Sentencia CP-163-09 — Registro 2550
Resumen
Se condenó en primer instancia por el delito de homicidio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."MOTIVO UNICO: Quebrantamiento de Forma, por inobservancia de las reglas establecidas en el Código Procesal Penal, para la realización del Juicio Oral y Público. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 numeral 5 del Código Procesal Penal. DESCRIPCIÓN DEL VICIO: Fue propuesta como testigo, por ésta parte, como por el Ministerio Público, la señora G. T. A., con el propósito de ofrecer su testimonio en juicio oral y público, resultando que la expresada no fue citada para su comparecencia; la acusación pública presentó su renuncia; la defensa pidió la suspensión del juicio a lo que el Ministerio Público, estuvo de acuerdo que fuera citada, sin embargo el tribunal admitió su renuncia motivando su resolución que la defensa perfectamente pudo haberla traído para que compareciera, interpuesto el correspondiente recurso, fue resuelto sin lugar a su razón de que los cuadros fácticos sobre dicho testigo nos son vinculantes para el tribunal. La actuación del Tribunal de Sentencia quebranta el procedimiento, porque se concluye en la inobservancia de las reglas establecidas por el Código Procesal Penal, aplicados al caso concreto así Conforme el artículo 230 del código precitado, manda que las personas que deban comparecer como testigos serán citados por el órgano jurisdiccional, como la testigo no fue citada y la defensa fundamenta su petición, era procedente sobre la base del artículo 312 numeral 3, del código que se viene citando, suspender el debate y ordenar la citación de la testigo, como lo pidió la Defensa; porque fue propuesta por ser indispensable su testimonio y admita para tal fin; al no hacerlo inobservó las reglas anteriormente establecidas, para la realización del Juicio Oral y Público. La Declaración de la Testigo G. T. A., es indispensable, pues del desarrollo de la investigación, y de los medios de prueba evacuados en juicio oral, resulta que fue testigo de vista; también la refiere el tribunal en su declaración de hechos probados; no obstante, los juzgadores al hacer la valoración de la prueba, en lo que corresponde al testigo I. M. C., le da credibilidad a su dicho únicamente a que, el hecho ocurrió en la pulpería de la señora G. T., respecto a lo demás, es decir que quién dio muerte al señor M. M., fue una persona desconocida, dice QUE ESTA VERSIÓN NO FUE CORROBORADA POR NINGÚN OTRO TESTIMONIO. Para establecer la importancia de la declaración que pudo dar la señora G. T. A., es en sede administrativa y en los primeros momentos de la investigación del hecho que dijo, QUE NO CONOCIÓ AL QUE DIO MUERTE AL SEÑOR M. M., (folio 11 de la primera pieza) cómo es posible entonces, que otro testigo corrobore el testimonio del señor I. C. M., como dice el tribunal, si a la expresada señora T., en el caso de ofrecer la misma declaración que dio en sede administrativa, corrobore aquél dicho, si no se le permite declarar. PRETENSIÓN: Por lo antes expuesto procede que se casa la sentencia recurrida, por ser un acto realizado de manera irregular, se ordene asimismo la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para el trámite de que se trate sea sustanciado nuevamente de conformidad con la ley”. IV.- Continúan manifestando los recurrentes en su: CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES. IMPUGNABILIDAD OBJETIVA. Interponemos el presente Recurso actuando en nuestra condición de Apoderados Defensores del señor O. A. G. C., en consecuencia parte interesada y agraviada por la sentencia de merito al tenor de los artículos 4, 14 y 112 del Código Procesal Penal, así mismo, el objeto impugnable de la Casación, se encuentra como causa que habilita la interposición del presente recurso, al tenor de lo establecido en los artículos 359 y 361 del mismo Código Procesal Penal. IMPUGNABILIDAD SUBJETIVA: Se ha considerado como motivo para la interposición del presente Recurso de Casación, el que a continuación detallamos: MOTIVO UNICO: Infracción de Preceptos Constitucionales, artículo 82 y 90 de la Constitución de la República, derecho a la defensa y al debido proceso. