Sentencia CP-127-09 — Registro 3365
Resumen
El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia emitida por la Corte Primera de Apelaciones de esta Sección Judicial, que declaró SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto y CONFIRMO el sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado de Letras Penal. resolviendo La Sala Penal Sin Lugar el recurso.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...Esta Sala de lo Penal considera que el motivo de Casación alegado por el censor, exige no solo que se trate de un documento o acto auténtico que demuestren la equivocación del juzgador sino también que no estuvieren desvirtuados por otras pruebas, por ello esta Sala ha reiterado que para dar cabida al motivo de casación invocado por el impetrante, se precisa la concurrencia de los requisitos siguientes: 1) Que se invoque error de hecho en la apreciación de las pruebas, con significación suficiente para modificar el sentido del fallo. 2.- Que dicho error se evidencie mediante la cita de un documento o acto auténtico, designando con precisión aquellos aspectos que se opongan a la resolución recurrida; 3.- Que el referido documento o acto auténtico se encuentre incorporado a la causa, lo que quiere decir que obre en ella, de tal manera que esta Sala pueda verificar lo mismo que hizo el Tribunal recurrido. 4) Que su eficacia probatoria no haya sido desvirtuada, desmentida o contradicha merced a otras pruebas que obren igualmente en la causa, a lo que debe añadirse también el elemento denominado literosuficiencia, que comporta que el documento o acto auténtico citados basten por sí mismos, sin necesidad de acudir a otros elementos de menor rango o de ínfima eficacia probatoria, para evidenciar el error que se denuncia, y que con ellos se pretende demostrar. En este sentido, y particularmente en lo que al cuarto de los requisitos antes mencionados se refiere, podemos afirmar que para su concurrencia es necesaria la denominada “autarquía demostrativa del documento o acto auténtico”, que ha de serlo en dos planos: 1.- El propiamente autárquico, lo que se ha venido denominando como literosuficiencia, es decir, que no se precise la adición de otras pruebas para evidenciar el error, y 2) Que no resulte contradicho por otros elementos de prueba obrantes en la causa, por ello el Tribunal de Casación Penal ha expresado “que se consideran documentos o actos auténticos para efecto de Casación, aquellos que, además de reunir las propias formalidades extrínsecas, constituyen en cuanto al fondo por si mismos, la plena prueba e inatacable de la rigurosa e indubitada certeza de los hechos” [1] de manera que la apreciación de otros elementos probatorios no restrinja la fuerza probatoria dimanada del documento o acto auténtico, requiriéndose en este caso que el documento o acto auténtico baste por si solo para generar la certeza y convicción del hecho, lo que no aconteció en el caso subjudice en tanto que si bien es cierto el decreto 15-93 que otorga la Carta de Naturalización de Varias personas, constituye un acto auténtico, igualmente cierto es que del mismo no se demuestra la equivocación evidente del juzgador, que sería en todo caso que el mismo documento devele sin ningún género de duda y con dolo manifiesto, que se otorgó la nacionalidad hondureña a los peticionarios sin reunir los requisitos de la Ley Especial de Carta de Naturalización (decreto 26-90E) en relación con el decreto legislativo 15-90 que prorroga por seis meses la vigencia de la Ley, en consecuencia, no se aprecia del documento citado como auténtico que se desprenda el vicio señalado por el recurrente y si bien en su alegato pretende interesar que se incumplió la ley especial que regulaba la carta de naturalización por servicios extraordinarios prestados a la patria, lo cierto es que esta ley, como el decreto que prorroga su vigencia, no pueden interpretarse como documentos o actos auténticos para los efectos del recurso de casación que nos ocupa por cuanto los mismos no constituyen medios de prueba, en todo caso la interpretación errónea o aplicación indebida de esos decretos legislativos en relación con otros preceptos penales, daría lugar a otro Motivo de Casación que no es el invocado por el recurrente y que mal haría esta Corte de Casación si entrara a conocer dada la exigencia de claridad y precisión propia de la técnica del recurso de Casación. En lo que respecta al alegato del dictamen de criminalìstica para impugnar en casación el sobreseimiento del señor R. C. V., esta Sala comparte el criterio del Tribunal ad quem en el sentido de que al momento de expresar agravios, nada expresó el recurrente en aquel momento en relación a los presuntos agravios por el sobreseimiento del señor R. C. V., por lo que se entiende que abandonó el recurso con respecto a él y no podría este Tribunal pronunciarse con respecto a él por no haber sido objeto del debate tales extremos en apelación por lo que se trató de un consentimiento tácito con respecto al sobreseimiento del señor C. V., por tales razones no procede el motivo de Casación invocado..."
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA las resoluciones que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO PENAL.- Tegucigalpa, M.D.C., ocho de Noviembre de dos mil doce. VISTO: Para dictar sentencia del Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha veinte de mayo de dos mil nueve, por la Abogada L. Y. C. S., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público; en relación a la causa instruida en fecha veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y seis, ante el entonces Juzgado de Letras Penal, Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán por el Licenciado J. J. H. S., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra los señores M. L. U. J., Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, C. T. L., Abogado y Notario, R. A. M., Licenciado en Economía, M. C. Z., Licenciado en Derecho, R. P. A., Doctor en Medicina, Z. C. DE M., Trabajadora Social, M. D. N. G., Ingeniero Agrónomo, R. R. P. R., Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, R. A. H. L., Perito Mercantil, L. M. A. S., Militar en Servicio Activo con el Grado de General de Brigada, T. G. W., Abogado, J. M. G. y R. A. C. V., Licenciado en Ciencias Económicas, todos mayores de edad, hondureños y de este domicilio por suponerlos responsables del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, los primeros en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA, y el último por el delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS en perjuicio de la FE PUBLICA.- El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia de fecha nueve de enero de dos mil nueve, emitida por la Corte Primera de Apelaciones de esta Sección Judicial, que declaró SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto y CONFIRMO el sobreseimiento definitivo de fecha veintinueve de junio de dos mil seis, dictado por el Juzgado de Letras Penal, Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en el cual el A quo falló de la manera siguiente: “FALLA: PRIMERO: Revoca los autos de prisión de fecha, UNO (1); dos autos de prisión del CUARTO (4); TRES AUTOS DE PRISION DEL CINCO (5), SIETE (7); VEINTE (20); Y VIENTIOCHO (28)todos del mes de NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996); NUEVE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (9-12-96); DIEZ DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE (10-1-97); DIEZ DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO. SEGUNDO: Revoca la orden de captura librada en contra del procesado JAIME MARTINEZ GUZMAN, en fecha veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y siete 8 27-2-97) TERCERO: DECRETA SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de los ciudadanos MA. L. U. J., C. T. L., R. A. M., M. C. Z., R. P. A., Z. C. DE M., M. D. N. G., R. R. P. R., R. A. H. L., L. M. A. S., T. G. W., J. M. G. Y R. C. V.S de generales expresadas en la causa que se le instruye por suponérsele responsabilidad en los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA todos los primeros y el ultimo por el delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS en perjuicio de la FE PUBLICA. CUARTO Se libre oficio a la Dirección General de investigación Criminal para que deje sin valor efecto la orden de captura librada el 17 de febrero 1997 contra el procesado J. M. G.”