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Sentencia CP-122-09 — Registro 2083

Resumen

En primera instancia se absuelve al imputado por el delito de asociación ilicita.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Esta Sala como antes lo deja apuntado, estima que el Juzgador no se encuentra vinculado a la petición del Fiscal en la fase de conclusiones, habida cuenta que del material probatorio de cargo legalmente incorporado al juicio y valorado conforme a las reglas de la sana crítica, puede derivarse una sentencia de condena que resuelva la imputación acusatoria, aun cuando en la fase final del debate, el Fiscal de juicio llegue a estimar que la prueba incorporada es débil o insuficiente. En este caso el Juzgador no infringe el principio de congruencia de la acusación y la sentencia, consagrado en el artículo 337 del Código Procesal Penal, ya que en este caso, la acusación por el delito de asociación ilícita fue debidamente formalizada y contestada por las partes al inicio del juicio, misma que ha definido los parámetros fácticos y jurídicos del proceso, asimismo debido a que la valoración de las pruebas no puede quedar supeditada a la postura final de una de las partes ya que la potestad de ejecutar y ejecutar lo juzgado constitucionalmente corresponde en forma exclusiva del órgano jurisdiccional. En el presente caso, el Juzgador ha tenido por probado hechos realizados por los acusados, que valorados adecuadamente e incorporados a la fundamentación jurídica de la sentencia impugnada, refieren que el comportamiento desplegado por los acusados se encuadra en el tipo penal de asociación ilícita. En el presente caso el Juzgador ha dejado patente su desacuerdo con la petición absolutoria del Fiscal expuesta en sus conclusiones finales, sin embargo, ha absuelto a los acusados EVER NATAN LÓPEZ y DANIEL OQUELI ACOSTA del delito de asociación ilícita por considerar indebidamente que al condenar se infringe el principio acusatorio del que se deriva el de congruencia. Esta Sala considera que en el caso bajo examen, el Juzgador al no aplicar la norma penal al caso concreto, ha infringido la norma penal sustantiva de reproche, por lo que procede declarar con lugar el motivo de casación invocado por el recurrente. Del cuadro fáctico se desprende que los imputados DANIEL OQUELI ACOSTA y EVER NATHAN LOPEZ, son miembros de la organización criminal conocida como la Mara MS, infracción penal que de acuerdo a lo prescrito por el artículo 332 del Código Penal es sancionada con un tercio de la pena de reclusión prevista para los jefes o cabecillas de maras, pandillas y demás grupos que se asocien con el propósito permanente de ejecutar cualquier acto constitutivo de delito. Hecha la operación aritmética correspondiente, tenemos que la pena abstracta para el delito de asociación ilícita que se atribuye a los encartados se sitúa entre los trece años cuatro meses a veinte años de reclusión. Teniendo en cuenta que no se aprecian agravantes y que no existe un diagnóstico de especial peligrosidad de los encausados, la pena concreta a imponer por el ilícito penal antes relacionado es de trece años cuatro meses de reclusión."

Legislación citada

Sentencia

Recurso de Casación Penal No. 122-2009

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de febrero de dos mil doce, por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS, RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO en su calidad de Coordinador, JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiocho de marzo de dos mil ocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida mediante la cual falló: 1º.- ABSOLVIENDO a los Señores D. O. A. G. Y E. N. L.H., por el delito de ASOCIACION ILICITA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- 2º.- CONDENANDO al Señor E.N.L. H., a la pena de TRES (3) AÑOS DE RECLUSION, por el delito de POSESION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- 3º.-DECRETO de oficio la SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA DE RECLUSION, a favor del Señor E. N.L.H., por un periodo de prueba de CINCO (5) AÑOS.-4º.-CONDENANDO al Señor E. N. L. H., a las penas accesorias de INHABILITACION ESPECIAL E INTERDICCION CIVIL.-5º.-CONDENANDO al Señor E. N. L. H., a trabajar en obras públicas o en labores dentro del Centro Penitenciario por el tiempo que dure la pena.-6º.- DECLARO la responsabilidad civil del condenado E. N. L. H., consistente en la indemnización de perjuicios.-7º.-ABSOLVIENDO al reo E. N. L.H. en aplicación del principio IN DUBIO PRO REO, de toda responsabilidad penal como autor de un delito consumado de SOBORNO DOMESTICO (COHECHO ACTIVO),en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.-8º.-DECLARANDO la no procedencia de condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el presente juicio.- Interpusieron el Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Infracción de Precepto Constitucional, la Abogada B.V. M., en su condición de Representante del Ministerio Público.