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Sentencia CP-132-09 — Registro 2547

Resumen

En primer instancia se condenó a los acusados por los delito de Hurto Continuado Agravado.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY EN SU UNICO MOTIVO INTERPUESTO POR LA DEFENSA El recurrente invoca como motivo de casación por infracción de ley, la aplicación indebida de los artículos 223, 224 y 225 en relación con el 37 del Código Penal, señalando como precepto autorizante el artículo 360 del Código Procesal Penal. El impetrante alega principalmente que nos se cumplen los elementos objetivos y subjetivos del tipo de hurto agravado continuado, que el sentenciador aplicó erróneamente las normas, resaltando que los hechos probados deben ser totalmente claros, no basta el hecho de establecer “que facilitaron la instalación”, sino que debe establecer el sentenciador, la forma o mecanismo que utilizaron los procesados para tomar esos bienes muebles ajenos, por lo que pide una sentencia absolutoria. Esta Sala de lo Penal ha realizado un análisis del cuadro fáctico de la sentencia recurrida, inalterable en casación, confrontándolo con las normas penales sustantivas aplicadas por el Tribunal a quo, a efecto de determinar si los preceptos penales invocados han sido indebidamente aplicados, tal y como lo afirma el censor, o si por el contrario, su aplicación es correcta. Estudiados los hechos probados se recuerda el principio de intangibilidad de los hechos probados que implica una aceptación de los mismos como una verdad incuestionable, por ello el recurrente debe aceptarlos y a partir de ahí demostrar el vicio de juicio, en tanto que la aplicación indebida supone la existencia de un error en la selección del precepto, se trata definitivamente, de aquellos casos en los cuales la norma penal no contempla el o los hechos declarados probados en la sentencia. Analizado el planteamiento del recurrente que lleva implícito la aceptación de los hechos probados, es meritorio hacer notar que el hecho probado numero uno relaciona que los señores N. A. C. C. Y R. G. P., habían facilitado la instalación y mantenimiento de cierto equipo electrónico dentro de las oficinas de la institución, el cual permite desviar las señales telefónicas provenientes del exterior del país y convertirlas en llamadas locales, para de esta manera evitar el cobro de dichas llamadas internacionales por parte de HONDUTEL en detrimento de las finanzas de dicha empresa estatal. El hecho probado segundo describe el tipo de equipo utilizado para la actividad ilícita y que en uno de esos equipos se encontró la huella de uno de los procesados y el tercer hecho probado describe la cantidad que dejó de percibir HONDUTEL por esa actividad, descripción que en opinión de la sala de lo Penal puede enmarcarse en los preceptos penales que fueron aplicados por el juzgador, por otra parte, se destaca que para el censor los hechos probados no son totalmente claros y aunque acepta la participación de sus defendidos al establecerse que ellos “facilitaron la instalación”, argumenta que debe establecerse el mecanismo utilizado por sus patrocinados para tomar esos bienes muebles ajenos, es decir, que pretende una revisión por la falta de claridad de los hechos probados y ello solo es posible si se entra al examen por la vía del quebrantamiento de forma de conformidad con el artículo 362 preámbulo y número 2) del Código Procesal Penal, lo que no es posible por no haber sido planteado de ese modo, consecuentemente no procede el motivo de casación invocado."

Legislación citada

Sentencia

SP 132-2009

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTDO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el veinte de Junio del año dos mil doce, por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO en su calidad de Coordinador, JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma interpuesto contra la sentencia de fecha veintinueve de septiembre de dos mil ocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual condenó a los señores N. A. C. C., Técnico en Computación, de este domicilio, y R. G. P., Técnico en Electricidad, con domicilio en el Municipio de Santa Lucía, Departamento de Francisco Morazán, ambos mayores de edad, casados y hondureños como autores responsables del delito de HURTO CONTINUADO AGRAVADO, en perjuicio de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), a la pena principal de OCHO AÑOS DE RECLUSIÓN, más las accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena principal.- Interpuso el Recurso de Casación, la Abogada R. L. S., actuando en su condición de Defensora Pública de los señores N. A. C. C. Y R. G. P.- SON PARTES: La Abogada R. L. S., como recurrente y la Abogada M. G., representante del Ministerio Público, como recurrida. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- “HECHOS PROBADOS: PRIMERO: Durante el mes de octubre de 2002 se inició un proceso de investigación en la Empresa Hondureña de telecomunicaciones (Hondutel), mediante la cual se determinó que algunos empleados de la empresa entre ellos los señores N. A. C. C. y R.G. P., habían facilitado la instalación y mantenimiento de cierto equipo electrónico dentro de las oficinas de la institución, el cual permite desviar las señales telefónicas provenientes del exterior del país y convertirlas en llamadas locales, para de esta manera evitar el cobro de dichas llamadas internacionales por parte de Hondutel en detrimento de las finanzas de dicha empresa estatal. SEGUNDO: En la misma fecha se encontró instalado y funcionado dentro de la empresa un MODEM M/SDL, marca PARADYNE, modelo 7976 y un multiplicador de llamadas telefónicas, el cual estaba conectado con la Central Miraflores II, de la que era jefe el señor N. A. C. C., asimismo se localizó en el piso falso del departamento de Telemática en un área distinta de donde se desempeñaba el señor R. G. P. un Multiplicador de Llamadas Telefónicas, marca ALCATEL, modelo PARGAIN SYSTEM, 156 X PGSR, sobre el cual se encontrón un fragmento de huella perteneciente al acusado G. P. TERCERO: Los equipos antes relacionados estaban enlazados entre sí y a la vez conectados a un armario propiedad de Hondutel del cual salía una conexión hacia una vivienda localizada en la Colonia Las Colinas, cuyo inquilino se dio a la fuga al sentirse descubierto por las autoridades. De acuerdo a la instalación existente en la casa se determinó que en la misma se recibían las señales telefónicas provenientes del exterior del país, se enviaban al Moden y al multiplicador instalados clandestinamente en las oficinas de Hondutel para su conversión en llamadas locales, procedimiento mediante el cual Hondutel dejo de percibir el valor correcto por cada una de las llamadas no autorizadas, ascendiendo esta cantidad a un monto de de cuatro millones doscientos sesenta y seis mil lempiras (4,000,266.00). III.- La recurrente, Abogada R. L. S., desarrolló su recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional de la siguiente manera: “EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO ÙNICO: Violación al articulo 90 de la Constitución de la Republica, en relación al articulo 240 párrafo segundo del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÒN DEL MOTIVO La norma Constitucional que se invoca como infringida es el articulo 90 de la Constitución de la Republica que dice: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.” En relación al articulo 240 párrafo segundo del Código Procesal Penal prescribe: “…Las personas que reúnan los requisitos para ser peritos pero que no han sido designadas por autoridad competente para actuar como tales, si toman conocimiento de un hecho sometido a investigación criminal y deben rendir declaración, lo harán en su condición de testigos y no de peritos.” En la sentencia recurrida el propio Tribunal en el apartado valoración de la prueba numeral segundo de la sentencia, expresa: “El Ministerio Publico también ofreció como prueba pericial y documental: a) El informe del equipo requisado en Hondutel realizado por el señor E. E. G. L., el primero ofrecido por Ingeniero Electricista que labora para Empresa Hondureña de Telecomunicaciones en el área de investigación de fraudes a la Empresa y quien realizo pericia para determinar el uso de los aparatos encontrado en Hondutel así como el valor de las llamadas telefónicas que procesaran en el tiempo estuvieron conectados los mismos…… VALORACION a) La pericia antes relacionada y que fuera realizada al equipo instalado clandestinamente en las oficinas de Hondutel (MODEM y aparato Multiplicador de llamadas telefónicas) por una persona que tiene la experticia necesaria y suficiente para realizar la misma, no deja lugar a dudas en cuanto a la utilización de dicho equipo….” En la valoración que realiza el sentenciador respecto a la prueba pericial e informe de equipo requisado y que fue realizado por el perito G.L., prácticamente confirma lo alegado por la defensa al momento de dar inicio al debate, en cuanto a que el perito G., no podía actuar como tal debido a que, participo activamente en las investigaciones, en vista de formar parte del área de investigación de fraudes de la empresa Hondutel. Una vez que se abrió el turno de incidentes, la defensa presento nulidad de la pericia realizada por G. L., alegando que no podía practicar una pericia y actuar como tal, alguien que participara activamente en las investigaciones, ya que su criterio no puede catalogarse como OBJETIVO sino que totalmente PARCIAL, violentando con ello el DEBIDO PROCESO estipulado en el articulo 90 de nuestra Carta Magna, en relación al 240 párrafo segundo del Código Procesal Penal, en donde claramente establece la imposibilidad alegada. El Tribunal al momento de resolver la petición de la defensa en cuanto a la nulidad del peritaje, resolvió declarar sin lugar nuestra petición, expresando que la pericia había sido propuesta en la proposición de pruebas y que la misma no había sido objetada por la defensa; al respecto el Tribunal tiene razón, sin embargo, esta defensa en el momento de la proposición de prueba no tenia conocimiento que el perito propuesto había participado en toda la investigación. Al respecto esta defensa tiene una justificación del porque la pericia del ingeniero G. no fue objetado al momento de la proposición de prueba, y es que resulta que este