. CONSIDERANDO: Que en sentencia de fecha nueve de enero del año dos mil nueve, la Corte Primera de Apelaciones de esta Sección Judicial, aceptó los hechos estimados y declarados probados por el A quo, quien los redactó de la siguiente forma: “PRIMERO: Que los hechos atribuidos a los señores M. L. U. J., C. T. L., R. A. M., M. C. Z., R. P. A., Z. C. DE M., M. D. N. G., R. R. P. R., L. M. A. S., T. G. W., se concretizan al ejercicio de acciones administrativas derivadas de la aplicación del Decreto Legislativo No. 26-90 E., de fecha 14 de Diciembre de 1990, su prórroga contenida en el Decreto Legislativo No. 15-92 del 18 de Febrero de 1992, reglamentado el primero de ellos por Acuerdo Ejecutivo No. 85-91 del 7 de febrero de 1991, y el Decreto Ejecutivo 15-93 emitido en consejo e Ministro el 27 de enero de 1993 contentivo de la resolución: “PRIMERO: Declarar sin lugar por improcedente la solicitud de Carta de Naturalización, a favor de la acompañante del Aplacante Z. I. B., SU CONYUGUE M. V. B. S. SEGUNDO: Otorgar cartas de Naturalización a fervor de: 1. Alicante: L. J. L., su esposa M. S. L., sus hijos A. L. L. Y D. L. L.. 2.- N. J. F., su esposa L. R. F., SU HIJO L. N. F.. 3.- O. S. S., su esposa N. A. S.- 4.- S. V. B., su esposa L. K. B.- 5.- G. C. 6.- A. B. Z., su esposa N. V. Z., su hija E. A. Z. 7.- P. K., su esposa I. R. K., su hija E. P. K. 8.- D. V. A. 9.- Z. I. B. 10.- N. T. K.-.”; interesados que habían presentado sus respectivas solicitudes de carta de naturalización en tiempo y forma ante el respectivo Consulado, siendo obligación y deber del Poder Ejecutivo emitir resolución concediendo o denegando su petición; sustentando en los artículos 24, numeral en relación con el Articulo 245, atribuciones 11 y 38 de la Constitución del la Republica; Articulo 11, 116, 117 y 119 de la Ley General de la Administración Pública; Articulo 60, 61, y 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo; Artículos 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 14, 15 y 18 de la Ley Especial de la Carta de Naturalización y Artículos 1, 7, 9, 10, 11, 12, 14, Y 18 Del Reglamento de la Ley Especial de Carta de Naturalización. SEGUNDO: Que el acusado R. A. C. V. se desempeñaba el cargo Cónsul General de Honduras en Singapur, tal como acedita con el oficio de fecha 2 de enero de 1991 que corre a folio numero 38.- TERCERO: Que la acusada señora R. A. H. L. se desempeñaba como Directora de la Sección de Pasaportes de la Secretaria de Relaciones Exteriores en 1992.” CONSIDERANDO: Que en fecha diecinueve de mayo de dos mil nueve, compareció ante este Tribunal de Justicia, la Abogada L. Y. C. en su condición aludida, formalizando su Recurso de Casación de la siguiente manera: “II.- EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO UNICO: Infracción de ley por Error de hecho en el momento de la apreciación de las pruebas resultando de actos auténticos que demuestran la equivocación del juzgador. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 412 numeral 2 del Código de Procedimientos Penales. III. EXPLICACION DEL MOTIVO: “En el Recurso de Casación por Infracción de Ley, prevalece como regla general el respeto absoluto de los hechos estimados y declarados como probados por el Juzgador; siendo que los mismos para efecto de este tipo de remedios impugnativos deberán ser considerados como verdades indiscutibles e incontrovertibles. Sin embargo como una excepción a la regla general, el legislador ha incluido dentro de las causales que dan lugar a la casación de fondo en material penal, el error de hecho en la apreciación de la prueba, si este parte de un acto o documento auténtico que evidencia la equivocación manifiesta del juzgador y que no haya sido controvertida por otras pruebas. 1. Este es el caso que precisamente hoy nos ocupa, pues en la sentencia definitiva recurrida, la Corte de Apelaciones, resolvió confirmar el sobreseimiento definitivo dictado a favor de los encausados, obedeciendo dicha resolución precisamente al hecho de que el juzgador apreció erróneamente un acto o documento auténtico relevante dentro del proceso, como lo es el Decreto Ejecutivo 15-93 emitido por los imputados en fecha 27 de Enero de 1993, a través del cual otorgaba cartas de naturalización a personas de nacionalidad rusa y Vietnamita, cuando éstas, no reunían los requisitos que establece la Constitución de la República en su artículo 24.4 que prescribe: Se considera como hondureños por naturalización los siguientes: 1. Los Centroamericanos por nacimiento que tengan un año de residencia en el país. 2. Los Españoles e iberoamericanos por nacimiento que tengan dos años consecutivos de residencia en el país. 3. Los demás extranjeros que hayan residido en el país más de tres años consecutivos. 4. Los que obtengan Carta de Naturalización decretada por el Congreso Nacional por servicios extraordinarios presentados a Honduras…….5. Los inmigrantes que formando parte de grupos seleccionados traídos por el Gobierno para fines científicos, agrícola e industriales, después de un año de residir en el país, llenen los requisitos de Ley. 6. La persona extranjera casada con hondureño por nacimiento. De igual manera, el citado precepto constitucional se encuentra estrechamente vinculado con el Decreto 26-90-E que contiene la Ley Especial de Cartas de Naturalización, pues por medio de este, se regularía temporalmente el artículo 24. 4 supraindicado. Asimismo el juzgador al proferir el Sobreseimiento Definitivo que se cuestiona, no considera el citado Decreto, en virtud que el artículo 1 señala: “La presente ley, tiene por objeto regular, en forma especial y temporal, el artículo 24, numeral 4 de la constitución de la República, para decretar cartas de naturalización por servicios extraordinarios prestados a Honduras, calificados como tal en el artículo 2 de esta ley”.El artículo 2 prescribe: Para los efectos de este decreto se consideran servicios extraordinarios prestados a Honduras por personas naturales extranjeras, invertir en honduras, en las actividades a que se refiere el artículo 9 inciso a) de esta Ley… Al examinar el Decreto 15-93 que otorga las cartas de naturalización en referencia se evidencia, que los Funcionarios que participaron en el otorgamiento de dichos beneficio, no observaron los requisitos contenidos en el Decreto 26-90-E (F.9 a 11); sin embargo el Tribunal ad quem al valorar el Decreto 15-93 no consideró tal circunstancia, incurriendo en un grave error de hecho, que tiene incidencia en el fallo, pues de haberlo estimado acertadamente, no hubiera dictado el Sobreseimiento Definitivo que hoy se impugna. Además cabe señalar, que el Reglamento del Decreto 26-90-E (F.15 a 17), que contiene la Ley Especial de Cartas de Naturalización, define en su