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Sentencia CP-173-10 — Registro 3424

Resumen

Se condenó a los imputados en primera instancia por el delito de usurpación a título de autor y cómplice. Resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."En la valoración de la prueba el sentenciador no observo las reglas de la Sana Crítica infringiendo para los efectos del presente motivo el artículo 202 del Código Procesal Penal que al respecto determina "Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica...", en relación al artículo 338 regla cuarta numeral segundo del mismo código que sobre el particular determina que "...se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para probar declarados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las prácticas en juicio...". Es oportuno tener en claro en que consiste el sistema de valoración de las reglas de la sana crítica. Conforme al artículo 202 del Código Procesal Penal, el sistema de valoración reconocido en el CPP, es de la sana crítica racional, reglas que de conformidad al artículo 338 del mismo cuerpo legal, debe ser observada par el sentenciador al momento de emitir el fallo, como se ha sostenido. Es en la sentencia, donde el Juez debe emitir un juicio de valor de forma clara precisa y circunstanciada de los hechos debidamente acreditados, conocido este ejercicio intelectivo como fundamentación fáctica, sobre el cual debe hacer su ejercicio valorativo. Ese cuadro fáctico, debe ser sustentado en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para los efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esta fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en la sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. El Tribunal de Sentencia al fundamentar su decisión de acuerdo al Sistema seguido por el Código Procesal Penal debe de valorar la prueba no en una tarifa que la ley le asigna, si no con base al principio de inmediación analizar la credibilidad que se otorga a cada medio de prueba, dando las razones al respecto conforme a las reglas de la sana crítica, reconociendo en efecto su discrecionalidad, pero su sometimiento a criterios objetivos, por lo tanto, pueden ser invocables para impugnar una valoración errónea. Las reglas de la sana crítica son, ante todo, Las reglas del correcto entendimiento humano, siendo estas las reglas de la experiencia, de la psicología y la lógica. Las reglas de la EXPERIENCIA se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe de partirse de la condición de hombre que tiene el Juzgador, Esas conclusiones no tienen la estrictez de los principios lógicos tradicionales, sino que son contingentes y variables con relación al tiempo y al lugar, estas encuentran sus límites en los conocimientos técnicos especializados. Las reglas de la PSICOLOGIA referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos. Las reglas de la LOGICA son leyes del pensamiento que se presentan en nuestro raciocinio como necesarias, evidentes o indiscutibles cuando analizamos nuestros pensamientos. Estas leyes están constituidas por las leyes fundamentales de la COHERENCIA (concordancia entre sus elementos) y DERIVACION (en que cada pensamiento provenga de otro con el cual está íntimamente relacionado, de tal manera que la sentencia sea congruente, verdadera y suficiente).- De la ley de la coherencia se deducen los principios formales del pensamiento, a saber" a) Identidad, b) Contradicción; c) Tercero excluido, y a su vez de la ley de derivación se extrae el principio de la Razón Suficiente (todo juicio para que sea realmente verdadero, necesita de una razón suficiente, que justifique lo que en el juicio se afirma o niega con la pretensión de sea verdad). Dicho lo anterior, la defensa, acreditará de manera convincente que el Tribunal de Sentencia en abierta confrontación con las reglas de la sana critica, ha soslayado ese límite que las mismas establecen por cuanto extrajo conclusiones contradictorias que le informan la prueba evacuada en la vista pública, de tal manera que incurrió en un vicio in procedendo que invalida la sentencia impugnada, siendo dichos vicios fundamentales en las conclusiones arribadas por el Tribunal para decidir la condena de los imputados.- Explico detalladamente los aspectos en los que argumentamos el presente motivo: 1° La sentencia impugnada declara expresa y terminantemente probado: "PRIMERO: El diez (10) de julio del año dos mil (2000) en la ciudad de Siguatepeque, Comayagua, la señora L. M. C. D. traspaso en venta su casa de habitación, sita en el Municipio de Concepción, Intibucá al señor O. Z. V. M., y ante los oficios del Notario J. A. L. del C., inscrita dicha venta bajo el número noventa y siete (97) del Tomo Doscientos Cuarenta y Nueve (249) del Registro de la Propiedad y Mercantil del Departamento de Intibucá. Venta que operó con la intención de que la señora C. D. pagara un préstamo de dinero que le había otorgado el señor Z. V. D., en su condición de prestamista no bancario aconteciendo que al no poder pagar, su esposo el señor N. G. G. en fecha ocho (8) de septiembre del dos mil cuatro (2004) suscribió y firmo con el señor O. Z. V. M., un documento de promesa de venta sobre el mismo inmueble, y que en vista de no poder honrar dicha deuda el dueño la traspaso a otra persona. SEGUNDO: Posteriormente y como se ha descrito en el número anterior el día ocho (8) de febrero del año dos mil seis (2006) el señor O. Z. V. M., por ser el legítimo propietario vendió el inmueble descrito por una suma de doscientos veinte mil lempiras al señor C. H. M. O., transacción que se verifico ante los oficios del Notario O. E. M. P. Y que está inscrita a su favor bajo el número cuarenta y nueve (49) del Tomo cuatrocientos veintisiete del Registro de la Propiedad y Mercantil del Departamento de Intibucá. TERCERO: Ulteriormente a la fecha reseñada en el numeral anterior, el señor C. H.M. teniendo conocimiento de que la señora L. M. C. Y su compañero de hogar el señor N.G. G. quienes tienen un vínculo de parentesco por afinidad con el señor Z. V., seguían habitando o viviendo en la casa que había comprado procede a intentar desalojarlo mediante comunicación previas, obteniendo siempre una negativa absoluta y resistencia total de su salida, impidiendo con esa actitud, la posibilidad incluso de poder ingresar a la propiedad que le pertenece o disponer de ella como su legítimo propietario. 2° Los hechos relacionados se tienen por acreditados tomando varios medios de prueba de acuerdo a una fundamentación probatoria intelectiva que no concuerda con las reglas que la ley determina, veamos: Un aspecto fundamental de la sentencia es el fragmento de la declaración de hechos probados, que determina (lo subrayado y en negrita es nuestro): "PRIMERO: El diez (10) de julio del año dos mil (2000) en la ciudad de Siguatepeque, Comayagua, la señora L. M. C. D. traspaso en venta su casa de habitación, sita en el Municipio de Concepción, Intibucá al señor O. Z. V. M., y ante los oficios del Notario Jorge A. López del Cid, inscrita dicha venta bajo el número noventa y siete (97) del Tomo Doscientos Cuarenta y Nueve (249) del Registro de la Propiedad y Mercantil del Departamento de Intibucá. Venta que opero con la intención de que la señora C. D. pagara un préstamo de dinero que le había otorgado el señor C. V. D., en su condición de prestamista no bancario aconteciendo que al no poder pagar, su esposo el señor N. G. G. en fecha ocho (8) de septiembre del dos mil cuatro (2004) suscribió y firmo con el señor O. Z. V. G., un documento de promesa de venta sobre el mismo inmueble, y que en vista de no poder honrar dicha deuda el dueño la traspaso a otra persona. Veamos el sentido que fueron erróneamente aplicadas las reglas de la sana crítica tomando en consideración las pruebas que sirven de sustento a la anterior declaración de hechos probados, y que de haberse considerado de manera correcta sin lugar a duda habrían generado la certeza de la absolución de los imputados: Con respecto a la valoración del testimonio de señor Z. V. G., señala el Tribunal A-Qua en la sentencia (numeral segundo de la valoración de la prueba) "La anterior versión corrobora en gran medida la declaración del señor C. M., se tiene por probado que efectivamente la señora L. M. C. para garantizar un préstamo realizo la venta o traspaso de una casa de habitación en el municipio de Concepción Intibucá, al señor O. V., aconteciendo que como quedo en mora por varios meses, el señor Z. V. como prestamista que es, decidió ordenar a su hijo y administrador de su Empresa Señor O. Z. V. que ofreciera en venta dicho inmueble, lo que así paso. “…Y en segundo término por la negativa injustificada de entregar el predio al nuevo dueño señor C. M., ocupando ilegalmente dicha vivienda pese haberla poseído con ese ánimo por más de treinta años. Es oportuno referenciar que la defensa ha pretendido acreditar que la señora C. D., en ningún momento había firmado un traspaso del inmueble, si no que se trataba de un engaño, o ardid al haber firmado un documento en blanco que en ningún momento se trataba de una compraventa, circunstancia que no se ha podido establecer con elementos de prueba debidamente confiables, quedando incólume la fe notarial que autorizo dichos instrumentos al igual que su inscripción, de igual manera ha pretendido establecer que el señor N. G. no había firmado o suscrito un documento privado de promesa de venta con el señor a. Z. V., con el objeto de tratar de salvar o recuperar la propiedad, mismo que fue agregado en el debate como prueba de cargo, siendo acompañado el referido documento de la auténtica notarial respectiva, por lo que adquiere el valor probatorio necesario para acreditar ese extremo 11 Ahora veamos en ese mismo sentido, la declaración que hace el Tribunal en la valoración de los otros medios de prueba relacionados en cuanto al nacimiento de la transacción entre Z. V. G. y M.L. CASTILLO D.: Con respecto a la valoración del testimonio de señor O. Z. V.G., señala el Tribunal A-Qua en la sentencia (numeral tercero de la valoración de la prueba)” …estos Jueces no tienen duda de que la señora vendió su casa de habitación sita en Concepción, Intibucá, ante los oficios del Notario J. A. L. del C., en la ciudad de Siguatepeque, Comayagua, que si bien se desprende de los testimonios, lo hizo para garantizar un préstamo que se le había otorgado de parte del señor Z. V. en su condición de prestamista no bancario, no es menos cierto que incumplió su compromiso de pago, al grado que su esposo N. G. G., celebro con el dueño de la propiedad en fecha ocho de septiembre del año dos mil cuatro, un contrato de promesa de venta con el fin de recuperar el inmueble, volviendo a caer en mora, lo que ocasiono el remate de la misma por parte de su legitimo propietario v posterior venta al señor M...” es decir que se acepta por parte de la valoración del Tribunal el contrato de promesa de venta tenia por objeto refinanciar el crédito. Contradictoriamente como una forma de restarle credibilidad al argumento de la defensa el Tribunal dice: “…Es necesario referenciar en la presente sentencia, que la defensa técnica, incluso ha pretendido obviar dicho documento privado de promesa de venta, dando entender que nunca el señor N. G. lo había suscrito con el deponente, empecinándose en considerar de que se trataba de un préstamo pendiente de saldar. Afirmación que contraria la afirmación que antes hacia en la que determinaba ese extremo. Ambos medios de prueba, nos lleva necesariamente a confrontarlos con lo relativo al Testimonio de Escritura Pública que contiene el numeral uno de los hechos probados y la promesa de venta que se refiere: Con respecto al primer documento, es decir El Testimonio de Escritura Pública autorizada por el Notario J. A. L. Del C., en instrumento público número trescientos noventa y cinco (395) de fecha diez de julio del año dos mil en donde comparecen la señora L. M. C. D. en si condición de vendedora de un terreno ubicado en el Municipio de Concepción, Intibucá, con una casa de habitación paredes de adobe y techo de tejas, y el señor O. Z. V. G., como comprador e inscrita bajo el número 97 del Tomo 249 del Registro de la Propiedad de Intibucá, el Tribunal A-Qua (numeral cuarto de la valoración de la prueba) lo valora así: "Con dicho medio de prueba se tiene por acreditado sin lugar a dudas de que la señora L. C., desde el mes de julio del año dos mil se desapartó v desapodero del dominio sobre dicho inmueble, traspasándoselo al comprador O. V., con todo su dominio, posesión, uso, goce, servidumbre y demás derechos reales, mediante un acto notarial válido, y sin ningún vicio de nulidad …" así mismo desvirtuando el argumento de la defensa valora el Tribunal “… por lo que pese a que la defensa como se ha dicho ha pretendido acreditar que su representada firmo un documento en blanco, al no poderse acreditar ese extremo, el instrumento notarial reseñado adquiere pleno valor probatorio y acredita por sí solo el hecho antes descrito quedando incólume la fe notarial en lo que respecta al hecho reseñado...". Con respecto al segundo documento, es decir La promesa de venta entre O. Z. V. M. y el señor encartado N. G. G. en fecha 8 de septiembre del año dos mil cuatro, el Tribunal A-Qua (numeral cuarto de la valoración de la prueba) lo valora así: "... EI señor N. G. G. desde la suscripción del mismo en fecha 8 de septiembre del dos mil cuatro, sabe, reconoce, y no puede ignorar de que el legitimo dueño de la casa o inmueble lo es el señor O. Z. V. G., por otro extremo que la venta la hizo su esposa la señora L. C., y que se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de Intibucá, se impone un valor de doscientos mil lempiras pagaderos en un plazo de nueve meses y estableciendo que los pagos hechos y el propio contrato no tendrán valor ni efecto, si transcurren tres meses sin haber pagado los intereses respectivos..." después continua: "...el propio dueño O. Z. V. lo traspaso al señor C. H. M. hasta el día ocho (8) de febrero del año dos mil seis (2006) o sea 10 meses después del último pago por intereses que hiciera el señor G. G.." He resaltado (con negrilla y subrayado) en la valoración que hace el tribunal los aspectos fundamentales en relación a lo que consideran es la correspondencia de las pruebas enunciadas, y la conclusión determinada por el Tribunal: A.- En la valoración aducida en referencia el Instrumento público consistente en La Escritura Pública autorizada por el N. J. A. L. Del C., en instrumento público número trescientos noventa y cinco (395) de fecha diez de julio del año dos mil en donde comparecen la señora L.M. C. D. en si condición de vendedora de un terreno ubicado en el Municipio de Concepción, Intibucá, con una casa de habitación paredes de adobe y techo de tejas, y el señor O. Z. V. G., como comprador e inscrita bajo el número 97 del Tomo 249 del Registro de la Propiedad de Intibucá" le da un valor de un acto notarial válido, y sin ningún vicio de nulidad, y acredita por sí solo el hecho antes descrito quedando incólume la fe notarial en lo que respecta al hecho reseñado. Haciendo la misma valoración con respecto al documento privado de promesa de venta de fecha 8 de septiembre 2004. Ahora bien, si el Tribunal considera válidas las declaraciones de los Testigos: Z. V. D. y O. Z. V. G., que sobre los mismos hechos contenidos en el instrumento público refieren que si bien es cierto se documento el hecho como una compraventa realmente lo que ocurrió es que en el año dos mil fue que le otorgaron un préstamo a N.G. G. garantizado con la propiedad de la señora L. M. V. G. por la suma de Doscientos Mil Lempiras. Hechos estos corroborados por la deposición de los testigos según lo trascrito en la sentencia dijo al respecto: "…esa propiedad estaba registrada a favor del señor O. Z. por un préstamo que se le hizo a la señora L. C., pero como no pago se le remato y se le vendió a C. M." con lo que respecta en el acta del juicio oral puede verificarse más amplio dicho contenido: "...C. se la vendió a L.G. C., y después de trabajar con mercadería y prestamos, me dijo..." (N. G., este apartado es nuestro) y continua “…que quería un préstamo de Doscientos Mil Lempiras, y le dije que me diera la propiedad de doña L. y la llevo, y me dio la propiedad de Concepción, la casa y solar, mejoras permanentes, me la dio en venta...", por su parte O. Z. V. G.: según lo trascrito en la sentencia dijo al respecto: "...la historia de ese proceso se remonta a una transacción con Doña L. C. en el año dos mil se le otorgo un préstamo, mi papa es un prestamista no bancario legalmente constituido, y me tenía como administrador del negocio, cuando se le otorgo este préstamo a la señora L., menciono que se llego al convenio que para poder garantizar el pago por el préstamo, se formalizo ese compromiso de compraventa Concepción, Intibucá a mediados del 2000, esa propiedad estaba registrada a favor del señor O. Z., posteriormente pagaron algunos intereses era un poco más de dinero..." ahora ante el interrogatorio de la defensa del Testigo en mención, que cabe aclarar ostenta el título de Abogado, con respecto a la forma en que documentaron el préstamo, es decir el título a que el Tribunal le da todo el valor probatorio del hecho que contiene, se puede constatar en el acta del juicio oral el testigo dijo: "...el es un prestamista no bancario y no se si usted sabe cuáles son las condiciones que deben de tener al momento de la hacer los contratos son libres, lo pueden hacer por un recibo, un pagare, una letra de cambio, incluso hasta el interés es libre, si fuera una institución bancaria es una hipoteca porque es una sociedad, son varios accionistas...", Al verificar la correspondencia del instrumento público, promesa de venta con respecto a la declaración de los testigos, podemos obtener varias conclusiones: 1) Por un lado que acuerdo al material probatorio queda claro que el contenido del instrumento público otorgado por M. L.C. D., si bien fue realizado como un contrato de compraventa era realmente un contrato de préstamo, y con respecto al contrato de promesa de venta era una especie de refinanciamiento a fin de recuperar el inmueble, hechos estos que no son legítimos, ya que tanto la compraventa como la hipoteca, la promesa de venta y el refinanciamiento son dos contratos diversos, varían en cuanto al: Consentimiento de los contratantes, objeto cierto que sea materia del contrato, causa de la obligación que se establezca. 2) Que al no existir correspondencia entre el instrumento público y el hecho afirmado por los testigos y otorgantes del contrato que dio lugar a la transacción entre O. Z. V. G.(Que no fue el que otorgo el préstamo) y M. L.C. D.(Que solo avalaba el préstamo) no puede en consecuencia darse plena eficacia probatoria para los efectos penales, al Instrumento público en referencia, ya que aun siendo instrumento público el Tribunal no esta sujeto a en su valoración a una tarifa que la ley otorga. 3) Que si bien es cierto el Tribunal de Sentencia, no puede dentro de sus límites declarar o no la nulidad del instrumento público relacionado, su efecto en los hechos debatidos no puede ser soslayado del resto de material probatorio que le da plena eficacia jurídica, con la sola fundamentación de que se trata de un instrumento público debidamente inscrito, puesto que rige el sistema de la sana crítica. 4) Que si se analiza el instrumento público en referencia la venta se consigna por la supuesta cantidad de Mil Lempiras, entonces como puede afirmarse que el préstamo que se concedió inicialmente fue de Doscientos Mil Lempiras, hechos diversos y que a ambos les concede credibilidad al Tribunal A-qua. Ampliando lo anterior y en cuanto a la fe notarial, en que sustenta el Tribunal, y como normas para la interpretación de los contratos en lo relacionado en el caso de prestamistas no bancarios y considerando la deposición del Testigo O. Z. V.M. que ostenta el título de Abogado, invoco las siguientes disposiciones: Ley del Sistema Financiero: "ARTICULO 173.- PRESTAMISTAS NO BANCARIOS. Las personas naturales o jurídicas que habitualmente se dediquen a invertir y prestar con sus propios recursos, serán