debate, Honorables Magistrados de la sala penal, fue realizado en un primer debate y por cuestiones de enfermedad de una de las primeras jueces integrantes, no fue posible concluirlo, sin embargo se evacuaron muchas pruebas y durante ese desarrollo esta defensa tiene conocimiento que el perito G. participo activamente en la investigación de presente caso, por no existir un cuarto juez y la no recuperación de la juez, este primer debate fue anulado y se dejo sin valor y efecto todas las pruebas evacuadas y decidieron reprogramar el debate con jueces nuevos. En ese sentido esta defensa desconocía -al momento de la proposición de pruebas- que el perito G. había participado en la investigación, es por esa razón que no fue objetado en su momento, sin embargo fue objetado en lo incidentes y se interpuso recurso de reposición de la resolución denegatoria del Tribunal. Esta defensa es del parecer que, independientemente de objetarse o no, el Tribunal no puede valorar un medio de prueba que no es OBJETIVAMENTE CONFIABLE tal como lo estipula el articulo 199 del Código Procesal Penal, en virtud de que el referido peritaje fue un medio de prueba admitido en la proposición de pruebas en violación a una norma procesal y que no puede subsanarse, porque el vicio siempre permanece, en ese orden de ideas, el yerro en el que incurre el sentenciador al valorar esta prueba, no solo es violatorio al DEBIDO PROCESO porque no se siguió el procedimiento de ley que corresponde, sino también es atentatorio al derecho de defensa que les asiste a nuestro representados. Es por todo lo antes expuesto, esta defensa es del criterio, que el sentenciador ha incurrido en una clara violación al Derecho Constitucional del DEBIDO PROCESO, por lo que solicitamos se case la sentencia y se dicte el fallo absolutorio que corresponde.” IV.- Continúa manifestando la recurrente en su recurso de casación por Infracción de Ley: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION POR INFRACCION DE LEY: Aplicación indebida de los artículo 223, 224 Y 225 en relación al 37 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÒN DEL MOTIVO DE CASACIÒN Los artículos del Código Penal cuya aplicación es indebida establecen: “Artículo 223: Comete el delito de hurto quien: 1) Sin la voluntad de su dueño toma bienes muebles ajenos, los animales incluidos, sin violencia o intimidación en las personas ni fuerza en las cosas. 2) Encontrándose una cosa perdida no la entrega a la autoridad o a su dueño si sabe quien lo es y se apodera de la misma con ánimo de dueño; y, 3) Sustraiga o utilice los frutos u objetos del daño que hubiera causado salvo los casos previstos en el Libro Tercero. Se equipara a la cosa mueble la energía eléctrica, el espectro radioeléctrico y las demás clases de ondas o energía en los sistemas telefónicos, televisivos facsimilares de computación o cualquiera otras que tenga valor económico.” ” “Articulo 224: “…El hurto será sancionado con dos (2) años a cinco (5) años de reclusión si el valor de la cosa hurtada no excede de Cinco mil lempiras (L. 5,000.00) y con cuatro (4) a siete (7) años si sobrepasa dicha suma.” “Articulo 225 (Numerales 1) Por empleado domestico interviniendo grave abuso e confianza. “Articulo 37: Cuando se cometa un mismo delito contra la propiedad dos o mas veces, bien sea en un solo momento o en momentos diversos mediante acciones u omisiones ejecutadas en cumplimiento de un plan preconcebido o aprovechando idénticas o similares circunstancias dichos delitos se consideraran como uno solo continuado…” La declaración de hechos probados constituye el cimiento de la sentencia penal, en ellos el juzgador plasma su criterio concluyente, declarando expresamente qué hechos estima acreditados conforme a los elementos de prueba aportados, de esa realidad concreta se extraen todas las consecuencias que de ella se deriven, entre éstas, la adecuación o no de ese cuadro fáctico al presupuesto normativo penal que se supone infringido. Luego de citar íntegramente los hechos probados fijados por el Tribunal de sentencia, el recurrente manifiesta que analizados detenidamente los hechos declarados probados por el Tribunal, llega a la conclusión que el sentenciador aplicó incorrectamente la disposición penal contentiva del delito de Hurto Continuado Agravado. En los hechos probados se puede constatar la inocencia de sus representados, si disgregamos el tipo penal de HURTO CONTINUADO AGRAVADO, en los elementos objetivos y subjetivos del tipo, llegaremos a la conclusión que el sentenciador aplico erróneamente dicha norma, vicio que da lugar al presente motivo. En ese orden de ideas el articulo 223 del Código Penal, presenta como primer elemento objetivo, el hecho de que el sujeto activo, “sin la voluntad el dueño toma bienes muebles ajenos” en ese sentido los hechos probados no establecen de que forma contundente que los señores N. C. Y R. G. tomaran bienes muebles ajenas sin la voluntad de la empresa Hondutel –entendiente como bien mueble las ondas en los sistemas telefónicos- lo hechos probados deben ser totalmente claros, no basta el hecho de establecer “que facilitaron la instalación”, sino que debe establecer el sentenciador, la