artículo 2, inciso c) que es una carta de naturalización: “la resolución gubernativa mediante la cual se concede nacionalidad hondureña a la persona que reúnan los requisitos que la ley establece……” aspectos que tampoco fueron estimadas por los Secretarios de Estado, al momento de emitir el Decreto 15-93, que constituye el acto o documento auténtico erróneamente valorado por el sentenciador. A folios 12 al 14 corre agregado el Decreto Legislativo No. 15-92, que contiene la prórroga al Decreto Legislativo No. 26-90-E, por un término de 6 meses más, mismo que culmina el 21 de julio de 1992, basta con leer el mismo, para darnos cuenta, que la prorroga de los seis meses, fue únicamente para darle trámite a las solicitudes existente, obviamente no era para recibir nuevas solicitudes, tal y como lo establece el artículo 1: “Prorrogar la vigencia del Decreto No. 26-90-E del 14 de diciembre de 1990, por un término de seis (6) meses contados a partir del 21 de enero de 1992, únicamente para dar trámite a las solicitudes de aplicantes y acompañantes que hagan sus inversiones en proyectos específicos previamente aprobados por el Banco Central de Honduras”, el referido extremo es reforzado con lo que establece el mismo Decreto 15-92 en su cuarto Considerando que señala: “Que los reglamentos del Decreto en referencia, concluyeron hasta el 26 de Septiembre de 1991, y por ende proyectos de inversión han sido aprobados por el Directorio del Banco Central de Honduras, en su carácter de Comité Fiduciario, después de dicha fecha, imponiéndose el cumplimiento de las demás obligaciones para los aplicantes inversionistas y acompañantes, en un plazo real de dos meses, contrario al espíritu original de la Ley”. Se entiende entonces, que proyectos de inversión social que han sido aprobados por el Directorio del Banco Central de Honduras, debían ser admitidos. De manera, que no es cierto como afirma la Corte de Apelaciones, que la argumentación planteada por este ente Fiscal es una posición personal y no jurídica, ya que más bien es ese juzgador, quien está considerando este Decreto de Prórroga, no en todo su contexto, sino de manera aislada. En Conclusión podemos decir, que al otorgar cartas de naturalización a personas que no tuviesen la aprobación previa del proyecto por parte del B.C.H. se estaría extralimitando a la facultad otorgada en el precitado Decreto, tal como sucede en el caso subjudice, donde los señores M. L. U. J., C. T. L., R. A. M., M. C. Z., R. P. A., Z. C. DE M., M. D. N. G., R. R. P. R., R. A. H. L., L. M. A. S.O, T. G. W., J. M. G. Y R. A. C. V., concedieron la naturalización a personas que no reunían esa condición y que incluso presentaron su petición el último día de la vigencia de la prórroga a través de los Abogados, E. O. C. y R. E. M. P., que si bien, promovieron sus solicitudes el 21 de Julio de 1992, antes que concluyera el plazo, eso no es suficiente para declarar con lugar sus petitorias, pues, tal como se ha expuesto anteriormente, esa prórroga era para personas que ya tenían aprobado su proyecto de inversión y necesitaban concluir el trámite de naturalización, no para nuevos requirentes, cuyas solicitudes ya no podían ser gestionadas en el término de seis meses de ampliación del Decreto 26-90-E. 2.- En cuanto a la responsabilidad de la imputada R. A. H., quien fungía como Jefa de la Sección de Pasaportes, desde el primero de Agosto de 1992 al 28 de febrero de 1994, según se desprende de su declaración indagatoria debemos señalar, que no constituye una acto regular remitir libretas de pasaporte en blanco, sólo porque exista una petición de parte de un funcionario de mayor jerarquía, en virtud que nadie pueda actuar fuera del marco de la ley. El Decreto Legislativo 26-90-E, prescribe, en su artículo 6: “En caso que el Acuerdo del Poder Ejecutivo otorgue la carta de naturalización, conforme a las facultades que le otorga el Presidente de la República, el Artículo 245, Número 38, la Secretaría de Gobernación y Justicia excitará inmediatamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que extienda el pasaporte correspondiente y lo envíe a la Secretaría de Gobernación y Justicia o al Consulado respectivo, según proceda, para que se entregue al solicitante. Para la Secretaría de Relaciones Exteriores extender el pasaporte, es una obligación de inmediato cumplimiento.” En ese mismo sentido, el artículo 11 del Reglamento del supraindicado Decreto indica: “Es para la Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores, una obligación de inmediato cumplimiento el extender cada pasaporte, una vez que reciba la copia de los Decretos del Poder Ejecutivo, mediante los cuales concede la carta de naturalización”. Es decir, que los pasaportes no podían enviarse por un simple oficio a la Secretaría de Gobernación, mucho menos sin datos, sino que obedeciendo a los parámetros antes indicados, ya que se trata de un documento público, que debe reunir todas las exigencias de ley. No obstante este extremo, el Tribunal Ad quem no ha considerado adecuadamente, el Decreto No. 26-92-E y su Reglamento, arribando a la conclusión errada que la imputada no ha incurrido en delito alguno. Aunado a lo anterior, corre agregado a folio 190, la declaración indagatoria de la encausada, quien expresa “conocer el procedimiento para obtener un pasaporte, señalando que en los mismos los solicitantes colocan huella y firma y otros datos personales”, los cuales no se colocaron en las libretas en blanco enviadas a Gobernación y Justicia. Siendo así las cosas, es evidente que los procesados incurrieron en una acción ilícita, al haber decretado extender cartas de naturalización a personas que no cumplían las condiciones para gozar de dichos beneficios, o lo que es lo mismo emitieron un Decreto contrario a las leyes (que en este caso sería la Ley Especial de Carta de Naturalización 26-90 E y su Reglamento, así como el Decreto 15-92 que amplió la vigencia de la aludida ley); sin embargo, no obstante la vigencia formal de las normas contenidas en los mencionados Decretos, la corte recurrida se resiste a aplicarlas, razón por la cual el representante del pueblo y vigilante de la legalidad os demanda restablecer mediante el presente recurso el orden jurídico sustantivo quebrantado, ya que resulta innegable, que el Decreto Ejecutivo 15-93, utilizado como fundamento auténtico para efectos de este recurso, hace manifiesto la equivocación del juzgador. El artículo 349 numeral 2 del Código Penal establece lo siguiente. Será castigado con reclusión de 6 meses a 3 años e inhabilitación especial por doble de tiempo e la condena…, 2) El funcionario que dictare o ejecutare resoluciones u ordenes contrarias a la Constitución o a las leyes, o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere….” Partiendo del documento auténtico consistente en el Decreto 15-93, que fue erróneamente valorado por el juzgador; así como de los Decretos legislativos 26-90-E y 15-92, se logra determinar que los señores M. L. U. J., C. T. L., R. A. M., M. C. Z., R. P. A., Z. C. DE M., M. D. N. G., R. R. P. R., L. M. A. S., T. G. W. Y J. M. G. al momento de emitir el Decreto en cuestión (No. 15-93) de fecha 27 de enero de 1993, se desempeñaban como Secretarios de Estado en el Gobierno del presidente de la República RAFAEL LEONARDO CALLEJAS, es decir ostentaban la calidad de funcionarios, que regula el párrafo final del artículo 393 del código Penal que reza: “se considera funcionario a quien por disposición inmediata de la Ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente, participe del ejercicio de funciones