considerados como prestamistas no bancarios y quedarán sujetos a lo dispuesto por el Decreto-Ley No. 14 del 9 de enero de 1973, y su Reglamento." El contenido del Decreto-Ley No. 14 del 9 de enero de 1973, que para los efectos de lo argumentado transcribimos lo conducente de su reglamento contenido en el Decreto No 37 del 16 de enero de 1973, y dispone: "Artículo 4.- No podrá cobrarse al prestatario, directamente o por interpósita persona, cantidad alguna en concepto de comisión, así como consignar en el contrato simulaciones o prácticas tendientes a ocultar la verdadera tasa de interés, o a encubrir o convenir en otra forma contractual un préstamo usurero" Ahora bien, en base a todo lo anterior hemos de afirmar, que El Tribunal de Sentencia al valorar la prueba documental y testifical enunciada incurre en violación a las reglas de la sana crítica, sobre todo a las leyes de identidad y no contradicción propias de la lógica, que exige la primera: que toda noción empleada en el razonamiento tenga una sola y misma significación y la segunda que afirma: Si un juicio A del sistema de juicios que forman el razonamiento es verdadero (es decir que es válido y sin vicios de nulidad de un instrumento público de compraventa), no puede ser verdadero en ese sistema un juicio que contradiga al juicio A (testigos que afirman que el acto realizado entre las partes que suscribieron un

contrato realmente fue un préstamo documentado como una compraventa), es decir en un determinado sistema de juicios que forman un razonamiento no puede ser verdadero el juicio

A y el juicio que le contradice (no A). El Tribunal sentenciador viola la ley de identidad e incurre en contradicción al aceptar: a) Que de una transacción realizada entre dos personas se autorizo en un instrumento público como contrato de compraventa, el cual dice ser de

valor y sin vicios de nulidad; b) Que a partir de las declaraciones testifícales tiene por probado que la transacción que se estaba realizando era una préstamo, en consecuencia carente de los requisitos propios de un contrato de COMPRAVENTA. En base a los anteriores motivaciones, el Tribunal fija su conclusión en numeral uno de los hechos probados de la sentencia cuestionada, del cual podernos extraer dos afirmaciones contradictorias, y con falta de identidad y coherencia lógica, que si bien es argumento del motivo que posteriormente explicamos, a efecto de acreditar el efecto de la valoración errónea del Tribunal, y en consecuencia evidenciar la inducción realizada por el Tribunal, planteamos su conclusión como un silogismo, es decir, la comparación de dos conceptos mediante la cual afirmamos la relación de uno con respecto al otro, para ello divido el hecho en dos partes veamos: "El diez (10) de julio del año dos mil (2000) en la ciudad de Siguatepeque, Comayagua, la señora L. M. C. D. traspaso en venta su casa de habitación, sita en el Municipio de Concepción, Intibucá al señor O. Z. V. M., y ante los oficios del Notario Jorge A. López del Cid, inscrita dicha venta bajo el número noventa y siete (97) del Tomo Doscientos Cuarenta y Nueve (249) del Registro de la Propiedad y Mercantil del Departamento de Intibucá" De lo anterior obtenemos el silogismo: La compraventa implica el pago de un precio (causa: lo cual esta afirmado en el instrumento público relacionado) M. L. C. D. recibió Mil Lempiras como precio de O. Z. V. G.(de lo que se extrae del documento público relacionado) Por lo tanto, realizo un contrato de compraventa con O. Z. V. G. (que concluye el Tribunal) En el segundo apartado del hecho probado que dice: "Venta que opero con la intención de que la señora C. D. pagara un préstamo de dinero que le había otorgado el señor Z. V. D., en su condición de prestamista no bancario...", podemos deducir otro silogismo: La compraventa implica el pago de un precio (causa: lo cual esta afirmado en el instrumento público relacionado) M. L. C. D. recibió un préstamo de dinero otorgado por el señor Z. V. G. (de lo que se extrae del hecho relacionado) Por lo tanto, realizo un contrato de compraventa con O.Z. V. G. (que concluye también el Tribunal A-Qua en el mismo hecho) Evidenciamos que el Tribunal A-Qua, en su análisis da credibilidad a todos los elementos probatorios señalados, que lo llevaron a fijar una conclusión errónea en los hechos declarados probados, que finalmente se platean como conclusión no válida, de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Al dar credibilidad a elementos de prueba que se contradicen entre sí el Tribunal viola las leyes de identidad y no contradicción, propias de la Sana Crítica. Veamos que el Tribunal tanto en la motivación de la prueba y como en la fijación de sus conclusiones, afirma que en efecto la señora M. L. C. D., a fin de garantizar un préstamo suscribió un contrato de compraventa, sin embargo en la motivación, a fin de desestimar el argumento de la defensa, concluye: En la motivación del Tribunal de Juicio de la declaración de Z. V. D., señala el Tribunal: "...Es oportuno referenciar que la defensa ha pretendido acreditar que la señora C. D., en ningún momento había firmado un traspaso del inmueble, si no que se trataba de un engaño, o ardid al haber firmado un documento en blanco que en ningún momento se trataba de una compraventa, circunstancia que no se ha podido establecer con elementos de prueba debidamente confiables, quedando incólume la fe notarial que autorizo dichos instrumentos al igual que su inscripción...". En base a ello, afirma el Tribunal que se argumento que se trataba de un engaño o ardid por dos razones: a) La firma de un documento en blanco, 2) que en ningún momento se trataba de una compraventa. Ahora en la conclusión fijada en los hechos probados el Tribunal afirma: "...Venta que opero con la intención de que la señora C. D. pagara un préstamo de dinero que le había otorgado el señor Z. V. D...". En el resto de la motivación de la deposición del Testigo el Tribunal sigue afirmando: “…se tiene por probado que efectivamente la señora L. M. C. para garantizar un préstamo realizo la venta o traspaso de una casa de habitación...", Ahora si el Tribunal tiene por probado que se efectuó una transacción entre partes, que fue realmente un préstamo, pero que se hizo una compraventa: ¿Por qué en su valoración de manera contradictoria afirma que la circunstancia no se ha podido establecer con medios de pruebas confiables?, cuando le da crédito a las declaraciones de Z. V. D. y O. Z. V. M., que acreditan que se trataba de un préstamo no de una compraventa. En la motivación de la declaración de O. Z. V. M., el Tribunal A-Quo señala, en demérito de la posición de la defensa "...Es necesario referenciar en la presente sentencia, que la defensa técnica, incluso ha pretendido obviar dicho documento privado de promesa de venta, dando entender que nunca el señor N. G. lo había suscrito con el deponente, empecinándose en considerar de que se trataba de un préstamo pendiente de saldar". Ahora en la conclusión fijada en los hechos probados el Tribunal afirma: “… que al no poder pagar, (el préstamo) su esposo el señor N. G. G. en fecha ocho (8) de septiembre del dos mil cuatro (2004) suscribió y firmo con el señor O. Z. V. G.L un documento de promesa de venta sobre el mismo inmueble...". Con todos los aspectos señalados, se evidencia que el Tribunal en sus motivaciones incurre en incongruencia, y ocurre los mismo al fijar los hechos probados, violando las ya mencionadas reglas de la sana crítica, sobre todo a las leyes de identidad y no contradicción, al realizar una valoración intelectiva que afirma y contradice a la vez, así mismo viola la regla de la derivación, ya que en base a sus argumentos en la motivación

expuestos en este acápite, no podía haber concluido lo que fijo en los hechos probados. Como consecuencia de la anterior y errónea valoración concluye el Tribunal A-Quo en el numeral segundo de los hechos probados: "SEGUNDO: Posteriormente y como se ha descrito en el número anterior el día ocho (8) de febrero del año dos mil seis (2006) el señor O.Z. V. M., por ser el legítimo propietario vendió el inmueble descrito por una suma de doscientos veinte mil lempiras al señor C.H.M.O., transacción que se verifico ante los oficios del Notario O. E. M. P. Y que está inscrita a su favor bajo el número cuarenta y nueve (49) del Tomo cuatrocientos veintisiete del Registro de la Propiedad y Mercantil del Departamento de Intibucá." (Lo resaltado en negritas y subrayado es nuestro) Veamos ahora que en el numeral segundo de la valoración de la prueba el Tribunal A-Quo establece como una verdad incuestionable que el señor O. Z. V.M. vendió a C. H.M.O. el inmueble, haciendo referencia que la transacción se encuentra inscrita bajo el número 49 del Tomo 427 del Registro de la Propiedad. Ahora bien, la valoración que el Tribunal A-Qua hace del instrumento público en referencia dice: “…con el anterior medio de prueba se acredita en forma contundente el hecho probado segundo de esta sentencia, es decir que ante los oficios de un Notario, como fedatario público, con el pago de los impuestos respectivos, y la comparecencia de dos personas hábiles para realizar dicho contrato el mismo se consumó ante el pago recibido por el vendedor y la aceptación de sus condiciones por el comprador...". Ahora bien, si dice que dicho documento de acuerdo a su valoración le merece toda la credibilidad a fin de acreditar el hecho segundo, y en el instrumento público se establece que el valor de la venta es de MIL LEMPIRAS (L. 1,000), sin embargo el Tribunal A-Qua en la declaración de hechos probados fija que la venta realizada del inmueble es por DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.200,000.00), lo anterior lo afirma considerando la declaración de C. H. M. O., que en su manifestación según el acta del juicio oral dijo: “…yo pague doscientos mil lempiras por la propiedad'. En base a lo anterior, podemos concluir que el Tribunal pese a los hechos contenidos en el instrumento público de compraventa que le concede pleno valor probatorio, tiene como fijado en base a la declaración del Testigo que realmente se trató de una compra por Doscientos

Mil Lempiras y no por Mil Lempiras como lo dice en la Escritura Pública. En base a lo anterior y a la valoración realizada por el Tribunal de las declaraciones de O. Z.V. G. y Z. V. D., que les da plena credibilidad, no se pudo más que haber fijado que la transacción realizada por O. Z.V. D. y L. M. C. fue un contrato de préstamo que fue indebidamente simulado como un contrato de compraventa que no se realizó, y en consecuencia no se puede afirmar con certeza la LEGITIMIDAD de la propiedad del vendedor (que realmente fue prestamista) como lo reconoce en la misma declaración de hechos probados (numeral 1), de tal manera que dicha conclusión no se deriva de la prueba que lo informa o en su caso, la prueba no le da la razón suficiente. Entonces, reiteramos como el Tribunal desacredita en el numeral segundo de los hechos declarados probados un hecho contenido en el instrumento público en base a la declaración testifical de C.S O. M. O., a quien le da credibilidad, y sigue sosteniendo la Legitimidad con la que obtuvo la propiedad Omar Zacarías Villanueva Gámez adquirida por un contrato de compraventa de un inmueble, que no compro, si no que sirvió de garantía de un préstamo obtenido, como así lo afirma al darle credibilidad a prueba que afirma que fue un préstamo: testifical de: O. Z. V. G. (numeral tercero de la valoración de prueba) y Z. V. D. (numeral segundo de la valoración de prueba), documentales: Solicitud de desalojo (numeral décimo primero de la valoración de prueba), recibos de pago pagados por los acusados y a favor de Z. V.: (numeral décimo segundo de la valoración de prueba), que la legitimidad de la propiedad afirmada de O. Z. V. G., no puede ser una conclusión válida, toda vez, que existen circunstancias de hecho que no la corroboran y que pese a ser un instrumento público en el que se documento la compraventa del inmueble a favor de este, el mismo Tribunal en el otro instrumento público tiene por probado que la venta se efectuó por un precio diverso al contenido en el instrumento público en base a la declaración de un testigo, pero no lo hace así con respecto al declarar como incorrecta la práctica de simular un contrato de préstamo con garantía hipotecaria como un contrato de compraventa que no se realizo, que es incluso un hecho legalmente prohibido. Si bien la valoración de la prueba y la fijación de las hechos probados son potestad del Tribunal A-Qua, no es menos cierto que con la valoración practicada par el sentenciador tanto de la prueba testifical y la valoración errónea de misma prueba documental (instrumentos públicos) en base a una tarifa legal se acredita la simulación dolosa de un contrato, sin embargo es a partid de dichos instrumento públicos a partir del cual El Tribunal afirma incongruentemente la legitimidad de la Propiedad que ostenta el señor O.Z. V. M., resulta el vicio denunciado por quebranto de las reglas de la derivación (lo subrayado y en negrilla es nuestro), propia de la regla de la lógica, valorando la prueba de manera parcial y arbitraria, como ya se ha dejado demostrado, al confrontar lo expuesto en la sentencia y lo que consta en el acta de debate y la fijación de los hechos. Si bien es cierto, el Juez tiene la potestad de valorar la prueba conforme a las reglas de la sana critica racional, que reconocen la discrecionalidad, le someten a criterios objetivos, que nos permiten libramos de valoraciones arbitrarias o erróneas. Desde luego, la arbitrariedad o el error pueden darse, tanto al rechazar o excluir indebidamente elementos de convicción pertinentes, como al atribuir a las pruebas recibidas un contexto inexacto o al desdeñar el verdadero, como ocurre en el presente caso. En efecto, con sobradas razones como las ya expuestas, se concluye que el Tribunal de Sentencias recurrido ha infringido las reglas del recto entendimiento humano en la valoración de las pruebas y como consecuencia ha considerado injustificada la negativa de los acusados de desocupar el inmueble, que consideran de su propiedad, ya que toda persona tiene el derecho ante el incumpliendo de una obligación de pago, de someterse a un juicio ejecutivo previo, y a un remate de conformidad a la Ley, y peor aún verificar la contradicción del Tribunal al afirmar en su valoración de la prueba documental relacionada en el numeral décimo segundo de la valoración de la prueba que dice: "...denotándose una actitud de tolerancia de parte del acreedor en el pago de la deuda, que tenia para esa fecha plazos vencidos con creces, y por otro extremo una actitud cuando menos maliciosa de los encartados en tratar de hacer creer que estaban cancelando un préstamo". De esta manera, el tribunal sentenciador, habiendo realizado una valoración intelectiva de la prueba relacionada a través de cual se puede afirmar la ilegitimidad en el proceder de O. Z. V. D.al simular una compraventa que era realmente un préstamo,