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 361 del Código Procesal Penal. DESCRIPCIÓN DEL VICIO: Fue propuesta como testigo, por ésta parte, como por el Ministerio Público, la señora G. T. A., con el propósito de ofrecer su testimonio en Juicio Oral y Público, resultando que la expresada no fue citada para su comparecencia; la acusación pública presentó su renuncia; la defensa pidió la suspensión del Juicio a lo que el Ministerio Público, estuvo de acuerdo en que fuera citada, sin embargo el tribunal admitió su renuncia motivando su resolución que la defensa perfectamente pudo haberla traído para que compareciera, interpuesto el correspondiente recurso, fue resuelto sin lugar a su razón de que los cuadros fácticos sobre dicha testigo nos son vinculantes para el tribunal. Al denegar la petición de la defensa, en cuanto a la suspensión del debate y citación de la testigo para comparecencia en Juicio Oral y Público, los Juzgadores infringieron el derecho a la defensa por cuanto la supra expresada, es indispensable su declaración, y más en el caso de ofrecer el mismo testimonio que dio en sede administrativa y en los primeros momentos de la investigación del hecho que dijo QUE NO CONOCIO AL QUE DIO MUERTE AL OCCISO, (folio 11 de la primera pieza) corroboraría, el testimonio del señor I. C. M., cuya credibilidad por tal razón a su criterio resta el tribunal al valorarle. La señora G. T. A., al estar propuesta por la defensa y admitida, era procedente tal como lo solicitó la defensa suspender el debate y ordenar su citación, todo con base al debido proceso, que establece la Ley Penal Adjetiva en los artículos 230 y 312 numeral 3. PRETENSIÓN: Por lo antes expuesto procede que se casa la sentencia recurrida, por ser un acto realizado de manera irregular, se ordene asimismo la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia para el trámite de que se trate sea sustanciado nuevamente de conformidad con la ley”. V.- RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR LOS ABOGADOS DEFENSORES PRIVADOS NELSON MILTON AYALA BAUTISTA y JOSÉ ANTONIO CANTARERO AMAYA; PRECEPTO AUTORIZANTE 362.5 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia valida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; Es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio.- Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Los Censores, al amparo del artículo 362.5 del Código Procesal Penal, denuncia que durante el desarrollo del debate se violentaron las reglas esenciales para su realización debido a que el Tribunal de Sentencia declaro con lugar la renuncia hecha por el Ministerio Público de la declaración testifical de la Señora G. T. A., aun cuando la Defensa solicito como alternativa la suspensión del debate para su localización y citación por ser una testigo de relevancia al haber presenciado los hechos que se juzgan. Indica los Censores que se adujo por el Ministerio Público que la testigo no podía ser localizada por estar fuera del territorio nacional mas la Defensa adquirió conocimiento en la audiencia de debate que hacía pocos días había retornado a Honduras y por ello tanto la Defensa como en su momento el Ministerio Público convergieron en solicitar la suspensión del debate para citación de la testigo, mas ello no fue atendido por el Tribunal de Sentencia. Es importante indicar que la Sentencia debe ser el resultado de la celebración de un debate en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la sentencia se convierte en un fruto viciado; Estas reglas esenciales son los principios informadores de la fase de juicio: defensa, presunción de inocencia, contradicción, inmediación, oralidad, concentración y publicidad. (Al respecto ver fallo de la Sala Penal de fecha 30 de Noviembre del 2011 en Exp 318-2010).- El Código Procesal Penal en el Título IV de su Libro Tercero señala como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate por lo que la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. Como antecedentes se constata en la foliada judicial que en fecha siete de Noviembre del año dos mil siete, el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, admitió la totalidad de los medios de prueba que las partes propusieron en la respectiva audiencia (F. 13), en el entendido que los mismos superaron el examen después admisibilidad exigido por la ley referente a la utilidad, pertinencia, proporcionalidad, confiabilidad y legalidad (Art. 199 CPP); Entre esos medios de prueba fue admitido la declaración de la Señora G. T. A. a la cual el Ministerio Público identifico como testigo presencial de los hechos. Fijada la fecha de debate (F 14), se emprendió la tarea de citar a los testigos y peritos propuestos, para lo cual se libro comunicación al Juzgado de Letras de Intibucá; En fecha 30 de Mayo del año 2008, la Señora Secretaria del Juzgado de Letras informo que no le fue posible citar a la Señora G. T. A., en virtud de que se encontraba fuera del país (F. 20).