declarado sin lugar un Antejuicio entablado cuando aquella aun desempeñaba el cargo jurisdiccional. El Antejuicio puede operar como acción y como excepción: a) Como acción: en los casos en donde la persona interesada presenta el mismo ante la autoridad competente para su resolución; b) Como excepción: cuando el funcionario jurisdiccional acude al proceso penal, solicitando su suspensión hasta tanto el actor no cuente con la autorización para entablar la acción penal, obtenida mediante el Antejuicio. Presentado que sea el Antejuicio y concluido el trámite previsto por el Código Procesal Penal, corresponde al Órgano Jurisdiccional que conozca de él, realizar un examen respecto a los requisitos formales y materiales del mismo, a saber: A) Verificación de Requisitos Formales: i) Que sea presentado por el Ministerio Público respecto a los delitos de acción pública, por la Procuraduría General de la República respecto a los delitos en perjuicio del Estado de Honduras, o por persona agraviada en los casos de delitos de acción privada. Se operable igualmente con el Antejuicio lo relativo a la conversión de la acción pública a acción privada, en los casos que sea procedente; ii) Que la persona contra la cual se presente el antejuicio actualmente esté en el desempeñando en una función estatal protegida con ésta garantía. Si la Persona ha dejado de desempeñarse como Juez o Jueza, no tendría lugar la protección de la función estatal, siendo lo procedente proceder en contra de aquella de la misma forma como se haría en contra de cualquier ciudadano(a); iii) Que el delito imputado sea de aquellos que solo pueden ser cometidos con ocasión del desempeño de la función estatal. Aún cuando la persona se esté desempeñando como Juez o Jueza, en los caso de los delitos no funcionales (Ejemplo: Estafa, Robo, Homicidio, etc.), no será procedente el Antejuicio, dado que no se trata de una imputación derivada de su función estatal; iv) El escrito del Antejuicio defina claramente los hechos que el Peticionario considera constitutivos de delitos y además identifique el tipo penal o los tipos penales en los cuales considera que se encuadran. Con todo, el Tribunal no podrá realizar juicio de valor en cuanto a si los hechos se ajustan al tipo penal citado, sin que ello implique censurar la eventual acción penal, algo que no corresponde en el Antejuicio, el requisito solo exige claridad de los presupuestos, mas no certeza de los mismos. B) Verificación de Requisitos Materiales: i) Que al estudio de la causa, se concluya que existe fundamento razonable en lo alegado por el Petente, sobre la existencia de un hecho que solo puede ser definido en un proceso penal, descartándose consecuentemente: ii) Que la acción sea una maniobra de separar al funcionario jurisdiccional de un caso pendiente de resolución judicial; iii) Que la acción sea un medio de intimidación, atentando así contra la independencia del funcionario jurisdiccional; iv) Que la acción sea planteada como una forma del litigante de dirigir su frustración, por una decisión judicial que le adversa, en la persona del Juez o Jueza que la emitió, con ánimo de represalia. Oportuno es señalar que la suerte del procedimiento del Antejuicio no depende de haber denunciado los hechos en la Inspectoría General de Órganos Jurisdiccionales o que, en su caso, esta denuncia haya sido declarada con lugar o sin lugar. Igualmente la suerte del Antejuicio no depende de que el acto o resolución ordenada por el Juez o Jueza haya o no sido subsanada, reformada o revocada por el mismo funcionario o por un Tribunal Ad-Quem mediante el conocimiento de un Recurso Legal o mediante el conocimiento de una Garantía Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que en resumen la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, declaró con lugar el antejuicio presentado por el Ministerio Público en contra de la Abogada D. E. F. basándose en que la Antejuiciada, como Jueza de la República tiene el deber de controlar la legalidad de las peticiones de las partes y en el caso de reproche la petición de nulidad que hacía el Abogado J. R. P. E., se basaba en un hecho que aconteció hace doce años y por lo tanto ya prescrito, por lo que se debió prever un posible fraude de ley, máxime cuando la demanda fue contestada allanándose a las pretensiones del Demandante, renunciando