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Sentencia CP-60-08 — Registro 14738

Resumen

Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa del recurrente contra la sentencia de primer instancia que lo condena por el delito de Difamación Por Imputaciones Constitutivas De Calumnia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...".- Argumenta el recurrente que el Juzgador A quo incurre en infracción de precepto constitucional, por interpretación errónea del artículo 72 de la Constitución de la República que expresa: “Es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin previa censura.” Basa su argumento en que dicho artículo constitucional, se desarrolla y ha de interpretarse a la luz del artículo 5 de la Ley de Emisión del Pensamiento, que dispone: “Todo habitante de la República podrá libremente, sin censura previa, expresar su pensamiento, dar y recibir información y discutir sus opiniones o las ajenas, por medio de la palabra escrita o hablada o por cualquier otro procedimiento gráfico, oral o visual.” Concluye el recurrente, que la correcta interpretación del artículo 72 constitucional y del artículo 5 de la Ley de emisión del Pensamiento, deben ser en el sentido más amplio, al consagrar una libertad democrática, pero al contrario, hace una interpretación restrictiva, lo que restringe la comunicación y libre circulación de ideas y opiniones.- II.- Esta Sala de lo Penal, al analizar la infracción alegada y partiendo de que el artículo 72 de la Constitución de la República de Honduras y el artículo 5 de la Ley de Emisión del Pensamiento, se encuentran íntimamente ligados con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; hace suyos los señalamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto al contenido del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, cuando sostiene que, quienes están bajo la protección de la Convención tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Es por ello que la libertad de expresión tiene una dimensión individual y una dimensión social, a saber: ésta requiere por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir  cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno[1]. Ambas dimensiones del derecho a la libertad de expresión, son las que precisamente lo dotan de gran relevancia en una sociedad democrática, como la nuestra; ya que la libre comunicación de información e ideas acerca de las cuestiones públicas y políticas entre los ciudadanos, los candidatos y los representantes elegidos es indispensable para garantizar el pleno ejercicio de los derechos amparados por el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y comporta la existencia de una prensa y unos medios de comunicación libres, capaces de comentar cuestiones públicas sin censura ni limitaciones, así como de informar a la opinión pública[2]. Sin embargo, este derecho a la libertad de pensamiento y de expresión no resulta un derecho absoluto; ya que estará siempre limitado, tal y como lo establece el numeral 2 del artículo 13 antes citado, por el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas; restricciones que además, deberán ceñirse a principios de legalidad y necesidad. Dicho esto, y en cuanto al caso concreto objeto de juzgamiento, cabe señalar que, las expresiones vertidas por el Licenciado en Periodismo RENATO ALVAREZ VASQUEZ, no solamente atendían a una información escrita que, según manifestó, le había sido entregada momentos antes de iniciar su programa televisivo; sino que también referían a la averiguación de una serie de delitos de acción pública, en los que supuestamente habían participado una serie de personas, entre ellas, el Señor JULIO EDUARDO SARMIENTO; cuya veracidad fue constatada a través de preguntas que le formulara al Secretario de Estado en los Despachos de Seguridad, presente en el programa de televisión, quien afirmó que se estaban realizando investigaciones  al respecto. Es aquí, donde, para efectos de dilucidar si ha existido infracción al precepto constitucional contenido en el artículo 72 de nuestra carta magna,  resulta de utilidad lo sostenido por la doctrina y jurisprudencia del Tribunal Constitucional español, lo que se conoce como la denominada Teoría del Reportaje Neutral, bajo la cual, la libertad de emisión del pensamiento, ligada al derecho a la información, exige un deber mínimo de comprobación de la información, mediante la demostración de que ánimo de informar en una materia de relevancia pública ha sido el impulso central de la actuación del comunicador social, y que éste ha buscado en forma diligente y razonable la verdad; y que, de comprobarse que el comunicador ha actuado bajo estos parámetros, tal y como ocurrió en el caso subjudice, no podrían limitarse sus derechos, mediante la persecución y condena en un proceso penal; pues esto constituiría una censura.- III. En virtud de lo antes expuesto, debe concluirse, como efectivamente lo hace esta Sala de lo Penal, que la sentencia definitiva fue dictada, bajo parámetros de limitación a la libertad de emisión del pensamiento, no admisibles en el contexto del artículo 72 de nuestra carta magna, y dentro del marco de un sistema democrático y pluralista en el cual precisamente la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares fundamentales que deben resguardarse, para la indispensable formación de una opinión pública que tenga en todo momento  el derecho a ser informada de temas de interés nacional, como sin duda lo es el que fue objeto de debate en el presente caso. En consecuencia debe ser declarado con lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional invocado por el recurrente. IV.- No se conoce de los recursos de casación por Infracción de Ley Sustantiva y por quebrantamiento de forma, al haberse declarado con lugar el primer motivo alegado. .."