Sentencia CP-142-11 — Registro 3418
Resumen
Se condenó en primer instancia al imputado por el delito de estupro, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL IMPUTADO M. R. D. I. DENUNCIANDO LA INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 89 DEL TEXTO FUNDAMENTAL QUE RECONOCE EL PRINCIPIO-DERECHO A LA PREESUNCION DE INOCENCIA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 361 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- El motivo por infracción de Precepto Constitucional que formula el recurrente se funda en la vulneración del principio-derecho a la Presunción de inocencia, que consagran el Artículo 2 del Código Procesal Penal y 89 del propio Texto Fundamental. El recurrente considera que se ha violentado el principio-derecho antes mencionado ante la ausencia de racionalidad en el juicio de inferencias construido por el A Quo para condenar al imputado M. R. D. I.. Reprocha que el A Quo emita juicios o razonamientos ilógicos opuestos a las máximas de la experiencia, sentido común y a la lógica, al valorar las pruebas en juicio sin dar credibilidad a las declaraciones rendidas por los testigos D. Y. Z. M.y D. M.Z C.. Cuestiona la inmadurez de la supuesta víctima D. Y. Z. M. para afrontar situaciones propias de la pubertad, al sugerir actos de índole amorosa al escribir una carta, escenarios donde imaginaba la participación de su maestro de Educación Física M. R. D. I., lo que provocó la reacción de las autoridades educativas, investigativas, fiscales y del Poder Judicial. Censura que se haya admitido la acción penal por el delito de ESTUPRO, no obstante, la retractación efectuada por la supuesta ofendida y la confesión que hizo a su madre D. M. C., de que los hechos atribuidos al acusado no eran ciertos. Señala que en el Debate se brindaron estos nuevos elementos de prueba exculpatorios, sin embargo, el A Quo, con inobservancia del Artículo 336 del Código Procesal Penal, no explicó en la motivación de la sentencia condenatoria, las razones lógicas del porqué dichos testigos no le eran creíbles. Reprocha que al no existir dicho razonamiento en la motivación de la sentencia, el A Quo deja un vacío de racionalidad, que no permite justificar el fallo. Cuestiona que el Tribunal de Instancia justifica su fallo condenatorio con base en prueba que no se vincula al tipo penal sometido a juzgamiento, a pesar de haber alcanzado las partes una conciliación, por lo que estima que el A Quo no debía condenar al imputado. Pide a esta Sala verificar la racionalidad de la motivación de los juicios e inferencias lógicas alcanzados por el juzgador y determinar que las pruebas no son suficientes para tener por acreditado un relato fáctico, que sirva para dictar una sentencia condenatoria. Considera que al incluir hipotéticamente las declaraciones rendidas en Juicio por D. Y. Z. M. y D. M. C., el resultado habría sido diferente, toda vez que entre las demás pruebas evacuadas no existe alguna que acredite el delito de ESTUPRO.. Esta Sala de lo Penal considera importante recordar que para el examen del motivo de casación por Infracción de Precepto Constitucional, fundado en vulneración del principio- derecho a la presunción de inocencia, debe comprobarse lo siguiente: a) si hay prueba en sentido material (prueba personal o real); b) si estas pruebas son de contenido incriminatorio; c) si ha sido constitucionalmente obtenida, esto es, si fue incorporada lícitamente al juicio oral; d) si ha sido practicada con regularidad procesal; e) si es suficiente para enervar la presunción de inocencia; y f) si ha sido racionalmente valorada por el Tribunal sentenciador. Por tanto, cuando en esta vía casacional se alega infracción de ese derecho fundamental, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas ante la presencia del juzgador de instancia, porque sólo a éste corresponde esa función valorativa, pero sí puede esta Sala verificar que, efectivamente, el tribunal "a quo" contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él del acusado, para dictar un fallo de condena, cerciorándose también de que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y en correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción y comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el juzgador el proceso de su raciocinio, al menos en sus aspectos fundamentales, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir en ellos los criterios de la lógica y de la experiencia. Pero no acaba aquí la función casacional de las impugnaciones referidas a la vulneración de este derecho fundamental a la presunción de inocencia, pues la ausencia en nuestro ordenamiento de una segunda instancia revisora de la condena impuesta en la sentencia obliga al Tribunal de casación a realizar una función valorativa de la actividad probatoria, actividad que se desarrolla en los aspectos no comprometidos con la inmediación de la que carece, pero que se extiende a los aspectos referidos a la racionalidad de la injerencia realizada y a la suficiencia de la actividad probatoria. La presunción de inocencia supone, que, como se parte de la inocencia, quien afirma la culpabilidad ha de demostrarla y es a la acusación a quien corresponde suministrar la prueba de la culpa del ciudadano presumido inocente; no demostrándose la culpa, procede la absolución aunque tampoco se haya demostrado claramente la inocencia, pues es el acusador quien tiene que probar los hechos y la culpabilidad del acusado y no es éste quien tiene que probar su inocencia. La presunción de inocencia como verdad interinamente afirmada y mantenida, exige se demuestre lo contrario, la culpabilidad, o sea, que la desplace una prueba adecuada exigible en todo caso para que el tribunal pueda condenar. Dicho lo anterior, en el caso bajo examen, al valorar las declaraciones rendidas en juicio por los testigos D. Y. Z. M. y D. M. C., supuesta ofendida y madre de esta, respectivamente, (vid. Folio No. 12) solamente refiere que: “….las deponentes en audiencias de juicio oral y público, bajo juramento de decir verdad han tratado a toda costa de exculpar al referido señor D. I., de su participación en el hecho cometido, modificando los extremos sin ningún sustento que pueda ser creíble o al menos que pudiera desvanecer la imputación que pesa en su contra”. Este Tribunal de Casación, al contrario de lo expuesto por el Tribunal de Instancia, considera que ambas declaraciones testifícales coinciden tanto en los hechos como en sus incidencias, y por consiguiente constituyen prueba directa a favor del acusado M. R. D. I.. Esta Sala observa que el Juzgador al expresar que la prueba de mérito no le es creíble para desvanecer la responsabilidad del encausado, no ha valorado la prueba razonablemente, en tanto que omite indicar las razones o consideraciones de hecho y de derecho, por las que les resta credibilidad. La menor D. Y. Z. M. ha sido clara al manifestar que la única verdad de lo ocurrido es lo declarado en juicio, y ha explicado las razones por las cuales anteriormente ha sido mendaz, lo que ha resultado avalado por su madre D. M. C. y ratificado en juicio, de lo que se deduce que no se encuentra acreditado con certeza que haya mantenido relaciones sexuales con el acusado M. R. D. I.. Cabe recordar que en principio, la valoración judicial no recae sobre lo actuado en la etapa preparatoria. Sólo cabe valorar las declaraciones rendidas en esa fase y en general las diligencias practicadas en la misma, si éstas se vuelven a producir durante el juicio oral, o sea, si se reproducen materialmente durante dicho juicio, como si hasta entonces no se hubiesen producido o practicado durante la instrucción sumarial. Y esto sólo se consigue mediante la comparecencia personal del testigo, ante la inmediata presencia del tribunal sentenciador, contestando a las preguntas que le sean formuladas por la Acusación y la Defensa. A partir de tal momento, lo declarado por esa persona ya podrá ser valorado por el tribunal sentenciador, bien como prueba de cargo, bien como prueba de descargo. Esto significa que las diligencias practicadas en la etapa preparatoria, en sí mismas consideradas, no son susceptibles de ser valoradas por el tribunal sentenciador. Sólo cuando se reproducen materialmente durante el juicio oral es cuando podrán ser valoradas como prueba de cargo o de descargo, y excepcionalmente también podrán ser valoradas tales actuaciones que reúnan la condición de prueba preconstituida o anticipada[2]. Así las cosas, para que la declaración testifical rendida en la etapa preparatoria sea valorable en caso de contradicción con la declaración evacuada en el juicio oral, es preciso que concurran dos requisitos: a) Que la declaración de la etapa preparatoria se incorpore al juicio, siendo suficiente por vía excepcional que lo haya sido por lectura, al tenor de lo prescrito por el artículo 311 No. 2) del Código Procesal Penal, y que por otro lado se haya garantizado de ese modo la contradicción, poniéndose en evidencia las contradicciones, al objeto de que puedan darse las explicaciones