- En la audiencia de debate (f. 23), ante el informe de la Secretaría del Juzgado de Letras de Intibucá, el Ministerio Público presento la renuncia de la testigo, mas de ello opuso la defensa la alternativa de suspender el debate para localizarla aduciendo que la propia Secretaria del Juzgado de Intibucá había informado hacía pocos días atrás que la testigo había regresado al país, sin presentar ningún documento de soporte; El Tribunal de Sentencia, aun cuando el Ministerio Público señalo concordar con la suspensión, declaro sin lugar la petición de la Defensa y acepto la renuncia inicial del Ministerio Público, continuando con la celebración del debate. V. I.- De la procedencia del Recurso de Casación: El argumento de la Defensa es de Recibo: La declaración de la Señora G. T. A. al haber sido admitida por el Tribunal de Sentencia paso a formar parte del proceso rigiendo el Principio de Comunidad de Prueba, el que explica que una vez admitida una prueba su utilidad como base de argumento, disponibilidad o renuncia de ésta sale de la esfera exclusiva del proponente para convertirse en un instrumento común para todas las partes intervinientes, es decir, el medio de prueba pasa a ser del proceso y de allí la obligación del órgano juzgador de valorar los medios de prueba de manera conjunta, pudiendo atribuirle el importe que su libre convicción le señale a partir del razonamiento hecho con base a las reglas de la sana critica, con independencia de que ese importe favorezca o perjudique la Teoría Del Caso del propio proponente del medio de prueba. En base a tal principio, las partes litigantes de común acuerdo podrán renunciar a un medio de prueba cuando de manera posterior a su admisión lleguen al convencimiento de que el mismo carece de la pertinencia o utilidad que en apariencia tenia al momento de su admisión, de lo cual podrá acceder el Tribunal de Sentencia si coincidiere con tal razón, pero también está facultado para rechazar dicha petición cuando a su parecer el fundamento no tenga el peso atribuido por los solicitantes. Retornando al caso de estudio el Tribunal de Sentencia indebidamente acepto la renuncia en un primer momento por el Ministerio Público de un medio de prueba propuesto por éste, aun a pesar de la oposición de la defensa y de la reflexión hecha del Ministerio Público, sobre la conveniencia de suspender la audiencia de debate; El Tribunal de Sentencia no considero que entre el informe de la Secretaría del Juzgado de Letras de Intibuca y la celebración del debate medio un mes, por lo que la afirmación hecha por la defensa de que la testigo ausente del país había retornado era materialmente posible, tampoco considero que la Defensa cito como fuente de la información la propia Secretaría del Juzgado de Intibucá, por lo que bastaba en hacer una pausa en la audiencia del debate para consultar este extremo vía teléfono con la funcionaria de fe (Art. 146 último párrafo del CPP) y poder así tener más elementos para tomar una decisión conforme a derecho, en especial porque la testigo G. T. A. es de carácter relevante por su conocimiento directo de los hechos objetos de debate porque se aduce que los presencio, porque el grado de participación del acusado en los hechos, ante la ausencia de prueba científica, solo podía ser definido por la prueba testifical y porque precisamente el Tribunal de Sentencia concluyo que la declaración de I. M. C. no tenia credibilidad por el único motivo de no poderse corroborar sus dichos con otro testigo cuando indica que fue un tercero el que privo de la vida a la víctima y no el acusado, pero a la vez le niega esa posibilidad a la defensa cuando excluye a ese otro testigo, cual es la Señora G. T. A., con independencia del sentido en el que pudiese declarar ésta. Como regla general el debate debe estar regido bajo el Principio de Concentración como garantía de la inmediación, sin embargo el artículo 312 establece circunstancias excepcionales que justifican la suspensión momentánea de la audiencia; El Tribunal de Sentencia debe de ponderar razonablemente las variables existentes en cada caso para ordenar la suspensión, de modo que exista un equilibrio entre los principios y derechos en conflicto: concentración, inmediación, derecho de defensa, debido proceso y su eficacia, y pronta justicia.