Sentencia CP-166-10 — Registro 3423
Resumen
El Tribunal de sentencia de la Ceiba, departamento de Atlántida, dicto sentencia absolutoria por los delitos de Violación Especial, Proxenetismo y Amenazas a Muerte, resolviendo en segunda instancia Con Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
I. “El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma. Es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. II. El Ministerio Público señala que el Tribunal de Sentencia en el proceso de valoración del medio de prueba testifical de la niña R. J. R. V., ha violentado el postulado de derivación como componente lógico de la sana crítica; estima que las conclusiones a las que arribó el Juzgador para desmerecer la declaración de la menor son erróneas, las que rebate de la siguiente manera: a) Conclusión Judicial: La menor no pudo saber qué persona le introdujo los dedos en su genitales porque estaba vendada. Criterio de la Censora: La menor explica que identificó al acusado por la voz; b) Conclusión Judicial: la menor declaró de manera contradictoria al señalar que fue agredida por dos personas y luego por sólo una. Criterio de la Censora: Conclusión falsa, ya que la menor señaló que fue objeto de agresión por dos personas, incluyendo el acusado; c) Conclusión Judicial: Sólo una persona introdujo los dedos en la vagina de la ofendida. Criterio de la Censora: La menor señaló que dos personas se turnaban para tocarle sus genitales, entre ellos el acusado; d) Conclusión Judicial: La menor al momento de ser evaluada con el Psicólogo identifica a su agresor como un hombre viejo sin referirse al acusado. Criterio de la Censora: De la pericia no se puede extraer juicios intelectivos propios de una declaración testifical; e) Conclusión Judicial: La ofendida no es creíble al no dar fechas de cuando ocurrieron los hechos. Criterio de la Censora: La ofendida es una niña de trece años que se desarrolla en un área rural y por lo tanto no se le puede exigir recordar fechas de manera perfecta. Señala la Censora, que la ofendida no sólo fue coherente en sí misma, sino con el resto de los medios de prueba, por lo que debe de dársele plena credibilidad. III. Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica”. Al respecto se ha señalado que “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp 297-09), también en ese sentido el (fallo de fecha 20 de octubre del 2011 contenido, en el Exp 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp 385-09). En el apartado de la valoración intelectiva el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Intima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la sana crítica; es éste último el que debe de observar el Juzgador Penal Hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En cuanto a la Sana Crítica como Sistema de Valoración de la Prueba, esta Sala ha señalado que en “…la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común…” (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Partiendo de la Doctrina Legal sentada por esta Sala de lo Penal en los fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, del Exp 194-2009, de fecha 30 de noviembre del 2011 contenido en el Exp 297-09, de fecha 02 de noviembre del 2011, en el Exp 242-09 y de fecha 30 de noviembre del 2011 que resuelve el caso del Exp 125-2010, componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el Juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se Juzga, y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por éste hecho son compartidas con las demás personas, aún cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan sólo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del Juzgador no es permitido en la valoración de la prueba, al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El Juzgador deberá de analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno natural. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el Juzgador valora un hecho, considerara el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él por qué lo considera así; 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquel. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no sólo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el Juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i) El Principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" sólo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”; ii) El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto sólo una de ellas lo será. En valoración de prueba un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera; iii) El principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. b) La Derivación: De este se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando; exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. IV. El Motivo es de recibo. A) En el presente caso, la prueba científica ha demostrado la existencia de un hecho que ha lesionado el bien jurídico indemnidad sexual cuya titular es la niña R. J. R. V., siendo el aspecto debatido por las partes la identidad de la persona responsable de éste hecho. B) Ciertamente los delitos en perjuicio de la libertad e indemnidad sexual se caracterizan por su generalizada falta de medio de prueba testifical, centrándose el debate en la declaración de la víctima y en su valoración por parte de los Juzgadores (en especial cuando éste es el único medio para identificar a la persona responsable), misma que debe de realizarse de manera conjunta con la demás prueba que se aporte, ya sea prueba directa o prueba indirecta (indiciaria), la que puede referir sobre aspectos anteriores, relativos o posteriores al hecho; valoración que deberá de realizarse tomando en cuenta: i) El desarrollo intelectual y social de la víctima (desafortunadamente es recurrente que en los delitos de violación especial la víctima sea de baja escolaridad, mínimo desarrollo social y ausente conciencia de autodeterminación, condiciones que son igualmente compartidas con su núcleo familiar); ii) La persistencia en el tiempo del relato incriminatorio de la víctima; iii) La relación entre el sujeto pasivo y el sujeto activo (en especial las relaciones de prevalimiento); iv) Los aspectos derivados de la inmediación: Reglas de la Psicología (lenguaje corporal, tono de voz, espontaneidad o timidez, sencillez o elocuencia, nerviosismo o seguridad, estado anímico, sentido de colaboración o renuencia, memoria, capacidad de percepción, etc.), principios de la lógica (logicidad del relato en sí mismo y coherencia con la demás prueba) y las máximas de la experiencia (comparación del relato con modelos típicos cuyo conocimiento se encuentra dentro de la esfera del profano), al respecto ver fallo de fecha 23 de enero del 2008, en el Exp 014-2007 y fallo de fecha 28 de julio del 2011, en el Exp 060-2010. C) La Sala de lo Penal, al repasar el análisis intelectivo que relazaron los juzgadores a la declaración de la menor ofendida (F. 90 y 90v) aprecia una desacertada conclusión derivada de una divorciada relación con las reglas de la sana crítica. Los Juzgadores demeritan la declaración de la menor señalando que ésta no pudo identificar a su agresor sexual debido a que estaba vendada de los ojos, sin explicar el por qué no ceden mérito cuando la ofendida explica que pudo reconocer la voz de su “Tío” (el acusado) y