Sentencia CP-174-10 — Registro 2554
Resumen
Se condenó en primera instancia por el delito de violacion a los deberes de funcionarios
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY INTERPUESTO POR EL ABOGADO MARLON REYNIERY DUARTE AMADOR, DENUNCIANDO ERRÓNEA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA CONTENIDA EN ARTÍCULO 349.2 DEL CÓDIGO PENAL. I. El recurrente, denuncia que en la sentencia recurrida, el Tribunal de Sentencia “… sin valorar la prueba producida de manera conjunta y armónica…” incurrió en un vicio in procedendo, al realizar una interpretación errónea del precepto penal aplicable al caso, tal cual es el artículo 349.2 del Código Penal. En el Desarrollo del Recurso, el Censor afirma que en los hechos declarados probados “existe un error de disconformidad en las ideas y representaciones con la naturaleza ocurridas en el presente juicio, teniendo como resultado una apreciación falsa de lo acontecido…” dándose a la tarea de hacer una relación de ellos para luego desarrollar una extensa argumentación controvirtiéndolos, apoyándose posteriormente en un análisis de los medios de prueba que fueron conocidos en el Debate, concluyendo finalmente que el Ministerio Público no probo la existencia de dolo en el actuar de su representado, insistiendo en que se debe apreciar la existencia de un vicio in procedendo por aplicación indebida de la ley penal y por no valorar la prueba “… de acuerdo con las reglas de la sana critica, la psicología y la experiencia común...” II . Mediante la Doctrina Legal sentada con ocasión de las Sentencias Penales Números: 028-2009 y 385-2009, ambos de fecha 5 de abril del 2011; Sentencia Penal No. 283-2008 de fecha 27 de julio del 2010; Sentencia Penal No.069-2009 de fecha 10 de junio del 2010; y Sentencia Penal No.027-2009 de fecha 06 de abril del 2010, entre otros, este Supremo Tribunal ha indicado, de manera clara que: “A través del recurso de casación por infracción de ley sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del sistema procesal anterior, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal. Tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. Todo lo que se refiere a la determinación del hecho queda fuera de su ámbito competencial. Por eso se dice con razón, que el Tribunal de Casación al conocer de las alegaciones de infracción de ley, no es un Tribunal de segundo grado con potestad para examinar ex novo la causa y corregir todos los errores de hecho, que pueda cometer el sentenciador, sino que es un supremo guardián del derecho sustantivo, para evitar la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva. El Recurso de Casación por Infracción de Ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia (vid. Art. 360 párrafo primero del Código Procesal Penal). Al Tribunal de Casación le está vedado penetrar por ese cauce procesal a la reconstrucción histórica del suceso al cual la norma de Derecho es aplicada. En este sentido, la jurisprudencia ha sentado de manera reiterada como presupuesto de la casación por infracción de ley, el principio de intangibilidad de los hechos fijados por la sentencia recurrida, estableciendo que el recurso de casación fundado en ese motivo, sólo procede para corregir el Derecho, de suerte que las cuestiones de hecho escapan al control jurisdiccional del Tribunal de Casación. De este modo, la regla de la indiscutibilidad de los hechos fijados por la sentencia y la finalidad de la casación, aparecen congruentes entre sí y se complementan mutuamente…” Lo anterior da fundamento para descartar el Recurso presentado por el Censor, ya que el mismo no sólo desarrolla argumentos contradictorios, señalando la concurrencia de un vicio in procedendo, lo cual es propio del Recurso por Quebrantamiento de Forma, regulado en el artículo 362 del Código Procesal Penal, y no del Recurso por Infracción de Ley presentado; siendo el planteamiento presentado confuso y deja de lado el Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados propio del Recurso de Casación por Infracción de Ley, haciendo del ataque a los hechos probados su principal herramienta argumentativa y pretendiendo que esta Sala de lo Penal los desconozca y que además haga una nueva valorización de la prueba –por violación de las reglas de la sana crítica- para conceder su petición de un fallo absolutorio. De lo anterior, es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su Único Motivo interpuesto por el Censor."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO, DENUNCIANDO INOBSERVANCIA DEL ARTÍCULO 376 DEL CÓDIGO PENAL. I. El recurrente, aqueja que la sentencia recurrida adolece de un vicio in iudicando ya que indebidamente la misma inobservo la norma sustantiva contenida en el artículo 376 del Código Penal, que tipifica el delito de Fraude, en perjuicio de la Administración Pública. El Título XIII del Libro Segundo del Código Penal, recoge los delitos cuyo objeto es la protección de la Administración Pública como bien jurídico, es decir el correcto funcionamiento de la administración pública, como deber del empleado y funcionario público de gestionar con lealtad y probidad la cosa pública en los términos que dispone el artículo 5 de la Ley General de la Administración Pública y 5 de la Ley de Contratación del Estado; Entre esos tipos penales nos encontramos el contenido en el artículo 376 conocido como Fraude al Estado, que no debe de ser confundido con el tipo penal del artículo 242 y 243 que contienen los delitos de Fraude en perjuicio de persona natural o jurídica particular. El Artículo 376 del Código Penal indica que “El Funcionario o empleado público que por razón de su cargo participe en cualquier acto jurídico que tenga interés en Estado y se ponga de acuerdo con alguno de los interesados para defraudar al fisco o con ese mismo propósito se valga de su condición para favorecer a un tercero o para facilitar su participación personal, directa o indirecta, en los beneficios que pueda producir tales asuntos o use cualquier otro artificio con la misma finalidad, será sancionado con reclusión de seis a nueve años, más inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión.” El tipo penal recoge tres supuestos diferentes y que de manera independiente configuran el delito de Fraude al Estado: Primer Supuesto: Funcionario o Empleado Público que por razón de su cargo participe en cualquier acto jurídico que tenga interés el Estado y se ponga de acuerdo con algunos de los interesados para defraudar al fisco. la acción típica del supuesto es el concierto o conspiración (Art. 17 del Código Penal), es decir el ponerse de acuerdo el funcionario con los interesados o especuladores como una forma de ardid o maquinación, por lo que es preciso que efectivamente se haya producido el concierto, momento en el que tendría lugar la consumación delictiva. Este supuesto entonces, exige la participación de por lo menos dos personas: el funcionario o empleado público y el tercero(s) con el que se concierta; Pese a lo anterior, el tipo no señala la suerte del tercero que participa en el hecho, por lo que su responsabilidad deberá de ser deducida conforme a otro tipo penal; Segundo Supuesto: Funcionario o Empleado Público que por razón de su cargo participe en cualquier acto jurídico que tenga interés el Estado (y) para defraudar al fisco… se valga de su condición para favorecer a un tercero o para facilitar su participación personal, directa o indirecta, en los beneficios que pueda producir tales asuntos. El ámbito situacional en este segundo supuesto es diferente, por cuanto en el no se exige la existencia del acuerdo, sino que la conducta puede ser desarrollada de manera unilateral por el funcionario o empleado público, quien busca favorecer a un tercero –con o sin su conocimiento- o favorecerse el mismo de manera directa o indirecta, del asunto que conoce como funcionario público, en perjuicio del fisco. Tercer Supuesto: Funcionario o Empleado Público que por razón de su cargo participe en cualquier acto jurídico que tenga interés el Estado (y) use cualquier otro artificio (para defraudar al fisco). La conducta típica aquí está centrada en el uso de un artificio, ardid, artimaña o maquinación por parte del empleado o funcionario público, con el objeto de burlar los sistemas de controles estatales y así conseguir defraudar al fisco con un acto de aparente legalidad o con un acto subrepticio, pudiendo ser a favor de un tercero –con o sin acuerdo o conocimiento de éste- o a favor propio. El Término de “otro artificio”, incluido en este supuesto es por referencia al primer supuesto, en donde se prevé una forma específica de maquinación como ser el concierto de dos personas, una de ellas el funcionario público, mientras que en este tercer supuesto el legislador concibe la posibilidad de otro tipo de ardid además del indicado, convirtiendo este supuesto en un tipo penal abierto. Se concluye que el elemento objetivo de “artificio”, solo asiste en el primer y tercer supuestos y no así en el segundo, donde el mismo no es necesario para la concurrencia del delito. Son tres los elementos objetivos comunes en los supuestos señalados: 1. El Sujeto Activo, es un funcionario o empleado público, quien participa en el acto jurídico con ocasión de su cargo, participación que puede ser directa por ser el responsable del acto, o indirecta cuando el acto si bien se encuentra bajo su esfera de competencia, no interviene formalmente en el, más si materialmente; 2. El acto jurídico, debe de ser de aquellos en los cuales el Estado tenga algún interés, como contratos de obra públicas, contrato de suministros de bienes o servicios, contratos de consultoría, contratos de gestión de servicios públicos, contratos de concesión de uso de del dominio público o de concesión de de servicios u obras públicas, así como los de compra-venta, donación, permuta, arrendamiento, prestamos y todos aquellos de contenido patrimonial; En conclusión el acto jurídico a que refiere el tipo penal son todos los que deban regirse a la sombra de las normas del Derecho Administrativo; y, 3. El Sujeto Pasivo es el Estado, entiéndase como tal los órganos centralizados, desconcentrados y descentralizados, incluyendo en estos últimos los entes autónomos y las municipalidades, conforme lo disponen los artículos 2, 9, 41 y 47 de la Ley General de la Administración Pública. Como elementos subjetivos, el tipo penal, junto al dolo, exige una intención final, cual es la de defraudar al Fisco. Debe entenderse por defraudar al fisco cualquier acción u omisión que persiga perjudicar económicamente el patrimonio de la entidad a la que el funcionario o empleado público preste sus servicios. El tipo penal no requiere la existencia un ánimo de lucro aun cuando éste pueda igualmente gobernar el acto delictivo. El tipo penal, conforme a la estructura dada por el legislador hondureño, tiene las siguientes características: 1. Delito Mono Ofensivo: Ya que el tipo penal protege solo un bien jurídico, como ser la Administración Pública, por lo que en caso de concretarse el daño patrimonial podría presentarse un concurso de delitos; 2. Delito Compuesto, debido a que hace la descripción de tres supuestos diferentes e independientes; 3. Delito de mera actividad debido a que para su consumación sólo se requiera la realización de la conducta, sin necesidad de que se produzca un resultado; 4. Delito de Conducta Instantánea, debido a que los tres supuestos descritos en el tipo penal se agotan en un solo momento; y, 5. Delito de Sujeto Activo Calificado, dado que el autor deberá de tener el carácter de funcionario o empleado público en el ejercicio de sus funciones. Dependiente de su forma de aparición y al existir diversidad de bienes jurídicos lesionados, el tipo penal de Fraude al Estado puede presentarse en concurso Ideal –propio o impropio-, conforme lo disponen el artículo 36 del Código Penal. II. Retornando al caso de estudio, este Tribunal de Casación determina que, partiendo de los hechos declarados probados por el Órgano Sentenciador, no convergen en el presente caso los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Fraude al Estado, contenido en el artículo 376 del Código Penal. En el hecho probado primero –Folio 562-, se señala que el acusado M. A. C. C., como Gerente General de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), y el Abogado R. R. S. B., como representante del Bufete Suazo Lagos y Asociados, celebraron un contrato de prestación de servicios profesionales para la representación legal del Señor O. D. S. G.S, quien tenía causa criminal pendiente promovida por el Ministerio Público. Este contrato firmado es un acto jurídico que no está regido por el Derecho Administrativo, sino por el Derecho Civil, por cuanto no es de aquellos de los que el Estado de Honduras tenga interés, el mismo fue realizado bajo el argumento de que era en cumplimiento de una prestación laboral que la Empresa HONDUTEL había concedido a los empleados y funcionarios en el Contrato Colectivo de Trabajo; Al no ser el acto jurídico de aquellos en el que el Estado de Honduras tenga intereses, no se cumple uno de los elementos objetivos, concurrente en los tres supuestos del tipo penal de Fraude. III. Esta Sala de Casación, si bien se manifiesta de acuerdo con el Tribunal de Sentencia en el sentido de que en el presente caso no se aprecia la existencia del delito de Fraude al Estado, concurre respecto a sus motivos, ya que el tipo penal no es de naturaleza tributaria como se afirma en la sentencia recurrida –F. 571 v.-, el Juzgador no consideró en su análisis que el mismo está compuesto por elementos objetivos comunes y elementos objetivos específicos para cada uno de los tres supuestos que lo componen y equivocadamente indica como elemento objetivo el propósito de defraudar al fisco –F. 571-, siendo éste un elemento subjetivo del tipo penal. (Al respecto ver Sentencia Penal No.038-2009, de fecha 18 de agosto del 2011). Es por lo anterior, que es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su Único Motivo, entablado por el Ministerio Público. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY INTERPUESTO POR EL ABOGADO MARLON REYNIERY DUARTE AMADOR, DENUNCIANDO ERRÓNEA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA CONTENIDA EN ARTÍCULO 349.2 DEL CÓDIGO PENAL. I. El recurrente, denuncia que en la sentencia recurrida, el Tribunal de Sentencia “… sin valorar la prueba producida de manera conjunta y armónica…” incurrió en un vicio in procedendo, al realizar una interpretación errónea del precepto penal aplicable al caso, tal cual es el artículo 349.2 del Código Penal. En el Desarrollo del Recurso, el Censor afirma que en los hechos declarados probados “existe un error de disconformidad en las ideas y representaciones con la naturaleza ocurridas en el presente juicio, teniendo como resultado una apreciación falsa de lo acontecido…” dándose a la tarea de hacer una relación de ellos para luego desarrollar una extensa argumentación controvirtiéndolos, apoyándose posteriormente en un análisis de los medios de prueba que fueron conocidos en el Debate, concluyendo finalmente que el Ministerio Público no probo la existencia de dolo en el actuar de su representado, insistiendo en que se debe apreciar la existencia de un vicio in procedendo por aplicación indebida de la ley penal y por no valorar la prueba “… de acuerdo con las reglas de la sana critica, la psicología y la experiencia común...” II. Mediante la Doctrina Legal sentada con ocasión de las Sentencias Penales Números: 028-2009 y 385-2009, ambos de fecha 5 de abril del 2011; Sentencia Penal No. 283-2008 de fecha 27 de julio del 2010; Sentencia Penal No.069-2009 de fecha 10 de junio del 2010; y Sentencia Penal No.027-2009 de fecha 06 de abril del 2010, entre otros, este Supremo Tribunal ha indicado, de manera clara que: “A través del recurso de casación por infracción de ley sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del sistema procesal anterior, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal. Tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. Todo lo que se refiere a la determinación del hecho queda fuera de su ámbito competencial. Por eso se dice con razón, que el Tribunal de Casación al conocer de las alegaciones de infracción de ley, no es un Tribunal de segundo grado con potestad para examinar ex novo la causa y corregir todos los errores de hecho, que pueda cometer el sentenciador, sino que es un supremo guardián del derecho sustantivo, para evitar la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva. El Recurso de Casación por Infracción de Ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia (vid. Art. 360 párrafo primero del Código Procesal Penal). Al Tribunal de Casación le está vedado penetrar por ese cauce procesal a la reconstrucción histórica del suceso al cual la norma de Derecho es aplicada. En este sentido, la jurisprudencia ha sentado de manera reiterada como presupuesto de la casación por infracción de ley, el principio de intangibilidad de los hechos fijados por la sentencia recurrida, estableciendo que el recurso de casación fundado en ese motivo, sólo procede para corregir el Derecho, de suerte que las cuestiones de hecho escapan al control jurisdiccional del Tribunal de Casación. De este modo, la regla de la indiscutibilidad de los hechos fijados por la sentencia y la finalidad de la casación, aparecen congruentes entre sí y se complementan mutuamente…” Lo anterior da fundamento para descartar el Recurso presentado por el Censor, ya que el mismo no sólo desarrolla argumentos contradictorios, señalando la concurrencia de un vicio in procedendo, lo cual es propio del Recurso por Quebrantamiento de Forma, regulado en el artículo 362 del Código Procesal Penal, y no del Recurso por Infracción de Ley presentado; siendo el planteamiento presentado confuso y deja de lado el Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados propio del Recurso de Casación por Infracción de Ley, haciendo del ataque a los hechos probados su principal herramienta argumentativa y pretendiendo que esta Sala de lo Penal los desconozca y que además haga una nueva valorización de la prueba –por violación de las reglas de la sana crítica- para conceder su petición de un fallo absolutorio. De lo anterior, es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su Único Motivo interpuesto por el Censor. RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO EL ABOGADO MARLON REYNIERY DUARTE AMADOR, EN SU CONDICIÓN DE DEFENSOR PRIVADO DEL SEÑOR M. A. C. C. DENUNCIANDO VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 82, 90, 262, 266, 268, 269, 303, 321 Y 323 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA. I. Esta tipología es la más amplia de las que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el Recurso a desarrollar bajo este título debe de denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; En una buena técnica, se debe optar a esta Vía Recursiva cuando no sea posible denunciar el vicio a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro, en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Legal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores. La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial, como ser las sentencias. II. El Censor solicita que esta Sala de lo Penal, ordene al Tribunal de Sentencia emitir fallo absolutorio como consecuencia de haber violentado las normas constitucionales siguientes: Artículo 82 de la Inviolabilidad del Derecho de Defensa; Artículo 90 del Debido Proceso; Artículo 262 de la independencia funcional y administrativa de las Instituciones Descentralizadas; Artículo 266 del Plan Operativo de las Instituciones Descentralizadas; Artículo 268 de la Liquidación de Actividades de las Instituciones Descentralizadas; Artículo 269 de la Facultad de Poder Ejecutivo de disponer de las Utilidades Netas de las Instituciones Descentralizadas; Artículo 303 del Facultad Jurisdiccional de los Juzgados y Tribunales del Poder