públicas”. Los señores suprareferidos, emitieron una resolución contraria a la Constitución y a las leyes, al no tomar en cuenta lo que estipula el decreto 15-92, que fue creado para prorrogar el decreto legislativo 26-90-E, por un término de seis (6) meses contados a partir del 21 de enero de 1992, únicamente para dar trámite a las solicitudes de aplicantes y acompañantes que hagan sus inversiones en proyectos específicos previamente aprobados por el Banco Central de Honduras”. Y como se ha venido indicando, las cartas de naturalización otorgadas por el mismo no se encontraban en trámite, sino por el contrario se trataban de nuevas solicitudes, que no constituían continuidad de las diligencias de aprobación de proyectos iniciados en el Banco Central de Honduras. Lo mismo sucede, en relación a la procesada R. A. H., quien era una funcionaria pública (Directora a Jefe de la oficina de Pasaportes)y realizó era una acción contraria a lo que establecían los Decretos 26-90-E y su Reglamento, pues hizo entrega de boletas de pasaportes en blanco, a pesar de conocer, que era una operación fuera de los requisitos que establece la ley, sin embargo el Tribunal Ad quem, decidió equivocadamente sobre la responsabilidad de la misma al no valorar el decreto en mención. El Juzgador de Segunda Instancia expone en su fallo, que no desprende de la prueba allegada al juicio, que existió el elemento dolo que es consubstancial al tipo penal de Abuso de autoridad, por parte de los encausados al emitir el Decreto No. 15-93, documento auténtico a través del cual otorgó Cartas de Naturalización, posición que es errada a criterio de este ente fiscal, ya que desde que firmaron este Decreto los enjuiciados conocían que actuaban fuera del marco legal que regulaba tal beneficio y la señora H. L., tan bien sabía, que no podía hacer entrega de libretas de pasaporte en blanco, porque ese no era el trámite para entrega de ese documento, como se ha venido expresado en el desarrollo de este recurso. Como soporte jurisprudencial de ésta argumentación, encontramos la posición fijada por la Corte de Casación italiana, en sentencia proferida el 3 de marzo de 1999, en el expediente 15-99, en la cual el Tribunal expuso: que el bien jurídico se debe considerar desde una óptica de pluriofensividad que tenga en cuenta, EL INTERÉS PÚBLICO BASADO EN EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. Es decir, que no se debe ver la actuación de la imputada R. A. H., como algo normal, cuando ha generado dudas, en cuanto a la transparencia de la labor estatal en la emisión de pasaportes que constituye un documento público de identificación. En cuanto al elemento subjetivo de Dolo cabe referir, que como sustento doctrinario de lo supraindicado encontramos, lo que al efecto señalan los autores María Dolores Márquez de Prado y Noriega y Francisco Javier Gómez de Liaño y Botella, en el Diccionario de Jurisprudencia Penal que “para que el dolo se manifieste es preciso, en primer lugar, la voluntariedad de la acción, equivalente a la presencia de malicia que abarque intelectualmente el conocimiento del hecho, y en segundo lugar su significación jurídica, esto es, en definitiva, conciencia de la licitud y querer el resultado representado con anticipación, conocimiento y voluntad.” 3.- Finalmente, consta en el expediente de mérito que el sentenciador no valoró adecuadamente al momento de dictar el Sobreseimiento Definitivo a favor del ciudadano R. C. V., el dictamen Criminalístico de Documento logia, elaborado por el Laboratorio de Medicina Forense, ya que en el mismo, no se concluye que el encausado no haya colocado las medias firmas, sino que se establece, que se requieren elementos de comparación análogos para efectuar tal comparación, por ende resulta improcedente proferir un Sobreseimiento Definitivo bajo esos argumentos. Asimismo cabe señalar, que por un error del Ministerio Público no se pronunció al momento de expresar agravios en cuanto a la participación del enjuiciado, sin embargo dicha circunstancia no impide, que expresemos que tal resolución no se encuentra apegada a derecho, pues no se han desvanecido completamente los indicios en su contra al encontrarse la pericia incompleta. Al haber entonces el juzgador no valorado los actos o documentos auténticos señalados, con el cual se ha demostrado la existencia del delito y la participación de los encausados en la comisión del mismo y que no fue desvirtuado por otras pruebas y al no haberlo entendido de esa manera el Ad-Quem ha incurrido en un claro error de hecho y en ningún momento debió dictar un Sobreseimiento Definitivo a favor de los indiciados. En consecuencia al existir plena prueba de la comisión del delito e indicio racional de quien es su autor, se ha realizado un acto fuera de la ley, quebrantando el orden jurídico procesal, por lo que se hace necesario que este alto tribunal lo restablezca por medio de la decisión que corresponda y por ende se case la sentencia impugnada y se dicte en su lugar un fallo, de conformidad a lo que establece la Constitución de la República en su artículo 321.” CONSIDERANDO: Que mediante auto de fecha veinte de mayo de dos mil nueve, este Tribunal de Justicia, tuvo por formalizado en tiempo el Recurso de Casación por parte de la Abogada L. Y. C., Fiscal del Ministerio Público por lo que se omitió el traslado de los autos a la Fiscal del Despacho para que emitiera dictamen. CONSIDERANDO: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la admisión del recurso de mérito. CONSIDERANDO: Que la formalización del recurso de casación por Infracción de Ley, reúne todos los requisitos legales, por lo que es procedente su admisión, debiendo oportunamente dictar sentencia sobre la procedencia o improcedencia de su único motivo planteado. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre de LA REPÚBLICA DE HONDURAS, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 410, 411, 412 preámbulo y numeral 2, 418, 420 del Código de Procedimientos Penales; 919, 920, 921, 923 del Código de Procedimientos Comunes de 1906; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; FALLA: Declarar CON LUGAR la Admisión del recurso Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la Abogada L. Y. C., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la causa que se sigue en contra de los señores M. L. U. J., C. T. L., R. A. M., M. C. Z., R. P. A., Z. C. DE M., M. D. N. G., R. R. P. R., R. A. H. L., L. M. A. S., T. G. W., J. M. G. Y R. C. V. de generales expresadas por suponerles responsables del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA todos los primeros y el último por el delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS en perjuicio de la FE PUBLICA; Y MANDA: Que oportunamente se dicte la sentencia sobre la procedencia o improcedencia de su único motivo de casación.- Redactó el Magistrado RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- COORDINADOR.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO .- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.-“ “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO PENAL.