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Sentencia CP-11-10 — Registro 3396

Resumen

Se absolvió al imputado en primer instancia por el delito de Portación ilegal de armas y tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotropicas. Resolviendo en segunda instancia Con Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO DENUNCIANDO ERRÓNEA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 99 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA.- I.- Esta tipología es la más amplia de las que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, mas el recurso a desarrollar bajo este título debe de denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el Recurrente debe echar mano de este tipo de recurso cuando no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro, en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Legal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores.- La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial, como son las sentencias.- II.- El Censor señala en su recurso que el Tribunal de Sentencia ha interpretado erróneamente el artículo 99 Superior, que establece la garantía de la Inviolabilidad del Domicilio, al calificar el ingreso a la vivienda del Señor C. M. E., como un allanamiento ilegal, siendo éste un registro de vivienda autorizado.- III.- El Tribunal de Sentencia, en su fallo de fecha tres de Septiembre de 2009, declara que el ingreso que realizaron los Agentes de Policía a la casa de habitación de los Señores C. M. E. y S. G., es ilícito por vulneración a la Garantía de la Inviolabilidad del Domicilio. Señalan que a pesar de la existencia de una autorización para ingresar a la vivienda, dada por la Señora S. G., a los agentes de la policía, ésta no legitima los “…actos de investigación que no estén sobre la base de sospechas fundadas y corroboradas mediante una investigación seria… “ (F. 121), señalando que a los elementos de la policía les “… era exigible realizar una vigilancia estacionaria para verificar lo que en efecto pudiera estar sucediendo en la vivienda en mención, para posteriormente, dependiendo de los resultados, pedir al Juez competente la orden de allanamiento y lograr finalmente los propósitos de la investigación.” (F. 122 v.).- Finalmente los Juzgadores restan credibilidad a las declaraciones del acusado C. M. E. y su compañera de hogar S. G., en cuanto a que los agentes de policía ingresaron a la vivienda que comparten sin permiso alguno, señalando que “… resulta patente pues, que lo hacen con el único afán de aportar elementos exculpatorios…”.- IV.- En aras de dar una respuesta a lo planteado en el recurso y evaluar la compatibilidad de lo señalado por el Tribunal de Sentencia con las normas constitucionales y legales, la Sala de lo Penal considera oportuno definir lo concerniente al Derecho a la Intimidad y a una de sus garantías como ser la inviolabilidad del domicilio.- El Principio a la Intimidad, atribuible solamente a las personas naturales, deriva del artículo 76 constitucional cuando señala que “se garantiza el derecho… a la intimidad personal…”, debiendo entenderse como tal, en su aspecto positivo, como el derecho de la persona de controlar a su arbitrio la información de índole personal que desee sea conocida y determinar la identidad y el número de personas que desee tengan acceso a ella y, en su aspecto negativo, como el derecho de toda persona de no sufrir o tolerar injerencias de terceros en la vida privada personal y familiar y de rechazar cualquier intento de ello.- Con el fin de resguardar el derecho a la intimidad en uno de los lugares donde precisamente la persona desarrolla el mayor número de actividades de índole privada personal y familiar, el constituyente hondureño determinó la necesidad de declarar en el artículo 99 Superior la inviolabilidad del domicilio, como instrumento para la salvaguarda de aquel derecho, en éste ámbito específico. El Domicilio es el espacio físico delimitado estructuralmente, bajo el dominio, uso o goce de una o más personas determinadas, destinado para realizar en él, de manera permanente o temporal, un conjunto de actos privados, generalmente emancipados de las normas sociales imperantes en el exterior. El domicilio comprende no solo el lugar o edificación de la residencia, sino cualquier extensión que la componga, como patios interiores, bodegas, sótanos, etc. que se interconecten entre si y en donde se evidencia que forman parte de un todo, conforme lo conceptualiza el artículo 220 del Código Penal.- Son elementos del Domicilio: A).- Elementos Objetivos: 1).- Espacio físico, debidamente delimitado y separado del exterior por una estructura; 2).-Que se impida desde el exterior acceso visual de todos los espacios internos de la estructura; 3).- Que sea apto para el desarrollo de la vida privada.- B).- Elementos Subjetivos: 1).-Que el espacio físico esté siendo usado –permanente o temporalmente- para el desarrollo de la esfera privada de la vida; 2).- Aprovechar las condiciones físicas estructurales para excluir la participación de terceros en las actividades de la vida de las personas, segregando los mismos a dicho espacio.- En conclusión, el domicilio, con independencia de la relación jurídica entre el lugar y sus moradores, puede consistir en una estructura natural o artificial, mueble o inmueble, siempre que sea un ambiente cerrado al cual solo tengan acceso aquellas personas que moran en el, usándolo para resguardar sus actos y posesiones íntimas.- Ahora bien como consecuencia de la inviolabilidad del Domicilio, ningún ingreso o registro podrá verificarse sin el consentimiento de cualquiera de las personas que lo habitan o sin que sea por cumplimiento de una orden emanada de autoridad competente, es decir, que como regla general el ingreso a un domicilio debe hacerse cuando ha mediado el consentimiento de sus moradores y excepcionalmente como cumplimiento de una orden emitida por autoridad competente o cuando exista una causa de gravedad calificada, de ahí la diferencia entre un ingreso y/o registro autorizado, un allanamiento como acto investigativo y un allanamiento ante un Estado de Necesidad o delito flagrante: 1).- Ingreso y/o registro Autorizado es el permiso otorgado por cualquier persona mayor de edad que more en el domicilio para que un tercero ajeno a éste ingrese y, en algunas ocasiones, pueda hacer un registro como acto de investigación, pudiendo efectuarse a cualquier hora, en cualquier día y que tendrá validez para efectos procesales siempre que se sigan las siguientes reglas: i).- Que la persona a ingresar se identifique de manera previa como autoridad en el ejercicio de su cargo, explicándole las consecuencias en caso de encontrar dentro del interior de la vivienda indicios relacionados con un delito; ii).