a los trámites de citación y emplazamiento y todo al tercer día después de interpuesta la acción civil. Aumenta más la duda de la Corte de Apelaciones en cuanto a las actuaciones de la Jueza en virtud de que ésta dictó la sentencia siete días después, es decir, que de la interposición de la demanda a la sentencia el Juzgado de Letras de lo Civil sólo ocupó diez días, resultándole esto inusual al Tribunal de Primera Instancia considerando la cantidad de trabajo que maneja el Juzgado de Letras en donde se desempeña como Jueza la Antejuiciada y además que en la Sentencia cuestionada, la Jueza D. E. F., transcribió la primera parte del artículo 194 del Código de Comercio, que señala que la acción de nulidad se regirá por las disposiciones del derecho común, omitiendo agregar la segunda parte del artículo que señala que esta acción de nulidad prescribirá en un año a partir de la fecha de inscripción del acuerdo. Por su parte, el Abogado C. D. P., en su condición de Apoderado Defensor Privado de la Antejuiciada, discrepa con la resolución dictada por la Corte de Apelaciones, señalando en su expresión de agravios que la Antejuiciada actuó conforme al debido proceso y la legalidad imperante, por cuanto no le corresponde a ella, como Jueza de Letras, declarar una excepción perentoria de costa Juzgada que debe de ser interpuesta y alegada por parte interesada, máxime cuando la antejuiciada no tenía conocimiento de la existencia de un proceso civil donde se hubiesen debatido y resuelto el mismo asunto que ocupó la segunda demanda. Señala que conforme al artículo 1688 la Antejuiciada tampoco podía apreciar de oficio la prescripción de que habla el artículo 194 ambos del Código de Comercio. Finalmente, el Ministerio Público en su contestación de agravios hace eco a lo señalado por la Corte de Apelaciones en la sentencia impugnada, indicando que si bien es cierto el artículo 1688 del Código de Comercio establece que el Juez no podrá considerar de oficio la prescripción que no se hubiese opuesto, también lo es que era deber de la Antejuiciada, como garante de la legalidad, valorar la prueba en la cual se fundamenta la pretensión del actor, consistente en un título que ya estaba prescrito. Señala que la Antejuiciada no observó lo preceptuado en el artículo 1589 del Código Civil e inaplicando el artículo 194 del Código de Comercio, emitió una sentencia sin dilación alguna, declarando con lugar la demanda; aqueja que el señor A. W., Presidente del Consejo de Administración de la citada Empresa no podía interponer la excepción de cosa juzgada si en ningún momento fue citado y emplazado por el Juzgado que preside la Antejuiciada, aún cuando ésta pudo concluir que la persona demandada no era la misma que figuraba en el acuerdo asambletario del cual se solicitó la nulidad. CONSIDERANDO (3): Nos enseña el Principio Iuria Novit Curia, que en un proceso judicial, sea cual fuere su naturaleza, las partes debaten sobre hechos, correspondiéndole al órgano jurisdiccional aplicar el derecho; Al Juzgador incumbirá determinar el derecho aplicable a la causa debatida, aun cuando las partes no lo hayan invocado, ergo, en materia civil, el allanamiento de una de las partes a los hechos y a las pretensiones formulada por otra en la demanda, no exime al Juzgador de observar el principio en referencia, debiendo de resolver el caso estrictamente conforme a la ley, aún cuando esto sea en contrario a lo solicitado por el demandante y de lo cual el demandado se haya allanado. CONSIDERANDO (4): Que el Juzgador al tener conocimiento de que se ha entablado una demanda con identidad en los hechos y las personas que ocuparan un anterior pronunciamiento judicial deberá de rechazar la acción civil, aún cuando la otra parte se haya allanado a la misma, ello dando estricto cumplimiento al Principio de Cosa Juzgada (res iudicata). En el caso de autos cuestiono el Ministerio Público que la Antejuiciada admitió, dio trámite y concedió una demanda respecto a hechos y actores ya debatidos, resuelto previamente por la Corte Suprema de Justicia en sentencia de fecha tres de diciembre del año dos mil ocho, más la Sala de lo Penal encuentra lógico y razonable la explicación que ésta rinde en su informe, donde señala que la primera demanda fue interpuesta y tramitada cuando aún no se desempeñaba como Jueza de Letras