que por eso asegura que fue éste quien de primero introdujo sus dedos en su vagina; asimismo, señalan los Juzgadores que la declaración de la menor es contradictoria en si misma, sin incluir en esta evaluación el nivel de desarrollo intelectual y social de la menor, lo que puede impedir su capacidad de comunicarse de manera fluida y coherente (Véase que la Testigo L. A. V. B., madre de la menor, revela un limitado desarrollo social, por lo que tiene que recurrir a modismos populares para transmitir sus ideas; si esto es así en una persona de mayor de edad que ha tenido más bagaje social, más acentuado será en relación a su hija menor de edad). El Tribunal de Sentencia además cuestiona que la ofendida haya dado una versión de los hechos al Perito en Psicología y al Perito en Psiquiatría cuando éstos se encontraba realizando sus respectivos exámenes y otra versión al momento de la audiencia de debate, equiparando ambas manifestaciones como declaraciones testificales susceptibles de valoración cuando ello no es así. La Sala de lo Penal ya se ha manifestado al respecto en el fallo de fecha 15 de febrero del 2011, en el Expediente 125-2009, indicando que: “… los dictámenes médico y psicológico en relación con la declaración testifical del señor O. V. no pueden desplegar la convicción de que el responsable del hecho haya sido el encartado, en tanto que los primeros son dictámenes técnicos cuyo propósito principal no es recibir declaraciones testifícales que puedan ser apreciadas en juicio en tanto que las manifestaciones informales que una persona pueda ofrecer al médico forense o a un psicólogo, no pueden equipararse al testimonio propiamente dicho que importa algunas formalidades que no son observadas en la clínica de evaluación forense (véase artículos 226 al 238 del Código Procesal Penal) de tal manera que si se pretende dar valor a declaraciones testificales, tendrían que ser aquellas ofrecidas con las formalidades antes apuntadas, lo que no aconteció en el caso subjudice. El propósito de la prueba pericial es, como bien lo acepta la doctrina generalizada, “suplir la ausencia de conocimientos científicos o culturales de los Jueces…”.- Incurre en otra violación del postulado lógico de derivación el Tribunal de Sentencia al afirmar que la menor ofendida debería de recordar fechas a la perfección dado que es una persona normal, determinado así con el Dictamen Psicológico y que por tanto le genera duda el hecho que ésta no haya podido señalar la fecha en que ocurrieron los hechos que se juzgan, exigencia contraria a las máximas de la psicología, por cuanto la condición de normalidad del estado psicológico no conlleva la capacidad de tener buena memoria y en especial la capacidad de retentiva de fechas, máxime cuando la persona examinada es menor de edad, que en suma tiene un bajo nivel de escolaridad y que además precisamente trata de aislar o bloquear aquellos recuerdos que le generan angustia y dolor. Finalmente, el Tribunal de Sentencia incurre en error al señalar que la testigo L. A. V. B. es una testigo de referencia, sin apreciar que si bien ésta reproduce lo que la menor ofendida le contó respecto a los hechos, también informa de circunstancias anteriores que percibió directamente con sus sentidos (testigo directo), como ser el comportamiento del acusado con la menor ofendida y lo que éste respondió cuando la testigo le cuestionó por qué “le estaba haciendo ojitos” a la niña, además respecto al comportamiento adoptado por la menor ofendida cuando ésta tenía “su desarrollo” (Sangrado vaginal), de todo lo cual el Tribunal de Sentencia hace silencio valorativo (F. 91 v). IV. Lo anterior, es sustento suficiente para declarar Con Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su motivo único.”
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de noviembre del año dos mil doce, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los Magistrados: RAÚL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO en su calidad de Coordinador, JACOBO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veintitrés de febrero de dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual ABSOLVIO al señor Á. O. R. V., como autor responsable del delito de VIOLACIÓN ESPECIAL, PROXENETISMO Y AMENAZAS A MUERTE, en perjuicio de la menor R. J. R. V.. Interpuso el Recurso de Casación la Abogada C. G. Z. D., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público. SON PARTES: El Abogado S. C., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y el Abogado M. R. A. E., en su condición de Defensor Público del señor Á. O. R. V., como parte recurrida. HECHOS PROBADOS PRIMERO: En fecha seis de junio del año dos mil nueve, la niña R. J. R. V. en aquel entonces de trece años de edad, fue evaluada en la ciudad de Roatan, Departamento de Islas de la Bahía, por la doctora J. W. de B., presentando R. J. R. V. ruptura antigua de himen, sin lesiones genitales extragenitales ni paragenitales. SEGUNDO: En fecha no determinada es detenido el señor Á. O. R. V., quien es puesto a la orden del Ministerio Público quien presentó requerimiento fiscal. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II. EXPOSICIÓN DE los MOTIVOS DE CASACIÓN: 1. POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: PRIMER MOTIVO: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del artículo 362 del CPP. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: En el caso que nos ocupa, el Juzgador al momento de dictar sentencia absolutoria en fecha 02 de julio del 2009, infringe lo que establece el artículo 202 del Código Procesal Penal: "Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida"; y de manera especifica lo hizo incurriendo en violación a las reglas de la Sana Crítica; transgrediendo la regla de la Razón Suficiente en su elemento de Derivación, en la manera que a continuación desarrollamos. No obstante que de la prueba evacuada en el juicio quedó acreditado que las rupturas himeneales en la víctima, fueron producidas por el señor Á. O. R. V., a quien la menor identifica como su tío (pero que en realidad es primo de la madre de aquella); quien además de abusar sexualmente de ella en varias ocasiones, también la expuso a ese mismo abuso, a cambio de dinero a favor del acusado, para que una tercera persona también de sexo masculino y quien aun no es identificado plenamente por el Ministerio Público, la agrediese sexualmente; todo lo anterior bajo amenazas a muerte constantes a la victima tanto del acusado como también del otro hechor aun no habido en el proceso; todo ello se derivo de la prueba de cargo evacuada en el juicio, que resulto ser suficiente para lograr tal certeza; pero que el Juzgador al momento de valorar el andamiaje probatorio de cargo, se apartó específicamente del postulado de derivación en su apartado de razón suficiente, concretamente la característica de suficiencia. Es por ello que para evitar la impunidad en este caso, se torna de vital importancia que vosotros Honorables Magistrados, revisen el proceso lógico de razonamiento que siguió el Tribunal de Sentencia de La Ceiba al examinar cada una de las probanzas que se le allegaron en este caso en concreto y así evidenciar la inobservancia de las reglas fundamentales de la lógica en los apartados supra indicados, así como las reglas de la psicología y experiencia común; para