- Que una persona mayor de edad que more el domicilio se manifieste de acuerdo con el ingreso, documentando su consentimiento en acta u hoja de autorización donde estampe su firma o huella dactilar; iii).- Hacerse acompañar los Agentes de la Autoridad, de ser posible, de dos personas que sirvan de testigos de la diligencia, ajenos al domicilio y ajenos a la institución donde trabajen las personas que solicitan el ingreso; iv).- Solo podrán ingresar al domicilio las personas autorizadas por el morador, por lo que vecinos, medios de comunicación y demás no podrán ingresar si no están autorizados; v).- Que se le permita a uno de los moradores, mayor de edad, presenciar el acto de ingreso y registro, siempre que no exista peligro para la vida y que no vaya a entorpecer el resultado de la diligencia; vi).- Los agentes de la autoridad deberán de abandonar el domicilio de manera inmediata y en cualquier momento, a petición de la persona que autorizó el ingreso; vii).- Dejar constancia en acta de todo lo actuado inventariando los objetos que hayan sido decomisados, de la cual tendrá derecho a una copia la persona que autorizó el ingreso al domicilio.- 2).- El allanamiento de un lugar como un acto de investigación consistente en la penetración de un determinado recinto aislado del exterior, sin la autorización de sus moradores, con la finalidad de buscar, identificar y recoger fuentes de investigación y/o a la propia persona del imputado. El Código Procesal Penal, en su artículo 212, establece que la autoridad competente para emitir la orden de allanamiento a que se refiere el artículo 99 de la Constitución de la República es el órgano jurisdiccional que ejerza su competencia en el lugar donde se encuentre el domicilio. Establece el artículo 99 de nuestro Texto Fundamental que el allanamiento, aun con orden judicial deberá de realizarse entre las seis de la mañana y las seis de la tarde. El Constituyente dispuso que el Estado de Honduras, en las diligencias que practique en busca de la aplicación de la ley, deberá de actuar sin ampararse de la oscuridad de la noche, ergo deberá de actuar a la luz del día, posibilitando que todas las personas puedan ver y saber las acciones que realiza el Estado en aras de la seguridad pública.- El propósito de que la ley establezca que solamente un Órgano jurisdiccional podrá ordenar el allanamiento de un domicilio es debido a que el Tribunal evaluará la necesidad y proporcionalidad, entre el principio pro-Societate de la persecución e investigación de un hecho delictivo y la garantía constitucional a la inviolabilidad del domicilio, para la práctica de estas diligencias. El Órgano Jurisdiccional, bajo su responsabilidad, podrá ordenar un allanamiento, cuando resulte LA NECESIDAD RACIONAL para su práctica, dadas las evidencias que hasta ese momento se cuenten como producto de las investigaciones realizadas por los entes Policiales. Todas las diligencias relacionadas con las investigaciones, incluyendo el allanamiento deberán de mantenerse en secretividad hasta su práctica, con el fin de garantizar el resultado del mismo, tal y como se contempla en el artículo 278 del Código Procesal Penal. El Decreto Judicial que ordene la práctica de un allanamiento deberá de reunir los requisitos señalados en el artículo 213 del Código Procesal Penal, ordenado por el Órgano Jurisdiccional con competencia en el lugar en donde se lleve a cabo. Aun con orden judicial, el allanamiento que se practique irrespetando el protocolo contemplado para el efecto en los artículos 214 y 215 del Código procesal Penal, será calificado como ilegal.- 3).- Finalmente, en cuanto a los allanamientos por un Estado de Necesidad o delito flagrante, establece el artículo 99 de la Constitución que se exceptúa a lo anterior, es decir que se podrá realizar un allanamiento sin autorización de las personas que lo habitan o sin orden de autoridad competente y aun fuera de las horas establecidas para ello, cuando sea con el objeto de impedir la comisión de un delito, para impedir la impunidad de delitos, para evitar daños graves a la persona o para impedir daños graves a la propiedad. Lo anterior es desarrollado por el Código Procesal Penal en su artículo 212, estableciendo los supuestos en donde el Ministerio Público podrá ordenar un allanamiento sin orden judicial y los supuestos en donde la autoridad policial, sin orden judicial y sin orden del Ministerio Público puede practicar un allanamiento: A).- El Ministerio Público, cuando no pueda obtener autorización judicial para la práctica de un allanamiento o cuando el trámite para la obtención de la misma represente grave peligro de perder el objetivo de su ejecución, podrá ordenar su práctica: i).- Ante casos de flagrancia, entendiéndose como tal cuando la persona sea sorprendida cometiendo el delito, cuando la persona se dirija a cometer el delito o cuando sea sorprendida inmediatamente después de cometida el delito, tal y como lo conceptualiza el artículo 175 No. 1 del Código Procesal Penal; ii).- Cuando la medida sea necesaria para evitar la comisión de un delito; iii).- Para evitar la fuga de un delincuente; iv).- Para evitar la pérdida o destrucción de pruebas o evidencias; v).- En los casos en que la Policía Nacional pueda practicar un allanamiento por propia iniciativa en casos urgentes.- El Ministerio Público, en estos casos, solicitará a la autoridad Judicial competente en forma inmediata la convalidación del acto, fundamentando el porqué no se pudo obtener la autorización correspondiente y acompañando el fundamento que motivó la práctica de la diligencia.- B).- La Policía Preventiva o la Dirección General de Investigación Criminal, cuando no pueda obtener autorización del Ministerio Público o autorización judicial por medio del Ministerio Público para la práctica de un allanamiento o cuando el trámite para la obtención de la misma represente grave peligro de perder el objetivo de su ejecución, podrá practicarlo: i).- Cuando exista noticia fundada de que una persona extraña a las que habitan una morada, casa, lugar en que viva una persona, fue vista en el momento en que se introducía a esta en circunstancias inusuales; ii).-Cuando la persona que es perseguida para su captura, entra a una casa habitada, sea propia o ajena; iii).- Cuando de una morada, se oyen voces o gritos de alarma que pongan de manifiesto que se está cometiendo un delito o que alguien solicita auxilio; iv).