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Sentencia CP-110-09 — Registro 2071

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de desobediencia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“Argumenta el recurrente que el primer precepto penal que considera infringido por interpretación errónea es el artículo 240 del Código Penal, al tenor del cual se establece que comete el DELITO DE ESTAFA “quien con nombre supuesto, falsos títulos, influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose dueño de bienes, créditos, empresas o negociación o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en error, defraudándolo en provecho propio o ajeno”.- Sostiene que el acusado no incurrió en ABUSO DE CONFIANZA para con la ofendida, sino que por parte de la señora ALBA LIDIA ELVIR para con la señora EDITH MARITZA GALO. El Censor arguye, que tampoco es elemento del delito de Estafa, el “ponerse en estado de insolvencia o tomar una actitud pasiva durante el trámite del juicio ejecutivo donde se remató y adjudicó forzosamente a otro acreedor el inmueble ofrecido en venta”, por lo que el Tribunal A Quo incurre en una interpretación errónea de la norma penal infringida.- Agrega que los hechos consistentes en el incumplimiento de la obligación de hacer declarada en juicio, la Demanda Ejecutiva promovida contra el acusado, su ejecución y adjudicación en venta forzada del inmueble a favor de don Candelario Reyes por el Juzgado de Letras competente, y la serie de ventas realizadas a terceros sobre dicho inmueble, no comportan el empleo de ASTUCIA O ENGAÑO, como elementos del DELITO DE ESTAFA.- El recurrente considera que el Tribunal de Instancia comete infracción de la ley penal al interpretar erróneamente los conceptos de abuso de confianza, astucia o engaño, como elementos del delito de Estafa o circunstancias agravantes(artículo 27 del Código Penal) a consecuencia de los perjuicios sufridos por la demandante durante el trámite de la Demanda Ordinaria de Hacer, a los que el A Quo tiene como circunstancias agravantes. Agrega que el hecho de que se haya promovido una Demanda Ejecutiva de Pago en el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés por un tercero en contra del ahora acusado, tampoco comporta el empleo de un artificio (ardid y estratagema), como elemento del delito de estafa, ya que dicha demanda se promovió ante ese órgano jurisdiccional por ser el Tribunal competente para ejecutar el título valor presentado para su cobro. Por otro lado, el Censor considera infringido por interpretación errónea el Artículo 346 del Código Penal, que tipifica y sanciona el DELITO DE DESOBEDIENCIA, en tanto que a su juicio el A Quo interpreta erróneamente que “la desatención y evasión del acusado en el cumplimiento de la obligación declarada en sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil de la ciudad de San Pedro Sula”, constituya un elemento del delito de desobediencia, toda vez que no consta probado que dicha sentencia civil se haya ejecutado por la vía de apremio, conforme a la formalidades legales que exigen los Artículos 223, 227 y 511 del Código de Procedimientos Civiles, al no tenerse por acreditado en juicio que se haya notificado y requerido personalmente al acusado a través de un funcionario judicial, para que dentro del término de quince días procediera a suscribir u otorgar la escritura de compraventa del inmueble prometido en venta, con la advertencia que de no hacerlo podría hacerlo el Juez, es decir, que no consta que el acusado se haya negado a cumplir la mencionada sentencia. Esta Sala de lo Penal, considera importante recordar, que a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Del relato fáctico contenido en la sentencia impugnada se desprende que el acusado desplegó una conducta engañosa, en tanto que simulando la intención de asumir una obligación contractual, únicamente ha tenido como propósito aprovecharse del cumplimiento de la otra parte, recibiendo la contraprestación pactada, pero sin la intención de cumplir la suya, al no hacer a favor de la ofendida EDITH MARITZA GALO, la tradición de dominio del inmueble objeto de la promesa de venta, a la que se había comprometido formalmente, y haberse beneficiado de las cantidades líquidas pagadas por la ofendida, algunas de ellas orientadas a liberarlo del gravamen hipotecario que pesaba sobre el mismo, y en su lugar, haber generado un largo y complejo proceso legal y ventas sucesivas del inmueble con el propósito manifiesto de evitar que este saliera de la esfera de su patrimonio familiar, y con ello no cumplir lo pactado, causando a la ofendida un grave perjuicio económico. A juicio de esta Sala concurre en este asunto la figura de lo que doctrinariamente se conoce como “negocios jurídicos o contratos criminalizados”. En los mismos, el contrato o negocio jurídico se erige en instrumento disimulador y de ocultación, fingimiento y fraude, civil o mercantil, con apariencia de cuantos elementos son precisos para su existencia correcta, aunque la intención inicial o antecedente de no hacer efectiva la contraprestación, o el conocimiento de la imposibilidad de hacerlo, define a la estafa. Este tipo de comportamientos tienen carácter penal en tanto que el engaño es inicial y causante de un acto dispositivo que da lugar a un perjuicio, de tal manera que la diferencia con el negocio jurídico civil, lícito y posteriormente incumplido, radica que en los “criminalizados” existe una discordancia entre la voluntad interna de no cumplir y enriquecerse y la exteriorizada y engañosa que manifiesta un propósito de cumplimiento inexistente, residiendo ahí el engaño. Se prostituyen así los esquemas contractuales para instrumentarlos al servicio de un ilícito afán de lucro propio y perjuicio de las víctimas, desplegando unas actuaciones que desde que se planifican prescinden de toda idea de cumplimiento propio, lo que origina el disvalor de la acción del agente y la lesión de un bien jurídico ajeno. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala es del parecer que del relato fáctico se desprende que el comportamiento del imputado JOSE ANTONIO MENJIVAR BAIDE, se subsume en el delito de ESTAFA, tipificado en el artículo 240 del Código Penal. Por otro lado, el Tribunal de Instancia ha condenado al acusado JOSE ANTONIO MENJIVAR BAIDE por el delito de desobediencia, arguyendo que éste último incumplió la sentencia firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil, de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que le mandaba cumplir una obligación de hacer, consistente en formalizar en escritura pública la tradición de dominio del inmueble objeto de la promesa de venta suscrita en su oportunidad a favor de la ofendida. El artículo 346 del Código Penal tipifica el delito de desobediencia al establecer que “quien desobedezca a una autoridad negándose abiertamente a dar el debido cumplimiento a sentencias, resoluciones u órdenes dictadas dentro de los límites de su competencia y revestidas de las formalidades legales, será penado con reclusión de uno (1) a tres (3) años”. Del relato fáctico se desprende que el acusado actuando en fraude de ley generó un largo proceso legal y sucesivas ventas hasta concluir con la última de éstas a favor de su hijo LUIS ANTONIO MENJIVAR ELVIR, dificultando el efectivo cumplimiento del mandato judicial que ordenaba de manera terminante al procesado hacer la tradición del dominio de un inmueble de su propiedad en instrumento público, a favor de la señora EDITH MARITZA GALO . Por todo ello la Sala de lo Penal estima que el Juzgador de instancia ha interpretado en legal y debida forma las disposiciones penales de carácter sustantivo de reproche, por lo que desestima el motivo de casación invocado."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

“Argumenta el recurrente que el primer precepto penal que considera infringido por interpretación errónea es el artículo 240 del Código Penal, al tenor del cual se establece que comete el DELITO DE ESTAFA “quien con nombre supuesto, falsos títulos, influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose dueño de bienes, créditos, empresas o negociación o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en error, defraudándolo en provecho propio o ajeno”.- Sostiene que el acusado no incurrió en ABUSO DE CONFIANZA para con la ofendida, sino que por parte de la señora ALBA LIDIA ELVIR para con la señora EDITH MARITZA GALO. El Censor arguye, que tampoco es elemento del delito de Estafa, el “ponerse en estado de insolvencia o tomar una actitud pasiva durante el trámite del juicio ejecutivo donde se remató y adjudicó forzosamente a otro acreedor el inmueble ofrecido en venta”, por lo que el Tribunal A Quo incurre en una interpretación errónea de la norma penal infringida.- Agrega que los hechos consistentes en el incumplimiento de la obligación de hacer declarada en juicio, la Demanda Ejecutiva promovida contra el acusado, su ejecución y adjudicación en venta forzada del inmueble a favor de don Candelario Reyes por el Juzgado de Letras competente, y la serie de ventas realizadas a terceros sobre dicho inmueble, no comportan el empleo de ASTUCIA O ENGAÑO, como elementos del DELITO DE ESTAFA.- El recurrente considera que el Tribunal de Instancia comete infracción de la ley penal al interpretar erróneamente los conceptos de abuso de confianza, astucia o engaño, como elementos del delito de Estafa o circunstancias agravantes(artículo 27 del Código Penal) a consecuencia de los perjuicios sufridos por la demandante durante el trámite de la Demanda Ordinaria de Hacer, a los que el A Quo tiene como circunstancias agravantes. Agrega que el hecho de que se haya promovido una Demanda Ejecutiva de Pago en el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés por un tercero en contra del ahora acusado, tampoco comporta el empleo de un artificio (ardid y estratagema), como elemento del delito de estafa, ya que dicha demanda se promovió ante ese órgano jurisdiccional por ser el Tribunal competente para ejecutar el título valor presentado para su cobro. Por otro lado, el Censor considera infringido por interpretación errónea el Artículo 346 del Código Penal, que tipifica y sanciona el DELITO DE DESOBEDIENCIA, en tanto que a su juicio el A Quo interpreta erróneamente que “la desatención y evasión del acusado en el cumplimiento de la obligación declarada en sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil de la ciudad de San Pedro Sula”, constituya un elemento del delito de desobediencia, toda vez que no consta probado que dicha sentencia civil se haya ejecutado por la vía de apremio, conforme a la formalidades legales que exigen los Artículos 223, 227 y 511 del Código de Procedimientos Civiles, al no