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Sentencia CP-96-09 — Registro 2124

Resumen

El imputado en primera instancia es condenado por el delito de trafico de drogas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“Argumenta el recurrente que la sentencia impugnada ha infringido el Artículo 99 constitucional que tutela el derecho a la inviolabilidad del domicilio, y el Artículo 321 del mismo Texto Fundamental que dispone: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las expresamente les confiere la Ley. Todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad”, en relación el artículo 212 del Código Procesal Penal relativo al procedimiento para la práctica del allanamiento de morada. Reprocha que el Ministerio Público, una vez practicado el allanamiento, debió ponerlo inmediatamente en conocimiento del Juez competente, para que éste convalidara o anulara, total o parcialmente lo actuado. Asimismo, que de acuerdo al Artículo 99 de la Constitución de la República, la autoridad policial que practique el allanamiento debió hacerse acompañar de dos (2) testigos mayores de edad, sin vinculación con los cuerpos de investigación. Agrega el Censor, que de los hechos probados resultó acreditado que fue “con la autorización de la señora MARTHA YESENIA RIVERA, esposa de Marco Sánchez Arce, con quien convivía en dicha casa fueron encontrados en una cómoda de madera un revólver calibre 357 mágnum, marca Smith & Wesson, modelo 66-3 serie BJH 2308, niquelada y siete proyectiles del mismo calibre y un revólver calibre desconocido, sin marca, serie 33782 y seis proyectiles calibre 38 especial y dinero en efectivo en billetes de varias denominaciones, los cuales hicieron un total de tres mil ochocientos diecinueve lempiras (L.3819.00)y un dólar americano ($1.00), y en el área de la cocina por debajo del fogón un falso compartimiento dentro del cual se encontraron 21 bolsas conteniendo polvo blanco que resulto ser cocaína, los cuales pesaban un gramo cada una, totalizando 248.13 gramos, también se encontraron bolsas plásticas vacías y una balanza electrónica”. El recurrente advierte que la autoridad que practique un allanamiento deberá, de manera imperativa, concurrir ante el Juez de Garantías para que se convalide dicho acto, situación que no concurrió en las presentes diligencias, por lo que estima que la actuación de la Policía y el Representante del Ministerio Público, que no obtuvo convalidación de lo actuado, conforme el artículo 212 del Código Procesal Penal, es un acto viciado. Señala que la autorización debió ser un “Acto voluntario y consentido” pero que en el presente caso, por lógica se entiende que cualquier mortal al ver personas armadas, uniformadas, con pasamontañas reacciona firmando cualquier documento, además que por experiencia deduce que la autoridad primero ingresó al local o vivienda y hasta que aseguró el lugar obtuvo la autorización, por lo que estima que se ha actuado en abierta vulneración de preceptos constitucionales y legales. Esta Sala de lo Penal, no observa que en el presente caso se haya infringido la garantía constitucional de inviolabilidad del domicilio. Lo anterior, en atención a que el ingreso para que la autoridad policial acompañada del Fiscal respectivo, practicara el registro a la vivienda del imputado, fue debidamente autorizado por la esposa de este, persona mayor de edad con quien compartía dicha vivienda. No consta de autos que la legalidad o autenticidad de la autorización de ingreso a la vivienda del imputado haya sido objetada de cuestionada en juicio, de ahí que resulta váliddkdkdkdkkk por ahí que al resultar válido el mismo, también lo son los efectos o hallazgos producto del registro practicado por los agentes de la autoridad, en este caso concreto las pruebas físicas consistentes en: armas, el dinero incautado y concretamente las veintiún bolsas conteniendo polvo blanco de cocaína, totalizando 248.13 gramos, bolsas plásticas vacías y una balanza electrónica, indicios que el Tribunal de Juicio estimó determinantes para vincular al acusado con el tráfico ilícito de Drogas. Obviamente que la autorización de ingreso a la vivienda, no requiere para su validez en juicio, de su sometimiento al procedimiento especial de convalidación judicial ante un Juez de Garantías, pues en realidad, no se trata propiamente de un allanamiento de morada, sino de un “ingreso autorizado” por una persona cotitular del derecho fundamental afectado, a la inviolabilidad del domicilio, derecho del que su morador le está permitido disponer libremente. Como se ha mencionado, en el presente caso, tal autorización no fue objetada, ni sometida a cuestionamiento en juicio, o alegado algún vicio que haya afectado la voluntad y/o consentimiento de la otorgante del ingreso previo a su realización. Esta Sala no cuenta con elemento de juicio alguno, conducente a dudar de la legalidad del otorgamiento de la autorización de ingreso a la vivienda del acusado. Por lo expuesto el motivo de casación invocado por el recurrente es desestimado. “