- Cuando el allanamiento se haga necesario por causa de incendio, terremoto, inundación, epidemia u otro peligro semejante, para efectos de impedir o minimizar los dados a la vida y a los bienes. En estos casos, la autoridad policial deberá, en lo posible, hacerse acompañar de dos testigos que no tengan ninguna vinculación con los cuerpos de investigación, levantando el acta respectiva de lo actuado, la que deberá de ser firmada por los agentes policiales y por las personas en cuya presencia se haya realizado la diligencia o en su caso, se deberá de consignar su negativa de no hacerlo. Los Agentes de Policía pondrán en conocimiento inmediatamente al Ministerio Público sobre la práctica del allanamiento, para que éste sin demora alguna solicite su convalidación a la autoridad judicial correspondiente, explicando las razones por las cuales no se pudo obtener la misma en forma previa y acompañando el fundamento para la práctica de la diligencia.- V.- De la Procedencia del Recurso: El Recurso es de Recibo: Es criterio de la Sala de lo Penal que el Tribunal de Sentencia efectivamente hizo una interpretación errónea del artículo 99 de la Constitución de la República, desarrollando argumentos que se contraponen a la norma superior citada. Por una parte los Juzgadores, no dan crédito a las declaraciones rendidas por el acusado C. M. E. y su compañera de hogar S. G., quienes alegan no haber autorizado el ingreso a su domicilio, concluyendo que los policías T. C. M. y P. A. M. C., fueron debidamente autorizados por la Señora G. para ingresar y registrar la vivienda, sin embargo y pese a ello, califican a dicho ingreso como un allanamiento ilegal, exigiendo a los agentes de policía que debieron realizar más diligencias de investigación, como vigilancias, para comprobar la veracidad de la denuncia anónima recibida y que apuntaba a que en dicho lugar se daba la venta de drogas. En este sentido debemos señalar en primer término que en el caso bajo examen no estamos ante un allanamiento, sino que ante un registro autorizado, y en segundo término, que la exigencia de actuaciones de investigación previa no deriva de la ley, sino que es un aspecto de estrategia policíaca a efectos de garantizar el resultado de la operación, aconsejable en todos los casos mas no exigible para efectos de determinar la ilicitud de las actuaciones. La norma constitucional exige que el ingreso haya sido consentido de manera libre por uno de los moradores del domicilio y que la entrada y registro de la autoridad haya estado amparada en todo momento por dicho consentimiento, lo que a criterio del Tribunal de Sentencia aconteció en el caso analizado, sin contraponer algún vicio en el consentimiento.- .."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de septiembre de dos mil doce, por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha tres de septiembre del dos mil nueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual absolvió al señor C. M. E., como autor responsable del supuesto delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS Y TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR Y SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, respectivamente.- Interpuso el Recurso de Casación, el Abogado E. O. M.S, actuando en su condición de Representante del Ministerio Público.- SON PARTES: La Abogada K. L. M. P., Agente de Tribunales del Ministerio Público, en su condición de recurrente y el Abogado E. F. B. P., Defensor Público del Acusado C. M. E., en su condición de recurrido. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma es admisible en tanto que reúne los requisitos exigidos por la ley, de ahí que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia del mismo. HECHOS DECLARADOS PROBADOS II.- El Tribunal de Sentencia juzgador, en el fallo objeto de impugnación, declaró como probados los hechos siguientes: ÚNICO: El día sábado diez de abril de dos mil cuatro, aproximadamente a las cuatro con treinta minutos de la tarde, elementos de la policía preventiva y de investigación, ingresaron sin mediar mandamiento judicial, en la casa donde habita el acusado, señor C. M. E. ubicada en el barrio El Bosque del Municipio de Pimienta, Departamento de Cortés, diligencia que realizaron como consecuencia de haber recibido información de que en dicha vivienda se vendía droga, obteniendo a raíz de ello, el decomiso de 179.1 gramos de marihuana, una arma hechiza, tipo revólver en mal estado técnico y operativo, asimismo, la cantidad de doscientos sesenta y siete lempiras (L.267.00), por lo cual, se produjo la captura del acusado, señor C. M. E..” III.- El recurrente, Abogado E. O. M., formalizó su recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional de la siguiente manera: “DEL RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL.- PRIMER MOTIVO DE CASACION INVOCADO: “Interpretación errónea del Artículo 99 de la Constitución de la República, con relación al artículo 200 del Código Procesal Penal y el Artículo 90 constitucional”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 361 de la Constitución de la República.- Exposición del Motivo de Casación: Aunque la diligencia policial al ingresar a la morada del acusado, ha sido denominada “Allanamiento de Morada”, no ha ocurrido tal cosa. Los sucedido, y así consta en el fallo, es un ingreso autorizado por la ciudadana S. G., moradora del inmueble. Esta co-habitante del inmueble y esposa del acusado declaró en juicio que los policías le mancharon un dedo con la tinta de sus bolígrafos y que una vez entintada la yema de su dedo, estamparon su impresión en el acta de allanamiento. De ello, el Juzgador ha considerado por un lado que esta afirmación despierta duda sobre el consentimiento voluntario otorgado para que la autoridad policial ingresase a su casa. Y por otro lado, admite tácitamente que aún y cuando esta autorización hubiese sido concedida por la cohabitante de la morada y esposa del acusado, ésta resulta insuficiente. Pero esta afirmación, que correspondía a La Defensa demostrarlo, no ha sido probado debidamente por otra probanza ni directa ni indiciaria. En consecuencia, al no estar demostrado vicio alguno sobre el consentimiento concedido, el ingreso policial a la morada debe ser reconocido como autorizado por quien reside en la morada. El A Quo expone erradamente que la testigo S. G., esposa del imputado y cohabitante con éste en la morada en la que se encontró la prueba de cargo, es la persona que autorizó el ingreso de los policías, pero que al momento de rendir declaración en el juicio, alegando que ella no estampó voluntariamente su huella digital en el Acta de Autorización de Ingreso a Morada. Frente a esa deposición de la testigo, son claras las razones para procurar que su esposo y acusado de la cusa, sea absuelto de toda responsabilidad penal; conformándose su dicho a lo manifestado por los agentes de la autoridad a quienes, según la probanza allegada a juicio, no se demostró de manera alguna que mintiesen, ya que en el juicio no comprobó tal aseveración. Es más, el testigo P. A. M. C. declaró que la testigo S. G. le dijo que no sabía leer ni escribir y que por esa razón es que en la autorización