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Sentencia CP-142-10 — Registro 2548

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Actos de Lujuria Agravado, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR EL ABOGADO J. E. A. C., EN SU CONDICIÓN DE DEFENSOR PRIVADO DEL SEÑOR FRANCISCO ADALID MENOCAL CANELAS DENUNCIANDO VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA.- PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- I. Esta tipología es la más amplia de las que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el Recurso a desarrollar bajo este título tiene por objeto denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia, esto es debido a que si bien la normativa Procesal Penal establece la infracción de precepto Constitucional como motivo de casación, las normas Constitucionales susceptibles de ser examinadas son aquellas referentes a derechos fundamentales, que guarden relación con el derecho penal o las formas del juicio, en consecuencia, deberá intentarse el recurso acudiendo únicamente a normas constitucionales reguladoras de derechos fundamentales que eventualmente pudieran verse afectadas como producto de la persecución penal.- En una buena técnica, se debe optar por esta Vía Recursiva cuando no sea posible denunciar el vicio a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro, en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Legal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores. La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Supremacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial, como son las sentencias. II. El Censor señala que se ha violentado el artículo 89 Superior que contiene el principio material de presunción de Inocencia cuando, por mayoría de Votos, el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho, condenó al imputado F. A. M. C., por el delito de Actos de Lujuria Agravados basado únicamente en simple indicio o sospecha, más no en prueba contundente; Señala que la sentencia condenatoria se basa en la declaración rendida por un Agente de Investigación, sin que ésta prueba arroje certeza sobre la participación de su representado en los hechos.- III.- El Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio: El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso, es precisamente en virtud de ella que el Tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; Para el pronunciamiento de la Sentencia Condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al Juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza, más allá de cualquier duda razonable.- Mediante el fallo de fecha catorce de mayo de 2007, en el Expediente 312-2006, esta Sala de lo Penal ha declarado que el Estado de Inocencia es “… es un estado inherente a la persona humana …”, éste derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.” (Fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de Mayo del 2011, en el Expediente 304-2010).- En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad, así pues deberá de determinarse: a) Licitud de la Prueba: si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos, b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos.- (Ver al respecto el fallo de fecha cinco de abril del 2011, en el Expediente 042-2009 de la Sala de lo Penal).- IV.- De la Procedencia del Recurso.- El Recurso es de Recibo.- La Sala de lo Penal tras el estudio de la sentencia impugnada identifica múltiples yerros que invalidan el fallo pronunciado al vulnerar el Principio-Derecho de Presunción de Inocencia que ampara al acusado F.A. M. C.: 1).- Los Juzgadores consideran que no son creíbles las declaraciones rendidas por los Señores P. E. M. C. (Padre de la Ofendida y Hermano del Acusado), M. Y. M. (Madre de la Ofendida y cuñada del Acusado) y R. J. C. (Abuela de la Ofendida y Madre del Acusado) indicando de que como consecuencia del parentesco con el acusado han querido favorecerle al no involucrarlo en sus testimonios y señalar a un tercero como el verdadero responsable, argumento que no constituye un silogismo categórico debido a que no se tomó en cuenta la circunstancia de que los testigos también mantienen un grado de parentesco muy cercano con la ofendida, de tal manera que es posible contraponer el razonamiento de que a pesar de ese parentesco tan cercano y que la víctima es una niña menor de edad que genera profundos sentimientos de protección, de que los declarantes no señalaron al acusado como responsable de los hechos porque efectivamente tuvieron motivos racionales para considerar que no lo era; En conclusión el argumento del Tribunal de Sentencia, al dar cabida a múltiples posibilidades es de carácter dubitativo; 2).