Judicial; Artículo 321 y 323 de la Inviolabilidad de la Ley. III. El recurrente, aún cuando cita nueve normas de la Constitución como violentadas por el Tribunal de Sentencia, no se ocupa de explicar cómo se da esta violación, es decir, cuáles fueron los actos u omisiones que realizó el Tribunal de Sentencia que significaron un perjuicio material y concreto, como consecuencia de la inobservancia de las normas constitucionales citadas o por la disminución indebida de las garantías que regulan. Contrario a lo anterior, sin hacer ningún puente con las normas constitucionales enunciadas y por tanto alejándose del sentido de la vía recursiva, el recurrente hace una relación de algunos de los medios de prueba desarrollados en el debate, indicando cual a su parecer es la valoración que debió habérsele asignado, para concluir que el Tribunal de Sentencia no valoró de manera conjunta y armónica toda la prueba señalada, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, lo cual el Censor igualmente Aqueja en el Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales y que esta Sala de lo Penal resuelve en el siguiente numeral. La mera enumeración abstracta de preceptos constitucionales no permite a esta Sala de lo Penal examinar si los mismos fueron violentados, como asegura el Recurrente ha sucedido, volviendo ineficiente el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en cuanto a la denuncia de transgresión de los artículos 82, 90, 262, 266, 268, 269, 303, 321 Y 323 de la Constitución de la República, resultando ser la única denuncia de violación a norma constitucional que permite a esta Sala de lo Penal examinar si existió perjuicio material, la queja del Censor hecha en el desarrollo del Recurso, relativa a que el Tribunal de Sentencia valoró indebidamente el dictamen del Tribunal Superior de Cuentas, ya que éste fue ratificado en la audiencia de debate por una persona distinta al que la elaboró, lo que se traduce en violación del artículo 88 de la Constitución de la República, el cual prescribe en su párrafo tercero que “Sólo hará prueba la declaración rendida ante Juez Competente.” El artículo 88 párrafo tercero de la Constitución de la República recoge el principio de “Inmediación”, el cual explica que la única prueba que podrá valorar el Juzgador es aquella que ha podido apreciar directamente, lo que se traduce en la posibilidad de que los Jueces puedan internar el contenido del medio de prueba directamente a atreves de sus sentidos, posibilitando que puedan hacer un juicio crítico de su valor. Se constituye violación a esta garantía constitucional cuando todos o alguno de los miembros del Órgano Juzgador procede a valorar un medio de prueba que no ha apreciado personalmente, basándose en la impresión de un tercero. En el caso de autos, se aprecia a folio 500 vuelto que el Ministerio Público, en audiencia de proposición de medios de prueba de fecha treinta de septiembre del año dos mil nueve, ofreció el Informe Especial número 04-2004DASSII, elaborado por el Tribunal Superior de Cuentas, como un medio de prueba documental, el cual, al no haber oposición de la Defensa Privada y superando los criterios de proporcionalidad, utilidad y pertinencia, fue admitido para ser reproducido en debate; Iniciado la Audiencia de Debate en fecha cinco de enero del año dos mil diez, el Ministerio Público en el espacio para incidentes, propuso que el medio de prueba documental Informe Especial del Tribunal Superior de Cuentas, fuese reproducido en juicio como medio de prueba pericial, a rendir por la Licenciada Francisca Martínez Zepeda, quien había sido la persona encargada de su elaboración, de ello la Defensa Privada tampoco no presentó objeción alguna (F. 538), más sin embargo, el Tribunal de Sentencia resolvió que el Informe sería introducido al proceso como un medio de prueba documental como originalmente había sido propuesto con la salvedad de que sería ratificado por la Licenciada Martínez Zepeda (f 538v); Así las cosas, el debate se dio por abierto y una vez que se supero la fase inicial se procedió a la reproducción de los medios de prueba, llegando el turno al Informe del Tribunal Superior de Cuentas, el cual corre agregado a folio 126 al 133, siendo ratificado por la Licenciada Francisca Martínez Zepeda, mas se advirtió en ese momento que al final del documento calzaba la firma de la Licenciada Hortencia E. Rubio Reyes, identificándola como la persona que lo elaboró, ello generó que el Tribunal de Sentencia hiciese las consulta respectiva y después de resolver peticiones sobre Auto para Mejor Proveer y un llamado de atención al Ministerio Público por su falta de preparación, resolvió tener el informe del Tribunal Superior de Cuentas, como un medio de prueba documental incorporado al juicio sin la ratificación hecha por la Licenciada Martínez Zepeda, de lo cual se pronunció de acuerdo la Defensa Privada (f 545). En la Sentencia, el Órgano Sentenciador hace una valoración Descriptiva del medio de prueba en cuestión (f 566 v), para luego proceder a la valoración intelectiva (f 567) misma que hizo de manera conjunta con otros medios de prueba. El Informe número 04-2004DASSII, elaborado por el Tribunal Superior de Cuentas, fue propuesto y admitido como un medio de prueba documental en la audiencia de proposición de medios de prueba, introducido a debate igualmente como un medio de prueba documental y tenido incorporado como tal, es decir, no constituyó un medio de prueba pericial según se hizo constar en el Acta de Debate respectiva. Establece el artículo 332 del Código Procesal Penal, que los medios de prueba documental deberán de ser exhibidos en la audiencia de debate, indicando su origen e introducidos mediante su lectura hecha por el Secretario del Tribunal, habiendo el Tribunal de Sentencia respetado esta norma en torno al medio de prueba cuestionado, por ello es criterio de esta Sala de lo Penal, que no existe violación a la garantía contenida en el artículo 88 párrafo tercero de la Constitución de la República por cuanto el Órgano Sentenciador tuvo a su disposición directamente el documento para su examen, con ello entonces el Principio de Inmediación nunca estuvo comprometido. De lo anterior, es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su Único Motivo. RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR EL ABOGADO MARLON REYNIERY DUARTE AMADOR, A FAVOR DEL ACUSADO M. A. C. C., CITANDO COMO PRECEPTO AUTORIZANTE EL ARTÍCULO 362.2 Y 362.3 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; Es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento, tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. El recurrente señala en un único motivo, que el reproche recursivo en contra de la sentencia consiste en que la misma carece de motivación, ya que el Tribunal de Sentencia relleno su resolución con apartados de leyes que no se aplican al caso en concreto y que no fueron invocadas por las partes, olvidándose explicar el porqué de sus fundamentos legales. Además señala que carece de congruencia entre la parte dispositiva y la parte resolutiva motivación, carece de valoración de la prueba, de fiabilidad de los medios probatorios, de selección de los hechos probados lógicos y contundentes, y de razonamiento, por lo que solicita a esta Sala de lo Penal dictar una sentencia absolutoria y ordenar la inmediata libertad de su representado. II. El Recurso presentado por el Censor resulta confuso, ya que se opto por denunciar en un sólo motivo varios vicios in procedendo, así pues se cita como precepto autorizante los numerales 2 y 3 del Artículo 362 del Código Procesal Penal que en conjunto prevén seis motivos de casación por quebrantamiento de formas procesales, sin que se delimite cuál de ellos se considera concurrentes, confusión que se ahonda aún más en el desarrollo del libelo cuando el Censor no aborda cada uno de los motivos por separado, sino que lo hace de manera conjunta, pasando de un motivo a otro de manera pendular, ocasionando que la claridad sea el gran ausente en el argumento. Así pues se señala que existe falta de motivación jurídica debido a que no se explicó el porqué de cada uno de los fundamentos legales, pero a continuación se indica como fundamento los requisitos que debe contener los hechos probados, concluyendo en el mismo argumento que la sentencia es contradictoria y que existe incongruencia entre la prueba de cargo y el fallo. El planteamiento equívocamente desarrollado, no permite dar respuesta al Censor, ya que no se puede deducir cual es la idea que desea transmitir en ese párrafo del libelo. Por otro lado, el Censor en varios apartados señala que no existió prueba suficiente para que el Tribunal de Sentencia emitiera un fallo de culpabilidad e incluso hace relación a alguna prueba presentada por el Ministerio Público criticando el valor dado por el Órgano Sentenciador; Al respecto es importante apuntar que en el Sistema Procesal Penal Hondureño el valor de los medios de prueba no está determinado previamente por la ley o por la Doctrina legal, sino que es tarea del Tribunal de Sentencia calificarlas conforme al nivel de convencimiento que le merezca cada una de ellas en su estudio individual y en su estudio en conjunto, lo cual se conoce como libre valoración. El Sentenciador deberá de plasmar en el fallo el razonamiento utilizado para el análisis y la valoración de la prueba, dicho razonamiento debe de ser acorde a las reglas de la sana crítica, como sistema de control de la libre valoración probatoria. Mediante el Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales, el Tribunal de Casación examina que el Órgano Juzgador haya observado las reglas de la sana crítica en el razonamiento mediante el cual valora los medios de prueba, sin que le sea permitido en este proceso hacer un nuevo examen crítico del abanico probatorio, es decir en Casación se hace un juicio de existencia de las reglas de la sana crítica y no una nueva valoración probatoria. Si bien el libelo presentado por el Censor refleja un gran despliegue de argumentos, citas doctrinarias y análisis probatorio, ello resulta infructífero para efectos del Recurso de Casación, debido a que en el mismo no se hace un análisis de los medios de prueba en contraste con las reglas de la sana crítica, señalando en cada caso que medio(s) de prueba han sido valorados sacrificando las máximas de la experiencia, los principios de la lógica y/o las reglas de la psicología, por el contrario el Recurrente censura el convencimiento de las Juezas de Sentencia al discrepar con él, lo que no es parte del control de casación. El Censor en otro apartado también denuncia que la Sentencia fue desnaturalizada ya que para poder sostener el fallo de culpabilidad tuvo que recurrirse a leyes que no fueron invocadas por las partes, olvidando el Recurrente que es obligación de todo Juez y Jueza de la República ser conocedor del derecho en su conjunto (Iura novit curia) y que en el ejercicio de la jurisdicción está obligado constitucionalmente (art. 304) a aplicar toda norma legal que esté relacionada con el caso concreto llamado a resolver, aun cuando las partes no lo hayan citado. Finalmente el Censor advierte que si el Tribunal de Sentencia hubiese valorado de manera conjunta y armónica toda la prueba, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, del criterio racional o del criterio humano, hubiese llegado a la conclusión y Sin Lugar a dudas que al Señor M. A. C. C., no se le ha quebranto su estado de inocencia, más el Censor no se da a la tarea de desglosar los medios de prueba contraponiendo el razonamiento del Órgano Sentenciador con las Reglas de la Sana Crítica. Es por lo anterior, que es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CP174=2010
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de julio del año dos mil doce. Por medio de LA SALA DE LO PENAL, integrada por los Magistrados: RAÚL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO, JACOBO CALIX HERNÁNDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO; dictan la presente sentencia resolviendo el Recurso de Casación por Infracción de Ley, Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuestos contra la sentencia de fecha diecisiete de febrero de dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, mediante la cual: I) CONDENO al señor M. A. C. C., como autor responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, a la pena principal de CUATRO (4) AÑOS DE RECLUSIÓN, más las accesorias de INHABILITACIÓN ESPECIAL por el doble del tiempo que dure la condena principal, es decir ocho años (8), E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo de cuatro (4) años de duración de la condena principal; II) ABSOLVIO al señor M. A. C. C. del delito de FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA. Interpusieron los Recursos de Casación los Abogados: JUAN CARLOS SÁNCHEZ VILLALOBOS, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público y MARLON REYNIERY DUARTE AMADOR, actuando en su condición de Apoderado Defensor del señor M. A. C. C. SON PARTES: El Abogado SALVADOR CUESTAS, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente-recurrida, y el Abogado MARLON RENIERY DUARTE AMADOR, en su condición de Defensor Privado del Señor M. A. C. C., como parte recurrente-recurrida. HECHOS PROBADOS PRIMERO: El quince de noviembre del año dos mil siete, el señor M. A. C. C., en su condición de Gerente General de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) y el Abogado R. R. S. B., en su condición de representante del Bufete Suazo Lagos y Asociados, celebraron un contrato para que dicho Abogado y los socios de su bufete asesoraran y representaran legalmente ante el Ministerio Público y el Juzgado de Letras de lo Penal de esta Ciudad de Tegucigalpa al señor O. D. S. G., quien en ese tiempo se desempeñaba como Gerente Legal de HONDUTEL y estaba siendo acusado por el Ministerio Público por suponerle responsable de los delitos de Violación y Revelación de Secretos, Abuso de Autoridad, Violación de Secretos Políticos y Otros. En dicho contrato se estableció que la cantidad a pagar en concepto de Servicios Profesionales a los Abogados del Bufete Suazo Lagos y Asociados, representado por el señor S. B., ascendía a la cantidad de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L.2,250,000.00), los cuales serían pagaderos de la siguiente manera: 1) La cantidad de un millón ciento veinticinco mil lempiras (L.1,125,000.00), sería pagada el día 15 de noviembre de dos mil siete; 2) La cantidad de quinientos sesenta y dos mil quinientos lempiras (L.562,500.00) sería pagada en la fecha en que se elevara el juicio a segunda instancia o al elevarse a juicio oral y público. 3) La cantidad de quinientos sesenta y dos mil quinientos lempiras (L.562,500.00) sería pagada en la fecha en que en segunda instancia sea sobreseída la causa, o se otorgue un recurso de amparo y se dicte una sentencia absolutoria, y; 4) La cantidad de un millón ciento veinticinco mil lempiras (L.1,125,000.00) en la fecha en que en primera o segunda instancia se decrete Nulidad Absoluta de Actuaciones por razón de ser un delito de acción privada. SEGUNDO: Para realizar el pago correspondiente, el día 28 de Noviembre de 2007 se hizo disponibilidad presupuestaria afectando el presupuesto de la Sub Gerencia de Desarrollo y el Plan de Expansión de HONDUTEL, estableciéndose que había disponibilidad presupuestaria por la cantidad de un millón ciento veinticinco mil lempiras (L.1,125,000.00) para pagar los servicios legales, no obstante que dicha partida no estaba destinada al pago de Servicios Legales, puesto que la disponibilidad presupuestaria para el pago de Servicios Legales durante el año 2007 ascendía a la cantidad de dos millones veintiséis mil lempiras (L.2,026,000.00). TERCERO: Posteriormente, en fecha 27 de noviembre de 2007, el señor O. D. S. presentó la solicitud de pago de Servicios Profesionales por la cantidad de novecientos ochenta y cuatro mil trescientos setenta y cinco lempiras netos (L.984,375.00) a favor del Bufete Suazo Lagos y Asociados, adjuntándose a dicha solicitud la copia del contrato, el oficio GALH-1053-2007, recibo de cobro y la disponibilidad presupuestaria, solicitud que fue aprobada por el señor M. A. C. C., en su condición de Gerente General de HONDUTEL, con el conocimiento que se afectaba una partida presupuestaria que no estaba destinada para ese rubro. CUARTO: Fue así como el veintinueve de noviembre de dos mil siete se realizó el pago en concepto de Servicios Profesionales al Despacho Legal Suazo Lagos y Asociados, por la cantidad de novecientos ochenta y cuatro mil trescientos setenta y cinco lempiras, el cual fue recibido por el abogado R. S. B.”. CONSIDERANDO I.- Los Recursos de Casación por Infracción de Ley, por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, reúnen los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de los mismos. II. El recurrente, Abogado JUAN CARLOS SÁNCHEZ VILLALOBOS, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, desarrolló su Recurso de Casación por Infracción de Ley de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. MOTIVO ÚNICO: Infracción por Falta de Aplicación del artículo 376 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El Tribunal Sentenciador al emitir el fallo que resolvió el presente asunto decretó como Hechos Probados los siguientes: “PRIMERO: El quince de Noviembre del año dos mil siete, el señor M. A. C. C., en su condición de Gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones(HONDUTEL) y el Abogado R. R. S. B., en su condición de representante del Bufete Suazo Lagos y Asociados, celebraron un contrato para que dicho abogado y los socios de su bufete asesoraran y representaran legalmente ante el Ministerio Público y el Juzgado de Letras Penal de esta Ciudad de Tegucigalpa al señor O. D. S. G., quien en ese tiempo se desempañaba como Gerente Legal de HONDUTEL y estaba siendo acusado por el Ministerio Público por suponerle responsable de los delitos Violación y Revelación de Secretos, Abuso de Autoridad, Violación de Secretos Políticos y Otros. En dicho contrato se estableció que la cantidad a pagar en concepto de Servicios Profesionales a los abogados del Bufete Suazo Lagos y Asociados, representado por el señor S. B., ascendía a la cantidad de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (Lps.2,250,OOO.OO), los cuales serían pagaderos de la siguiente manera: 1) La cantidad de un millón ciento veinticinco mil Lempiras (Lps.1,125,OOO.OO) sería pagada el 15 de Noviembre de dos mil siete; 2) La cantidad de quinientos sesenta y dos mil quinientos Lempiras (Lps.562,500.00) sería pagada en la fecha en que se elevara el juicio a segunda instancia o al elevarse a juicio oral y público; 3) La cantidad de quinientos sesenta y dos mil quinientos Lempiras (Lps.562,500.00) sería pagada en la fecha en que en segunda instancia sea sobreseída la causa, o se otorgue un recurso de amparo y se dicte una sentencia absolutoria; y, 4) La cantidad de un millón ciento veinticinco mil Lempiras (Lps.1,125,OOO.OO) en la fecha en que en primera o segunda instancia se decrete Nulidad Absoluta de Actuaciones por razón de ser un delito de acción privada. SEGUNDO: Para realizar el pago correspondiente, el día 28 de Noviembre de 2007 se hizo disponibilidad presupuestaria afectando el presupuesto de la Sub Gerencia de Desarrollo y el Plan de Expansión de HONDUTEL, estableciéndose que había disponibilidad presupuestaria por la cantidad de Un Millón Ciento Veinticinco Mil Lempiras Lps.l,125,000.00) para pagar los servicios legales, no obstante que dicha partida no estaba destinada al pago de Servicio Legales, puesto que la disponibilidad presupuestaria para el pago de Servicios Legales durante el año 2007 ascendía a la cantidad de Dos Millones Veintiséis Mil Lempiras (Lps.2,026,000.00).