de ingreso se estampó su huella digital. Al haberse documentado la autorización de la morada para que la policía ingresara a la vivienda, debe tenerse por bien dado, salvo prueba en contrario. La persona que alega el vicio en el consentimiento es quien debe demostrarlo, y la testigo S. G. no ha probado el vicio que invoca. El presente recurso de casación permitirá establecer antecedente para que se defina la diferencia entre una actuación y la otra. “Sin pruebas ni debates, por el sólo acuerdo de las partes, el juzgador habrá de asumir como ciertos los hechos relatados por la acusación, lo que no deja de ser una fijación formal de la verdad en la sentencia que se dicte”[1]. Ante esto, el Juzgador admite que los particulares, como titulares de sus derechos, tienen la libertad de cederlos voluntariamente. Sin embargo, sostiene que esa autorización de ingreso resulta insuficiente, y constituiría una permisión temeraria que rayaría en violación de derechos y garantís reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales. Pretende desconocer el Juzgador, que los ciudadanos tienen derecho a renunciar libremente a la inviolabilidad de su domicilio. El Ministerio Público considera que tal posición constituye una tergiversación del artículo 99 de la Constitución de la República, al alterar el sentido del mismo, dándole un alcance que implica que el domicilio solo puede vulnerarse a través de un allanamiento de morada, supuesto que no concurre en el caso sub-júdice, puesto que lo que operó fue un acceso autorizado, cuya invalidez no fue desacreditada en el proceso, y cuya hipótesis es acogida con total valía constitucional por la norma citada como infringida. Por ende, no puede el Tribunal haber declarado con sustento válido en el artículo 99 de la Constitución de la República la ilegalidad de la diligencia, por cuanto no se han configurado los elementos que conducirían a una ilegalidad de la prueba obtenida. Es así que la prueba obtenida del ingreso autorizado a la vivienda no es prueba prohibida, pues la misma no se obtuvo vulnerando garantías procesales establecidas en la Constitución de la República, y en los convenios internacionales relativos de los derechos humanos, de los que Honduras forma parte. De ello se desprende la inaplicabilidad del artículo 200 del Código Procesal Penal, ya que tampoco es ilícito el ingreso autorizado a la vivienda del imputado. Lejos de allanar la morada, la autoridad policial en investigación solicitó autorización para hacer ingreso consensuado al interior de la morada, y lo obtuvo. Como consecuencia del consentimiento concedido, la autorización para que la policía ingresara a la vivienda es válido y ha sido interpretado erróneamente el artículo 99 constitucional por el Juzgador. Influye en el ánimo del Juzgador el que la testigo S. G. hubiese insinuado que la policía le había manchado el dedo. Sin embargo, el testigo P. A. M. C. declaró que la señora S. G. dijo no saber leer ni escribir, y por esa razón se le tomó la huella digital. Ante esta discrepancia, el Juzgador interpretó erróneamente el artículo 99 de la Constitución de la República. Esta Fiscalía se pronuncia respetuosamente para solicitar el recibo del recurso y para que como resultado del mismo, se disponga la casación de la sentencia y se revierta la resolución absolutoria dictada en detrimento de los intereses generales de la sociedad. SEGUNDO MOTIVO DE CASACION INVOCADO: “ Falta de Aplicación de los Artículos 145 y 147, ambos de la Constitución de la República”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 361 de la Constitución de la República. Exposición del Motivo de Casación: Al dictar el A Quo un fallo absolutorio, el Juzgador ha dejado de aplicar los artículos 145 y 147 de la Constitución de la República. Los policías T. C. M. y P. A. M. C. cumplieron con su deber constitucional de participar en la promoción y preservación del a salud personal y de la comunidad. Al enterarse de la ubicación desde la cual se expendía de forma ilícita, psicotrópicos nocivos para la salud de la comunidad, ellos procuraron preservar el bien jurídico protegido denominado “la salud de la población de la República de Honduras”. Por la temporal ineficacia de su actividad, el Juzgador infringe el Artículo 145 constitucional, poR conservar activa la comercialización de drogas psicotrópicas en perjuicio de la salud de la población de la República de Honduras. También se vulnera en el fallo, el Artículo 147 constitucional, porque se dispone de tal manera, una cesión por disposición judicial, el monopolio estatal para regular la producción, tráfico, tenencia, uso y comercialización de derogas psicotrópicas que sólo podrán ser destinados a los servicios asistenciales de salud y experimentos de carácter científico, bajo la supervisión de la autoridad competente. El control casacional ejercido mediante la interposición del recurso debe conducir, a criterio del Ministerio Público, en la casación del fallo para restaurar la vigencia y aplicabilidad de los artículos 145 y 147 de la Constitución de la República.” IV.- El recurrente, Abogado E. O. M., desarrolló su recurso de casación por Infracción de Ley del a siguiente manera: RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY.- MOTIVO DE CASACION INVOCADO: “Falta de Aplicación del Artículo 18 (con relación al último párrafo de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, en estrecha aplicabilidad con el Artículo 337 del Código Procesal Penal que contiene el Principio de Congruencia”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 de la Constitución de la República. Exposición del Motivo de Casación: Al momento de dictar sentencia, el Tribunal de Sentencia ha declarado probados los hechos siguientes: “UNICO: El día sábado diez de abril del dos mil cuatro, aproximadamente a las cuatro con treinta minutos de la tarde, elementos de la policía preventiva y de investigación, ingresaron sin mediar mandamiento judicial, en la casa donde habita el acusado, señor C. M. E. ubicada en Barrio El Bosque del Municipio de Pimienta, Departamento de Cortés, diligencia que realizaron como consecuencia de haber recibido información de que en dicha vivienda se vendía droga, obteniendo a raíz de ello, el decomiso de 179.1 gramos de marihuana, una arma hechiza, tipo revólver en mal estado técnico y operativo, asimismo, la cantidad de doscientos sesenta y siete lempiras (L.267.00), por lo cual, se produjo la captura del acusado, señor C. M. E..” A criterio del Ministerio Público, el cuadro fáctico refiere una conducta y hechos probados que se subsumen en el tipo penal establecido en el artículo 18 de la Ley Sobre el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas. Se transcribe a continuación, la norma penal no aplicada: “Artículo 18: El que trafique