forma o mecanismo que utilizo nuestros patrocinados para tomar esos bienes muebles ajenos; por lo que los hechos probados no cumple con este primer requisito. El segundo elemento lo constituye el hecho de que al tomar esos bienes muebles ajenos, se realice “sin violencia o intimidación en las personas ni fuerzas en las cosas” en el caso de nuestros representados, los hechos probados dan por acreditado, que en la Central Miraflores II en la cual era jefe el señor C. C. pasaba un cable al exterior cuyo seguimiento llega a la casa de la Colonia las colinas la cual fue allanada, y que por el solo hecho de ser nuestro representado el jefe de esa unidad es considerado responsable, pero esto solo hecho tampoco se da por probado la participación del señor C. C. en el delito de HURTO CONTINUADO AGRAVADO; asimismo se establece en los hechos probados que en el multiplicador encontrado en el departamento de telemática-sección donde trabajaba nuestro representado R. G. P.- se encontró un fragmento de huella perteneciente a nuestro defendido, pero este solo hecho por si solo, tampoco da por probado la participación del señor G. P. en el delito de HURTO AGRAVADO CONTINUADO, ya que al trabajar en ese departamento probablemente en algún momento toco el aparato y eso justifica el porque el fragmento de huella aparece. En los anteriores hechos probados se puede constatar la no adecuación de los hechos a la norma penal que dio como consecuencia la condena de nuestros representados, pues para atribuirles responsabilidad penal, los hechos probados deben establecer las acciones u omisiones que puedan ser subsumidas en un concreto tipo penal; en el presente caso, la participación que en los hechos probados se le atribuye a N. A. C. Y R. G. P. no es constitutiva del delito por el que fueron condenados, pues no cumplen los elementos objetivos ni subjetivos del tipo penal de HURTO CONTINUADO AGRAVADO del articulo 223, 224 Y 225 del Código Penal. INTERPRETACIÒN PRETENDIDA: Debido a que los hechos probados no encajan de manera perfecta en el tipo penal de HURTO CONTINUADO AGRAVADO de los artículos 223, 224 y 225 del Código Penal, por el cual fueron condenados nuestros representados, en virtud de no plasmarse de manera concreta todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo, es procedente dictar con estos mismos hechos una SENTENCIA ABSOLUTORIA.” V.- Continúa manifestando la recurrente en su recurso de casación por Quebrantamiento de Forma: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVO UNICO: En la sentencia recurrida el sentenciador no observo las reglas de la sana crítica PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el articulo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. La norma procesal que se invoca como infringida es el articulo 202 del Código Procesal Penal, que expresa: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida” Por su parte el articulo 336 de mismo cuerpo legal señala: “El Tribunal, para resolver, solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana critica”. De igual forma el articulo 338 del referido código regula la forma de estructurar la sentencia, ordena al Juez sentenciador: “Valoración de la prueba. Seguidamente, se expresaran las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana critica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de los indicios, igualmente declarados probados” (lo resaltado es nuestro). Luego de citar nuevamente los hechos probados, establece que los mismos, por ser considerados probados por el sentenciador, deben, de forma imperativa, tener un sustento probatorio a través de los razonamientos que realice el Juez, y necesariamente deben quedar así plasmados en la Valoración de la prueba de la sentencia; al analizar la prueba evacuada en el caso subjudice, podremos descubrir Honorable Corte, que de la valoración de la prueba que hace el juez, no puede derivarse el relato de los hechos probados, específicamente en el hecho probado numero primero, cuando afirma que “…que algunos empleados de la Empresa entre ellos los señores N. A. C. C. y R. G. P., habían facilitado la instalación y mantenimiento de cierto equipo electrónico dentro de las oficinas de la institución…”, este relato de hechos no es producto del desarrollo de las prueba evacuadas en el juicio oral y publico, sino que la misma es consecuencia de la imaginación del Tribunal, ya que en la valoración de la prueba no aparece razonamiento alguno de cómo el juez deduce tal aseveración; en tal sentido al no derivarse el relato de hechos probados de los razonamientos de las pruebas, el sentenciador infringe gravemente, la regla de la lógica en su postulado de la derivación. Si el Tribunal llego a plasmar estos hechos probados, que son adecuados al tipo penal de homicidio, también debió razonar, en la valoración de la prueba, de donde se derivaba esas conclusiones para consignarlo así en los hechos probados.