- TERCERO: Posteriormente, en fecha 27 de Noviembre de 2007, el señor O. D. S. presentó la solicitud de pago de Servicios Profesionales por la cantidad de Novecientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Setenta y Cinco Lempiras netos (Lps.984,375.00) a favor del Bufete Suazo Lagos y Asociados, adjuntándose a dicha solicitud la copia del contrato, el oficio GALH-I053-2007, recibo de cobro y la disponibilidad presupuestaria, solicitud que fue aprobada por el señor M. A. C. C., en su condición de Gerente General de HONDUTEL, con el conocimiento que se afectaba una partida presupuestaria que no estaba destinada para ese rubro.- CUARTO: Fue así como el veintinueve de noviembre de dos mil siete se realizó el pago en concepto de Servicios Profesionales al Despacho Legal Suazo Lagos y Asociados, por la cantidad de novecientos ochenta y cuatro mil trescientos setenta y cinco lempiras, el cual fue recibido por el abogado R. S. B.” El precepto penal y legal citado como infringido por falta de aplicación textualmente dice: “Artículo 376: El funcionario o empleado público que por razón de su cargo participe en cualquier acto jurídico que tenga interés el Estado y se ponga de acuerdo con alguno de los interesados para defraudar al fisco o con ese mismo propósito se valga de su condición para favorecer a un tercero o para facilitar su participación personal, directa o indirecta, en los beneficios que puedan producir tales asuntos o use cualquier otro artificio con la misma finalidad, será sancionado con reclusión de seis (6) a nueve (9) años, más inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión.” (Lo subrayado es nuestro). Como se puede apreciar en los Hechos Probados, el Tribunal Sentenciador deja establecido que el señor M. A. C. C. utilizó los fondos del Erario Público para hacer pago de los Servicios Legales que el Abogado R. S. B. brindara en la defensa del señor O. D. S. G. por el proceso penal que se le presentó en su contra. Es así como el Hecho Probado contiene la narración, como resultado de la información que brinda la prueba, de un acontecimiento que debe ser sub sumido en el tipo penal de Fraude, veámoslo: «... M. A. C. C., en su condición de Gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) y el Abogado R. R. S. B., en su condición de representante del Bufete Suazo Lagos y Asociados, celebraron un contrato para que... su bufete asesoraran y representaran legalmente ante el Ministerio Público y el Juzgado de Letras Penal de esta Ciudad de Tegucigalpa al señor O. D. S. G., quien... estaba siendo acusado por el Ministerio Público... En dicho contrato se estableció que la cantidad a pagar en concepto de Servicios Profesionales a los abogados del Bufete Suazo Lagos y Asociados, representado por el señor S. B., ascendía a la cantidad de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (Lps.2.250, 000.00)... Para realizar el pago correspondiente, el día 28 de Noviembre de 2007 se hizo disponibilidad presupuestaria afectando el presupuesto de la Sub Gerencia de Desarrollo y el Plan de Expansión de HONDUTEL... en fecha 27 de Noviembre de 2007, el señor O. D. S. presentó la solicitud de pago de Servicios Profesionales por la cantidad de Novecientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Setenta y Cinco Lempiras netos (Lps.984,375.00) a favor del Bufete Suazo Lagos y Asociados... solicitud que fue aprobada por el señor M. A. C. C., en su condición de Gerente General de Hondutel. ..» A la simple lectura de factum se logra determinar que el imputado, M. A. C. C., efectivamente defraudó el Erario Público. Siendo que el Estado, como una estructura hegemónica que garantiza una serie de bienes, servicios, etc. al grupo social, se ve en la necesidad de desplegar todas sus funciones en un marco de legalidad, encuadre que regula un sistema organizativo funcional para alcanzar sus objetivos, y cuya eficacia dependerá de la operabilidad de los distintos engranajes del sistema, que evidentemente se personifican en los distintos funcionarios que efectúan, valga la redundancia, las funciones estatales. Las condiciones con las que actúa un funcionario estatal, que no pueden ser simplificadas tan sólo como la realización de tareas específicas, dado que su labor va más allá de eso, y no es menos que una pieza en una gran orquesta, de tal manera que su desviación repercute en una deficiencia del sistema, lo que se constituye como una situación crítica que no permite el correcto funcionamiento de la Administración Pública. Es por ello que la mecánica funcional del Estado, que se ejecuta por seres humanos, es la que amerita una gran importancia si es que se quiere el éxito en los distintos objetivos que debe de alcanzar, esa trascendencia se materializa en varios aspectos, pero uno de los más relevantes lo constituye el grado de responsabilidad con el que debe de actuar el funcionario estatal, es por ello que tal esfera de trabajo se encuentra lo más detallada posible. En los delitos contra la Administración Pública la ofensividad de los mismos se potenciliza en tanto que la lesión o puesta en peligro del correcto funcionamiento del aparato estatal pone en riesgo el alcance de los fines públicos, que indiscutiblemente afecta a la población en general. El presente caso trata de la privación que el Estado, como constitución orgánica que ofrece una proyección de desarrollo y acceso a las telecomunicaciones a la ciudadanía, no ha desarrollar su potencial máximo en tanto que los bienes del Estado no han sido orientados a esa finalidad, y ello debido al incorrecto funcionamiento del engranaje de dicha persona jurídica, específicamente en el accionar fraudulento del imputado, como Gerente General de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, en tanto que hizo uso del Patrimonio Estatal para beneficiar a un tercero, que en el caso específico ese beneficio recae en la persona de O. D. S. G.. Según el artículo 376 apuntado, los elementos del tipo penal de Fraude son: 1. Que un funcionario o empleado público, por razón de su cargo, participe en un acto jurídico en el que tenga interés el Estado, Indiscutiblemente el señor M. A. C. C., al momento del evento enjuiciado ostentaba el cargo de Gerente General de HONDUTEL, y haciendo uso de ese cargo incurrió en el acto reprochable que se enjuicia, extremo que se encuentra acreditado y así lo ha estimado el Juzgador, por consiguiente queda confirmado que el procesado es un Funcionario Público; 2. Que el funcionario, con el propósito de defraudar al fisco, se valga de su condición para favorecer a un tercero. En lo que respecta a la concurrencia de estos elementos del tipo debemos de indicar que aún realizando un inversión, por razones que explicaremos más adelante, resulta de vital importancia señalar que es manifiesto que existió un tercero beneficiado con el accionar del procesado, y como bien el Sentenciador lo reseña, ese beneficiado es el señor O. D. S. G.. Lo anterior evidencia, sin lugar a la más mínima duda, que el accionar del procesado, señor C. C., se enmarca en el tipo penal de Fraude, por lo tanto la absolución decretada por el Órgano Jurisdiccional no es más que una infracción a la norma legal en referencia, por violación o falta de aplicación de la misma. En el razonamiento judicial se resaltan tres aspectos que sirven de fundamento al Tribunal Sentenciador para cimentar su decisión de absolución. Previo a desarrollar esos tres aspectos es menester indicar que el Tribunal estima que los hechos sucedieron tal y como lo hemos consignado en la transcripción de los Hechos Probados, de su carácter de verdades intangibles, pero que los mismos no pueden ser enmarcados en el delito de Fraude, ya que considera que el referido tipo penal precisa que el beneficio sea canalizado mediante la defraudación fiscal. Aparece como primer aspecto que determina la absolución del imputado, a criterio del Tribunal, el hecho de que el tipo penal establece que todo el accionar del agente esta orientado a defraudar el Fisco. Extremo que no rebatimos, ya que efectivamente así es, lo que se discute es el significado que se le sugiere al término “fisco”. El Juzgador, en los párrafos octavo y noveno del numeral segundo del apartado de los Fundamentos Jurídicos, hace una alusión a lo dicho por el autor Francisco Muñoz Conde en su libro “Derecho Penal Parte Especial”, referencia que se hace en relación con el delito de Fraude que se juzga, y en la misma se indica que el presupuesto ese tipo penal es la existencia de una determinada relación jurídico-tributario, que por consecuencia la acción reprochable implica el incumplimiento de tales obligaciones. Es necesario hacer la siguiente aclaración, en virtud de que la Sentencia impugnada, al momento de realizar la cita de la obra de Francisco Muñoz Conde, no señala cual es específicamente la página de donde la extrae, se nos hace imposible controvertir su comentario, pero a efectos de determinar el error que apreciamos existe en la cita doctrinaria judicial, nos limitaremos a indicar que el citado Autor, al momento de referirse al delito de fraude en la legislación española, que en todo caso es con el cual debe de compararse el tipo penal de Fraude de nuestro ordenamiento jurídico, en ningún momento sostiene que el accionar del agente sea limitado a casos de obligaciones tributarias[1] , quedando claro que el delito de fraude no se limita a aquellas obligaciones. Para efectos de darle mayor claridad al concepto nos permitiremos señalar lo que según el Diccionario de Cabanellas significa Fisco[2]: Erario o Tesoro Público.- Hacienda Pública o Nacional.- Por extensión constituye sinónimo de Estado o autoridad pública en materia económica.- [...]. Otro elemento que desvirtúa el hecho de que la acción delictiva tiene como límite el ámbito tributario es el hecho de la ubicación que la norma penal tiene en el ordenamiento jurídico, obsérvese que el artículo 376 que contiene el tipo penal de Fraude se encuentra ubicado en un capítulo diferente a las normas penales que sancionan las acciones que irrespetan las regulaciones tributarias, ubicadas del artículo 392-A al 392-F del Código Penal, siendo evidente que el delito de Fraude nada tiene que ver con el ámbito tributario. Entonces, siendo que el fisco es el patrimonio estatal, es claro que en el presente asunto se afectó el patrimonio del Estado, cuando se hizo uso de los recursos del mismo para la realización de una labor que no beneficia al Estado. El segundo aspecto que utilizó el Órgano Jurisdiccional para determinar la falta de responsabilidad del procesado en el delito de Fraude es el hecho de que se sostuvo que la persona que se favoreció con el accionar del procesado no fue el Abogado que se contrató para la defensa del señor O. D. S. G., sino el mismo señor S. G., a quien, para defenderse, no se le hizo necesario afectar su patrimonio personal, eso no es más que un beneficio. En referencia a este aspecto se le critica al Ministerio Público el haber señalado que el beneficiado con el accionar del procesado era el Abogado que ejerció la defensa, cuando en realidad él solo ejerció su derecho a ser remunerado, pero lo cierto es, como lo reconoce la sentencia, que el beneficiado es el señor O. D. S., de tal suerte pues que se cumple la exigencia de configuración del tipo penal, que un tercero sea beneficiado. La indicación de quien es ese tercero pierde relevancia, siempre que no se genere una variación en el hecho, en el presente caso el hecho no sufre variación alguna, ya que la dinámica de los eventos es la misma. El gerente autoriza la extracción de un dinero de las arcas del Estado para pagarle a otro un defensor, ese hecho queda incólume, por lo que debe de considerarse que se consuma el delito de Fraude. El tercer aspecto que refiere el Juzgador como motivos para determinar la absolución del imputado por el delito de Fraude es que no se logra apreciar la existencia de un propósito orientado a disminuir el Erario Público, ya que no hubo una actividad evasiva para hacer incurrir en error al sistema y aprovechándose de ese error se beneficiase a un tercero. No puede estimarse que el haber sacado dinero de las Arcas del Estado para el pago de un Servicio, en un monto que no se encontraba presupuestado en las finanzas de HONDUTEL no constituya una disminución del Erario Público, claro que es un menoscabo y como toda disminución se refleja en la afectación del patrimonio o finanzas de HONDUTEL. A título ilustrativo y culminando con la Fundamentación Jurídica en la que se apoya el A Quo para absolver al enjuiciado por la imputación del ilícito penal de fraude, es relevante mencionar que en cuanto a la existencia del artificio que permite la disminución del Erario Público el mismo ha quedado debidamente plasmado, es evidente que la pretendida utilización de la cláusula 24 del Contrato Colectivo del Personal de HONDUTEL, que permite el pago de servicios legales para empleados de aquella empresa estatal, se erige como el artificio mediante el cual se disminuyó el Patrimonio Estatal. Siendo que la referida cláusula se encuentra circunscrita a supuestos que no correspondían a las circunstancias vividas por el señor O. D. S. G. y a pesar de ello se le utilizó para darle cobertura a dicha circunstancia, es fácil entonces visualizar a ese mecanismo (de darle cobertura sin tenerla) era el utilizado por el imputado como el ardid para provocar que el sistema genere un beneficio a favor del mencionado señor. En conclusión, los Hechos Probados que examinamos contienen claramente los elementos del tipo penal precitado y que da como resultado que la decisión del Juzgador haya incurrido en la violación que denunciamos. Para los efectos del artículo 363 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público expresa que la interpretación pretendida del precepto penal relacionado, está orientada a que el procesado, M. A. C. Castro, sea declarado responsable, además del delito de Abuso de Autoridad, por la comisión del delito de Fraude. Así las cosas se afirma que el sentenciador al haber absuelto al imputado por el delito de Fraude ha producido la infracción, por falta de aplicación, del precepto penal contenido en el artículo 376 del Código Penal”. III. El recurrente, Abogado Marlon Reyniery Duarte Amador, en su condición de Apoderado Defensor del señor M. A. C. C., formalizó sus Recursos de Casación de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. MOTIVO ÚNICO: Por haber incurrido el sentenciador en Infracción de Precepto Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra Comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal; artículo 349 No. 2 del Código Penal; 8 No. 1 y 2 de la Ley de Contratación del Estado; 48, 54, 69 de la Ley General de la Administración Pública; 4 inciso n); 22, 23 inciso ch), f) de la Ley Orgánica Y Reglamento General de la Empresa HONDUTEL; Cláusula 2, 10 Y 24 del Contrato Colectivo de HONDUTEL período 2006 y 2007; artículos 90, 262, 268 y 269 de la Constitución de la República. EXPLICACIÓN DE MOTIVOS: Esta defensa en el desarrollo de este recurso pretende demostrar el vicio o error in iudicando en que ha incurrido el órgano jurisdiccional y que causa agravio al valor justicia. Para los efecto de este motivo se cita como infringido el artículo 349 No. 2 del Código Penal, que dice: “Será castigado con reclusión de tres (3) a nueve (9) años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: 1..., 2.- Dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la República o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos. Se ataca la sentencia dictada por el A-qua por considerar que el órgano sentenciador después de valorar la prueba conforme a las Reglas de la Sana Crítica, llevándolo a formar su convicción y sin valorar la prueba producida de manera conjunta y armónica, lo llevó a incurrir en un error in procedendo, al realizar una interpretación errónea de precepto penal aplicable al caso penal en concreto. La sentencia que ahora se recurre y que fuera dictada por la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, declaró como hechos probados los siguientes: PRIMERO: El quince de Noviembre del año dos mil siete, el señor M. A. C. C., en su condición de Gerente General de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) y el abogado R. R. S. B., en su condición de representante del Bufete Suazo Lagos y Asociados, celebraron un contrato para que dicho abogado y los socios de su Bufete asesoraran y representaran legalmente ante el Ministerio Público y el Juzgado de Letras Penal de esta Ciudad de Tegucigalpa al señor O. D. S. G., quien en ese tiempo se desempeñaba como Gerente Legal de HONDUTEL y estaba siendo acusado por el Ministerio Público por suponerle responsable de los delitos de VIOLACIÓN Y REVELACIÓN DE SECRETOS, ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACIÓN DE SECRETOS POLÍTICOS Y OTROS. En dicho contrato se estableció que la cantidad a pagar en concepto de Servicios Profesionales a los Abogados del Bufete Suazo Lagos y Asociados, representado por el señor S. B., ascendía a la cantidad de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L.2,250,OOO.OO), los cuales serían pagaderos de la siguiente manera: 1) La cantidad de un millón ciento veinticinco mil lempiras (L.l,125,OOO.OO) sería pagada el día 15 de Noviembre de dos mil siete; 2) La cantidad de quinientos sesenta y dos mil quinientos lempiras (L.562,500.00) sería pagada en la fecha en que se elevara el juicio a segunda instancia o al elevarse a juicio oral y público. 3) La cantidad de quinientos sesenta y dos mil quinientos lempiras (L.562,500.00) sería pagada en la fecha en que en segunda instancia sea sobreseída la causa, o se otorgue un recurso de amparo y se dicte una sentencia absolutoria, y 4) La cantidad de un millón ciento veinticinco mil lempiras (L.1,125,OOO.OO) en la fecha en que en primera o segunda instancia se decrete Nulidad Absoluta de Actuaciones por razón de ser un delito de acción privada. SEGUNDO: Para realizar el pago correspondiente, el día 28 de Noviembre de 2007 se hizo disponibilidad presupuestaria afectando el presupuesto de la Sub Gerencia de Desarrollo y el Plan de Expansión de HONDUTEL, estableciéndose que había disponibilidad presupuestaria por la cantidad de Un Millón Ciento Veinticinco Mil Lempiras (L.1,125,000.00) para pagar los servicios legales, no obstante que dicha partida no estaba destinada al pago de Servicios Legales, puesto que la disponibilidad presupuestaria para el pago de Servicios Legales durante el año 2007 ascendía a la cantidad de Dos Millones Veintiséis Mil Lempiras (L.2,026,000.00). TERCERO: Posteriormente, en fecha 27 de noviembre de 2007, el señor O. D. S. presentó la solicitud de pago de Servicios Profesionales por la cantidad de Novecientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Setenta y Cinco lempiras netos (L.984,375.00) a favor del Bufete Suazo Lagos y Asociados, adjuntándose a dicha solicitud la copia del contrato, el oficio GALH-1053-2007, recibo de cobro y la disponibilidad presupuestaria, solicitud que fue aprobada por el señor M. A. C. C., en su condición de Gerente General de HONDUTEL, con el conocimiento que se afectaba una partida presupuestaria que no estaba destinada para ese rubro. CUARTO: Fue así como el veintinueve de noviembre de dos mil siete, se realizó el pago en concepto de Servicios Profesionales al Despacho Legal Suazo Lagos y Asociados, por la cantidad de novecientos ochenta y cuatro mil trescientos setenta y cinco lempiras, el cual fue recibido por el abogado R. S. B. Al analizar cada uno de los hechos probados de la Sentencia nos damos cuenta que existe un error de disconformidad en las ideas y representaciones con la naturaleza de las cosas ocurridas en el presente juicio, teniendo como resultado una apreciación falsa de lo acontecido, en este sentido nos permitiremos analizar cada uno de los hechos probados. 