- Es pues que en el presente caso el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque debió ordenar la suspensión momentánea del debate ya que el perjuicio al principio de concentración era menor comparado con la importancia del testigo ausente, siendo material y rápidamente posible definir si se encontraba o no en el país; Al denegar esta posibilidad, desescuchando a la Defensa y después al Ministerio Público, limito el derecho de defensa del acusado. Por lo anterior es procedente declarar con Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo. VI.- RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LOS ABOGADOS NELSON MILTON AYALA BAUTISTA y JOSÉ ANTONIO CANTARERO, EN SU CONDICIÓN DE DEFENSOR PRIVADO DEL SEÑOR O. A. G. C. DENUNCIANDO VIOLACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DE DEFENSA Y DEBIDO PROCESO, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 82 Y 90 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA RESPECTIVAMENTE.- Los Recurrentes denuncian bajo éste título la violación de dos normas constitucionales: El Derecho de Defensa y el Debido Proceso, contenidas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República respectivamente, cuyos argumentos de los Censores tienen identidad con los expuestos en el motivo de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales haciendo uso de una vía recursiva diferente y bajo perspectiva legal distinta. Por ello el Tribunal de Casación remite la resolución del Recurso planteado en éste título a lo ya expuesto en el apartado anterior, habida cuenta en él se da respuesta positiva respecto a la existencia de la violación del derecho de defensa y del debido proceso.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CP163-2009
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil doce. La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Penal, integrada por los Magistrados RAÚL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, por excusa del Magistrado JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, dictan la presente sentencia resolviendo el Recurso de Casación por QUEBRANTAMIENTO DE FORMA E INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, interpuesto contra la sentencia de fecha diecisiete de septiembre de dos mil ocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Comayagua, mediante la cual Condenó a: O. A. G. C., como autor responsable del delito de HOMICIDIO, en perjuicio de M. M., a la pena principal de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN, más las accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena principal.- Interpusieron el Recurso de Casación los Abogados NELSON MILTON AYALA BAUTISTA y JOSÉ ANTONIO CANTARERO AMAYA, actuando en condición de Apoderados Defensores del señor O. A. G. C..- SON PARTES: Los Abogados Nelson Milton Ayala Bautista y José Cantarero Amaya, apoderados defensores del Señor O. A. G. C., en su calidad de Recurrentes y el Abogado Henry Alexander Pineda Ramos, Agente Fiscal del Ministerio Público, en su calidad de Recurrido. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. HECHOS DECLARADOS PROBADOS II.- El Tribunal de Sentencia juzgador, en el fallo objeto de impugnación, declaro como probados los hechos siguientes: “ÚNICO: El día tres de septiembre del año dos mil seis en horas de la tarde en la aldea de San Antonio, del municipio de Masaguara, Departamento de Intibucá, en una pulpería propiedad de la señora G. T. A., encontrándose en ese lugar I. M. C., G. T., W. M., O. A. G. y B. M.; en eso entró a comprar unos cigarros el señor M. M., Y a pocos minutos de su llegada y sin mediar palabra haciendo uso de un arma de fuego que portaba el señor O. A. G. C., le disparó a la altura del cuello, produciéndole una herida que en seguida le causó la muerte”. III.