- En el caso de nuestros representados, no existe razonamiento alguno del juez, que se derive de las pruebas evacuadas en juicio, que lleven a establecer los hechos probados dictados en la sentencia, específicamente del hecho probado numero cuatro, de forma tal, que el sentenciador a emitir un juicio de valor que no se deriven de las pruebas, así como al emitir unos hechos probados que no se desprenden de los resultados de las pruebas, infringe gravemente las reglas de la sana critica, específicamente la lógica en su postulado de la derivación. En el acápite Valoración de la Prueba numeral primero de la sentencia recurrida, el sentenciador valora de forma conjunta la prueba testifical de M. A. H., D. A., J. S. R. M., y entre otras cosas establece: “Los testigos cuyo testimonio fue recibido en el debate, tienen en común haber sido brindados por personas que son empleados de Hondutel y que de alguna u otra manera han tenido relación con los imputados por lo que en sus declaraciones se ha observado una tendencia a tratar de favorecerlos con sus declaraciones. Analizar detenidamente y de manera conjunta la prueba testifical escuchada durante la audiencia de debate este Tribunal llega a las siguientes conclusiones: a)Que dentro de las instalaciones de Hondutel se encontró en funcionamiento un equipo consistente en un MODEM y un Multiplicador de llamadas telefónicas, el cual no pertenecía ni estaba autorizado por la empresa.” Este razonamiento del Juez al establecer, “se encontró funcionando un equipo” infringe la regla de la lógica en su postulado de la derivación ya que dicho razonamiento no se deriva de esas declaraciones testifícales, ya que el señor M. A. H. quien hizo el seguimiento interno de los cables estableció que “hizo una prueba y vio que el cable llegaba hasta un puerto que estaba desconectado” en ese orden de ideas el tribunal razona que dichos aparatos estaban funcionando en violación a la regla de la derivación, ya que este hecho importante no se deriva de las declaraciones testifícales de los testigos que valora; en ese mismo apartado el sentenciador establece “que se encontró funcionando un equipo consistente en un Modem y multiplicador de llamadas” Este razonamiento también el sentenciador nuevamente infringe la regla de la lógica en su postulado de la derivación, ya que al analizar las declaraciones de los testigos antes referidos, ninguno de ellos hace referencia al multiplicador de llamadas, únicamente al establecen del MODEM, pero del multiplicador ninguno hace referencia por lo que con este razonamiento violenta gravemente la regla antes citada. En ese mismo apartado el Tribunal advierte “Al relacionar lo anteriormente planteado que a su vez fue establecido por las declaraciones testifícales, se ha acreditado la participación activa de los acusados en los hechos por lo cuales se han traído a juicio, en el caso del señor C. C., porque siendo el jefe se la dependencia conocida como Miraflores II, tenia el control de todas las actividades laborales dentro de la misma, así que no es posible, según las reglas de la experiencia-salvo que así se hubiese acreditado en juicio- que no tuviera conocimiento de la instalación clandestina dentro de su oficina de un cableado ni mantenido sin su aprobación y concurso…” En este apartado el sentenciador infringe gravemente la regla de la experiencia común, debido a que, por el solo hecho de ser jefe de una unidad no acredita en lo mas mínimo su participación en los hechos, ya que lo que si quedo probado mediante la inspección que se realizo a las instalaciones de Hondutel, es que era imposible visualizar a simple vista por la inmensa cantidad de cables, cuales estaban instalados o no, la experiencia nos dice que perfectamente se pudo instalar esos cables sin la autorización del jefe; en ese orden de ideas sin bien no se probo quien instalo esos cables -contrario sensu- tampoco se acredito que nuestro representado haya dado esa autorización; por lo que es bastante injusto que nuestro representado sea condenado por el solo hecho de ser jefe de esa unidad donde pasa un cable, ya también la experiencia nos dice que después de los horarios de clases, cualquier otra persona la pudo instalar y por la cantidad de cables similares que existen, nuestro representado N. C. pudo perfectamente no darse cuenta de dicho cableado. Este razonamiento también infringe la regla de la lógica en su postulado de la derivación, ya que dicho testigos en ningún momento establecen que nuestro representado dio la autorización para la instalaciones de esos cables y mucho menos su participación en los hechos. Continua relatando el sentenciador en ese mismo apartado: “…En el caso del señor G. P. además de los dichos anteriormente y como relacionaremos mas adelante según prueba pericial realizado en el aparato multiplicador se encontró dentro de este su huella digital impresa en el mismo, aparte del inusual interés por el manifestado en la causa presentándose a otra oficina donde no tenia ninguna función laboral que cumplir” De igual forma el sentenciador infringe la regla de la lógica en su postulado de la derivación, porque con estas deposiciones el juez no puede derivar la participación de nuestro representado R.G. en los hechos, si bien se encontró un FRAGMENTO de su huella en el multiplicador, el mismo fue encontrado en su departamento de trabajo, aparato que perfectamente puedo haber tocado en algún momento de realizar alguna