con drogas, estupefacientes o sustancias controladas, será penado con reclusión de quince a veinte años y multa de un millón a cinco millones de lempiras”. El cuadro fáctico relato que como consecuencia de la actividad de elementos de la policía preventiva y de investigación, se confirmó la denuncia de que en la vivienda en que moraba el acusado se vendía droga. Es parte integral e inseparable del factum el hecho que ha sido probado, de que en el interior de morada el imputado poseía 179.1 gramos de marihuana, un revólver en mal estado y dinero en efectivo en moneda nacional, por una cantidad de doscientos sesenta y siete lempiras (L.267.00). No hay indicación en la Declaración de hechos Probados, de que el ingreso a la morada pro parte de elementos de la policía preventiva y de investigación, fuese ilícita. Afirma, sí, que el ingreso ocurrió sin mediar mandamiento judicial, pero no la declara ilegal. La cantidad de 179.1 gramos de marihuana supera en mucho la cantidad considerada por la Dirección de Medicina Forense como compatible con el consumo humano inmediato. Es por tanto evidente que la droga incautada era poseída para efectos de su ilegal comercialización. En consecuencia, el Ministerio Público solicita respetuosamente se de recibo al recurso impetrado y se disponga la revocación de la parte dispositiva de la sentencia para que en congruencia con la declaración de estar probado que el acusado estaba en posesión ilegítima, injustificada y dolosa de 179.1 gramos de marihuana para su comercialización, y que procede por tanto se le declare responsable penalmente de la comisión del delito por el cual se le ha juzgado. Respecto del cambio de la calificación de los hechos que solicitó en su turno de Conclusiones el Ministerio Público, se invoca como antecedentes los fallos siguientes: 1. Expediente 236-2005 dictado en fecha 30 de agosto de 2006; y, 2. Expediente 1009-2031-04 dictado en fecha 06 de enero de 2005. Aunque el Agente de Tribunales asignado a la primera instancia modificó la subsunción de la acción en un tipo penal diferente al alegato en el desarrollo del juicio, no se ha quebrantado del Principio de Congruencia, por ser tipos penales homogéneos que salvaguardan el mismo bien jurídico protegido por la ley penal. Los fallos dictados que hoy se invocan como antecedentes, son el sustento para solicitar que con la casación del fallo se dicte sentencia condenatoria declarando responsabilidad penal en el imputado por incurrir en el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en vez del de facilitación de local para traficar drogas.” V.- El recurrente, Abogado E. O. M., desarrolló su RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA de la siguiente manera:” MOTIVO DE CASACIÓN INVOCADO: “Inobservancia de las Reglas de la Sana Crítica”.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 (Numeral 3) del Código Procesal Penal.- Exposición del Motivo de Casación: El A Quo expone en el Numeral Primero de la Valoración de la Prueba, que el Oficial de la Policía Nacional Preventiva y Agente de Investigación de la entonces denominada Dirección General de Investigación Criminal, actuaron desproporcionalmente y sin respaldo legal alguno al solicitar y obtener autorización para su ingreso en la morada del imputado y su esposa. Según el Tribunal de Sentencia, la notitia criminis que motivó a los policías T. C. M. y P. A. M. C. para solicitar el ingreso a la vivienda del imputado, debió estar sustentada en una Vigilancia Policial Estacionaria previa. Esta afirmación carece de sustento y motivación jurídica. El artículo 199 del Código Procesal Penal establece que “los hechos y circunstancias relacionados con el delito objeto del proceso, podrán ser demostrados utilizando cualquier medio probatorio, aunque no esté expresamente regulado en el Código Procesal Penal, siempre que sena objetivamente confiables”.El medio de prueba consistente en el Acta de Decomiso de una cantidad de droga en cantidad superior al consumo personal inmediato, de un arma de fuego y de dinero en efectivo, está sustentado en una autorización previa de ingreso a morada. El ingreso de la policía a la morada del acusado se hizo sobre la base de una entrada autorizada. Sin embargo, el Juzgador considera que fue un allanamiento de morada. En adición a considerar su ingreso autorizado como allanamiento demorada, el Tribunal de Sentencia ha declarado ilícita la diligencia de ingreso por considerar que se incumplieron requisitos previos para solicitar dicha entrada. Sin embargo, la legislación procesal penal no establece la existencia de requisito alguno. Con ello, se configura discordancia entre los Hechos Probados, donde se ha declarado que “elementos de la policía preventiva y de investigación, ingresaron sin mediar mandamiento judicial, en la casa don de habita el acusado”, y la prueba evacuada en juicio, específicamente la Autorización para Ingreso de Morada. Esta discordancia entre los Hechos Probados y la prueba evacuada legítimamente en juicio, resulta discrepante con relación a los hechos. Esta contradicción constituye una vulneración a la Ley del Tercero Excluido. Según el razonamiento del Juzgador, no podía procederse al allanamiento o al ingreso autorizado siquiera, porque no se había realizado una verificación previa mediante vigilancia estacionaria. A criterio del Ministerio Público, como ente acusador y supervisor de la actuación policial, es estratégica, más que procesalmente, relevante, realizar una vigilancia previa. Con ella, se evalúa el riesgo para los policías que posteriormente participarán en un posible allanamiento, se consideran las posibilidades de éxito del operativo a montar, se identifican clientes y/o proveedores usuales, para cumplir con mayor eficacia, el cometido estatal de proteger la salud y la vida de la población de la República. A pesar de ello, el no haber hecho la vigilancia previa no invalida la diligencia. El Artículo 198 del mismo Código Procesal Penal impone que “ La finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y circunstancia, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones del Código Procesal Penal”. Mediante prueba acreditada y evacuada en acatamiento de las disposiciones del Código Procesal Penal de la República de Honduras, se estableció como verdad, que el imputado estaba en posesión, para su comercialización ilegal, de droga. Ante ello, procede el reenvío del expediente para que el Tribunal de Sentencia, con integración de jueces distintos, celebre nueva audiencia de juzgamiento durante la cual se evacúen los medios de prueba de manera lícita para que posteriormente sean valorados de tal manera que el proceso resulte en un fallo debidamente motivado en sus elementos fácticos y jurídicos. De la Reclamación Hecha para Subsanar el Yerro.