1. En cuanto al Primer Hecho Probado diremos; que si bien es cierto el día quince (15) de noviembre del año dos mil siete, el señor M. A. C. C., en su condición de Gerente General de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) suscribió contrato de prestación de servicios profesionales con el Abogado R. R. S. B., en su condición de representante del Bufete Suazo Lagos y Asociados, para asesorar y representar legalmente ante el Ministerio Público y el Juzgado de Letras Penal de esta Ciudad de Tegucigalpa al señor O. D. S. G., quien estaba siendo acusado por el Ministerio Público por suponerlo responsable de los delitos de VIOLACIÓN Y REVELACIÓN DE SECRETOS, ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACIÓN DE SECRETOS POLÍTICOS Y OTROS; estableciéndose en dicho contrato de prestación de servicios profesionales la cantidad de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L.2,250,000.00). La firma del contrato de prestación de servicios profesionales realizada por el señor M. A. C. C., es totalmente legal de acuerdo a la Ley Orgánica y Reglamento General de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), la cual fue aprobada mediante decreto Número 341 de la Junta Militar de Gobierno del General Juan Alberto Melgar Castro, en fecha 17 de Mayo de 1976, y publicado en la Gaceta No.21907 del 4 de junio de 1976, la que en sus artículos 22 dice: “El Gerente General tendrá a su cargo la ejecución de las actividades técnicas y administrativas de la empresa y es responsabilidad ante la junta Directiva por el correcto y eficaz funcionamiento de aquella”. Como vemos el señor M. A. C. C., hace uso de la facultad que le otorga la ley en su condición de Gerente General de HONDUTEL, por lo tanto no está violentando la ley; el artículo 23 inciso ch dice: “Celebrar autorizar contratos, inversiones y gastos conforme lo dispuesto en las normas presupuestaria de la empresa, e inciso j que dice: Ejercer las demás funciones inherentes a su cargo”. De igual forma el contrato firmado se encuentra amparado bajo el artículo 23 inciso ch y j antes citado, ya que es competencia de la Gerencia General la autorización de todo tipo de contratos, lo que se ratifica en la Ley Marco de Telecomunicaciones. El artículo 262 de nuestra Constitución de la República taxativamente dice: “Las instituciones descentralizadas gozan de independencia funcional y administrativa, y a este efecto podrán emitir los reglamentos que sean necesarios de conformidad con la ley...”. El mismo Estado concede a HONDUTEL independencia funcional y administrativa, y son las mismas autoridades las encargadas de ejecutar su propio presupuesto. El Contrato Colectivo vigente en el año 2006 y 2007 entre la Empresa HONDUTEL y el Sindicato SITRATELH, en su cláusula número dos primer párrafo establece: “Son empleados de confianza en HONDUTEL, el Gerente General y el Subgerente General, conformidad con la ley Orgánica de HONDUTEL quedando excluido el auditor interno por disposición de la ley del Tribunal Superior de Cuentas”; ello en relación con los artículos 4, 6, 7 del Reglamento Interno de Trabajo que dicen; artículo 4: “La representación legal de la empresa corresponde al Gerente General o Sub Gerente General en tal concepto los obliga en sus relaciones laborales con los trabajadores...”, artículo 6: Son empleados de confianza de la empresa: El Gerente General, Sub Gerente General y Auditor interno...”, artículo 7: “El presente reglamento tendrá aplicación en toda la dependencia y proyectos de la empresa en el territorio nacional” La Cláusula 10 del Contrato Colectivo vigente en el año 2006 y 2007 establece: “El presente Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, beneficia y se aplica obligatoriamente a todos los trabajadores de HONDUTEL que de conformidad con la Ley tienen carácter de permanente, a excepción de los empleados de confianza consignados en la cláusula No.2 del presente contrato, los trabajadores accidentales, ocasionales o temporales”. Como vemos Honorables Magistrados el señor O. D. S. G., se encuentra amparado bajo esta cláusula, ya que hemos definido quienes son los empleados de confianza de la empresa HONDUTEL, tal como lo establece la cláusula dos del Contrato Colectivo. El señor M. A. C. C., en su condición de Gerente General de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), viendo que uno de sus empleados en este caso el señor O. D. S. G, estaba siendo acusado criminalmente por el Ministerio Público, juicio que aún se encuentra en el Juzgado Penal de Tegucigalpa, por lo que no podemos hablar de culpabilidad como lo hace de manera dolosa y maliciosa el Sentenciador, quien prácticamente lo condena por hechos que no son partes de este juicio y que ni siquiera conoce; es así que decide contratar los servicios de un prestigioso Bufete para la defensa del señor O. D. S. a través del Abogado R. R. S. B., en su condición de representante del Bufete Suazo Lagos y Asociados; aplicando además la Cláusula 24 del Contrato Colectivo vigente en el año 2006 y 2007 que establece: “HONDUTEL se compromete a asumir de inmediato la defensa de sus trabajadores cuando estos sean encarcelados o procesados por incidentes o accidentes ocurridos durante el trabajo y originados directamente en el servicio, procurando por todos los medios posibles su libertad o excarcelación bajo fianza, cuando ésta proceda. Los gastos que causare la excarcelación de defensa del trabajador, serán absorbidos por la empresa, cuando no haya mediado imprudencia, culpa o dolo de parte del trabajador procesado”. Honorables Magistrados, a la fecha no existe Sentencia que declare culpable al señor O. D. S. G. por los supuestos delitos de VIOLACION y REVELACION DE SECRETOS, ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE SECRETOS POLITICOS y OTROS, y que actualmente únicamente pesa sobre él un auto de prisión por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD. Para esta defensa no se configura el tipo penal de Abuso de Autoridad por el cual se ha condenado al señor M. C. C., como lo hemos demostrado la contratación de los servicios profesionales del bufete Suazo Lagos esta sustentada de manera legal. 2.- El Segundo Hecho Probado para el Tribunal Sentenciador, es que el señor M. A. C. C. para realizar el pago correspondiente al bufete Suazo Lagos y Asociados afectó la partida presupuestaria de la Sub Gerencia de Desarrollo y el Plan de expansión de HONDUTEL, por la cantidad de Un Millón Ciento Veinticinco Mil Lempiras (L.1,125,OOO.OO), no obstante que dicha partida no estaba destinada al pago de Servicios Legales, ello porque no había disponibilidad presupuestaria en la partida de pago de Servicios Legales durante el año 2007; presentando el señor O. D. S. en fecha 27 de noviembre de 2007, la solicitud de pago de Servicios Profesionales por la cantidad de Novecientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Setenta y Cinco lempiras netos (L.984,375.00) a favor del Bufete Suazo Lagos y Asociados, adjuntándose a dicha solicitud la copia del contrato, el oficio GALH-1053-2007, recibo de cobro y la disponibilidad presupuestaria debidamente firmada por el Auditor Interno de HONDUTEL, pagando dicha suma al Abogado R. S. B. Para el Sentenciador, es aquí donde se configura el supuesto delito de Abuso de Autoridad, olvidándose que HONDUTEL es un ente totalmente descentralizado, con independencia funcional y administrativa tal como lo establece el artículo 262 de la Constitución, y que en ningún momento afectó la transferencia que anualmente hace a la Tesorería General de la República como lo dice el Sentenciador, pues no existe documento alguno en el juicio que haya probado tal extremo; asimismo no existe ningún documento que haga mención que al haber afectado el presupuesto de la Sub Gerencia de Desarrollo y el Plan de Expansión de HONDUTEL se halla dejado de desarrollar un proyecto planificado, el Gerente en ese momento consultó con el auditor interno, y este manifestó que había disponibilidad presupuestaria, como Gerente realizó un movimiento interno de fondos de manera normal y rutinaria en una empresa autónoma, esa es una facultad potestativa del gerente general, el sentenciador hace un análisis alejado de la realidad, de la lógica, la psicología y la máxima de las experiencias. ANALISIS DE LA PRUEBA DE CARGO: El Ministerio Público, se valió de medios de pruebas documentales y testimoniales, que se detallan y se analizan a continuación: 1. A. C. C. C. 2. R. R. S. B.. 3. Solicitud de pago número 22-1265 solicitado por O. D. S. autorizado por A. M. C., mismo que corre agregado a folio 517. Con esta prueba lo único que se prueba es que se tramitó el pago por los servicios profesionales lo cual es totalmente legal según la Cláusula 2, 10 Y 24 del Contrato Colectivo vigente en el año 2007. 4. Contrato de servicios profesionales por mayor de dos millones doscientos cincuenta mil lempiras firmado por T. G. P., mismo que corre a folio 522, 523 y 524, (este medio de prueba no fue evacuado porque el contrato era una fotocopia que no fue autenticada, y este contrato fue firmado por el gerente R. y el Abogado P., no tiene nada que ver con el presente juicio). 5. Contrato de servicios profesionales a favor del despacho legal Suazo lagos y asociados firmado por R. S. y asociados mismo que corre agregado a folio 519. (Como hemos explicado anteriormente este contrato, fue suscrito legalmente). 6. Solicitud de pago número 221420, solicitado por O. D. S. y autorizado por J. R., mismo que corre agregado al folio número 108, (este documento no fue evacuado por no ser un documento original, así mismo no fue firmado por el señor C.). 7. Solicitud de pago original número 221420 que corre agregado al folio 119. 8. Vaucher número 57799 de fecha 27-12-07, a nombre del Bufete P., mismo que corre agregado al folio 517, (este documento no arroja ningún elemento de incriminación contra el señor C., ya que fue suscrito por J. R. y T. P.). 9. Un recibo por la cantidad de 562,500.00 lempiras misma que corre agregado al folio 518, siendo un documento original. (Igual que el anterior este documento fue firmado por el señor T. P.). 10. Oficio GGH-12202009 misma que corre agregado al folio 528, 11. Acciones personales misma que corre agregado al folio 529 (con esto solo se prueba que el señor D. S. y L. A. son empleados de HONDUTEL, documento que fue autenticado y carece de eficacia probatoria. 12. Acción personal misma que corre agregado al folio 530. 13. Acción personal misma que corre agregado al folio 531, las auténticas de las tres acciones personales corren agregados al folio 532 (esta prueba no fue evacuada por ser el documento copia fotostáticas por lo tanto carece de eficacia probatoria). 14. PERITO FRANCISCA MARTINEZ ZEPEDA: el perito no compareció al Tribunal a ratificar el informe del Tribunal Superior de Cuentas que corre a agregado a los folios 126 al 133, la que compareció fue la señora H. R. R., quien es la jefa de auditoría pero no participó en la elaboración del informe, por lo tanto el dictamen no fue ratificado y carece de eficacia probatoria). 15. Un Vaucher número 56876 a favor del despacho legal SUAZO LAGOS y ASOCIADOS firmado por R. S., misma que corre agregado bajo el folio 515 del expediente, despacho legal SUAZO y ASOCIADOS, de fecha 29 de noviembre del 2007 número 56876 HONDUTEL una cantidad de novecientos ochenta y cuatro mil, trescientos setenta y cinco lempiras (L.984,375.00) en la cuenta número 12100-0100060-0 (el Abogado R. S., cobró parte de los Honorarios pactados, los cuales tienen como soporte legal la Cláusula 2, 10 Y 24 del Contrato Colectivo vigente en el año 2007, artículo 20 del Arancel del Profesional del Derecho y el artículo 8 de la Ley de Contratación del Estado. Manifiesta la testigo A. C. C. C., que sobre el hecho y la participación del señor M. C. no tiene ningún conocimiento, sin embargo, al momento de recibir la notificación del Ministerio Público fue informada que su declaración debía versar sobre la contratación de sus servicios profesionales para el señor L. A. La testigo es socia de la firma legal C. C. y un día a mediados de noviembre estando ella en su despacho, recibió la llamada de una amiga cercana de nombre A. y quien también es su comadre. Indicó la testigo que fue una llamada inusual porque la llamó llorando desde los Estados Unidos porque ésta se encontraba sacando una maestría en dicho país y le manifestó que el hijo de su tía llamado L., al que se refería su amiga con el sobrenombre de L., diciéndole que es un buen muchacho y que lo estaban implicando en un hecho, y que sufrió un allanamiento en su vivienda en donde la policía los levantó a punta de pistola y le pedía a la testigo que le ayudara en la defensa de L. quien era un muchacho ingenuo. Su amiga le decía que se trataba de una equivocación, y que habían decidido en su familia que fuera la testigo y su equipo de abogados quienes les ayudaran con la representación de L. Le dijo la testigo a su amiga A. que podía contar con ella pero por ser una firma legal en la cual ella era socia, procedería a comentar el caso con los demás miembros de su equipo legal. Le dijo la amiga de la testigo que T. tenía la representación, refiriéndose a T. G.P. M., fue así que la deponente les comunicó esto a los socios de la firma legal. El Abogado P. llegó a su Despacho con una copia de las diligencias, los puso al tanto del caso diciéndoles que ya se le había tomado la declaración de imputado. La señora A., amiga de la testigo le pidió que le ayudara con los honorarios profesionales porque la situación económica de su tía no era muy buena. La testigo estaba con el Abogado T. P. le comunicó que su firma legal sí estaba decidida a tomar el caso y que la política interna de ésta es que primero hacen una propuesta de honorarios profesionales y luego de ser aceptada por el cliente se hace un contrato ya que no ejercen ningún acto de procuración sin tener suscrito el contrato. Asimismo le dijeron a T. P. que en consideración a que A. M. es amiga de la testigo le cobrarían algo simbólico y así quedaron en hacer una propuesta de los honorarios económicos para que el abogado P. la hiciera llegar a la familia del señor L. A. Entrada la noche recibieron la llamada del abogado T. informándole que la familia había aceptado la propuesta económica y que iniciaran la representación legal. Esa noche trabajaron en el caso ya que al día siguiente era la audiencia inicial y se imprimió el contrato. L. A. estaba en detención judicial y la prioridad del Bufete en ese momento era plantear una excepción por falta de acción sin entrar al fondo del asunto, sin embargo dicha excepción no se les concedió por lo que interpusieron el recurso de reposición y pidieron la imposición de medidas cautelares. Al final al señor L. A. se le sustituyó la medida cautelar mientras seguía el trámite del recurso de apelación y convinieron en el Bufete que T. P. quedaba como apoderado legal sustituto y en propiedad asumirían el caso las Abogadas S. G. y la deponente C. C.; en tanto, que el Abogado T. quedaría a cargo de los medios de comunicación. La testigo dijo que ella se comunicó con el señor L. A. y éste les dijo que se comunicaran con T. P. Se dio cuenta que habían problemas en el caso, porque en una visita de rutina al Ministerio Público, allí la abordó el Abogado M. S. quien le preguntó si ellá tenía alguna representación del señor L. A. y le preguntó si tenía conocimiento que ese caso lo estaba pagando HONDUTEL, pero ella respondió que no, que era la familia de L. A. quien había asumido el pago; dijo que recibido un cobro anticipado a favor del bufete y que dicho cobro simbólico ascendía a la cantidad de Doscientos Mil Lempiras (Lps.200.000.00.), pero que el recibo de pago del anticipo de honorarios se extendió a nombre del abogado T. M.. Inmediatamente la testigo convocó a una junta en la Firma Legal y se tomaron dos decisiones: La primera era convocar al Abogado T. P. para que aclarara la situación y que hiciera un escrito reasumiendo el poder del caso. La segunda era comunicarle al abogado P. que no iban a continuar con la representación porque su actuación era poco transparente de su parte ya que él sabía que había unos términos de contratación con la familia del señor L. A. pero que se habían enterado sobre una segunda contratación con la empresa de HONDUTEL en otros términos. Luego de eso no conocieron más del asunto y posteriormente salió por los medios de comunicación que su Bufete había cobrado la cantidad de Un Millón Quinientos Mil Lempiras a la empresa HONDUTEL, pero ellos (los socios de la Firma Legal) aclararon lo anterior y quedaron satisfechos con el asunto. Llamaron al Abogado Palacios para decirle que se habían enterado del cobro que se hizo a HONDUTEL, y el Abogado T. les dijo que se sentía avergonzado con ellos, porque debió manifestarles que estaba gestionando ese pago ante HONDUTEL, y dijo que no había tratado de beneficiarse o hacerles un daño y que se sentía apenado, pero no les había dicho hasta que saliera aprobado el dinero. Adujo la testigo que su Bufete mantuvo una buena conversación profesional con el Abogado T. y se concretaron a decidir como quedaba la situación de la Firma Legal respecto al caso y le indicaron a dicho abogado que él debía hacer un escrito reasumiendo el poder en dicha causa. La testigo aclara que su Firma Legal no llegó a ningún acuerdo con el gerente de la empresa HONDUTEL ya que la relación fue con la familia del señor L. A. y como intermediario con el Abogado T. P. Manifiesta el testigo R. R. S. B., que suscribió un contrato profesional con el Bufete Suazo Lagos del cual es socio. Relató que todo inició cuando el Presidente Manuel Zelaya presentó la denuncia para investigar quienes eran los autores de una interceptación de comunicaciones. En noviembre del 2009, el señor Fiscal Salgado presentó una solicitud para que tomase una prueba anticipada consistente en la declaración de cinco testigos que trabajaban en HONDUTEL. En esa declaración de prueba anticipada la defensa argumentó que se violentó el derecho de defensa. Fue así que el 8 de noviembre el Fiscal José Mario Salgado presentó requerimiento fiscal por VIOLACION y REVELACION DE SECRETOS, ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACIONDE SECRETOS POLITICOS y OTROS, el cual fue admitido y a continuación, se autorizó el allanamiento de tres viviendas, incluida la de O. D. G. quien le pidió al testigo su colaboración, razón por la cual el testigo se hizo presente a la vivienda y vio que hacían el allanamiento y le informó lo sucedido al señor D. quien no estaba en Tegucigalpa, indicándole el señor D. S. que contratarían sus servicios. Siguió relatando el testigo que fue a hablar con la señora juez E. M., y le hizo la propuesta de que D. se presentara voluntariamente. Le dijeron que iban a hacer un acuerdo, siendo así como el 14 noviembre del 2007 iban a presentar voluntariamente al señor D., solicitándose en esa audiencia, la sustitución de la prisión preventiva. El día 14 de noviembre acordaron que iban a ver la situación de los honorarios profesionales porque eran varios los delitos y la pena era bastante alta. Entonces, al día siguiente tuvieron una reunión con el señor M. C., recordando el testigo que en ese momento habían varias personas presentes, entre ellas Gerente de Contabilidad, miembros del sindicato y sus asesores. Indicó el testigo en esos momentos propuso sus honorarios profesionales por un valor de Tres millones de lempiras, tomando en cuenta la experiencia profesional del Bufete, pero al señor M. C. la oferta le pareció muy alta y se pacto en Dos Millones Doscientos Cincuenta Mil Lempiras. Así mismo, el testigo aseguró que hizo consultas al departamento legal y le manifestaron que no era necesario ir a licitación porque conforme a la Ley de Contratación del Estado ello no procede ya que esta exentos los servicios profesionales, asimismo el señor D. S. era miembro del Sindicato y en el contrato se establecía que en caso de que un empleado de HONDUTEL fuera encarcelado, HONDUTEL debía asumir la defensa inmediatamente, siempre y cuando no mediara dolo o imprudencia, en el presente caso no se ha probado nada ya que la causa esta en la etapa de intermedia. Aseguró el testigo R. R. S. B. que el señor