labor en el piso falso; además el sentenciador realiza una falacia al establecer que nuestro representado presento un interés inusual en un área de trabajo que no laboraba, pero claramente los testigos advirtieron que al darse cuenta del MODEM encontrado fueron a ver el aparato y no tocaron nada, esto no es un interés inusual es simplemente curiosidad por lo hallado, pero este hecho tampoco acredita absolutamente nada respecto a la participación de nuestro patrocinado G. P. En el apartado segundo el sentenciador, valora el dictamen pericial del señor E. E. G. L., mismo que fue objeto de otro motivo en este recurso, consideramos que el sentenciador valoro una prueba que infringió el DEBIDO PROCESO, ya que no se cumplió el procedimiento de ley en la pericia, debido a que el perito había participado en toda la investigación, lo que hace que este medio de prueba no sea objetivamente confiable, por lo que igual forma se infringe la regla de la experiencia común, ya que al participar activamente una determinada persona en la investigación de un hecho, no puede después otorgársele el papel de dictaminar sobre esos mismo hechos, ya que su pericia es totalmente parcial y objetiva, aunado a esto, el señor G. L., formaba parte del equipo investigador de fraudes y laboraba dentro de Hondutel, lo que hace aun mas cuestionable su pericia. En el numeral tercero, de la valoración conjunta de la prueba documental, en el inciso 9 el sentenciador hace referencia a un reporte de Hondutel de cruce de llamadas, entre mi representados y unos supuesto prófugos P. y T. B.; con este razonamiento el sentenciador vuelve a infringir la regla de la lógica en su postulado de la derivación, ya que dicho reporte en ningún momento establece que esos numero de teléfonos sean propiedad de esos supuesto prófugos, además que nunca se estableció por prueba alguna que ese señor Padilla-de quien no se establece el nombre completo- y ese señor T. B. sean en realidad prófugos de la justicia Hondureña, y este reporte no acredita otra cosa mas, que nuestro representado se hacían llamadas telefónicas entre ellos, pero nunca se probo con que objeto, por lo que, al derivar su participación por el solo hecho de las llamadas se derivan conclusiones que no se desprende de las pruebas y por lo tanto se violenta gravemente la regla de la lógica. Al violentar el sentenciador, la regla de la lógica en sus postulados de la coherencia y derivación, en donde los razonamientos del Juzgador deben ser coherentes y derivarse de las pruebas, se ha infringido entonces las reglas del correcto entendimiento humano, en cuanto a que, si le concede valor probatorio a una prueba, mediante la cual se pone de manifiesto la inocencia de mi representado, los razonamientos del sentenciador deben derivar de forma coherente la inocencia y no culpabilidad, tal como ocurrió en el caso subjudice. En consecuencia el Tribunal sentenciador a violentado las reglas de la sana critica específicamente la LOGICA en sus postulados de la coherencia y derivación, ya que con la declaración anticipada de nuestro representado, a la cual se le otorga valor probatorio, el Tribunal no puede inferir la culpabilidad de mi representado en los hechos a él acusados, razón por lo cual es procedente anular el presente juicio y llevar a cabo un nuevo debate donde el nuevo sentenciador si observe correctamente las reglas de la sana critica, por lo que solicitamos sea declarado con lugar el presente recurso. RECLAMACIÒN HECHA PARA LA SUBSANACIÒN DEL YERRO Siendo que el yerro que provoca la interposición del recurso de mérito se produce con el fallo mismo, solo es posible la subsanación de este a través del recurso de mérito y de ello resulta que no hubo reclamación ex-ante.” VI DEL RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL EN SU MOTIVO UNICO INTERPUESTO POR LA DEFENSA La recurrente invoca la violación del artículo 90 de la Constitución de la Republica en relación al articulo 240 párrafo segundo del Código Procesal Penal. Su alegato recursivo se centra en afirmar que el perito G. L., no podía actuar como tal debido a que participó activamente en las investigaciones, por formar parte del área de investigación de fraudes de la empresa hondutel y por ello abierto el turno de incidentes la defensa pidió la nulidad de la pericia lo que fue rechazado por el Tribunal alegando que la pericia fue propuesta en tiempo y forma y la defensa no objetó ese medio de prueba. Esta Sala de lo Penal sostiene que las normas Constitucionales susceptibles de ser examinadas en casación son aquellas referentes a derechos fundamentales y que guarden relación con el derecho penal y las formas del juicio, en consecuencia, deberá intentarse el recurso acudiendo únicamente a normas constitucionales reguladoras de derechos fundamentales que eventualmente pudieran verse afectas producto de la persecución penal, como ser: derecho de defensa, debido proceso etc.…o bien aquellas vinculadas con principios del derecho penal sustantivo, tal es el caso del principio de legalidad en materia penal etc.