- Si partimos de la afirmación del Tribunal, en cuanto a que los testigos P. E. M. C., M.Y. M., R. J.C. y M. S. M. M. (ofendida) no merecen credibilidad, ello comporta que la única prueba para determinar la participación del acusado en los hechos es la declaración de la Agente de Investigación E. N. P. R., quien es un testigo de referencia, ya que informa al Tribunal haber escuchado de la menor que la persona que le tocó sus genitales era “el niño”, la testigo aclara que no preguntó mas a la menor y que posteriormente supo que al acusado se le llamaba con el sobrenombre del “niño”. Esta declaración por sí sola no arroja certeza sobre la identidad del responsable, ya que en primer término tendríamos que tener la certeza que la ofendida (en ese momento de cinco años de edad) entendió la pregunta que le formulaba la investigadora, además tendríamos que tener la certeza que la investigadora interpretó correctamente la respuesta de la niña y aun así el indicativo de “El Niño” resulta ser un señalamiento abstracto indeterminado que cobija la posibilidad de que la ofendida se refiriera a otro menor de edad, distinta al acusado; por tanto la Sala de lo Penal concluye que el Tribunal de Sentencia ha inobservado el principio lógico de derivación al concluir con pretensiones de certeza y más allá de toda duda razonable que el acusado F. A. M. es el autor responsable del delito imputado, cuando la prueba reproducida en el debate no permite esa inferencia lógica ni siquiera en un nivel de presunción, ergo existe violación al principio de inocencia al haberse dictado una sentencia condenatoria que adolece de prueba de cargo suficiente y convincente que le sirva de sustento.- V.- Por lo expuesto es procedente declarar con lugar el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo

Legislación citada

Sentencia

CP 142-2010

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de octubre de dos mil doce, por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS RAÚL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO en su calidad de Coordinador, JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO dicta sentencia conociendo del RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY, INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL Y POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, interpuesto contra la sentencia de fecha quince de enero de dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de Olancho, con sede en Juticalpa, mediante la cual Condenó a F. A. M. C., como autor responsable del delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS, en perjuicio de la menor M. S. M. M., a la pena principal de DIEZ (10) AÑOS DE RECLUSIÓN; más las accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena principal.- INTERPUSO EL RECURSO DE CASACIÓN, el Abogado J. E. A. C., actuando en su condición de Apoderado Defensor del imputado F. A. M. C. SON PARTES: El Abogado J. E. A. C., Defensor Privado del acusado F. A. M. C., en su condición de Recurrente y la Abogada M. E. G., Agente de Tribunales del Ministerio Público, en su calidad de Recurrida.CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley, Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma es admisible en tanto que observa los requisitos exigidos por la ley, de ahí que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia del mismo.HECHOS DECLARADOS PROBADOS II.- El Tribunal de Sentencia juzgador, en el fallo objeto de impugnación, declaro como probados los hechos siguientes: “PRIMERO: En horas de la noche del día miércoles dos de julio del año dos mil ocho, la menor M. S. M. M. de cinco (5) años de edad, se encontraba durmiendo, en una habitación de la vivienda que comparte con sus padres, ubicada en el Barrio el Centro del Municipio de la Unión del Departamento de Olancho, a la habitación se hizo presente el ahora imputado F. A. M. C., de veintiocho (28) años de edad y tío de la ofendida, quien primero le tapó la boca a la menor y luego procedió a introducirle los dedos de la mano en la vagina o vulva, ese mismo día la madre de la menor señora M. Y. M. Z., determinó que la menor tenía sangrado vaginal, por lo cual decidieron llevarla al centro de salud de la localidad, donde les indicaron que había sido agredida sexualmente. F. A., fue detenido, acusado y llevado hasta juicio oral y público”.- III.- El recurrente, Abogado J. E. A. C., desarrolló su recurso de casación de la siguiente manera: “EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION: PRIMER MOTIVO: Infracción del artículo 89 de la Constitución de la República en relación con el artículo 2 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DE MOTIVOS. El precepto constitucional que se invoca como infringido prescribe lo siguiente; Artículo 89, toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente. La norma que se cita como infringida en relación al anterior prescribe; artículo 2 Estado de inocencia. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este código. El tribunal sentenciador en la presente causa, ha tenido como probados los hechos siguientes; PRIMERO: En horas de la noche del día miércoles dos de julio del año dos mil ocho, la menor M. S. M.L M. de cinco años de edad, se encontraba durmiendo en una habitación de la vivienda que comparte con sus padres, ubicada en el barrio El Centro del municipio de la Unión del departamento de Olancho a la habitación se hizo presente el ahora imputado F. A. M. C., de veintiocho años de edad y tío de la ofendida, quien primero le tapó la boca a la menor y luego procedió a introducirle los dedos de la mano en la vagina o vulva, ese mismo día la madre de la menor señora M. Y. M. Z., determinó que la menor tenia sangrado vaginal por lo cual decidieron Llevarla al centro de salud de la localidad, donde les indicaron que había sido agredida sexualmente. F. A.M. C., fue detenido, acusado y llevado hasta juicio oral y público. Como se observa Honorables miembros de este alto tribunal de justicia mi representado fue condenado por el delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS, únicamente con un simple indicio o sospecha de participación, pero nunca con prueba contundente que no dejase ningún margen de duda sobre la participación del acusado; véase como uno de los testigos, P. E. M. C., hermano de mi defendido y padre de la niña M. S. M. M., asegura, que el que tocó a su hija se llama M. C. U., de ninguna manera reconoce que mi defendido sea el responsable, ahora bien que nos dice el otro testigo M. Y. M. madre de la niña, esta manifiesta que mi defendido no tuvo ninguna participación en el hecho, ahora que miremos que declaración rinde la ofendida M. S. M. M., sobrina de mi defendido, quien contundentemente asegura que la violó Mancho el que trabaja de parquero a lo que pregunta la fiscal; ¿te acuerdas lo que pasó?, me violaron, ¿porque decís que te violaron?, porque andaba trayendo guineas, ¿QUE PASO CUANDO ANDABAS VIENDO LOS PERRITOS? Me agarró Moncho. ¿Quien es Moncho?, Mancho campos, ¿ya conocías a este hombre? sí, ¿qué hizo Moncho después de que te agarró?, Me metió los dedos, ¿gritaste? sí, ¿porque no te escucharon dónde estaba tu mamá en ese momento?, haciendo comida, ¿estaba largo de donde tu mamá estaba haciendo comida?, en el camión de mi abuelo, ¿estas segura que así fue?, sí, ¿nadie te dijo que dijeras esto? No ¿te han amenazado tus papás? no, ¿alguna vez niño te ha tocado tu cuerpecito? no, ¿te ha amenazado? no. La declaración de la testigo E. N. P. R., declara que recibió una llamada telefónica en la oficina donde una enfermera del hospital San Francisco manifestaba que había una menor con signos de haber sido violada y le preguntó que le hicieron y ella solo contesto fue el niño, le preguntó a la mamá cómo le decía la niña a F. A. ella contesto EL NIÑO. De las declaraciones anteriores solamente la que rindió E. N. P. R. contiene alguna información que podría considerarse como indicio de participación de mi defendido, pero no suficiente por sí sola para declarar la culpabilidad, por el simple hecho que la testigo haya manifestado que la niña ofendida le haya dicho que fue EL NIÑO, situación que fue aclarada por los testigos anteriores y por la misma ofendida, que en efecto no fue mi defendido el que haya cometido ACTOS DE LUJURIA sino que fue otro señor de nombre M. EL Juzgador en su apartado de valoración de la prueba llegó a conclusiones; entre ellas la declaración del padre de la menor P. E. M. C., quien a la vez es hermano del imputado, este declaró que quien tocó o agredió a la niña fue una persona que trabaja en el parque de la comunidad y que la tocó cuando la niña salió a hacer un mandado que el agresor se llama M. C. U. que en los hechos su hermano no tuvo participación; asimismo declaró la madre de la menor de nombre M.Y. M. dijo efectivamente ese día a la niña la mandaron hacer un mandado luego regresó a la casa y se acostó; asimismo se incorporo por lectura la declaración que la testigo dio en sede administrativa ante la Dirección de Investigación Criminal, la menor declaró en el sentido de que quien le causó la agresión sexual fue otra persona diferente del imputado de nombre Moncho y que trabajaba de parquero. Incorporo por lectura documental a) acta de certificación de nacimiento de la menor M.S. M. M. con la que se acreditó que al momento del hecho ésta solo contaba con cinco años de edad b) dictamen médico emitido por el doctor R. H. donde se determinó la ruptura de himen (certificación de expediente clínico 305-377 del Hospital San Francisco de Juticalpa Departamento de Olancho Dictamen número 6106-08 del laboratorio de serología genética, la declaración de la testigo E. N. P. R., En conclusión HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA el tribunal recurrido le ha dado crédito al testimonio de un solo testigo que lleva por nombre E.N. P. R., que no constituye mas que una sospecha sobre la participación del acusado. Con lo anterior Honorable Tribunal de alzada he tratado de ilustrar en que consiste la flagrante violación por parte del Tribunal de Sentencia al principio-derecho de inocencia que consagra el artículo 89 de al Constitución de la República y el artículo 2 del Código Procesal Penal relacionado con el artículo 1 que determina que ninguna persona podrá ser condenada a una pena sino en virtud de sentencia firme después de haberse probado los hechos en el juicio oral, conforme a los principios constitucionales, los tratados internacionales de los que Honduras forma parte y el presente Código, cierto es una declaración y de la Ley Procesal en su artículo 2, al establecer