llega a una conclusión totalmente distinta a la que lógicamente se hubiera arribado, de afirmar la legitimidad de la propiedad y su acción de vender, y deducir de ello lo injustificado de la conducta de los encartados como relaciona en la valoración de la prueba, además contradictorio al seguir sosteniendo la legitimidad de una compraventa solo por el hecho de estar contenida en un instrumento público, cuando hay prueba que afirma lo contrario. No podía concluir el tribunal afirmando como verdad incuestionable, que la obtención de la propiedad de parte de amar Zacarías Villanueva es legítima. En todo caso, el tribunal debió hacer un razonamiento lógico para sostener su afirmación, en cuanto que lo dicho por los testigos que afirman que no fue compraventa si no préstamo no le merecían crédito alguno. Más bien, el tribunal se contradice en sus argumentos intelectivos de la prueba para desmeritar el argumento de la defensa en ese sentido, obsérvese que en el apartado segundo de la valoración de la prueba deja expuesto que: "...quedando incólume la fe notarial que autorizo dichos instrumentos al igual que su inscripción". Luego dice en el mismo apartado que "...se tiene por probado que efectivamente la señora L. M. C. para garantizar el pago de un préstamo, realizo una venta o traspaso de una casa de habitación...", contrario al contenido del mismo instrumento, como antes se explicó. Al no haber realizado una valoración razonada y razonable, arribando a una conclusión ilógica, efectivamente ha violentado la regla de derivación o razón suficiente. Agregando la violación a la Ley de Identidad o no contradicción en los aspectos relacionados. c.- Con respecto a la declaración del testigo A.G. C., el Tribunal de sentencia demerita su testimonio (numeral sexto de la declaración de hechos probados) en virtud de "...no se considera veraz su testimonio en vista de evidenciarse un interés marcado de tratar de proteger o beneficiar a sus padres en la causa que se les instruye, perdiendo esa objetividad necesaria para los efectos legales". El Tribunal afirma no considerar veraz su testimonio por evidenciar un interés de tratar de proteger a sus padres. Tal afirmación viola las reglas de la sana crítica, concretamente la ley de la derivación, de la cual se extrae el principio lógico de la "Razón suficiente" por el cual todo juicio para que sea realmente verdadero necesita razón suficiente que justifique lo que en juicio se afirma con pretensión de verdad, sin embargo la valoración del Tribunal esta basada en una percepción subjetiva, ya que de afirmarse lo anterior sin ninguna circunstancia objetiva que lo justifique y se haya desprendido de los elementos de prueba, implicaría afirmar: "Que todo hijo que declare sobre los actuaciones de sus padres en juicio está mintiendo", lo cual no es lógicamente exacto. Veamos por el contrario que las afirmaciones del Testigo están confirmadas por el resto de los elementos de prueba: el testigo (ver acta de juicio oral y público) afirma: "en ese tiempo a mi papa le alquilaron ciento cincuenta mil lempiras donde don Zacarías Villanueva lo alquilo a un interés de cuatro por ciento (4%) como los intereses se ponen mal él se retrasó al estar al día con los intereses..." después afirma: "en ese tiempo llamaron a mi madre Laura Castillo a que renovaran el documento de préstamo yo andaba con mis padre ese día...", "...de el mismo surgió que nos iba a dar recibos" "... se le hacían pagos de treinta y seis mil, dieciocho mil, quince mil lempiras y el los agarraba como intereses y allí fue donde cayeron en error...". El hecho de que se trataba de un préstamo es reconocido por el Tribunal como probado, al valorar que el prestamista fue Z. V. G., y que se dio en garantía el inmueble propiedad de María Laura Castillo Díaz. Lo anterior queda probado también cuando en relación a la solicitud de desalojo (numeral décimo primero de la valoración de la prueba) a quien el Tribunal de sentencia le da credibilidad y afirma: "...los encartados no desconocían la situación legal de la caso objeto del juicio, al grado tal que pagaban montos por cantidades que únicamente cancelaban interese atrasados..." y al ver dicho documento se sigue afirmando en el mismo: "...de no hacerla se procederá a vender la propiedad dada en garantía...", y al respecto de los recibos de pago por parte de los acusados el Tribunal Valora (numeral décimo segundo de la valoración de prueba dice: "con dicha prueba se acredita fehacientemente que los dos encargados pagaron en su condición de deudores varias cantidades de dinero, haciendo la salvedad que los últimos recibos correspondientes a los años dos mil cuatro y dos mil cinco fueron cancelados por el señor N. G. G., en concepto de intereses..." de tal manera de que su afirmación de que lo que se negoció un préstamo es cierta, que pagaban como deudores, es también cierto, entonces como el Tribunal, afirma que trata de proteger a sus padres, sin justificar por qué, cuando sus dichos están respaldados por el material probatorio al cual le da credibilidad. Es entonces que se viola la indicada regla en dos sentidos: a) Al no justificar la afirmación de las razones por las cuales considera trata de proteger a sus padres, b) Al no darle razón suficiente a sus dichos cuando la versión mantenida por el testigo está respaldada por otros elementos de prueba. D.- El Tribunal A-Quo en una de sus valoraciones afirma (numeral décimo tercero de la valoración de la prueba: "...la normativa procesal existente establece que en los litigios referentes al Derecho de la Propiedad en el caso de la usurpación, solo podrán ser resueltos por los tribunales civiles, se estima que en el caso sub judice, existe prueba sobreabundante, en determinar que la acusado en ningún momento a la fecha de interposición de la acción penal y desarrollo del juicio oral, tiene o le asiste ningún derecho de propiedad, por el contrario como se ha reiterado, por existir documentos públicos autorizados por Notarios como federatarios de los actos ante ellos verificados se tiene plenamente acreditado de que el señor O. Z. V. le vendió la casa de habitación al señor C. H. M. O. sin que tenga, por ser imposible y no poseerlo, la señora M. L. C. documento alguno a su favor que demuestre lo contrario..." Valoración que hace el Tribunal del elemento de prueba documental de Demanda Reivindicatoria de Dominio entablada por C. H. M. O. Al respecto hacemos énfasis en dos aspectos que afirma el Tribunal A-Quo: 1- Que a la acusada no le asiste ningún derecho de propiedad por no tener un documento de propiedad. 2- Hay documentos autorizados por Notario (dándole un valor asignado por una tarifa legal) que acreditan que Omar Zacarías Villanueva vendió a C. H. M. O. y de lo anterior afirma que no es aplicable lo establecido en párrafo último del artículo 54 del Código Procesal Penal. Consideramos errónea la valoración y violatoria a las reglas de la sana crítica, en concreto a la Ley de la derivación, de la cual se extrae el principio de la razón suficiente por las razones siguientes: No discutimos en el caso de autos, que el bien jurídico protegido por el DELITO DE USURPACION es la propiedad, y que conlleva el tranquilo disfrute de las cosas inmuebles, y, no es menos cierto que en casos como el que nos ocupa la ley brinda soluciones diferentes a las penales como lo es, el caso de demanda de reivindicación, que ejerció el señor C. H. M. O., prueba que finalmente no es cuestionada, por lo tanto se le concede valor. Ha considerado el Tribunal que está probado el derecho patrimonial de Carlos Hernán Mejía Ochoa, al contar con un instrumento público, contrariando como abundantemente se ha relacionado que el Tribunal reconoce que hay un instrumento público a favor de O. Z. V. M. que fue autorizado como Compraventa, que es éste precisamente que quien obtuvo el inmueble Carlos Hernán Mejía Ochoa, pero el contrato que en ese momento se realizo fue un préstamo, entendido que en el contrato de préstamo con respecto a la garantía no se transfiere el dominio solo sirve, reitero, de garantía, y que de acuerdo a la normativa civil los hechos anteriores de conformidad al Código Civil también tiene solución destinada a la solución del conflicto. De acuerdo a lo anterior se le ha negado a la acusada, y su esposo el derecho a un juicio ejecutivo para determina la concreta cantidad adeudada, que el remate del inmueble se haya efectuado en un pública subasta, todo al efectuar un contrato simulado de compraventa, de tal manera que aun sin contar con un título de propiedad inscrito a su favor, de acuerdo a la prueba valorada en su conjunto y al cual se le ha dado credibilidad, se puede afirmar que en efecto hay un conflicto en la propiedad del inmueble a dilucidarse por la vía civil, es más El contenido del Decreto-Ley No. 14 del 9 de enero de 1973, que para los efectos de lo argumentado transcribimos lo conducente de su reglamento contenido en el Decreto No 37 del 16 de enero de 1973, que rige a los Prestamistas no bancarios (que es reconocido por el Tribunal) sobre este aspecto establece: "Artículo 6. Cuando en los juicios promovidos con base en contratos de préstamos el demandado alegue en cualquier estado del juicio que se trata de un crédito usurario, el Juez deber resolver previamente sobre ese extremo, cualquiera que sea el título o documento con que se acredite el contrato....", “... En la resolución de estos incidentes el Juez no estar sujeto a la tarifa legal de pruebas y, por lo tanto, formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba." Si es así como se denota de la valoración de la prueba en general, solo podemos concluir que no basta contar con un instrumento público por parte de una persona que se considera afectada, por la posesión de un tercero y la negativa de ésta a desocuparlo, para que con ello se esté descartando un conflicto en la propiedad, ya que se ha de considerar el origen de la posesión, puesto que con esa afirmación se volverían típicas, varias conductas: tales

como un arrendatario que ocupa un inmueble, y que no lo desocupa al finalizar el contrato de arrendamiento, pese a que el dueño del inmueble lo requiera para su desocupación, no tendría objeto entonces la acción de desahucio; o realizar una acampada en un terreno particular, o pasar por un terreno ajeno, conductas que sin ser plenamente lícitas no tienen el carácter de delictivo que se le da con la interpretación que se determina en la valoración que hace el Tribunal, si no son acciones, como la del caso que nos ocupa, que a lo sumo posibilitan el ejercicio de acciones civiles orientadas a restablecer la integridad o el pacífico disfrute de los derechos patrimoniales. En el presente caso, es claro de lo relatado en los hechos probados como en la valoración de las pruebas que ratifican ese aspecto, que las únicas personas que se han encontrado poseyendo el inmueble son los ahora imputados, quienes desde obtuvieron la ocupación en base a un título de dominio de compraventa a su favor y desde esa época han sido los poseedores, como así lo afirma el Tribunal en el numeral segundo de la valoración de la prueba al afirmar la supuesta ilegitimidad de la ocupación de la ofendida: "...pese haberlo poseído con ese ánimo por más de treinta años.. ", y que el caso tuvo como principio un préstamo que le fuera otorgado por parte del señor O. V. al señor N. G. G., que fuera garantizado con el traspaso de una propiedad de la señora L. M. C. D., todo lo cual se desprende de la valoración del Tribunal del resto de la prueba, y posteriormente del cual se efectuó el traspaso en venta a favor del señor C. H. M., pero que si bien es cierto hay una ocupación de mis representados la han efectuado desde que adquirieron el bien por compraventa que le efectuarán al señor J. C. V. no fue ni posterior, ni violenta, ni ilegal, lo que se disputa ahora es la legitimidad de los traspasos y los pagos que efectúo mi representado al señor a. Z. V. V., y el reclamo de la posesión que efectúa C. H. M. O., como consecuencia de la compra que efectuará. En consecuencia haciendo una interpretación coherente, y de acuerdo a la fundamentación fáctica es claro que la conclusión plasmada por el Tribunal no es válida y violatoria a las reglas de la sana crítica, (principio de la razón suficiente). Y considerando entonces, que en el presente caso, la solución es distinta a la penal, el supuesto ofendido del delito, inició la acción que corresponde (principio fragmentario del derecho penal), que es la demanda reivindicatoria de dominio, Es claro entonces que es aplicable y congruente la aplicación del artículo 54 párrafo último del Código Procesal Penal, al caso sub judice. La defensa se siente agraviada por los vicios descritos, ya que al dictarse la sentencia impugnada se cometieron errores in procedendo en la forma ya descrita en los literales que anteceden, que vician el fallo, constituyendo en definitiva la violación a las reglas de la sana crítica falta de fundamentación, y por haberse producido dichos vicios en el acto de dictar la sentencia, no se ha efectuado en consecuencia la reclamación alguna para la subsanación

de los mismos, sin embargo conllevan a la violación de derechos fundamentales de la parte que represento para llevar al convencimiento de la justicia de la decisión adoptada, entre ellos el carácter de jurisdiccionalidad (Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República) lo que exige como desarrollo de ese carácter de jurisdiccionalidad surge la necesidad de motivación; el Principio de Legalidad (Art. 69 de la Constitución de la República en relación al artículo 338 CPP), como requisito indispensable de la decisión judicial, Así mismo la necesidad de motivación de las resoluciones judiciales, deriva también del Derecho de Defensa y de la Tutela Judicial Efectiva (art. 82, 90 de la Constitución de la República). La motivación de una resolución judicial penal es un derecho fundamental que forma parte de la tutela judicial efectiva a que alude el arto 82 de la Constitución, interpretado sistemáticamente en relación con el arto 7.2.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. PRETENSION: Por lo antes expuesto procede que se case la sentencia recurrida, por ser un acto realizado de manera irregular, toda vez que no observo las reglas de la sana crítica, y siendo que la estimación del presente motivo determina la nulidad de la sentencia, por lo tanto solicito, se Ordene, la devolución de los antecedentes al Tribunal de Sentencia, que deberá ser distinto, en aras de mantener imparcialidad, para que el juicio sea substanciado