…en ese orden de ideas el derecho al debido proceso “supone un conjunto de autolimitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a si mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado”[1], en ese sentido, la Constitución de la República precisamente establece que nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, de manera que todo procedimiento o juzgamiento deberá estar sujeto a las formalidades de ley como instrumento de garantía de los derechos del justiciable, habrá que examinar pues si la no observancia del procedimiento implica alguna vulneración de derechos fundamentales del justiciable, en tanto que el procedimiento como tal no es un fin en si mismo, reiteramos es un instrumento para garantizar los derechos del justiciable en el proceso, de tal manera que tenemos que examinar si la falencia señalada por el censor importa alguna vulneración de derechos, pues solo cabe la nulidad del proceso cuando la violación de las formas conllevan el desconocimiento de principios, derechos o garantías; en ese orden de ideas el examen de los autos permite comprobar los siguientes extremos: a) El medio de prueba pericial fue propuesto en tiempo y forma con conocimiento de la defensa quien tuvo la oportunidad de objetarlo en su oportunidad procesal. B) Durante la evacuación del medio de prueba la defensa en igualdad de condiciones pudo controvertir ese medio de prueba mediante el interrogatorio pertinente. C) No se evacuó otro medio de prueba que contradiga lo dicho por el perito de modo que no existen elementos objetivos que hagan dudar la confiabilidad del dictamen. D) Si bien el perito, según la información recabada de los autos, pertenecía a una unidad de investigación de HONDUTEL, es necesario hacer notar dos puntos: primero, que no existen elementos objetivos, técnicos, para poner en duda el contenido de la experticia y segundo, que la defensa tuvo las mismas oportunidades para controvertir a este perito como si se tratase de cualquier otro perito de tal manera que no se aprecia violación al derecho de defensa que se pueda derivar de la infracción de la norma procedimiental, consecuentemente, no procede el motivo de casación invocado. VII DEL RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY EN SU UNICO MOTIVO INTERPUESTO POR LA DEFENSA El recurrente invoca como motivo de casación por infracción de ley, la aplicación indebida de los artículos 223, 224 y 225 en relación con el 37 del Código Penal, señalando como precepto autorizante el artículo 360 del Código Procesal Penal. El impetrante alega principalmente que nos se cumplen los elementos objetivos y subjetivos del tipo de hurto agravado continuado, que el sentenciador aplicó erróneamente las normas, resaltando que los hechos probados deben ser totalmente claros, no basta el hecho de establecer “que facilitaron la instalación”, sino que debe establecer el sentenciador, la forma o mecanismo que utilizaron los procesados para tomar esos bienes muebles ajenos, por lo que pide una sentencia absolutoria. Esta Sala de lo Penal ha realizado un análisis del cuadro fáctico de la sentencia recurrida, inalterable en casación, confrontándolo con las normas penales sustantivas aplicadas por el Tribunal a quo, a efecto de determinar si los preceptos penales invocados han sido indebidamente aplicados, tal y como lo afirma el censor, o si por el contrario, su aplicación es correcta. Estudiados los hechos probados se recuerda el principio de intangibilidad de los hechos probados que implica una aceptación de los mismos como una verdad incuestionable, por ello el recurrente debe aceptarlos y a partir de ahí demostrar el vicio de juicio, en tanto que la aplicación indebida supone la existencia de un error en la selección del precepto, se trata definitivamente, de aquellos casos en los cuales la norma penal no contempla el o los hechos declarados probados en la sentencia. Analizado el planteamiento del recurrente que lleva implícito la aceptación de los hechos probados, es meritorio hacer notar que el hecho probado numero uno relaciona que los señores N. A. C. A. Y R.G.P., habían facilitado la instalación y mantenimiento de cierto equipo electrónico dentro de las oficinas de la institución, el cual permite desviar las señales telefónicas provenientes del exterior del país y convertirlas en llamadas locales, para de esta manera evitar el cobro de dichas llamadas internacionales por parte de HONDUTEL en detrimento de las finanzas de dicha empresa estatal. El hecho probado segundo describe el tipo de equipo utilizado para la actividad ilícita y que en uno de esos equipos se encontró la huella de uno de los procesados y el tercer hecho probado describe la cantidad que dejó de percibir HONDUTEL por esa actividad, descripción que en opinión de la sala de lo Penal puede enmarcarse en los preceptos penales que fueron aplicados por el juzgador, por otra parte, se destaca que para el censor los hechos probados no son totalmente claros y aunque acepta la participación de sus defendidos al establecerse que ellos “facilitaron la instalación”, argumenta que debe establecerse el mecanismo utilizado por sus patrocinados para tomar esos bienes muebles ajenos, es decir, que pretende una revisión por la falta de claridad de los hechos probados y ello solo es posible si se entra al examen