tenerse por acreditado en juicio que se haya notificado y requerido personalmente al acusado a través de un funcionario judicial, para que dentro del término de quince días procediera a suscribir u otorgar la escritura de compraventa del inmueble prometido en venta, con la advertencia que de no hacerlo podría hacerlo el Juez, es decir, que no consta que el acusado se haya negado a cumplir la mencionada sentencia. Esta Sala de lo Penal, considera importante recordar, que a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Del relato fáctico contenido en la sentencia impugnada se desprende que el acusado desplegó una conducta engañosa, en tanto que simulando la intención de asumir una obligación contractual, únicamente ha tenido como propósito aprovecharse del cumplimiento de la otra parte, recibiendo la contraprestación pactada, pero sin la intención de cumplir la suya, al no hacer a favor de la ofendida EDITH MARITZA GALO, la tradición de dominio del inmueble objeto de la promesa de venta, a la que se había comprometido formalmente, y haberse beneficiado de las cantidades líquidas pagadas por la ofendida, algunas de ellas orientadas a liberarlo del gravamen hipotecario que pesaba sobre el mismo, y en su lugar, haber generado un largo y complejo proceso legal y ventas sucesivas del inmueble con el propósito manifiesto de evitar que este saliera de la esfera de su patrimonio familiar, y con ello no cumplir lo pactado, causando a la ofendida un grave perjuicio económico. A juicio de esta Sala concurre en este asunto la figura de lo que doctrinariamente se conoce como “negocios jurídicos o contratos criminalizados”. En los mismos, el contrato o negocio jurídico se erige en instrumento disimulador y de ocultación, fingimiento y fraude, civil o mercantil, con apariencia de cuantos elementos son precisos para su existencia correcta, aunque la intención inicial o antecedente de no hacer efectiva la contraprestación, o el conocimiento de la imposibilidad de hacerlo, define a la estafa. Este tipo de comportamientos tienen carácter penal en tanto que el engaño es inicial y causante de un acto dispositivo que da lugar a un perjuicio, de tal manera que la diferencia con el negocio jurídico civil, lícito y posteriormente incumplido, radica que en los “criminalizados” existe una discordancia entre la voluntad interna de no cumplir y enriquecerse y la exteriorizada y engañosa que manifiesta un propósito de cumplimiento inexistente, residiendo ahí el engaño. Se prostituyen así los esquemas contractuales para instrumentarlos al servicio de un ilícito afán de lucro propio y perjuicio de las víctimas, desplegando unas actuaciones que desde que se planifican prescinden de toda idea de cumplimiento propio, lo que origina el disvalor de la acción del agente y la lesión de un bien jurídico ajeno. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala es del parecer que del relato fáctico se desprende que el comportamiento del imputado JOSE ANTONIO MENJIVAR BAIDE, se subsume en el delito de ESTAFA, tipificado en el artículo 240 del Código Penal. Por otro lado, el Tribunal de Instancia ha condenado al acusado JOSE ANTONIO MENJIVAR BAIDE por el delito de desobediencia, arguyendo que éste último incumplió la sentencia firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil, de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que le mandaba cumplir una obligación de hacer, consistente en formalizar en escritura pública la tradición de dominio del inmueble objeto de la promesa de venta suscrita en su oportunidad a favor de la ofendida. El artículo 346 del Código Penal tipifica el delito de desobediencia al establecer que “quien desobedezca a una autoridad negándose abiertamente a dar el debido cumplimiento a sentencias, resoluciones u órdenes dictadas dentro de los límites de su competencia y revestidas de las formalidades legales, será penado con reclusión de uno (1) a tres (3) años”. Del relato fáctico se desprende que el acusado actuando en fraude de ley generó un largo proceso legal y sucesivas ventas hasta concluir con la última de éstas a favor de su hijo LUIS ANTONIO MENJIVAR ELVIR, dificultando el efectivo cumplimiento del mandato judicial que ordenaba de manera terminante al procesado hacer la tradición del dominio de un inmueble de su propiedad en instrumento público, a favor de la señora EDITH MARITZA GALO . Por todo ello la Sala de lo Penal estima que el Juzgador de instancia ha interpretado en legal y debida forma las disposiciones penales de carácter sustantivo de reproche, por lo que desestima el motivo de casación invocado"

Legislación citada

Sentencia

Recurso de Casación Penal No. 110-2009