- Tegucigalpa, M.D.C., veinticuatro de Enero de 2013. VISTO: Para dictar sentencia del Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha veinte de mayo de dos mil nueve, por la Abogada L. Y. C. S., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público; en relación a la causa instruida en fecha veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y seis, ante el entonces Juzgado de Letras Penal, Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán por el Licenciado J. J. H. S., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra los señores M. L. U. J., Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, C. T. L., Abogado y Notario, R. A. M., Licenciado en Economía, M. C. Z., Licenciado en Derecho, R. P. A., Doctor en Medicina, Z. C. DE M., Trabajadora Social, M. D. N. G., Ingeniero Agrónomo, R. R. P. R., Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, R. A. H. L., Perito Mercantil, L. M. A. S., Militar en Servicio Activo con el Grado de General de Brigada, T. G. W., Abogado, J. M. G. y R. A. C. V., Licenciado en Ciencias Económicas, todos mayores de edad, hondureños y de este domicilio por suponerlos responsables del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, los primeros en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA, y el último por el delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS en perjuicio de la FE PUBLICA.- El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia de fecha nueve de enero de dos mil nueve, emitida por la Corte Primera de Apelaciones de esta Sección Judicial, que declaró SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto y CONFIRMO el sobreseimiento definitivo de fecha veintinueve de junio de dos mil seis, dictado por el Juzgado de Letras Penal, Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en el cual el A quo falló de la manera siguiente: “FALLA: PRIMERO: Revoca los autos de prisión de fecha, UNO (1); dos autos de prisión del CUARTO (4); TRES AUTOS DE PRISION DEL CINCO (5), SIETE (7); VEINTE (20); Y VIENTIOCHO (28)todos del mes de NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996); NUEVE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (9-12-96); DIEZ DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE (10-1-97); DIEZ DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO. SEGUNDO: Revoca la orden de captura librada en contra del procesado J. M. G., en fecha veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y siete 8 27-2-97) TERCERO: DECRETA SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de los ciudadanos M. L. U. J., C. T. L., R. A. M., M. C. Z., R. P. A., Z. C. DE M., M. D. N. G., R. R. P. R., R. A. H. L., L. M. A. S., T. G. W., J. M. G. Y R. C. V. de generales expresadas en la causa que se le instruye por suponérsele responsabilidad en los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA todos los primeros y el ultimo por el delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS en perjuicio de la FE PUBLICA. CUARTO Se libre oficio a la Dirección General de investigación Criminal para que deje sin valor efecto la orden de captura librada el 17 de febrero 1997 contra el procesado J. M. G.”. CONSIDERANDO: Que en sentencia de fecha nueve de enero del año dos mil nueve, la Corte Primera de Apelaciones de esta Sección Judicial, aceptó los hechos estimados y declarados probados por el A quo, quien los redactó de la siguiente forma: “PRIMERO: Que los hechos atribuidos a los señores M. L. U. J., C. T. L., R. A. M., M. C. Z., R. P. A., Z. C. DE M., M. D. N. G., R. R. P. R., L. M. A. S., T. G. W., se concretizan al ejercicio de acciones administrativas derivadas de la aplicación del Decreto Legislativo No. 26-90 E., de fecha 14 de Diciembre de 1990, su prórroga contenida en el Decreto Legislativo No. 15-92 del 18 de Febrero de 1992, reglamentado el primero de ellos por Acuerdo Ejecutivo No. 85-91 del 7 de febrero de 1991, y el Decreto Ejecutivo 15-93 emitido en consejo e Ministro el 27 de enero de 1993 contentivo de la resolución: “PRIMERO: Declarar sin lugar por improcedente la solicitud de Carta de Naturalización, a favor de la acompañante del Aplacante Z. I. B., SU CONYUGUE M. V. B. S. SEGUNDO: Otorgar cartas de Naturalización a fervor de: 1. Alicante: L. J. L., su esposa M. S. L., sus hijos A. L. L. Y D. L. L.. 2.- N. J. F., su esposa L. R. F., SU HIJO L. N. F. 3.- O. S. S., su esposa N. A. S.- 4.- S. V. B., su esposa L. K. B.- 5.- G. C. 6.- A. B. Z., su esposa N. V. Z., su hija E. A. Z. 7.- P. K., su esposa I. R. K., su hija E. P. K. 8.- D. V. A. 9.- Z. I. B. 10.- N. T. K.-.”; interesados que habían presentado sus respectivas solicitudes de carta de naturalización en tiempo y forma ante el respectivo Consulado, siendo obligación y deber del Poder Ejecutivo emitir resolución concediendo o denegando su petición; sustentando en los artículos 24, numeral en relación con el Articulo 245, atribuciones 11 y 38 de la Constitución del la Republica; Articulo 11, 116, 117 y 119 de la Ley General de la Administración Pública; Articulo 60, 61, y 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo; Artículos 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 14, 15 y 18 de la Ley Especial de la Carta de Naturalización y Artículos 1, 7, 9, 10, 11, 12, 14, Y 18 Del Reglamento de la Ley Especial de Carta de Naturalización. SEGUNDO: Que el acusado R. A. C. V. se desempeñaba el cargo Cónsul General de Honduras en Singapur, tal como acedita con el oficio de fecha 2 de enero de 1991 que corre a folio numero 38.- TERCERO: Que la acusada señora R. A. H. L. se desempeñaba como Directora de la Sección de Pasaportes de la Secretaria de Relaciones Exteriores en 1992.” CONSIDERANDO: Que en fecha diecinueve de mayo de dos mil nueve, compareció ante este Tribunal de Justicia, la Abogada L. Y. C. en su condición aludida, formalizando su Recurso de Casación de la siguiente manera: “II.- EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO UNICO: Infracción de ley por Error de hecho en el momento de la apreciación de las pruebas resultando de actos auténticos que demuestran la equivocación del juzgador. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 412 numeral 2 del Código de Procedimientos Penales. III. EXPLICACION DEL MOTIVO: “En el Recurso de Casación por Infracción de Ley, prevalece como regla general el respeto absoluto de los hechos estimados y declarados como probados por el Juzgador; siendo que los mismos para efecto de este tipo de remedios impugnativos deberán ser considerados como verdades indiscutibles e incontrovertibles. Sin embargo como una excepción a la regla general, el legislador ha incluido dentro de las causales que dan lugar a la casación de fondo en material penal, el error de hecho en la apreciación de la prueba, si este parte de un acto o documento auténtico que evidencia la equivocación manifiesta del juzgador y que no haya sido controvertida por otras pruebas. 1. Este es el caso que precisamente hoy nos ocupa, pues en la sentencia definitiva recurrida, la Corte de Apelaciones, resolvió confirmar el sobreseimiento definitivo dictado a favor de los encausados, obedeciendo dicha resolución precisamente al hecho de que el juzgador apreció erróneamente un acto o documento auténtico relevante dentro del proceso, como lo es el Decreto Ejecutivo 15-93 emitido por los imputados en fecha 27 de Enero de 1993, a través del cual otorgaba cartas de naturalización a personas de nacionalidad rusa y Vietnamita, cuando éstas, no reunían los requisitos que establece la Constitución de la República en su artículo 24.4 que prescribe: Se considera como hondureños por naturalización los siguientes: 1. Los Centroamericanos por nacimiento que tengan un año de residencia en el país. 2. Los Españoles e iberoamericanos por nacimiento que tengan dos años consecutivos de residencia en el país. 3. Los demás extranjeros que hayan residido en el país más de tres años consecutivos. 