C. preguntó al departamento legal y al Sindicato y le dijeron que si cabía la petición por dos millones de lempiras, siendo así como suscribieron el contrato con el Bufete por 2 millones 250 mil lempiras del que debía dar el 50 por ciento de adelanto, de los cuales salieron Lps.920,000.00 a nombre del Bufete Suazo Lagos y Asociados, ya que de allí salió el pago del 12% de impuesto. En razón de lo anterior, el señor D. S. fue asistido legalmente en la audiencia de declaración de imputado, proceso en el que se alegaron la violación del derecho de defensa y el mal manejo de la cadena de custodia; dijo el testigo que en la audiencia inicial al señor G. le dictaron auto de prisión por un solo delito de abuso de autoridad y se le concedió medidas cautelares sustitutivas. Considera el testigo que entre los requisitos que debe reunir un buen profesional del derecho están el que debe ser acucioso, honesto, responsable. Indica el testigo que nunca se han sometido los servicios profesionales a licitación conforme al artículo 8 de la Ley de Contratación del Estado. En este caso para determinar los honorarios profesionales por parte de su Bufete se ponderaron las penas establecidas para cada delito de los acusados al señor D., ya que por todos los delitos la pena oscilaba entre 380 a 880 años de reclusión, por eso es que valoraron el monto de los honorarios de esa manera, y conforme al artículo 20 de la ley del Arancel del Colegio de Abogados también existe libertad de determinar el monto de honorarios y en este caso por la forma en que se desarrollaron los hechos, sumado a que contrataron a un especialista en informática y en control de evidencias. También llegaron a denunciar la manipulación de evidencias sin cadena de custodia, se tomó en cuenta también el tiempo que se tomó para participar en este juicio, también que él fue designado para llevar este caso y no se ocupó de otros casos, era un caso complejo, delicado, en el cual se habían interpuesto cinco amparos, incidentes y apelaciones. Dijo el testigo que el señor M. C. hizo las consultas al departamento de Asesoría Legal y le dijeron que no debía licitarse, hubo una propuesta de honorarios y una aceptación. El cheque a favor del Bufete Suazo Lagos y Asociados salió por Lps.950,000.00 aproximadamente, los cuales representan un año de trabajo, quedando pendientes Quinientos Mil lempiras (Lps.500,000.00) y el otro pago es de Un Millón Doscientos Mil Lempiras al terminar el caso. La cláusula es clara, el Bufete ha hecho su trabajo y han asumido la defensa del señor O. D. haciendo un planteamiento legal. Manifestó finalmente que el señor G. es inocente porque no ha sido condenado. Para esta defensa la declaración de la Abogada A. C. C. C., es clara y precisa ella manifiesta que nunca firmó contrato de prestación de servicios profesionales con el Gerente de HONDUTEL M. C., que el pago lo realizó T. P. quien era intermediario, y ha quedado claro que el Abogado T. P. firmó contrato de prestación de Servicios Profesionales con el Gerente J. R. y no con M. C. El Abogado R. R. S. B., fue claro en su deposición, y nos narra que él asumió la defensa del señor O. D. S. G., quien era sindicalista y que en la reunión estuvo el sindicato, de administración, asesores y el Gerente en ese tiempo señor M. C., concluyendo todos que era legal la contratación y que la misma se encontraba amparada en la cláusula 2, 10 y 24 del Contrato Colectivo Vigente en el año 2007, relata todo el trabajo profesional que realizó, así mismo, manifestó que los servicios profesionales no se pueden licitar citando el artículo 8 de la Ley de Contratación del Estado, de igual manera el artículo 20 del Arancel del Profesional del Derecho deja al arbitrio de las partes y por la importancia y complejidad del los Honorarios profesionales. ANALISIS DE LA PRUEBA DE DESCARGO: 1.- Contrato Colectivo, mismo que corre agregado al folio 283 específicamente la cláusula número 24, esta cláusula corre agregada al folio 298. 2. Solicitud de pago misma que corre agregado al folio 86, siendo este un documento original. 3. Solicitud de pago, misma que corre agregado al folio 87, siendo este un documento original. 4. Disponibilidad confirmada, misma que corre agregado al folio 88, siendo este un documento original. 5. Solicitud de pago, misma que corre agregado a los folios 119, a este documento no se le dio lectura por que ya había sido leído anteriormente, folio 120 Disponibilidad confirmada HONDUTEL, siendo este un documento original. La Defensa Privada del señor M. A. C. C., probó que dicha actuación se encuentra amparada en ley, teniendo como soporte jurídico la Cláusula 2, 10 y 24 del Contrato Colectivo vigente en el año 2007; el artículo 23 inciso ch de la Ley Orgánica de la Empresa HONDUTEL, los artículos 4,6, 7, 133 del Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa HONDUTEL; se probó que había disponibilidad presupuestaria siendo aprobado por el Auditor Interno y el Departamento de Contabilidad de HONDUTEL, para el pago ya que la gerencia administrativa aprobó la transferencia, misma que no afectaba la dependencia de la cual se trasladaron los fondos; no se probó en el juicio reparo alguno por parte de auditoría interna, si analizamos el informe del Tribunal Superior de Cuentas, el mismo es totalmente contradictorio al manifestar que los dos actos de contratación fueron realizados por el señor M. A. C. C., y ha quedado probado que uno de los contratos fue firmado por el señor J. R. Y T. P.; así mismo, dicho dictamen no fue ratificado por la persona que lo elaboró, por lo tanto carece de eficacia probatoria al momento que el Juzgador haga la valoración de la prueba, teniendo por consiguiente que desecharla del acervo probatorio de las partes, ello en aplicación del artículo 90 de la Constitución de la República. La defensa considera que el Sentenciador incurre en un grave error de apreciación y una clara disconformidad de sus ideas y representaciones con la naturaleza de las cosas, hace una falsa apreciación de lo que ocurre; los errores una falsa idea que tenemos de algo que no resulta ser tal cual lo creemos. Al establecer el A-quo como hecho probado los arriba mencionados, es claro y evidente que el Tribunal Sentenciador en la fundamentación jurídica interpretó erróneamente la Ley Sustantiva en su artículo 349 numeral 2 del Código Penal Vigente, cuando decide declarar culpable a mi representado, y lo condena por el delito de Abuso de Autoridad, por existir un supuesto Dolo Directo y su participación a título de autor, situación que no logró probar el ente acusador. Para SERVIO TULIO RUIZ, el error es una deformidad entre el ser de un objeto tal como es advertido y el ser mismo objeto de la realidad... entonces el error consiste en la diferencia que hay entre la presunción y la realidad, entre el conocimiento y la verdad. (Ver Servio Tulio Ruiz, Teoría del Hecho Punible, Bogotá, Librería del Profesional, 1980, Pág. 39). Para JESÚS IGNACIO GARCÍA VALENCIA, puntualiza que el error de todas maneras es un problema de conocimiento, la ideo-representación no corresponde a lo que acontece en el mundo objetivo. (Ver Jesús Ignacio García Valencia, Las Causales de Inculpabilidad, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Santa Fe Bogotá 1194, Pág. 134). Para ser responsable de la comisión de un delito penal, es necesario tener participación en el mismo, ya sea a título de autor o coautor, y esa participación en la comisión del delito debe ser dolosa o culposa. Genéricamente por DOLO simplemente se entiende como conciencia y voluntad de realizar el tipo objetivo de un delito. De esta definición se desprende que el dolo esta constituido por dos elementos: A. ELEMENTO INTELECTUAL: Para actuar dolosamente el sujeto de la acción debe saber que es lo que hace y conocer los elementos que caracterizan su acción como acción típica, es decir los elementos objetivos del tipo: sujeto, acción, resultado, relación causal o imputación objetiva, objeto material; el conocimiento que exige el dolo es un conocimiento actual, no bastando uno meramente potencial, es decir el sujeto ha de saber lo que hace, no basta con que hubiera debido o podido saberlo. B. ELEMENTO VOLITIVO: Para actuar dolosamente no basta con el mero conocimiento de los elementos objetivos del tipo, es necesario, además, querer realizarlos. El elemento volitivo supone voluntad incondicionada de realizar algo (típico) que el autor cree que puede realizar. (Ver Muñoz Conde en la obra supraindicada páginas 269, 270, 271, 272). Atendiendo la mayor o menor intensidad de estos elementos (intelectual o volitivo), tradicionalmente la jurisprudencia distingue entre dolo directo y dolo eventual. DOLO DIRECTO: El autor quiere realizar precisamente el resultado (en los delitos de resultado) o la acción típica (en los delitos de simple actividad): el autor quería matar y mata, quería dañar y rompe la cosa, etc. > >. DOLO EVENTUAL: El sujeto se representa el resultado como de probable producción y, aunque no quiere producirlo, sigue actuando, admitiendo su eventual realización.- El sujeto no quiere el resultado, pero «cuenta con él», «admite su producción», «acepta el riesgo». (Ver ídem Págs. 272 y 273)». El artículo 13 de nuestro Código Penal establece que: “El delito puede ser realizado por acción o por omisión y necesariamente debe ser doloso o culposo.” el delito es doloso cuando el resultado responde a la intención que se tuvo al ejecutarlo o cuando el autor sabe, o está obligado a saber, que como consecuencia de la acción u omisión existe la posibilidad de que se produzca un efecto constitutivo de delito, no obstante, lo cual ejecuta el hecho y acepta, por ende, las consecuencias que del mismo se derivan”: La primera parte de la definición anterior constituye lo que se llama dolo directo, mientras que la segunda parte se refiere lo que la jurisprudencia conoce como dolo eventual. Como vemos Honorables Magistrados, mi representado M. A. C. C., no incurre en ninguna acción dolosa al momento de contratar los servicios del Bufete Suazo Lagos, para que asistiera la defensa de uno de sus empleados y por la naturaleza del caso se requería de un profesional con mucha experiencia y capacidad profesional, por lo tanto el contrato no presenta ningún vicio de nulidad. De igual forma el traslado de fondos de una partida presupuestaria a otra de la misma institución no le causa perjuicios al Estado; véase que el mismo Estado le otorga independencia funcional y administrativa en el artículo 262 de nuestra Constitución de la República, aunado a esto, no existe ningún dictamen que diga que no se ejecutó una obra por haber pagado honorarios profesionales, hay que recodar al Juzgador que las utilidades se pasan anualmente al Gobierno Central y estas no fueron comprometidas, la Ley de Contratación del Estado habla de asignaciones presupuestaria para cada departamento de la Empresa, pero esto no significa que estas no puedan ser afectadas cuando halla disponibilidad, las cuales si pueden ser tomadas para otras dependencias siempre que se justifique y no afecte algún proyecto o se paralice por este movimiento presupuestario. La contratación del Bufete Suazo Lagos está revestidas de legalidad, el artículo 8 de la Ley de Contratación del Estado, establece: “Se excluyen del ámbito de aplicación de esta ley, los contratos y negocios jurídicos de la administración, siguiente: 1. La prestación por personas naturales de servicios profesionales o técnicos distintos a los regulados en el capítulo VII de esta ley”; 2. Las relaciones de servicio de los funcionarios y empleados públicos y los contratos regulados por la legislación laboral”. Tanto el ente acusador como el Juzgador han manifestado que el señor Danilo Santos es empleado de confianza y no goza de los privilegios que da el contrato colectivo por lo cual citaremos la Cláusula número dos primer párrafo del Contrato Colectivo que establece: “Son empleados de confianza en HONDUTEL, el Gerente General y el Sub gerente General, conformidad con la ley Orgánica de HONDUTEL, quedando excluido el auditor interno por disposición de la ley del Tribunal Superior de Cuentas”; La Cláusula 10 del Contrato Colectivo vigente en el año 2006 y 2007 establece a que personas beneficia el contrato y dice: “El presente Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, beneficia y se aplica obligatoriamente a todos los trabajadores de HONDUTEL que de conformidad con la Ley tienen carácter de permanente, a excepción de los empleados de confianza consignados en la cláusula No.2 del presente contrato, los trabajadores accidentales, ocasionales o temporales”; La cláusula 24 del mismo Contrato Colectivo dice" HONDUTEL se compromete a asumir de inmediato la defensa de sus trabajadores cuando estos sean encarcelados o procesados por incidentes o accidentes ocurridos durante el trabajo y originados directamente en el servicio, procurando por todos los medios posibles su libertad o excarcelación bajo fianza, cuando ésta proceda. Los gastos que causare la excarcelación de defensa del trabajador, serán absorbidos por la empresa, cuando no haya mediado imprudencia, culpa o dolo de parte del trabajador procesado”. El artículo 48 de la Ley General de la Administración Pública dice: Las entidades de la administración descentralizada estarán dotadas de personalidad jurídica y patrimonio propio y ejercerá las potestades públicas que el Estado les otorgue en el ámbito de su competencia; el artículo 69 dice: Los presupuestos de las instituciones autónomas, deberán formularse y administrarse de acuerdo a la técnica del presupuesto por programa...”; finalmente el artículo 262 de nuestra Constitución de la República taxativamente dice: “Las instituciones descentralizadas gozan de independencia funcional y administrativa, y a este efecto podrán emitir los reglamentos que sean necesarios de conformidad con la ley”. De las normativas antes citadas se desprende que no existe dolo al haber contratado los servicios del Bufete Suazo Lagos para la defensa de O. D. S. y al haber ordenado el pago de otra partida presupuestaria de la Empresa HONDUTEL, ya que el Gerente actuó dentro de la esfera de su competencia, me sorprende la aplicación de preceptos constitucionales y leyes secundarias que no aplican al caso concreto, y que fueron plasmados con la intención de causar daño moral y psicológico a un ser humano, olvidándose el Juzgador que la justicia no tiene tintes políticos y que devienen en la obligación de garantizar un proceso justo en apego al artículo 90 de la Constitución de la República. JOSÉ GARCÍA FALCONÍ en lo que se refiere a la valoración de la prueba dice que “Es una operación intelectual, destinada a establecer la eficacia conviccional de los elementos de la prueba recibidos... es en este momento en donde el juez, no sólo pone al servicio de la justicia, su intelecto, su sabiduría y experiencia; sino sobre todo su honestidad”. La valoración de la prueba determina el resultado que se infiere de la práctica de un determinado medio de prueba, es decir, el grado de convicción o persuasión de la prueba practicada, que puede ser positivo, en cuyo caso se habrá logrado el fin de la prueba (la convicción judicial), o negativo, al no alcanzarse dicho fin. Y habiendo ocurrido lo contrario, por la mala aplicación del artículo 349 No.2 del Código Penal; violentando el Juzgador los artículos 1,4, 12, 18, 19, 337, 338 regla cuarta numerales 1;2,3; regla quinta y 339 del Código Procesal Penal; 59,69,82,90,262, 268 y 269 de la Constitución de la República, al dejar de valorar la prueba en base a las Reglas de la Sana Crítica al momento de la valoración de la prueba, bajo aspecto importantes de la recta razón del ser Humano, la Lógica y la Psicología sin olvidar las Reglas de la Sociología, es necesario requerir al amparo vía recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, ante la Corte Suprema de Justicia a través de su sala Especializada del área penal, y que al producirse la revisión del motivo y del precepto autorizante, se case la sentencia recurrida y finalmente se absuelva a mi representado M. C. C. por el delito que fue condenado, por no concurrir los elemento objetivos y subjetivos del tipo penal. Dice GERMAN PABÓN GÓMEZ en su obra de la Casación y Revisión Penal pág. 335: A efecto de comprender el principio de legalidad de la prueba, y por ende de los errores de derecho por falsos juicios de legalidad, es necesario al menos panorámicamente en los “elementos de los acto de prueba”, pues se toma indiscutible que el punto de legalidad de la prueba, esta debe recaer totalizadamente sobre: a) Los sujetos de la prueba; Estos son los titulares de los actos procesales a través de los cuales se incorpora la prueba al proceso, b) El objeto de prueba; estos son los hechos a que se refiere el acto procesal y que guardan relación con el delito que se investiga, c) Los medios de prueba; este es el acto formal por medio del cual el objeto de prueba se lleva al proceso o el vehículo para llevar al juez el conocimiento sobre el objeto de prueba, y, d) El procedimiento probatorio en si; esto es la ritualidad de la prueba, ó sea el conjunto de trámites previstos en la ley para incorporar al proceso el objeto de la prueba. De lo anterior se puede colegir que, en tratándose de errores de derechos por falsos juicios de legalidad, las ilegalidades pueden recaer en algunos de los elementos del acto de prueba anteriormente descritos. La Sala Constitucional Costarricense, ha considerado que si existen vicios o violaciones al estado de inocencia del procesado, es viable la lesión de principios fundamentales contenidos en la Constitución Política, como ser por ejemplo el Debido Proceso o violación al estado de inocencia. Novoa Velásquez, considera que: “Debido proceso es el conjunto de garantías que protegen a los sujetos que intervienen en el proceso penal, llámese sujeto activo, víctima o tercero, que aseguran una investigación conforme a las leyes preexistentes al acto que se imputa, ante juez o tribunal competente y con la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley, y garantizar un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, en cuanto algunos sujetos del proceso, no ejecuta lo que esta ley le impone (inejecución in omitiendo), o ejecuta lo que esta ley le prohíbe (inejecución in faciendo), o se comporta de un modo diverso del que la ley prescribe; esta inejecución de la ley procesal, constituye en el proceso una irregularidad, que los autores modernos llaman un “vicio de actividad” o un “defecto de construcción” y que la doctrina del derecho común llama un “error in procedendo”. SANTIAGO SENTÍS MELENDO, en su obra la prueba, Buenos Aires, 1978, Pág. 346, dice: El indicio no es una cantidad de prueba; tampoco es un medio de prueba en especial, ya que puede estar constituido por cualquier elemento probatorio. Contemplarlo cuantitativamente constituye un error, una visión equivocada; pero es mayor el que significa ver en el indicio un medio de prueba especial. Por todo lo antes descrito es que se considera que el Tribunal de Sentencia incurrió en un error in procedendo por violación de los artículos 90, 262, 267, 268, 269, 321 de la Constitución de la República; 2, 202, 339 y 360 del Código Procesal Penal; 349 No.2 del Código Penal, y al aplicar otras leyes secundarias que no tienen que ver con la suscripción del contrato y la afectación de una partida presupuestaria de la misma institución, ya que estos enunciados jurídicos le ordenan al A-quo, que el es garante y un tercero imparcial en un juicio, y como tal debe garantizar como mínimo las garantías, derechos y formalidades de un proceso penal y valorar las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, situación que no sucedió en los autos de mérito. Ahora bien, si bien es cierto el Juzgado tiene la potestad de valorar bajo la libre convicción, esta valoración debe ser fundada en hechos que hayan quedado debidamente demostrados con el desfile de la prueba, es decir, no debe hacer una valoración arbitraria, sino por el contrario, bajo criterios objetivos que no permitan de valoraciones erróneas, que es el caso que ahora nos permite recurrir, ya que el Tribunal de Sentencia al darle todo el valor probatorio a la prueba de la fiscalía, violenta el estado de inocencia de mi representado, puesto que quedó claro que nunca hubo un delito de Abuso de Autoridad en perjuicio de la Administración Pública, nos llama poderosamente la atención que el Tribunal no cuestiona el contrato, sino únicamente la realización del pago parcial del contrato, con la afectación de una partida presupuestaria de otra dependencia pese a que había disponibilidad para el pago, y olvidándose de lo que preceptúa el artículo 262 de la Constitución de la República que dice: Las instituciones descentralizadas gozan de independencia funcional y administrativas. Por lo vertido anteriormente es que esta defensa solicita se enmiende la sentencia impugnada, se case la sentencia, se emita fallo absolutorio, y se ordene al Sentenciador enmiende su error por la aplicación indebida de la ley penal y demás leyes secundarias, y por no valorar la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica, la psicología, y la experiencia común, lo cual lesiona los derechos y garantías que otorga nuestra Constitución y demás leyes secundarias. 