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de enero de dos mil doce, por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO en su calidad de Coordinador, RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO y JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto contra la sentencia de fecha trece de noviembre de dos mil ocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Trujillo, Departamento de Colón, mediante la cual condenó a M. S. A., mayor de edad, casado, de oficio albañil, hondureño y con domicilio en el Municipio de Bonito Oriental, Departamento de Colón, como autor responsable del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena principal de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN, y multa por UN MILLON DE LEMPIRAS (L.1,000,0000.00), más las accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena principal.- Interpuso el Recurso de Casación el Abogado O. F. R., mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en la ciudad de Tocoa, Departamento de Colón, actuando en su condición de Apoderado Legal del señor M. S. A..- SON PARTES: El abogado J. E. A. C., Apoderado sustituto del acusado señor M. S. A., como parte recurrente; y, el Abogado R. M. A., Representante del Ministerio Público, como parte recurrida. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- “HECHOS PROBADOS Este Tribunal declaró expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: “Primero: El treinta de marzo del año dos mil cuatro, en las oficinas de la Dirección de la Investigación Criminal de la ciudad de Catacamas, se presento una persona que era un informante denunciando que en la aldea de carbónales, Municipio de Bonito Oriental, Departamento de Colón, dos personas, M. S. A. a quien conocía con el sobrenombre de M. “t. “ y M., se dedicaban desde sus casa a la distribución de droga, por lo que estaba en disposición de llevarlos hasta el lugar de sus viviendas, al escuchar la noticia criminis, en forma conjunta los Agentes de la Dirección de Investigación Criminal, I. J. O. P. y los miembros de la Policía de Lucha Contra el Narcotráfico, R. V. E. y J. A. P. H. y el Abogado J. C. M. en representación del Ministerio Publico, montaron un operativo dirigiéndose a la aldea de Carbonales, Municipio de Bonito Oriental, Departamento de Colón. Segundo: En fecha primero de abril del año cuatro mil cuatro entre las seis treinta y siete de la mañana, agentes de la Dirección General de Investigación Criminal conjuntamente con los Agentes de Policía de Lucha contra el Narcotráfico, procedentes del Departamento de Olancho, mediante la autorización de la señora Ma. Y. R., esposa de M. S. A., con quien convivía en la misma casa de habitación, allanaron la vivienda, ubicada en la aldea de carbonales jurisdicción del Municipio de Bonito Oriental, Departamento de Colón, encontrando en una cómoda de madera un revolver calibre 357 mágnum, marca Smith & Wesson, modelo 66-3 serie BJH 2308, niquelada y siete proyectiles del mismo calibre y un revólver calibre desconocido, sin marca, serie, 33782 y seis proyectiles calibre 38 especial y dinero en efectivo en billetes de varias denominaciones, los cuales hicieron un total de tres mil ochocientos diecinueve lempiras (L.3,819.00) y un dólar americano ($1.00), y en el área de la cocina por debajo del fogón un falso compartimiento dentro del cual se encontró 21 bolsas conteniendo de polvo blanco que resulto ser cocaína, las cuales pesaban un gramo cada una, totabilizando 248.13 gramos, también se encontraron bolsas plásticas vacías y una balanza electrónica.” III.