oportunas; b) Que una vez incorporada dicha prueba, la misma sea corroborada por otras circunstancias periféricas u otros medios probatorios, y que el Tribunal de Instancia exprese las razones por las que se inclina por una versión distinta de la que ha aflorado en el juicio oral[3]. Un detenido examen del acta de debate no revela que las declaraciones rendidas por la supuesta ofendida y su madre durante la etapa preparatoria fueran incorporadas al juicio oral siguiendo lo preceptuado en el artículo 311 No. 6) del Código Procesal Penal, y por ende que hayan sido sometidas al contradictorio de las partes (vid. Folios No 32 y 33). De ahí que la sentencia condenatoria dictada por el A Quo queda huérfana de fundamentación al carecer de prueba de cargo suficiente que sustente los elementos constitutivos de un delito de estupro en perjuicio de la menor D. Y. Z. M.. Por otra parte, al estar fundada en declaraciones rendidas en juicio por los profesores de la institución educativa, que han declarado sobre la primera versión que había rendido la menor en el colegio, deposición que dicha menor y su madre han declarado en juicio, bajo juramento y de forma contundente, que es falsa, es importante destacar que los testigos de cargo, son testigos de referencia, que como antes lo señalamos han declarado en juicio sobre esa primera versión de la menor, que ha resultado desmentida posteriormente. Igualmente cabe destacar que la sentencia se funda en elementos probatorios de naturaleza pericial y documental, consistentes en una constancia médica de evaluación clínica de la menor cuando esta tenia 15 años de edad, que acredita “himen con ruptura antigua”; y las Actas levantadas por el Director de la Escuela Normal de Occidente, para investigar y sancionar la conducta –administrativa- del acusado, que no constituyen por si solas, pruebas de cargo suficientes, ni idóneas para establecer inequívoca y categóricamente la ejecución por el imputado de actos ilícitos de connotación sexual realizados contra dicha menor. Es decir, que no es prueba suficiente para inferir de ella, de forma lógica y razonable, la ocurrencia de alguna relación sexual sostenida entre el acusado M. R. D. I. y la menor D. Y. Z. M., que permitan arribar a un veredicto de culpabilidad. Esta Sala considera que la declaración de responsabilidad penal del encartado solamente podría haberse fundado en prueba que acreditara de forma directa o indiciaria el acceso carnal, mediando abuso de confianza con una menor de quince años de edad. Siendo que en la audiencia de juicio no se dispuso del mínimo de prueba legalmente evacuada, que sirviese para fundar un veredicto condenatorio, es procedente declarar con lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional interpuesto por la Defensa en su único motivo. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."El motivo segundo por Quebrantamiento de forma al amparo de lo establecido en el artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal, se denuncia que los hechos declarados probados que se consigna como tales en la sentencia, no se desprende de sus declaraciones que el consentimiento de los actos atentatorios contra la libertad sexual de la supuesta víctima, se hubiese obtenido prevaleciéndose el imputado de una situación de superioridad, con lo cual se hubiese coartado la libertad de la víctima; consecuentemente al ser los Hechos Probados, no terminantes, impiden en un Estado de Derecho conocer, Cuándo, Cómo y Dónde aconteció el hecho con relevancia penal juzgado. Veamos: “…PRIMERO: En varios ocasiones del mes de febrero del año dos mil ocho, el Profesor de Educación Física M. R. D. I., de la escuela Normal de Occidente de La Esperanza, Departamento de Intibucá, sostuvo relaciones sexuales con su alumna de quince años de edad D. Y. Z. M., quien cursaba el primer curso de dicha institución, SEGUNDO: Como consecuencia de dicha circunstancia, en fecha posterior la madre de la joven Z. M., señora D. M. C., recibió de parte del profesor D. I., la cantidad de treinta mil lempiras, en concepto de reparación del agravio reseñado en el numeral anterior, dinero que fue devuelto en vista de no haberse permitido, por estar involucrada una menor de edad…”. El desarrollo argumental del motivo que hace suyas las consideraciones de la santidad de la sentencia, hace necesario recordar como lo hemos manifestado en otros casos que en los delitos contra la libertad sexual, máxime cuando afectan a menores de edad, nuestra legislación ha merecido considerar un especial reproche moral y social que impone una contundente reacción penal, proporcionada a su acentuada gravedad, dada la especial relevancia del bien jurídico contra el que se atenta, reforzado todo ello, para garantizar la debida protección a las personas menores de edad que merecen gozar de todos los derechos y garantías que establece nuestra Constitución; sin embargo, siendo todo ello cierto, en ningún caso, tampoco, puede aceptarse que el carácter odioso de los hechos denunciados, debe implicar una degradación de las garantías y derechos propias que el imputado tiene en el proceso penal, especialmente del derecho constitucional a la presunción de inocencia, que constituye un principio fundamental y presupuesto básico de todas las demás garantías del proceso. Por ello, siendo la Constitución norma jurídica suprema de aplicación directa e inmediata (máxime en materia de derechos y garantías fundamentales) obliga a los distintos órganos de jurisdicción ordinaria, entre los que debe contarse el tribunal de sentencia, a respetar las normas jurídicas; especialmente, aquellos preceptos que les obligan explicar, las razones del porqué se afectara el derecho constitucional a la presunción de inocencia, consecuentemente, cuando no se cumple con este mandato, estos preceptos resultan inconciliables, con los Hechos Probados con los cuales se construye una sentencia condenatoria, por tanto, atendiendo el derecho constitucional a la presunción de inocencia se impone a todo Tribunal de sentencia a plantear en su fallo una “…declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia…” mediante la libre valoración de las pruebas con las pautas ofrecidas por la ley procesal (sana crítica) por lo que la valoración de la prueba implica, que para que se de una sentencia condenatoria, es preciso deslindar con frases perfectamente diferenciadas de la incoherencia y la imprecisión, cuales son los hechos probados, para que dentro de ellos, se establezca, a lo sumo, el carácter objetivo que podía calificar la constatación de la existencia de las verdaderas pruebas tenidas en cuenta para enervar el estado de inocencia, ya que dado el caso, si el tribunal de sentencia, ha considerado en la valoración de la prueba, que la víctima y su madre, no merece credibilidad sus testimonios rendidos en el juicio oral y público, y no se cuenta con otro medio de prueba que establezca la realidad del Hecho Probado Primero, que establece las relaciones sexuales, el mismo Hecho, al no tener en que fundamentarse o probarse, resulta impreciso y no terminante. En cuanto al segundo hecho probado, este resulta ilegal, en vista de que si una persona se ve sometida a un proceso injusto, y ante cualquier situación se ve obligada, asustada o coaccionada, a ponerle fin a dicha situación angustiosa, y hace cuánto esta su alcance, para someterse a una “conciliación”, Resulta ahora, que dicha salida alterna, puede ser utilizada en su contra ( y a pesar de que existe normativa procesal y constitucional que prohíbe considerarlas de esa manera), mutándola como medio "probatorio" para condenarlo, al dilucidar el tribunal de sentencia con frases ambiguas y dubitativas que dicha “conciliación” demuestra la “culpabilidad” del imputado, obviamente con este tipo de redacción en la declaración del hecho probado, aduce e infiere en su Segundo Hecho Probado, que rechaza dicha conciliación por “estar involucrada una menor” pero no se tomó la molestia, en considerar también, que el propio imputado, dadas las declaraciones de la víctima y su madre, estaba siendo sometido a llegar a un arreglo por un hecho del cual también podría ser inocente; todo ello provoca, que tal declaración del hecho probado, es impreciso y no terminante, con la agravante de ser atentatorio para los derechos del imputado. Es por ello que la jurisprudencia ha sido categórica, al establecer que: “… Los hechos probados de una sentencia penal son la exteriorización del juicio de certeza alcanzado por el tribunal sentenciador del que deben formar parte todos los datos relativos a los hechos penalmente relevantes, incluyendo además, en caso de haberlos, aquellos que pueden modificar o hacer desaparecer alguno de los elementos del delito. Todos esos elementos deben formar parte del factum porque forman la verdad judicial obtenida por el tribunal sentenciador. El Código Procesal Penal señala en su artículo 338 regla cuarta, inciso 1) que los hechos probados de la sentencia deben de estructurarse en párrafos separados y numerados, haciendo declaración expresa y terminante de los hechos que se consideren probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse. Pues bien, para que no exista en la declaración de hechos probados el vicio de falta de terminancia, será preciso que las declaraciones fácticas sean rotundas y categóricas, sin incurrir en dudas, vacilaciones o ambigüedades. El vicio de falta de claridad, precisión y coherencia se produce, bien por el empleo de frases ininteligibles, por omisiones, utilización de juicios dubitativos, carencia de supuesto fáctico o porque se describa el resultado de las pruebas sin afirmar el juzgador cuáles son los hechos probados. Todo lo anterior debe incidir directamente en la calificación jurídica, para que se produzca un vacío o laguna en la relación histórica de los hechos…” (Sentencia de fecha uno de marzo de dos mil seis, recaída en el recurso de Casación No.21=2005). RECLAMACIONES HECHAS PARA SUBSANAR EL VICIO PROCESAL. El Vicio Procesal que da fundamento al Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma expuesto en el presente Recurso, fue cometido en el acto mismo de la Sentencia, y por tanto, por su naturaleza no era posible intentar reclamo alguno para su subsanación más que interposición del presente Recurso..