y que la segunda demanda fue interpuesta, admitida, dada en trámite y resuelta por ella antes de que los antecedentes de la primera demanda volvieran al Juzgado de Letras, por lo que fue de manera posterior que se dio cuenta que se trataba de una cosa juzgada, que el único registro de demandas interpuestas se lleva mediante el Libro de Entradas, en donde solo se consignan datos generales y que por tanto no se podía tener conocimiento previo. Observa la Sala de lo Penal, que éste hecho cuestionado no sirvió de fundamento a la Corte de Apelaciones al momento de dictar la sentencia que ahora se conoce en apelación y por lo tanto en cuanto a éste punto no es de recibo el agravio expresado por el Abogado Defensor Privado. CONSIDERANDO (5): Que mediante la Demanda interpuesta por la Señora G. H. R. en fecha diecinueve de enero del año dos mil nueve, se solicitó la nulidad absoluta de la asamblea ordinaria y extraordinaria de accionistas de la Empresa Aire Frío S.A. de C.V., celebrada en fecha veintiuno de noviembre del año de mil novecientos noventa y seis, la nulidad absoluta de los acuerdos tomados en la misma, la nulidad de la escritura pública de protocolización y de cuantas copias se hayan expedido y la nulidad de su respectiva inscripción registral. Conforme al artículo 194 del Código de Comercio, la acción de nulidad (como la que se planteo) se regirá por las disposiciones del derecho común y prescribirán en un año, contado a partir de la fecha en que inscribió el acuerdo, si fuese de los que necesitan inscripción en el registro de comercio (como es el caso). Ahora bien, la prescripción (que es la pérdida del derecho reconocido por la ley a consecuencia de dejar pasar el tiempo sin reclamarlo), no puede ser declarada de oficio por el Juzgador, sino que debe de ser opuesta por parte interesada, conforme lo señala el artículo 1688 del Código de Comercio, que en este caso implicaba la pérdida del derecho a solicitar la nulidad de la asamblea ordinaria y extraordinaria de accionistas y todo lo que se deriva de ella por no haber solicitado la misma al año de haberse inscrito, siempre que la parte Demandada hubiese opuesto la existencia de la prescripción, lo cual no hizo. Por lo anterior, la Sala de lo Penal considera de recibo el agravio del Apelante: La Antejuiciada aún apreciando que la demanda trataba de un hecho que aconteció hacia doce años y que por tanto el derecho a pedir su nulidad había prescrito, no podía declarar dicha prescripción sino hasta que la parte demandada la opusiera, lo cual no aconteció y por ello no es reprochable a la antejuiciada haber obviado pronunciarse respecto al plazo prescriptivo que señala el artículo 194 del Código de Comercio. La Corte de Apelaciones cuestiona de que la Antejuiciada debió haber revisado la licitud del allanamiento y sospechar que era un posible fraude de ley, al tratarse de un acto de hacía doce años (la asamblea de accionistas), más el allanamiento fue lícito al haber sido presentado en tiempo y forma por la apoderada legal de la Sociedad Mercantil, quien revestía de las facultades legales para hacer, es pues que al haberse presentado un allanamiento conforme lo establece el Código de Procedimientos Comunes (Art. 292 PC), una mera sospecha no podía obligar a la Antejuiciada a obrar en contra de lo que la ley le ordena, que es dictar la sentencia ante la ausencia de excepciones dilatorias y/o perentorias y conforme a los hechos aceptados. CONSIDERANDO (6): Que la Corte de Apelaciones señala como irregular el hecho de que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia haya sido emitida en fecha tres de diciembre del año dos mil ocho, y que la segunda demanda haya sido interpuesta en fecha diecinueve de enero del 2009, que la contestación haya sido presentada en fecha veintidós de enero, tres días hábiles después y la sentencia definitiva en fecha veintinueve de enero, cinco días hábiles después, que en suma hacen que desde la interposición de la demanda hasta la sentencia solo se hayan ocupado nueve días hábiles, considerando que el Juzgado de Letras Tercero de lo Civil maneja una carga de trabajo considerable. Al respecto, la Sala de lo Penal, concuerda con la Corte de Apelaciones en que efectivamente que en la Demanda contenida en el expediente número 0501-2009-00032LCO, fue conocida y resuelta con