nuevamente de conformidad con la ley.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de mayo de dos mil doce, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO en su calidad de Coordinador, JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo del RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA Y POR INFRACCIÓN DE LEY, interpuesto contra la sentencia de fecha diecinueve de febrero de dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, mediante la cual Condenó a los señores L. M. C. D. y a N. G. G., como responsables del delito de USURPACION a título de autor y cómplice, RESPECTIVAMENTE, en perjuicio de C. H.M., a la pena principal de DOS (2) AÑOS y a UN (1) AÑO con CUATRO (4) MESES DE RECLUSIÓN RESPECTIVAMENTE, más las accesorias de INHABILITACIÓN ESPECIAL e INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena principal.- Asimismo se OTORGA a favor de los señores L. M. C. D. y a N. G. G. el beneficio de la Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena, por un periodo de prueba de cinco años, en vista de que concurren los requisitos que dispone el artículo 70 del Código Penal; Interpuso el Recurso de Casación la Abogada A. J. F.Z., actuando en su condición de Defensora Privada de los señores L. M. C. D. y N. G. G.- INTERVIENEN: La Abogada A.J. F. Z., en su condición de Apoderado Defensora recurrente, y la Representante del Ministerio Público y parte recurrida, Abogada K. A. M.. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- HECHOS PROBADOS: Valorando las pruebas practicadas en el acto del Juicio Oral y Público, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal de Sentencia declara expresa y terminantemente probados los hecho siguientes: “PRIMERO: El día diez (10) de julio del años dos mil dos, en la ciudad de Siguatepeque, Comayagua la señora L. M. C. D., traspaso en venta su casa de habitación, sita en el Municipio de Concepción, Intibucá, al señor O. Z. V. M. y ante los oficios del Notario J. A. L. del Cid, inscrita dicha venta bajo el número noventa y siete (97) del Tomo dos cientos cuarenta y nueve (249) del Registro de la Propiedad y Mercantil de Intibucá. Venta que operó con la intención de que la señora C. D. pagara un préstamo de dinero que le había otorgado el señor Z. V. D. en su condición de prestamista no bancario, aconteciendo de que al no poder pagar, su esposo el señor N. G. G., en fecha ocho (8) de septiembre del año dos mil cuatro (2004) suscribió y firmó con el señor O. Z. V. M., un documento de promesa de venta sobre el mismo inmueble, y que en vista de no poder honrar dicha deuda, el dueño la traspasó a otra persona. SEGUNDO: Posteriormente y como se he descrito en el numeral anterior, el día ocho (8) de febrero del año dos mil seis (2006) el señor O. Z. V. M., por ser el legítimo propietario, vendió el inmueble descrito por una suma de dos cientos veinte mil lempiras al señor C. H. M., transacción que se verificó ante los oficios del Notario O. E. M.P. y esta inscrita a su favor bajo el número cuarenta y nueve (49) del Tomo cuatrocientos veinte y siete (427) del registro de la Propiedad y Mercantil de la Esperanza, Intibucá. TERCERO: Ulteriormente a la fecha señalada en el numeral anterior, el señor C. H. M., teniendo conocimiento de que la señora L. M. C. D., y su compañero de hogar señor N. G. G., quienes tienen un vínculo de parentesco por afinidad con el señor Z.V., seguían habitando o viviendo en la casa que había comprado, procede a intentar desalojarlos mediante comunicaciones previas, obteniendo como respuesta siempre una negativa absoluta y resistencia total de su salida, imponiendo con esa actitud, la posibilidad incluso de poder ingresar a la propiedad que le pertenece o disponer de ella como su legítimo propietario”. III.- La recurrente, abogada A. J.F. Z., en su condición de Defensora Privada de los señores L. M. C. D. y a N. G., desarrolló su recurso de casación de la siguiente manera: “CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: IMPUGNABILIDAD OBJETIVA. He interpuesto el presente recurso actuando en mi condición de Defensora y en consecuencia parte interesada y agraviada por la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en fecha diecinueve (19) de febrero del dos mil diez (2010) según lo dispone el artículo 15, 101 del Código Procesal Penal, en relación a haber dictado sentencia condenatoria contra N. G. G. Y L. M. C. D. en el proceso seguido ante este Tribunal por el supuesto DELITO DE USURPACIÓN en perjuicio del señor C. H. M. Así mismo el objeto impugnable de la casación se encuentra como causa que habilita la interposición del presente recurso al tenor de lo establecido en el artículo 359 y 362 del Código Procesal Penal (CPP en adelante). IMPUGNABILIDAD SUBJETIVA: El presente recurso se interpone por no estar de acuerdo con la resolución recurrida. Motivos que a continuación detallo: MOTIVO PRIMERO: QUEBRANTAMIENTO DE FORMA POR NO HABER OBSERVADO EL SENTENCIADOR EN LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA. PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 362 numeral 3) parte final del Código Procesal Penal. DESCRIPCION DEL VICIO: En la valoración de la prueba el sentenciador no observo las reglas de la Sana Crítica infringiendo para los efectos del presente motivo el artículo 202 del Código Procesal Penal que al respecto determina "Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica...", en relación al artículo 338 regla cuarta numeral segundo del mismo código que sobre el particular determina que "...se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para probar declarados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las prácticas en juicio...". Es oportuno tener en claro en que consiste el sistema de valoración de las reglas de la sana crítica. Conforme al artículo 202 del Código Procesal Penal, el sistema de valoración reconocido en el CPP, es de la sana crítica racional, reglas que de conformidad al artículo 338 del mismo cuerpo legal, debe ser observada par el sentenciador al momento de emitir el fallo, como se ha sostenido. Es en la sentencia, donde el Juez debe emitir un juicio de valor de forma clara precisa y circunstanciada de los hechos debidamente acreditados, conocido este ejercicio intelectivo como fundamentación fáctica, sobre el cual debe hacer su ejercicio valorativo. Ese cuadro fáctico, debe ser sustentado en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para los efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esta fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en la sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. El Tribunal de Sentencia al fundamentar su decisión de acuerdo al Sistema seguido por el Código Procesal Penal debe de valorar la prueba no en una tarifa que la ley le asigna, si no con base al principio de inmediación analizar la credibilidad que se otorga a cada medio de prueba, dando las razones al respecto conforme a las reglas de la sana crítica, reconociendo en efecto su discrecionalidad, pero su sometimiento a criterios objetivos, por lo tanto, pueden ser invocables para impugnar una valoración errónea. Las reglas de la sana crítica son, ante todo, Las reglas del correcto entendimiento humano, siendo estas las reglas de la experiencia, de la psicología y la lógica. Las reglas de la EXPERIENCIA se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe de partirse de la condición de hombre que tiene el Juzgador, Esas conclusiones no tienen la estrictez de los principios lógicos tradicionales, sino que son contingentes y variables con relación al tiempo y al lugar, estas encuentran sus límites en los conocimientos técnicos especializados. Las reglas de la PSICOLOGIA referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos. Las reglas de la LOGICA son leyes del pensamiento que se presentan en nuestro raciocinio como necesarias, evidentes o indiscutibles cuando analizamos nuestros pensamientos. Estas leyes están constituidas por las leyes fundamentales de la COHERENCIA (concordancia entre sus elementos) y DERIVACION (en que cada pensamiento provenga de otro con el cual está íntimamente relacionado, de tal manera que la sentencia sea congruente, verdadera y suficiente).- De la ley de la coherencia se deducen los principios formales del pensamiento, a saber" a) Identidad, b) Contradicción; c) Tercero excluido, y a su vez de la ley de derivación se extrae el principio de la Razón Suficiente (todo juicio para que sea realmente verdadero, necesita de una razón suficiente, que justifique lo que en el juicio se afirma o niega con la pretensión de sea verdad). Dicho lo anterior, la defensa, acreditará de manera convincente que el Tribunal de Sentencia en abierta confrontación con las reglas de la sana critica, ha soslayado ese límite que las mismas establecen por cuanto extrajo conclusiones contradictorias que le informan la prueba evacuada en la vista pública, de tal manera que incurrió en un vicio in procedendo que invalida la sentencia impugnada, siendo dichos vicios fundamentales en las conclusiones arribadas por el Tribunal para decidir la condena de los imputados.- Explico detalladamente los aspectos en los que argumentamos el presente motivo: 1° La sentencia impugnada declara expresa y terminantemente probado: "PRIMERO: El diez (10) de julio del año dos mil (2000) en la ciudad de Siguatepeque, Comayagua, la señora L. M. C. D. traspaso en venta su casa de habitación, sita en el Municipio de Concepción, Intibucá al señor O. Z. V. M., y ante los oficios del Notario J. A. L. del C., inscrita dicha venta bajo el número noventa y siete (97) del Tomo Doscientos Cuarenta y Nueve (249) del Registro de la Propiedad y Mercantil del Departamento de Intibucá. Venta que operó con la intención de que la señora C. D. pagara un préstamo de dinero que le había otorgado el señor Z. V. D., en su condición de prestamista no bancario aconteciendo que al no poder pagar, su esposo el señor N. G. G. en fecha ocho (8) de septiembre del dos mil cuatro (2004) suscribió y firmo con el señor O. Z. V. M., un documento de promesa de venta sobre el mismo inmueble, y que en vista de no poder honrar dicha deuda el dueño la traspaso a otra persona. SEGUNDO: Posteriormente y como se ha descrito en el número anterior el día ocho (8) de febrero del año dos mil seis (2006) el señor O. Z. V. M., por ser el legítimo propietario vendió el inmueble descrito por una suma de doscientos veinte mil lempiras al señor C. H. M. O., transacción que se verifico ante los oficios del Notario O. E. M. P. Y que está inscrita a su favor bajo el número cuarenta y nueve (49) del Tomo cuatrocientos veintisiete del Registro de la Propiedad y Mercantil del Departamento de Intibucá. TERCERO: Ulteriormente a la fecha reseñada en el numeral anterior, el señor C. H.M. teniendo conocimiento de que la señora L. M. C. Y su compañero de hogar el señor N.G. G. quienes tienen un vínculo de parentesco por afinidad con el señor Z. V., seguían habitando o viviendo en la casa que había comprado procede a intentar desalojarlo mediante comunicación previas, obteniendo siempre una negativa absoluta y resistencia total de su salida, impidiendo con esa actitud, la posibilidad incluso de poder ingresar a la propiedad que le pertenece o disponer de ella como su legítimo propietario. 2° Los hechos relacionados se tienen por acreditados tomando varios medios de prueba de acuerdo a una fundamentación probatoria intelectiva que no concuerda con las reglas que la ley determina, veamos: Un aspecto fundamental de la sentencia es el fragmento de la declaración de hechos probados, que determina (lo subrayado y en negrita es nuestro): "PRIMERO: El diez (10) de julio del año dos mil (2000) en la ciudad de Siguatepeque, Comayagua, la señora L. M. C. D. traspaso en venta su casa de habitación, sita en el Municipio de Concepción, Intibucá al señor O. Z. V. M., y ante los oficios del Notario Jorge A. López del Cid, inscrita dicha venta bajo el número noventa y siete (97) del Tomo Doscientos Cuarenta y Nueve (249) del Registro de la Propiedad y Mercantil del Departamento de Intibucá. Venta que opero con la intención de que la señora C. D. pagara un préstamo de dinero que le había otorgado el señor C. V. D., en su condición de prestamista no bancario aconteciendo que al no poder pagar, su esposo el señor N. G. G. en fecha ocho (8) de septiembre del dos mil cuatro (2004) suscribió y firmo con el señor O. Z. V. G., un documento de promesa de venta sobre el mismo inmueble, y que en vista de no poder honrar dicha deuda el dueño la traspaso a otra persona. Veamos el sentido que fueron erróneamente aplicadas las reglas de la sana crítica tomando en consideración las pruebas que sirven de sustento a la anterior declaración de hechos probados, y que de haberse considerado de manera correcta sin lugar a duda habrían generado la certeza de la absolución de los imputados: Con respecto a la valoración del testimonio de señor Z. V. G., señala el Tribunal A-Qua en la sentencia (numeral segundo de la valoración de la prueba) "La anterior versión corrobora en gran medida la declaración del señor C. M., se tiene por probado que efectivamente la señora L. M. C. para garantizar un préstamo realizo la venta o traspaso de una casa de habitación en el municipio de Concepción Intibucá, al señor O. V., aconteciendo que como quedo en mora por varios meses, el señor Z. V. como prestamista que es, decidió ordenar a su hijo y administrador de su Empresa Señor O. Z. V. que ofreciera en venta dicho inmueble, lo que así paso. “…Y en segundo término por la negativa injustificada de entregar el predio al nuevo dueño señor C. M., ocupando ilegalmente dicha vivienda pese haberla poseído con ese ánimo por más de treinta años. Es oportuno referenciar que la defensa ha pretendido acreditar que la señora C. D., en ningún momento había firmado un traspaso del inmueble, si no que se trataba de un engaño, o ardid al haber firmado un documento en blanco que en ningún momento se trataba de una compraventa, circunstancia que no se ha podido establecer con elementos de prueba debidamente confiables, quedando incólume la fe notarial que autorizo dichos instrumentos al igual que su inscripción, de igual manera ha pretendido establecer que el señor N. G. no había firmado o suscrito un documento privado de promesa de venta con el señor a. Z. V., con el objeto de tratar de salvar o recuperar la propiedad, mismo que fue agregado en el debate como prueba de cargo, siendo acompañado el referido documento de la auténtica notarial respectiva, por lo que adquiere el valor probatorio necesario para acreditar ese extremo 11 Ahora veamos en ese mismo sentido, la declaración que hace el Tribunal en la valoración de los otros medios de prueba relacionados en cuanto al nacimiento de la transacción entre Z. V. G. y M.L. CASTILLO D.: Con respecto a la valoración del testimonio de señor O. Z. V.G., señala el Tribunal A-Qua en la sentencia (numeral tercero de la valoración de la prueba)” …estos Jueces no tienen duda de que la señora vendió su casa de habitación sita en Concepción, Intibucá, ante los oficios del Notario J. A. L. del C., en la ciudad de Siguatepeque, Comayagua, que si bien se desprende de los testimonios, lo hizo para garantizar un préstamo que se le había otorgado de parte del señor Z. V. en su condición de prestamista no bancario, no es menos cierto que incumplió su compromiso de pago, al grado que su esposo N. G. G., celebro con el dueño de la propiedad en fecha ocho de septiembre del año dos mil cuatro, un contrato de promesa de venta con el fin de recuperar el inmueble, volviendo a caer en mora, lo que ocasiono el remate de la misma por parte de su legitimo propietario v posterior venta al señor M...” es decir que se acepta por parte de la valoración del Tribunal el contrato de promesa de venta tenia por objeto refinanciar el crédito. Contradictoriamente como una forma de restarle credibilidad al argumento de la defensa el Tribunal dice: “…Es necesario referenciar en la presente sentencia, que la defensa técnica, incluso ha pretendido obviar dicho documento privado de promesa de venta, dando entender que nunca el señor N. G. lo había suscrito con el deponente, empecinándose en considerar de que se trataba de un préstamo pendiente de saldar. Afirmación que contraria la afirmación que antes hacia en la que determinaba ese extremo. Ambos medios de prueba, nos lleva necesariamente a confrontarlos con lo relativo al Testimonio de Escritura Pública que contiene el numeral uno de los hechos probados y la promesa de venta que se refiere: Con respecto al primer documento, es decir El Testimonio de Escritura Pública autorizada por el Notario J. A. L. Del C., en instrumento público número trescientos noventa y cinco (395) de fecha diez de julio del año dos mil en donde comparecen la señora L. M. C. D. en si condición de vendedora de un terreno ubicado en el Municipio de Concepción, Intibucá, con una casa de habitación paredes de adobe y techo de tejas, y el señor O. Z. V. G., como comprador e inscrita bajo el número 97 del Tomo 249 del Registro de la Propiedad de Intibucá, el Tribunal A-Qua (numeral cuarto de la valoración de la prueba) lo valora así: "Con dicho medio de prueba se tiene por acreditado sin lugar a dudas de que la señora L. C., desde el mes de julio del año dos mil se desapartó v desapodero del dominio sobre dicho inmueble, traspasándoselo al comprador O. V., con todo su dominio, posesión, uso, goce, servidumbre y demás derechos reales, mediante un acto notarial válido, y sin ningún vicio de nulidad …" así mismo desvirtuando el argumento de la defensa valora el Tribunal “… por lo que pese a que la defensa como se ha dicho ha pretendido acreditar que su representada firmo un documento en blanco, al no poderse acreditar ese extremo, el instrumento notarial reseñado adquiere pleno valor probatorio y acredita por sí solo el hecho antes descrito quedando incólume la fe notarial en lo que respecta al hecho reseñado...". Con respecto al segundo documento, es decir La promesa de venta entre O. Z. V. M. y el señor encartado N. G. G. en fecha 8 de septiembre del año dos mil cuatro, el Tribunal A-Qua (numeral cuarto de la valoración de la prueba) lo valora así: "... EI señor N. G. G. desde la suscripción del mismo en fecha 8 de septiembre del dos mil cuatro, sabe, reconoce, y no puede ignorar de que el legitimo dueño de la casa o inmueble lo es el señor O. Z. V. G., por otro extremo que la venta la hizo su esposa la señora L. C., y que se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de Intibucá, se impone un valor de doscientos mil lempiras pagaderos en un plazo de nueve meses y estableciendo que los pagos hechos y el propio contrato no tendrán valor ni efecto, si transcurren tres meses sin haber pagado los intereses respectivos..." después continua: "...el propio dueño O. Z. V. lo traspaso al señor C. H. M. hasta el día ocho (8) de febrero del año dos mil seis (2006) o sea 10 meses después del último pago por intereses que hiciera el señor G. G.." He resaltado (con negrilla y subrayado) en la valoración que hace el tribunal los aspectos fundamentales en relación a lo que consideran es la correspondencia de las pruebas enunciadas, y la conclusión determinada por el Tribunal: A.