lo cual desglosamos la prueba de la siguiente manera: Expone el Tribunal en la sentencia de mérito, específicamente en la sección de la valoración probatoria, que la versión de la menor ofendida, le resulta incoherente al ser contrastada con la demás probanza allegada al debate, en los siguientes aspectos: "la niña R. .....manifiesta estar vendada en el momento de los hechos, pero refiere que quien le metió los dedos fue su tío, refiriéndose al acusado, extremo este que para el Tribunal no es creíble, pues si estaba vendada como es que sabe quién es la persona que le metió los dedos, asimismo en su dicho refiere que fue penetrada por dos personas que se le subieron encima, pero posteriormente dice que no; que únicamente uno de ello le metió los dedos, por lo que su declaración a criterio del A quo, se vuelve contradictoria entre sí, aparte de ello, no es una declaración que se mantenga en el tiempo y en el espacio, pues la misma viene cambiando constantemente, ya que también se evacuo el dictamen emitido por el psicólogo O. R. A. A., y en este informe la niña R......le manifiesta al perito que en el vehiculo había un hombre viejo ( véase que nunca en ésta entrevista refiere que el hombre viejo sea el señor Á. O. R. V., tío de la víctima) y el mismo perito manifiesta que la niña, es una persona normal y que por lo tanto puede perfectamente ubicarse en el tiempo y el espacio, siendo posible que pueda recordar fechas a la perfección, lo que o sucede en la presente declaración, pues manifestó no recordar el año en que sucedieron los hechos, situación que unido a las demás contradicciones genera duda al tribunal si realmente los hechos sucedieron como dice la supuesta Víctima....." De este parecer del Tribunal de Sentencia, se infiere que la declaración de la menor ofendida se desvirtúa para efectos de valor probatorio, porque: a) Ella no puede afirmar que fue su tío quien le metió los dedos, porque ella no lo pudo haber visto ya que se encontraba vendada de sus ojos; b) Ella primero afirma que fue penetrada por dos personas y luego dice que no; c) Que solamente una persona le metió los dedos; d) Al momento de ser evaluada por el Perito en Psicología, ella no le refirió que el hombre viejo del cual ella habla se trate de su tío (acusado), e) Sus dicho genera duda si realmente sucedió o no, porque la víctima no recuerda al fecha en que sucedió. El Ministerio Público en su condición de garante de legalidad, no puede compartir tal criterio del A qua, en cuanto a la apreciación que le mereció la declaración de la ofendida, pues ella al deponer en el debate, fue clara y contundente en precisar "que el Señor A. O. R. V., a quien ella identifica como su tío (siendo realmente primo de su madre), la primera vez que la llevó, fue abordada cuando ella caminaba por la Iglesia de Dios, y que un vehículo color negro se paró y ella escuchó que la llamaron por su nombre y que cuando ella volteo a ver, no logro verle la cara, pero que si le dijeron que se montara, ella contestó que porque, pero que igual el hombre la subió al carro; dentro del carro se encontraba su tío O., quien le dijo que si contaba la iba a matar a ella y a su papá y que le iban a hacer lo mismo a sus dos hermanas; el (su tío) la manoseo y escucho cuando este le dijo al otro hombre que no dijera el nombre porque allí iba ella, Su tío le penetró los dedos en su cuerpo y después el otro hombre también y luego su tío nuevamente; el que la subió al carro era el otro que la iba manoseando también,· no recuerda cuanto tiempo duro eso, a ella la llevaban amarrada de la boca para que no gritara; su tío le dijo al otro hombre que le pagara quinientos lempiras por estarla llevando a ella a ese mismo lugar y el otro hombre (a quien la menor identifica como H.) le contestó que estaba bien que iba a pagar los quinientos lempiras (L. 500. 00); después de que pasó eso no recuerda cuanto tiempo paso para que volvieran a llevarla a ese cuarto donde la llevaron; en la calle la amenazaban que no le fuera a contar a nadie. A las interrogantes de la defensa; la ofendida contestó: que no recordaba la fecha en que sucedió eso por primera vez, la llevaron con los ojos tapados, no observaba el lugar donde la llevaban; los dos la manosearon; primero la manoseo su tío; dice que fue su tío porque cuando el se retiraba, nos llamaba a nosotros (la ofendida y el otro hombre) su tío decía que no podía con la cosa (refiriéndose a su pene).- Un día la llamo al baño (de su casa) y el le decía que no podía tampoco porque no le funcionaba.- El también me grito que yo era su mujer cuando el dijo que le iba a dar los L.500.00 ese mismo día me llevo al lugar.- Luego la llevaron un sábado pero ese día no le hicieron nada, solo le dijeron que no le fuera a contar a nadie porque me iban a llevar de allí nomás a matarme. A las interrogantes de los Jueces, "El día que me llevo a ese lugar mi tío me metió los dedos es esta parte de mi cuerpo (señalado la vulva) ella solo sentía que le estaba metiendo el dedo por donde orina, yo solo se que fue el (el imputado); PORQUE EL DIJO YO PRIMERO, LE RECONOCÍ LA VOZ, TAMBIÉN ME TOCO LAS CHICHES cuando se me subieron para tocarme toda, yo sentía uno arriba y el otro estaba abajo mi tío me estaba metiendo el dedo, movía las piernas el me agarró, el otro me quito el brasier y me estaban manoseando y luego sentí que me estaban metiendo una cosa que no era el dedo, sentía una cosa gruesa como la cosa por donde orina el y me dolía bastante no se cual de los dos fue que me introdujo la cosa por donde orina, no recuerda cuando es que comenzó a sangrar bastante". De esta declaración, no se observa contradicción alguna; más bien podemos apreciar Honorables Magistrados, que si tomamos en consideración el tiempo transcurrido entre el momento de los hechos cuando la menor contaba con 13 años de edad (año 2009) al momento del presente debate (2010) ha transcurrido casi un año y ello sin tomar en cuenta desde cuando la menor había venido siendo objeto de abuso sexual; y pese a ello la ofendida ha mantenido incólume su versión de los hechos, afirmando que: - En relación al literal a) contenido en la página 3 de éste escrito, sin duda alguna a quien ella llama su tío O. y quien es el señor A. O. R. V., le tocaba sus partes íntimas, introduciéndole sus dedos; y que pese a estar vendada, pudo saber que éste era uno de los perpetradores del hecho por el sonido de su voz. - Desconoce con certeza porque ella estaba vendada, si fue este o el otro hombre (de quien no se ha identificado su identidad) quien le introdujo el miembro por donde el orina en su parte intima, y que eso le dolió mucho y por ello tuvo mucho sangrado, de lo que se determina en relación al literal b) de la página ya indicada; que la ofendida es clara y contundente en describir que fue un sujeto activo el que la acceso con el pene y que otros abusos que se produjeron con la introducción de los dedos en su orificio vagina. Ella primero afirma que fue penetrada por dos personas y luego dice que no y que solamente una persona le metió los dedos. Esto no es cierto, pues ella fue conteste, en afirmar que ambos la abusaban tanto su tío como el otro sujeto de quien se desconoce aun su identificación, pues refirió que uno se subía sobre ella, mientras el otro se colocaba bajo ella; también refirió que ambos la tocaban cuando