2. EXPOSICIÓN DEL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL: UNICO MOTIVO: Haber violentado el Sentenciador el Derecho de defensa y las garantías del debido proceso: PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en los artículos 1, 4, 12, 18, 19, 337, 338 regla cuarta numerales 1, 2, 3; regla quinta y 339 Y 361 del Código Procesal Penal; 82, 90, 262, 266,268,269, 303, 321 y 323 de la Constitución de la República. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Para los efecto de este motivo se cita como infringido el artículo 90 párrafo primero de nuestra Constitucional de la República que dice “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Artículo 88 párrafo tercero Constitucional que dice: “Solo hará prueba la declaración rendida ante juez competente. Toda declaración obtenida con infracción de cualquiera de estas disposiciones, es nula y los responsables incurrirán en las penas que establezca la ley”. Asimismo se citan como infringidos también los siguientes artículos 82, 90,262, 266,268, 269, 303, 321 y 323 de la Constitución de la República; y de la Norma sustantiva los artículos 1,4, 12, 18, 19, 337, 338 regla cuarta numerales 1,2,3; regla quinta; 339 y 361 del Código Procesal Penal, en la parte que dice: “Las pruebas serán valoradas conforme a las reglas de la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida.” Se ataca la sentencia dictada por el A-quo por considerar que el órgano sentenciador violentó el Derecho de defensa consignado en el artículo 82 de la Constitución de la República que dice “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes”; las Garantías del debido Proceso consignado en el artículo 90 párrafo primero Constitucional que dice “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece."; Artículo 88 párrafo tercero Constitucional que dice: “Solo hará prueba la declaración rendida ante juez competente. Toda declaración obtenida con infracción de cualquiera de estas disposiciones, es nula y los responsables incurrirán en las penas que establezca la ley”; el artículo 262 de nuestra Constitución de la República taxativamente dice: “Las instituciones descentralizadas gozan de independencia funcional y administrativa, y a este efecto podrán emitir los reglamentos que sean necesarios de conformidad con la ley”; el Artículo 268 de la misma Constitución dice “Las instituciones descentralizadas deberán presentar al Gobierno Central un informe detallado de los resultados líquidos de las actividades financieras de su ejercicio económico anterior. Igualmente deberán presentar un informe sobre el progreso físico y financiero de todos los programas y proyectos en ejecución...”; el Artículo 269 de la Constitución dice: “El Poder Ejecutivo podrá disponer por medio del conducto correspondiente, de la utilidades netas de las instituciones descentralizadas que realicen actividades económicas, cuando no afecten el desarrollo de las mismas ni la ejecución de los programas o proyectos prioritarios”.- El artículo 321 de la Constitución de la República establece que los servidores del Estado, no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.- El Artículo 323 de la Constitución de la República dispone que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella”. Todas las normas Constitucionales citadas han sido vulneradas por el Sentenciador, incurriendo en violación de precepto Constitucional, vicio que tiene que ser enmendado por vos Honorable Corte Suprema de Justicia, casando la sentencia y declarando a lugar el recurso, ordenando al a-quo emita fallo absolutorio a favor del señor M. C. C.. PRUEBA TESTIFICAL DE CARGO: Para esta defensa la declaración de la abogada A. C. C. C., es clara y precisa ella manifiesta que nunca firmó contrato de prestación de servicios profesionales con el Gerente de Hondutel M. C., que el pago lo realizó T. P. quien era intermediario, y ha quedado claro que el Abogado T. P. firmó contrato de prestación de Servicios Profesionales con el Gerente J. R. y no con M. C.. El abogado R. R. S. B.S, fue claro en su deposición, y nos narra que el asumió la defensa del señor O. D. S. G., quien era sindicalista y que en la reunión estuvo el sindicato, de administración, asesores y el gerente en ese Tiempo M. C., concluyendo que todos concluyeron que era legal la contratación y que la misma se encontraba amparada en la cláusula 2, 10 y 24 del Contrato Colectivo Vigente en el año 2007, relata todo el trabajo profesional que realizó, así mismo manifestó que los servicios profesionales no se pueden licitar citando el artículo 8 de la Ley de Contratación del Estado, de igual manera el artículo 20 del Arancel del profesional del derecho deja al arbitrio de las partes y por la importancia y complejidad del los Honorarios profesionales. La Prueba documental y pericial de cargo, no es contundente como para emitir un fallo de culpabilidad, véase Honorable Magistrados, que los medios de prueba documentales que se desglosan en el primer motivo de casación específicamente los números 4, 6, 8, 9, 11, 14, no son aplicables al presente caso ya que se refieren a la contratación que realizará el señor Jorge Rosa y el Abogado T. P., al igual que la declaración de la abogada A. C. C. C., la cual narra otro caso similar. PRUEBA DE LA DEFENSA: La defensa privada del señor M. C. C., probó que dicha actuación se encuentra amparada en ley, teniendo como soporte jurídico la Cláusula 2, 10 Y 24 del Contrato Colectivo vigente en el año 2007; el artículo 23 inciso ch de la Ley Orgánica de la Empresa Hondutel, los artículos 4, 6, 7, 133 del Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa Hondutel; se probó que había disponibilidad presupuestaria para el pago ya que la gerencia administrativa y auditoría aprobó la transferencia, misma que no afectaba la dependencia de la cual se trasladaron los fondos; no se probó en el juicio reparo alguno por parte de auditoría interna, si analizamos el informe del Tribunal Superior de Cuentas, el mismo es totalmente contradictorio al manifestar que los dos actos de contratación fueron realizados por el señor M. C., y ha quedado probado que uno de los contratos fue firmado por el señor J. R. y T. P., así mismo dicho dictamen no fue ratificado por la persona que lo preparó violentando así el Artículo 88 párrafo tercero Constitucional que dice: “Solo hará prueba la declaración rendida ante juez competente. Toda declaración obtenida con infracción de cualquiera de estas disposiciones, es nula y los responsables incurrirán en las penas que establezca la ley”. Por lo tanto carece de eficacia probatoria al momento que el Juzgador haga la valoración de la prueba, teniendo por consiguiente que desecharla del acervo probatorio de las partes, ello en aplicación del artículo 90 de la Constitución de la República. Esta valoración de la prueba, como dice RICARDO VACA ANDRADE “tiene por objeto establecer la utilidad y legal de las diversas pruebas que se han incorporado al proceso penal”. En nuestra ley procesal, se produce en momentos precisos, como en la etapa intermedia, antes de que se dicte el auto; o después de la audiencia de juzgamiento; en el Juicio, como paso previo al momento de dictarse sentencia”. La defensa considera que el órgano jurisdiccional sentenciador no valoró de manera conjunta y armónica toda la prueba antes señalada, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, del criterio racional o del criterio humano; es decir, de acuerdo con las reglas de la lógica, la psicología, de la sociología y las máximas de la experiencia, de haberlo hecho hubiese llegado a la conclusión final y sin lugar a duda bajo una operación intelectual razonada, que mi representado el señor M. C. C., no ejercitó ninguna acción tendiente a quebrantar su principio de inocencia; para la defensa se vulnera el artículo 90 primer párrafo de la Constitución que dice: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Por todo lo antes descrito es que se considera que el Tribunal de Sentencia incurrió en un error in procedendo, por violación de los artículos 1,4, 12, 18, 19, 337, 338 regla cuarta numerales 1, 2, 3; regla quinta; 339 y 361 del Código Procesal Penal; 349 No. 2 del Código Penal; artículos 82, 90, 262, 266, 268, 303, 321, 323 de la Constitución de la República. El sentenciador Violentó el derecho de defensa, las formalidades, los derechos y las garantías del debido proceso al aplicar incorrectamente artículos Constitucionales a este caso en particular; aplicaciones de Leyes secundarias que desnaturalizan el fallo, por hacer mala interpretación y aplicación de las mismas, al emitir su fallo sin la debida aplicación de las reglas de la Sana crítica, la lógica, la dialéctica y la experiencia común. Ahora bien, si bien es cierto el Juzgado tiene la potestad de valorar bajo la libre convicción, esta valoración debe ser fundada en hechos que hayan quedado debidamente demostrados con el desfile de la prueba, es decir, no debe ser una valoración arbitraria, sino por el contrario, bajo criterios objetivos que no permitan de valoraciones erróneas, que es el caso que ahora nos permite recurrir ya que el Tribunal de Sentencia al emitir su criterio sobre valoración de la prueba lo hace rechazando prueba de la defensa admitida por ese mismo Tribunal en su momento procesal, lo que no permite ser analizada de manera conjunta y armónica, y eso los llevó a apreciar y valorar incorrectamente la prueba, que trae como consecuencia la vulneración del debido proceso. Valoración de la Prueba que lleva a un vicio in procedendo de parte del Juzgador: La valoración de la prueba constituye, indudablemente, una operación fundamental, de gran importancia en todo proceso y, más aún en el proceso penal, puesto que de ella depende que el tribunal llegue o no a una certeza; es decir va a determinar el carácter absolutorio o condenatorio de la sentencia para el acusado, sin lugar a duda esta defensa no hubiese hecho uso de este recurso si no se hubieran vulnerado las formalidades, derechos y garantías que señala nuestra Constitución en su artículo 90 y demás aplicables, así como las formalidades que señala nuestro Código Procesal Penal. Por lo que se vuelve prudente buscar el saneamiento del error in procedendo por infracción de precepto Constitucional y por interpretación y aplicación errónea por el A-quo de preceptos sustantivos , como lo es el artículo 13 párrafo Segundo del Código Penal Vigente que se relaciona con el Dolo Directo, artículos 31 y 32 del Código Penal que se relaciona a la forma de participación del imputado, y que su participación fue a título de autor artículo 37 del Código, sub sumiendo la supuesta participación del señor M. C. C. en el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, aplicando erróneamente el artículo 349 No. 2 del Código Penal Vigente, considera el A-quo que el delito se configura al momento que el señor M. C., ordena la afectación presupuestaria de una unidad de la empresa y se realiza el pago de 950,000.00 lempiras al bufete Suazo Lagos, aún y cuando dicho gasto esta amparado en ley, y que constitucionalmente HONDUTEL tiene independencia funcional y administrativa, y aún mas no ha afectado el presupuesto general de la República, como lo manifiesta en la sentencia recurrida el sentenciador, concluyendo por ello que es autor del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, lo que no es congruente con lo demostrado en juicio, y será a través del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, que la Suprema Corte de Justicia a través de la Sala de lo Penal case la sentencia recurrida, y debe dictar una nueve sentencia en apego a derecho, en la que se deba absolver de toda responsabilidad penal al señor M. C. C., ya que mi representado es inocente del delito imputado. 3.- EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. MOTIVO NÚMERO TRES: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 2 y 3 del artículo 362 del Código Procesal Penal. El precepto penal adjetivo que se invoca como infringido prescribe: en el artículo 202 del Código Procesal Penal que dice: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El Órgano Jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida” ello en relación con el párrafo primero del artículo 336 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DE MOTIVOS: Para los efectos de este motivo se cita como infringido el artículo 202 del Código Procesal Penal, en la parte que dice: “Las pruebas serán valoradas conforme a las reglas de la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida.” Y la incorporación de medios probatorios no ratificados y que por ser copias fotostática carecen de eficacia probatoria. Se ataca la sentencia dictada por el A-qua por considerar que el órgano sentenciador no valoró la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, llevándolo a formar su convicción sin valorar la prueba producida de manera conjunta y armónica, por lo que lo llevo a incurrir en un error in procedendo. La sentencia que ahora se recurre y que fuera dictada por la sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, declaró como hechos probados los siguientes: PRIMERO: El quince de Noviembre del año dos mil siete, el señor M. A. C. Castro, en su condición de Gerente General de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) y el abogado R. R. S. B., en su condición de representante del Bufete Suazo Lagos y Asociados, celebraron un contrato para que dicho abogado y los socios de su bufete asesoraran y representaran legalmente ante el Ministerio Público y el Juzgado de Letras Penal de esta Ciudad de Tegucigalpa al señor O. D. S. G., quien en ese tiempo se desempeñaba como Gerente Legal de Hondutel y estaba siendo acusado por el Ministerio Público por suponerle responsable de los delitos de Violación y Revelación de Secretos, Abuso de Autoridad, Violación de Secretos Políticos y Otros. En dicho contrato se estableció que la cantidad a pagar en concepto de Servicios Profesionales a los abogados del Bufete Suazo Lagos y Asociados, representado por el señor S. B., ascendía a la cantidad de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L.2,250,000.00), los cuales serían pagaderos de la siguiente manera: 1) La cantidad de un millón ciento veinticinco mil lempiras (L.1,125,000.00) sería pagada el día 15 de Noviembre de dos mil siete; 2) La cantidad de quinientos sesenta y dos mil quinientos lempiras (L.562,500.00) sería pagada en la fecha en que se elevara el juicio a segunda instancia o al elevarse a juicio oral y público. 3) La cantidad de quinientos sesenta y dos mil quinientos lempiras (L.562,500.00) sería pagada en la fecha en que en segunda instancia sea sobreseída la causa, o se otorgue un recurso de amparo y se dicte una sentencia absolutoria, y; 4) La cantidad de un millón ciento veinticinco mil lempiras (L.1,125,000.00)en la fecha en que en primera o segunda instancia se decrete Nulidad Absoluta de Actuaciones por razón de ser un delito de acción privada. SEGUNDO: Para realizar el pago correspondiente, el día 28 de Noviembre de 2007 se hizo disponibilidad presupuestaria afectando el presupuesto de la Sub Gerencia de Desarrollo y el Plan de Expansión de HONDUTEL, estableciéndose que había disponibilidad presupuestaria por la cantidad de Un Millón Ciento Veinticinco Mil Lempiras (L.1,125,000.00) para pagar los servicios legales, no obstante que dicha partida no estaba destinada al pago de Servicios Legales, puesto que la disponibilidad presupuestaria para el pago de Servicios Legales durante el año 2007 ascendía a la cantidad de Dos Millones Veintiséis Mil Lempiras (L.2,026,000.OO). 3.- Posteriormente, en fecha 27 de Noviembre de 2007, el señor O. D. S. presentó la solicitud de pago de Servicios Profesionales por la cantidad de Novecientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Setenta y Cinco lempiras netos (L.984,375.00) a favor del Bufete Suazo Lagos y Asociados, adjuntándose a dicha solicitud la copia del contrato, el oficio GALH-1053-2007, recibo de cobro y la disponibilidad presupuestaria, solicitud que fue aprobada por el señor M. A. C. Castro, en su condición de Gerente General de Hondutel, con el conocimiento que se afectaba una partida presupuestaria que no estaba destinada para ese rubro. 4.- Fue así como el veintinueve de Noviembre de dos mil siete se realizó el pago en concepto de Servicios Profesionales al Despacho Legal Suazo Lagos y Asociados, por la cantidad de novecientos ochenta y cuatro mil trescientos setenta y cinco lempiras, el cual fue recibido por el abogado R. S. B. Al estudiar la doctrina Dice el Doctor Ignacio Colomer, cuando se refiere a la selección de los hechos probados, dice que es un procedimiento lógico realizado por el Juez para obtener un relato de hechos probados en la sentencia que le permitan distinguir con claridad dos fases; una la selección de hechos probados, (lo cual se realizó pero que los mismos son totalmente contradictorios y excluyentes entre sí), y la otra la valoración de los mismos hechos, (sin lugar a duda el juez al valorar la prueba no hace uso de la Sana Crítica, y muy lejos de lo que dice el Código Procesal Penal en su artículo 202 que dice: “Las Pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano Jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”, Situación que no ocurrió en el presente caso).- Dice el doctor Colomer que los hechos que el Tribunal considere probados deben reunir cuatro requisitos básicos y fundamentales y son: Un Primer requisito es La Fiabilidad, es decir el punto de partida del razonamiento judicial es el examen de probabilidad; Un Segundo Requisito es la interpretación lógica de la prueba practicada la validez y confiabilidad de la prueba; Un Tercer Requisito es, hacer un juicio de verosimilitud que debe realizar sobre los hechos justificados con las pruebas practicadas; Un Cuarto requisito es, La Confrontación de todos y cada uno de los elementos probatorios, para llegar a obtener la certeza de los hechos. Para esta defensa la sentencia recurrida carece de motivación, el sentenciador trató de rellenar la sentencia con apartados de otras leyes que ni siquiera aplican y se olvidó de explicar del porque de cada uno de los fundamentos legales, en este sentido me permitiré citar nuevamente al doctor Colomer quien manifiesta que la motivación de la sentencia debe cumplir con dos requisitos: a) Los hechos que se consideren probados deberán ser expuestos armónicamente por el Juez, lo que significa que el relato de los hechos probados deberá ser coherente y sin contradicciones internas, b) Los hechos que se consideren probados deberán ser congruentes y concordantes con los alegados por las partes.