- En la valoración aducida en referencia el Instrumento público consistente en La Escritura Pública autorizada por el N. J. A. L. Del C., en instrumento público número trescientos noventa y cinco (395) de fecha diez de julio del año dos mil en donde comparecen la señora L.M. C. D. en si condición de vendedora de un terreno ubicado en el Municipio de Concepción, Intibucá, con una casa de habitación paredes de adobe y techo de tejas, y el señor O. Z. V. G., como comprador e inscrita bajo el número 97 del Tomo 249 del Registro de la Propiedad de Intibucá" le da un valor de un acto notarial válido, y sin ningún vicio de nulidad, y acredita por sí solo el hecho antes descrito quedando incólume la fe notarial en lo que respecta al hecho reseñado. Haciendo la misma valoración con respecto al documento privado de promesa de venta de fecha 8 de septiembre 2004. Ahora bien, si el Tribunal considera válidas las declaraciones de los Testigos: Z. V. D. y O. Z. V. G., que sobre los mismos hechos contenidos en el instrumento público refieren que si bien es cierto se documento el hecho como una compraventa realmente lo que ocurrió es que en el año dos mil fue que le otorgaron un préstamo a N.G. G. garantizado con la propiedad de la señora L. M. V. G. por la suma de Doscientos Mil Lempiras. Hechos estos corroborados por la deposición de los testigos según lo trascrito en la sentencia dijo al respecto: "…esa propiedad estaba registrada a favor del señor O. Z. por un préstamo que se le hizo a la señora L. C., pero como no pago se le remato y se le vendió a C. M." con lo que respecta en el acta del juicio oral puede verificarse más amplio dicho contenido: "...C. se la vendió a L.G. C., y después de trabajar con mercadería y prestamos, me dijo..." (N. G., este apartado es nuestro) y continua “…que quería un préstamo de Doscientos Mil Lempiras, y le dije que me diera la propiedad de doña L. y la llevo, y me dio la propiedad de Concepción, la casa y solar, mejoras permanentes, me la dio en venta...", por su parte O. Z. V. G.: según lo trascrito en la sentencia dijo al respecto: "...la historia de ese proceso se remonta a una transacción con Doña L. C. en el año dos mil se le otorgo un préstamo, mi papa es un prestamista no bancario legalmente constituido, y me tenía como administrador del negocio, cuando se le otorgo este préstamo a la señora L., menciono que se llego al convenio que para poder garantizar el pago por el préstamo, se formalizo ese compromiso de compraventa Concepción, Intibucá a mediados del 2000, esa propiedad estaba registrada a favor del señor O. Z., posteriormente pagaron algunos intereses era un poco más de dinero..." ahora ante el interrogatorio de la defensa del Testigo en mención, que cabe aclarar ostenta el título de Abogado, con respecto a la forma en que documentaron el préstamo, es decir el título a que el Tribunal le da todo el valor probatorio del hecho que contiene, se puede constatar en el acta del juicio oral el testigo dijo: "...el es un prestamista no bancario y no se si usted sabe cuáles son las condiciones que deben de tener al momento de la hacer los contratos son libres, lo pueden hacer por un recibo, un pagare, una letra de cambio, incluso hasta el interés es libre, si fuera una institución bancaria es una hipoteca porque es una sociedad, son varios accionistas...", Al verificar la correspondencia del instrumento público, promesa de venta con respecto a la declaración de los testigos, podemos obtener varias conclusiones: 1) Por un lado que acuerdo al material probatorio queda claro que el contenido del instrumento público otorgado por M. L.C. D., si bien fue realizado como un contrato de compraventa era realmente un contrato de préstamo, y con respecto al contrato de promesa de venta era una especie de refinanciamiento a fin de recuperar el inmueble, hechos estos que no son legítimos, ya que tanto la compraventa como la hipoteca, la promesa de venta y el refinanciamiento son dos contratos diversos, varían en cuanto al: Consentimiento de los contratantes, objeto cierto que sea materia del contrato, causa de la obligación que se establezca. 2) Que al no existir correspondencia entre el instrumento público y el hecho afirmado por los testigos y otorgantes del contrato que dio lugar a la transacción entre O. Z. V. G.(Que no fue el que otorgo el préstamo) y M. L.C. D.(Que solo avalaba el préstamo) no puede en consecuencia darse plena eficacia probatoria para los efectos penales, al Instrumento público en referencia, ya que aun siendo instrumento público el Tribunal no esta sujeto a en su valoración a una tarifa que la ley otorga. 3) Que si bien es cierto el Tribunal de Sentencia, no puede dentro de sus límites declarar o no la nulidad del instrumento público relacionado, su efecto en los hechos debatidos no puede ser soslayado del resto de material probatorio que le da plena eficacia jurídica, con la sola fundamentación de que se trata de un instrumento público debidamente inscrito, puesto que rige el sistema de la sana crítica. 4) Que si se analiza el instrumento público en referencia la venta se consigna por la supuesta cantidad de Mil Lempiras, entonces como puede afirmarse que el préstamo que se concedió inicialmente fue de Doscientos Mil Lempiras, hechos diversos y que a ambos les concede credibilidad al Tribunal A-qua. Ampliando lo anterior y en cuanto a la fe notarial, en que sustenta el Tribunal, y como normas para la interpretación de los contratos en lo relacionado en el caso de prestamistas no bancarios y considerando la deposición del Testigo O. Z. V.M. que ostenta el título de Abogado, invoco las siguientes disposiciones: Ley del Sistema Financiero: "ARTICULO 173.- PRESTAMISTAS NO BANCARIOS. Las personas naturales o jurídicas que habitualmente se dediquen a invertir y prestar con sus propios recursos, serán considerados como prestamistas no bancarios y quedarán sujetos a lo dispuesto por el Decreto-Ley No. 14 del 9 de enero de 1973, y su Reglamento." El contenido del Decreto-Ley No. 14 del 9 de enero de 1973, que para los efectos de lo argumentado transcribimos lo conducente de su reglamento contenido en el Decreto No 37 del 16 de enero de 1973, y dispone: "Artículo 4.- No podrá cobrarse al prestatario, directamente o por interpósita persona, cantidad alguna en concepto de comisión, así como consignar en el contrato simulaciones o prácticas tendientes a ocultar la verdadera tasa de interés, o a encubrir o convenir en otra forma contractual un préstamo usurero" Ahora bien, en base a todo lo anterior hemos de afirmar, que El Tribunal de Sentencia al valorar la prueba documental y testifical enunciada incurre en violación a las reglas de la sana crítica, sobre todo a las leyes de identidad y no contradicción propias de la lógica, que exige la primera: que toda noción empleada en el razonamiento tenga una sola y misma significación y la segunda que afirma: Si un juicio A del sistema de juicios que forman el razonamiento es verdadero (es decir que es válido y sin vicios de nulidad de un instrumento público de compraventa), no puede ser verdadero en ese sistema un juicio que contradiga al juicio A (testigos que afirman que el acto realizado entre las partes que suscribieron un contrato realmente fue un préstamo documentado como una compraventa), es decir en un determinado sistema de juicios que forman un razonamiento no puede ser verdadero el juicio A y el juicio que le contradice (no A). El Tribunal sentenciador viola la ley de identidad e incurre en contradicción al aceptar: a) Que de una transacción realizada entre dos personas se autorizo en un instrumento público como contrato de compraventa, el cual dice ser de valor y sin vicios de nulidad; b) Que a partir de las declaraciones testifícales tiene por probado que la transacción que se estaba realizando era una préstamo, en consecuencia carente de los requisitos propios de un contrato de COMPRAVENTA. En base a los anteriores motivaciones, el Tribunal fija su conclusión en numeral uno de los hechos probados de la sentencia cuestionada, del cual podernos extraer dos afirmaciones contradictorias, y con falta de identidad y coherencia lógica, que si bien es argumento del motivo que posteriormente explicamos, a efecto de acreditar el efecto de la valoración errónea del Tribunal, y en consecuencia evidenciar la inducción realizada por el Tribunal, planteamos su conclusión como un silogismo, es decir, la comparación de dos conceptos mediante la cual afirmamos la relación de uno con respecto al otro, para ello divido el hecho en dos partes veamos: "El diez (10) de julio del año dos mil (2000) en la ciudad de Siguatepeque, Comayagua, la señora L. M. C. D. traspaso en venta su casa de habitación, sita en el Municipio de Concepción, Intibucá al señor O. Z. V. M., y ante los oficios del Notario Jorge A. López del Cid, inscrita dicha venta bajo el número noventa y siete (97) del Tomo Doscientos Cuarenta y Nueve (249) del Registro de la Propiedad y Mercantil del Departamento de Intibucá" De lo anterior obtenemos el silogismo: La compraventa implica el pago de un precio (causa: lo cual esta afirmado en el instrumento público relacionado) M. L. C. D. recibió Mil Lempiras como precio de O. Z. V. G.(de lo que se extrae del documento público relacionado) Por lo tanto, realizo un contrato de compraventa con O. Z. V. G. (que concluye el Tribunal) En el segundo apartado del hecho probado que dice: "Venta que opero con la intención de que la señora C. D. pagara un préstamo de dinero que le había otorgado el señor Z. V. D., en su condición de prestamista no bancario...", podemos deducir otro silogismo: La compraventa implica el pago de un precio (causa: lo cual esta afirmado en el instrumento público relacionado) M. L. C. D. recibió un préstamo de dinero otorgado por el señor Z. V. G. (de lo que se extrae del hecho relacionado) Por lo tanto, realizo un contrato de compraventa con O.Z. V. G. (que concluye también el Tribunal A-Qua en el mismo hecho) Evidenciamos que el Tribunal A-Qua, en su análisis da credibilidad a todos los elementos probatorios señalados, que lo llevaron a fijar una conclusión errónea en los hechos declarados probados, que finalmente se platean como conclusión no válida, de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Al dar credibilidad a elementos de prueba que se contradicen entre sí el Tribunal viola las leyes de identidad y no contradicción, propias de la Sana Crítica. Veamos que el Tribunal tanto en la motivación de la prueba y como en la fijación de sus conclusiones, afirma que en efecto la señora M. L. C. D., a fin de garantizar un préstamo suscribió un contrato de compraventa, sin embargo en la motivación, a fin de desestimar el argumento de la defensa, concluye: En la motivación del Tribunal de Juicio de la declaración de Z. V. D., señala el Tribunal: "...Es oportuno referenciar que la defensa ha pretendido acreditar que la señora C. D., en ningún momento había firmado un traspaso del inmueble, si no que se trataba de un engaño, o ardid al haber firmado un documento en blanco que en ningún momento se trataba de una compraventa, circunstancia que no se ha podido establecer con elementos de prueba debidamente confiables, quedando incólume la fe notarial que autorizo dichos instrumentos al igual que su inscripción...". En base a ello, afirma el Tribunal que se argumento que se trataba de un engaño o ardid por dos razones: a) La firma de un documento en blanco, 2) que en ningún momento se trataba de una compraventa. Ahora en la conclusión fijada en los hechos probados el Tribunal afirma: "...Venta que opero con la intención de que la señora C. D. pagara un préstamo de dinero que le había otorgado el señor Z. V. D...". En el resto de la motivación de la deposición del Testigo el Tribunal sigue afirmando: “…se tiene por probado que efectivamente la señora L. M. C. para garantizar un préstamo realizo la venta o traspaso de una casa de habitación...", Ahora si el Tribunal tiene por probado que se efectuó una transacción entre partes, que fue realmente un préstamo, pero que se hizo una compraventa: ¿Por qué en su valoración de manera contradictoria afirma que la circunstancia no se ha podido establecer con medios de pruebas confiables?, cuando le da crédito a las declaraciones de Z. V. D. y O. Z. V. M., que acreditan que se trataba de un préstamo no de una compraventa. En la motivación de la declaración de O. Z. V. M., el Tribunal A-Quo señala, en demérito de la posición de la defensa "...Es necesario referenciar en la presente sentencia, que la defensa técnica, incluso ha pretendido obviar dicho documento privado de promesa de venta, dando entender que nunca el señor N. G. lo había suscrito con el deponente, empecinándose en considerar de que se trataba de un préstamo pendiente de saldar". Ahora en la conclusión fijada en los hechos probados el Tribunal afirma: “… que al no poder pagar, (el préstamo) su esposo el señor N. G. G. en fecha ocho (8) de septiembre del dos mil cuatro (2004) suscribió y firmo con el señor O. Z. V. G.L un documento de promesa de venta sobre el mismo inmueble...". Con todos los aspectos señalados, se evidencia que el Tribunal en sus motivaciones incurre en incongruencia, y ocurre los mismo al fijar los hechos probados, violando las ya mencionadas reglas de la sana crítica, sobre todo a las leyes de identidad y no contradicción, al realizar una valoración intelectiva que afirma y contradice a la vez, así mismo viola la regla de la derivación, ya que en base a sus argumentos en la motivación expuestos en este acápite, no podía haber concluido lo que fijo en los hechos probados. Como consecuencia de la anterior y errónea valoración concluye el Tribunal A-Quo en el numeral segundo de los hechos probados: "SEGUNDO: Posteriormente y como se ha descrito en el número anterior el día ocho (8) de febrero del año dos mil seis (2006) el señor O.Z. V. M., por ser el legítimo propietario vendió el inmueble descrito por una suma de doscientos veinte mil lempiras al señor C.H.M.O., transacción que se verifico ante los oficios del Notario O. E. M. P. Y que está inscrita a su favor bajo el número cuarenta y nueve (49) del Tomo cuatrocientos veintisiete del Registro de la Propiedad y Mercantil del Departamento de Intibucá." (Lo resaltado en negritas y subrayado es nuestro) Veamos ahora que en el numeral segundo de la valoración de la prueba el Tribunal A-Quo establece como una verdad incuestionable que el señor O. Z. V.M. vendió a C. H.M.O. el inmueble, haciendo referencia que la transacción se encuentra inscrita bajo el número 49 del Tomo 427 del Registro de la Propiedad. Ahora bien, la valoración que el Tribunal A-Qua hace del instrumento público en referencia dice: “…con el anterior medio de prueba se acredita en forma contundente el hecho probado segundo de esta sentencia, es decir que ante los oficios de un Notario, como fedatario público, con el pago de los impuestos respectivos, y la comparecencia de dos personas hábiles para realizar dicho contrato el mismo se consumó ante el pago recibido por el vendedor y la aceptación de sus condiciones por el comprador...". Ahora bien, si dice que dicho documento de acuerdo a su valoración le merece toda la credibilidad a fin de acreditar el hecho segundo, y en el instrumento público se establece que el valor de la venta es de MIL LEMPIRAS (L. 1,000), sin embargo el Tribunal A-Qua en la declaración de hechos probados fija que la venta realizada del inmueble es por DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.200,000.00), lo anterior lo afirma considerando la declaración de C. H. M. O., que en su manifestación según el acta del juicio oral dijo: “…yo pague doscientos mil lempiras por la propiedad'. En base a lo anterior, podemos concluir que el Tribunal pese a los hechos contenidos en el instrumento público de compraventa que le concede pleno valor probatorio, tiene como fijado en base a la declaración del Testigo que realmente se trató de una compra por Doscientos Mil Lempiras y no por Mil Lempiras como lo dice en la Escritura Pública. En base a lo anterior y a la valoración realizada por el Tribunal de las declaraciones de O. Z.V. G. y Z. V. D., que les da plena credibilidad, no se pudo más que haber fijado que la transacción realizada por O. Z.V. D. y L. M. C. fue un contrato de préstamo que fue indebidamente simulado como un contrato de compraventa que no se realizó, y en consecuencia no se puede afirmar con certeza la LEGITIMIDAD de la propiedad del vendedor (que realmente fue prestamista) como lo reconoce en la misma declaración de hechos probados (numeral 1), de tal manera que dicha conclusión no se deriva de la prueba que lo informa o en su caso, la prueba no le da la razón suficiente. Entonces, reiteramos como el Tribunal desacredita en el numeral segundo de los hechos declarados probados un hecho contenido en el instrumento público en base a la declaración testifical de C.S O. M. O., a quien le da credibilidad, y sigue sosteniendo la Legitimidad con la que obtuvo la propiedad Omar Zacarías Villanueva Gámez adquirida por un contrato de compraventa de un inmueble, que no compro, si no que sirvió de garantía de un préstamo obtenido, como así lo afirma al darle credibilidad a prueba que afirma que fue un préstamo: testifical de: O. Z. V. G. (numeral tercero de la valoración de prueba) y Z. V. D. (numeral segundo de la valoración de prueba), documentales: Solicitud de desalojo (numeral décimo primero de la valoración de prueba), recibos de pago pagados por los acusados y a favor de Z. V.: (numeral décimo segundo de la valoración de prueba), que la legitimidad de la propiedad afirmada de O. Z. V. G., no puede ser una conclusión válida, toda vez, que existen circunstancias de hecho que no la corroboran y que pese a ser un instrumento público en el que se documento la compraventa del inmueble a favor de este, el mismo Tribunal en el otro instrumento público tiene por probado que la venta se efectuó por un precio diverso al contenido en el instrumento público en base a la declaración de un testigo, pero no lo hace así con respecto al declarar como incorrecta la práctica de simular un contrato de préstamo con garantía hipotecaria como un contrato de compraventa que no se realizo, que es incluso un hecho legalmente prohibido. Si bien la valoración de la prueba y la fijación de las hechos probados son potestad del Tribunal A-Qua, no es menos cierto que con la valoración practicada par el sentenciador tanto de la prueba testifical y la valoración errónea de misma prueba documental (instrumentos públicos) en base a una tarifa legal se acredita la simulación dolosa de un contrato, sin embargo es a partid de dichos instrumento públicos a partir del cual El Tribunal afirma incongruentemente la legitimidad de la Propiedad que ostenta el señor O.Z. V. M., resulta el vicio denunciado por quebranto de las reglas de la derivación (lo subrayado y en negrilla es nuestro), propia de la regla de la lógica, valorando la prueba de manera parcial y arbitraria, como ya se ha dejado demostrado, al confrontar lo expuesto en la sentencia y lo que consta en el acta de debate y la fijación de los hechos. Si bien es cierto, el Juez tiene la potestad de valorar la prueba conforme a las reglas de la sana critica racional, que reconocen la discrecionalidad, le someten a criterios objetivos, que nos permiten libramos de valoraciones arbitrarias o erróneas. Desde luego, la arbitrariedad o el error pueden darse, tanto al rechazar o excluir indebidamente elementos de convicción pertinentes, como al atribuir a las pruebas recibidas un contexto inexacto o al desdeñar el verdadero, como ocurre en el presente caso. En efecto, con sobradas razones como las ya expuestas, se concluye que el Tribunal de Sentencias recurrido ha infringido las reglas del recto entendimiento humano en la valoración de las pruebas y como consecuencia ha considerado injustificada la negativa de los acusados de desocupar el inmueble, que consideran de su propiedad, ya que toda persona tiene el derecho ante el incumpliendo de una obligación de pago, de someterse a un juicio ejecutivo previo, y a un remate de conformidad a la Ley, y peor aún verificar la contradicción del Tribunal al afirmar en su valoración de la prueba documental relacionada en el numeral décimo segundo de la valoración de la prueba que dice: "...denotándose una actitud de tolerancia de parte del acreedor en el pago de la deuda, que tenia para esa fecha plazos vencidos con creces, y por otro extremo una actitud cuando menos maliciosa de los encartados en tratar de hacer creer que estaban cancelando un préstamo". De esta manera, el tribunal sentenciador, habiendo realizado una valoración intelectiva de la prueba relacionada a través de cual se puede afirmar la ilegitimidad en el proceder de O. Z. V. D.al simular una compraventa que era realmente un préstamo, llega a una conclusión totalmente distinta a la que lógicamente se hubiera arribado, de afirmar la legitimidad de la propiedad y su acción de vender, y deducir de ello lo injustificado de la conducta de los encartados como relaciona en la valoración de la prueba, además contradictorio al seguir sosteniendo la legitimidad de una compraventa solo por el hecho de estar contenida en un instrumento público, cuando hay prueba que afirma lo contrario. No podía concluir el tribunal afirmando como verdad incuestionable, que la obtención de la propiedad de parte de amar Zacarías Villanueva es legítima. En todo caso, el tribunal debió hacer un razonamiento lógico para sostener su afirmación, en cuanto que lo dicho por los testigos que afirman que no fue compraventa si no préstamo no le merecían crédito alguno. Más bien, el tribunal se contradice en sus argumentos intelectivos de la prueba para desmeritar el argumento de la defensa en ese sentido, obsérvese que en el apartado segundo de la valoración de la prueba deja expuesto que: "...quedando incólume la fe notarial que autorizo dichos instrumentos al igual que su inscripción". Luego dice en el mismo apartado que "...se tiene por probado que efectivamente la señora L. M. C. para garantizar el pago de un préstamo, realizo una venta o traspaso de una casa de habitación...", contrario al contenido del mismo instrumento, como antes se explicó. Al no haber realizado una valoración razonada y razonable, arribando a una conclusión ilógica, efectivamente ha violentado la regla de derivación o razón suficiente. Agregando la violación a la Ley de Identidad o no contradicción en los aspectos relacionados. c.