- Al producirse el Quebrantamiento de Forma en el acto de dictarse la sentencia, no se ha realizado reclamación previa alguna para enmendar el perjuicio, salvo la interposición del recurso, pro ser éste el único momento procesal en que ha sido posible hacerlo.”- VI.- RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO DENUNCIANDO ERRÓNEA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 99 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA.- I.- Esta tipología es la más amplia de las que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, mas el recurso a desarrollar bajo este título debe de denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el Recurrente debe echar mano de este tipo de recurso cuando no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro, en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Legal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores.- La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial, como son las sentencias.- II.- El Censor señala en su recurso que el Tribunal de Sentencia ha interpretado erróneamente el artículo 99 Superior, que establece la garantía de la Inviolabilidad del Domicilio, al calificar el ingreso a la vivienda del Señor C. M. E., como un allanamiento ilegal, siendo éste un registro de vivienda autorizado.- III.- El Tribunal de Sentencia, en su fallo de fecha tres de Septiembre de 2009, declara que el ingreso que realizaron los Agentes de Policía a la casa de habitación de los Señores C. M. E. y S. G., es ilícito por vulneración a la Garantía de la Inviolabilidad del Domicilio. Señalan que a pesar de la existencia de una autorización para ingresar a la vivienda, dada por la Señora S. G., a los agentes de la policía, ésta no legitima los “…actos de investigación que no estén sobre la base de sospechas fundadas y corroboradas mediante una investigación seria… “ (F. 121), señalando que a los elementos de la policía les “… era exigible realizar una vigilancia estacionaria para verificar lo que en efecto pudiera estar sucediendo en la vivienda en mención, para posteriormente, dependiendo de los resultados, pedir al Juez competente la orden de allanamiento y lograr finalmente los propósitos de la investigación.” (F. 122 v.).- Finalmente los Juzgadores restan credibilidad a las declaraciones del acusado C. M. E. y su compañera de hogar S. G., en cuanto a que los agentes de policía ingresaron a la vivienda que comparten sin permiso alguno, señalando que “… resulta patente pues, que lo hacen con el único afán de aportar elementos exculpatorios…”.- IV.- En aras de dar una respuesta a lo planteado en el recurso y evaluar la compatibilidad de lo señalado por el Tribunal de Sentencia con las normas constitucionales y legales, la Sala de lo Penal considera oportuno definir lo concerniente al Derecho a la Intimidad y a una de sus garantías como ser la inviolabilidad del domicilio.- El Principio a la Intimidad, atribuible solamente a las personas naturales, deriva del artículo 76 constitucional cuando señala que “se garantiza el derecho… a la intimidad personal…”, debiendo entenderse como tal, en su aspecto positivo, como el derecho de la persona de controlar a su arbitrio la información de índole personal que desee sea conocida y determinar la identidad y el número de personas que desee tengan acceso a ella y, en su aspecto negativo, como el derecho de toda persona de no sufrir o tolerar injerencias de terceros en la vida privada personal y familiar y de rechazar cualquier intento de ello.- Con el fin de resguardar el derecho a la intimidad en uno de los lugares donde precisamente la persona desarrolla el mayor número de actividades de índole privada personal y familiar, el constituyente hondureño determinó la necesidad de declarar en el artículo 99 Superior la inviolabilidad del domicilio, como instrumento para la salvaguarda de aquel derecho, en éste ámbito específico. El Domicilio es el espacio físico delimitado estructuralmente, bajo el dominio, uso o goce de una o más personas determinadas, destinado para realizar en él, de manera permanente o temporal, un conjunto de actos privados, generalmente emancipados de las normas sociales imperantes en el exterior. El domicilio comprende no solo el lugar o edificación de la residencia, sino cualquier extensión que la componga, como patios interiores, bodegas, sótanos, etc. que se interconecten entre si y en donde se evidencia que forman parte de un todo, conforme lo conceptualiza el artículo 220 del Código Penal.- Son elementos del Domicilio: A).- Elementos Objetivos: 1).- Espacio físico, debidamente delimitado y separado del exterior por una estructura; 2).-Que se impida desde el exterior acceso visual de todos los espacios internos de la estructura; 3).- Que sea apto para el desarrollo de la vida privada.- B).- Elementos Subjetivos: 1).-Que el espacio físico esté siendo usado –permanente o temporalmente- para el desarrollo de la esfera privada de la vida; 2).- Aprovechar las condiciones físicas estructurales para excluir la participación de terceros en las actividades de la vida de las personas, segregando los mismos a dicho espacio.- En conclusión, el domicilio, con independencia de la relación jurídica entre el lugar y sus moradores, puede consistir en una estructura natural o artificial, mueble o inmueble, siempre que sea un ambiente cerrado al cual solo tengan acceso aquellas personas que moran en el, usándolo para resguardar sus actos y posesiones íntimas.- Ahora bien como consecuencia de la inviolabilidad del Domicilio, ningún ingreso o registro podrá verificarse sin el consentimiento de cualquiera de las personas que lo habitan o sin que sea por cumplimiento de una orden emanada de autoridad competente, es decir, que como regla general el ingreso a un domicilio debe hacerse cuando ha mediado el consentimiento de sus moradores y excepcionalmente como cumplimiento de una orden emitida por autoridad competente o cuando exista una causa de gravedad calificada, de ahí la diferencia entre un ingreso y/o registro autorizado, un allanamiento como acto investigativo y un allanamiento ante un Estado de Necesidad o delito flagrante: 1).- Ingreso y/o registro Autorizado es el permiso otorgado por cualquier persona mayor de edad que more en el domicilio para que un tercero ajeno a éste ingrese y, en algunas ocasiones, pueda hacer un registro como acto de investigación, pudiendo efectuarse a cualquier hora, en cualquier día y que tendrá validez para efectos procesales siempre que se sigan las siguientes reglas: i).- Que la persona a ingresar se identifique de manera previa como autoridad en el ejercicio de su cargo, explicándole las consecuencias en caso de encontrar dentro del interior de la vivienda indicios relacionados con un delito; ii).