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de enero de de dos mil doce, por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO y JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación pos Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha ocho de septiembre de dos mil ocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló 1º.- CONDENANDO al acusado J. A. M. B., a la pena de CINCO (5) AÑOS SEIS MESES DE RECLUSION, por el delito de ESTAFA en perjuicio de E. M. G..-2º.- CONDENANDO al acusado J. A. M. B., a la pena de UN AÑO (1) CON SEIS MESES DE RECLUSION, por el delito de DESOBEDIENCIA en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA.-3º.-CONDENANDO al Señor J. A. M. B., a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL 4º.- DECLARANDO al condenado J. A. M. B., la responsabilidad civil del importe de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los perjuicios causados.-5º.-No CONDENO al acusado en costas. Son partes: Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, el Abogado J. C. B. H., en su condición de Apoderado Defensor del encausado J. A. M.B. HECHOS PROBADOS Este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: El día siete de abril de mil novecientos ochenta y seis, los señores E. M. G.y el señor J. A. M. celebraron un contrato de promesa de venta de un inmueble, conformado por un lote de terreno, con mejoras consistentes en una casa de habitación, ubicado en la urbanización denominada Montefresco, en ésta ciudad de San Pedro sula, Departamento de Cortés; Mediante el convenio, la primera en su condición de compradora se comprometió a entregar VEINTE MIL LEMPIRAS (L.20.000.00), lo que hizo en el acto y a pagar las cuotas mensuales restantes, que el señor J. A. M. B. debía a la Financiera La Constancia Asociación de Ahorro y Crédito, en calidad de préstamo hipotecario que sumaban la cantidad de ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS (11,650.00), pago que también efectuó la señora EDITH MARITZA GALO en el año de 1992. Ambas partes contractuales, acordaron que al efectuarse los pagos antes descritos, el señor J.A. M., extendería la escritura correspondiente. No obstante el convenio, el señor J. A. M.nunca pretendió cumplir con lo pactado, en virtud que abusando de la confianza que le tenia la señora E. M. G., había planificado inducirla en error, haciéndole creer de la veracidad de su interés de ejecutar el contrato de compra y venta sobre el bien inmueble referido, una vez finalizadas las contra prestaciones de ambas partes, todo con el propósito de afectarle patrimonialmente y él obtener una ventaja económica cuantificable.-SEGUNDO: El veinticinco de septiembre de 1995, el Juzgado de Letras Primero de lo Civil de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, dictó sentencia definitiva en la que resolvió lo siguiente: 1) Declaró con lugar la Demanda Ordinaria de Hacer para la Suscripción de un Contrato de Compraventa, interpuesta por la señora E. M. G. 2) Ordenó al señor J. A. M. B., que en el término de quince días procediera al otorgamiento de la escritura de compraventa prometido en venta a la señora E. M. G., quien previamente debía pagar L.3624.42, al señor J. A. M., en concepto de devolución, dado que éste había enterado dicha suma a la Constancia.3) Declaró sin lugar la demanda ordinaria de resolución de un contrato promovida por la vía de la reconvención por el señor J.A. M.. La sentencia de mérito fue confirmada por la Corte de apelaciones de San Pedro Sula, Cortés, mediante sentencia proferida el cuatro de marzo de 1996 y que fue objeto de recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, la que en su fallo de fecha veintitrés de septiembre de 1998, resolvió declarar sin lugar el recurso y confirmar la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Primero de lo Civil a favor de la señora E.M. G..- No obstante lo anterior, el señor J. A. M. B. decidió buscar los medios que estuvieran a su alcance para desatender abiertamente esa orden jurisdiccional ya individualizada, que le compelía a realizar el acto cierto y determinado de cumplir con el otorgamiento del contrato de compra y venta referenciado.- TERCERO: Para omitir la ejecución de lo debido y declarado judicialmente, todo con el propósito preconcebido de beneficiarse con la retención de un patrimonio que legalmente debía transferir a la señora E. M.G., el señor J. A. M. B. nuevamente buscó ardides y astucias procesales para transferir indebidamente la propiedad del bien inmueble a otras personas, con quienes guardaba vínculos personales muy estrechos, con la idea del retorno dominical del bien inmueble, una vez trascurrido un tracto sucesorio complejo, para eludir así una vez más, la cumplimentación de su obligación traslaticia de dominio con la señora E. M. G. Así en fecha 19 de abril de 1999 el Licenciado D. M. P., en su condición de endosatario en procuración de un Pagaré, propiedad del señor C. R., promovió una demanda ejecutiva de pago en contra del señor J. A. M., por la suma de L. 300,000.00, mas intereses moratorios, gastos y costas del juicio, ante el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés. En el transcurso del juicio se embarga el bien inmueble objeto del presente juicio y se ordena la prohibición de celebrar actos y contratos sobre el mismo, haciendo las inscripciones respectivas en el registro de la Propiedad. El 18 de enero del año dos mil, se llevó a cabo Audiencia de remate en el juzgado de letras seccional de Puerto Cortés, en la cual se adjudica el bien en litigio al señor C. R.. El día veintidós de marzo de ese mismo año, se adjudicó el bien mencionado en venta forzosa, mediante instrumento público número 3587 otorgado ante los oficios del Notario Público H. R. M. M. por el señor Juez de Letras Seccional de Puerto Cortés, el Licenciado J. L. C. y el señor C. R..