- Con respecto a la declaración del testigo A.G. C., el Tribunal de sentencia demerita su testimonio (numeral sexto de la declaración de hechos probados) en virtud de "...no se considera veraz su testimonio en vista de evidenciarse un interés marcado de tratar de proteger o beneficiar a sus padres en la causa que se les instruye, perdiendo esa objetividad necesaria para los efectos legales". El Tribunal afirma no considerar veraz su testimonio por evidenciar un interés de tratar de proteger a sus padres. Tal afirmación viola las reglas de la sana crítica, concretamente la ley de la derivación, de la cual se extrae el principio lógico de la "Razón suficiente" por el cual todo juicio para que sea realmente verdadero necesita razón suficiente que justifique lo que en juicio se afirma con pretensión de verdad, sin embargo la valoración del Tribunal esta basada en una percepción subjetiva, ya que de afirmarse lo anterior sin ninguna circunstancia objetiva que lo justifique y se haya desprendido de los elementos de prueba, implicaría afirmar: "Que todo hijo que declare sobre los actuaciones de sus padres en juicio está mintiendo", lo cual no es lógicamente exacto. Veamos por el contrario que las afirmaciones del Testigo están confirmadas por el resto de los elementos de prueba: el testigo (ver acta de juicio oral y público) afirma: "en ese tiempo a mi papa le alquilaron ciento cincuenta mil lempiras donde don Zacarías Villanueva lo alquilo a un interés de cuatro por ciento (4%) como los intereses se ponen mal él se retrasó al estar al día con los intereses..." después afirma: "en ese tiempo llamaron a mi madre Laura Castillo a que renovaran el documento de préstamo yo andaba con mis padre ese día...", "...de el mismo surgió que nos iba a dar recibos" "... se le hacían pagos de treinta y seis mil, dieciocho mil, quince mil lempiras y el los agarraba como intereses y allí fue donde cayeron en error...". El hecho de que se trataba de un préstamo es reconocido por el Tribunal como probado, al valorar que el prestamista fue Z. V. G., y que se dio en garantía el inmueble propiedad de María Laura Castillo Díaz. Lo anterior queda probado también cuando en relación a la solicitud de desalojo (numeral décimo primero de la valoración de la prueba) a quien el Tribunal de sentencia le da credibilidad y afirma: "...los encartados no desconocían la situación legal de la caso objeto del juicio, al grado tal que pagaban montos por cantidades que únicamente cancelaban interese atrasados..." y al ver dicho documento se sigue afirmando en el mismo: "...de no hacerla se procederá a vender la propiedad dada en garantía...", y al respecto de los recibos de pago por parte de los acusados el Tribunal Valora (numeral décimo segundo de la valoración de prueba dice: "con dicha prueba se acredita fehacientemente que los dos encargados pagaron en su condición de deudores varias cantidades de dinero, haciendo la salvedad que los últimos recibos correspondientes a los años dos mil cuatro y dos mil cinco fueron cancelados por el señor N. G. G., en concepto de intereses..." de tal manera de que su afirmación de que lo que se negoció un préstamo es cierta, que pagaban como deudores, es también cierto, entonces como el Tribunal, afirma que trata de proteger a sus padres, sin justificar por qué, cuando sus dichos están respaldados por el material probatorio al cual le da credibilidad. Es entonces que se viola la indicada regla en dos sentidos: a) Al no justificar la afirmación de las razones por las cuales considera trata de proteger a sus padres, b) Al no darle razón suficiente a sus dichos cuando la versión mantenida por el testigo está respaldada por otros elementos de prueba. D.- El Tribunal A-Quo en una de sus valoraciones afirma (numeral décimo tercero de la valoración de la prueba: "...la normativa procesal existente establece que en los litigios referentes al Derecho de la Propiedad en el caso de la usurpación, solo podrán ser resueltos por los tribunales civiles, se estima que en el caso sub judice, existe prueba sobreabundante, en determinar que la acusado en ningún momento a la fecha de interposición de la acción penal y desarrollo del juicio oral, tiene o le asiste ningún derecho de propiedad, por el contrario como se ha reiterado, por existir documentos públicos autorizados por Notarios como federatarios de los actos ante ellos verificados se tiene plenamente acreditado de que el señor O. Z. V. le vendió la casa de habitación al señor C. H. M. O. sin que tenga, por ser imposible y no poseerlo, la señora M. L. C. documento alguno a su favor que demuestre lo contrario..." Valoración que hace el Tribunal del elemento de prueba documental de Demanda Reivindicatoria de Dominio entablada por C. H. M. O. Al respecto hacemos énfasis en dos aspectos que afirma el Tribunal A-Quo: 1- Que a la acusada no le asiste ningún derecho de propiedad por no tener un documento de propiedad. 2- Hay documentos autorizados por Notario (dándole un valor asignado por una tarifa legal) que acreditan que Omar Zacarías Villanueva vendió a C. H. M. O. y de lo anterior afirma que no es aplicable lo establecido en párrafo último del artículo 54 del Código Procesal Penal. Consideramos errónea la valoración y violatoria a las reglas de la sana crítica, en concreto a la Ley de la derivación, de la cual se extrae el principio de la razón suficiente por las razones siguientes: No discutimos en el caso de autos, que el bien jurídico protegido por el DELITO DE USURPACION es la propiedad, y que conlleva el tranquilo disfrute de las cosas inmuebles, y, no es menos cierto que en casos como el que nos ocupa la ley brinda soluciones diferentes a las penales como lo es, el caso de demanda de reivindicación, que ejerció el señor C. H. M. O., prueba que finalmente no es cuestionada, por lo tanto se le concede valor. Ha considerado el Tribunal que está probado el derecho patrimonial de Carlos Hernán Mejía Ochoa, al contar con un instrumento público, contrariando como abundantemente se ha relacionado que el Tribunal reconoce que hay un instrumento público a favor de O. Z. V. M. que fue autorizado como Compraventa, que es éste precisamente que quien obtuvo el inmueble Carlos Hernán Mejía Ochoa, pero el contrato que en ese momento se realizo fue un préstamo, entendido que en el contrato de préstamo con respecto a la garantía no se transfiere el dominio solo sirve, reitero, de garantía, y que de acuerdo a la normativa civil los hechos anteriores de conformidad al Código Civil también tiene solución destinada a la solución del conflicto. De acuerdo a lo anterior se le ha negado a la acusada, y su esposo el derecho a un juicio ejecutivo para determina la concreta cantidad adeudada, que el remate del inmueble se haya efectuado en un pública subasta, todo al efectuar un contrato simulado de compraventa, de tal manera que aun sin contar con un título de propiedad inscrito a su favor, de acuerdo a la prueba valorada en su conjunto y al cual se le ha dado credibilidad, se puede afirmar que en efecto hay un conflicto en la propiedad del inmueble a dilucidarse por la vía civil, es más El contenido del Decreto-Ley No. 14 del 9 de enero de 1973, que para los efectos de lo argumentado transcribimos lo conducente de su reglamento contenido en el Decreto No 37 del 16 de enero de 1973, que rige a los Prestamistas no bancarios (que es reconocido por el Tribunal) sobre este aspecto establece: "Artículo 6. Cuando en los juicios promovidos con base en contratos de préstamos el demandado alegue en cualquier estado del juicio que se trata de un crédito usurario, el Juez deber resolver previamente sobre ese extremo, cualquiera que sea el título o documento con que se acredite el contrato....", “... En la resolución de estos incidentes el Juez no estar sujeto a la tarifa legal de pruebas y, por lo tanto, formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba." Si es así como se denota de la valoración de la prueba en general, solo podemos concluir que no basta contar con un instrumento público por parte de una persona que se considera afectada, por la posesión de un tercero y la negativa de ésta a desocuparlo, para que con ello se esté descartando un conflicto en la propiedad, ya que se ha de considerar el origen de la posesión, puesto que con esa afirmación se volverían típicas, varias conductas: tales como un arrendatario que ocupa un inmueble, y que no lo desocupa al finalizar el contrato de arrendamiento, pese a que el dueño del inmueble lo requiera para su desocupación, no tendría objeto entonces la acción de desahucio; o realizar una acampada en un terreno particular, o pasar por un terreno ajeno, conductas que sin ser plenamente lícitas no tienen el carácter de delictivo que se le da con la interpretación que se determina en la valoración que hace el Tribunal, si no son acciones, como la del caso que nos ocupa, que a lo sumo posibilitan el ejercicio de acciones civiles orientadas a restablecer la integridad o el pacífico disfrute de los derechos patrimoniales. En el presente caso, es claro de lo relatado en los hechos probados como en la valoración de las pruebas que ratifican ese aspecto, que las únicas personas que se han encontrado poseyendo el inmueble son los ahora imputados, quienes desde obtuvieron la ocupación en base a un título de dominio de compraventa a su favor y desde esa época han sido los poseedores, como así lo afirma el Tribunal en el numeral segundo de la valoración de la prueba al afirmar la supuesta ilegitimidad de la ocupación de la ofendida: "...pese haberlo poseído con ese ánimo por más de treinta años.. ", y que el caso tuvo como principio un préstamo que le fuera otorgado por parte del señor O. V. al señor N. G. G., que fuera garantizado con el traspaso de una propiedad de la señora L. M. C. D., todo lo cual se desprende de la valoración del Tribunal del resto de la prueba, y posteriormente del cual se efectuó el traspaso en venta a favor del señor C. H. M., pero que si bien es cierto hay una ocupación de mis representados la han efectuado desde que adquirieron el bien por compraventa que le efectuarán al señor J. C. V. no fue ni posterior, ni violenta, ni ilegal, lo que se disputa ahora es la legitimidad de los traspasos y los pagos que efectúo mi representado al señor a. Z. V. V., y el reclamo de la posesión que efectúa C. H. M. O., como consecuencia de la compra que efectuará. En consecuencia haciendo una interpretación coherente, y de acuerdo a la fundamentación fáctica es claro que la conclusión plasmada por el Tribunal no es válida y violatoria a las reglas de la sana crítica, (principio de la razón suficiente). Y considerando entonces, que en el presente caso, la solución es distinta a la penal, el supuesto ofendido del delito, inició la acción que corresponde (principio fragmentario del derecho penal), que es la demanda reivindicatoria de dominio, Es claro entonces que es aplicable y congruente la aplicación del artículo 54 párrafo último del Código Procesal Penal, al caso sub judice. La defensa se siente agraviada por los vicios descritos, ya que al dictarse la sentencia impugnada se cometieron errores in procedendo en la forma ya descrita en los literales que anteceden, que vician el fallo, constituyendo en definitiva la violación a las reglas de la sana crítica falta de fundamentación, y por haberse producido dichos vicios en el acto de dictar la sentencia, no se ha efectuado en consecuencia la reclamación alguna para la subsanación de los mismos, sin embargo conllevan a la violación de derechos fundamentales de la parte que represento para llevar al convencimiento de la justicia de la decisión adoptada, entre ellos el carácter de jurisdiccionalidad (Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República) lo que exige como desarrollo de ese carácter de jurisdiccionalidad surge la necesidad de motivación; el Principio de Legalidad (Art. 69 de la Constitución de la República en relación al artículo 338 CPP), como requisito indispensable de la decisión judicial, Así mismo la necesidad de motivación de las resoluciones judiciales, deriva también del Derecho de Defensa y de la Tutela Judicial Efectiva (art. 82, 90 de la Constitución de la República). La motivación de una resolución judicial penal es un derecho fundamental que forma parte de la tutela judicial efectiva a que alude el arto 82 de la Constitución, interpretado sistemáticamente en relación con el arto 7.2.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. PRETENSION: Por lo antes expuesto procede que se case la sentencia recurrida, por ser un acto realizado de manera irregular, toda vez que no observo las reglas de la sana crítica, y siendo que la estimación del presente motivo determina la nulidad de la sentencia, por lo tanto solicito, se Ordene, la devolución de los antecedentes al Tribunal de Sentencia, que deberá ser distinto, en aras de mantener imparcialidad, para que el juicio sea substanciado nuevamente de conformidad con la ley. RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LOS PROCESADOS L. M. C. D. Y N. G.G., ARGUYENDO QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL DICTAR SENTENCIA CONDENATORIA HA INOBSERVADO LAS REGLAS DE LA SANA CRITICIA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362 No. 3) PARRAFO IN FINE DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- Argumenta el recurrente que en la fundamentación intelectiva de la prueba el A Quo aplica erróneamente las reglas de la sana crítica. Concretamente señala que la valoración de las declaraciones rendidas por los señores Z. V. D., O. Z. V. M.y L. M. C. D., no obstante darles validez, se confrontan con el instrumento público de compraventa, de tal manera que lo realmente celebrado en el año dos mil fue un contrato de préstamo a favor del señor N. G. G., garantizado con la propiedad de la señora L. M. C. D. por la suma de Doscientos Mil Lempiras; asimismo el contrato de promesa de venta sobre el mismo inmueble suscrito por el señor N. G. G. en fecha ocho (8) de septiembre de dos mil cuatro (2004) con el señor O. Z. V. G., no era otra cosa que una especie de refinanciamiento de la deuda a fin de recuperar el inmueble dado en garantía. Señala que al confrontar el instrumento público de compraventa con la declaración de los testigos en mención, concluye que: 1) el contenido del instrumento público otorgado por Laura María Castillo Díaz, realizado como contrato de compraventa, era realmente un contrato de préstamo, y que el contrato de promesa de venta era una especie de refinanciamiento a fin de recuperar el inmueble, hechos que considera ilegítimos, en tanto que la compraventa, hipoteca, promesa de venta y el refinanciamiento son contratos diversos y varían en cuanto al: Consentimiento de los contratantes, objeto cierto que sea materia del contrato, causa de la obligación que se establezca; 2) Que al no existir correspondencia entre el instrumento público y el hecho afirmado por los testigos y otorgantes del contrato que dio lugar a la transacción entre O. Z. V. G. y M. L. C. D. no puede darse plena eficacia probatoria para los efectos penales, al Instrumento público en referencia; 3) Que aunque el Tribunal de Instancia no puede declarar la nulidad del instrumento público relacionado, su efecto en los hechos debatidos no puede ser soslayado del resto de material probatorio que le da plena eficacia jurídica, con la sola fundamentación de que se trata de un instrumento público debidamente inscrito, puesto que rige el sistema de la sana crítica; 4) Que si se analiza el instrumento público en referencia, se consigna el precio de la venta por la supuesta cantidad de Mil Lempiras, de ahí que el Censor se pregunta ¿entonces como puede afirmarse que el préstamo que se concedió inicialmente fue de Doscientos Mil Lempiras?, de ahí que el Juzgador incurre en una valoración errónea de la prueba ya que concede a hechos diversos la misma credibilidad. De este modo, el Juzgador ha incurrido en violación a las reglas de la sana crítica, concretamente de los principios de identidad y no contradicción, exigiendo el primero, que toda noción empleada en el razonamiento tenga una sola y misma significación; y, el segundo que: si un juicio A del sistema de juicios que forman el razonamiento es verdadero (es decir que es válido y sin vicios de nulidad de un instrumento público de compraventa), no puede ser verdadero en ese sistema un juicio que contradiga al juicio A (testigos que afirman que el acto realizado entre las partes que suscribieron un contrato realmente fue un préstamo documentado como una compraventa). Señala que el A Quo viola la ley de identidad e incurre en contradicción al aceptar: a) Que de una transacción realizada entre dos personas se autorizó en un instrumento público como contrato de compraventa, el cual dice ser de valor y sin vicios de nulidad; b) Que a partir de las declaraciones testifícales tiene por probado que la transacción que se estaba realizando era una préstamo, en consecuencia carente de los requisitos propios de un contrato de compraventa. Reprocha que el A Quo fija su conclusión en el numeral uno de los hechos probados de la cual extrae dos afirmaciones contradictorias, y con falta de identidad y coherencia lógica. Alega que el Juzgador da credibilidad a elementos de prueba que se contradicen entre sí, lo que viola las leyes de identidad y no contradicción, propias de la sana crítica. Afirma que el A Quo viola la regla de derivación, ya que no podía haber concluido lo que fijó en los hechos probados. Al respecto hace énfasis en dos aspectos que afirma el Tribunal de Instancia: 1.- Que a la acusada no le asiste ningún derecho de propiedad por no tener un documento de propiedad. 