- Que una persona mayor de edad que more el domicilio se manifieste de acuerdo con el ingreso, documentando su consentimiento en acta u hoja de autorización donde estampe su firma o huella dactilar; iii).- Hacerse acompañar los Agentes de la Autoridad, de ser posible, de dos personas que sirvan de testigos de la diligencia, ajenos al domicilio y ajenos a la institución donde trabajen las personas que solicitan el ingreso; iv).- Solo podrán ingresar al domicilio las personas autorizadas por el morador, por lo que vecinos, medios de comunicación y demás no podrán ingresar si no están autorizados; v).- Que se le permita a uno de los moradores, mayor de edad, presenciar el acto de ingreso y registro, siempre que no exista peligro para la vida y que no vaya a entorpecer el resultado de la diligencia; vi).- Los agentes de la autoridad deberán de abandonar el domicilio de manera inmediata y en cualquier momento, a petición de la persona que autorizó el ingreso; vii).- Dejar constancia en acta de todo lo actuado inventariando los objetos que hayan sido decomisados, de la cual tendrá derecho a una copia la persona que autorizó el ingreso al domicilio.- 2).- El allanamiento de un lugar como un acto de investigación consistente en la penetración de un determinado recinto aislado del exterior, sin la autorización de sus moradores, con la finalidad de buscar, identificar y recoger fuentes de investigación y/o a la propia persona del imputado. El Código Procesal Penal, en su artículo 212, establece que la autoridad competente para emitir la orden de allanamiento a que se refiere el artículo 99 de la Constitución de la República es el órgano jurisdiccional que ejerza su competencia en el lugar donde se encuentre el domicilio. Establece el artículo 99 de nuestro Texto Fundamental que el allanamiento, aun con orden judicial deberá de realizarse entre las seis de la mañana y las seis de la tarde. El Constituyente dispuso que el Estado de Honduras, en las diligencias que practique en busca de la aplicación de la ley, deberá de actuar sin ampararse de la oscuridad de la noche, ergo deberá de actuar a la luz del día, posibilitando que todas las personas puedan ver y saber las acciones que realiza el Estado en aras de la seguridad pública.- El propósito de que la ley establezca que solamente un Órgano jurisdiccional podrá ordenar el allanamiento de un domicilio es debido a que el Tribunal evaluará la necesidad y proporcionalidad, entre el principio pro-Societate de la persecución e investigación de un hecho delictivo y la garantía constitucional a la inviolabilidad del domicilio, para la práctica de estas diligencias. El Órgano Jurisdiccional, bajo su responsabilidad, podrá ordenar un allanamiento, cuando resulte LA NECESIDAD RACIONAL para su práctica, dadas las evidencias que hasta ese momento se cuenten como producto de las investigaciones realizadas por los entes Policiales. Todas las diligencias relacionadas con las investigaciones, incluyendo el allanamiento deberán de mantenerse en secretividad hasta su práctica, con el fin de garantizar el resultado del mismo, tal y como se contempla en el artículo 278 del Código Procesal Penal. El Decreto Judicial que ordene la práctica de un allanamiento deberá de reunir los requisitos señalados en el artículo 213 del Código Procesal Penal, ordenado por el Órgano Jurisdiccional con competencia en el lugar en donde se lleve a cabo. Aun con orden judicial, el allanamiento que se practique irrespetando el protocolo contemplado para el efecto en los artículos 214 y 215 del Código procesal Penal, será calificado como ilegal.- 3).- Finalmente, en cuanto a los allanamientos por un Estado de Necesidad o delito flagrante, establece el artículo 99 de la Constitución que se exceptúa a lo anterior, es decir que se podrá realizar un allanamiento sin autorización de las personas que lo habitan o sin orden de autoridad competente y aun fuera de las horas establecidas para ello, cuando sea con el objeto de impedir la comisión de un delito, para impedir la impunidad de delitos, para evitar daños graves a la persona o para impedir daños graves a la propiedad. Lo anterior es desarrollado por el Código Procesal Penal en su artículo 212, estableciendo los supuestos en donde el Ministerio Público podrá ordenar un allanamiento sin orden judicial y los supuestos en donde la autoridad policial, sin orden judicial y sin orden del Ministerio Público puede practicar un allanamiento: A).- El Ministerio Público, cuando no pueda obtener autorización judicial para la práctica de un allanamiento o cuando el trámite para la obtención de la misma represente grave peligro de perder el objetivo de su ejecución, podrá ordenar su práctica: i).- Ante casos de flagrancia, entendiéndose como tal cuando la persona sea sorprendida cometiendo el delito, cuando la persona se dirija a cometer el delito o cuando sea sorprendida inmediatamente después de cometida el delito, tal y como lo conceptualiza el artículo 175 No. 1 del Código Procesal Penal; ii).- Cuando la medida sea necesaria para evitar la comisión de un delito; iii).- Para evitar la fuga de un delincuente; iv).- Para evitar la pérdida o destrucción de pruebas o evidencias; v).- En los casos en que la Policía Nacional pueda practicar un allanamiento por propia iniciativa en casos urgentes.- El Ministerio Público, en estos casos, solicitará a la autoridad Judicial competente en forma inmediata la convalidación del acto, fundamentando el porqué no se pudo obtener la autorización correspondiente y acompañando el fundamento que motivó la práctica de la diligencia.- B).- La Policía Preventiva o la Dirección General de Investigación Criminal, cuando no pueda obtener autorización del Ministerio Público o autorización judicial por medio del Ministerio Público para la práctica de un allanamiento o cuando el trámite para la obtención de la misma represente grave peligro de perder el objetivo de su ejecución, podrá practicarlo: i).- Cuando exista noticia fundada de que una persona extraña a las que habitan una morada, casa, lugar en que viva una persona, fue vista en el momento en que se introducía a esta en circunstancias inusuales; ii).-Cuando la persona que es perseguida para su captura, entra a una casa habitada, sea propia o ajena; iii).- Cuando de una morada, se oyen voces o gritos de alarma que pongan de manifiesto que se está cometiendo un delito o que alguien solicita auxilio; iv).