su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente, pero esa declaratoria tiene que estar sustentada en auténticos medios de prueba, de tal suerte que no quede ningún margen de duda sobre la participación del indicado y es el caso de autos, Honorables Supremos Tribunal en al cual el A- quo basándose en una declaración testifical rendida por un agente de la Dirección de Investigación Criminal, sin haber una certeza de participación a dictado un fallo de condena para mi representado violando como consecuencia el derecho de inocencia que constitucionalmente le sigue favoreciendo hasta que la misma adquiera el carácter de firme. En apoyo de lo que hemos expuesto anteriormente la mayoría de los Convenios Internacionales que Honduras a suscrito con la Comunidad Jurídica Internacional defiende enérgicamente la violación al derecho de inocencia, así la Convención Americana de Derecho Humanos o Pacto de San José en su artículo 8 inciso 2 señala “que toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”. Por otra parte la Declaración Universal de Derecho Humanos en su artículo 11 de termina: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en que se le haya asegurado todas las garantías conforme a la ley y en juicio público en que se le haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14 N° 2 prescribe: “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”, y así podemos citar una serie de instrumentos mas de los que Honduras forma parte por haberlos ratificado como ser la convención Internacional de Derechos Humanos que exige que una persona no puede ser condenada, mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal, si obra prueba incompleta o insuficiente no es procedente condenarla sino absolverla. Como Jurisprudencia Internacional relativa al principio o derecho de inocencia podemos citar la sentencia dictada por la Corte Internacional de Derechos Humanos en el caso Cantoral Benavides de fecha 18 de agosto del 2000, en el cual el Estado de Perú condenó a dicho imputado a 20 años de reclusión por el delito de Terrorismo y entre otras cosas estableció “Los jueces que actuaron en el presente caso abordaron la causa con perjuicios y supusieron a priori que el acusado era culpable, por lo que Perú violó el artículo 8.2 de la Convención, corresponde al estado el ONUS probando de la culpabilidad del imputado y no a este la prueba de su inocencia. Los indicios tenidos en cuenta para condenar a L. A. C. B., no reunían los caracteres de gravedad, precisión y concordancia suficientes para tener por establecida la vinculación subjetiva que debe existir entre el autor de la ofensa penal y el hecho criminoso, por lo tanto El Perú castigo a una persona inocente cuya vinculación en actividades de tipo terrorista no se demostró. Es el caso que nos ocupa Honorable Corte, donde mi patrocinado ha ido condenado por pura sospecha de su participación, pero nunca por una verdadera prueba que demuestre fehacientemente la culpabilidad de mi cliente. En este caso en la cual se ha condenado al señor F. A. M. C., como autor del delito de ACTOS DE LUJURIA. El sentenciador no se valió de prueba de indicios, sino de prueba directa, es decir de un testigo, pero igual esas declaraciones al no reunir los requisitos o caracteres de gravedad, precisión y concordancia suficientes para dictar un fallo de condena el juzgador debió necesariamente que absolver al imputado, F. A. M. C.. También debemos citar la extensa Jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, citado por el doctor M.C. M. DE L., fiscal de ese tribunal en su texto, LA ALEGACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL RECURSO DE CASACION, mencionando entre otras sentencias las siguientes; No. 1079/200,623/1999, 6572/11999, 1450/1999, 1347/2000, donde dice: se ha establecido que cuando se alega en esta sede casacional, la violación del derecho de la presunción de inocencia, el control casacional queda limitado a dos aspectos a) Verificar el juicio sobre la prueba es decir a constatar la existencia de prueba de cargo legalmente obtenida e incorporada a los autos b) Verificación de la racionalidad de los juicios de inferencia alcanzados por la sala lo que es de la mayor importancia en los casos de prueba indirecta o indiciaria en su caso y todo ello en garantía de verificar que la conclusión alcanzada no es irrazonable o arbitraria desde las máximas de la experiencia, reglas de la lógica y principios científicos. Al respecto y para finalizar la exposición de este motivo, señalaremos lo que estableció el tribunal constitucional, en su sentencia No. 150/1989/de 25 de septiembre y dice; que la sentencia condenatoria debe fundamentarse en auténticos actos de prueba y que dicha actividad probatoria sea efectivamente incriminatoria, para que de su resultado se derive la evidencia del hecho punible y la evidencia de la participación del acusado. Situación que recalcamos en la presente sentencia que se recurre no se dio por las razones que ya sea han señalado, sabido es que el sentenciador tiene libertad para valorar en su conjunto las pruebas que se ejecuten en el juicio, pero respetando las reglas que la ley señala que deben ser observadas ya que nuestro sistema procesal se basa en la sana crítica racional; es decir un conjunto de normas o reglas que el juzgador debe observar al momento de valorar la prueba, no siéndole permitido hacer valoraciones a su arbitrio, tal y como esta permitido en el sistema de íntima convección o de prueba libre que se practica en algunas legislaciones donde el juzgador o jurado, según el caso, valora a su propia conciencia las pruebas evacuadas y no tiene ni la mínima obligación de explicar el porqué de su decisión”. IV.