2.- Que existen documentos autorizados por Notario (dándole un valor asignado por una tarifa legal) que acreditan que O.Z. V. vendió el inmueble a C. H. M. O. Considera errónea tal valoración por ser violatoria a las reglas de la sana crítica, de la derivación, de la cual se extrae el principio de la razón suficiente en tanto no discute que el bien jurídico del delito de usurpación de la propiedad, conlleva el tranquilo disfrute de las cosas inmuebles, pero que no obstante la ley brinda soluciones diferentes a las penales como la demanda de reivindicación, que interpuso el señor C. H. M. O. Concluye que por lo anterior se le ha negado a la acusada y su esposo el derecho a un juicio ejecutivo para determinar la concreta cantidad adeudada, que el remate del inmueble se haya efectuado en un pública subasta, toda vez que se ha celebrado un contrato simulado de compraventa, de tal manera que aun sin contar con un título de propiedad inscrito a su favor, de acuerdo a la prueba valorada en su conjunto y a la cual se le ha dado credibilidad, se puede afirmar que en efecto hay un conflicto en la propiedad del inmueble a dilucidarse por la vía civil. Esta Sala de lo Penal considera importante recordar que el razonamiento lógico del Juzgador al efectuar la valoración de la prueba está sujeto al control a través del examen casacional. En consecuencia, el Tribunal de Casación, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, -porque en virtud del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí, en consecuencia su juicio de valoración debe ser razonable-, debe someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. En el caso de autos se atribuye a los imputados L. M. C.D. y N. G. G., la comisión del delito de USURPACION, tipificado en el artículo 227 del Código Penal, al tenor del cual se establece que “quien usurpe un bien inmueble o un derecho real será sancionado con reclusión de dos (2) a cuatro (4) años..”. Ciertamente la descripción que nos ofrece el artículo antes citado en torno a la figura de la usurpación es bastante escueta, sin embargo la doctrina científica contribuye a dotar de contenido a la misma. En este sentido se afirma que la acción de usurpar comporta la del despojo. El concepto de despojo da la idea del hecho en relación con la persona a la que se desplaza. El despojo se caracteriza por una doble consecuencia: de una parte, el poseedor, tenedor o sus representantes deben resultar desplazados o excluidos de su ocupación; de otra, el usurpador ha de estar en condiciones de permanecer en la ocupación. Las consecuencias señaladas puede lograrlas el autor invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a sus ocupantes ... se despoja penetrando y expulsando al sujeto pasivo o a sus representantes o impidiéndoles la entrada, si en el momento de la invasión estaban ausentes. También cumple la acción típica quien estando ya en el inmueble a un título que no le confiere su tenencia, se mantiene en él o expulsa a sus ocupantes ..."vid. Fontán Balestra (Carlos), en "DERECHO PENAL, PARTE ESPECIAL", Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires. 8ª edición, 1978, páginas 396 y 397. Por su parte, el jurista CUELLO CALON, explica que los preceptos relativos al delito de usurpación tienen por fin la protección de la propiedad inmueble y el disfrute de los derechos reales contra actos de violencia o intimidación o desprovistos de éste carácter. (vid. CUELLO CALON, EUGENIO, Derecho Penal, Tomo II (Parte Especial), Volumen II, 14ª edición, revisada y puesta al día por C. C. H., Bosch, Casa Editorial S.A., Barcelona, 1982, págs. 911 y ss). En el caso súbjudice la Defensa alega que una valoración conjunta y armónica de la prueba producida permite arribar a la conclusión de que entre la acusada L. M. C. D. y el señor O. Z. V. M. tuvo lugar la celebración de un contrato simulado, que en apariencia era un contrato de compraventa de un inmueble, cuando en realidad era un contrato de préstamo, mismo que había sido otorgado por el padre del “comprador”, esto es, el prestamista no bancario Z. V. D., de tal manera que la cuestión referente a la propiedad de dicho inmueble cuya entrega exige ahora el señor C. H. M. a los imputados, por la venta que en escritura pública le hiciera el señor O. Z. V. M., debe ser dilucidada en la jurisdicción civil, permitiendo así que el acreedor persiga mediante el juicio ejecutivo correspondiente el crédito que pudiera tener a su favor y por ende correlativamente en contra de la encausada L. M. C. D. Esta Sala de lo Penal considera pertinente señalar que la calificación jurídica de los contratos en caso de conflicto o duda, es una labor que corresponde efectuar a los Juzgados y Tribunales, con independencia de la calificación que las partes les atribuyan. En este sentido, habrá que habrá de estarse al contenido real, es decir, que habrá de realizarse de conformidad con el contenido obligacional convenido y el protagonismo que las partes adquieren, con prevalencia de la intención de las mismas sobre el sentido gramatical de las palabras, al tener carácter relevante el verdadero fin jurídico que los contratantes pretendían alcanzar con el contrato. Todo ello debe entenderse además sin olvidar que la calificación contractual constituye una función atribuida fundamentalmente al juzgador de instancia, la cual debe prevalecer en casación a menos que sea ilegal, o incida en error patente, arbitrariedad, o irrazonabilidad por no ajustarse a las reglas de la lógica que no son otras que las del correcto entendimiento humano. Partiendo de esta premisa, las cláusulas del contrato y el verdadero fin jurídico de las partes nos llevan a la conclusión de que nos hallamos ante un contrato de préstamo con garantía real y pacto comisorio, lo cual es evidente cuando, como en el caso presente, y como lo admiten ambas partes, esto es, la señora L. M. C. D. y el señor O. Z. V. jamás pretendieron vender por un lado ni comprar por el otro, y por ende, transmitir el derecho de propiedad (ni siquiera la posesión), sino garantizar un préstamo. Los sujetos de los negocios jurídicos no vendían ni compraban, sino que la función objetiva de los mismos -es decir, la causa- era la garantía de un préstamo, lo cual era evidente a la vista de los hechos admitidos y del documento privado de “promesa de venta” posteriormente suscrito entre el señor O. Z. V. y el esposo de la señora C. D., el coimputado N. G. G., en virtud del cual se desprende que tenía por objetivo evidente la refinanciación de la deuda contraída con el padre del “comprador” putativo o aparente O. Z. V.. Por tanto, se trataba de un negocio jurídico simulado, compraventa, con simulación relativa, en el sentido de que encubría un préstamo con garantía y la garantía era, nada menos, que el hijo del acreedor hacía definitivamente suyo el inmueble objeto de controversia si la deudora no devolvía el capital prestado y sus intereses, lo cual no es otra cosa que el pacto comisorio, consistente en que el acreedor hace suya la cosa si se incumple la obligación, lo que resulta contrario al ordenamiento jurídico al tenor de lo dispuesto en los artículos 2086[1], 2116[2] y 2179[3] del Código Civil. Así las cosas, esta Sala considera que el Tribunal A Quo incurre en una valoración probatoria que no resulta coherente ni armónica, puesto que por un lado estima que entre la acusada L. M. C. D. y el señor O.Z. V. M. se celebró un contrato de compraventa sobre un inmueble propiedad de la primera, lo cual conlleva que la voluntad de la vendedora tendría que haber sido la de vender y con ello transferir el dominio de un bien raíz de su pertenencia, y la del comprador aparente, adquirir la propiedad de la cosa pagando un precio por ella; mientras que por el otro, concluye que la causa del contrato era en realidad garantizar un préstamo otorgado por el padre del aparente comprador, esto es, el prestamista no bancario, Z. V. D. Ambas afirmaciones producto de la valoración probatoria efectuada por el Tribunal de Instancia no resultan coherentes ni armónicas entre sí, pues vulneran el principio lógico de no contradicción que se expresa en los siguientes términos: “Dos juicios opuestos entre sí contradictorios no pueden ambos ser verdaderos”; de ahí que, o nos encontramos ante un contrato de compraventa de un inmueble en virtud del cual el vendedor transfiere la propiedad de la cosa a favor del comprador a cambio de un precio cierto, o ante un contrato de préstamo en razón de lo cual el inmueble se constituye como una garantía para el pago de la deuda, de tal manera que el acreedor o un tercero no puede hacerse de la cosa unilateralmente y pagarse con ella, y adquirir de ese modo su propiedad en caso de incumplimiento, debiendo seguir para el cumplimiento forzoso de la obligación el procedimiento judicial que para tales efectos prevé la ley. A modo de conclusión podemos afirmar que el Juzgador ha inobservado en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica, concretamente del principio lógico de no contradicción, lo que conduce a estimar el motivo por quebrantamiento de forma desarrollado por la Defensa de los procesados L. M. C. D. y N. G. G.- MOTIVO SEGUNDO: No HABER DECLARADO POR PARTE DEL TRIBUNAL SENTENCIADOR, LOS HECHOS EN FORMA CLARA, TERMINANTE Y SER CONTRADICTORIA TAL RELACIÓN DE HECHOS. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 Numeral uno del Código Procesal penal. DESCRIPCION DEL VICIO: Para los efectos de este motivo se considera infringido el Artículo 338, cuarta regla, numeral uno del Código Procesal Penal; que dice: "1) Declaración de hechos Probados. En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse". Como se determina en las lecciones de capacitación de Jueces, de las cuales transcribo algunos párrafos, La fijación de los hechos probados fundamenta el fallo en cuanto concreta el objeto de la valoración jurídica. La declaración de los hechos probados constituye -corno la caracteriza El Abogado P. M.- «... el cimiento, "el arranque", de la sentencia penal.... ». Es un presupuesto necesario del fallo, porque mediante ella se fija judicialmente la reconstrucción de lo sucedido, y constituye la base sobre la que se construirá el tratamiento (subsunción) jurídico del caso debatido en el proceso; pero no integra propiamente la motivación de su decisión. Las transacciones entre las personas son, también, un hecho, y ciertamente relevante para la reconstrucción y el tratamiento jurídico del caso, que debería incluirse en la declaración de hechos probados, aunque descrita en forma jurídicamente pero «...sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse....». La declaración de los hechos probados tienen requisitos: a) Ha de hacerse de forma expresa y terminante. Se proscribe, de este modo, la fijación de hechos probados (o su negación) esto es, por pura y simple remisión global a los hechos alegados por las partes acusadoras o por la Defensa; la «verdad judicial» ha de quedar declarada sin lugar a dudas; se prohíbe, de este modo, «... hacer uso de expresiones dubitativas que infundan al equívoco.... », como lo ha hecho el Tribunal desde la consideración primera de los hechos probados. Por eso, procederá el recurso de casación por quebrantamiento de forma, a tenor del artículo 362.1 CPP, «... si la declaración [de los hechos probados] no es terminante... [porque] en ella se pone de manifiesto indecisión por parte del Tribunal, como en este caso que afirma el Tribunal en el numeral uno que la transacción realizada fue una compraventa, pero al mismo tiempo afirma que lo que realizaron fue un préstamo. b) La descripción de los hechos que se declaran probados ha de hacerse 1. Con claridad Para ello, como explica G. D., el discurso tendrá que ser, por su expresión literaria, «... fácilmente comprensible, evitando que, por la utilización de frases inintelegibles se produzca cierta incomprensión de lo que realmente se pretendió manifestar...». 2. con precisión Las palabras empleadas en la descripción han de ser precisas que el significante elegido se corresponda inequívocamente con el objeto que se quiere significar. 3. con coherencia La reconstrucción de lo sucedido habrá de tener coherencia interna desde el punto de vista meramente lógico. La inclusión de hechos entre sí contradictorios, impide conocer con la imprescindible seguridad cuál es la «verdad judicialmente declarada». La declaración de hechos -explica G. L.- « ... debe ser coherente, sin que exista tal contradicción en el relato, que los hechos sean irreconciliables y antitéticos, de forma que la afirmación de uno implique la negación del otro, y que la contradicción sea tan manifiesta, patente e insubsanable que ni siquiera con la integración de otros pasajes del relato pueda rehacerse la comprensión; o bien que afecte a partes esenciales del silogismo judicial de modo que pongan de manifiesto la incongruencia existente entre lo que se acuerda y sus antecedentes fácticos....». 4. sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse. Se procura, de este modo, garantizar la neutralidad lingüística del mensaje comunicativo que es, en definitiva, toda sentencia. Dicho lo anterior, la defensa, acreditará de manera convincente que el Tribunal de Sentencia en abierta confrontación de los requisitos enunciados, incurrió en un vicio in procedendo que invalida la sentencia impugnada, siendo dichos vicios fundamentales en las conclusiones arribadas por el Tribunal para decidir la condena de los imputados.- Explico detalladamente los aspectos en los que argumentamos el presente motivo: 1° La sentencia impugnada declara expresa y terminantemente probado: "PRIMERO: El diez (10) de julio del año dos mil (2000) en la ciudad de Siguatepeque, Comayagua, la señora L. M. C. D. traspaso en venta su casa de habitación, sita en el Municipio de Concepción, Intibucá al señor O. Z. V. M., y ante los oficios del Notario J. A. L. del Cid, inscrita dicha venta bajo el número noventa y siete (97) del Tomo Doscientos Cuarenta y Nueve (249) del Registro de la Propiedad y Mercantil del Departamento de Intibucá. Venta que operó con la intención de que la señora C. D. pagara un préstamo de dinero que le había otorgado el señor Z. V. D., en su condición de prestamista no bancario aconteciendo que al no poder pagar, su esposo el señor N. G. G. en fecha ocho (8) de septiembre del dos mil cuatro (2004) suscribió y firmo con el señor O. Z. V. G., un documento de promesa de venta sobre el mismo inmueble, y que en vista de no poder honrar dicha deuda el dueño la traspaso a otra persona. SEGUNDO: Posteriormente y como se ha descrito en el número anterior el día ocho (8) de febrero del año dos mil seis (2006) el señor O. Z. V. M., por ser el legítimo propietario vendió el inmueble descrito por una suma de doscientos veinte mil lempiras al señor C. H. M. O., transacción que se verifico ante los oficios del Notario O. E. M. P. Y que está inscrita a su favor bajo el número cuarenta y nueve (49) del Tomo cuatrocientos veintisiete del Registro de la Propiedad y Mercantil del Departamento de Intibucá. TERCERO: Ulteriormente a la fecha reseñada en el numeral anterior, el señor C. H. M. teniendo conocimiento de que la señora L. M. C. Y su compañero de hogar el señor N. G. G. quienes tienen un vínculo de parentesco por afinidad con el señor Z. V., seguían habitando o viviendo en la casa que había comprado procede a intentar desalojarlo mediante comunicación previas, obteniendo siempre una negativa absoluta y resistencia total de su salida, impidiendo con esa actitud, la posibilidad incluso de poder ingresar a la propiedad que le pertenece o disponer de ella como su legítimo propietario. 2° Relato las incongruencias: El vicio denunciado en el presente motivo se genera en principio de la redacción del hecho primero declarado probado, que contienen una serie de contradicciones, afirmando dos hechos que son a la vez irreconciliables, de forma que la afirmación de uno implica la negación del otro, afectando partes esenciales del silogismo judicial, me explico: A fin de evidenciar la inducción realizada por el Tribunal, planteamos su conclusión como un silogismo, es decir, la comparación de dos conceptos mediante la cual creemos o afirmamos la relación de uno con respecto al otro, para ello divido el hecho en dos partes veamos: "El diez (10) de julio del año dos mil (2000) en la ciudad de Siguatepeque, Comayagua, la señora L.M. C. D.traspaso en venta su casa de habitación, sita en el Municipio de Concepción, Intibucá al señor O. Z. V. M., y ante los oficios del Notario Jorge A. López del Cid, inscrita dicha venta bajo el número noventa y siete (97) del Tomo Doscientos Cuarenta y Nueve (249) del Registro de la Propiedad y Mercantil del Departamento de Intibucá" Al respecto es preciso verificar que en dicho instrumento público relaciona que comparece L. M. C. D. (VENDEDOR) otorgando un contrato de compraventa a favor de O. Z. V. M. de un inmueble ubicado en el Municipio de Concepción, Departamento de Intibucá, por un precio de L.1000.00, que la primera manifiesta haber recibido a su entera satisfacción y que han sido entregados por el segundo, por lo cual se ha desapoderado del dominio, posesión, etc. Sobre el inmueble. De lo anterior obtenemos el silogismo: La compraventa implica el pago de un precio (causa, lo cual esta afirmado en el instrumento público relacionado) M. L. C. D. recibió Mil Lempiras como precio de O. Z. V. G. (de lo que se extrae del documento público relacionado) Por lo tanto, realizo un contrato de compraventa con Omar Zacarías Villanueva Gámez (que concluye el Tribunal) En el segundo apartado del hecho probado que dice: "Venta que opero con la intención de que la señora C. D. pagara un préstamo de dinero que le había otorgado el señor Z.V. D., en su condición de prestamista no bancario...", podemos deducir otro silogismo: Contrario a lo afirmado en la primera parte, aquí el Tribunal afirma que esa venta era garantía de un préstamo, es decir que la intención del contrato fue que M. L. C. D. garantizara un préstamo, es decir que identifica ahora a la señora C. D. como persona que garantizaba un préstamo, no que vendía, y que ese préstamo lo otorgaba Z. V. D. a quien identifica como la persona que entrego el dinero, pero no como precio, si no como préstamo por ser prestamista no bancario, no teniendo nada que ver O. Z.V. G., según esta afirmación, a quien antes identifica como COMPRADOR. Veamos ahora esa afirmación, como un silogismo: La compraventa implica el pago de un precio (causa , lo cual esta afirmado en el instrumento público relacionado) M. L. C. D. recibió un préstamo de dinero otorgado por el señor Z. V. G. (de lo que se extrae del hecho relacionado) Por lo tanto, realizo un contrato de compraventa con O. Z. V. G.