- El recurrente desarrolló su recurso de la siguiente manera: “EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION[1] PRIMER MOTIVO: Infracción, por violación al artículo 99 de la Constitución de la República que refiere la Inviolabilidad del domicilio en relación con el artículo 212 del Código Procesal Penal y el 321 de la misma Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: El precepto Constitucional que se cita como Infringido textualmente dice: “Artículo 99: El domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente. No obstante puede ser allanado, en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a la persona o a la propiedad. Exceptuándose los casos de urgencia, el allanamiento del domicilio no puede verificarse de las seis (6) de la mañana, sin incurrir en responsabilidad. La Ley determinará los requisitos y formalidades para que tenga lugar el ingreso, registro o allanamiento, así como las responsabilidades en que pueda incurrir quien lo lleve a cabo”. Por su parte el articulo 321 de la Constitución de la República establece: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las expresamente les confiere la Ley. Todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad” De igual forma el artículo 212 del Código Procesal Penal establece: “El allanamiento de una morada, casa o lugar en que viva una persona, sólo podrá efectuarse previa orden escrita del órgano jurisdiccional competente. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable en caso de flagrancia o cuando la medida sea necesaria para impedir la comisión de un delito, para evitar la fuga de un delincuente o la destrucción, perdida u ocultamiento de las pruebas o evidencias con miras a lograr la impunidad de los responsables y no sea posible esperar el tiempo necesario para solicitar la autorización judicial. En estos casos, el Ministerio Público, una vez practicado el allanamiento, lo pondrá inmediatamente en conocimiento del Juez competente, al que explicará las razones que lo determinaron. El Juez, por auto motivado, convalidará o anulará, total o parcialmente, lo actuado. En lo demás, se estará a lo dispuesto por el Artículo 99 de la Constitución de la República. Quedaran comprendidos dentro de lo dispuesto en el párrafo anterior, los casos siguientes: 1. Cuando exista noticia fundada de que una persona extraña a las que habitan una morada, casa, lugar en que viva una persona, fue vista en el momento en que se introducía a ésta en circunstancias inusuales; 2) Cuando la persona es perseguida para su captura, entra a una casa habitada, sea propia o ajena; 3) Cuando de una morada, se oyen voces o gritos de alarma que pongan en manifiesto que se está cometiendo un delito o que alguien solicita auxilio; y, 4) Cuando el allanamiento se haga necesario por causa de incendio, terremoto, inundación, epidemia y otro peligro semejante. En los casos contemplados en los numerales precedentes la autoridad policial que practique el allanamiento deberá, en lo posible, hacerse acompañar de dos (2) testigos mayores de edad que no tengan vinculación alguna con los cuerpos de investigación. Concluido el allanamiento se levantará acta que firmarán quienes hayan participado en el mismo y aquellos en cuya presencia se efectuó. Si se negare a hacerlo, se hará constar esta circunstancia y las razone que aduzca para ello. Por su parte el Tribunal sentenciador al emitir su fallo, estimó como hechos probados los siguientes: “PRIMERO: El treinta de marzo del año dos mil cuatro, en las oficinas de la Dirección de la Investigación Criminal de la ciudad de Catacamas, se presentó una persona que era informante denunciando que en la Aldea de Carbónales, Municipio de Bonito Oriental, Departamento de Colón, dos personas, M. S. A. a quien conocía con el sobrenombre de M. “T.” y M. se dedicaban desde su casa a la distribución de droga, por lo que estaba en disposición de llevarlos hasta el lugar de sus viviendas, al escuchar la noticia criminis, en forma conjunta los Agentes de la Dirección de Investigación Criminal, I. J. O. P. y los miembros de la Policía de Lucha Contra el Narcotráfico, R. V. E. y J. A. P. H. y el Abogado J. C. M. en representación del Ministerio Público, montaron un operativo dirigiéndose a la aldea de Carbónales, Municipio de Bonito Oriental, Departamento de Colón. SEGUNDO: En fecha primero de abril del año dos mil cuatro, entre las seis treinta y siete de la mañana, agentes de la Dirección General de Investigación Criminal conjuntamente con los Agentes de Policías de Lucha contra el Narcotráfico procedentes del Departamento de Olancho, mediante la autorización de la señora M. Y. R., esposa de M. S. A., con quien convivía en la misma casa de habitación, allanaron la vivienda, ubicada en la aldea de Carbonales jurisdicción del Municipio de Bonito Oriental, Departamento de Colón, ( Lo subrayado y en cursiva es propio) encontrando en una cómoda de madera un revólver calibre 357 mágnum, marca Smith&Wesson, modelo 66-3 serie BJH 2308, niquelada y siete proyectiles del mismo calibre y un revólver calibre desconocido, sin marca, serie 33782 y seis proyectiles calibre 38 especial y dinero en efectivo en billetes de varias denominaciones, los cuales hicieron un total de tres mil ochocientos diecinueve lempiras (L.3819.00)y un dólar americano ($1.00), y en el área de la cocina por debajo del