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de noviembre de dos mil doce, por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y EDITH MARIA LOPEZ RIVERA por excusa justificada del Magistrado JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha uno de octubre de dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, mediante la cual condenó al señor M. R. D. I. a la pena de SEIS (6) AÑOS DE RECLUSION, como autor responsable del delito de ESTUPRO, en perjuicio de la menor D. Y. Z. M.; más las accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la condena principal.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, el Abogado N. J. Z. R., actuando en su condición de Apoderado Defensor del imputado M. R. D. I..- SON PARTES: El Abogado N. J. Z. R., Defensor del acusado M. R. D. I., como parte recurrente; y el Abogado S. C., Representante del Ministerio Público, como parte recurrida. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- “HECHOS PROBADOS.- Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo con los criterios de la sana crítica, este Tribunal declara, expresa y terminantemente probado el hecho siguiente: PRIMERO: En varias ocasiones del mes de febrero del año dos mil ocho, el profesor de Educación Física M. R. D. I., de la Escuela Normal de Occidente de La Esperanza, Departamento de Intibucá, sostuvo relaciones sexuales con su alumna de quince años de edad D. Y. Z. M., quien cursaba el primer curso de dicha institución. SEGUNDO: Como consecuencia de dicha circunstancia, en fecha posterior la madre de la joven Z. M., señora D. M. C., recibió de parte del Profesor D. I., la cantidad de treinta mil lempiras, en concepto de reparación del agravio reseñado en el numeral anterior, dinero que fue devuelto en vista de no haberse permitido, por estar involucrada una menor de edad”.
III.- El recurrente, Abogado N. J. Z. R., formalizó su recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional de la siguiente manera: “UNICO MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. El Tribunal de Sentencia, con sede judicial en la Ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en la Sentencia Condenatoria dictada contra el imputado M. R. D. I., cometió infracción del precepto constitucional comprendido en el artículo 89, que literalmente establece: “TODA PERSONA ES INOCENTE MIENTRAS NO SE HAYA DECLARADO SU RESPONSABILIDAD POR AUTORIDAD COMPETENTE”. Vicio que lo hizo violentar lineamientos de la ley constitucional vigente. PRECEPTO AUTORIZANTE. En el artículo 361 del Código Procesal Penal se instituye el vicio en la sentencia Definitiva cuando se comete infracción del precepto constitucional, veamos: EXPLICACION DEL UNICO MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. El motivo por infracción de Precepto Constitucional, que proclamamos es el contentivo a LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, el cual lo relacionamos con el artículo 2 del Código Procesal Penal y 89 del propio Texto Constitucional, al amparo del artículo 361 de la ley procesal, en relación al delito de lavado de activos por el cual fue condenado nuestro representado M. R. D. I., por cuanto el Tribunal de sentencia ha formulado un relato fáctico en base a enunciados donde indica auxiliarse de las reglas de la sana crítica contentivas de las máximas de la experiencia y de la lógica, de los cuales no existe corroboraciones inmediatas de la prueba evacuada en juicio que hagan verosímil esos enunciados; en consecuencia se contradicen con la multitud de extremos fundamentales en relación con su versión de los hechos ya que no se encuentran corroboradas por ningún medio probatorio o indiciario, por lo que, de la prueba practicada no existe base razonable para dictarse un pronunciamiento de culpabilidad, conculcándose el principio de presunción de inocencia. Previamente debemos recordar, que nuestro sistema casacional no queda limitado al análisis de cuestiones jurídicas y formales y a la revisión de las pruebas, en virtud de que el recurso de casación puede interponerse en todo caso, fundándose en la infracción de un precepto constitucional, de modo que a través de la invocación del Artículo 89 de la Constitución de la República de Honduras (fundamentalmente, en cuanto se refiere al derecho a la presunción de inocencia), es posible que la Sala de lo Penal controle tanto la licitud de la prueba practicada en la que se fundamenta el fallo, como su suficiencia para desvirtuar la presunción de inocencia y la razonabilidad de las inferencias realizadas por el Tribunal de Sentencia. Por ello a través de un motivo de casación basado en la infracción del derecho a la presunción de inocencia, se puede cuestionar no solo el cumplimiento de las garantías legales y constitucionales de la prueba practicada, sino la declaración de culpabilidad que un Tribunal de Sentencia haya deducido de su contenido. Por tanto el acusado M. R. D. I. tiene abierta una vía que permite a la Sala de lo Penal hacer una la revisión íntegra, entendida en el sentido de posibilidad de acceder no solo a las cuestiones jurídicas, sino también a las fácticas en que se fundamenta la declaración de culpabilidad, a través del control de la aplicación de las reglas procesales y de valoración de la prueba. Así pues, que no solo se debe comprobar que el Tribunal de Sentencia ha dispuesto de la precisa actividad probatoria para la afirmación fáctica contenida en la sentencia, lo que supone constatar, para determinar si existió por haberla realizado con observancia de la legalidad en su obtención y práctica en el Juicio Oral y Público bajo la vigencia de los principios de inmediación, oralidad, contradicción, concentración y publicidad, y que el razonamiento de la convicción obedeció a criterios lógicos y razonables que permitan su consideración de prueba de cargo. Pero no acaba aquí la función casacional en las impugnaciones referidas a la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, pues la Sala de lo Penal puede realizar una función valorativa de la actividad probatoria, actividad que desarrolla en los aspectos no comprometidos con la inmediación de la que carece, pero que se extiende a los aspectos referidos a la racionalidad de la inferencia realizada y a la suficiencia de la actividad probatoria, es decir, el control casacional de la presunción de inocencia se extenderá a la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal, con examen de la denominada disciplina de garantía de la prueba, y del proceso de formación de la prueba, por su obtención de acuerdo a los principios de inmediación, oralidad, contradicción, concentración y publicidad. Además, el proceso racional, expresado en la sentencia, a través del que de la prueba practicada resulta la acreditación de un hecho y la participación en el mismo de una persona a la que se imputa la comisión de un hecho delictivo. En efecto, la valoración de la prueba una vez considerada como prueba regularmente obtenida bajo los principios que permiten su consideración como tal conforme a lo que establece el artículo 336 del Código Procesal Penal, ésto es por su práctica en condiciones de regularidad y bajo los principios de inmediación, oralidad, concentración y contradicción, se desarrolla en dos fases. 1) La percepción sensorial de la prueba. 