por la vía del quebrantamiento de forma de conformidad con el artículo 362 preámbulo y número 2) del Código Procesal Penal, lo que no es posible por no haber sido planteado de ese modo, consecuentemente no procede el motivo de casación invocado. VIII DEL RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA POR INOBSERVANCIA DE LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN SU UNICO MOTIVO INTERPUESTO POR LA DEFENSA El impetrante invoca como motivo de casación, que en la sentencia recurrida el sentenciador no observó las reglas de la sana crítica, señalando como precepto autorizante el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. El censor argumenta principalmente que el juzgador al emitir unos hechos probados que no se desprenden de los resultados de las pruebas, infringe las reglas de la sana crítica, específicamente la lógica en su postulado de la derivación, al establecer el juez que se encontró en funcionamiento un equipo que no pertenecía ni estaba autorizado por la empresa, infringe la regla de la lógica en su postulado de derivación pues de la prueba no se deriva eso en tanto que el señor M. A. H. hizo una prueba y vio que el cable llegaba hasta un puerto que estaba desconectado. Esta Sala de lo Penal ha verificado la valoración probatoria efectuada por el Tribunal de instancia a efecto de detectar si en la misma se han observado las reglas de la sana crítica o si por el contrario estas han sido violentadas, tomando en consideración que las reglas de la sana crítica “son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ella interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez” (Couture Eduardo J. Fundamentos de Derecho Procesal Civil. De Palma. 3ª edición. Argentina. 1993. P 270.) por ello se resalta que si bien está vedado en casación revalorar la prueba, es factible ejercer un control sobre el proceso intelectivo utilizado por el Juzgador al momento de decidir sobre la credibilidad otorgada a determinada prueba para configurar su convicción, en definitiva se trata de un genuino razonamiento como instrumento creador del pensamiento, conciente de que el mayor conocimiento ha de obtenerse no necesariamente del hecho demostrado sino del carácter deductivo del razonamiento estructurado a partir del conocimiento dado, en ese sentido al analizar las reglas de la lógica, encontramos que dentro de estas se encuentra el principio de derivación que exige que cada pensamiento provenga de otro con el cual está relacionado, es decir, el razonamiento debe constituirse por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en base a ellas se vayan edificando, a cada conclusión o derivación afirmativa o negativa corresponde un elemento de convicción del cual ha de inferirse aquella; en ese orden de ideas el ejercicio intelectivo del Juzgador de instancia está dotado del razonamiento suficiente dimanado a partir de las pruebas allegadas al proceso que, debidamente vinculadas unas con las otras permiten colegir que ciertamente acontecieron los hechos como han sido descritos en la sentencia, no necesariamente el hecho probado debe contener las palabras pronunciadas por un testigo o el hallazgo de un determinado medio de prueba, las reglas de la sana critica justamente son la inferencia razonada del juzgador a partir de hechos debidamente demostrados y es precisamente lo que aconteció en el caso bajo examen, se trata de hechos debidamente acreditados, como ser una instalación clandestina, equipo ajeno a la oficina instalado en el falso piso en donde aparece la huella dactilar de uno de los procesados, la visita de los sospechosos a áreas que no son las habituales de su trabajo, en suma, no solo es la pericia, sino la inspección, documentos y declaraciones testificales que valoradas en su conjunto permiten establecer conclusiones derivadas de los hechos que demuestran, por tales motivos no procede el motivo de casación invocado. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 360, 361, 362 preámbulo y número 3), y 369 del Código Procesal Penal; 37, 223, 224 y 225 del Código Penal. FALLA: PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR el recurso de casación por infracción de Precepto Constitucional en su motivo único interpuesto por la defensa. SEGUNDO: Declarar NO HA LUGAR el recurso de casación por infracción de ley en su motivo único interpuesto por la defensa. TERCERO: Declarar NO HA LUGAR el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma en su motivo único interpuesto por la defensa. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales consiguientes.- REDACTO EL MAGISTRADO RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO. - NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- COORDINADOR.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida a solicitud de la Abogada D. R. C., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de octubre del año dos mil doce.- Certificación de la sentencia de fecha veinte de junio del año dos mil doce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-132-2009.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Véase Pabón Gómez Germán. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 48 y49.