fogón un falso compartimiento dentro del cual se encontró 21 bolsas conteniendo de polvo blanco que resulto ser cocaína, los cuales pesaban un gramo cada una, totalizando 248.13 gramos, también se encontraron bolsas plásticas vacías y una balanza electrónica.” De los hechos declarados como probados, antes relacionados, el Tribunal Sentenciador ha establecido que a raíz del allanamiento practicado por los Agentes de la autoridad de la Lucha contra el Narcotráfico procedentes del Departamento de Olancho y mediante la autorización de la señora M. Y. R., esposa de M. S. A., con quién convivía en la misma casa de habitación, encontraron en el interior de la casa, específicamente en el área de la cocina por debajo del fogón en un compartimiento falso 21 bolsas conteniendo polvo blanco que resulto ser cocaína, las cuales pesaban un gramo cada una, totabilizando 248.13 gramos, también se encontraron bolsas plásticas vacías y una balanza electrónica. Sobre el punto específico de allanamiento practicado por la autoridad policial fundamentado únicamente en un documento denominado “Autorización” (lo subrayado y en negrilla es mío) que firmará la señora M. Y. R. en fecha 01, día jueves es que va dirigido el reproche de este recurso contra la sentencia que impugnamos, de acuerdo a las consideraciones fácticas y jurídicas siguientes: Del fallo anteriormente citado se demuestra que el Tribunal reprochado en los hechos probados ha reconocido que la acción desplegada por la autoridad policial después de un informante trasladara la información de que en la casa de habitación del ciudadano M. S. A. se distribuía al público droga y que diera lugar al allanamiento de la morada del antes mencionado además de ser correcta, es legal ya que a su criterio dicho allanamiento fue realizado al tenor del m. l., y además argumentando que al no haber sido cuestionado en relación a su origen, ni legalidad muy a pesar de que las firmas que acompañan el acta de allanamiento son las de agentes la misma es válida. Es este orden de ideas, también el Tribunal reprochado destaca que existe una autorización firmada de un cohabitante de la misma casa que no ha sido cuestionada, otorgándole amplio valor probatorio a este documento denominado acta de allanamiento y autorización de ingreso a vivienda. El ataque a la sentencia que condena a mi representado, tiene como finalidad fundamental que a través de este recurso se pueda enmendar tan evidente error que constituye una abierta violación al precepto constitucional que encierra uno de los tantos derechos individuales que reconoce la carta fundamental a todos los habitantes de este país, como lo es el de la inviolabilidad del domicilio. El artículo 99 constitucional claramente establece que “Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente” (lo subrayado y en negrilla es propio)y es aquí, honorable Tribunal Ad, Quem que el sentenciador lejos de ser el verdadero garante de la legalidad tal y como se lo ordena los diferentes preceptos constitucionales y procesales ha dado lugar a que se irrespete uno de los derechos individuales que el constituyente aprobó a favor de todos los habitantes de nuestro país. En primera instancia, el legislador reconoce el derecho fundamental de que toda persona goce de la inviolabilidad del domicilio y que sólo bajo ciertas formalidades es que la autoridad competente podrá conculcar el mismo, no sin antes señalar que de ser así, esto es de allanarse el domicilio de una persona, la autoridad que practique dicho acto, deberá de manera imperativa concurrir ante el Juez garante para que con arreglo a derecho se convalide dicho acto, situación que no concurrió en las presentes diligencias por cuanto la actuación desarrollada por los elementos de la Policía y supervisada por el Fiscal del Ministerio Público, no culminó con la convalidación del Juez de garantías tal y como lo preceptúa el artículo 212 del Código Procesal Penal, tornándose entonces el acto de allanamiento en viciado por cuanto se irrespetó la norma constitucional contenida en el artículo 99 relacionada con el 212 de la norma procesal adjetiva. Sobre el acto denominado como “Autorización” a la que el Tribunal A. Quen le da plena credibilidad y validez, honorable Tribunal es meritorio reflexionar si efectivamente dicha autorización constituye un “Acto voluntario y consentido” ( Lo subrayado, en negrilla y cursiva es propio) de quien lo haga, en este caso y tal y como consta de la señora compañera de hogar del ahora encartado señor M. S. A.. Para tal efecto, basta hacer una revisión al folio dieciséis (16) del expediente de mérito para darnos cuenta de que se trata de un simple documento