- Continua manifestando el recurrente en su: “SEGUNDO MOTIVO: No haberse observado en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en al última parte del numeral 3 del artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DE MOTIVO: El artículo 336 primer párrafo del Código Procesal Penal prescribe; El tribunal para resolver solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica por su parte el artículo 202 del mismo código establece; valoración de las pruebas. La sana crítica; las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica, el Órgano Jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. Antes de entrar a explicar la infracción del Juzgador, veremos en qué consisten las reglas de la sana crítica. Las reglas de la sana crítica o sana crítica profesional, como lo afirma la doctrina la mayoría de los estudiosos del derecho, consiste en que el Juzgador esta obligado a respetar los principios del recto entendimiento humano, es decir las normas de la lógica la psicología y la experiencia común. La lógica lleva consigo las siguientes Leyes: a) Ley de identidad b) Ley de contradicción e) Ley de tercero excluido y d) Ley de razón suficiente. LEY DE IDENTIDAD: Conforme a esta ley, el tribunal entre otras cosas esta obligado a identificar plenamente a los participantes en el juicio, especialmente al o los autores del delito, su grado de participación, etc. LEY DE CONTRADICCION: Esta ley se viola cuando el Tribunal en una Sentencia valora la prueba de tal suerte que en una de sus partes se afirma que algo es cierto y luego se niega dicha afirmación. LEY DE TERCERO EXCLUIDO: Esta ley se viola cuando los hechos que el tribunal estima probados, no son congruentes con la prueba que se haya ejecutado en el juicio oral o debate, de tal manera que seria ilógica una sentencia donde se afirma que el imputado es inocente o culpable según el caso, cuando los elementos de prueba con que el juzgador sustentó el fallo reflejan lo contrario de lo que determinó el decisor. LEY DE RAZON SUFICIENTE: Esta ley generalmente se violenta cuando los indicios con que se pretende fundamentar un fallo no se encuentran debidamente probados o cuando dichos indicios no tienen relación uno con el otro, es decir carecen de concordancia y por lo tanto no se puede establecer una conclusión lógica sea de culpabilidad o inocencia. La SICOLOGIA: Que es otra de las reglas de la sana crítica, esta es considerada como una ciencia empírica, del pensamiento humano que el Juez tiene el deber de aplicarla en la valoración de las pruebas, es decir que esta regla de la sana crítica, no es mas que aquellos razonamientos, sicológicos que el juzgador en ciertos casos debe emplear al momento de dictar su veredicto. En lo que respecta a la experiencia común, son aquellas nociones que corresponden al concepto de cultura común, aprensibles espontáneamente por el intelecto como verdades indiscutibles. Veamos en que consiste la violación por parte del sentenciador a las reglas de la sana crítica al momento de valorar la prueba. 1.- Como podréis observar Honorables Magistrados el Tribunal sentenciador al proferir el fallo recurrido, violentó la ley de tercero excluido, ya que como se expresó anteriormente esta ley se viola cuando los hechos que el juzgador ha declarado como probados, no son congruentes con la prueba aportada o ejecutada en el juicio o debate de tal suerte que seria ilógica una sentencia, cuando el tribunal en su fallo determine que el imputado es culpable o inocente según el caso, pero los medios de prueba reflejan lo contrario de lo que el decisor falló. Tal es el caso que nos ocupa, en la cual el tribunal recurrido declaró y afirmó en sus hechos probados que: En horas de la noche del día miércoles dos de julio del año dos mil ocho, la menor M. S. M. M.de cinco años de edad, se encontraba durmiendo en una habitación de la vivienda que comparte con sus padres, ubicada en el Barrio el Centro del Municipio de la Unión del Departamento de Olancho a la habitación se hizo presente el ahora imputado F. A. M. C., de veintiocho años de edad y tío de la ofendida, quien primero le tapó la boca a la menor y luego procedió a introducirle los dedos de la mano en la vagina o vulva, ese mismo día la madre de la menor señora M.Y.M. Z., determinó que la menor tenía sangrado vaginal por lo cual decidieron llevarla al centro de salud de la localidad, donde les indicaron que había sido agredida sexual mente fue detenido, F.A. M.C., acusado y llevado hasta juicio oral y