- Cuando el allanamiento se haga necesario por causa de incendio, terremoto, inundación, epidemia u otro peligro semejante, para efectos de impedir o minimizar los dados a la vida y a los bienes. En estos casos, la autoridad policial deberá, en lo posible, hacerse acompañar de dos testigos que no tengan ninguna vinculación con los cuerpos de investigación, levantando el acta respectiva de lo actuado, la que deberá de ser firmada por los agentes policiales y por las personas en cuya presencia se haya realizado la diligencia o en su caso, se deberá de consignar su negativa de no hacerlo. Los Agentes de Policía pondrán en conocimiento inmediatamente al Ministerio Público sobre la práctica del allanamiento, para que éste sin demora alguna solicite su convalidación a la autoridad judicial correspondiente, explicando las razones por las cuales no se pudo obtener la misma en forma previa y acompañando el fundamento para la práctica de la diligencia.- V.- De la Procedencia del Recurso: El Recurso es de Recibo: Es criterio de la Sala de lo Penal que el Tribunal de Sentencia efectivamente hizo una interpretación errónea del artículo 99 de la Constitución de la República, desarrollando argumentos que se contraponen a la norma superior citada. Por una parte los Juzgadores, no dan crédito a las declaraciones rendidas por el acusado C. M. E. y su compañera de hogar S. G., quienes alegan no haber autorizado el ingreso a su domicilio, concluyendo que los policías T. C. M. y P. A. M. C., fueron debidamente autorizados por la Señora G. para ingresar y registrar la vivienda, sin embargo y pese a ello, califican a dicho ingreso como un allanamiento ilegal, exigiendo a los agentes de policía que debieron realizar más diligencias de investigación, como vigilancias, para comprobar la veracidad de la denuncia anónima recibida y que apuntaba a que en dicho lugar se daba la venta de drogas. En este sentido debemos señalar en primer término que en el caso bajo examen no estamos ante un allanamiento, sino que ante un registro autorizado, y en segundo término, que la exigencia de actuaciones de investigación previa no deriva de la ley, sino que es un aspecto de estrategia policíaca a efectos de garantizar el resultado de la operación, aconsejable en todos los casos mas no exigible para efectos de determinar la ilicitud de las actuaciones. La norma constitucional exige que el ingreso haya sido consentido de manera libre por uno de los moradores del domicilio y que la entrada y registro de la autoridad haya estado amparada en todo momento por dicho consentimiento, lo que a criterio del Tribunal de Sentencia aconteció en el caso analizado, sin contraponer algún vicio en el consentimiento.- En consecuencia, el Tribunal de Sentencia al declarar ilícito el allanamiento efectuado en fecha diez de abril de dos mil cuatro, así como todas las actuaciones que se desprendieron de éste, hace una errónea interpretación del artículo 99 de la Constitución de la República, por lo que es procedente declarar con lugar el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional en su primer motivo.- VI.- RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL DENUNCIANDO, COMO SEGUNDO MOTIVO, INOBSERVANCIA DE LOS ARTÍCULOS 145 Y 147 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, SEÑALANDO COMO PRECEPTO AUTORIZANTE EL ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL y RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY, DENUNCIANDO INOBSERVANCIA DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY SOBRE EL USO INDEBIDO Y TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, CITANDO COMO PRECEPTO AUTORIZANTE EL ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, AMBOS INTERPUESTOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO.- I.- En su segundo motivo, el Censor señala que es procedente el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en tanto que los juzgadores han inobservado los artículos 145 y 147 de la Constitución de la República, el primero de los cuales reconoce el derecho de todas las personas a la protección de la salud y el segundo señala la obligación del Estado de Honduras de regular la producción, tráfico, tenencia, donación, uso y comercialización de drogas psicotrópicas. Indica el Censor que dichas normas superiores fueron inobservadas como consecuencia de que los Juzgadores no reconocieron en las actuaciones realizadas por los Policías T. C. M.y P. A. M. C., el cumplimiento de la obligación de preservar la salud de la comunidad, dictando una sentencia absolutoria a favor del acusado C. M. E..- II.- En el Recurso de Casación por Infracción de Ley, el Censor señala que el Tribunal de Sentencia inobservó el artículo 18 de la Ley Sobre el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, por cuanto el hecho declarado probado encaja en el tipo penal descrito en la norma citada, destacando que si bien en aquel se señala que el ingreso a la vivienda por los policías fue sin mediar una orden judicial, en ningún momento se relaciona que dicho ingreso fuese ilícito, por lo que debió aplicarse la norma penal especial y como consecuencia se debió dictar una sentencia condenatoria en contra del encartado C. M. E..- III.- La Sala de lo Penal, en aras de preservar la congruencia entre las pretensiones de las partes y los pronunciamientos contenidos en el fallo, y habiéndose declarado con lugar el primer motivo del recurso de casación por infracción de una norma constitucional, considera innecesario pronunciarse respecto al segundo motivo del recurso de casación por infracción de precepto constitucional y respecto al único motivo del recurso de casación por infracción de ley, interpuestos por la Representación del Ministerio Público. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 361 del Código Procesal Penal.- FALLA: I.-Declarando CON lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su primer motivo, interpuesto por el Ministerio Público; II.- Decretando la NULIDAD de la sentencia impugnada de fecha tres (03) de septiembre y del debate que le origina celebrado en fecha veintisiete (27) de agosto, ambos del año dos mil nueve (2009). Y MANDA I.- que observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, proceda a celebrar un nuevo debate en el presente caso, en el cual deberán de participar Jueces de Sentencia distintos a los que concurrieron a emitir la sentencia de fecha tres de septiembre de dos mil nueve; II.- Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- MAGISTRADO PONENTE CALIX VALLECILLO.NOTIFÍQUESE.- FIRMA Y SELLO.- RAÚL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO.- MAGISTRADO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNÁNDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.-”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil doce.- Certificación de la Sentencia de fecha diecinueve de septiembre de dos mil doce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No.S.P.11=2010.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL

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[1] Código Procesal Comentado. República de Honduras, “Proyecto de Fortalecimiento del Poder Judicial de Honduras” ISBN 99926-20-45-5 PÁG. 375