en el que bajo la denominación de autorización se está vulnerando un derecho individual como lo es la “Inviolabilidad del Domicilio” ya que si aplicamos la sana crítica, específicamente la regla de la lógica, y las máximas de la experiencia común nos daremos cuenta que cualquier ser mortal en el uso de sus sentidos al ver llegar personas armadas, uniformadas, con pasamontañas reacciona firmando cualquier documento que la autoridad le coloque en primera instancia y seguidamente la experiencia común nos dice que la autoridad primero ingresa al local o vivienda y es hasta que asegura el mismo, que la autoridad policial obtiene la autorización del habitante de la vivienda cuando se entiende del texto constitucional que esta autorización debe ser anterior al mismo acto del allanamiento porque si no se estaría en abierta violación al derecho ya supra-mencionado. Cabe destacar que la norma constitucional vulnerada en el presente caso (artículo 99 constitucional) nos remite al artículo 212 del Código Procesal Penal, que desarrolla en todo su contexto los requisitos de procedibilidad para que este derecho individual pueda ser limitado o conculcado por autoridad competente siempre y cuando se cumplan todos sus requisitos. Debemos de comenzar señalando que la regla contenida en dicha norma es que “el allanamiento de una morada, casa o lugar en que viva una persona, sólo podrá efectuarse previa orden escrita del órgano jurisdiccional competente” (lo subrayado, en negrilla y cursiva es propio). Si revisamos detenidamente las presentes diligencias fácilmente vamos a encontrar que la autoridad policial nunca obtuvo la orden a que hace alusión el primer párrafo del artículo 212 procesal, que no cabe la menor duda se trata del Juez competente, lejos de acudir al Tribunal competente para llenar este requisito, se desplazan con el Fiscal J. C. M., quien no representa obviamente a la autoridad judicial que ordena dicho precepto y practican un allanamiento fundamentándose únicamente en una nota de autorización que como ya lo mencioné carece de objetividad ya que no es firmada libre de coacción y ni siquiera consigna la fecha y el día en que se realizó el allanamiento ni mucho menos fue firmada por los dos (2) testigos mayores de edad que no tengan vinculación con los cuerpos de investigación (Lo subrayado y en negrilla es nuestro), más bien para dejar clara la abierta violación a la norma constitucional (art. 99) relacionada con la norma procesal (art 212) el sentenciador reconoce que el acta de autorización FUE FIRMADA POR AGENTES DE LA POLICIA, (Lo destacado en mayúscula y en negrilla es nuestro) configurándose con ello una abierta vulneración a dicho precepto constitucional. El suscrito Censor, no puede desconocer que a pesar de que el Fiscal que acompañaba esta operación policial, es autoridad en este país, con facultades ya establecidas en su ley orgánica así como en el mismo Código Procesal Penal, no menos cierto es que como representante de la sociedad en general, estaba obligado a PONER EN CONOCIMIENTO INMEDIATAMENTE DEL JUEZ COMPETENTE, DEBIENDO DE HABER EXPLICADO LAS RAZONES QUE LE DETERMINARON PARA ORDENAR EL ALLANAMIENTO PARA QUE EL JUEZ DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES, MEDIANTE AUTO MOTIVADO, CONVALIDARA O ANULARA, TOTAL O PARCIALMENTE, LO ACTUADO POR EL FISCAL (Lo destacado y en negrilla es nuestro) situación que no sucedió en el caso de mérito por cuanto no aparece por ningún lado del expediente que el Fiscal hubiese comparecido ante el Juez a convalidar todo lo actuado. Lejos de eso, se encontró evidencia y se inicio un juicio que al haberse desarrollado bajo violación de precepto constitucional ha quebrantado el estado de inocencia de mi representado pero a costa de soslayar normas constitucionales y procesales que justifica ser corregido cuanto antes, por vos, Ilustre Tribunal, a fin de restablecer el orden constitucional que ha sido abiertamente vulnerado al haberse proferido esta fallo. Si bien es cierto, el Fiscal puede ordenar el allanamiento de la morada en casos de flagrancia o cuando la medida sea necesaria para impedir la comisión del delito, para evitar la fuga de un delincuente o la destrucción, perdida y ocultamiento de las pruebas o evidencias con miras a lograr la impunidad de los responsables y no sea posible esperar el tiempo necesario para solicitar la autorización judicial, no menos cierto es que si así fuere el caso, practicado el allanamiento sin la correspondiente orden judicial es imprescindible la convalidación de todo lo actuado ante el Juez para que sea éste funcionario judicial el que revise y apruebe o desapruebe dicha actuación. Sin