- CUARTO: El veinte de diciembre del año 2000, el señor C. R., mediante instrumento público número 3766 otorgada ante el Notario público P. R.P., vende el bien inmueble en cuestión a la señora Z. E. A. A., por la cantidad de L.10, 000.00; dicho instrumento fue inscrito en el Registro de la Propiedad inmueble y mercantil bajo el asiento número 2671 del Tomo 103. El 27 de abril de dos mil uno la señora E. M. G., interpone una demanda de nulidad de Escritura de la compraventa forzosa realizada en Puerto Cortés, ante el Juzgado Primero de lo Civil de ésta ciudad. En el transcurso de dicho proceso, el 29 de mayo de 2001, el Juzgado dicta la medida precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos, pero no fue posible cumplimentar la comunicación. La señora E. M. G., presentó Demanda de nulidad de escritura de la compraventa otorgada por el señor C. R. a favor de la señora Z. E. A. A., el 20 de noviembre de 2003, ante el juzgado de Letras Primero de lo Civil, el que ordena la Prohibición de Celebrar actos y contratos sobre el bien inmueble objeto de litigio, pero la comunicación es devuelta al Juzgado por el Instituto de la Propiedad, sin cumplimentarse debido a que el inmueble ya había sido traspasado a favor de la señora A. L. E., esposa del encausado señor J. A. M., mediante escritura pública número 2877, otorgada el 16 de julio de 2003, ante los oficios del Notario Público Z. A. T., por el valor de L.10,000.00, la que fue inscrita en el Libro del registro de la propiedad Inmueble y Mercantil bajo el asiento número 4996 del tomo 119.-En el año 2004, la señora E. M. G., presenta diligencias prejudiciales contra la señora A. L. E. para que el Juzgado ordene la prohibición de celebrar actos y contratos ante el Juzgado de letras Primero de ésta ciudad, resolviendo dicho juzgado, que previo a otorgar dicha medida deberá rendir garantía por la suma de L.380,400.00.-A los veintitrés días del mes de agosto del año dos mil cuatro, la señora ALBA LIDIA ELVIR comparece ante el Notario Público R. H. L. F., a otorgar escritura de compraventa a favor de su hijo el señor L. A. M. E., por el convenido precio de L.10, 000.00, instrumento que es inscrito en el Instituto de la Propiedad Inmueble y mercantil de ésta sección registral bajo el asiento número 100 del Tomo 4902, denotando con desencarnada astucia un propósito preexistente de J. A. M. B. de defraudar a la señora E. M. G. por medio del engaño de hacerle creer en la intención cierta de cumplir la promesa de venta de un bien inmueble, a modo que el acto significare una ventaja económica su favor y un perjuicio para la señora EDITH MARITZA GALO.” C O N S I D E R A N D O I.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto por el Abogado J. C. B. H., como Apoderado Legal Defensor del Señor J. A. M. B., reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- EL ABOGADO J. C. B. H., PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY DE LA MANERA SIGUIENTE: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION POR INFRACCION DE LEY.- PRECEPTO AUTORIZANTE: El precepto autorizante de la presente casación se encuentra comprendido en el párrafo primero del Artículo 360 del Código Procesal Penal, que dice: Habrá lugar al Recurso de Casación por infracción de Ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también d carácter sustantivo.- PRIMER PRECEPTO PENAL QUE SE CONSIDERA INFRINGIDO POR SU INTERPRETACION ERRONEA: Artículo 240 del Código Penal, que dice: Comete el delito de estafa quien con nombre supuesto, falsos títulos, influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose dueño de bienes, créditos, empresas o negociación o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en error, defraudándolo en provecho propio o ajeno.- El Tribunal sentenciador recurrido básicamente establece como hechos probados para condenar a mi cliente lo siguiente: a) La señora E. M. G. y el señor J. A. M. B., celebraron un CONTRATO DE PROMESA DE VENTA de un inmueble y sus mejoras, por el cual, la promitente compradora le entregó al promitente vendedor, en el acto de celebrar dicho contrato, la cantidad de VEINTE MIL LEMPIRAS, conviniéndose, además, que la señora E. M. G. pagaría el saldo que el señor J. A. M. B. debía a la CONSTANCIA, ASOCIACION DE AHORRO Y PRESTAMO, por el crédito hipotecario que había adquirido relacionado con dicho inmueble y mejoras, y que una vez efectuado el pago del saldo, don J. A. M. B. procedería a extenderle el titulo o escritura de dominio correspondiente; no obstante, efectuado el pago del saldo de ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS por parte de la señora E.M.A G. a la CONSTANCIA, el señor J. A. M. B. nunca pretendió cumplir con lo pactado, pues, abusando de la confianza que le tenía la señora E. M. G., había planificado inducirla en error, haciéndole creer estar interesado en ejecutar el contrato después de finalizadas las contraprestaciones de ambas partes, con el propósito de afectarle patrimonialmente y obtener una ventaja económica cuantificable.-b) El Juzgado Primero de Letras de lo Civil de la ciudad de San Pedro Sula, en la Demanda Ordinaria de Hacer para la suscripción de un contrato, promovida por E. M. G. en contra de J. A. M. B., y mediante sentencia definitiva de fecha 25 de Septiembre de 1995, condenó al señor J. A. M. B. a que en el término de quince días, contados a partir de la notificación de la sentencia, procediera al otorgamiento de la escritura de compraventa a favor de la señora E. M. G.; dicha sentencia fue confirmada por la Corte de Apelaciones de la misma ciudad, mediante sentencia proferida el 4 de Marzo de 1996, lo mismo por la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de fecha 23 de Septiembre de 1998, con la que declaró no ha lugar el recurso de casación.