sintió que le penetraron por donde ella orina algo que no era un dedo, porque era mas grueso y que por donde el hombre orina y que a ella le dolió mucho y sangro (lo que indudablemente nos evidencia una coautoría). Respecto al literal c) de la página anterior supraindicada, la deposición de la víctima fue precisa y contundente al indicar, que fue tanto su tío (acusado), como el sujeto a quien ella no identifica por su nombre, ambos se turnaban para introducirle sus dedos en la parte intima de la deponente. Que su tío y el otro hombre, hablaban que el segundo le iba a pagar al primero, para que la llevara a ella al lugar que solían Llevarla, para hacerle lo mismo (abusarla sexualmente); Que tanto su tío, como el otro hombre la amenazaban de muerte a ella, si contaba lo que ellos le hacían; o que sino matarían al padre ella y que a sus hermanas les harían lo mismo que a ella. Que otras oportunidades, su tío la amenazaba de muerte aunque en esas oportunidades no le hacia nada (no la abusaba sexualmente). Es por todo lo anterior, que no dudamos que la ofendida haya dicho la verdad ante el Tribunal, máxime que no se ha acreditado en el debate ni en ninguna otra etapa del proceso, que ella tuviese motivos para mentir; credibilidad que se mantiene incólume aún al vincularla con otras probanzas tales como la declaración que rindiese la señora L. A. V. B. (madre de la ofendida), quien si bien es cierto parcialmente es una testigo de referencia, por cuanto de los hechos en si a investigar fueron de su conocimiento a través de su propia hija (víctima), no menos cierto es que ella fue testigo de la que fue la actitud con que su hija le narró los hechos suscitados, y de que ella se entero, por cuanto su hija tenia una sangrado persistente y la llevó al medico y que fue allí donde el doctor J., quien fue quien la atendió, éste le aconsejó que hablara con su hija para que ella le contara lo que estaba pasando y que le dijera la verdad; también la deponente es testigo presencial de que en ocasiones el ahora acusado, le hacía "ojitos" a su hija (víctima) y que la citaba al baño, y un día que ella "lo capto", ella le dijo que respetara que ellos eran familia, contestándole, que a "él le valía y que la familia era mejor"; y que la ultima vez que el llegó a su casa, este le pegó una cachetada a su hija (víctima) y dijo algo como que si ella era su mujer, por lo que ella (la deponente) le preguntó, porque hacia y decía eso y él le contestó que ella (víctima) sabia; y a su hija le "temblaban las carnes", como nervios o miedo, "la cipota tenia miedo hasta de ir a la pulpería; ella miraba a su hija diferente, hubo un tiempo que intentó suicidarse, porque dijo que tenia miedo" y ella (madre) le contestaba "que no que su destino, no estaba destinado"; su hija no continuó la escuela, porque hasta ir allí le daba miedo; después que ella se enteró de todo, le pregunto a su primo (acusado) y él sólo le contestaba que le preguntara a su hija, pero de largo la estaba amenazando. Esta versión de la madre de la ofendida, de la misma manera es corroborada por la testigo Y. V., hermana de la ofendida. En cuanto a la evidente magnitud probatoria de cargo, de ésta probanza el sentenciador exactamente señala que por las falencias de la declaración de la ofendida, tal deposición "no aporta puntos importantes" (ver último párrafo de del apartado de la fundamentación fáctica de la sentencia) cuando aplicando la regla de razón suficiente, se hace patente como ésta deposición es además coincidente con la de la madre de la victima, siendo ésta además descriptiva de sucesos que reafirman la existencia de abuso sexual sufrido por la hija de la deponente, refiriendo igualmente extremos tales como la agresión física (cachetada), insinuación de relación sexual y expresiones verbales de aceptación tácita de los hechos, por parte del enjuiciado, los cuales, aplicando además la regla de la psicología demuestran que la prueba en análisis se erige como una narración plegada de aspectos contundentes que reflejan el miedo de una niña, al estar sometida a tan aborrecibles agresiones por alguien a quien conoce muy bien, por ser integrante de su núcleo familiar. Partiendo de estos medios de prueba, basta con aplicar el proceso intelectivo de analizar la declaración de la ofendida bajo el tamiz de las condiciones de edad, entorno cultural de origen y nerviosismo de la persona que es el sujeto pasivo de una agresión sexual; en el caso concreto, una niña de apenas 13 años de edad, que se ha desenvuelto en un entorno social del área rural. Partiendo de ello, no cabe duda alguna que la ofendida fue objeto de un abuso sexual en varias ocasiones por parte de su agresor y que aunque el A qua estimó que ella no fue tan precisa como ellos hubiesen pretendido (RECORDAR FECHAS DE MANERA PERFECTA), ello relacionado con el literal e) de éste escrito, enfatizamos que no fue porque ella mintiera, sino por que en el momento en que se presenta al Tribunal sigue siendo una niña de 14 años y que al momento de suceder los hechos únicamente contaba con 13 (se acredita con el certificado de acta de nacimiento de la víctima); que viene siendo abusada sexualmente por una persona que integra su núcleo familiar; pero que pese a lo anterior ella es precisa y concreta en su narración en identificarlo como autor de los hechos que ahora se juzgan. Por otro lado es lógico, que no se encuentre en el momento de la evaluación física ningún rasgo de violencia, pues estos abusos sucedieron en días anteriores al momento de la denuncia y la respectiva evaluación física y por otro lado, estas circunstancias han quedado plenamente acreditadas con los resultados de la evaluación psiquiatría y psicológica; así como también los daños psicológicos que como consecuencia de estos hechos ha resultado la víctima; por lo que el Juzgador ha valorado el dicho de la ofendida, como si tuviese la licuación de una persona adulta y con ello demerita el proceso de valoración por cuanto las máximas de experiencia, nos indican que un niño (a) tendrá mayores dificultades para expresarse sobre hechos que representan una experiencia traumática como en el presente caso. Por otro lado el Juzgador diezma valorativamente la declaración de la menor, pues en lo relativo a la pericia psicológica, se establece que la menor es una persona normal y que por lo tanto puede perfectamente ubicase en el tiempo y en el espacio, por lo tanto estima el Tribunal que debe recordar perfectamente la fecha en que sucedieron los hechos y que al no suceder ello, genera duda el dicho de la menor ofendida. Siendo totalmente ajena a las máximas de la experiencia, ésta posición del A qua, respecto a lo que tomo como crucial para los efectos probatorios del caso de merito, pues olvida el Sentenciador, que el objetivo de este tipo de probanza no es ese, sino, tal como lo dejó establecido el perito en psicología Lic. O. A., proyectivas de personalidad, estado emocional de la persona, cómo es, si hay lucidez y coherencia, pero en ningún momento, que mantenga fechas en su memoria, como si eso realmente fuese lo mas importante a deducir de esta pericia por el Tribunal; cuando ha dejado de lado, que este medio de prueba resulta vital, pues de el se deriva que la menor ofendida, por su situación traumática, la cual no puede manejar emocionalmente, trata de evitar