público. Si analizamos el material probatorio que el tribunal utilizó para declarar la culpabilidad del acusado, nos damos cuenta que dicho fallo no es congruente con el elenco probatorio que la acusación incorporó al debate, ya que como se ha explicado en el motivo anterior, el Juzgador con un simple indicio o sospecha dictó un fallo de condena contra F. A.M. C. Asimismo, como consecuencia de lo anterior se produjo violación al principio o regla lógica de la derivación, que se manifiesta o impone la necesidad de razón suficiente y fundada para considerar verdadera una conclusión, pues todo razonamiento debe estar constituido por injerencias razonables deducidas de verdaderas pruebas que se hayan incorporado al juicio y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se hayan determinado lo cual no acontece en el caso subjudice en la cual el decisor con una prueba superflua o superficial, carente de toda certeza declara que mi defendido F. A. M. C., participó en el hecho, de ACTOS DE LUJURIA, sin obrar en las diligencias de mérito verdaderos elementos de prueba que acrediten sin duda la participación del acusado. La Honorable Corte Suprema de Justicia ha creado ya Jurisprudencia definiendo criterios y anulando sentencias e incluso del tribunal recurrido por violación a las reglas de la sana crítica donde a establecido el principio de derivación consiste en que de cada elemento probatorio se tiene que derivar una conclusión debiendo existir coherencia entre el primero y el segundo, no debiendo violarse en el razonamiento ninguna de las reglas de la sana crítica específicamente la lógica en el presente caso, el sentenciador no solamente ha violado las reglas de la lógica antes apuntadas, sino también ha violentado la regla lógica de la derivación, al establecer conclusiones de elementos probatorios que no debió dársele ningún valor”. V.- Sigue manifestando el recurrente en su: “TERCER MOTIVO: Haber excluido ha dejado de considerar el juzgador, prueba de valor decisivo en el juicio. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la última parte del numeral 2 del artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: La defensa de F. A. M. C., propuso y ejecutó el medio de prueba testifical, consistente en el testimonio de: P.E.M. C. (Hermano del Imputado) M. Y. M. (cuñada del imputado), R. J.C.(madre del imputado) testigos que son contestes en afirmar que el acusado no fue el agresor quien tocó o agredió a la niña M. S. M. M., sino que quien cometió tal hecho fue el señor M.C.U., versión que también fue confirmada por la ofendida (M.S. M. M.). Honorables Magistrados la versión de la ofendida como la de los testigos, coinciden en afirmar que no fue el acusado que cometió tal hecho, sino que quien cometió tal hecho fue el señor M. C. U., pero el juzgador sin dar razones o explicaciones lógicas declara que tales declaraciones no son útiles para la resolución de la causa restándole méritos a las mismas y dándole mérito a la declaración de la agente de investigación E. N. P. R. Lo anterior lo consideramos incorrecto y violatorio por parte del sentenciador, ya que el Juzgador para resolver la culpabilidad o inocencia de un acusado, al realizar el proceso intelectivo de valoración de la prueba, debe dar razones válidas; es decir, porqué a una prueba le da valor y porqué a otra no, en este caso como se observa en el numeral cuarto de la sentencia recurrida (Valoración de la prueba), el decisor se limita a decir que se produjo el delito de actos de lujuria agravados distintos del acceso carnal, esta determinación la tomamos en base a la declaración de la agente de investigación E. N.P. R. Lo que significa que la prueba de la defensa no fue considerada por el Juzgador, por lo tanto el sentenciador ha excluido un medio de prueba que era base fundamental para acreditar la inocencia de mi patrocinado. Honorables Magistrados en la sentencia dictada en fecha quince de enero del año dos mil diez, fue por mayoría de votos, disintiendo el Juez L. A. L. V., quien emitió su voto particular por no estar de acuerdo con el fallo de condena adoptado por la mayoría y por el contrario consideró que en la presente causa debió ABSOLVERSE al encausado en virtud de las consideraciones siguientes: No nos cabe la menor duda que con la prueba de carácter técnico científico evacuada en juicio como ser el dictamen médico legal se comprueba que efectivamente la menor ofendida fue objeto de una agresión de carácter sexual, no obstante con el resto de la prueba evacuada en el debate no se logró acreditar que la persona responsable de dicha agresión fue el señor F. A. M. C., tal como se advirtió de la declaración rendida en juicio por la propia ofendida quien categóricamente manifestó que dicho señor no fue el que abuso sexualmente de ella (M. S. M. M). Señalando incluso con nombre y apellido quien fue el sujeto responsable de la comisión del mencionado hecho punible, declaración esta que se vio reforzada además por los testimonios P. E. M. C., M. Y. M. y R. J. C., todos estos parientes de la menor ofendida M. S. M. M., quienes coincidieron plenamente al manifestar que el imputado no es el responsable de la agresión sexual en mención, aspecto esta que les constaba porque estuvieron con él, así como con la niña el día que ocurrieron los mismos y no observaron nada anormal entre ellos. Por las razones antes expuestas emito mi voto particular porque considero que el fallo debió ser de ABSOLUCION a favor del encausado F. A. M. C. en el proceso que se le siguió por el delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS y no de condena como lo apreció la mayoría”. IV.- RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR EL ABOGADO J. E. A. C., EN SU CONDICIÓN DE DEFENSOR PRIVADO DEL SEÑOR FRANCISCO ADALID MENOCAL CANELAS DENUNCIANDO VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA.- PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- I. Esta tipología es la más amplia de las que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el Recurso a desarrollar bajo este título tiene por objeto denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia, esto es debido a que si bien la normativa Procesal Penal establece la infracción de precepto Constitucional como motivo de casación, las normas Constitucionales susceptibles de ser examinadas son aquellas referentes a derechos fundamentales, que guarden relación con el derecho penal o las formas del juicio, en consecuencia, deberá intentarse el recurso acudiendo únicamente a normas constitucionales reguladoras de derechos fundamentales que eventualmente pudieran verse afectadas como producto de la persecución penal.- En una buena técnica, se debe optar por esta Vía Recursiva cuando no sea posible denunciar el vicio a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro, en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Legal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores. La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Supremacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial, como son las sentencias. II. El Censor señala que se ha violentado el artículo 89 Superior que contiene el principio material de presunción de Inocencia cuando, por mayoría de Votos, el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho, condenó al imputado F. A. M. C., por el delito de Actos de Lujuria Agravados basado únicamente en simple indicio o sospecha, más no en prueba contundente; Señala que la sentencia condenatoria se basa en la declaración rendida por un Agente de Investigación, sin que ésta prueba arroje certeza sobre la participación de su representado en los hechos.- III.- El Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio: El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso, es precisamente en virtud de ella que el Tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; Para el pronunciamiento de la Sentencia Condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al Juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza, más allá de cualquier duda razonable.- Mediante el fallo de fecha catorce de mayo de 2007, en el Expediente 312-2006, esta Sala de lo Penal ha declarado que el Estado de Inocencia es “… es un estado inherente a la persona humana …”, éste derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.” (Fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de Mayo del 2011, en el Expediente 304-2010).- En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad, así pues deberá de determinarse: a) Licitud de la Prueba: si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos, b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos.- (Ver al respecto el fallo de fecha cinco de abril del 2011, en el Expediente 042-2009 de la Sala de lo Penal).- IV.- De la Procedencia del Recurso.- El Recurso es de Recibo.- La Sala de lo Penal tras el estudio de la sentencia impugnada identifica múltiples yerros que invalidan el fallo pronunciado al vulnerar el Principio-Derecho de Presunción de Inocencia que ampara al acusado F.A. M. C.: 1).- Los Juzgadores consideran que no son creíbles las declaraciones rendidas por los Señores P. E. M. C. (Padre de la Ofendida y Hermano del Acusado), M. Y. M. (Madre de la Ofendida y cuñada del Acusado) y R. J. C. (Abuela de la Ofendida y Madre del Acusado) indicando de que como consecuencia del parentesco con el acusado han querido favorecerle al no involucrarlo en sus testimonios y señalar a un tercero como el verdadero responsable, argumento que no constituye un silogismo categórico debido a que no se tomó en cuenta la circunstancia de que los testigos también mantienen un grado de parentesco muy cercano con la ofendida, de tal manera que es posible contraponer el razonamiento de que a pesar de ese parentesco tan cercano y que la víctima es una niña menor de edad que genera profundos sentimientos de protección, de que los declarantes no señalaron al acusado como responsable de los hechos porque efectivamente tuvieron motivos racionales para considerar que no lo era; En conclusión el argumento del Tribunal de Sentencia, al dar cabida a múltiples posibilidades es de carácter dubitativo; 2).