bastante rapidez inusual , en consideración a los tiempos que normalmente tarda el Despacho a cargo de la Antejuiciada, más esto por sí sólo no constituye mérito para declarar con lugar el antejuicio, máxime porque el Ministerio Público no denuncia en su Antejuicio que la Jueza D. S. F. C., habitualmente no actúa con la misma prontitud en otros casos similares o que irrespetando el orden de conocimiento en los expedientes, procedió a resolver este caso en preferencia y con perjuicio de otros que tenían mayor antigüedad y que se encontraban en la misma situación. La Sala de lo Penal, considera pertinente dar cuenta del hecho acotado en este Considerando a la Inspectoría de Órganos Jurisdiccionales, como dependencia contralora del Poder Judicial, a fin de que determine si la Funcionaria pública mencionada ha incurrido en alguna falta. CONSIDERANDO (7): Que denuncia el Ministerio Público, que el Juzgado de Letras Tercero de lo Civil no citó al señor A. W, Presidente del Consejo de Administración de la citada Empresa, no podía interponer la excepción de cosa juzgada si en ningún momento fue citado y emplazado por el Juzgado que preside la Antejuiciada, aún cuando ésta pudo concluir que la persona demandada no era la misma que figuraba en el acuerdo asambletario, del cual se solicitó la nulidad. Al respecto, es importante tener en cuenta que el artículo 209 del Código de Comercio señala, que la representación judicial y extrajudicial de la sociedad anónima corresponderá al administrador o al Consejo de Administración, que actuará por medio de su presidente. En el caso que nos ocupa, la Demanda Ordinaria de Nulidad Absoluta de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Aire Frio, C.A. de C.V., así como todos los actos que le derivaron, fue interpuesta por la señora G. H. R., en contra de la señora M. W. P., en su condición de actual Presidenta del Consejo de Administración de la Sociedad, quien p.rocedió a contestar la demanda correspondiente, es pues, que la persona contra la cual se dirigió la acción era la correcta conforme lo dispone el artículo 209 del Código de Comercio, no pudiéndose dirigir directamente al señor A. W., por no ser una acción contra una persona natural, sino una acción en contra de una persona jurídica. CONSIDERANDO (8): Que es importante tener en cuenta que el presente antejuicio fue presentado por el Ministerio Público por considerar presunta responsable a la Jueza D.E… F., de los delitos de Prevaricato en concurso ideal con el delito de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, es pues, que la imputación en esencia acusa a la Antejuiciada de dictar intencionalmente una resolución contraria a la ley y es precisamente en base a las exigencias objetivas de los tipos penales reprochados que la Sala de lo Penal, llega a la conclusión de que no existen fundamentos razonables en lo alegado por el Ministerio Público, para concluir que existe un hecho con apariencia delictiva que merezca ser definido en un proceso penal. POR TANTO. LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 3, 316 de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 420, 421, 422 y 423 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: Declarando CON lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado C. D. P., en su condición Apoderado Defensor Privado de la Jueza D. E. F. C. SEGUNDO: Declarando SIN lugar el Antejuicio presentado en contra del funcionario judicial D. E. F. C., actual Jueza del Juzgado de Letras Tercero de lo Civil en la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. MANDA. Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso a la Corte de Apelaciones de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes y demás remita certificación a la Inspectoría de Órganos Jurisdiccionales para los efectos señalados en el Considerando seis (6) de esta Sentencia, siempre que ello no haya sido ya objeto de investigación y pronunciamiento previo por este Ente. Redactó: El Magistrado PONENTE CALIX HERNÁNDEZ. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de enero del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha ocho de noviembre del año dos mil doce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-190-2010.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
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