- Son partes: El Abogado R. M. A., en su carácter de Representante del Ministerio Público, como parte recurrente, sin la comparecencia del Apoderado Judicial de la parte recurrida.” HECHOS PROBADOS “Valorando las pruebas practicadas en el Juicio Oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica este Tribunal de Sentencia declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: Los Señores E. N. L. H. y D.O. A.G., son miembros activos de la pandilla “Mara MS”, desde el año dos mil dos hasta el año dos mil seis.-SEGUNDO: En fecha diez de Julio del año dos mil seis, siendo las tres de la tarde con veinte minutos, los Señores E. N. L.H., D. O.A. G.y una persona de sexo femenino menor de edad, se dirigieron a la Colonia Casa Blanca de la Ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en un vehículo tipo turismo, de cuatro plazas, marca Kia, color blanco, con placas PBS2I 39, a visitar a la Señora M. E. B., a la que más tarde ayudarían a mudarse de casa, siendo requeridos por los agentes de la Policía Nacional de la República N. L. M. y P. A., quienes se encontraban en el lugar en una patrulla, dando seguridad a un Diputado al Congreso Nacional de la República que visitaba a un familiar en la zona.-TERCERO: Los Agentes de Policía, ordenaron a los Señores E. N. L. H. y D. O. A. G., bajarse del vehículo, encontrándole al Señor E. N. L., a la altura de la cintura, en el pantalón, un arma de fuego tipo revólver, calibre 38 milímetros especial, cacha color café, Marca Rossi, serie D302407 cargada con cinco tiros y en perfecto estado mecánico y operativo, sin contar con la autorización de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública para ello, además los Agentes de Policía encontraron en los asientos traseros del vehículo: un teléfono celular y un cuaderno de espiral, color negro y gris, marca Copán, donde consignaban, en gramática propia del grupo, actividad contable desde el seis de Junio del año dos mil seis hasta el cinco de Julio del mismo año y en una hoja suelta rayada de otro cuaderno, también en gramática especial del grupo, reglas de comportamiento de los miembros de la Mara MS.-CUARTO: Los Señores E. N. L. H. y DANIEL O. A. G., fueron detenidos, siendo conducido el Señor E. N. L. H. en el interior del vehículo tipo turismo, marca Kia, color blanco, por el Agente P. A., y el Señor D. O.A. G., junto con la menor de edad en el interior de la Patrulla de Policía por el Agente N. L.M., todos a la posta policial de la Colonia El Búfalo de la misma Ciudad.”C O N S I D E R A N D O I.-El Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por la Abogada B. V. M., en su condición de Representante del Ministerio Público, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- LA ABOGADA B. V. M. PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE LA MANERA SIGUIENTE: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN.-1.-POR INFRACCIÓN DE LEY: MOTIVO UNICO: “Infracción por falta de aplicación del artículo 332 párrafo primero, del Código Penal”.-PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal.-EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia la infracción por violación es la falta de aplicación de la ley o de la doctrina legal en la resolución de la cuestión debatida; es decir se produce cuando el Juez pasa por alto la existencia de una norma reguladora de la relación jurídica debatida, o se resiste en forma deliberada a aplicarla no obstante su validez formal, esta falta de aplicación tiene que resultar necesariamente partiendo de los hechos declarados en la sentencia.-La fundamentación fáctica se entiende como el conjunto de requisitos mínimos que concurren a perfilar un plano histórico un cierto acaecer que encuentra dentro de sí, los extremos mínimos previstos en una hipótesis normativa. Esta narración fáctica debe hacerla el juez con base en la prueba válidamente incorporada y evacuada en el juicio, con suma claridad precisión y coherencia.-El presente recurso va orientado en cuanto a determinar la responsabilidad de los imputados E. N.L. Y D. O. A. en la acción constitutiva de ASOCIACIÓN ILÍCITA.-En el proceso de mérito el Juzgador al momento de emitir sentencia estimó y declaró como probado el hecho siguiente: PRIMERO: “Los señores E. N. L.Z H. y D. O. A. G., son miembros activos de la pandilla “Mara MS”, desde el año dos mil dos hasta el año dos mil seis”.-Del contenido del hecho probado que antecede se desprende que el precepto penal sustantivo que se ha infringido por falta de aplicación es el articulo 332 del Código Penal el cual textualmente dice: “Se sancionará con la pena de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y multa de cien mil (L.100,000.00) a trescientos mil (L.300,000.00) lempiras a los jefes o cabecillas de muras, pandillas y demás grupos que se asocien con el propósito permanente de ejecutar cualquier acto constitutivo de delito”.