2) Su estructura racional[1]. La primera está regida por la inmediación, por la presencia del Tribunal de Sentencia ante el que se desarrolla la actividad probatoria atento, por tanto, a lo que en el juicio se ha dicho y al contenido de la inmediación, la seguridad que transmite la prueba e, incluso, las reacciones que provoca en el caso de la prueba testifical su comparecencia y declaración. La segunda aparece como un proceso interno del juzgador por el que forma su convicción a través de lo percibido, incorporando a esa percepción los criterios del sentido común, la experiencia y la lógica que le llevan a la convicción. En este sentido, la Jurisprudencia Hondureña ha establecido que: “…Esta Sala De Lo Penal observa que el control de casación por Infracción de Precepto Constitucional, consistentes en infracción al derecho de defensa, debe limitarse a dos aspectos esenciales: a) Comprobar si las partes han tenido igualdad de oportunidades procesales para aportar medios de prueba, formular alegaciones e impugnar resoluciones que le son adversas; b) Con respecto a la prueba de reproche determinar si esta ha sido legalmente obtenida e incorporada al juicio; y, b) verificar la racionalidad de la motivación de los juicios e inferencias lógicas alcanzadas por el juzgador...” (Sentencia de fecha quince de abril de dos mil ocho, recaída en el recurso de Casación No. 130=2007). “… Esta sala de lo penal estima que efectivamente cuando se alega en casación, la violación del derecho de Presunción de Inocencia, el control del recurso debe consistir en: a) Una ponderación o juicio sobre la prueba, consistente en verificar la existencia de prueba de cargo legalmente obtenida e incorporada al juicio; y, b) La verificación de la racionalidad de las inferencias derivadas de la prueba directa o indirecta, a efecto de constatar la razonabilidad o arbitrariedad de estas a la luz de las reglas de la sana crítica..." (Sentencia de fecha doce de febrero del año dos mil ocho, recaída en el Recurso de Casación Penal registrada bajo el No. 164-07). “…Por otra parte Este Tribunal en reiteradas sentencias ha sentado pauta de jurisprudencia, en cuanto a la intangibilidad del cuadro fáctico fijado por el juzgador de instancia. Los hechos probados se derivan de la valoración de la prueba de conformidad a los reglas de la sana crítica. Corresponde únicamente al Tribunal de Casación, determinar el iter lógico del juzgador...” (Sentencia de fecha veintitrés de agosto de dos mil seis, recaída en el recurso de Casación No. 1708=2004).Consecuentemente debemos entender que el único límite a esa función verificadora de la racionalidad lo constituye la inmediación en la percepción de la actividad probatoria, (es decir, la percepción sensorial de la prueba practicada en el juicio oral, en el sentido de lo que la prueba dice y que es oído por el Tribunal de Sentencia, y cómo las circunstancias que rodean su evacuación y constatación afirman o niegan los hechos incriminatorios), sin embargo esa limitación no impide que la Sala de lo Penal se vea limitada para – “Verificar la racionalidad de la motivación de los juicios e inferencias lógicas alcanzadas por el juzgador” - o que es lo mismo, establecer si la racionalidad de la motivación del Tribunal De Sentencia en cuanto a la valoración de la prueba, surge de inferencias lógicas, de las máximas de la experiencia o del sentido común; en definitiva, corresponde a la Sala de lo Penal, en cuanto al ámbito del control (en relación a las pruebas) determinar si la pena impuesta por el Tribunal de Sentencia al imputado M. R. D. I. se ha alcanzado conforme a los procedimientos que garantizan un Debido Proceso, o por el contrario se ha alcanzado mediante la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, siendo este el caso que nos ocupa, donde se pide un reexamen de la prueba de cargo tenida en cuenta por los Jueces de Sentencia desde los aspectos, de que, las motivaciones que se le hacen, son insuficientes, y que la prueba que sirve de pilar para el fallo condenatorio no fue debidamente razonada y motivada; todo se pide a la Sala de lo Penal, en garantía de la efectividad del recurso de casación invocado, mediante el cual la Sala de lo Penal es garante para verificar la razonabilidad de la argumentación del Tribunal de Sentencia afín de que las conclusiones sean acordes a las máximas de experiencia, reglas de la lógica y sentido común. DEMOSTRACIÓN IDONEA DEL VICIO DENUNCIADO. En este motivo casacional, formalizado por vulneración de la presunción constitucional de inocencia, el recurrente plantea la falta de racionalidad del juicio de inferencia construido por el Tribunal de Sentencia para condenar a M. R. D. I., estimando el recurrente que existen alternativas más favorables respecto a la conclusión de su autoría a la cual concluyó el Tribunal de Sentencia, ya que esta solución judicial se deriva de juicios o razonamientos ilógicos, que inclusive no pueden encuadrarse dentro de los raciocinios inherentes a las máximas de la experiencia, sentido común o lógica que dicen alcanzar los juzgadores al momento de valorar dichas pruebas conjuntamente con el resto de pruebas evacuadas en juicio oral y público para no darle credibilidad a las declaraciones testificales de D. Y. Z. M. y D. M. C. que acreditada el origen de los verdaderos hechos que dieron pie a la imputación levantada en contra de mi representado, que no era otro que la supuesta víctima D. Y. Z. M. por su inmadurez para afrontar situaciones propias de la pubertad, había confeccionado actos inmateriales de índole amoroso, en los cuales describía en una carta, escenarios de esa naturaleza donde imaginaba la participación de su maestro de física M. R. D. I., siendo la génesis, que puso en reacción a las autoridades educativas, investigativas, fiscalía y poder judicial, esta última que determinó admitir la acción penal que por el delito de ESTUPRO se le instruyó al ahora imputado, sin embargo, la retratación de la supuesta ofendida D. Y. Z. M. y la confesión que le hizo a su madre D. M. C., de que los hechos atribuibles al imputado no eran ciertos, condujo que en el Debate de Juicio Oral y Público brindaran esos nuevos elementos de prueba, por lo que se esperaba en base al artículo 336 de la ley procesal, que el Tribunal de Sentencia los razonara en su motivación de la sentencia condenatoria, vaya, por lo menos, que explicara de manera clara, precisa y coherente las razones lógicas, del porqué dichos testigos no le eran creíbles, explicando como esos elementos de prueba no le aportaban nuevos elementos, por lo que no afectaban la imputación objeto del proceso; pero al no existir dicho razonamiento en la motivación de la sentencia, el tribunal de sentencia deja un vacío de racionalidad, que no permite justificar el fallo asumido, ya que por el contrario los Jueces de Sentencia únicamente se limitan a justificar su veredicto condenatorio, en un extremo “probatorio” que nada tiene que ver con el tipo penal sometido a juzgamiento, con la agravante que ese extremo “probatorio” la ley procesal le ha proferido a los Jueces y Magistrados una expresa prohibición para tomar en cuenta al momento de dictar una sentencia, o que es lo mismo, ese extremo “probatorio” al cual nos referimos, son “los motivos y causas” por los cuales las partes llegaron a una CONCILIACION, siendo así, soy del criterio como recurrente, que el Tribunal de Sentencia no debía, ni podía considerar de manera alguna en la motivación de la sentencia, esos motivos o causas, para con ello, justificar una condena en contra del imputado.- Y es que, hay que razonar de manera lógica, que cualquier persona que se encuentra sometida en este tipo de delitos, le resulta muy delicado y dificultoso -por no decir imposible- que alguna autoridad o persona le crean su versión exculpatoria, ya que ante la versión de culpabilidad que le infrinja una menor de edad a un adulto, no existe, ser humano que se resista a no creerle a dicha víctima o por lo menos poner en duda su versión, por lo que lógicamente, en un grado de desesperación tanto del imputado, como del cuerpo legal que le asesoraba en aquellos momentos, era mejor, llegar a un mal arreglo, que a un juicio penal; Esto acontece, todos los días en la administración de justicia, donde personas inocentes inclusive-mejor concilian, que verse inmiscuidos en un largo, tedioso y apológico juicio penal, y más aún donde una menor le acusa de actos inmorales; a este razonamiento también, pudo haber arribado el Tribunal de Sentencia, si es que quería tomar en cuanta dicha conciliación, pero, lógicamente como lo he manifestado, resulta muy inquisitivo tomar medidas ejemplarizantes contra un maestro, que creer a lo sumo en su inocencia, es por ello, que la Sala de lo Penal se le pide “Verificar la racionalidad de la motivación de los juicios e inferencias lógicas alcanzados por el juzgador” del cual estamos seguros, que al realizar el juicio de control casacional, podrá determinar sin lugar a dudas que dichas pruebas evacuadas en el presente caso, no resultan suficientes para contener un relato fáctico, probatorio y jurídico cuestionable que acredite, sin lugar a dudas, la sentencia condenatoria dictada en contra de mi representado. Tal infracción constitucional, en este caso, resulta grave y evidente, ya que si INCLUIMOS HIPOTETICAMENTE las declaraciones rendidas en el Debate De Juicio Oral y Público por parte de D. Y. Z. M. y D. M. C., el resultado sería muy diferente, ya que conforme a la Ley Procesal y Constitucional, solo las pruebas