- Sin embargo, el señor J. A. M. B. buscó los medios que estuvieran a su alcance para desatender abiertamente esa orden jurisdiccional ya individualizada, que le compelía a realizar el acto cierto y determinado de cumplir con el otorgamiento del contrato de compraventa referenciado.-c) Para eludir la ejecución de lo debido y declarado judicialmente, y beneficiarse con la retención de un patrimonio que legalmente estaba obligado a transferir, el señor J. A. M.B., mediante ardides y astucias procesales para transferir el inmueble a otras personas, con quienes guardaba vínculos personales muy estrechos, hizo que el 19 de Abril de 1999, el señor C. R. promoviera una Demanda Ejecutiva de Pago en su contra, para el pago de TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS, mas intereses moratorios, gastos y costas del juicio, donde se embarga el inmueble y mejoras objeto del juicio de obligaciones de hacer antes referido.- Así, el 18 de enero del año 2000, en audiencia de remate se adjudica dicho inmueble y mejoras al acreedor ejecutante en pago de su crédito y, el 22 de Marzo del 2000 se extiende la escritura de venta forzada a dicho acreedor.- El 20 de Diciembre del 2000, el señor C. R. vende dicho inmueble y mejoras a la señora Z. E. A. A., y ésta se lo vende a la señora A. L. E. el 16 de Julio del 2003.- Finalmente, la señora A.LIDIA E. se lo vende al señor L. A. M. E. el 23 de Agosto del 2004.- La señora E. M. G., promovió Demanda Ordinaria de Nulidad del Contrato de Compraventa Forzada en el Juzgado Primero de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, la que no prosperó; lo mismo hizo contra los otros contratos de compraventa, pero ninguna prosperó. - Todo lo acontecido se ejecutó con astucia y propósito preexistente del señor J. A. M. B. de defraudar a la señora E. M. G., por medio del engaño de hacerle creer la intención cierta de cumplir la promesa de venta de un inmueble, a modo que el acto significara una ventaja económica a su favor y en perjuicio de la señora E.M. G..- EXPLICACION DEL SENTIDO O CONCEPTO DE LA INFRACCION: Incurre el Tribunal Sentenciador en la Infracción de la norma penal antes transcrita, por su interpretación errónea así: a) Uno de los elementos de la norma penal infringida, como ser: abuso de confianza, lo interpreta erróneamente, pues, este elemento no existió entre la ofendida y el acusado, y solo existió entre la señora E. M. G. y A. L. E., tal como lo declaró la misma ofendida en el debate y lo expresa el Tribunal sentenciador en la valoración de la prueba.- Por otro lado, ponerse en estado de insolvencia o tomar una actitud pasiva durante el trámite del juicio ejecutivo donde se remató y adjudicó forzosamente a otro acreedor el inmueble ofrecido en venta, no son elementos del delito de estafa, por el cual también se comete una interpretación errónea de la norma penal infringida..- b)El incumplimiento de la obligación de hacer declarada en juicio, la Demanda Ejecutiva promovida contra mi cliente, su ejecución y adjudicación en venta forzada del inmueble a favor de don Candelario Reyes por Juzgado de Letras competente, lo mismo que la serie de ventas realizadas a terceros sobre dicho inmueble, no se subsumen dentro del elemento astucia o engaño que son partes del delito de estafa, en consecuencia, el Tribunal sentenciador comete una infracción de la ley penal antes transcrita, al interpretar erróneamente estos elementos como abuso de confianza, astucia o engaño, ni forman parte de las circunstancias agravantes que señala el Artículo 27 del Código Penal, por lo que los perjuicios sufridos por la demandante durante el trámite de la Demanda Ordinaria de Hacer, a los que el Tribunal sentenciador les da la calidad de circunstancias agravantes, también constituye una interpretación errónea del precepto legal transcrito.- c) El hecho de que se haya promovido la Demanda Ejecutiva de Pago en el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, tampoco constituye el elemento de artificio (ardid y estratagema) del delito de estafa, mucho menor el mismo delito de estafa, ya que dicha demanda se promovió en dicho lugar porque el titulo ejecutivo fue suscrito por el deudor en dicha ciudad puerto, por lo que dicho Tribunal era el competente para ejecutarlo, en consecuencia, el Tribunal sentenciador hace una interpretación errónea del precepto penal que por tal razón se considera infringido.-SEGUNDO PRECEPTO PENAL QUE SE CONSIDERA INFRINGIDO POR SU INTERPRETACION ERRONEA: Artículo 346 del Código Penal, que dice: Quien desobedezca a una autoridad negándose abiertamente a dar el debido cumplimiento a sentencias, resoluciones u órdenes dictadas dentro de los límites de su competencia y revestidas de las formalidades legales, será penado con reclusión de uno (1) a tres(3)años.