recordar los acontecimientos que la hacen sentir vulnerable y así también evita el dolor que ello le provoca; además que su falta de conocimiento sobre sexualidad, no le permite ser comunicativa (basta para ello, darle lectura al acta del debate en la cual se transcribe la declaración de la víctima, y verificar el lenguaje con el cual describe los órganos sexuales tanto de hombre-mujer), es por ello sigue diciendo el perito, que la ofendida narra los hechos de manera aislada. Asimismo preciso el perito, que las conductas de abandono de la escuela, falta de apetito, insomnio, pesadillas, miedo a la sociedad y al ambiente, todas ellas las encontró en la evaluada, y que estas son conductas propias de una persona que ha sido agredida sexualmente; y en el caso especifico de ella, ha sido desencadenado por un alguien relacionado al entorno familiar; lo que de no existir un manejo adecuado de seguimiento psicológico, esto puede desencadenar en conductas que lleven a la niña a abandonar su casa, prostitucion, agudizamiento de conducta agresiva, aislamiento, depresión y suicidio. Finalmente en cuanto al literal d) de éste libelo que contiene el razonamiento del a quo referente a que al momento de ser evaluada por el Perito en Psicología la ofendida, ella no le refirió que el hombre viejo del cual ella habla se trate de su tío (acusado). Esta es una de las cualidades de este tipo de pericia, que no se requiere que haya un sospechoso identificado plenamente, pues de la pericia misma muchas veces y en este caso así sucedió, la pericia enfoca como posible sospechoso a un miembro del entorno familiar, lo cual fue confirmado con la declaración de la menor ofendida y con la pericia psiquiatrita, que fue ratificada por el Dr. L. G. A.; de lo que se hace patente el quebranto de la regla de la concordancia que integra también el postulado de razón suficiente y que impone que a cada medio de prueba, corresponde una inferencia derivativa de la misma, de ahí que de una pericia no se pueda extraer juicios intelectivos propios de una declaración testifical. A título ilustrativo, el Ministerio Público como garante de legalidad, se permite señalar que en cuanto a la afirmación del A quo en la sección de la fundamentación jurídica, atinente a que no se acreditó, que la ruptura de himen de la menor, haya sido provocada con "pene"; esta afirmación definitivamente, tiene sustento probatorio alguno, pues la menor refirió que si fue de esa manera; y de igual forma lo refirió la Dra. J. W. de B. (consta así en el acta de debate, en donde se hace constar la declaración de la perito, específicamente a la pregunta que le hace la Juez Padilla). Para finalizar, otro punto importante a resaltar, es que la menor ofendida manifestó, que su tío (agresor) en varias oportunidades cito que "no podía porque no le funcionaba", frase que bajo las reglas de las máximas de la experiencia, nos indica que ésta persona tiene problemas de disfunción eréctil; entonces nos planteamos la siguiente interrogante ¿Cómo supo la victima, que su agresor tenía este problema fisiológico, si este no se lo manifestó en un momento intimo? ¿Por qué entonces el Tribunal de Sentencia, descarta la versión de la víctima, si este conocimiento de disfunción eréctil del acusado, ella lo conoció debido a los abusos de los cuales ella era objeto? ¿Por qué? el Tribunal de Sentencia, se apartó de las reglas de la lógica, la psicología y la experiencia común, para efectos de concatenar que dado la edad del acusado que son 71 años, es muy probable que por ello éste tenga episodios de disfunción eréctil[1]. Es así que al realizar un análisis de la prueba en conjunto en el caso de merito, podemos apreciar que la declaración de la víctima se reafirma con la prueba pericial allegada al juicio, pero que el sentenciador de manera errónea ha realizado una valoración arbitraria y parcial de la prueba de forma individual, arribando a la conclusión de que los hechos que describe la ofendida no le vierten credibilidad y por lo tanto absuelven al imputado; conclusiones que el Ministerio Público censura bajo ésta vía impugnativa, puesto que las razones que ha establecido el tribunal sentenciador para restarle validez a la prueba de cargo son infundadas, existiendo jurisprudencia al respecto que señala que la declaración de la víctima valorada en conjunto con otra prueba aunque ésta fuera indiciaria constituyen elementos suficientes para destruir la presunción de inocencia del encausado, posición que ha sido plasmada ya en la jurisprudencia nacional, específicamente en el fallo del proceso registrado bajo el número 120-04 de fecha 13 de diciembre de 2004, al indicar que: "El juzgador no solo se ha limitado a valorar el testimonio de la víctima para destruir la presunción de inocencia de los imputados, sino que ha estimado otras pruebas como ser: la pericial consistente en la evaluación médica y las pruebas indiciarias representadas por...". En ese orden de posiciones el Ministerio Público no logra extraer la razón por la cual el sentenciador dejó de valorar el contenido de las probanzas integrantes del andamiaje probatorio de cargo, ya que tanto testimonios son congruentes, precisos y claros, pues estos dichos constituyen una fuente imparcial de conocimiento de los hechos, además de que esta prueba legalmente incorporada, al ser analizada de manera conjunta con los restantes medios probatorios es decir la científica, conduce a la inexorable conclusión que el imputado si perpetró el hecho delictivo por el cual fue enjuiciado; por ende con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Crítica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, el cual esta constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de ellas pruebas que en virtud de ellas se vaya determinando, en virtud que de la probanza antes señalada se desprende sin lugar que: el enjuiciado tocó y abuso sexualmente de la víctima quien es menor de 14 años de edad; así como también facilito a que un tercero, al igual que el, también lo hiciera a cambio de dinero a favor del primero; y por ello aun en ocasiones en las cuales no abusaban sexualmente de la víctima, ella era sometida a constantes amenazas a muerte por su silencio respecto a lo que le estaba pasando; cumpliendo estos hechos, con los elementos de los delitos tipificados en los artículos 140, en su tercer párrafo, numeral 1); 148 Y 206, todos del Código Penal. En consecuencia la Fiscalía, como recurrente es del firme criterio, que se violento en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que le debe merecer al juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, tal y como lo expresa él articulo 202 del Código Procesal Penal que inicialmente hemos señalado, dejando de lado la valoración de prueba de una manera armónica y concatenada; no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto mismo de la sentencia. III. POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL: SEGUNDO MOTIVO: Infracción por violación del artículo 124 de la Constitución de la República, en relación con el artículo 141 literal ch) del Código de la Niñez y la Adolescencia, así como el Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Los preceptos constitucionales, de niñez e internacionales citados como infringidos por violación textualmente dicen: El artículo 124 Constitucional