evacuadas en juicio pueden ser valoradas, no existiendo en todo el resto de pruebas evacuadas por lo menos UNA que acredite el delito de ESTUPRO, por todo ello, para que el vicio de casación se demuestre, tiene que ser de tal magnitud que evidencie la irracionalidad a la que arriba el Tribunal de Sentencia en su fallo judicial, en este orden de ideas, como reitero, si nos remitimos a las pruebas evacuadas, éstas no acreditan, ni justifican un fallo contradictorio, sino que por el contrario justifican un fallo absolutorio RECLAMACIONES HECHAS PARA SUBSANAR EL VICIO PROCESAL. El Vicio Procesal que da fundamento al Motivo de Casación por infracción de Precepto Constitucional expuesto en el presente Recurso, fue cometido en el acto mismo de la Sentencia, y por tanto, por su naturaleza no era posible intentar reclamo alguno para su subsanación más que la interposición del presente Recurso. ALCANCE DE LA PETICION DEL RECURRENTE: A la Honorable Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, respetuosamente pido, declarar HA LUGAR el Único Motivo de Casación Por infracción de Precepto Constitucional, SE ANULE la Sentencia recurrida y se ordene dicte la sentencia absolutoria a su favor”. RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL IMPUTADO M. R. D. I. DENUNCIANDO LA INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 89 DEL TEXTO FUNDAMENTAL QUE RECONOCE EL PRINCIPIO-DERECHO A LA PREESUNCION DE INOCENCIA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 361 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- El motivo por infracción de Precepto Constitucional que formula el recurrente se funda en la vulneración del principio-derecho a la Presunción de inocencia, que consagran el Artículo 2 del Código Procesal Penal y 89 del propio Texto Fundamental. El recurrente considera que se ha violentado el principio-derecho antes mencionado ante la ausencia de racionalidad en el juicio de inferencias construido por el A Quo para condenar al imputado M. R. D. I.. Reprocha que el A Quo emita juicios o razonamientos ilógicos opuestos a las máximas de la experiencia, sentido común y a la lógica, al valorar las pruebas en juicio sin dar credibilidad a las declaraciones rendidas por los testigos D. Y. Z. M.y D. M.Z C.. Cuestiona la inmadurez de la supuesta víctima D. Y. Z. M. para afrontar situaciones propias de la pubertad, al sugerir actos de índole amorosa al escribir una carta, escenarios donde imaginaba la participación de su maestro de Educación Física M. R. D. I., lo que provocó la reacción de las autoridades educativas, investigativas, fiscales y del Poder Judicial. Censura que se haya admitido la acción penal por el delito de ESTUPRO, no obstante, la retractación efectuada por la supuesta ofendida y la confesión que hizo a su madre D. M. C., de que los hechos atribuidos al acusado no eran ciertos. Señala que en el Debate se brindaron estos nuevos elementos de prueba exculpatorios, sin embargo, el A Quo, con inobservancia del Artículo 336 del Código Procesal Penal, no explicó en la motivación de la sentencia condenatoria, las razones lógicas del porqué dichos testigos no le eran creíbles. Reprocha que al no existir dicho razonamiento en la motivación de la sentencia, el A Quo deja un vacío de racionalidad, que no permite justificar el fallo. Cuestiona que el Tribunal de Instancia justifica su fallo condenatorio con base en prueba que no se vincula al tipo penal sometido a juzgamiento, a pesar de haber alcanzado las partes una conciliación, por lo que estima que el A Quo no debía condenar al imputado. Pide a esta Sala verificar la racionalidad de la motivación de los juicios e inferencias lógicas alcanzados por el juzgador y determinar que las pruebas no son suficientes para tener por acreditado un relato fáctico, que sirva para dictar una sentencia condenatoria. Considera que al incluir hipotéticamente las declaraciones rendidas en Juicio por D. Y. Z. M. y D. M. C., el resultado habría sido diferente, toda vez que entre las demás pruebas evacuadas no existe alguna que acredite el delito de ESTUPRO.. Esta Sala de lo Penal considera importante recordar que para el examen del motivo de casación por Infracción de Precepto Constitucional, fundado en vulneración del principio- derecho a la presunción de inocencia, debe comprobarse lo siguiente: a) si hay prueba en sentido material (prueba personal o real); b) si estas pruebas son de contenido incriminatorio; c) si ha sido constitucionalmente obtenida, esto es, si fue incorporada lícitamente al juicio oral; d) si ha sido practicada con regularidad procesal; e) si es suficiente para enervar la presunción de inocencia; y f) si ha sido racionalmente valorada por el Tribunal sentenciador. Por tanto, cuando en esta vía casacional se alega infracción de ese derecho fundamental, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas ante la presencia del juzgador de instancia, porque sólo a éste corresponde esa función valorativa, pero sí puede esta Sala verificar que, efectivamente, el tribunal "a quo" contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él del acusado, para dictar un fallo de condena, cerciorándose también de que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y en correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción y comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el juzgador el proceso de su raciocinio, al menos en sus aspectos fundamentales, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir en ellos los criterios de la lógica y de la experiencia. Pero no acaba aquí la función casacional de las impugnaciones referidas a la vulneración de este derecho fundamental a la presunción de inocencia, pues la ausencia en nuestro ordenamiento de una segunda instancia revisora de la condena impuesta en la sentencia obliga al Tribunal de casación a realizar una función valorativa de la actividad probatoria, actividad que se desarrolla en los aspectos no comprometidos con la inmediación de la que carece, pero que se extiende a los aspectos referidos a la racionalidad de la injerencia realizada y a la suficiencia de la actividad probatoria. La presunción de inocencia supone, que, como se parte de la inocencia, quien afirma la culpabilidad ha de demostrarla y es a la acusación a quien corresponde suministrar la prueba de la culpa del ciudadano presumido inocente; no demostrándose la culpa, procede la absolución aunque tampoco se haya demostrado claramente la inocencia, pues es el acusador quien tiene que probar los hechos y la culpabilidad del acusado y no es éste quien tiene que probar su inocencia. La presunción de inocencia como verdad interinamente afirmada y mantenida, exige se demuestre lo contrario, la culpabilidad, o sea, que la desplace una prueba adecuada exigible en todo caso para que el tribunal pueda condenar. Dicho lo anterior, en el caso bajo examen, al valorar las declaraciones rendidas en juicio por los testigos D. Y. Z. M. y D. M. C., supuesta ofendida y madre de esta, respectivamente, (vid. Folio No. 12) solamente refiere que: “….las deponentes en audiencias de juicio oral y público, bajo juramento de decir verdad han tratado a toda costa de exculpar al referido señor D. I., de su participación en el hecho cometido, modificando los extremos sin ningún sustento que pueda ser creíble o al menos que pudiera desvanecer la imputación que pesa en su contra”. Este Tribunal de Casación, al contrario de lo expuesto por el Tribunal de Instancia, considera que ambas declaraciones testifícales coinciden tanto en los hechos como en sus incidencias, y por consiguiente constituyen prueba directa a favor del acusado M. R. D. I.. Esta Sala observa que el Juzgador al expresar que la prueba de mérito no le es creíble para desvanecer la responsabilidad del encausado, no ha valorado la prueba razonablemente, en tanto que omite indicar las razones o consideraciones de hecho y de derecho, por las que les resta credibilidad. La menor D. Y. Z. M. ha sido clara al manifestar que la única verdad de lo ocurrido es lo declarado en juicio, y ha explicado las razones por las cuales anteriormente ha sido mendaz, lo que ha resultado avalado por su madre D. M. C. y ratificado en juicio, de lo que se deduce que no se encuentra acreditado con certeza que haya mantenido relaciones sexuales con el acusado M. R. D. I.. Cabe recordar que en principio, la valoración judicial no recae sobre lo actuado en la etapa preparatoria. Sólo cabe valorar las declaraciones rendidas en esa fase y en general las diligencias practicadas en la misma, si éstas se vuelven a producir durante el juicio oral, o sea, si se reproducen materialmente durante dicho juicio, como si hasta entonces no se hubiesen producido o practicado durante la instrucción sumarial. Y esto sólo se consigue mediante la comparecencia personal del testigo, ante la inmediata presencia del tribunal sentenciador, contestando a las preguntas que le sean formuladas por la Acusación y la Defensa. A partir de tal momento, lo declarado por esa persona ya podrá ser valorado por el