-EXPLICACION DEL SENTIDO O CONCEPTO DE LA INFRACCION: Incurre el Tribunal Sentenciador en la Infracción de la norma penal antes transcrita, por su interpretación errónea, así: a) En el caso del delito de desobediencia que se le atribuye a mi cliente, el Tribunal sentenciador interpreta erróneamente la norma penal transcrita, ya que considera que la desatención y evasión por parte de mi cliente en el cumplimiento de la obligación declarada en sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil de la ciudad de San Pedro Sula, constituye un elemento comprendido dentro del delito de desobediencia, y como lo repito, esto es una interpretación errónea que hace de dicho precepto penal el Tribunal sentenciador, ya que no consta probado que dicha sentencia civil se haya ejecutado por la vía de apremio, conforme a la formalidades legales que mandan los Artículos 223, 227 y 511 del Código de Procedimientos Civiles, es decir, no consta probado en juicio que a mi cliente se le haya notificado y requerido personalmente a través de un Funcionario judicial para que dentro del término judicial de quince días procediera a suscribir u otorgar la escritura de compraventa del inmueble prometido en venta, con la advertencia que de no hacerlo podrá proceder el Juez que conoce del litigio, por ende, no consta que se haya negado cumplir con dicha sentencia.-b) Por otra parte, el desconocimiento o ignorancia de lo resuelto por los órganos jurisdiccionales de lo civil y, por ende, el incumplimiento de ello por parte del acusado, tampoco forman parte de los elementos del delito de desobediencia por el cual se condena a mi cliente, de ahí, resulta que el Tribunal sentenciador vuelve a cometer una interpretación errónea del precepto penal en cuestión., ya que a esto le atribuye una abierta desobediencia.-Fundo el presente escrito en los Artículos: 80, 82, 90, 95 de la Constitución de la República; 14,27, 240 y 346 del Código Penal; 359, 360, 363, 364, 366, 367, 369 y demás aplicables del Código Procesal Penal.” RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL IMPUTADO JOSE ANTONIO MENJIVAR BAIDE ARGUYENDO FUNDAMENTALMENTE QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL DICTAR SENTENCIA CONDENATORIA EN CONTRA DE SU CLIENTE HA INTERPRETADO ERRONEAMENTE LOS ARTÍCULOS 240 Y 346 DEL CÓDIGO PENAL, QUE CONTIENEN LOS TIPOS PENALES DE ESTAFA Y DESOBEDIENCIA, RESPECTIVAMENTE.-. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 PARRAFO PRIMERO DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- Argumenta el recurrente que el primer precepto penal que considera infringido por interpretación errónea es el artículo 240 del Código Penal, al tenor del cual se establece que comete el DELITO DE ESTAFA “quien con nombre supuesto, falsos títulos, influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose dueño de bienes, créditos, empresas o negociación o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en error, defraudándolo en provecho propio o ajeno”.- Sostiene que el acusado no incurrió en ABUSO DE CONFIANZA para con la ofendida, sino que por parte de la señora A. L. E. para con la señora E. M. G.. El Censor arguye, que tampoco es elemento del delito de Estafa, el “ponerse en estado de insolvencia o tomar una actitud pasiva durante el trámite del juicio ejecutivo donde se remató y adjudicó forzosamente a otro acreedor el inmueble ofrecido en venta”, por lo que el Tribunal A Quo incurre en una interpretación errónea de la norma penal infringida.- Agrega que los hechos consistentes en el incumplimiento de la obligación de hacer declarada en juicio, la Demanda Ejecutiva promovida contra el acusado, su ejecución y adjudicación en venta forzada del inmueble a favor de don Candelario Reyes por el Juzgado de Letras competente, y la serie de ventas realizadas a terceros sobre dicho inmueble, no comportan el empleo de ASTUCIA O ENGAÑO, como elementos del DELITO DE ESTAFA.- El recurrente considera que el Tribunal de Instancia comete infracción de la ley penal al interpretar erróneamente los conceptos de abuso de confianza, astucia o engaño, como elementos del delito de Estafa o circunstancias agravantes(artículo 27 del Código Penal) a consecuencia de los perjuicios sufridos por la demandante durante el trámite de la Demanda Ordinaria de Hacer, a los que el A Quo tiene como circunstancias agravantes. Agrega que el hecho de que se haya promovido una Demanda Ejecutiva de Pago en el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés por un tercero en contra del ahora acusado, tampoco comporta el empleo de un artificio (ardid y estratagema), como elemento del delito de estafa, ya que dicha demanda se promovió ante ese órgano jurisdiccional por ser el Tribunal competente para ejecutar el título valor presentado para su cobro. Por otro lado, el Censor considera infringido por interpretación errónea el Artículo 346 del Código Penal, que tipifica y sanciona el DELITO DE DESOBEDIENCIA, en tanto que a su juicio el A Quo interpreta erróneamente que “la desatención y evasión del acusado en el cumplimiento de la obligación declarada en sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil de la ciudad de San Pedro Sula”, constituya un elemento del delito de desobediencia, toda vez que no consta probado que dicha sentencia civil se haya ejecutado por la vía de apremio, conforme a la formalidades legales que exigen los Artículos 223, 227 y 511 del Código de Procedimientos Civiles, al no tenerse por acreditado en juicio que se haya notificado y requerido personalmente al acusado a través de un funcionario judicial, para que dentro del término de quince días procediera a suscribir u otorgar la escritura de compraventa del inmueble prometido en venta, con la advertencia que de no hacerlo podría hacerlo el Juez, es decir, que no consta que el