- La Sentencia que hoy se recurre carece de los requisitos antes expuestos, ya que es contradictoria y existe incongruencia entre la prueba de cargo y el fallo, mismo que no es coherente con la prueba de cargo, el artículo 339 del Código Procesal Penal establece “Si el Tribunal considera que no hay pruebas suficientes para condenar al imputado, dictará sentencia absolutoria; así mismo, será absuelto en caso de duda razonable”. Ahora nos preguntamos Honorable Tribunal, si el Juez Sentenciador no tenía el grado de certeza objetiva que se necesita para emitir una sentencia condenatoria, porque condena, la sentencia que se recurre carece de Congruencia entre la parte dispositiva y la parte resolutiva, Coherencia, Motivación, Valoración de la prueba, de Fiabilidad de los medios probatorios, de Selección de los hechos probados lógicos y contundentes, de Razonamiento, principios estos de los cuales carece la sentencia recurrida y la cual solicito sea enmendada declarando con lugar el recurso de casación interpuesto, emitiendo un fallo absolutorios a favor de don M. C. C. Prueba de Cargo del Ministerio Público: Al analizar la prueba ofertada por el Ministerio Público como ser declaraciones testifícales, prueba documental y pericial, la misma no es concluyente y contundente para emitir un fallo de culpabilidad. En cuanto a la declaración testifical del Abogado R. S., la misma no es incriminatoria puesto que él firmó un contrato de prestación de servicios profesionales para llevar la defensa de O. D. S. G., contrato que nunca fue sometido a proceso de nulidad por ninguna entidad, ya que el mismo se encuentra amparado en base a ley tal como lo hemos explicado en el primer motivo de casación.- Se consultó con auditoría interna y contabilidad y existía disponibilidad presupuestaria en la Subgerencia de Desarrollo de Red de Hondutel, por lo cual se realizó una afectación a ese departamento existiendo oficio de auditoría y contabilidad donde se manifiesta que existe disponibilidad presupuestaria y se envió a la gerencia debidamente firmada por el Auditor Interno de Hondutel. Posteriormente ubicados los fondos se procedió a realizar los trámites del pago al abogado R. S. B.- Para el Sentenciador es aquí donde se configura el supuesto delito de Abuso de Autoridad, olvidándose que Hondutel es un ente totalmente descentralizado, con independencia funcional y administrativa tal como lo establece el artículo 262 de la Constitución, y que en ningún momento afectó la transferencia que anualmente hace a la Tesorería General de la República como lo dice el Sentenciador, pues no existe documento alguno en el juicio que haya probado tal extremo, asimismo no existe ningún documento que haga mención que al haber afectado el presupuesto de la Sub Gerencia de Desarrollo y el Plan de Expansión de HONDUTEL se halla dejado de desarrollar un proyecto planificado, el Gerente en ese momento consultó con el auditor interno, y este manifestó que había disponibilidad presupuestaria, como Gerente realizó un movimiento interno de fondos de manera normal y rutinaria en una empresa autónoma, esa es una facultad potestativa del gerente. La sentencia recurrida se desnaturaliza desde el momento que para poder sustentar un fallo de culpabilidad, tiene que recurrirse a leyes que no fueron invocadas por las partes, véase que la prueba aportada por el ente acusador no fue suficiente para poder enervar el estado de inocencia del imputado, se le dio valor probatorio a un dictamen del Tribunal Superior de Cuentas que en ningún momento fue ratificado por la persona que lo elaboró, no se probó la condición de funcionario público del señor M. C., porque los acuerdos presentados juntos con las acciones de personal son copias que no fueron autenticadas y valoradas por el Tribunal. Para que Vos Honorable Corte Suprema de Justicia hagáis un balance de la mala aplicación de leyes secundarias citamos uno de los artículos en los cuales motiva el fallo el Tribunal de Sentencia, artículo 73 de la Ley General de Ingresos y Egresos expresa que: Las Instituciones Descentralizadas transferirán a la Administración Central las cantidades mínimas que se detallan: La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones HONDUTEL Lps.368,OOO.OOO.OO (Trescientos sesenta y Ocho Millones de Lempiras Exactos), los cuales deberán enterarse en la Tesorería General de la República; para el campo de aplicación del delito imputado no tiene relevancia alguna, mas bien parece que se colocó en la sentencia para llenar un espacio, no porque tenga campo de aplicación en este caso concreto; no obstante la mala aplicación de la ley nos encontramos en uno de los apartados de la sentencia donde el Sentenciador dice que para ella no se da el delito de Fraude, pero que si se da el delito de Malversación de Caudales Públicos. No obstante esta consideración, siendo que el Ministerio Público no ha acusado por el delito de Malversación de Caudales Públicos no se puede tomar en consideración, delito que en todo caso es distinto por el cual se ha acusado y, en base al principio de la Congruencia no se puede condenar, véase que los jueces se limitaron a buscar otras conductas ilícitas, dejando la puerta abierta para que en futuro si este juicio se repitiera el Ministerio Público entraría a realizar una nueva acusación por el delito de Malversación de Caudales Público, consideramos que esta apreciación del Tribunal no es correcta ni apegada a derecho. Por su parte la Defensa Privada, sí probó que la acción de contratar al bufete Suazo Lagos no media dolo, ni intención de causar un perjuicio a Hondutel como organismo autónomo, ya que tiene su propio presupuesto y sus fondos no dependen de la Tesorería General de la República como lo pretende hacer creer el Tribunal. Si el órgano jurisdiccional sentenciador hubiese valorado de manera conjunta y armónica toda la prueba antes señalada, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, del criterio racional o del criterio humano; es decir, de acuerdo con las reglas de la lógica, la psicología, de la sociología y las máximas de la experiencia, hubiese llegado a la conclusión final y sin lugar a duda bajo una operación intelectual razonada, que mi representado el señor M. C., no ejercitó ninguna acción tendiente a quebrantar su principio de inocencia. Esta defensa considera que la Sentencia Recurrida ante vos Honorable Tribunal de Alzada vulnera las Garantías del debido Proceso consignado en el artículo 90 párrafo primero de nuestra Constitución que dice “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Por lo anterior se hace necesario hablar sobre el indicio, la presunción y la sospecha, es por ello que hacemos uso de la siguiente bibliografía Jurídica: SANTIAGO SENTÍS MELENDO, en su obra La Prueba, Buenos Aires, 1978, Pág. 346, dice: El indicio no es una cantidad de prueba; tampoco es un medio de prueba en especial, ya que puede estar constituido por cualquier elemento probatorio. Contemplarlo cuantitativamente constituye un error, una visión equivocada; pero es mayor el que significa ver en el indicio un medio de prueba especial.- En este caso no existe ni siquiera la sospecha que mi representado sea el autor intelectual del delito que se le imputa. JOSÉ GARCÍA FALCONÍ en lo que se refiere a la valoración de la prueba dice que “Es una operación intelectual, destinada a establecer la eficacia conviccional de los elementos de la prueba recibidos... es en este momento en donde el juez, no sólo pone al servicio de la justicia, su intelecto, su sabiduría y experiencia; sino sobre todo su honestidad”. La valoración de la prueba determina el resultado que se infiere de la práctica de un determinado medio de prueba, es decir, el grado de convicción o persuasión de la prueba practicada, que puede ser positivo, en cuyo caso se habrá logrado el fin de la prueba (la convicción judicial), o negativo, al no alcanzarse dicho fin. La defensa es del parecer que con la prueba de cargo, no se logró enervar el estado de inocencia de mi representado. Esta valoración de la prueba, como dice RICARDO VACA ANDRADE “tiene por objeto establecer la utilidad y legalidad de las diversas pruebas que se han incorporado al proceso penal”. En nuestra ley procesal, se produce en momentos precisos, como en la etapa intermedia, antes de que se dicte el auto; o después de la audiencia de juzgamiento”. Para esta defensa existe error del Sentenciador al valorar prueba que no merece credibilidad para el Tribunal, y que esa prueba de cargo violenta preceptos Constitucionales y procesales que perjudican a mi representado. Para GUILLERMO CABANELLAS, Diccionario Jurídico Elemental Edición 1997, página 202 y 327, dice: “La Plena Prueba es aquella llamada también completa, perfecta y concluyente, es la que demuestra sin género alguno de duda la verdad del hecho litigioso, controvertido, instruyendo suficientemente al Juez para que pueda fallar, ya sea condenando o absolviendo”. Como podemos analizar su señoría en este juicio no hay una verdad objetiva y mucho menos una prueba concluyente que le permita al Juzgador actuar con certeza objetiva.- Mientras que El INDICIO para el mismo autor es: “La acción, o señal que da a conocer lo oculto. Conjetura derivada de las circunstancias de un hecho o sospecha que un hecho conocido permite sobre otro desconocido, Rastro, Vestigio, o Huella. Como hemos analizado su señoría en este caso de existir indicio, el mismo es contradictorio y excluyente por el mismo testimonio de los testigos de cargo, pues la prueba documental no resulta suficiente para emitir un fallo condenatorio. SANTIAGO SENTÍS MELENDO, en su obra la prueba, Buenos Aires, 1978, Pág. 346, dice: El indicio no es una cantidad de prueba; tampoco es un medio de prueba en especial, ya que puede estar constituido por cualquier elemento probatorio. Contemplarlo cuantitativamente constituye un error, una visión equivocada; pero es mayor el que significa ver en el indicio un medio de prueba especial. GERMAN PABON GOMEZ, en su obra de la Casación y la revisión Penal, segunda adición, Bogotá dos mil tres Pág., 387 y 388. Considera que las formas de censura, en tratándose de indicios puede darse, a saber, respecto: Por lo vertido anteriormente es que esta defensa solicita se enmiende la sentencia impugnada, se case la sentencia recurrida, se emita sentencia que en derecho corresponda, absolviendo al señor M. C. del delito imputado y ordenando su inmediata libertad”. V. RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY SUSTANTIVA. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: a) Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; b) Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: 1) Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; 2) Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; 3) Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; 4) Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y 5) Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; De allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO, DENUNCIANDO INOBSERVANCIA DEL ARTÍCULO 376 DEL CÓDIGO PENAL. I. El recurrente, aqueja que la sentencia recurrida adolece de un vicio in iudicando ya que indebidamente la misma inobservo la norma sustantiva contenida en el artículo 376 del Código Penal, que tipifica el delito de Fraude, en perjuicio de la Administración Pública. El Título XIII del Libro Segundo del Código Penal, recoge los delitos cuyo objeto es la protección de la Administración Pública como bien jurídico, es decir el correcto funcionamiento de la administración pública, como deber del empleado y funcionario público de gestionar con lealtad y probidad la cosa pública en los términos que dispone el artículo 5 de la Ley General de la Administración Pública y 5 de la Ley de Contratación del Estado; Entre esos tipos penales nos encontramos el contenido en el artículo 376 conocido como Fraude al Estado, que no debe de ser confundido con el tipo penal del artículo 242 y 243 que contienen los delitos de Fraude en perjuicio de persona natural o jurídica particular. El Artículo 376 del Código Penal indica que “El Funcionario o empleado público que por razón de su cargo participe en cualquier acto jurídico que tenga interés en Estado y se ponga de acuerdo con alguno de los interesados para defraudar al fisco o con ese mismo propósito se valga de su condición para favorecer a un tercero o para facilitar su participación personal, directa o indirecta, en los beneficios que pueda producir tales asuntos o use cualquier otro artificio con la misma finalidad, será sancionado con reclusión de seis a nueve años, más inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión.” El tipo penal recoge tres supuestos diferentes y que de manera independiente configuran el delito de Fraude al Estado: Primer Supuesto: Funcionario o Empleado Público que por razón de su cargo participe en cualquier acto jurídico que tenga interés el Estado y se ponga de acuerdo con algunos de los interesados para defraudar al fisco. la acción típica del supuesto es el concierto o conspiración (Art. 17 del Código Penal), es decir el ponerse de acuerdo el funcionario con los interesados o especuladores como una forma de ardid o maquinación, por lo que es preciso que efectivamente se haya producido el concierto, momento en el que tendría lugar la consumación delictiva. Este supuesto entonces, exige la participación de por lo menos dos personas: el funcionario o empleado público y el tercero(s) con el que se concierta; Pese a lo anterior, el tipo no señala la suerte del tercero que participa en el hecho, por lo que su responsabilidad deberá de ser deducida conforme a otro tipo penal; Segundo Supuesto: Funcionario o Empleado Público que por razón de su cargo participe en cualquier acto jurídico que tenga interés el Estado (y) para defraudar al fisco… se valga de su condición para favorecer a un tercero o para facilitar su participación personal, directa o indirecta, en los beneficios que pueda producir tales asuntos. El ámbito situacional en este segundo supuesto es diferente, por cuanto en el no se exige la existencia del acuerdo, sino que la conducta puede ser desarrollada de manera unilateral por el funcionario o empleado público, quien busca favorecer a un tercero –con o sin su conocimiento- o favorecerse el mismo de manera directa o indirecta, del asunto que conoce como funcionario público, en perjuicio del fisco. Tercer Supuesto: Funcionario o Empleado Público que por razón de su cargo participe en cualquier acto jurídico que tenga interés el Estado (y) use cualquier otro artificio (para defraudar al fisco). La conducta típica aquí está centrada en el uso de un artificio, ardid, artimaña o maquinación por parte del empleado o funcionario público, con el objeto de burlar los sistemas de controles estatales y así conseguir defraudar al fisco con un acto de aparente legalidad o con un acto subrepticio, pudiendo ser a favor de un tercero –con o sin acuerdo o conocimiento de éste- o a favor propio. El Término de “otro artificio”, incluido en este supuesto es por referencia al primer supuesto, en donde se prevé una forma específica de maquinación como ser el concierto de dos personas, una de ellas el funcionario público, mientras que en este tercer supuesto el legislador concibe la posibilidad de otro tipo de ardid además del indicado, convirtiendo este supuesto en un tipo penal abierto. Se concluye que el elemento objetivo de “artificio”, solo asiste en el primer y tercer supuestos y no así en el segundo, donde el mismo no es necesario para la concurrencia del delito. Son tres los elementos objetivos comunes en los supuestos señalados: 1. El Sujeto Activo, es un funcionario o empleado público, quien participa en el acto jurídico con ocasión de su cargo, participación que puede ser directa por ser el responsable del acto, o indirecta cuando el acto si bien se encuentra bajo su esfera de competencia, no interviene formalmente en el, más si materialmente; 2. El acto jurídico, debe de ser de aquellos en los cuales el Estado tenga algún interés, como contratos de obra públicas, contrato de suministros de bienes o servicios, contratos de consultoría, contratos de gestión de servicios públicos, contratos de concesión de uso de del dominio público o de concesión de de servicios u obras públicas, así como los de compra-venta, donación, permuta, arrendamiento, prestamos y todos aquellos de contenido patrimonial; En conclusión el acto jurídico a que refiere el tipo penal son todos los que deban regirse a la sombra de las normas del Derecho Administrativo; y, 3. El Sujeto Pasivo es el Estado, entiéndase como tal los órganos centralizados, desconcentrados y descentralizados, incluyendo en estos últimos los entes autónomos y las municipalidades, conforme lo disponen los artículos 2, 9, 41 y 47 de la Ley General de la Administración Pública. Como elementos subjetivos, el tipo penal, junto al dolo, exige una intención final, cual es la de defraudar al Fisco. Debe entenderse por defraudar al fisco cualquier acción u omisión que persiga perjudicar económicamente el patrimonio de la entidad a la que el funcionario o empleado público preste sus servicios. El tipo penal no requiere la existencia un ánimo de lucro aun cuando éste pueda igualmente gobernar el acto delictivo. El tipo penal, conforme a la estructura dada por el legislador hondureño, tiene las siguientes características: 1. Delito Mono Ofensivo: Ya que el tipo penal protege solo un bien jurídico, como ser la Administración Pública, por lo que en caso de concretarse el daño patrimonial podría presentarse un concurso de delitos; 2. Delito Compuesto, debido a que hace la descripción de tres supuestos diferentes e independientes; 3. Delito de mera actividad debido a que para su consumación sólo se requiera la realización de la conducta, sin necesidad de que se produzca un resultado; 4. Delito de Conducta Instantánea, debido a que los tres supuestos descritos en el tipo penal se agotan en un solo momento; y, 5. Delito de Sujeto Activo Calificado, dado que el autor deberá de tener el carácter de funcionario o empleado público en el ejercicio de sus funciones. Dependiente de su forma de aparición y al existir diversidad de bienes jurídicos lesionados, el tipo penal de Fraude al Estado puede presentarse en concurso Ideal –propio o impropio-, conforme lo disponen el artículo 36 del Código Penal. II. Retornando al caso de estudio, este Tribunal de Casación determina que, partiendo de los hechos declarados probados por el Órgano Sentenciador, no convergen en el presente caso los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Fraude al Estado, contenido en el artículo 376 del Código Penal. En el hecho probado primero –Folio 562-, se señala que el acusado M. A. C. C., como Gerente General de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), y el Abogado R. R. S. B., como representante del Bufete Suazo Lagos y Asociados, celebraron un contrato de prestación de servicios profesionales para la representación legal del Señor O. D. S. G.S, quien tenía causa criminal pendiente promovida por el Ministerio Público. Este contrato firmado es un acto jurídico que no está regido por el Derecho Administrativo, sino por el Derecho Civil, por cuanto no es de aquellos de los que el Estado de Honduras tenga interés, el mismo fue realizado bajo el argumento de que era en cumplimiento de una prestación laboral que la Empresa HONDUTEL había concedido a los empleados y funcionarios en el Contrato Colectivo de Trabajo; Al no ser el acto jurídico de aquellos en el que el Estado de Honduras tenga intereses, no se cumple uno de los elementos objetivos, concurrente en los tres supuestos del tipo penal de Fraude. III. Esta Sala de Casación, si bien se manifiesta de acuerdo con el Tribunal de Sentencia en el sentido de que en el presente caso no se aprecia la existencia del delito de Fraude al Estado, concurre respecto a sus motivos, ya que el tipo penal no es de naturaleza tributaria como se afirma en la sentencia recurrida –F. 571 v.