tribunal sentenciador, bien como prueba de cargo, bien como prueba de descargo. Esto significa que las diligencias practicadas en la etapa preparatoria, en sí mismas consideradas, no son susceptibles de ser valoradas por el tribunal sentenciador. Sólo cuando se reproducen materialmente durante el juicio oral es cuando podrán ser valoradas como prueba de cargo o de descargo, y excepcionalmente también podrán ser valoradas tales actuaciones que reúnan la condición de prueba preconstituida o anticipada[2]. Así las cosas, para que la declaración testifical rendida en la etapa preparatoria sea valorable en caso de contradicción con la declaración evacuada en el juicio oral, es preciso que concurran dos requisitos: a) Que la declaración de la etapa preparatoria se incorpore al juicio, siendo suficiente por vía excepcional que lo haya sido por lectura, al tenor de lo prescrito por el artículo 311 No. 2) del Código Procesal Penal, y que por otro lado se haya garantizado de ese modo la contradicción, poniéndose en evidencia las contradicciones, al objeto de que puedan darse las explicaciones oportunas; b) Que una vez incorporada dicha prueba, la misma sea corroborada por otras circunstancias periféricas u otros medios probatorios, y que el Tribunal de Instancia exprese las razones por las que se inclina por una versión distinta de la que ha aflorado en el juicio oral[3]. Un detenido examen del acta de debate no revela que las declaraciones rendidas por la supuesta ofendida y su madre durante la etapa preparatoria fueran incorporadas al juicio oral siguiendo lo preceptuado en el artículo 311 No. 6) del Código Procesal Penal, y por ende que hayan sido sometidas al contradictorio de las partes (vid. Folios No 32 y 33). De ahí que la sentencia condenatoria dictada por el A Quo queda huérfana de fundamentación al carecer de prueba de cargo suficiente que sustente los elementos constitutivos de un delito de estupro en perjuicio de la menor D. Y. Z. M.. Por otra parte, al estar fundada en declaraciones rendidas en juicio por los profesores de la institución educativa, que han declarado sobre la primera versión que había rendido la menor en el colegio, deposición que dicha menor y su madre han declarado en juicio, bajo juramento y de forma contundente, que es falsa, es importante destacar que los testigos de cargo, son testigos de referencia, que como antes lo señalamos han declarado en juicio sobre esa primera versión de la menor, que ha resultado desmentida posteriormente. Igualmente cabe destacar que la sentencia se funda en elementos probatorios de naturaleza pericial y documental, consistentes en una constancia médica de evaluación clínica de la menor cuando esta tenia 15 años de edad, que acredita “himen con ruptura antigua”; y las Actas levantadas por el Director de la Escuela Normal de Occidente, para investigar y sancionar la conducta –administrativa- del acusado, que no constituyen por si solas, pruebas de cargo suficientes, ni idóneas para establecer inequívoca y categóricamente la ejecución por el imputado de actos ilícitos de connotación sexual realizados contra dicha menor. Es decir, que no es prueba suficiente para inferir de ella, de forma lógica y razonable, la ocurrencia de alguna relación sexual sostenida entre el acusado M. R. D. I. y la menor D. Y. Z. M., que permitan arribar a un veredicto de culpabilidad. Esta Sala considera que la declaración de responsabilidad penal del encartado solamente podría haberse fundado en prueba que acreditara de forma directa o indiciaria el acceso carnal, mediando abuso de confianza con una menor de quince años de edad. Siendo que en la audiencia de juicio no se dispuso del mínimo de prueba legalmente evacuada, que sirviese para fundar un veredicto condenatorio, es procedente declarar con lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional interpuesto por la Defensa en su único motivo. IV.- El Recurrente desarrolló su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: Por haber dictado el Honorable Tribunal de Sentencia, con sede judicial en la Ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en fecha uno de octubre del 2010, sentencia condenatoria contra mi representado el ciudadano M. R. D. I. a quien el Ministerio Público le llamó a juicio por suponerlo responsable del delito de ESTUPRO en perjuicio de D. Y. Z. M., suprimiendo las declaraciones testificales de retractación de la víctima y de su madre, anulando el efecto natural que esta debe ejercer sobre el resultado de la sentencia. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 Numeral 2 del Código procesal Penal, que consigna: “…excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: El Honorable Tribunal de Sentencia, con sede judicial en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, resolviendo el juicio contra M. R. D. I. a quien el Ministerio Público le llamó a juicio por suponerlo responsable del delito de ESTUPRO, cometió grave infracción a la forma del Juicio y en perjuicio de mi representado; en virtud de que la supuesta víctima de nombre D. Y. Z. M. se retractó en pleno Juicio Oral y Público de los hechos que había provocado al Ministerio Público a instar una investigación que finalizara en el debate de Juicio Oral y Público, el 26 de julio del 2010, en la ciudad de Siguatepeque. El recurrente observa que en la sentencia condenatoria en su parte segunda de la Valoración de la Prueba el tribunal señala que: “para estos juzgadores, lo expresado por la menor D. Y. Z. M., quien afirmó que todo lo ocurrido era producto de una mentira que había inventado porque estaba enamorada de su profesor M. D., sin pensar en las consecuencias que acontecerían posteriormente; por su parte también declaró su madre D. M. C., quien refirió que hace unos meses atrás su hija manifestó que ella no había tenido relaciones sexuales con el mencionado profesor D., que se sentía mal porque él es inocente, razón por la cual decidieron llegar o un arreglo judicial, mediante la figura de la conciliación misma que consistía en que el profesor M. D., les entregaría la cantidad de treinta (L.30,000.00) mil lempiras; Alternativa procesal que no fue admitida por este tribunal por considerar que en base al artículo 90 del Código de la Niñez y la Adolescencia, no se permitirá ningún perdón expreso y tácito, de parte del agraviado o de sus padres o representantes legales para los trasgresores de los derechos del niño. Tal es el caso que las deponentes en audiencia de juicio oral y público, bajo juramento de decir verdad han tratado a toda costa de exculpar al referido señor D. I., de su participación en el hecho cometido, modificando los extremos sin ningún sustento que pueda ser creíble o al menos que pudiera desvanecer la imputación que pesa en su contra”. Consecuentemente acontece dos situaciones de relevancia probatoria, la primera que con este argumento el mismo Tribunal de Sentencia reconoce que ha desaparecido aquella noticia criminis, aquel relato que había rendido D. Y. Z. M., que en realidad se trata del eje de toda la acusación del Ministerio Público; y como se manifiesta luego de este comentario inserto en la sentencia el Tribunal hace a un lado la declaración de la supuesta víctima y de su madre (deja de considerar prueba de valor decisivo) para argüir otros fundamentos que nada tienen que ver con los hechos juzgados, es aquí donde acontece la segunda situación de relevancia probatoria y es que, ya no son los testimonios que sobre los hechos imputables, que se conocen en el juicio, lo que valora el tribunal para dictar sentencia condenatoria, sino una supuesta conciliación, a la que se vio obligado el imputado por la conducta enamorada de una menor, que lo obligó hasta ofrecer un beneficio económico para que no continuara con su imputación falsa, pero véase, que diametralmente se cambiaron las reglas del juicio oral y público y ya no son los testimonios, los fundamentos reales donde se afinca la sentencia condenatoria, sino otros supuestos indicios que nada tiene que ver con los hechos que se juzgan, es por ello que el legislador, comprendiendo estas situaciones de índole procesal, ha prohibido a los jueces, que cualquier declaración, manifestación que hiciere presumir una supuesta participación delictiva a la que se vea sometido un imputado, por cualquier situación procesal de índole conciliatoria o de salida alterna, NO DEBE SER UTILIZADA EN SU CONTRA (artículos 35,36 párrafo último); ya que sí el tribunal, no le cree a los testigos lo que afirman ahora, de donde sostiene que existió un supuesto delito de ESTUPRO, y la pregunta obligada es ¿ qué es lo que exige el artículo 336 de la ley procesal para dictar sentencia?, la respuesta es obvia, las pruebas evacuadas en juicio, las cuales deberán ser valoradas conforme a la sana crítica, pero si se observa con detenimiento y cuidado, esa valoración bajo esas reglas del entendimiento humano, no existen en el fallo de marras, sino, que dicha valoración fue sustituida mediante un argumento arbitrario e inentendible, donde los jueces de