- Los recurrentes, abogados Nelson Milton Ayala Bautista y José Antonio Cantarero Amaya, en su condición de Apoderado Defensor, formalizaron su recurso de casación de la siguiente manera: “CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. IMPUGNABILIDAD OBJETIVA: Interponemos el presente Recurso, actuando en nuestra condición de Apoderados Defensores del señor: O. A. G. C., en consecuencia parte interesada y agraviada por la sentencia de mérito al tenor de los artículos 4,14 y 112 del Código Procesal Penal, así mismo en objeto impugnable de la Casación se encuentra como causa que habilita la interposición del presente recurso, al tenor de lo establecido en los artículos 359 y 362 del mismo Código. IMPUGNABILIDAD OBJETIVA: Se ha considerado como motivo para la interposición del presente Recurso de Casación, el que a continuación detallamos. MOTIVO UNICO: Quebrantamiento de Forma, por inobservancia de las reglas establecidas en el Código Procesal Penal, para la realización del Juicio Oral y Público. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 numeral 5 del Código Procesal Penal. DESCRIPCIÓN DEL VICIO: Fue propuesta como testigo, por ésta parte, como por el Ministerio Público, la señora G. T. A., con el propósito de ofrecer su testimonio en juicio oral y público, resultando que la expresada no fue citada para su comparecencia; la acusación pública presentó su renuncia; la defensa pidió la suspensión del juicio a lo que el Ministerio Público, estuvo de acuerdo que fuera citada, sin embargo el tribunal admitió su renuncia motivando su resolución que la defensa perfectamente pudo haberla traído para que compareciera, interpuesto el correspondiente recurso, fue resuelto sin lugar a su razón de que los cuadros fácticos sobre dicho testigo nos son vinculantes para el tribunal. La actuación del Tribunal de Sentencia quebranta el procedimiento, porque se concluye en la inobservancia de las reglas establecidas por el Código Procesal Penal, aplicados al caso concreto así Conforme el artículo 230 del código precitado, manda que las personas que deban comparecer como testigos serán citados por el órgano jurisdiccional, como la testigo no fue citada y la defensa fundamenta su petición, era procedente sobre la base del artículo 312 numeral 3, del código que se viene citando, suspender el debate y ordenar la citación de la testigo, como lo pidió la Defensa; porque fue propuesta por ser indispensable su testimonio y admita para tal fin; al no hacerlo inobservó las reglas anteriormente establecidas, para la realización del Juicio Oral y Público. La Declaración de la Testigo G. T. A., es indispensable, pues del desarrollo de la investigación, y de los medios de prueba evacuados en juicio oral, resulta que fue testigo de vista; también la refiere el tribunal en su declaración de hechos probados; no obstante, los juzgadores al hacer la valoración de la prueba, en lo que corresponde al testigo I. M. C., le da credibilidad a su dicho únicamente a que, el hecho ocurrió en la pulpería de la señora G. T., respecto a lo demás, es decir que quién dio muerte al señor M. M., fue una persona desconocida, dice QUE ESTA VERSIÓN NO FUE CORROBORADA POR NINGÚN OTRO TESTIMONIO. Para establecer la importancia de la declaración que pudo dar la señora G. T. A., es en sede administrativa y en los primeros momentos de la investigación del hecho que dijo, QUE NO CONOCIÓ AL QUE DIO MUERTE AL SEÑOR M. M., (folio 11 de la primera pieza) cómo es posible entonces, que otro testigo corrobore el testimonio del señor I. C. M., como dice el tribunal, si a la expresada señora T., en el caso de ofrecer la misma declaración que dio en sede administrativa, corrobore aquél dicho, si no se le permite declarar. PRETENSIÓN: Por lo antes expuesto procede que se casa la sentencia recurrida, por ser un acto realizado de manera irregular, se ordene asimismo la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para el trámite de que se trate sea sustanciado nuevamente de conformidad con la ley”. IV.