4. Los que obtengan Carta de Naturalización decretada por el Congreso Nacional por servicios extraordinarios presentados a Honduras…….5. Los inmigrantes que formando parte de grupos seleccionados traídos por el Gobierno para fines científicos, agrícola e industriales, después de un año de residir en el país, llenen los requisitos de Ley. 6. La persona extranjera casada con hondureño por nacimiento. De igual manera, el citado precepto constitucional se encuentra estrechamente vinculado con el Decreto 26-90-E que contiene la Ley Especial de Cartas de Naturalización, pues por medio de este, se regularía temporalmente el artículo 24. 4 supraindicado. Asimismo el juzgador al proferir el Sobreseimiento Definitivo que se cuestiona, no considera el citado Decreto, en virtud que el artículo 1 señala: “La presente ley, tiene por objeto regular, en forma especial y temporal, el artículo 24, numeral 4 de la constitución de la República, para decretar cartas de naturalización por servicios extraordinarios prestados a Honduras, calificados como tal en el artículo 2 de esta ley”.El artículo 2 prescribe: Para los efectos de este decreto se consideran servicios extraordinarios prestados a Honduras por personas naturales extranjeras, invertir en honduras, en las actividades a que se refiere el artículo 9 inciso a) de esta Ley… Al examinar el Decreto 15-93 que otorga las cartas de naturalización en referencia se evidencia, que los Funcionarios que participaron en el otorgamiento de dichos beneficio, no observaron los requisitos contenidos en el Decreto 26-90-E (F.9 a 11); sin embargo el Tribunal ad quem al valorar el Decreto 15-93 no consideró tal circunstancia, incurriendo en un grave error de hecho, que tiene incidencia en el fallo, pues de haberlo estimado acertadamente, no hubiera dictado el Sobreseimiento Definitivo que hoy se impugna. Además cabe señalar, que el Reglamento del Decreto 26-90-E (F.15 a 17), que contiene la Ley Especial de Cartas de Naturalización, define en su artículo 2, inciso c) que es una carta de naturalización: “la resolución gubernativa mediante la cual se concede nacionalidad hondureña a la persona que reúnan los requisitos que la ley establece……” aspectos que tampoco fueron estimadas por los Secretarios de Estado, al momento de emitir el Decreto 15-93, que constituye el acto o documento auténtico erróneamente valorado por el sentenciador. A folios 12 al 14 corre agregado el Decreto Legislativo No. 15-92, que contiene la prórroga al Decreto Legislativo No. 26-90-E, por un término de 6 meses más, mismo que culmina el 21 de julio de 1992, basta con leer el mismo, para darnos cuenta, que la prorroga de los seis meses, fue únicamente para darle trámite a las solicitudes existente, obviamente no era para recibir nuevas solicitudes, tal y como lo establece el artículo 1: “Prorrogar la vigencia del Decreto No. 26-90-E del 14 de diciembre de 1990, por un término de seis (6) meses contados a partir del 21 de enero de 1992, únicamente para dar trámite a las solicitudes de aplicantes y acompañantes que hagan sus inversiones en proyectos específicos previamente aprobados por el Banco Central de Honduras”, el referido extremo es reforzado con lo que establece el mismo Decreto 15-92 en su cuarto Considerando que señala: “Que los reglamentos del Decreto en referencia, concluyeron hasta el 26 de Septiembre de 1991, y por ende proyectos de inversión han sido aprobados por el Directorio del Banco Central de Honduras, en su carácter de Comité Fiduciario, después de dicha fecha, imponiéndose el cumplimiento de las demás obligaciones para los aplicantes inversionistas y acompañantes, en un plazo real de dos meses, contrario al espíritu original de la Ley”. Se entiende entonces, que proyectos de inversión social que han sido aprobados por el Directorio del Banco Central de Honduras, debían ser admitidos. De manera, que no es cierto como afirma la Corte de Apelaciones, que la argumentación planteada por este ente Fiscal es una posición personal y no jurídica, ya que más bien es ese juzgador, quien está considerando este Decreto de Prórroga, no en todo su contexto, sino de manera aislada. En Conclusión podemos decir, que al otorgar cartas de naturalización a personas que no tuviesen la aprobación previa del proyecto por parte del B.C.H. se estaría extralimitando a la facultad otorgada en el precitado Decreto, tal como sucede en el caso subjudice, donde los señores M. L. U. J., C. T. L., R. A. M., M. C. Z., R. P. A., Z. C. DE M., M. D. N. G., R. R. P. R., R. A. H. L., L. M. A. S., T. G. W., J. M. G. Y R. A. C. V., concedieron la naturalización a personas que no reunían esa condición y que incluso presentaron su petición el último día de la vigencia de la prórroga a través de los Abogados, E. O. C. y R. E. M. P., que si bien, promovieron sus solicitudes el 21 de Julio de 1992, antes que concluyera el plazo, eso no es suficiente para declarar con lugar sus petitorias, pues, tal como se ha expuesto anteriormente, esa prórroga era para personas que ya tenían aprobado su proyecto de inversión y necesitaban concluir el trámite de naturalización, no para nuevos requirentes, cuyas solicitudes ya no podían ser gestionadas en el término de seis meses de ampliación del Decreto 26-90-E. 2.- En cuanto a la responsabilidad de la imputada R. A. H., quien fungía como Jefa de la Sección de Pasaportes, desde el primero de Agosto de 1992 al 28 de febrero de 1994, según se desprende de su declaración indagatoria debemos señalar, que no constituye una acto regular remitir libretas de pasaporte en blanco, sólo porque exista una petición de parte de un funcionario de mayor jerarquía, en virtud que nadie pueda actuar fuera del marco de la ley. El Decreto Legislativo 26-90-E, prescribe, en su artículo 6: “En caso que el Acuerdo del Poder Ejecutivo otorgue la carta de naturalización, conforme a las facultades que le otorga el Presidente de la República, el Artículo 245, Número 38, la Secretaría de Gobernación y Justicia excitará inmediatamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que extienda el pasaporte correspondiente y lo envíe a la Secretaría de Gobernación y Justicia o al Consulado respectivo, según proceda, para que se entregue al solicitante. Para la Secretaría de Relaciones Exteriores extender el pasaporte, es una obligación de inmediato cumplimiento.” En ese mismo sentido, el artículo 11 del Reglamento del supraindicado Decreto indica: “Es para la Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores, una obligación de inmediato cumplimiento el extender cada pasaporte, una vez que reciba la copia de los Decretos del Poder Ejecutivo, mediante los cuales concede la carta de naturalización”. Es decir, que los pasaportes no podían enviarse por un simple oficio a la Secretaría de Gobernación, mucho menos sin datos, sino que obedeciendo a los parámetros antes indicados, ya que se trata de un documento público, que debe reunir todas las exigencias de ley. No obstante este extremo, el Tribunal Ad quem no ha considerado adecuadamente, el Decreto No. 26-92-E y su Reglamento, arribando a la conclusión errada que la imputada no ha incurrido en delito alguno. Aunado a lo anterior, corre agregado a folio 190, la declaración indagatoria de la encausada, quien expresa “conocer el procedimiento para obtener un pasaporte, señalando que en los mismos los solicitantes colocan huella y firma y otros datos personales”, los cuales no se colocaron en las libretas en blanco enviadas a Gobernación y Justicia. Siendo así las cosas, es evidente que los procesados incurrieron en una acción ilícita, al haber decretado extender cartas de naturalización a personas que no cumplían las condiciones para gozar de dichos beneficios, o lo que es