embargo en este caso Honorable Tribunal no ha sucedido así y más bien el sentenciador lejos de corregir sendo entuerto jurisdiccional ha reconocido que aun y cuando la autorización no fue firmada por los testigos que manda el 212 procesal al no ser controvertido en juicio se tiene que tener por válido, lo que constituye una verdadera afrenta al Estado de Derecho que manda a los servidores del Estado a someterse al imperio de la Ley y a preñar todas sus actuaciones bajo el m. de la legalidad, pero que en el caso de la sentencia recurrida no sucedió así. Aunado a lo ya manifestado, no está de más señalar, que al verificarse el allanamiento sin observar tanto las formalidades anteriores como posteriores, toda la prueba encontrada en la casa de habitación de mi representado carece de eficiencia probatoria por cuanto tanto los hechos como los actos desarrollados por el Fiscal y la Policía se hicieron en abierta vulneración de derechos y garantías procesales que han sido establecidas en la constitución de la República así como en Convenios Internacionales relativos a Derechos Humanos de los que nuestro país forma parte, así de todos aquellos elementos que son consecuencia necesaria del acto primigenio. Me refiero específicamente a la supuesta cocaína encontrada en el fogón de la cocina así como las bolsas plásticas vacías y la balanza electrónica encontrada en la misma casa de habitación ilegalmente allanada, lo que viene a confirmar una vez más, que lejos de que el Tribunal sentenciador asumiera su papel de ser garante de la legalidad, con el fallo recurrido se convierte en un Tribunal que ha inobservado Derechos fundamentales que estaba obligado a respetar y hacer prevalecer el Estado de Derecho que Honduras ha promulgado en el artículo 1 constitucional. Es por ello, que éste representante de la Diosa Temis, comparece ante vos, Honorable Tribunal para que hagáis resplandecer la justicia dictando la sentencia que venga a hacer prevalecer el Estado de Derecho Constitucional que con el fallo de fecha 13 de noviembre de 2008 se pone en entredicho al haberse proferido prescindiendo de la cobertura constitucional que debe prevalecer en todo acto jurisdiccional y que a través del recurso de mérito se busca su restablecimiento.” RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL IMPUTADO M. A. S., BASADO EN LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 99 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA QUE SE REFIERE A LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO, EN RELACIÓN CON EL ARTICULO 212 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL Y EL 321 DEL MISMO TEXTO FUNDAMENTAL.- Argumenta el recurrente que la sentencia impugnada ha infringido el Artículo 99 constitucional que tutela el derecho a la inviolabilidad del domicilio, y el Artículo 321 del mismo Texto Fundamental que dispone: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las expresamente les confiere la Ley. Todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad”, en relación el artículo 212 del Código Procesal Penal relativo al procedimiento para la práctica del allanamiento de morada. Reprocha que el Ministerio Público, una vez practicado el allanamiento, debió ponerlo inmediatamente en conocimiento del Juez competente, para que éste convalidara o anulara, total o parcialmente lo actuado. Asimismo, que de acuerdo al Artículo 99 de la Constitución de la República, la autoridad policial que practique el allanamiento debió hacerse acompañar de dos (2) testigos mayores de edad, sin vinculación con los cuerpos de investigación. Agrega el Censor, que de los hechos probados resultó acreditado que fue “con la autorización de la señora M. Y. R., esposa de M. S. A., con quien convivía en dicha casa fueron encontrados en una cómoda de madera un revólver calibre 357 mágnum, marca Smith & Wesson, modelo 66-3 serie BJH 2308, niquelada y siete proyectiles del mismo calibre y un revólver calibre desconocido, sin marca, serie 33782 y seis proyectiles calibre 38 especial y dinero en efectivo en billetes de varias denominaciones, los cuales hicieron un total de tres mil ochocientos diecinueve lempiras (L.3819.00)y un dólar americano ($1.00), y en el área de la cocina por debajo del fogón un falso compartimiento dentro del cual se encontraron 21 bolsas conteniendo polvo blanco que resulto ser cocaína, los cuales pesaban un gramo cada una, totalizando 248.13 gramos, también se encontraron bolsas plásticas vacías y una balanza electrónica”. El recurrente advierte que la autoridad que practique un allanamiento deberá, de manera imperativa, concurrir ante el Juez de Garantías para que se convalide dicho acto, situación que no concurrió en las presentes diligencias, por lo que estima que la actuación de la Policía y el Representante del Ministerio Público, que no obtuvo convalidación de lo actuado, conforme el artículo 212 del Código Procesal Penal, es un acto viciado. Señala que la autorización debió ser un “Acto voluntario y consentido” pero que en el presente caso, por lógica se entiende que cualquier mortal al ver personas armadas, uniformadas, con pasamontañas reacciona firmando cualquier documento, además que por experiencia deduce que la autoridad primero ingresó al local o