-El Tribunal establece en el numeral primero párrafo último de la Valoración de la prueba lo siguiente: “En resumen el Tribunal declara que se ha demostrado fehacientemente la existencia del delito de ASOCIACION ILICITA y de éste son miembros los acusados. Parte el tribunal de que los acusados acudieron al Proyecto Paz y Justicia por ser miembros activos de la mara MS, desde hace cuatro años. Al respecto la defensa dio a entender (con la presentación del testigo F. O. P.) que si bien los acusados habían pertenecido a la pandilla, estaban en proceso de rehabilitación, sin embargo esta circunstancia fue desvirtuada al haber sido detenidos los acusados en posesión de un cuaderno cuya escritura es propia de esos grupos. Llama poderosamente la atención del Tribunal el hecho que en el cuaderno se consignan varias fechas que van de seis de Junio de dos mil seis hasta el cinco de Julio del mismo año, es decir de apenas cinco días antes de la detención de los acusados; Se deriva entonces de que los acusados no se habían retirado de la pandilla, sino que se mantenían activos, al grado de tener bajo su custodia un cuaderno donde se establecía actividad contable del grupo y además una hoja con las reglas de conducta de la pandilla. Este Tribunal de lo anterior ha señalado que no concuerda con el criterio del Ministerio Público respecto a que en la presente causa no se demostró la existencia del delito de ASOCIACION ILICITA”.-Asimismo refiere el Juzgador en el párrafo primero numeral quinto de la Fundamentación jurídica: “Los elementos objetivos y subjetivos del tipo se observan en el presente caso: como se ha señalado en la motivación de la sentencia, se ha demostrado que los acusados pertenecen a la pandilla MS (así dado con prueba de la defensa), en la cual fungen como miembros activos permanentes desde hace aproximadamente cuatro años hasta el momento en que fueron aprehendidos por esta causa (así demostrado con la pieza de convicción y la prueba pericial documentológica) y por tanto al demostrarse este aspecto objetivo y se considera la existencia de dolo, al conocer y querer los acusados pertenecer a estas agrupaciones donde han tenido la oportunidad de realizar en forma permanente actos delictivos”.-Como se puede apreciar del cuadro fáctico, el Tribunal sentenciador deja claramente establecido que los jóvenes E.N. L. H. Y D. O. A. eran miembros activos de la “mara MS” desde el año dos mil dos hasta la fecha en que fueron capturados por miembros de la Policía Nacional Preventiva, hechos estos que ineludiblemente se subsumen en el tipo penal establecido en el articulo 332 en la parte conducente y supra referida., el cual al no ser sancionado por el Tribunal, ha incurrido en la infracción del mismo.- El Juzgador para no calificar la comisión del delito supra referido, estableció en el numeral primero párrafo séptimo de la fundamentación jurídica lo siguiente:“Este Tribunal se vio imposibilitado de realizar declaratoria de culpabilidad, dado el retiro de la acusación criminal por parte del Agente Fiscal en la etapa de conclusiones, suspendiéndole la jurisdicción a este Despacho en estricto respeto del principio acusatorio que impera el proceso. Al respecto considérese que el ente acusador del Estado es el Ministerio Público y es a su instancia en que el proceso se inició y ha pasado por las diferentes etapas, el Tribunal no podría sostener una declaratoria de culpabilidad cuando el ente acusatorio solicita una sentencia absolutoria sin convertirse en acusador y juzgador. Considérese además que la propia redacción de la sentencia que exige el articulo 338 del Código Procesal Penal obliga a los jueces a relacionar las conclusiones de las partes debido a su importancia respecto a la congruencia entre petición y sentencia”.-Es evidente que las razones esgrimidas por el Juzgador sobre dicho aspecto son contrarias a las facultades que le han sido delegadas por ley como ser la de Juzgar aplicando la ley al caso concreto, considerando que el principio de congruencia por él señalado no ha sido violentado considerando que los actos procesales que fijan el objeto de juicio, compuesto por los hechos y sus circunstancias, su calificación jurídica provisional y los sujetos procesales no incluyen la etapa de conclusiones, por lo que sus argumentos carecen de fundamento legal.-Así las cosas se afirma que el sentenciador al haber absuelto de toda responsabilidad penal a los imputados E. N. L. y D. O. A. ha producido en consecuencia la infracción del precepto penal contenido en el artículo 332 del Código Penal.” RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION DEL MINISTERIO PUBLICO ARGUYENDO FUNDAMENTALMENTE LA FALTA DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 332, PÁRRAFO PRIMERO DEL CÓDIGO PENAL, EN EL QUE SE TIPIFICA EL DELITO DE ASOCIACION ILICITA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 PARRAFO PRIMERO DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- Reprocha el Censor que el Tribunal de Instancia ha infringido la ley penal sustantiva por falta de aplicación del artículo 332 del Código Penal al no haber declarado la responsabilidad criminal de los imputados E. N. L. y D. O. A. por el delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA.- Argumenta que al emitir sentencia, estimó y declaró probado en el hecho primero que: “Los señores E. N. L. H.y D. O. A. G., son miembros activos de la pandilla “Mara MS”, desde el año dos mil dos hasta el año dos mil seis”, sin embargo, no ha aplicado el articulo 332 del Código Penal el cual textualmente dice: “Se sancionará con la pena de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y multa de cien mil (L.100,000.00) a trescientos mil (L.300,000.00) lempiras a los jefes o cabecillas de muras, pandillas y demás grupos que se asocien con el propósito permanente de ejecutar cualquier acto constitutivo de delito”.