lo mismo emitieron un Decreto contrario a las leyes (que en este caso sería la Ley Especial de Carta de Naturalización 26-90 E y su Reglamento, así como el Decreto 15-92 que amplió la vigencia de la aludida ley); sin embargo, no obstante la vigencia formal de las normas contenidas en los mencionados Decretos, la corte recurrida se resiste a aplicarlas, razón por la cual el representante del pueblo y vigilante de la legalidad os demanda restablecer mediante el presente recurso el orden jurídico sustantivo quebrantado, ya que resulta innegable, que el Decreto Ejecutivo 15-93, utilizado como fundamento auténtico para efectos de este recurso, hace manifiesto la equivocación del juzgador. El artículo 349 numeral 2 del Código Penal establece lo siguiente. Será castigado con reclusión de 6 meses a 3 años e inhabilitación especial por doble de tiempo e la condena…, 2) El funcionario que dictare o ejecutare resoluciones u ordenes contrarias a la Constitución o a las leyes, o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere….” Partiendo del documento auténtico consistente en el Decreto 15-93, que fue erróneamente valorado por el juzgador; así como de los Decretos legislativos 26-90-E y 15-92, se logra determinar que los señores M. L. U. J., C. T. L., R. A. M., M. C. Z., R. P. A., Z. C. DE M., M. D. N. G., R. R. P. R., L. M. A. S., T. G. W. Y J. M. G. al momento de emitir el Decreto en cuestión (No. 15-93) de fecha 27 de enero de 1993, se desempeñaban como Secretarios de Estado en el Gobierno del presidente de la República RAFAEL LEONARDO CALLEJAS, es decir ostentaban la calidad de funcionarios, que regula el párrafo final del artículo 393 del código Penal que reza: “se considera funcionario a quien por disposición inmediata de la Ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente, participe del ejercicio de funciones públicas”. Los señores suprareferidos, emitieron una resolución contraria a la Constitución y a las leyes, al no tomar en cuenta lo que estipula el decreto 15-92, que fue creado para prorrogar el decreto legislativo 26-90-E, por un término de seis (6) meses contados a partir del 21 de enero de 1992, únicamente para dar trámite a las solicitudes de aplicantes y acompañantes que hagan sus inversiones en proyectos específicos previamente aprobados por el Banco Central de Honduras”. Y como se ha venido indicando, las cartas de naturalización otorgadas por el mismo no se encontraban en trámite, sino por el contrario se trataban de nuevas solicitudes, que no constituían continuidad de las diligencias de aprobación de proyectos iniciados en el Banco Central de Honduras. Lo mismo sucede, en relación a la procesada R. A. H., quien era una funcionaria pública (Directora a Jefe de la oficina de Pasaportes)y realizó era una acción contraria a lo que establecían los Decretos 26-90-E y su Reglamento, pues hizo entrega de boletas de pasaportes en blanco, a pesar de conocer, que era una operación fuera de los requisitos que establece la ley, sin embargo el Tribunal Ad quem, decidió equivocadamente sobre la responsabilidad de la misma al no valorar el decreto en mención. El Juzgador de Segunda Instancia expone en su fallo, que no desprende de la prueba allegada al juicio, que existió el elemento dolo que es consubstancial al tipo penal de Abuso de autoridad, por parte de los encausados al emitir el Decreto No. 15-93, documento auténtico a través del cual otorgó Cartas de Naturalización, posición que es errada a criterio de este ente fiscal, ya que desde que firmaron este Decreto los enjuiciados conocían que actuaban fuera del marco legal que regulaba tal beneficio y la señora H. L., tan bien sabía, que no podía hacer entrega de libretas de pasaporte en blanco, porque ese no era el trámite para entrega de ese documento, como se ha venido expresado en el desarrollo de este recurso. Como soporte jurisprudencial de ésta argumentación, encontramos la posición fijada por la Corte de Casación italiana, en sentencia proferida el 3 de marzo de 1999, en el expediente 15-99, en la cual el Tribunal expuso: que el bien jurídico se debe considerar desde una óptica de pluriofensividad que tenga en cuenta, EL INTERÉS PÚBLICO BASADO EN EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. Es decir, que no se debe ver la actuación de la imputada R. A. H., como algo normal, cuando ha generado dudas, en cuanto a la transparencia de la labor estatal en la emisión de pasaportes que constituye un documento público de identificación. En cuanto al elemento subjetivo de Dolo cabe referir, que como sustento doctrinario de lo supraindicado encontramos, lo que al efecto señalan los autores María Dolores Márquez de Prado y Noriega y Francisco Javier Gómez de Liaño y Botella, en el Diccionario de Jurisprudencia Penal que “para que el dolo se manifieste es preciso, en primer lugar, la voluntariedad de la acción, equivalente a la presencia de malicia que abarque intelectualmente el conocimiento del hecho, y en segundo lugar su significación jurídica, esto es, en definitiva, conciencia de la licitud y querer el resultado representado con anticipación, conocimiento y voluntad.” 3.- Finalmente, consta en el expediente de mérito que el sentenciador no valoró adecuadamente al momento de dictar el Sobreseimiento Definitivo a favor del ciudadano R. C. V., el dictamen Criminalístico de Documento logia, elaborado por el Laboratorio de Medicina Forense, ya que en el mismo, no se concluye que el encausado no haya colocado las medias firmas, sino que se establece, que se requieren elementos de comparación análogos para efectuar tal comparación, por ende resulta improcedente proferir un Sobreseimiento Definitivo bajo esos argumentos. Asimismo cabe señalar, que por un error del Ministerio Público no se pronunció al momento de expresar agravios en cuanto a la participación del enjuiciado, sin embargo dicha circunstancia no impide, que expresemos que tal resolución no se encuentra apegada a derecho, pues no se han desvanecido completamente los indicios en su contra al encontrarse la pericia incompleta. Al haber entonces el juzgador no valorado los actos o documentos auténticos señalados, con el cual se ha demostrado la existencia del delito y la participación de los encausados en la comisión del mismo y que no fue desvirtuado por otras pruebas y al no haberlo entendido de esa manera el Ad-Quem ha incurrido en un claro error de hecho y en ningún momento debió dictar un Sobreseimiento Definitivo a favor de los indiciados. En consecuencia al existir plena prueba de la comisión del delito e indicio racional de quien es su autor, se ha realizado un acto fuera de la ley, quebrantando el orden jurídico procesal, por lo que se hace necesario que este alto tribunal lo restablezca por medio de la decisión que corresponda y por ende se case la sentencia impugnada y se dicte en su lugar un fallo, de conformidad a lo que establece la Constitución de la República en su artículo 321.” CONSIDERANDO: Que mediante auto de fecha veinte de mayo de dos mil nueve, este Tribunal de Justicia, tuvo por formalizado en tiempo el Recurso de Casación por parte de la Abogada L. Y. C., Fiscal del Ministerio Público por lo que se omitió el traslado de los autos a la Fiscal del Despacho para que emitiera dictamen. CONSIDERANDO: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la admisión del recurso de mérito. CONSIDERANDO: Que reunidos los requisitos de ley se pronunció sentencia admitiendo el recurso de casación en sus único motivo. CONSIDERANDO. DEL RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY EN SU MOTIVO UNICO INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PUBLICO El recurrente viene alegando que la Corte de Apelaciones incurrió en error de hecho en la apreciación de la prueba que resulta de actos auténticos que demuestran la equivocación del Juzgador, señalando como precepto autorizante el artículo 412 numero 2 del Código de Procedimientos Penales. El impetrante argumenta principalmente que la equivocación versa en un error de hecho en la apreciación de la prueba, señalando como acto o documento auténtico el decreto 15-93 que otorga las cartas de naturalización el cual evidencia que los funcionarios que participaron en el otorgamiento de dicho beneficio, no observaron los requisitos del decreto 26-90E (LEY ESPECIAL DE CARTAS DE NATURALIZACION), lo cual incidió en el fallo, pues de haberlo estimado acertadamente no hubiese dictado el Sobreseimiento Definitivo que hoy se impugna. De igual forma alega que el Tribunal no valoró adecuadamente el dictamen criminalistico al momento de Sobreseer definitivamente al señor R. C. V. Esta Sala de lo Penal considera que el motivo de Casación alegado por el censor, exige no solo que se trate de un documento o acto auténtico que demuestren la equivocación del juzgador sino también que no estuvieren desvirtuados por otras pruebas, por ello esta Sala ha reiterado que para dar cabida al motivo de casación invocado por el impetrante, se precisa la concurrencia de los requisitos siguientes: 1) Que se invoque error de hecho en la apreciación de las pruebas, con significación suficiente para modificar el sentido del fallo. 2.- Que dicho error se evidencie mediante la cita de un documento o acto auténtico, designando con precisión aquellos aspectos que se opongan a la resolución recurrida; 3.- Que el referido documento o acto auténtico se encuentre incorporado a la causa, lo que quiere decir que obre en ella, de tal manera que esta Sala pueda verificar lo mismo que hizo el Tribunal recurrido. 4) Que su eficacia probatoria no haya sido desvirtuada, desmentida o contradicha merced a otras pruebas que obren igualmente en la causa, a lo que debe añadirse también el elemento denominado literosuficiencia, que comporta que el documento o acto auténtico citados basten por sí mismos, sin necesidad de acudir a otros elementos de menor rango o de ínfima eficacia probatoria, para evidenciar el error que se denuncia, y que con ellos se pretende demostrar. En este sentido, y particularmente en lo que al cuarto de los requisitos antes mencionados se refiere, podemos afirmar que para su concurrencia es necesaria la denominada “autarquía demostrativa del documento o acto auténtico”, que ha de serlo en dos planos: 1.- El propiamente autárquico, lo que se ha venido denominando como literosuficiencia, es decir, que no se precise la adición de otras pruebas para evidenciar el error, y 2) Que no resulte contradicho por otros elementos de prueba obrantes en la causa, por ello el Tribunal de Casación Penal ha expresado “que se consideran documentos o actos auténticos para efecto de Casación, aquellos que, además de reunir las propias formalidades extrínsecas, constituyen en cuanto al fondo por si mismos, la plena prueba e inatacable de la rigurosa e indubitada certeza de los hechos” [1] de manera que la apreciación de otros elementos probatorios no restrinja la fuerza probatoria dimanada del documento o acto auténtico, requiriéndose en este caso que el documento o acto auténtico baste por si solo para generar la certeza y convicción del hecho, lo que no aconteció en el caso subjudice en tanto que si bien es cierto el decreto 15-93 que otorga la Carta de Naturalización de Varias personas, constituye un acto auténtico, igualmente cierto es que del mismo no se demuestra la equivocación evidente del juzgador, que sería en todo caso que el mismo documento devele sin ningún género de duda y con dolo manifiesto, que se otorgó la nacionalidad hondureña a los peticionarios sin reunir los requisitos de la Ley Especial de Carta de Naturalización (decreto 26-90E) en relación con el decreto legislativo 15-90 que prorroga por seis meses la vigencia de la Ley, en consecuencia, no se aprecia del documento citado como auténtico que se desprenda el vicio señalado por el recurrente y si bien en su alegato pretende interesar que se incumplió la ley especial que regulaba la carta de naturalización por servicios extraordinarios prestados a la patria, lo cierto es que esta ley, como el decreto que prorroga su vigencia, no pueden interpretarse como documentos o actos auténticos para los efectos del recurso de casación que nos ocupa por cuanto los mismos no constituyen medios de prueba, en todo caso la interpretación errónea o aplicación indebida de esos decretos legislativos en relación con otros preceptos penales, daría lugar a otro Motivo de Casación que no es el invocado por el recurrente y que mal haría esta Corte de Casación si entrara a conocer dada la exigencia de claridad y precisión propia de la técnica del recurso de Casación. En lo que respecta al alegato del dictamen de criminalìstica para impugnar en casación el sobreseimiento del señor R. C. V., esta Sala comparte el criterio del Tribunal ad quem en el sentido de que al momento de expresar agravios, nada expresó el recurrente en aquel momento en relación a los presuntos agravios por el sobreseimiento del señor R. C. V., por lo que se entiende que abandonó el recurso con respecto a él y no podría este Tribunal pronunciarse con respecto a él por no haber sido objeto del debate tales extremos en apelación por lo que se trató de un consentimiento tácito con respecto al sobreseimiento del señor C. V., por tales razones no procede el motivo de Casación invocado. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre de LA REPÚBLICA DE HONDURAS, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 410, 411, 412 preámbulo y numeral 2, 418, 420 del Código de Procedimientos Penales; 915, 927, 928 del Código de Procedimientos Comunes de 1906; 15, 446 del Código Procesal Penal; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; FALLA: Declarar SIN LUGAR el recurso Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la Abogada L. Y. C., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la causa que se sigue en contra los señores M. L. U. J., C. T. L., R. A. M., M. C. Z., R. P. A., Z. C. DE M., M. D. N. G., R. R. P. R., R. A. H. L., L. M. A. S.O, T. G. W., J. M. G. Y R. C. V. de generales expresadas por suponerles responsables en los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA todos los primeros y el ultimo por el delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS en perjuicio de la FE PUBLICA, en consecuencia, confirma la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central en fecha nueve de enero de dos mil nueve; Y MANDA: Que con certificación de las dos sentencias se remitan las diligencias al Tribunal de origen para los efectos legales correspondientes. Redacto el Magistrado RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- COORDINADOR.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.-”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil trece.- Certificación de las resoluciones de fechas ocho de noviembre de dos mil doces y veinticuatro de enero de dos mil trece; recaídas en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No.S.P.127=2009.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
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[1] Véase sentencia de fecha cinco de noviembre de dos mil tres. Ex CP 299702. Sentencia de fecha 9 de junio de 2011 ex sp 309-2009.