en su parte conducente dice: "Todo niño debe de ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. [...]" El artículo 141 literal ch) del Código de la Niñez y la Adolescencia prescribe: "Un menor se encontrará en situación de abandono o peligro cuando: [...] ch) Sea objeto de acciones u omisiones que tiendan a pervertir su personalidad, tales como promover o facilitar la prostitución o cualquier otra forma de abuso sexual; las ofensas al pudor; las exhibiciones sexuales impropias; la exposición de desnudos que ofendan la decencia pública; el alcoholismo habitual y excesivo; el uso, consumo y tráfico de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas; la práctica de juegos prohibidos o violentos; la entrada a garitos, casas de prostitución u otros sitios inapropiados; al acoso sexual; las incitaciones deshonestas o corruptoras, incluso aquellas que se manifiestan por medio de preguntas y proposiciones irrespetuosas y, en general, todas las incitaciones que afecten el desarrollo psicológico, la dignidad, la autoestima y el sano juicio de los niños. [...]" Por su parte, el precepto internacional enmarcado en el Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño dispone: "El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño." Las condiciones de vulnerabilidad del grupo social que conforma a los niños ha sido una de las razones que ha motivado la creación, tanto internacional como interna, de un conjunto normativo que procure la protección de ese grupo social. Pero la satisfacción de esa exigencia no se agota con la sola creación de un conjunto normativo que regule esas situaciones, es evidente que toda creación de normas implica, para la implementación de su efectividad, un respeto irrestricto a aquellas disposiciones. Esa exigencia nos lleva hasta el hecho de que los organismos estatales, sin importar de que el Poder del Estado emanen, tienen la obligación de tomar sus resoluciones en apego a aquellos preceptos que pretenden garantizar los derechos de los niños. En el presente caso, la resolución emitida por el Tribunal Sentenciador se alza como una puerta abierta al irrespeto de los derechos de los menores, y es así, en tanto que las exigencias mínimas de moralidad de la actividad estatal, se encuentra afectadas al ser disminuidas al extremo de darle visos de legalidad a una vulneración de los derechos de la niña ofendida en la presente causa, generando una apariencia de anulación de los derechos que le asisten, específicamente al derecho de ser protegidos de todo abuso sexual, como parece que sucede en el presente caso al no procurarse la sanción del responsable de una vulneración en los derechos del niño y por consiguiente dejando al desamparo de cualquier protección estatal los derechos específicos de la menor R. J. R. V. Es evidente entonces que en el caso en estudio se está privando de protección a la menor y generando un ambiente de crueldad, en tanto que se permite una situación en la cual se hace burla del derecho de la menor y se le ha instrumentado para efectos de burlar esa protección. La referida protección se expanda a varios ámbitos de la vida del menor, desde el ámbito físico, ya que evidentemente dicha menor fue sometida a tratos depravantes sexualmente hablando, que sin lugar a dudas despliega en la personalidad psicológica de la niña, un futuro sometimiento al sexo pervertido, tal como lo describe la pericia psicológica que se aportó al debate, ya que éste medio de prueba va mas allá que todos los demás, pues nos evidencia el real efecto que ha producido el fallo impugnado como ser: Que el Estado a través del Tribunal de Sentencia de La Ceiba, ha colocado a la menor R. J. R. V., en condición de riesgo social, pues al declarar inocente al acusado, además de quedar impune los hechos de los cuales el andamiaje probatorio nos dice que es responsable; también el Estado le falla a la victima, por su condición de ser una niña, en lo que teóricamente le garantiza la Constitución de la Republica de la Republica; todo ello únicamente porque la menor al momento de ser interrogada por los excelentísimos miembros del Tribunal de Sentencia, no supo responde citando una fecha exacta, como si una persona, aun una persona adulta luego de un evento de abuso sexual, se ira al calendario a verificar la fecha; mucho menos lo hará una niña de 13 años de edad. Desembocando además lo anterior, en una falta de protección de los ambientes mínimos que dispongan los medios que permitan el desarrollo físico, moral espiritual y social saludables, formales y dignos. Para efectos de ilustración nos permitimos transcribir lo que al respecto señala el jurista Juan Busto Ramírez[2]: "...se estima que debe protegerse el libre desarrollo sexual del menor en relación a los mayores, dadas las interferencias que puede sufrir por parte de éstos en cuanto a la estimación de la significación de sus actos. Se trata pues de una circunstancia objetiva que debe ser considerada dentro de los presupuestos del desarrollo de su capacidad de actuación". Para los efectos del articulo 363 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público expresa que la interpretación pretendida del precepto penal relacionado, está orientada a que la Corte Suprema de Justicia decrete que se ha conformado un inobservancia de la obligación estatal de proteger a la menor R. J. R. V., de todo tipo de desamparo ante el abuso sexual del que fue objeto, que se materializa en haberse permitido que la menor sea sometida a un ambiente en el cual se pervierte su personalidad (específicamente en lo que respecta a su vida sexual) afectando el desarrollo psicológico y su sano juicio, y que decir de su implicaciones físicas (cuerpo que no ha terminado de desarrollarse y por consiguiente no apto para esa vida sexual). Así las cosas se afirma que el sentenciador, con su decisión jurídica, ha producido en consecuencia la Infracción del Precepto Constitucional que contiene el Derecho de los Niños a ser Protegido (artículo 124), relacionado con el artículo 141 literal ch) del Código de la Niñez y la Adolescencia, así como el Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño”. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA VEINTITRÉS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ, DENUNCIANDO VIOLACIÓN A LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA; PRECEPTO AUTORIZANTE 362.2, NORMA INFRINGIDA 202, AMBOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma. Es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. II. El Ministerio Público señala que el Tribunal de Sentencia en el proceso de valoración del medio de prueba testifical de la niña R. J. R. V., ha violentado el postulado de derivación como componente lógico de la sana crítica; estima que las conclusiones a las que arribó el Juzgador para desmerecer la declaración de la menor son erróneas, las que rebate de la siguiente manera: a) Conclusión Judicial: La menor no pudo saber qué persona le introdujo los dedos en su genitales porque estaba vendada. Criterio de la Censora: La menor explica que identificó al acusado por la voz; b) Conclusión Judicial: la menor declaró de manera contradictoria al señalar que fue agredida por dos personas y luego por sólo una. Criterio de la Censora: Conclusión falsa, ya que la menor señaló que fue objeto de agresión por dos personas, incluyendo el acusado; c) Conclusión Judicial: Sólo una persona introdujo los dedos en la vagina de la ofendida. Criterio de la Censora: La menor señaló que dos personas se turnaban para tocarle sus genitales, entre ellos el acusado; d) Conclusión Judicial: La menor al momento de ser evaluada con el Psicólogo identifica a su agresor como un hombre viejo sin referirse al acusado. Criterio de la Censora: De la pericia no se puede extraer juicios intelectivos propios de una declaración testifical; e) Conclusión Judicial: La ofendida no es creíble al no dar fechas de cuando ocurrieron los hechos. Criterio de la Censora: La ofendida es una niña de trece años que se desarrolla en un área rural y por lo tanto no se le puede exigir recordar fechas de manera perfecta. Señala la Censora, que la ofendida no sólo fue coherente en sí misma, sino con el resto de los medios de prueba, por lo que debe de dársele plena credibilidad. III. Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica”. Al respecto se ha señalado que “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp 297-09), también en ese sentido el (fallo de fecha 20 de octubre del 2011 contenido, en el Exp 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp 385-09). En el apartado de la valoración intelectiva el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Intima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la sana crítica; es éste último el que debe de observar el Juzgador Penal Hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En cuanto a la Sana Crítica como Sistema de Valoración de la Prueba, esta Sala ha señalado que en “…la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común…” (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Partiendo de la Doctrina Legal sentada por esta Sala de lo Penal en los fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, del Exp 194-2009, de fecha 30 de noviembre del 2011 contenido en el Exp 297-09, de fecha 02 de noviembre del 2011, en el Exp 242-09 y de fecha 30 de noviembre del 2011 que resuelve el caso del Exp 125-2010, componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el Juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se Juzga, y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por éste hecho son compartidas con las demás personas, aún cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan sólo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del Juzgador no es permitido en la valoración de la prueba, al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El Juzgador deberá de analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno natural. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el Juzgador valora un hecho, considerara el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él por qué lo considera así; 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquel. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no sólo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el Juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i) El Principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" sólo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”; ii) El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto sólo una de ellas lo será. En valoración de prueba un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera; iii) El principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. b) La Derivación: De este se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando; exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. IV. El Motivo es de recibo. A) En el presente caso, la prueba científica ha demostrado la existencia de un hecho que ha lesionado el bien jurídico indemnidad sexual cuya titular es la niña R. J. R. V., siendo el aspecto debatido por las partes la identidad de la persona responsable de éste hecho. B) Ciertamente los delitos en perjuicio de la libertad e indemnidad sexual se caracterizan por su generalizada falta de medio de prueba testifical, centrándose el debate en la declaración de la víctima y en su valoración por parte de los Juzgadores (en especial cuando éste es el único medio para identificar a la persona responsable), misma que debe de realizarse de manera conjunta con la demás prueba que se aporte, ya sea prueba directa o prueba indirecta (indiciaria), la que puede referir sobre aspectos anteriores, relativos o posteriores al hecho; valoración que deberá de realizarse tomando en cuenta: i) El desarrollo intelectual y social de la víctima (desafortunadamente es recurrente que en los delitos de violación especial la víctima sea de baja escolaridad, mínimo desarrollo social y ausente conciencia de autodeterminación, condiciones que son igualmente compartidas con su núcleo familiar); ii) La persistencia en el tiempo del relato incriminatorio de la víctima; iii) La relación entre el sujeto pasivo y el sujeto activo (en especial las relaciones de prevalimiento); iv) Los aspectos derivados de la inmediación: Reglas de la Psicología (lenguaje corporal, tono de voz, espontaneidad o timidez, sencillez o elocuencia, nerviosismo o seguridad, estado anímico, sentido de colaboración o renuencia, memoria, capacidad de percepción, etc.), principios de la lógica (logicidad del relato en sí mismo y coherencia con la demás prueba) y las máximas de la experiencia (comparación del relato con modelos típicos cuyo conocimiento se encuentra dentro de la esfera del profano), al respecto ver fallo de fecha 23 de enero del 2008, en el Exp 014-2007 y fallo de fecha 28 de julio del 2011, en el Exp 060-2010. C) La Sala de lo Penal, al repasar el análisis intelectivo que relazaron los juzgadores a la declaración de la menor ofendida (F. 90 y 90v) aprecia una desacertada conclusión derivada de una divorciada relación con las reglas de la sana crítica. Los Juzgadores demeritan la declaración de la menor señalando que ésta no pudo identificar a su agresor sexual debido a que estaba vendada de los ojos, sin explicar el por qué no ceden mérito cuando la ofendida explica que pudo reconocer la voz de su “Tío” (el acusado) y que por eso asegura que fue éste quien de primero introdujo sus dedos en su vagina; asimismo, señalan los Juzgadores que la declaración de la menor es contradictoria en si misma, sin incluir en esta evaluación el nivel de desarrollo intelectual y social de la menor, lo que puede impedir su capacidad de comunicarse de manera fluida y coherente (Véase que la Testigo L. A. V. B., madre de la menor, revela un limitado desarrollo social, por lo que tiene que recurrir a modismos populares para transmitir sus ideas; si esto es así en una persona de mayor de edad que ha tenido más bagaje social, más acentuado será en relación a su hija menor de edad). El Tribunal de Sentencia además cuestiona que la ofendida haya dado una versión de los hechos al Perito en Psicología y al Perito en Psiquiatría cuando éstos se encontraba realizando sus respectivos exámenes y otra versión al momento de la audiencia de debate, equiparando ambas manifestaciones como declaraciones testificales susceptibles de valoración cuando ello no es así. La Sala de lo Penal ya se ha manifestado al respecto en el fallo de fecha 15 de febrero del 2011, en el Expediente 125-2009, indicando que: “… los dictámenes médico y psicológico en relación con la declaración testifical del señor O. V. no pueden desplegar la convicción de que el responsable del hecho haya sido el encartado, en tanto que los primeros son dictámenes técnicos cuyo propósito principal no es recibir declaraciones testifícales que puedan ser apreciadas en juicio en tanto que las manifestaciones informales que una persona pueda ofrecer al médico forense o a un psicólogo, no pueden equipararse al testimonio propiamente dicho que importa algunas formalidades que no son observadas en la clínica de evaluación forense (véase artículos 226 al 238 del Código Procesal Penal) de tal manera que si se pretende dar valor a declaraciones testificales, tendrían que ser aquellas ofrecidas con las formalidades antes apuntadas, lo que no aconteció en el caso subjudice. El propósito de la prueba pericial es, como bien lo acepta la doctrina generalizada, “suplir la ausencia de conocimientos científicos o culturales de los Jueces…”.