- Continúan manifestando los recurrentes en su: CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES. IMPUGNABILIDAD OBJETIVA. Interponemos el presente Recurso actuando en nuestra condición de Apoderados Defensores del señor O. A. G. C., en consecuencia parte interesada y agraviada por la sentencia de merito al tenor de los artículos 4, 14 y 112 del Código Procesal Penal, así mismo, el objeto impugnable de la Casación, se encuentra como causa que habilita la interposición del presente recurso, al tenor de lo establecido en los artículos 359 y 361 del mismo Código Procesal Penal. IMPUGNABILIDAD SUBJETIVA: Se ha considerado como motivo para la interposición del presente Recurso de Casación, el que a continuación detallamos: MOTIVO UNICO: Infracción de Preceptos Constitucionales, artículo 82 y 90 de la Constitución de la República, derecho a la defensa y al debido proceso. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 361 del Código Procesal Penal. DESCRIPCIÓN DEL VICIO: Fue propuesta como testigo, por ésta parte, como por el Ministerio Público, la señora G. T. A., con el propósito de ofrecer su testimonio en Juicio Oral y Público, resultando que la expresada no fue citada para su comparecencia; la acusación pública presentó su renuncia; la defensa pidió la suspensión del Juicio a lo que el Ministerio Público, estuvo de acuerdo en que fuera citada, sin embargo el tribunal admitió su renuncia motivando su resolución que la defensa perfectamente pudo haberla traído para que compareciera, interpuesto el correspondiente recurso, fue resuelto sin lugar a su razón de que los cuadros fácticos sobre dicha testigo nos son vinculantes para el tribunal. Al denegar la petición de la defensa, en cuanto a la suspensión del debate y citación de la testigo para comparecencia en Juicio Oral y Público, los Juzgadores infringieron el derecho a la defensa por cuanto la supra expresada, es indispensable su declaración, y más en el caso de ofrecer el mismo testimonio que dio en sede administrativa y en los primeros momentos de la investigación del hecho que dijo QUE NO CONOCIO AL QUE DIO MUERTE AL OCCISO, (folio 11 de la primera pieza) corroboraría, el testimonio del señor I. C. M., cuya credibilidad por tal razón a su criterio resta el tribunal al valorarle. La señora G. T. A., al estar propuesta por la defensa y admitida, era procedente tal como lo solicitó la defensa suspender el debate y ordenar su citación, todo con base al debido proceso, que establece la Ley Penal Adjetiva en los artículos 230 y 312 numeral 3. PRETENSIÓN: Por lo antes expuesto procede que se casa la sentencia recurrida, por ser un acto realizado de manera irregular, se ordene asimismo la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia para el trámite de que se trate sea sustanciado nuevamente de conformidad con la ley”. V.- RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR LOS ABOGADOS DEFENSORES PRIVADOS NELSON MILTON AYALA BAUTISTA y JOSÉ ANTONIO CANTARERO AMAYA; PRECEPTO AUTORIZANTE 362.5 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia valida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; Es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio.- Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Los Censores, al amparo del artículo 362.5 del Código Procesal Penal, denuncia que durante el desarrollo del debate se violentaron las reglas esenciales para su realización debido a que el Tribunal de Sentencia declaro con lugar la renuncia hecha por el Ministerio Público de la declaración testifical de la Señora G. T. A., aun cuando la Defensa solicito como alternativa la suspensión del debate para su localización y citación por ser una testigo de relevancia al haber presenciado los hechos que se juzgan. Indica los Censores que se adujo por el Ministerio Público que la testigo no podía ser localizada por estar fuera del territorio nacional mas la Defensa adquirió conocimiento en la audiencia de debate que hacía pocos días había retornado a Honduras y por ello tanto la Defensa como en su momento el Ministerio Público convergieron en solicitar la suspensión del debate para citación de la testigo, mas ello no fue atendido por el Tribunal de Sentencia. Es importante indicar que la Sentencia debe ser el resultado de la celebración de un debate en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la sentencia se convierte en un fruto viciado; Estas reglas esenciales son los principios informadores de la fase de juicio: defensa, presunción de inocencia, contradicción, inmediación, oralidad, concentración y publicidad. (Al respecto ver fallo de la Sala Penal de fecha 30 de Noviembre del 2011 en Exp 318-2010).