acusado se haya negado a cumplir la mencionada sentencia. Esta Sala de lo Penal, considera importante recordar, que a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Del relato fáctico contenido en la sentencia impugnada se desprende que el acusado desplegó una conducta engañosa, en tanto que simulando la intención de asumir una obligación contractual, únicamente ha tenido como propósito aprovecharse del cumplimiento de la otra parte, recibiendo la contraprestación pactada, pero sin la intención de cumplir la suya, al no hacer a favor de la ofendida E. M. G., la tradición de dominio del inmueble objeto de la promesa de venta, a la que se había comprometido formalmente, y haberse beneficiado de las cantidades líquidas pagadas por la ofendida, algunas de ellas orientadas a liberarlo del gravamen hipotecario que pesaba sobre el mismo, y en su lugar, haber generado un largo y complejo proceso legal y ventas sucesivas del inmueble con el propósito manifiesto de evitar que este saliera de la esfera de su patrimonio familiar, y con ello no cumplir lo pactado, causando a la ofendida un grave perjuicio económico. A juicio de esta Sala concurre en este asunto la figura de lo que doctrinariamente se conoce como “negocios jurídicos o contratos criminalizados”. En los mismos, el contrato o negocio jurídico se erige en instrumento disimulador y de ocultación, fingimiento y fraude, civil o mercantil, con apariencia de cuantos elementos son precisos para su existencia correcta, aunque la intención inicial o antecedente de no hacer efectiva la contraprestación, o el conocimiento de la imposibilidad de hacerlo, define a la estafa[1]. Este tipo de comportamientos tienen carácter penal en tanto que el engaño es inicial y causante de un acto dispositivo que da lugar a un perjuicio, de tal manera que la diferencia con el negocio jurídico civil, lícito y posteriormente incumplido, radica que en los “criminalizados” existe una discordancia entre la voluntad interna de no cumplir y enriquecerse y la exteriorizada y engañosa que manifiesta un propósito de cumplimiento inexistente, residiendo ahí el engaño. Se prostituyen así los esquemas contractuales para instrumentarlos al servicio de un ilícito afán de lucro propio y perjuicio de las víctimas, desplegando unas actuaciones que desde que se planifican prescinden de toda idea de cumplimiento propio, lo que origina el disvalor de la acción del agente y la lesión de un bien jurídico ajeno[2]. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala es del parecer que del relato fáctico se desprende que el comportamiento del imputado J. A. M. B., se subsume en el delito de ESTAFA, tipificado en el artículo 240 del Código Penal. Por otro lado, el Tribunal de Instancia ha condenado al acusado JOSE A. M. B. por el delito de desobediencia, arguyendo que éste último incumplió la sentencia firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil, de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que le mandaba cumplir una obligación de hacer, consistente en formalizar en escritura pública la tradición de dominio del inmueble objeto de la promesa de venta suscrita en su oportunidad a favor de la ofendida. El artículo 346 del Código Penal tipifica el delito de desobediencia al establecer que “quien desobedezca a una autoridad negándose abiertamente a dar el debido cumplimiento a sentencias, resoluciones u órdenes dictadas dentro de los límites de su competencia y revestidas de las formalidades legales, será penado con reclusión de uno (1) a tres (3) años”. Del relato fáctico se desprende que el acusado actuando en fraude de ley generó un largo proceso legal y sucesivas ventas hasta concluir con la última de éstas a favor de su hijo L. A. M. E., dificultando el efectivo cumplimiento del mandato judicial que ordenaba de manera terminante al procesado hacer la tradición del dominio de un inmueble de su propiedad en instrumento público, a favor de la señora E. M. G. . Por todo ello la Sala de lo Penal estima que el Juzgador de instancia ha interpretado en legal y debida forma las disposiciones penales de carácter sustantivo de reproche, por lo que desestima el motivo de casación invocado. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 360 del Código Procesal Penal.- FALLA: Declarando sin lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley Penal Sustantiva, en su único motivo, interpuesto por el recurrente, en su condición indicada, contra la sentencia pronunciada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha ocho de septiembre de dos mil ocho.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales pertinentes.- REDACTÓ EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- COORDINADOR.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida a solicitud de la Abogada T. J. F., en su condición del Ministerio Público, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil doce.- Certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de enero del año dos mil doce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-110-2009.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Vid. Sobre esta temática: CONDE-PUMPIDO FERREIRO, CANDIDO, en “Estafas”, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, págs. 62 y 63

[2] Vid. En este sentido: CONDE-PUMPIDO FERREIRO, CANDIDO, en “Estafas”, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, pág.63.