vivienda y hasta que aseguró el lugar obtuvo la autorización, por lo que estima que se ha actuado en abierta vulneración de preceptos constitucionales y legales. Esta Sala de lo Penal, no observa que en el presente caso se haya infringido la garantía constitucional de inviolabilidad del domicilio. Lo anterior, en atención a que el ingreso para que la autoridad policial acompañada del Fiscal respectivo, practicara el registro a la vivienda del imputado, fue debidamente autorizado por la esposa de este, persona mayor de edad con quien compartía dicha vivienda. No consta de autos que la legalidad o autenticidad de la autorización de ingreso a la vivienda del imputado haya sido objetada de cuestionada en juicio, de ahí que resulta váliddkdkdkdkkk por ahí que al resultar válido el mismo, también lo son los efectos o hallazgos producto del registro practicado por los agentes de la autoridad, en este caso concreto las pruebas físicas consistentes en: armas, el dinero incautado y concretamente las veintiún bolsas conteniendo polvo blanco de cocaína, totalizando 248.13 gramos, bolsas plásticas vacías y una balanza electrónica, indicios que el Tribunal de Juicio estimó determinantes para vincular al acusado con el tráfico ilícito de Drogas. Obviamente que la autorización de ingreso a la vivienda, no requiere para su validez en juicio, de su sometimiento al procedimiento especial de convalidación judicial ante un Juez de Garantías, pues en realidad, no se trata propiamente de un allanamiento de morada, sino de un “ingreso autorizado” por una persona cotitular del derecho fundamental afectado, a la inviolabilidad del domicilio, derecho del que su morador le está permitido disponer libremente[2]. Como se ha mencionado, en el presente caso, tal autorización no fue objetada, ni sometida a cuestionamiento en juicio, o alegado algún vicio que haya afectado la voluntad y/o consentimiento de la otorgante del ingreso previo a su realización. Esta Sala no cuenta con elemento de juicio alguno, conducente a dudar de la legalidad del otorgamiento de la autorización de ingreso a la vivienda del acusado. Por lo expuesto el motivo de casación invocado por el recurrente es desestimado. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5), 99 y 321 de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 212 del Código Procesal Penal.- FALLA: 1) Declarando SIN lugar el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo; 2) Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a Derecho.- REDACTO EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- COORDINADOR.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida a solicitud de la Abogada K. L. M., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de abril del año dos mil doce.- Certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de enero del año dos mil doce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-96-2009.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] El control de las pruebas, y de que las mismas puedan o no desvirtuar el principio de presunción de inocencia, es cuestión sometida única y exclusivamente a los jueces, que a través del procedimiento, deben dictar una sentencia fundada y motivada sobre los hechos y las cuestiones que se le han planteado en el juicio. (Manual de Derecho Constitucional, Tena Aragón, María Félix, pág 44)

[2] Como lo expone DE DIEGO DIEZ, “El consentimiento del titular no constituye propiamente una limitación legal del derecho a la inviolabilidad del domicilio sino más bien una posibilidad de renuncia puntual del mismo ante una concreta petición de acceso….la cláusula final de este precepto (art. 212 C.P.P.), “remitiéndose en lo demás” a lo dispuesto en el artículo 99 de la Constitución de la República apunta claramente a que el consentimiento del titular, como no podía ser de otro modo, es título habilitante para proceder, sin necesidad de autorización judicial, a la entrada y registro de un domicilio..”Vid. DE DIEGO DIEZ, ALFREDO, “Los Medios de Prueba”, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, pág. 160.