- El Código Procesal Penal en el Título IV de su Libro Tercero señala como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate por lo que la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. Como antecedentes se constata en la foliada judicial que en fecha siete de Noviembre del año dos mil siete, el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, admitió la totalidad de los medios de prueba que las partes propusieron en la respectiva audiencia (F. 13), en el entendido que los mismos superaron el examen después admisibilidad exigido por la ley referente a la utilidad, pertinencia, proporcionalidad, confiabilidad y legalidad (Art. 199 CPP); Entre esos medios de prueba fue admitido la declaración de la Señora G. T. A. a la cual el Ministerio Público identifico como testigo presencial de los hechos. Fijada la fecha de debate (F 14), se emprendió la tarea de citar a los testigos y peritos propuestos, para lo cual se libro comunicación al Juzgado de Letras de Intibucá; En fecha 30 de Mayo del año 2008, la Señora Secretaria del Juzgado de Letras informo que no le fue posible citar a la Señora G. T. A., en virtud de que se encontraba fuera del país (F. 20).- En la audiencia de debate (f. 23), ante el informe de la Secretaría del Juzgado de Letras de Intibucá, el Ministerio Público presento la renuncia de la testigo, mas de ello opuso la defensa la alternativa de suspender el debate para localizarla aduciendo que la propia Secretaria del Juzgado de Intibucá había informado hacía pocos días atrás que la testigo había regresado al país, sin presentar ningún documento de soporte; El Tribunal de Sentencia, aun cuando el Ministerio Público señalo concordar con la suspensión, declaro sin lugar la petición de la Defensa y acepto la renuncia inicial del Ministerio Público, continuando con la celebración del debate. V. I.- De la procedencia del Recurso de Casación: El argumento de la Defensa es de Recibo: La declaración de la Señora G. T. A. al haber sido admitida por el Tribunal de Sentencia paso a formar parte del proceso rigiendo el Principio de Comunidad de Prueba, el que explica que una vez admitida una prueba su utilidad como base de argumento, disponibilidad o renuncia de ésta sale de la esfera exclusiva del proponente para convertirse en un instrumento común para todas las partes intervinientes, es decir, el medio de prueba pasa a ser del proceso y de allí la obligación del órgano juzgador de valorar los medios de prueba de manera conjunta, pudiendo atribuirle el importe que su libre convicción le señale a partir del razonamiento hecho con base a las reglas de la sana critica, con independencia de que ese importe favorezca o perjudique la Teoría Del Caso del propio proponente del medio de prueba. En base a tal principio, las partes litigantes de común acuerdo podrán renunciar a un medio de prueba cuando de manera posterior a su admisión lleguen al convencimiento de que el mismo carece de la pertinencia o utilidad que en apariencia tenia al momento de su admisión, de lo cual podrá acceder el Tribunal de Sentencia si coincidiere con tal razón, pero también está facultado para rechazar dicha petición cuando a su parecer el fundamento no tenga el peso atribuido por los solicitantes. Retornando al caso de estudio el Tribunal de Sentencia indebidamente acepto la renuncia en un primer momento por el Ministerio Público de un medio de prueba propuesto por éste, aun a pesar de la oposición de la defensa y de la reflexión hecha del Ministerio Público, sobre la conveniencia de suspender la audiencia de debate; El Tribunal de Sentencia no considero que entre el informe de la Secretaría del Juzgado de Letras de Intibuca y la celebración del debate medio un mes, por lo que la afirmación hecha por la defensa de que la testigo ausente del país había retornado era materialmente posible, tampoco considero que la Defensa cito como fuente de la información la propia Secretaría del Juzgado de Intibucá, por lo que bastaba en hacer una pausa en la audiencia del debate para consultar este extremo vía teléfono con la funcionaria de fe (Art. 146 último párrafo del CPP) y poder así tener más elementos para tomar una decisión conforme a derecho, en especial porque la testigo G. T. A. es de carácter relevante por su