- Incurre en otra violación del postulado lógico de derivación el Tribunal de Sentencia al afirmar que la menor ofendida debería de recordar fechas a la perfección dado que es una persona normal, determinado así con el Dictamen Psicológico y que por tanto le genera duda el hecho que ésta no haya podido señalar la fecha en que ocurrieron los hechos que se juzgan, exigencia contraria a las máximas de la psicología, por cuanto la condición de normalidad del estado psicológico no conlleva la capacidad de tener buena memoria y en especial la capacidad de retentiva de fechas, máxime cuando la persona examinada es menor de edad, que en suma tiene un bajo nivel de escolaridad y que además precisamente trata de aislar o bloquear aquellos recuerdos que le generan angustia y dolor. Finalmente, el Tribunal de Sentencia incurre en error al señalar que la testigo L. A. V. B. es una testigo de referencia, sin apreciar que si bien ésta reproduce lo que la menor ofendida le contó respecto a los hechos, también informa de circunstancias anteriores que percibió directamente con sus sentidos (testigo directo), como ser el comportamiento del acusado con la menor ofendida y lo que éste respondió cuando la testigo le cuestionó por qué “le estaba haciendo ojitos” a la niña, además respecto al comportamiento adoptado por la menor ofendida cuando ésta tenía “su desarrollo” (Sangrado vaginal), de todo lo cual el Tribunal de Sentencia hace silencio valorativo (F. 91 v). IV. Lo anterior, es sustento suficiente para declarar Con Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su motivo único. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA VEINTITRÉS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ, DENUNCIANDO VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 124 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, EN RELACIÓN AL PRINCIPIO 2 DE LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y ARTÍCULO 141.CH DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. Considera la Censora, que la sentencia que se impugna se alza como una puerta abierta al irrespeto de los derechos de los niños y las niñas, al haber el Estado de Honduras privado de protección a la menor ofendida como consecuencia de que el Tribunal de Sentencia no reconoció la responsabilidad penal del acusado, transgrediendo así el artículo 124 de la Constitución de la República, Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño y artículo 141.ch del Código de la Niñez y de la Adolescencia. II. La Declaración de los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General de las Organizaciones de las Naciones Unidad en su resolución 1386 (XIV) del 20 de noviembre de 1959, recoge el Principio 2 que reza: “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño”, por su parte el artículo 124 de la Constitución de la República indica: “Todo niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata”. III. La Sala de lo Penal señala, que al haberse declarado con lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su motivo único, no es procedente internarse en el Recurso de Casación por Infracción de precepto constitucional; habida cuenta la Censora, expone la violación a la norma constitucional citada como consecuencia de la resolución que emitió el Tribunal de Sentencia y que se consigna en la sentencia impugnada, misma que al contener vicios in procedendo debe de ser declarada inválida. POR TANTO. LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361 y 362.3 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: Declarando CON lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su motivo único, interpuesto por el Ministerio Público. SEGUNDO: Se declara la nulidad de la sentencia de fecha veintitrés (23) de febrero y la audiencia de debate que le origina de fecha veintisiete de enero, ambos del año dos mil diez. Y MANDA. PRIMERO: Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, proceda a celebrar un nuevo debate en el presente caso, en el cual deberán de participar Jueces de Sentencia distintos a los que concurrieron a emitir la sentencia de fecha veintitrés (23) de febrero del año dos mil diez. SEGUNDO: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó: EL Magistrado CALIX HERNANDEZ. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de enero del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha ocho de noviembre del año dos mil doce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-166-2010.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
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[1] Tomado familiydoctor.org/online/famdoces/…reproductive/109.html. ¿Qué es la disfunción eréctil? Cuando un hombre no puede alcanzar la erección necesaria para tener coito o no puede mantener la erección el tiempo suficiente para terminar el acto sexual esto se llama disfunción eréctil; anteriormente solía llamarse impotencia. La defunción eréctil puede ocurrir a cualquier edad pero es más común entre hombres mayores de 75 alias de edad. ¿La disfunción eréctil es tan solo parte del envejecimiento? La disfunción eréctil no tiene que ser parte del envejecimiento. Es cierto que a medida que usted envejece puede necesitar más estímulo como acariciar y tocar para alcanzar la erección. También, es posible que necesite más tiempo entre erecciones. Pero los hombres de edad aún deben ser capaces de alcanzar la erección disfrutar del sexo. Tomado de www.disfuncióneréctil.com-. Lo que se es cierto es que la imposibilidad de tener disfunción eréctil aumenta con la edad. Entre el 15 y el 25% de los varones de más de 65 años padecen este problema. Además a partir de la edad mencionada la causa de la defunción eréctil suele ser orgánica debido a algún tipo de enfermedad o lesión. Hay que tener en cuenta que en la erección participa tanto el sistema nervioso como el circulatorio, lesiones en ambos sistemas o en alguno de ellos puede propiciar la disfunción eréctil.Tomado de www.blogmedicina.com/category/disfuncióneréctil.La di función eréctil se llama a la incapacidad ya sea de lograr o mantener una erección suficiente como para llevar a cabo una relación (actividad) sexual satisfactoria .Al momento, se ha calculado que la impotencia afecta a un:50% aproximadamente de los hombres entre cuarenta y setenta años, ya sea en mayor o menor grado.
[2] Bustos Ramírez, Juan. Manuel de Derecho Penal. Segunda Edición, 1991. Página119.