- Señala que en el numeral primero párrafo último de la valoración de la prueba el Juzgador refiere: “se ha demostrado fehacientemente la existencia del delito de ASOCIACION ILICITA y de éste son miembros los acusados;… asimismo que los acusados no se habían retirado de la pandilla, sino que se mantenían activos, al grado de tener bajo su custodia un cuaderno donde se registraba la actividad contable del grupo y además una hoja con las reglas de conducta de la pandilla”. Además que textualmente el Juzgador manifiesta que “no concuerda con el criterio del Ministerio Público respecto a que en la presente causa no se demostró la existencia del delito de ASOCIACION ILICITA”.- Refiere asimismo que en el párrafo primero numeral quinto de la Fundamentación jurídica, estima el Juzgador que…” los acusados pertenecen a la pandilla MS, en la cual fungen como miembros activos permanentes desde hace aproximadamente cuatro años hasta el momento en que fueron aprehendidos por esta causa, y que por ello considera la existencia de dolo, al conocer y querer los acusados pertenecer a estas agrupaciones donde han tenido la oportunidad de realizar en forma permanente actos delictivos”.- Igualmente que en el cuadro fáctico, el Juzgador establece que los jóvenes E. N. L. H. Y D. O. A. eran miembros activos de la “mara MS” desde el año dos mil dos hasta la fecha en que fueron capturados por miembros de la Policía Nacional Preventiva”, y que estos hechos se subsumen en el tipo penal establecido en el Articulo 332 del Código Penal, por lo que al no haberlos sancionado ha incurrido en su infracción.- Considera que para no calificar la comisión del delito supra referido, el Juzgador estableció en el numeral primero párrafo séptimo de la fundamentación jurídica que: “Este Tribunal se vio imposibilitado de realizar declaratoria de culpabilidad, dado el retiro de la acusación criminal por parte del Agente Fiscal en la etapa de conclusiones, suspendiéndole la jurisdicción a este Despacho en estricto respeto del principio acusatorio que impera el proceso”. Sin embargo, considera que las razones del Juzgador son contrarias a las facultades que le han sido delegadas por ley, por considerar que el principio de congruencia no ha sido violentado, pues el objeto de juicio, compuesto por los hechos y sus circunstancias, su calificación jurídica provisional y los sujetos procesales no incluyen la etapa de conclusiones, por lo que sus argumentos carecen de fundamento legal. Esta Sala de lo Penal, considera importante recordar que a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las normas que deban aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la mismas. Esta Sala considera que el sistema procesal penal por el que ha optado nuestro legislador es de corte predominantemente acusatorio, lo que no significa que sea acusatorio puro, y menos aún, que los Jueces sólo deban imponer las sanciones establecidas por la ley en la forma pretendida por el órgano requirente, o bien condenar sólo en los casos en que el Ministerio Público así lo solicite. Por estas razones, la apreciación del Tribunal de Instancia resulta incorrecta en cuanto considera que la imposición de una pena frente a la petición de absolución formulada por el ente acusador hace que el Juez usurpe roles que no le corresponden en un sistema predominantemente acusatorio pues, lo que fundamentalmente caracteriza este proceso penal son dos razones: 1.- Que la investigación, contrario a lo que sucedía en el sistema inquisitivo o mixto, se encomienda en forma exclusiva al órgano fiscal, sustrayéndola del poder del Juez para que éste figure dentro del proceso en las diferentes etapas, sólo como garante de la legalidad y encargado de aplicar la ley, en forma totalmente imparcial. 2.- Que sólo sobre la base de una acusación formulada por el Ministerio Público o por el querellante privado es posible la realización del juicio oral contra el imputado para determinar con certeza su posible culpabilidad. Una vez que el Juez de la Etapa Intermedia ha decretado que el caso sea sometido a juicio, son los Jueces de esa etapa los únicos que pueden decidir, con la debida valoración de la prueba recibida en el contradictorio, de forma independiente y soberana, la resolución que se debe aplicar al caso. Es decir, son los únicos legitimados legalmente -por las disposiciones de los tratados internacionales, de las normas constitucionales y las leyes-, para aplicar la ley. Esta potestad implica que si las pruebas generan en su ánimo la convicción de que se ejecutó una conducta tipificada como delito, que el autor de ese hecho fue el sujeto juzgado, a quien le es reprochable su conducta y ostenta la condición de imputable, con valoración pero sin sujeción a la petición de condena o absolutoria de las partes, los Jueces deben aplicar los preceptos legales que el caso impone, porque esa es la obligación que las leyes les imponen en esa función. No es acertado estimar que la solicitud de absolución de la Fiscalía obliga al Tribunal a ello porque eso