conocimiento directo de los hechos objetos de debate porque se aduce que los presencio, porque el grado de participación del acusado en los hechos, ante la ausencia de prueba científica, solo podía ser definido por la prueba testifical y porque precisamente el Tribunal de Sentencia concluyo que la declaración de I. M. C. no tenia credibilidad por el único motivo de no poderse corroborar sus dichos con otro testigo cuando indica que fue un tercero el que privo de la vida a la víctima y no el acusado, pero a la vez le niega esa posibilidad a la defensa cuando excluye a ese otro testigo, cual es la Señora G. T. A., con independencia del sentido en el que pudiese declarar ésta. Como regla general el debate debe estar regido bajo el Principio de Concentración como garantía de la inmediación, sin embargo el artículo 312 establece circunstancias excepcionales que justifican la suspensión momentánea de la audiencia; El Tribunal de Sentencia debe de ponderar razonablemente las variables existentes en cada caso para ordenar la suspensión, de modo que exista un equilibrio entre los principios y derechos en conflicto: concentración, inmediación, derecho de defensa, debido proceso y su eficacia, y pronta justicia.- Es pues que en el presente caso el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque debió ordenar la suspensión momentánea del debate ya que el perjuicio al principio de concentración era menor comparado con la importancia del testigo ausente, siendo material y rápidamente posible definir si se encontraba o no en el país; Al denegar esta posibilidad, desescuchando a la Defensa y después al Ministerio Público, limito el derecho de defensa del acusado. Por lo anterior es procedente declarar con Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo. VI.- RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LOS ABOGADOS NELSON MILTON AYALA BAUTISTA y JOSÉ ANTONIO CANTARERO, EN SU CONDICIÓN DE DEFENSOR PRIVADO DEL SEÑOR O. A. G. C. DENUNCIANDO VIOLACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DE DEFENSA Y DEBIDO PROCESO, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 82 Y 90 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA RESPECTIVAMENTE.- Los Recurrentes denuncian bajo éste título la violación de dos normas constitucionales: El Derecho de Defensa y el Debido Proceso, contenidas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República respectivamente, cuyos argumentos de los Censores tienen identidad con los expuestos en el motivo de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales haciendo uso de una vía recursiva diferente y bajo perspectiva legal distinta. Por ello el Tribunal de Casación remite la resolución del Recurso planteado en éste título a lo ya expuesto en el apartado anterior, habida cuenta en él se da respuesta positiva respecto a la existencia de la violación del derecho de defensa y del debido proceso. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361 y 362.5 del Código Procesal Penal.- FALLA: I.- Declarando CON lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales, en su único motivo, interpuesto y defendido por los Abogados NELSON MILTON AYALA BAUTISTA y JOSÉ ANTONIO CANTARERO AMAYA, Defensor Privado del Acusado O. A. G. C.; II.- Decretando la NULIDAD de la sentencia impugnada de fecha diecisiete (17) de Septiembre y del debate que le origina de fecha cuatro (04) de agosto, ambos del año dos mil ocho. MANDA: I.- Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, proceda a celebrar un nuevo debate en el presente caso, en el cual deberán de participar Jueces de Sentencia distintos a los que concurrieron a emitir la sentencia impugnada; II.- Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- REDACTO EL MAGISTRADO RAUL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO.- NOTIFÍQUESE.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM.- MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida a solicitud de la Abogada MIRIAM EMILDA GARCIA PEREZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de octubre del año dos mil doce.- Certificación de la sentencia de fecha dieciséis de agosto del año dos mil doce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-163-2009.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
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