-, el Juzgador no consideró en su análisis que el mismo está compuesto por elementos objetivos comunes y elementos objetivos específicos para cada uno de los tres supuestos que lo componen y equivocadamente indica como elemento objetivo el propósito de defraudar al fisco –F. 571-, siendo éste un elemento subjetivo del tipo penal. (Al respecto ver Sentencia Penal No.038-2009, de fecha 18 de agosto del 2011). Es por lo anterior, que es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su Único Motivo, entablado por el Ministerio Público. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY INTERPUESTO POR EL ABOGADO MARLON REYNIERY DUARTE AMADOR, DENUNCIANDO ERRÓNEA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA CONTENIDA EN ARTÍCULO 349.2 DEL CÓDIGO PENAL. I. El recurrente, denuncia que en la sentencia recurrida, el Tribunal de Sentencia “… sin valorar la prueba producida de manera conjunta y armónica…” incurrió en un vicio in procedendo, al realizar una interpretación errónea del precepto penal aplicable al caso, tal cual es el artículo 349.2 del Código Penal. En el Desarrollo del Recurso, el Censor afirma que en los hechos declarados probados “existe un error de disconformidad en las ideas y representaciones con la naturaleza ocurridas en el presente juicio, teniendo como resultado una apreciación falsa de lo acontecido…” dándose a la tarea de hacer una relación de ellos para luego desarrollar una extensa argumentación controvirtiéndolos, apoyándose posteriormente en un análisis de los medios de prueba que fueron conocidos en el Debate, concluyendo finalmente que el Ministerio Público no probo la existencia de dolo en el actuar de su representado, insistiendo en que se debe apreciar la existencia de un vicio in procedendo por aplicación indebida de la ley penal y por no valorar la prueba “… de acuerdo con las reglas de la sana critica, la psicología y la experiencia común...” II. Mediante la Doctrina Legal sentada con ocasión de las Sentencias Penales Números: 028-2009 y 385-2009, ambos de fecha 5 de abril del 2011; Sentencia Penal No. 283-2008 de fecha 27 de julio del 2010; Sentencia Penal No.069-2009 de fecha 10 de junio del 2010; y Sentencia Penal No.027-2009 de fecha 06 de abril del 2010, entre otros, este Supremo Tribunal ha indicado, de manera clara que: “A través del recurso de casación por infracción de ley sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del sistema procesal anterior, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal. Tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. Todo lo que se refiere a la determinación del hecho queda fuera de su ámbito competencial. Por eso se dice con razón, que el Tribunal de Casación al conocer de las alegaciones de infracción de ley, no es un Tribunal de segundo grado con potestad para examinar ex novo la causa y corregir todos los errores de hecho, que pueda cometer el sentenciador, sino que es un supremo guardián del derecho sustantivo, para evitar la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva. El Recurso de Casación por Infracción de Ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia (vid. Art. 360 párrafo primero del Código Procesal Penal). Al Tribunal de Casación le está vedado penetrar por ese cauce procesal a la reconstrucción histórica del suceso al cual la norma de Derecho es aplicada. En este sentido, la jurisprudencia ha sentado de manera reiterada como presupuesto de la casación por infracción de ley, el principio de intangibilidad de los hechos fijados por la sentencia recurrida, estableciendo que el recurso de casación fundado en ese motivo, sólo procede para corregir el Derecho, de suerte que las cuestiones de hecho escapan al control jurisdiccional del Tribunal de Casación. De este modo, la regla de la indiscutibilidad de los hechos fijados por la sentencia y la finalidad de la casación, aparecen congruentes entre sí y se complementan mutuamente…” Lo anterior da fundamento para descartar el Recurso presentado por el Censor, ya que el mismo no sólo desarrolla argumentos contradictorios, señalando la concurrencia de un vicio in procedendo, lo cual es propio del Recurso por Quebrantamiento de Forma, regulado en el artículo 362 del Código Procesal Penal, y no del Recurso por Infracción de Ley presentado; siendo el planteamiento presentado confuso y deja de lado el Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados propio del Recurso de Casación por Infracción de Ley, haciendo del ataque a los hechos probados su principal herramienta argumentativa y pretendiendo que esta Sala de lo Penal los desconozca y que además haga una nueva valorización de la prueba –por violación de las reglas de la sana crítica- para conceder su petición de un fallo absolutorio. De lo anterior, es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su Único Motivo interpuesto por el Censor. RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO EL ABOGADO MARLON REYNIERY DUARTE AMADOR, EN SU CONDICIÓN DE DEFENSOR PRIVADO DEL SEÑOR M. A. C. C. DENUNCIANDO VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 82, 90, 262, 266, 268, 269, 303, 321 Y 323 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA. I. Esta tipología es la más amplia de las que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el Recurso a desarrollar bajo este título debe de denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; En una buena técnica, se debe optar a esta Vía Recursiva cuando no sea posible denunciar el vicio a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro, en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Legal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores. La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial, como ser las sentencias. II. El Censor solicita que esta Sala de lo Penal, ordene al Tribunal de Sentencia emitir fallo absolutorio como consecuencia de haber violentado las normas constitucionales siguientes: Artículo 82 de la Inviolabilidad del Derecho de Defensa; Artículo 90 del Debido Proceso; Artículo 262 de la independencia funcional y administrativa de las Instituciones Descentralizadas; Artículo 266 del Plan Operativo de las Instituciones Descentralizadas; Artículo 268 de la Liquidación de Actividades de las Instituciones Descentralizadas; Artículo 269 de la Facultad de Poder Ejecutivo de disponer de las Utilidades Netas de las Instituciones Descentralizadas; Artículo 303 del Facultad Jurisdiccional de los Juzgados y Tribunales del Poder Judicial; Artículo 321 y 323 de la Inviolabilidad de la Ley. III. El recurrente, aún cuando cita nueve normas de la Constitución como violentadas por el Tribunal de Sentencia, no se ocupa de explicar cómo se da esta violación, es decir, cuáles fueron los actos u omisiones que realizó el Tribunal de Sentencia que significaron un perjuicio material y concreto, como consecuencia de la inobservancia de las normas constitucionales citadas o por la disminución indebida de las garantías que regulan. Contrario a lo anterior, sin hacer ningún puente con las normas constitucionales enunciadas y por tanto alejándose del sentido de la vía recursiva, el recurrente hace una relación de algunos de los medios de prueba desarrollados en el debate, indicando cual a su parecer es la valoración que debió habérsele asignado, para concluir que el Tribunal de Sentencia no valoró de manera conjunta y armónica toda la prueba señalada, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, lo cual el Censor igualmente Aqueja en el Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales y que esta Sala de lo Penal resuelve en el siguiente numeral. La mera enumeración abstracta de preceptos constitucionales no permite a esta Sala de lo Penal examinar si los mismos fueron violentados, como asegura el Recurrente ha sucedido, volviendo ineficiente el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en cuanto a la denuncia de transgresión de los artículos 82, 90, 262, 266, 268, 269, 303, 321 Y 323 de la Constitución de la República, resultando ser la única denuncia de violación a norma constitucional que permite a esta Sala de lo Penal examinar si existió perjuicio material, la queja del Censor hecha en el desarrollo del Recurso, relativa a que el Tribunal de Sentencia valoró indebidamente el dictamen del Tribunal Superior de Cuentas, ya que éste fue ratificado en la audiencia de debate por una persona distinta al que la elaboró, lo que se traduce en violación del artículo 88 de la Constitución de la República, el cual prescribe en su párrafo tercero que “Sólo hará prueba la declaración rendida ante Juez Competente.” El artículo 88 párrafo tercero de la Constitución de la República recoge el principio de “Inmediación”, el cual explica que la única prueba que podrá valorar el Juzgador es aquella que ha podido apreciar directamente, lo que se traduce en la posibilidad de que los Jueces puedan internar el contenido del medio de prueba directamente a atreves de sus sentidos, posibilitando que puedan hacer un juicio crítico de su valor. Se constituye violación a esta garantía constitucional cuando todos o alguno de los miembros del Órgano Juzgador procede a valorar un medio de prueba que no ha apreciado personalmente, basándose en la impresión de un tercero. En el caso de autos, se aprecia a folio 500 vuelto que el Ministerio Público, en audiencia de proposición de medios de prueba de fecha treinta de septiembre del año dos mil nueve, ofreció el Informe Especial número 04-2004DASSII, elaborado por el Tribunal Superior de Cuentas, como un medio de prueba documental, el cual, al no haber oposición de la Defensa Privada y superando los criterios de proporcionalidad, utilidad y pertinencia, fue admitido para ser reproducido en debate; Iniciado la Audiencia de Debate en fecha cinco de enero del año dos mil diez, el Ministerio Público en el espacio para incidentes, propuso que el medio de prueba documental Informe Especial del Tribunal Superior de Cuentas, fuese reproducido en juicio como medio de prueba pericial, a rendir por la Licenciada Francisca Martínez Zepeda, quien había sido la persona encargada de su elaboración, de ello la Defensa Privada tampoco no presentó objeción alguna (F. 538), más sin embargo, el Tribunal de Sentencia resolvió que el Informe sería introducido al proceso como un medio de prueba documental como originalmente había sido propuesto con la salvedad de que sería ratificado por la Licenciada Martínez Zepeda (f 538v); Así las cosas, el debate se dio por abierto y una vez que se supero la fase inicial se procedió a la reproducción de los medios de prueba, llegando el turno al Informe del Tribunal Superior de Cuentas, el cual corre agregado a folio 126 al 133, siendo ratificado por la Licenciada Francisca Martínez Zepeda, mas se advirtió en ese momento que al final del documento calzaba la firma de la Licenciada Hortencia E. Rubio Reyes, identificándola como la persona que lo elaboró, ello generó que el Tribunal de Sentencia hiciese las consulta respectiva y después de resolver peticiones sobre Auto para Mejor Proveer y un llamado de atención al Ministerio Público por su falta de preparación, resolvió tener el informe del Tribunal Superior de Cuentas, como un medio de prueba documental incorporado al juicio sin la ratificación hecha por la Licenciada Martínez Zepeda, de lo cual se pronunció de acuerdo la Defensa Privada (f 545). En la Sentencia, el Órgano Sentenciador hace una valoración Descriptiva del medio de prueba en cuestión (f 566 v), para luego proceder a la valoración intelectiva (f 567) misma que hizo de manera conjunta con otros medios de prueba. El Informe número 04-2004DASSII, elaborado por el Tribunal Superior de Cuentas, fue propuesto y admitido como un medio de prueba documental en la audiencia de proposición de medios de prueba, introducido a debate igualmente como un medio de prueba documental y tenido incorporado como tal, es decir, no constituyó un medio de prueba pericial según se hizo constar en el Acta de Debate respectiva. Establece el artículo 332 del Código Procesal Penal, que los medios de prueba documental deberán de ser exhibidos en la audiencia de debate, indicando su origen e introducidos mediante su lectura hecha por el Secretario del Tribunal, habiendo el Tribunal de Sentencia respetado esta norma en torno al medio de prueba cuestionado, por ello es criterio de esta Sala de lo Penal, que no existe violación a la garantía contenida en el artículo 88 párrafo tercero de la Constitución de la República por cuanto el Órgano Sentenciador tuvo a su disposición directamente el documento para su examen, con ello entonces el Principio de Inmediación nunca estuvo comprometido. De lo anterior, es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su Único Motivo. RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR EL ABOGADO MARLON REYNIERY DUARTE AMADOR, A FAVOR DEL ACUSADO M. A. C. C., CITANDO COMO PRECEPTO AUTORIZANTE EL ARTÍCULO 362.2 Y 362.3 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; Es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento, tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. El recurrente señala en un único motivo, que el reproche recursivo en contra de la sentencia consiste en que la misma carece de motivación, ya que el Tribunal de Sentencia relleno su resolución con apartados de leyes que no se aplican al caso en concreto y que no fueron invocadas por las partes, olvidándose explicar el porqué de sus fundamentos legales. Además señala que carece de congruencia entre la parte dispositiva y la parte resolutiva motivación, carece de valoración de la prueba, de fiabilidad de los medios probatorios, de selección de los hechos probados lógicos y contundentes, y de razonamiento, por lo que solicita a esta Sala de lo Penal dictar una sentencia absolutoria y ordenar la inmediata libertad de su representado. II. El Recurso presentado por el Censor resulta confuso, ya que se opto por denunciar en un sólo motivo varios vicios in procedendo, así pues se cita como precepto autorizante los numerales 2 y 3 del Artículo 362 del Código Procesal Penal que en conjunto prevén seis motivos de casación por quebrantamiento de formas procesales, sin que se delimite cuál de ellos se considera concurrentes, confusión que se ahonda aún más en el desarrollo del libelo cuando el Censor no aborda cada uno de los motivos por separado, sino que lo hace de manera conjunta, pasando de un motivo a otro de manera pendular, ocasionando que la claridad sea el gran ausente en el argumento. Así pues se señala que existe falta de motivación jurídica debido a que no se explicó el porqué de cada uno de los fundamentos legales, pero a continuación se indica como fundamento los requisitos que debe contener los hechos probados, concluyendo en el mismo argumento que la sentencia es contradictoria y que existe incongruencia entre la prueba de cargo y el fallo. El planteamiento equívocamente desarrollado, no permite dar respuesta al Censor, ya que no se puede deducir cual es la idea que desea transmitir en ese párrafo del libelo. Por otro lado, el Censor en varios apartados señala que no existió prueba suficiente para que el Tribunal de Sentencia emitiera un fallo de culpabilidad e incluso hace relación a alguna prueba presentada por el Ministerio Público criticando el valor dado por el Órgano Sentenciador; Al respecto es importante apuntar que en el Sistema Procesal Penal Hondureño el valor de los medios de prueba no está determinado previamente por la ley o por la Doctrina legal, sino que es tarea del Tribunal de Sentencia calificarlas conforme al nivel de convencimiento que le merezca cada una de ellas en su estudio individual y en su estudio en conjunto, lo cual se conoce como libre valoración. El Sentenciador deberá de plasmar en el fallo el razonamiento utilizado para el análisis y la valoración de la prueba, dicho razonamiento debe de ser acorde a las reglas de la sana crítica, como sistema de control de la libre valoración probatoria. Mediante el Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales, el Tribunal de Casación examina que el Órgano Juzgador haya observado las reglas de la sana crítica en el razonamiento mediante el cual valora los medios de prueba, sin que le sea permitido en este proceso hacer un nuevo examen crítico del abanico probatorio, es decir en Casación se hace un juicio de existencia de las reglas de la sana crítica y no una nueva valoración probatoria. Si bien el libelo presentado por el Censor refleja un gran despliegue de argumentos, citas doctrinarias y análisis probatorio, ello resulta infructífero para efectos del Recurso de Casación, debido a que en el mismo no se hace un análisis de los medios de prueba en contraste con las reglas de la sana crítica, señalando en cada caso que medio(s) de prueba han sido valorados sacrificando las máximas de la experiencia, los principios de la lógica y/o las reglas de la psicología, por el contrario el Recurrente censura el convencimiento de las Juezas de Sentencia al discrepar con él, lo que no es parte del control de casación. El Censor en otro apartado también denuncia que la Sentencia fue desnaturalizada ya que para poder sostener el fallo de culpabilidad tuvo que recurrirse a leyes que no fueron invocadas por las partes, olvidando el Recurrente que es obligación de todo Juez y Jueza de la República ser conocedor del derecho en su conjunto (Iura novit curia) y que en el ejercicio de la jurisdicción está obligado constitucionalmente (art. 304) a aplicar toda norma legal que esté relacionada con el caso concreto llamado a resolver, aun cuando las partes no lo hayan citado. Finalmente el Censor advierte que si el Tribunal de Sentencia hubiese valorado de manera conjunta y armónica toda la prueba, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, del criterio racional o del criterio humano, hubiese llegado a la conclusión y Sin Lugar a dudas que al Señor M. A. C. C., no se le ha quebranto su estado de inocencia, más el Censor no se da a la tarea de desglosar los medios de prueba contraponiendo el razonamiento del Órgano Sentenciador con las Reglas de la Sana Crítica. Es por lo anterior, que es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 359, 360, 361, 362 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público y defendido a través del Agente Fiscal Abogado JUAN CARLOS SÁNCHEZ VILLALOBOS. SEGUNDO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto y defendido por el Abogado MARLON REYNIERY DUARTE AMADOR, en su condición de Defensor Privado del acusado. TERCERO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto y defendido por el Abogado MARLON REYNIERY DUARTE AMADOR; CUARTO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales en su único motivo, interpuesto y defendido por el Abogado MARLON REYNIERY DUARTE AMADOR. MANDA: Que la Secretaría del Despacho, una vez notificada la presente Sentencia, devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, con certificación de la presente resolución, para que éste a su vez informe sobre ella a la Unidad de Antecedentes Penales del Poder Judicial y posteriormente remita las diligencias al Juzgado de Ejecución competente para su debido cumplimiento. Redactó: EL MAGISTRADO CALIX HERNÁNDEZ. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- MAGISTRADO.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida a solicitud de la Abogada DIANA RODRIGUEZ COREA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de septiembre del año dos mil doce.- Certificación de la sentencia de fecha treinta de julio del año dos mil doce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-174-2010.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] Muñoz Conde, Francisco. Derecho Penal.- Parte Especial. Editorial Tirant Lo Blanch. Edición XIV. Valencia. España. 2020. Pág. 982.
[2] Cabanellas. Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Editorial Heliasta. 23a. Edición. Tomo IV. Argentina. 1994. Pág. 81.