- Si partimos de la afirmación del Tribunal, en cuanto a que los testigos P. E. M. C., M.Y. M., R. J.C. y M. S. M. M. (ofendida) no merecen credibilidad, ello comporta que la única prueba para determinar la participación del acusado en los hechos es la declaración de la Agente de Investigación E. N. P. R., quien es un testigo de referencia, ya que informa al Tribunal haber escuchado de la menor que la persona que le tocó sus genitales era “el niño”, la testigo aclara que no preguntó mas a la menor y que posteriormente supo que al acusado se le llamaba con el sobrenombre del “niño”. Esta declaración por sí sola no arroja certeza sobre la identidad del responsable, ya que en primer término tendríamos que tener la certeza que la ofendida (en ese momento de cinco años de edad) entendió la pregunta que le formulaba la investigadora, además tendríamos que tener la certeza que la investigadora interpretó correctamente la respuesta de la niña y aun así el indicativo de “El Niño” resulta ser un señalamiento abstracto indeterminado que cobija la posibilidad de que la ofendida se refiriera a otro menor de edad, distinta al acusado; por tanto la Sala de lo Penal concluye que el Tribunal de Sentencia ha inobservado el principio lógico de derivación al concluir con pretensiones de certeza y más allá de toda duda razonable que el acusado F. A. M. es el autor responsable del delito imputado, cuando la prueba reproducida en el debate no permite esa inferencia lógica ni siquiera en un nivel de presunción, ergo existe violación al principio de inocencia al haberse dictado una sentencia condenatoria que adolece de prueba de cargo suficiente y convincente que le sirva de sustento.- V.- Por lo expuesto es procedente declarar con lugar el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo.- V.- RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR EL ABOGADO J.E.A. C., EN SU CONDICIÓN DE DEFENSOR PRIVADO DEL SEÑOR F. A. M. C. DENUNCIANDO COMO PRIMER MOTIVO LA VIOLACIÓN A LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN SU COMPONENTE LÓGICO DE TERCERO EXCLUIDO Y DERIVACIÓN Y COMO SEGUNDO MOTIVO LA EXCLUSIÓN INDEBIDA DE CUATRO MEDIOS DE PRUEBA DE VALOR DECISIVO; PRECEPTOS AUTORIZANTES ARTÍCULOS 362.3 Y 362.2 RESPECTIVAMENTE, DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. .- I.- El Censor plantea en su primer motivo del Recurso de Casación por quebrantamiento de forma que el Tribunal de Sentencia al momento de realizar la valoración de la prueba ha violentado el principio lógico de tercero excluido como integrante de la sana crítica debido a que los hechos declarados probados no son congruentes con la prueba aportada y ejecutada en juicio. Señala que igualmente se ha violentado el principio de derivación al haberse pronunciado un fallo de condena en contra del acusado F. A. M.C., por una simple sospecha o indicio, carente de toda certeza.- II.- Como segundo motivo el Censor plantea que el Juzgador excluyó o dejó de considerar prueba de valor decisivo como ser las declaraciones testificales de los Señores P. E. M. C., M.Y. M. y R. J. C., quienes fueron contestes al señalar que no fue el acusado quien agredió a la niña ofendida, sino que este hecho lo realizó una persona conocida como M.C. U., lo que también fue confirmado por la propia ofendida en su respectiva declaración testifical, pero el Juzgador, sin dar razones lógicas, señaló que estas declaraciones no eran útiles.- III.- La Sala de lo Penal considera innecesario pronunciarse sobre el motivo de casación que por quebrantamiento de forma ha formulado la Defensa, habida cuenta ha hecho un pronunciamiento de fondo del caso con el estudio del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional cuyo resultado coincide con la pretensión principal del Censor.- POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5), y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 361, 362 y 369 del Código Procesal Penal: FALLA: I.- Declarando CON LUGAR, el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su motivo único, presentado por el Abogado J. E. A. C., como Apoderado Defensor Privado, en consecuencia: II.- SE ANULA la sentencia de fecha quince de enero de dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho, en consecuencia SE ABSUELVE de toda responsabilidad penal al Señor F.A.M. C., como autor responsable de un delito consumado de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS, en perjuicio de la niña M. S. M. M.; II.- SE REVOCAN las medidas cautelares impuestas al acusado F. A.M. C., con ocasión del presente proceso criminal.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de Sentencia de Juticalpa, Departamento de Olancho, para que se proceda a acatar lo resuelto. MAGISTRADO PONENTE CALIX VALLECILLO. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida a solicitud de la Abogada Y. M.M., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil doce.- Certificación de la sentencia de fecha veinticinco de octubre del año dos mil doce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-142-2010.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

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