equivaldría a incumplir las funciones que le han sido encomendadas: juzgar y aplicar la ley. En el sistema acusatorio lo que se persigue es que el Ministerio Público sea el encargado de investigar los hechos delictivos, que con el auxilio de la policía recopile las pruebas que permitan sustentar una posible acusación y ejerza la acción penal pública, cuyo ejercicio puede prescindir únicamente a través de la aplicación del criterio de oportunidad reglado. Cuestión distinta es lo que puede hacer con la pretensión punitiva al ser ésta una mera expectativa de sanción que en última instancia ni le pertenece ni la puede renunciar por su carácter de probabilidad; y porque, como se ha dicho, la condena o absolución, son potestades que exclusivamente le asisten al Juez por disposición del ordenamiento jurídico. Aceptar que el Juez queda vinculado a absolver si así lo solicita el Ministerio Público porque hay un desistimiento o renuncia de la pretensión punitiva, la desvirtúa e implica una interpretación errada de lo que es. Comporta una confusión en lo que es el ejercicio de la acción penal y lo que es la pretensión punitiva. La primera, que sí le pertenece al órgano fiscal, puede renunciarse al prescindirse la persecución penal de la forma y en los momentos procesales establecidos en el código procesal penal. Pero, si tras la celebración del debate el Ministerio Público opta por no solicitar una condena y una sanción para el acusado, o sea, pide absolución, ello no constituye una deserción o renuncia al ejercicio de la acción penal (que hasta ese momento fue ejercida válidamente) que es a lo que sí puede renunciar, pero ello no inhibe al Juez de condenar porque más que facultado, está obligado a administrar la justicia en el ámbito criminal. De aceptarse esa tesis se negaría el carácter público y de interés público del derecho penal pues se estaría tratando como derecho privado al entender que una de las partes puede renunciar a la pretensión. Además, se causaría una situación sumamente grave en el proceso al dejar sin ningún control a los funcionarios del órgano fiscal, en la etapa más importante y decisoria, en el debate; lo que no puede suceder porque ningún funcionario puede escapar al control de sus actuaciones y una visión global del código procesal nos permite comprender, que esa no fue la voluntad del legislador. Todos los actos de los funcionarios involucrados en el proceso penal están sujetos a control. Las decisiones de los Jueces son controlables a través de los medios de impugnación, y las actuaciones fiscales en la etapa preparatoria e intermedia por el Juez de Garantías que no sólo vigilan la legalidad de sus actuaciones y la procedencia de sus solicitudes, sino que, conforme a lo que dispone el artículo 299 del Código Procesal Penal, pueden discrepar ante sus superiores cuando piden sobreseimiento y los Juzgadores estiman que lo procedente es la acusación. En estas etapas sus actuaciones también son controladas por sus superiores jerárquicos que deben autorizar varias de sus solicitudes y la renuncia a la persecución penal de ciertos casos, y hasta puede, aplicando la enmienda jerárquica, dejar sin efectos solicitudes erróneas o improcedentes. De aceptarse que, tras el debate, la solicitud de absolutoria de un representante del Ministerio Público es vinculante al Juez aun cuando éste estime que procede la condena, además que le sustrae de la función que se le encomendó, dejaría sin control una actuación del primero que puede ser errada e improcedente; pues para ese momento no existe posibilidad de que los Juzgadores discrepen ante los superiores jerárquicos del fiscal, de esa petición, como sí ocurre en otras etapas. Resultaría sumamente grave a los intereses públicos que una petición de absolución de un fiscal, motivada en una indebida apreciación de la prueba, por deficiente formación académica, falta de experiencia o simple criterio profesional, de ser vinculante para los Jueces, conlleve a la impunidad de personas que las pruebas demostraron en juicio que cometieron un delito. De haber sido la voluntad del legislador que en ese estadio procesal los representantes del Ministerio Público escapen al control y una petición infundada de absolutoria le sea vinculante al Juez, ningún sentido tendría lo previsto en el artículo 336 del Código Procesal Penal, donde se dispone que en la deliberación y votación los jueces deben resolver los aspectos relativos a la existencia del hecho, su calificación legal, la culpabilidad y el máximo y mínimo de la pena aplicable; y, que las decisiones se adoptarán por mayoría. Si debemos interpretar que el sistema acusatorio implica que la petición de una de las partes, fundamentalmente del acusador, es vinculante a los Juzgadores, ningún sentido tendría la deliberación cuando se pide la absolutoria porque bastaría con acoger la petición sin necesidad de analizar los otros aspectos indicados y la norma dispondría que la deliberación se haría sólo en casos de solicitud de condena de la fiscalía o del querellante. Así las cosas, esta Sala estima que efectivamente de los hechos declarados probados se subsumen los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de asociación