sentencia, consideran, ya no los hechos imputables que la supuesta víctima fijara en su momento, a su vez tampoco, la retractación que hace la supuesta víctima, sino, que el campo en el cual, incursiona el tribunal de sentencia se encuentra alegada de la ponderación probatoria, de dicha prueba, porque se limita a afirmar que condena al imputado porque es culpable al supuestamente haber conciliado, y como en estos delitos se prohíbe la conciliación de hecho es culpable, así lo da entender en su fallo el Tribunal de Sentencia a la sociedad, al imputado y la supuesta víctima. Lo anterior, me permite establecer que ya no son las pruebas, las necesarias para condenar, sino el juicio moral con el que juzgan los hechos los jueces de sentencia en este caso, ya que no existe otra forma de ver las cosas, dado que el tribunal de sentencia dando la apariencia de analizar la retracción de la ofendida (valoración de la prueba) deniega su credibilidad; pero en realidad, se dedica a superarla, con prueba indirecta, circunstancial e inferior a los relatos de arrepentimiento surgidos por la parte supuestamente ofendida y su madre. Pero el tribunal persiguiendo a toda luz desvanecer el estado de inocencia de mi representado M. R. D. I. sin acervo probatorio, le condena, cuando incluso el mismo Ministerio Público fue incapaz de presentar argumentos y pruebas calificadas, que le coadyuvaran a la causa del Tribunal. El Honorable Tribunal de Sentencia, en sus sub-siguientes apartados de la Valoración de la Prueba, construye todo un andamio de sospechas, suposiciones, inducciones y argumentos que pretenden cambiar el curso que claramente, ya había dejado establecido D. Y. Z. M., siendo para el recurrente ininteligible la ineficacia que tiene el Tribunal, para no darle credibilidad a la confesión de la supuesta víctima; ya que en este caso específico la prueba de relleno (otros testigos) no establece por sí misma, la fecha, el lugar y la persona que sostuvo relaciones sexuales con D. Y. Z. M., y si existió un imputado con nombre y apellido este surgió de la viva vos de la denunciante; en aquellos primeros momentos y no de otros medios de Prueba diferentes o independientes a la denuncia. Si el entrar a una valoración de la Prueba le permitiera llegar a la verdad de los hechos al Honorable Tribunal de Sentencia; ésta debería al menos contener información que fuera por sí misma, suficiente para demostrar la responsabilidad de mi representado. Es decir el tipo de prueba que se usa en otro tipos penales; sin embargo si se suprime como cierta la declaración de la denunciante D. Y. Z. M. y de su madre, o sea, si el Tribunal hubiera estimado la declaración rendida en juicio y no la supuesta conciliación; no existe vínculo o conexión que surja de los exámenes del Ministerio Público que nuestro Código Procesal contempla en su Libro I, Título VII, capítulo I (los medios de prueba) en que puede valerse los Juzgadores para formar su convicción, a saber, por ejemplo la declaración del acusado, el examen de los testigos, los dictámenes e informes periciales, la prueba documental, la inspección ocular etc.; que tengan la fuerza suficiente, para conectar a mi representado M. R. D. I. en el lugar, tiempo o forma, con el cual se consumió el supuesto delito de ESTUPRO. Para finalizar el presente motivo de Casación el recurrente estima que, la declaración en juicio es de valor decisivo; más aún si ésta proviene de la Víctima (con el apoyo de la madre); siendo libre y espontánea rendida ante el Tribunal, cumpliendo con la inmediación, Oralidad y Publicidad; ejerce un efecto (por su contenido claro) sobre pruebas accesorias de corte inequívocamente incriminador presentadas por el Ministerio Público, por lo que resulta aventurado pensar, que no sirvan de nada, para sostener el estado de inocencia de mi representado, que sufre de una condena con prueba accesoria, no vinculante a los hechos juzgados. Estas mismas “pruebas” que por si solas no hubieran servido, ni para presentar un requerimiento Fiscal; hoy son suficientes para condenar a M. R. D. I. ciudadano del Estado de Honduras, por lo que se pierde el sentido o espíritu del Juicio Oral y Público donde de nada sirve que surja la verdad si la mentira basta y sobra para desvanecer el estado de inocencia. Y es que no me estoy refiriendo simplemente a una ponderación probatoria, donde un tribunal de sentencia le da valor de credibilidad o no a una prueba, sino a la exclusión de prueba decisoria mediante razonamientos que no permiten determinar esa ponderación probatoria de carácter objetiva, es por ello, que la jurisprudencia hondureña, es determinante al establecer conceptos y alcances de la exclusión de prueba decisoria, veamos: “…La exclusión de prueba decisiva se produce cuando en la fundamentación intelectiva de la sentencia no se relacione de manera absoluta determinado medio de prueba evacuado legalmente en juicio habiéndolo excluido expresamente de la valoración o debido a que tal apreciación del Juzgador resulte insuficiente, arbitraria o inconsistente, y se trate de prueba de valor decisorio...” (Sentencia de fecha doce de febrero del año dos mil ocho, recaída en el Recurso de Casación Penal registrado bajo el No. 53-o7). RECLAMACIONES HECHAS PARA SUBSANAR EL VICIO PROCESAL. El Vicio Procesal que da fundamento al Motivo de casación por Quebrantamiento de Forma expuesto en el presente Recurso, fue cometido en el acto mismo de la Sentencia, y por tanto, por su naturaleza no era posible intentar reclamo alguno para su subsanación más que la interposición del presente Recurso. ALCANCE DE LA PETICION DEL RECURRENTE: A la Honorable Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, respetuosamente pido, declarar HA LUGAR el Primer Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma, SE ANULE la Sentencia recurrida y se ordene su reenvío al Tribunal de Origen. RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL PROCESADO M. R. D. I. ALEGANDO QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA EXCLUIDO Y DEJADO DE VALORAR PRUEBA DE VALOR DECISIVO.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 2) PARRAFO IN FINE DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- Esta Sala no se pronuncia sobre el presente motivo de casación, al haber prosperado el que denunciando la Infracción de precepto constitucional, ha formulado con anterioridad el recurrente. SEGUNDO MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMTENTO DE FORMA. El Tribunal de sentencia de El Progreso, Yoro, en la sentencia Condenatoria dictada contra el imputado M. R. D. I. cometió quebrantamiento de forma a la sentencia definitiva, exponer una argumentación incoherente, imprecisa y no terminante, vicio que lo hizo violentar lineamientos de la ley vigente. PRECEPTO AUTORIZANTE. En el artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal se instituye el vicio en la Sentencia Definitiva en el caso: “Que falte la declaración de los hechos que el Tribunal estime probados, que tal declaración no sea claro y terminante o que sea contradictoria”. PRECEPTO INFRINGIDO. Artículo 338 del Código Penal que expresa: “ARTICULO 338.- Requisitos de la sentencia. Las sentencias se redactarán por escrito, con sujeción a las reglas siguientes: Primera:…Segunda:… Tercera:…Cuarta: se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente:1) Declaración de hechos probados. En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de Los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse. (Lo recalcado es mío). EXPLICACIÓN DEL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMTENTO DE FORMA. El motivo segundo por Quebrantamiento de forma al amparo de lo establecido en el artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal, se denuncia que los hechos declarados probados que se consigna como tales en la sentencia, no se desprende de sus declaraciones que el consentimiento de los actos atentatorios contra la libertad sexual de la supuesta víctima, se hubiese obtenido prevaleciéndose el imputado de una situación de superioridad, con lo cual se hubiese coartado la libertad de la víctima; consecuentemente al ser los Hechos Probados, no terminantes, impiden en un Estado de Derecho conocer, Cuándo, Cómo y Dónde aconteció el hecho con relevancia penal juzgado. Veamos: “…PRIMERO: En varios ocasiones del mes de febrero del año dos mil ocho, el Profesor de Educación Física M. R. D. I., de la escuela Normal de Occidente de La Esperanza, Departamento de Intibucá, sostuvo relaciones sexuales con su alumna de quince años de edad D. Y. Z. M., quien cursaba el primer curso de dicha institución, SEGUNDO: Como consecuencia de dicha circunstancia, en fecha posterior la madre de la joven Z. M., señora D. M. C., recibió de parte del profesor D. I., la cantidad de treinta mil lempiras, en concepto de reparación del agravio reseñado en el numeral anterior, dinero que fue devuelto en vista de no haberse permitido, por estar involucrada una menor de edad…”. El desarrollo argumental del motivo que hace suyas las consideraciones de la