(que concluye también el Tribunal A-Qua en el mismo hecho) Evidenciamos que el Tribunal A-Quo, fija una conclusión errónea en los hechos declarados probados, que finalmente se platean como conclusión no válida, no pudiéndose afirmar en consecuencia una declaración de hechos probados terminante, sin que quede duda de lo afirmado, porque entonces como hemos de entender si era una compraventa o un préstamo lo que género que doña M. L. C. D., se viera privada de la legitimidad o no de poseer el inmueble. Como consecuencia de la anterior y errónea fijación del numeral primero el Tribunal A-Qua en el numeral segundo de los hechos probados determina: "SEGUNDO: Posteriormente y como se ha descrito en el número anterior el día ocho (8) de febrero del año dos mil seis (2006) el señor O. Z.V. M., por ser el legítimo propietario vendió el inmueble descrito por una suma de doscientos veinte mil lempiras al señor C. H. M. O., transacción que se verifico ante los oficios del Notario O.E. M. P. Y que está inscrita a su favor bajo el número cuarenta y nueve (49) del Tomo cuatrocientos veintisiete del Registro de la Propiedad y Mercantil del Departamento de Intibucá." (Lo resaltado en negritas y subrayado es nuestro) Pese a que el numeral Primero de los hechos el Tribunal afirma que quien entrego el dinero como préstamo a M. L. C. D., fue Z. V. G., y la venta era una garantía, y al mismo tiempo afirma en el numeral segundo que O. Z. V. M. es el legítimo propiedad del inmueble, utilizando LEGITIMO PROPIETARIO, término jurídico, que es prohibido utilizarlo en la declaración de los hechos probados, según la norma legal procesal que se invoca infringida, entonces como se puede afirmar a partir de tal declaración de hechos probados: ¿Quién entrego el dinero? ¿Qué fue el contrato: una compraventa o un préstamo? Si fue un préstamo: ¿Es legal que aparezca O. Z. V. M., como comprador de un propiedad que solo garantizaba un crédito?, Si quien entrego el dinero fue Z. V. D.: ¿Es legal la propiedad sobre el inmueble de O. Z. V.M.?, son contradicciones que crea la propia fijación de hechos que hace el Tribunal. Veamos ahora que en el numeral segundo de la valoración de la prueba el Tribunal A-Qua establece como una verdad incuestionable que el señor O. Z. V. M. vendió a C. H. M. O. el inmueble, haciendo referencia que la transacción se encuentra inscrita bajo el número 49 del Tomo 427 del Registro de la Propiedad. Ahora bien, en la descripción que hace el Tribunal del medio de prueba relacionado dice "...donde comparecen O. Z. V. G. en su condición de legítimo dueño y vendedor de un lote de terreno sitos en el Municipio de Intibucá, Departamento de Intibucá,..." y afirma también: "... y por otro el compareciente señor C. H. M. O. en su condición de comprador en donde acuerdan la venta por un valor de Mil Lempiras....". Ahora bien, si el instrumento público nominado en la declaración de hechos probados se establece que el valor de la venta es de MIL LEMPIRAS (L.1,000), sin embargo el Tribunal A-Qua en la declaración de hechos probados fija que la venta realizada del inmueble es por DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 200,000.00), ¿Cuáles de las afirmaciones es la correcta? Porque si fuera la primera, el contrato no es legítimo tampoco. Evidenciamos hasta lo expuesto que la declaración de los hechos probados, no son coherentes, ni claros, ni precisos, son por el contrario inequívocos, y no categóricos y sobre aspectos esenciales que conllevan la decisión del Tribunal, puesto que a partir del hecho probado descrito en el numeral uno, el Tribunal sostiene en el numeral primero de la fundamentación jurídica con respecto a la subsunción de dichos hechos en el tipo penal de usurpación dice: "se ha acreditado que la señora L. M. C. D. traspaso en venta pura y plena su propiedad al señor O.Z. V. M., quien luego se la vendió al señor C. H. M.", cuando del mismo hecho no se sabe si afirma una compraventa o un préstamo, afirmando el dolo en el actuar de la señora M. L. C. D. surge desde el momento que "...impide por encontrase despojada de una propiedad que no le pertenece, el poder ejercer el dominio al ahora ofendido C. M....". Con todo lo anterior se demuestra en consecuencia que los hechos probados han sido redactados de forma confusa, dubitativa e imprecisa, con contradictorios entre si, de forma que la afirmación de uno implique la negación del otro, violentando entonces las reglas fijadas en el legislador en el artículo el Artículo 338, cuarta regla, numeral uno del Código Procesal Penal. La defensa se siente agraviada por los vicios descritos, ya que al dictarse la sentencia impugnada se cometieron errores in procedendo en la forma ya descritos, que vician el fallo, y por haberse producido dichos vicios en el acto de dictar la sentencia, no se ha efectuado en consecuencia la reclamación alguna para la subsanación de los mismos, sin embargo conllevan a la violación de derechos fundamentales de la parte que represento para llevar al convencimiento de la justicia de la decisión adoptada, entre ellos el carácter de jurisdiccionalidad (Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República) lo que exige como desarrollo de ese carácter de jurisdiccionalidad surge la necesidad de motivación; el Principio de Legalidad (Art. 69 de la Constitución de la República en relación al artículo 338 CPP), como .requisito indispensable de la decisión judicial, Así mismo la necesidad de motivación de las resoluciones judiciales, deriva también del Derecho de Defensa y de la Tutela Judicial Efectiva (art. 82, 90 de la Constitución de la República). La motivación de una resolución judicial penal es un derecho fundamental que forma parte de la tutela judicial efectiva a que alude el arto 82 de la Constitución, interpretado sistemáticamente en relación con el arto 7.2.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. PRETENSION: Por lo antes expuesto procede que se case la sentencia recurrida, por ser un acto realizado de manera irregular, toda vez que no observo las reglas de la sana crítica, y siendo que la estimación del presente motivo determina la nulidad de la sentencia, por lo tanto solicito, se Ordene, la devolución de los antecedentes al Tribunal de Sentencia, que deberá ser distinto, en aras de mantener imparcialidad, para que el juicio sea substanciado nuevamente de conformidad con la ley. RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LOS ENCAUSADOS L. M. C. D. Y N.G.G. POR CONSIDERAR QUE LOS HECHOS DECLARADOS PROBADOS NO HAN SIDO REDACTADOS EN FORMA CLARA NI TERMINANTE DE TAL MANERA QUE SE ACUSA CONTRADICCION ENTRE LOS MISMOS. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362 No. 1) DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- Habida cuenta que ha prosperado el primer motivo por quebrantamiento de forma desarrollado por la Defensa de los encartados, esta Sala no se pronuncia sobre el presente motivo. CASACION POR INFRACCIÓN DE LEY: IMPUGNABILIDAD OBJETIVA: He interpuesto el presente recurso actuando en mi condición de Defensora y en consecuencia parte interesada y agraviada por la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en fecha diecinueve (19) de febrero del dos mí! diez (2010) según lo dispone el artículo 15, 101 del Código Procesal Penal, en relación a haber dictado sentencia condenatoria contra N. GÓMEZ G. Y L. M. C. D.en el proceso seguido ante este Tribunal por el supuesto DELITO DE USURPACIÓN en perjuicio del señor C. H.M.. Así mismo el objeto impugnable de la casación se encuentra como causa que habilita la interposición del presente recurso al tenor de lo establecido en el artículo 359 y 360 del Código Procesal Penal (CPP en adelante). IMPUGNABILIDAD SUBJETIVA. Se ha considerado como motivos para la interposición del presente recurso de casación los que a continuación detallo: PRIMER MOTIVO: INFRACCIÓN POR APLICACIÓN INDEBIDA DE UN PRECEPTO PENAL DE CARÁCTER SUSTANTIVO. DISPOSICIÓN LEGAL INDEBIDAMENTE APLICADA: Artículo 227 del Código Penal, que establece el delito de Usurpación. PRECEPTO AUTORIZANTE: El motivo se encuentra previsto en el artículo 360 del Código Procesal Penal. DESCRIPCIÓN DEL VICIO: Aplicación indebida de la norma sustantiva contenida en el artículo 227 del Código Penal. El vicio se genera a partir del numeral primero de la declaración de hechos de la sentencia recurrida, que se lee así: "PRIMERO: El diez (10) de julio del año dos mil (2000) en la ciudad de Siguatepeque, Comayagua, la señora L. M. C. D. traspaso en venta su casa de habitación, sita en el Municipio de Concepción, Intibucá al señor O. Z. V. M., y ante los oficios del Notario J. A. L. del Cid, inscrita dicha venta bajo el número noventa y siete (97) del Tomo Doscientos Cuarenta y Nueve (249) del Registro de la Propiedad y Mercantil del Departamento de Intibucá. Venta que opero con la intención de que la señora C. D. pagara un préstamo de dinero que le había otorgado el señor Z. V. D., en su condición de prestamista no bancario aconteciendo que al no poder pagar, su esposo el señor N. G. G. en fecha ocho (8) de septiembre del dos mil cuatro (2004) suscribió y firmo con el señor O. Z. V. G., un documento de promesa de venta sobre el mismo inmueble, y que en vista de no poder honrara dicha deuda el dueño la traspaso a otra persona. SEGUNDO: Posteriormente y como se ha descrito en el número anterior el día ocho (8) de febrero del año dos mil seis (2006) el señor O. Z. V. M., por ser el legítimo propietario vendió el inmueble descrito por una suma de doscientos veinte mil lempiras al señor C. H. M. O., transacción que se verifico ante los oficios del Notario O. E. M. P. Y que está inscrita a su favor bajo el número cuarenta y nueve (49) del Tomo cuatrocientos veintisiete del Registro de la Propiedad y Mercantil del Departamento de Intibucá. TERCERO: Ulteriormente a la fecha reseñada en el numeral anterior, el señor C. H. M. teniendo conocimiento de que la señora L. M. C. Y su compañero de hogar el señor N. G. G. quienes tienen un vínculo de parentesco por afinidad con el señor Z. V., seguían habitando o viviendo en la casa que había comprado procede a intentar desalojarlo mediante comunicación previas, obteniendo siempre una negativa absoluta y resistencia total de su salida, impidiendo con esa actitud, la posibilidad incluso de poder ingresar a la propiedad que le pertenece o disponer de ella como su legítimo propietario". Con base en esos hechos y haciendo un análisis de la norma que se considera infringida por aplicación indebida, se llega a la conclusión de que los mismos no se subsumen en lo establecido EN el artículo 227 del Código Penal, que literalmente establece: "ARTICULO: 227.- Usurpación: Quien usurpe un bien inmueble o un derecho real será sancionado con reclusión de dos (2) a cuatro (4) años... "En primer término y considerando las circunstancias debatidas en el proceso de mérito es preciso, determinar los límites del derecho penal en un Estado de Derecho como el nuestro. El Derecho Penal constituye uno de los medios de control social existentes en la sociedad, se caracteriza por prever las sanciones en principio más graves (pena y medidas de seguridad) como forma de evitar comportamientos que juzga especialmente peligrosos, de ahí que se encuentre reservado al Estado, y ha de limitarse a ofrecer el último recurso, para cuando los demás medios de control social resulten insuficientes. De ahí que el ius puniende encuentre sus límites en principios, entre otros: 1. La utilidad de la intervención penal, 2- Principio de subsidiaridad y carácter fragmentario del Derecho penal, 3- El principio de exclusiva protección de bienes jurídicos, Para los efectos del nacimiento del hecho de la ocupación del inmueble por parte de mis representados, hacemos alusión al segundo de los principios enunciados, por medio del cual se establece que el Derecho penal deja de ser necesario para proteger a la sociedad o una persona en particular, cuando esto puede conseguirse por otros medios, que serán preferibles cuando sean menos lesivos de los derechos individuales. Entra en juego así, el principio de subsidiaridad según el cual el derecho penal ha de ser la última ratio, el último recurso a utilizar a falta de otros medios menos lesivos, así pues, medios no penales, como los civiles, administrativos, etc. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal, constituye una exigencia relacionada con el anterior, y como exigencia de limitar el derecho penal a lo estrictamente necesario, es decir, que el derecho penal no ha de sancionar todas las conductas lesivas de los bienes que protege, si no las modalidades de ataque más peligrosas para ellos como las conductas relacionadas con el apoderamientos o ocupación subrepticio, violento o fraudulento. Ambos postulados integran el llamado principio de intervención mínima. No discutimos en el caso de autos, que el bien jurídico protegido por el DELITO DE USURPACION es el patrimonio, y que conlleva el tranquilo disfrute de las cosas inmuebles... pero ha de ocuparse de aquellos ataques más graves que se presenten en los casos en concreto, contra el bien jurídico protegido. Con respecto al tipo objetivo nuestra legislación y conforme al delito imputado, exige: "quien usurpe un bien inmueble o un derecho real será sancionado con reclusión ",se ha considerado, por el Tribunal A-Qua para determinar la tipicidad del delito supone "quitar a uno lo que es suyo, o quedarse con ello, conducta que implica la concurrencia de un elemento del delito de usurpación por parte del sujeto activo, ha de comportarse como dueño del inmueble o titular de un derecho real..." así pues considera el Tribunal que en el caso Sub Judice determina que "... Laura María Castillo Díaz se ha apoderado sin justificación legal alguna de un bien inmueble de la legitima pertenencia del señor C. H. M. O." determinando a partir de ello "el elemento objetivo del delito de usurpación" y considera igualmente que "...se ha acreditado que la señora L. M. C. D. traspaso en venta pura y plena su propiedad al señor O. Z. V. M., quien luego se la vendió al señor C. H. M." afirmando el dolo en el actuar de la señora M. L. C. D. (motivación primera) surge desde el momento que "...impide por encontrase despojada de una propiedad que no le pertenece, el poder ejercer el dominio al ahora ofendido C.M..." Considerando la declaración de hechos probados descritos en el numeral uno, podemos afirmar, Que no basta contar con un instrumentos públicos por parte de una persona que se considera afectada, por la posesión de un tercero y la negativa de ésta a desocuparlo, para que con ello se esté cometiendo un delito de usurpación, pues la exigencia de la teoría del delito, nos lleva más allá de esa interpretación, ha considerar el origen de la posesión y precisamente a efecto del dilucidar el "apoderamiento sin justificación legal" afirmado por el Tribunal. De la misma declaración de hechos probados se desprende que los acusados han mantenido la posesión del inmueble, desde la primera transacción realizada con el prestamista no bancario hasta la solicitud de desocupación realizada por el señor C. H. M. O., quien conocía al comprar que los acusados seguían ocupando el inmueble que había comprado. De acuerdo al tipo penal, presupone que existe por parte de una persona la ocupación de un bien, en este caso, inmueble que pertenece a otro, precisamente a quien ha despojado de la tenencia. En el presente caso, es claro de lo relatado en los hechos declarados probados, como antes se explica, se han encontrado poseyendo el inmueble, y que el hecho tuvo como inicio un préstamo que le fuera otorgado por parte del señor Z. V. al señor N. G. G., que fuera garantizado con el traspaso de una propiedad de la señora L. M. C. D., no se denota en el inicio y mantenimiento de la posesión de los imputados hechos que denoten ilegalidad, por el contrario de la declaración primera de hechos probados es posible deducir que existen hechos contrapuesto de un instrumento público que contiene un contrato de compraventa y que se trató realmente de un préstamo, circunstancia que debe ser aclarada solo mediante la vía civil. En consecuencia haciendo una interpretación coherente, y de acuerdo a los hechos declarados probados es claro que no se cumplen con los requerimientos de la teoría del delito, en el caso de mérito, puesto que como se ha expresado cuando mis representados comenzaron a ocupar el terreno fue con la intención de poseer el bien comprado, y no por ocupar un derecho ajeno, y que de acuerdo a la declaración del hecho primero, no existía un dolo en su actuar, puesto que en virtud de haber obtenido un préstamo garantizado con un propiedad, lo legal y justo era la espera de un juicio ejecutivo previo. Y en virtud de que la solicitud de desalojo, del inmueble que poseían, no provenía de una autoridad judicial como se determina en el numeral tercero de los hechos robados... Que la interpretación realizada en cuanto a los elementos objetivos y subjetivos del delito de usurpación, lo realiza en relación a la imputada L. M. C. D., sin embargo nada justifica con respecto al actuar del otro imputado, a pesar de ello el Tribunal dictó sentencia condenatoria contra N. G.G. en su grado de complicidad y contra la señora L. M. C.D. como AUTORA, a pesar de que como antes se ha demostrado, no se cumplen con los elementos objetivos ni subjetivos del delito de usurpación en el caso de méritos, lo que evidencia la aplicación indebida de dicha norma penal siendo lo procedente la absolución de los imputados y no su condena como indebidamente se ha aplicado. La parte acusadora privada se siente agraviada por el vicio descrito, en virtud de haberse condenado a los procesados en base a la concurrencia del delito de usurpación, que conforme a los hechos declarados probados no cumple con la totalidad de los requisitos que la ley establece, afectándose con ello la parte que represento. Por ello la parte que represento está legitimada para solicitar la aplicación correcta de la ley en el caso en concreto. PRETENSION: Por lo antes expuesto procede que se case la sentencia recurrida, y se declare que indebidamente se ha aplicado el artículo 227 del Código Penal, ya que a lo que, en realidad, ha lugar es la absolución de los imputados, y en consecuencia se solicita se case la sentencia impugnada y se resuelva de acuerdo a la ley aplicable es decir se ABSUELVA a los imputados N. G. G. Y L. M. C. D., de conformidad a lo establecido en el artículo 339 del Código Procesal Penal, todo en virtud de la interpretación que se pretende del delito en mención”. RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LOS ACUSADOS L. M. C. D. Y N. G. G. FUNDADO EN LA APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 227 DEL CÓDIGO PENAL, QUE TIPIFICA EL DELITO DE USURPACIÓN DE INMUEBLES. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 360 PARRAFO PRIMERO DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- Habiendo prosperado el primer motivo por quebrantamiento de forma expuesto por la Defensa de los encausados, esta Sala no se pronuncia sobre el presente motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 90, 303, 304, de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 202, 360, 362 No. 3) párrafo in fine y 369 del Código Procesal Penal.- FALLA: I.- Declarando CON LUGAR el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, en su primer motivo, interpuesto contra el fallo pronunciado por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en fecha diecinueve de febrero de dos mil diez. II.- Declarando la nulidad de la sentencia condenatoria antes referida y del debate en que se profirió; Y MANDA: I.- Que se repita el juicio oral y público ante un Tribunal conformado por Jueces distintos a los que intervinieron en el anulado, II.- Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales pertinentes.- REDACTO EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- COORDINADOR.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de junio del año dos mil doce.- Certificación de la sentencia de fecha diez de mayo del año dos mil doce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-173-2010.- FIRMA Y SELLO.-

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] El artículo 2086 del Código Civil establece lo siguiente: “aunque el deudor no pague la deuda, no podrá el acreedor disponer de la prenda, ni apropiársela por la cantidad que hubiere prestado sobre ella; y es nulo cualquier pacto que se celebre contra esta prohibición.”

[2] El artículo 2116 del Código Civil prevé: “Es nula la convención que estipule para el acreedor, en caso de incumplimiento del deudor, el derecho de apropiarse los bienes hipotecados.”

[3] El artículo 2179 del Código Civil expresa que: “..la falta de pago no autoriza al acreedor para quedarse con la cosa; debiendo proceder como se dispone respecto de la prenda.”