ilícita tipificado y sancionado en el artículo 332 del Código Penal. Esta Sala como antes lo deja apuntado, estima que el Juzgador no se encuentra vinculado a la petición del Fiscal en la fase de conclusiones, habida cuenta que del material probatorio de cargo legalmente incorporado al juicio y valorado conforme a las reglas de la sana crítica, puede derivarse una sentencia de condena que resuelva la imputación acusatoria, aun cuando en la fase final del debate, el Fiscal de juicio llegue a estimar que la prueba incorporada es débil o insuficiente. En este caso el Juzgador no infringe el principio de congruencia de la acusación y la sentencia, consagrado en el artículo 337 del Código Procesal Penal, ya que en este caso, la acusación por el delito de asociación ilícita fue debidamente formalizada y contestada por las partes al inicio del juicio, misma que ha definido los parámetros fácticos y jurídicos del proceso, asimismo debido a que la valoración de las pruebas no puede quedar supeditada a la postura final de una de las partes ya que la potestad de ejecutar y ejecutar lo juzgado constitucionalmente corresponde en forma exclusiva del órgano jurisdiccional. En el presente caso, el Juzgador ha tenido por probado hechos realizados por los acusados, que valorados adecuadamente e incorporados a la fundamentación jurídica de la sentencia impugnada, refieren que el comportamiento desplegado por los acusados se encuadra en el tipo penal de asociación ilícita. En el presente caso el Juzgador ha dejado patente su desacuerdo con la petición absolutoria del Fiscal expuesta en sus conclusiones finales, sin embargo, ha absuelto a los acusados E.N. L. y D. O. A. del delito de asociación ilícita por considerar indebidamente que al condenar se infringe el principio acusatorio del que se deriva el de congruencia. Esta Sala considera que en el caso bajo examen, el Juzgador al no aplicar la norma penal al caso concreto, ha infringido la norma penal sustantiva de reproche, por lo que procede declarar con lugar el motivo de casación invocado por el recurrente. Del cuadro fáctico se desprende que los imputados D. O.A. y E. N. L., son miembros de la organización criminal conocida como la Mara MS, infracción penal que de acuerdo a lo prescrito por el artículo 332 del Código Penal es sancionada con un tercio de la pena de reclusión prevista para los jefes o cabecillas de maras, pandillas y demás grupos que se asocien con el propósito permanente de ejecutar cualquier acto constitutivo de delito. Hecha la operación aritmética correspondiente, tenemos que la pena abstracta para el delito de asociación ilícita que se atribuye a los encartados se sitúa entre los trece años cuatro meses a veinte años de reclusión. Teniendo en cuenta que no se aprecian agravantes y que no existe un diagnóstico de especial peligrosidad de los encausados, la pena concreta a imponer por el ilícito penal antes relacionado es de trece años cuatro meses de reclusión. III.- SIGUE MANIFESTANDO EL COMPARECIENTE.-“POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL: MOTIVO PRIMERO: “Por violación de los artículos 304 y 321 de la Constitución de la República”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal.-EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Las ventajas que representa el acceso a la casación por la vía del articulo 361 se traduce en una real y efectiva nueva vertiente con apertura suficiente para el control y revisión del engase constitucional en el proceso penal.-En ese sentido resulta de importancia definir los valores constitucionales que no son mas que aquellos valores jurídicos fundamentales que están reconocidos como tal por un determinado orden constitucional.-Dentro de estos valores se derivan principios constitucionales que resultan ser principios generales del derecho los cuales actúan como garantías normativas de los derechos fundamentales.- Dentro de dichos principios encontramos el de Legalidad a través del cual se pretende que toda actuación de los tres poderes del estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) se someta necesariamente a lo prescrito en la ley. De éste principio deriva: a) el reconocimiento del principio de jerarquía normativa: el cual significa que una norma inferior no puede contradecir otra de rango superior. En consecuencia los jueces y tribunales no aplicarán los reglamentos o cualquier otra disposición contrarios a la constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa; b) el reconocimiento del Principio de Supremacía de la ley: que es concreción del principio anterior en virtud del cual la ley se impone a cualquier otra norma, este principio se encuentra reconocido en nuestro sistema jurídico en el articulo 320 de la constitución de la República el cual establece lo siguiente: “En casos de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria, se aplicará la primera”.