santidad de la sentencia, hace necesario recordar como lo hemos manifestado en otros casos que en los delitos contra la libertad sexual, máxime cuando afectan a menores de edad, nuestra legislación ha merecido considerar un especial reproche moral y social que impone una contundente reacción penal, proporcionada a su acentuada gravedad, dada la especial relevancia del bien jurídico contra el que se atenta, reforzado todo ello, para garantizar la debida protección a las personas menores de edad que merecen gozar de todos los derechos y garantías que establece nuestra Constitución; sin embargo, siendo todo ello cierto, en ningún caso, tampoco, puede aceptarse que el carácter odioso de los hechos denunciados, debe implicar una degradación de las garantías y derechos propias que el imputado tiene en el proceso penal, especialmente del derecho constitucional a la presunción de inocencia, que constituye un principio fundamental y presupuesto básico de todas las demás garantías del proceso. Por ello, siendo la Constitución norma jurídica suprema de aplicación directa e inmediata (máxime en materia de derechos y garantías fundamentales) obliga a los distintos órganos de jurisdicción ordinaria, entre los que debe contarse el tribunal de sentencia, a respetar las normas jurídicas; especialmente, aquellos preceptos que les obligan explicar, las razones del porqué se afectara el derecho constitucional a la presunción de inocencia, consecuentemente, cuando no se cumple con este mandato, estos preceptos resultan inconciliables, con los Hechos Probados con los cuales se construye una sentencia condenatoria, por tanto, atendiendo el derecho constitucional a la presunción de inocencia se impone a todo Tribunal de sentencia a plantear en su fallo una “…declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia…” mediante la libre valoración de las pruebas con las pautas ofrecidas por la ley procesal (sana crítica) por lo que la valoración de la prueba implica, que para que se de una sentencia condenatoria, es preciso deslindar con frases perfectamente diferenciadas de la incoherencia y la imprecisión, cuales son los hechos probados, para que dentro de ellos, se establezca, a lo sumo, el carácter objetivo que podía calificar la constatación de la existencia de las verdaderas pruebas tenidas en cuenta para enervar el estado de inocencia, ya que dado el caso, si el tribunal de sentencia, ha considerado en la valoración de la prueba, que la víctima y su madre, no merece credibilidad sus testimonios rendidos en el juicio oral y público, y no se cuenta con otro medio de prueba que establezca la realidad del Hecho Probado Primero, que establece las relaciones sexuales, el mismo Hecho, al no tener en que fundamentarse o probarse, resulta impreciso y no terminante. En cuanto al segundo hecho probado, este resulta ilegal, en vista de que si una persona se ve sometida a un proceso injusto, y ante cualquier situación se ve obligada, asustada o coaccionada, a ponerle fin a dicha situación angustiosa, y hace cuánto esta su alcance, para someterse a una “conciliación”, Resulta ahora, que dicha salida alterna, puede ser utilizada en su contra ( y a pesar de que existe normativa procesal y constitucional que prohíbe considerarlas de esa manera), mutándola como medio "probatorio" para condenarlo, al dilucidar el tribunal de sentencia con frases ambiguas y dubitativas que dicha “conciliación” demuestra la “culpabilidad” del imputado, obviamente con este tipo de redacción en la declaración del hecho probado, aduce e infiere en su Segundo Hecho Probado, que rechaza dicha conciliación por “estar involucrada una menor” pero no se tomó la molestia, en considerar también, que el propio imputado, dadas las declaraciones de la víctima y su madre, estaba siendo sometido a llegar a un arreglo por un hecho del cual también podría ser inocente; todo ello provoca, que tal declaración del hecho probado, es impreciso y no terminante, con la agravante de ser atentatorio para los derechos del imputado. Es por ello que la jurisprudencia ha sido categórica, al establecer que: “… Los hechos probados de una sentencia penal son la exteriorización del juicio de certeza alcanzado por el tribunal sentenciador del que deben formar parte todos los datos relativos a los hechos penalmente relevantes, incluyendo además, en caso de haberlos, aquellos que pueden modificar o hacer desaparecer alguno de los elementos del delito. Todos esos elementos deben formar parte del factum porque forman la verdad judicial obtenida por el tribunal sentenciador. El Código Procesal Penal señala en su artículo 338 regla cuarta, inciso 1) que los hechos probados de la sentencia deben de estructurarse en párrafos separados y numerados, haciendo declaración expresa y terminante de los hechos que se consideren probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse. Pues bien, para que no exista en la declaración de hechos probados el vicio de falta de terminancia, será preciso que las declaraciones fácticas sean rotundas y categóricas, sin incurrir en dudas, vacilaciones o ambigüedades. El vicio de falta de claridad, precisión y coherencia se produce, bien por el empleo de frases ininteligibles, por omisiones, utilización de juicios dubitativos, carencia de supuesto fáctico o porque se describa el resultado de las pruebas sin afirmar el juzgador cuáles son los hechos probados. Todo lo anterior debe incidir directamente en la calificación jurídica, para que se produzca un vacío o laguna en la relación histórica de los hechos…” (Sentencia de fecha uno de marzo de dos mil seis, recaída en el recurso de Casación No.21=2005). RECLAMACIONES HECHAS PARA SUBSANAR EL VICIO PROCESAL. El Vicio Procesal que da fundamento al Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma expuesto en el presente Recurso, fue cometido en el acto mismo de la Sentencia, y por tanto, por su naturaleza no era posible intentar reclamo alguno para su subsanación más que interposición del presente Recurso. ALCANCE DE LA PETICION DEL RECURRENTE: A la Honorable Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, respetuosamente pido, declarar HA LUGAR el segundo Motivo de Casación Por Quebrantamiento de Forma, SE ANULE la Sentencia recurrida y la ordene su reenvío al Tribunal de Origen”. RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMTENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ACUSADO M. R. D. I. ALEGANDO QUE LA SENTENCIA CONDENATORIA IMPUGNADA CONTIENE UNA ARGUMENTACIÓN INCOHERENTE, IMPRECISA Y NO TERMINANTE. Esta Sala no se pronuncia sobre el presente motivo de casación, al haber prosperado el que denunciando la Infracción de precepto constitucional, ha sido formulado con anterioridad por el recurrente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 89, 90, 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 361 del Código Procesal Penal.- FALLA: 1) Declarando CON LUGAR, el recurso de casación, por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, invocado por el recurrente, en su condición de Apoderado Defensor del acusado M. R. D. I.; 2) Casando la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en fecha uno (1) de Octubre de dos mil diez (2010), que CONDENA al señor M. R. D. I., por el delito de ESTUPRO, en perjuicio de la menor D. Y. Z. M., a la pena de SEIS (6) AÑOS DE RECLUSION, más las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- 3) Absolviendo de responsabilidad criminal al imputado M. R. D. I., por el delito de ESTUPRO que se le venía atribuyendo, en perjuicio de la menor D. Y. Z. M. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes.- REDACTÓ EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO.-NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- EDITH MARIA LOPEZ RIVERA.- MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de enero del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha ocho de noviembre del año dos mil doce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-142-2011.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] “Control de logicidad, reglas Lógicas.- Si bien la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas de la sentencia son inatacables en casación, está en cambio sujeto a control el proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento. El Tribunal de casación realiza bajo este aspecto un examen sobre la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación de la sentencia, verificando si en su fundamentación se han observado las reglas fundamentales de la lógica, la psicología y la experiencia.” Fernando de la Rúa.- La Casación Penal. El Recurso de Casación En el Nuevo Código Procesal Penal De La Nación Editorial Lexis Nexos. Argentina. Segunda Edición. Páginas 153 y 154.
[2] Vid. En este sentido: CLIMENT DURAN, CARLOS, en La Prueba Penal, Tomo I, 2ª Edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, pág. 157.
[3] Vid. En este sentido: MAGRO SERVET, VICENTE, en Guía de Problemas Prácticos y de Soluciones del Juicio Oral, 2ª Edición, Editorial La Ley, Madrid, 2009, págs. 381-383.