-Del principio constitucional de legalidad deriva el principio de legalidad de los delitos y las penas, constituyendo el primero lo que se ha llamado “La carta magna del Derecho Penal”, porque es la máxima garantía normativa frente al poder represivo del Estado. Aunque tiene antecedentes medievales sólo se formula de forma expresa y en sentido actual por A. F., en el siglo XVIII, en su famosa frase “Nullum crimen, nulla poena sine previa lege”, lo cual supone básicamente que la acción punitiva del estado debe atenerse estrictamente a lo establecido por las leyes penales que sean anteriores a la acción delictiva, esto significa que dentro del principio de legalidad encontramos las siguientes garantías a saber: 1) Garantía Criminal: que toda conducta delictiva debe estar fijada de una forma clara y precisa en la ley; 2) Garantía Penal: Que no se puede establecer por el juez una pena que no venga prefijada por una ley anterior; 3) Garantía Jurisdiccional: Que el delito y la Pena se establezcan mediante sentencia judicial; 4) Garantía de ejecución: que la ejecución de la pena se sujete a una ley que la regule.-Por su especial relevancia en la legislación penal éste principio de legalidad de los delitos y las penas se encuentra además reconocido dentro del orden constitucional específicamente en el articulo 304 al establecer que: “Corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. En ningún tiempo podrán crearse órganos jurisdiccionales de excepción”. Asimismo la norma precitada se encuentra estrechamente vinculada con el articulo 321 constitucional que expresa lo siguiente: “Los servidores del Estado no tienen mas facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”.-Resulta, que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra la norma constitucional y que se ve reflejada al momento de emitirse sentencia por parte del Juzgador quien en el numeral primero párrafo sexto de la fundamentación jurídica estableció lo siguiente: “Si bien la formalización de la acusación hecha por el Ministerio Público en la audiencia preliminar de la etapa intermedia del proceso y al darse inicio el debate consistió en sostener la posible responsabilidad de los señores D. O. A. Y E. N.L. H. en un delito de ASOCIACIÓN ILICITA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, delito que fue demostrado al final del debate; Este Tribunal se vio imposibilitado de realizar declaratoria de culpabilidad, dado el retiro de la acusación criminal por parte del Agente Fiscal en la etapa de conclusiones, suspendiéndose la jurisdicción a este Despacho, en estricto respeto del principio acusatorio que impera el proceso. Al respecto considérese que el ente acusador del Estado es el Ministerio Público y es a su instancia en que el proceso se inició y ha pasado por las diferentes etapas, el Tribunal no podría sostener una declaratoria de culpabilidad cuando el ente acusatorio solicita una sentencia absolutoria sin convertirse en acusador y juzgador. Considérese además que la propia redacción de la sentencia que exige el artículo 338 del Código Procesal Penal obliga a los jueces a relacionar las conclusiones de las partes debido a su importancia respecto a la congruencia entre petición y sentencia”.-En virtud de lo anterior la violación del articulo 304 de la Constitución de la República se produjo al momento que el Juzgador emite sentencia absolviendo de toda responsabilidad a los acusados por considerar que al haber sido retirada la acusación criminal por parte del ente acusador estaba obligado a respetar el principio de congruencia entre petición y sentencia, criterio con el cual la suscrita no comparte ya que dicho principio se manifiesta como la necesaria identidad entre el hecho delictivo sobre el que se dicta sentencia con el contenido de la acusación, existiendo una correlación fáctica esencial, en resguardo del derecho de defensa, es decir que el hecho que se atribuye en la acusación marca el limite de la jurisdicción del tribunal quien dictará sentencia fundamentada en el contradictorio. En el caso que nos ocupa el ente acusador al momento de emitir las respectivas conclusiones solicitó la absolución de los acusados sin embargo esto de manera alguna impedirá que el Tribunal dicte una sentencia condenatoria evidente conforme las probanzas del juicio.-Asimismo el articulo 337 párrafo primero del Código Procesal Penal citado por el Juzgador que recoge la congruencia de la sentencia con la acusación establece que: “La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos o circunstancias, que no sean las descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio o, en su caso, n la ampliación de la acusación y en la contestación de ésta, ni calificar los hechos, en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas”.- Atendiendo lo anterior el Juzgador es completamente libre en las cuestiones jurídicas, es decir tiene el derecho y el deber de examinar el hecho, por si mismo, y establecer según sea el caso todos los puntos de vista jurídicos que de él se desprendan.-Sobre el particular la Sala de lo Penal en Sentencia No. 236-2005 se ha pronunciado sobre éste aspecto refiriendo lo siguiente “El articulo 337 del Código Procesal Penal que regula el principio de congruencia en fase de conclusiones libera al tribunal sentenciador de acceder o no fundada y motivadamente a la petición de las partes, para que una vez evacuada la prueba y escuchados los alegatos finales, dicte la sentencia que en derecho corresponda. El tribunal de juicio no puede en manera alguna encontrarse sometido o vinculado a una petición absolutoria de la defensa o aún a la del ente acusador en fase de conclusiones, en tanto que de conformidad a lo dispuesto en el articulo 337 del Código Procesal Penal los actos procesales que fijan el objeto de juicio, compuesto por los hechos y sus circunstancias, su calificación jurídica provisional y los sujetos procesales no son otros que los de formalización de acusación, contestación de cargos auto de apertura a juicio, ampliación de la acusación y de contestación de ampliación en su caso. En la fase de deliberación y sentencia corresponde al Tribunal de juicio valorar la prueba legalmente incorporada, decidir sobre las peticiones de la partes, resolver la concurrencia o no de alguna causa de justificación o atenuación de la responsabilidad penal, y dictar un juicio sobre la culpabilidad o no de la persona sometida a juicio. La función de Juzgar o ejecutar lo Juzgado es una función legal y constitucional reservada al órgano jurisdiccional.- De la misma forma se ha vulnerado el articulo 321 de la Constitución de la República produciéndose dicha violación al haberse apartado el Juzgador de los límites que le establece la ley, es decir al abstenerse de su facultad de juzgar y no como erróneamente argumentó en el sentido de no condenar a los imputados en virtud de la petición de absolución del Ministerio Público; sin embargo tal como se expresó al inicio del presente recurso conforme al principio de jerarquía normativa ninguna norma inferior puede contradecir otra de rango superior, considerando que del articulo 338 del Código Procesal Penal invocado por el Juzgador para fundamentar su decisión de absolver los imputados, se desprende que éste redactará en la sentencia como antecedentes procesales las conclusiones finales de la acusación y de la defensa, la cual de ninguna manera debe imponerse para dejar de cumplir el juzgador con la facultad constitucional supra mencionada.” RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LA REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO FUNDADO EN LA VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 304 Y 321 DEL TEXTO FUNDAMENTAL. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 361 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- Esta Sala no se pronuncia concretamente sobre el presente motivo en virtud de haber prosperado el primer motivo de casación que por infracción de ley, ha formulado el recurrente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 numeral 1, del Código Procesal Penal.- FALLA: 1) Declarando CON LUGAR, el recurso de casación por Infracción de Ley, en su único motivo, invocado por la recurrente Abogada B. V. M., en su condición indicada; 2) Casa parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal de la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de fecha veintiocho de marzo de dos mil ocho, en la que se absuelve a los señores D. O. A. G. Y E. N. L. H., de generales conocidas, en el preámbulo de la sentencia, del delito de ASOCIACION ILICITA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; 3) Revoca la sentencia absolutoria dictada por el A Quo, y en consecuencia, condena a los señores D. O. A. G.Y E. N. L. H., de generales conocidas, como miembros activos de Maras o Pandillas al delito de ASOCIACION ILICITA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS a la pena TRECE (13) AÑOS, CUATRO (4) MESES DE RECLUSIÓN, más las accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena principal, así como a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad a la ley y a la sentencia impuesta; 4) Mantiene la sentencia condenatoria impuesta por el A Quo al Acusado EVER NATAN LOPEZ HERNANDEZ por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, a la pena de TRES (3) AÑOS DE RECLUSIÓN, por lo que en suma deberá cumplir la pena de DIECISIES (16) AÑOS, CUATRO (4) MESES de reclusión, iniciando por la pena mayor, hasta el cumplimiento completo de las penas impuestas por los delitos de ASOCIACION ILICITA y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; e impone al acusado D. O. A. G. la pena de TRECE (13) AÑOS, CUATRO (4) MESES DE RECLUSIÓN, por el delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. 5) Revoca al acusado E. N. L.H. el beneficio de SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA que le había sido otorgado; 6) Ordena al A Quo el libramiento de las ordenes respectivas de aprehensión o captura contra los señores D. O.A.G. Y E. N. L.H., con el fin de ejecutar la presente sentencia condenatoria. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen.- REDACTÓ EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO.-NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- COORDINADOR.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida a solicitud de la Abogada T. J. F., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de abril del año dos mil doce.- Certificación de la sentencia de fecha dieciséis de febrero del año dos mil doce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-122-2009.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

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