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintidós de marzo del año dos mil once, que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el día veintidós de marzo del año dos mil once, por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS como Coordinador por ley RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO, EDITH MARIA LOPEZ RIVERA, por excusa del Magistrado JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ y JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL por ausencia justificada del Magistrado CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, por encontrarse fuera del país, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley, y Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciocho de febrero de dos mil cuatro, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, mediante la cual condenó al señor RENATO ALVAREZ VASQUEZ, mayor de edad, casado, Periodista, hondureño y de este domicilio, por encontrarlo responsable del delito de DIFAMACION POR IMPUTACIONES CONSTITUTIVAS DE CALUMNIA en perjuicio del señor JULIO EDUARDO SARMIENTO, a la pena de Dos años y ocho meses de reclusión, acordando en ese acto la suspensión condicional de la ejecución de la pena impuesta, por un período de prueba de cinco años. Asimismo a las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal, sin decretar la suspensión del ejercicio de la profesión del periodismo al condenado Renato Álvarez Vásquez, asimismo se le declaró la responsabilidad civil del condenado y se le condeno al pago de costas personales y otros gastos ocasionados por el juicio.- SON PARTES: Interpuso el recurso de Casación el Abogado ENRIQUE FLORES LANZA en su condición de apoderado defensor del señor RENATO ALVAREZ VASQUEZ. CONSIDERANDO I.-El recurso de Casación por Infracción de Ley, Infracción de Precepto Constitucional, y Quebrantamiento de Forma, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, el Tribunal recurrido declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: “PRIMERO: El día lunes veintitrés de junio de dos mil tres, a partir de las seis y cincuenta y ocho minutos de la mañana, el señor Renato Álvarez Vásquez, sin antecedentes penales, en su condición de conductor del segmento “Frente a Frente” del Tele noticiero TVC, transmitido a nivel nacional por los canales de la Corporación Televicentro, 3, 4, 5, 7, 9 y 13, teniendo como invitado al Ministro de Seguridad, Oscar Álvarez, desarrolló su programa sobre el tema del Narcotráfico en Honduras, y el involucramiento de funcionarios públicos y personas particulares en el mismo, para lo cual se ocupó de dar lectura a un documento que aseguró le había entregado minutos antes de iniciar el segmento televisivo en la entrada principal de la Corporación Televicentro. SEGUNDO: Antes de dar lectura al documento sin firma, ni autor, Renato Álvarez manifestó lo siguiente: “Me refiero a las Monjas que recibieron esta copia y la firmaron y que posee los documentos ahí, por que claro cuando uno revela estas cosas, es posible que lo llamen a los tribunales, que lo cuestionen, inclusive hasta que quieran eliminarlo”. TERCERO: Renato Álvarez Vásquez, mientras hacía comentarios sobre el tema del narcotráfico en Honduras, procedió a leer los siguientes pasajes del documento: “Debe informarse al departamento de seguridad de los Estados Unidos para que sea investigada esta situación, recomendamos destitución y enjuiciamiento de Jaime Flores Ponce, de Luna de San Pedro Sula del Jefe de la Preventiva de Yoro, Colón E islas de la Bahía, y el seguimiento permanente de la DGIC y la preventiva de Olancho por que en los terrenos de Santiago Montalbán y Lalo Sarmiento están las pistas donde aterrizan las avionetas con el trasiego de Cocaína y Dólares que es hecho en Colombia. CUARTO: Siendo las siete y treinta y seis minutos de la mañana, cerca del final del segmento del programa, Renato Álvarez manifestó, mientras se transmitía en vivo, al tiempo que doblaba una de las páginas del documento que estuvo leyendo a lo largo del programa, lo siguiente: “(...) y yo para no meterme en tanto lío voy a quitar aquí los nombres de los bancos, porque en este mundo nunca se sabe, ya me pasó la primera experiencia. Me tuvieron dieciséis meses en el desierto sin trabajo y casi a punto de irme del país, por que nadie me daba trabajo, hasta que surgió el señor Rafael Ferrari, a quien le agradezco y en el momento de mi mayor madurez me llamó para trabajar en canal cinco, en el canal tres, en canal siete y en Televicentro. Pero claro, aquí me voy a evitar problemas jurídicos, lo otro no porque se quienes remitieron esto, al Presidente y al Cardenal Rodríguez, además no soy yo el que ha escrito esto, (...). Más adelante, comentó, “Aquí está lo que entregaron a Otto Reich, aquí tengo el cartel del centro, no, el organigrama del cartel de Mata y Asociados y aquí está el cartel del centro, comencemos con esto; procediendo a leer lo siguiente: “Las pistas de aterrizaje están en las haciendas de Lalo Sarmiento, y (...) Lalo Sarmiento hijo, le ofrece protección en la propiedad de la empalizada y es consumidor de cocaína.” III.-El recurrente desarrolló su recurso de la siguiente manera: “A) RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL UNICO MOTIVO: Infracción, por interpretación errónea, del Articulo 72 de la Constitución de la Republica, en relación a los números 5 y 8 de la Ley de Emisión del Pensamiento. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en los Artículos 360 párrafo primero y 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL SENTIDO DE LA INFRACCION El Tribunal de Sentencia, en el numero Quinto, Fundamentos Jurídicos, aplica, según su criterio e interpretación, los Artículos 72 Constitucional, 5 y 8 de la Ley de Emisión del Pensamiento, transcribiéndolos literalmente. Ahora bien, el Articulo 72 Constitucional antes citado, consagra precisamente el derecho a la libre emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin previa censura, en los términos mas claros, amplios y expresivos; el Articulo 5º de la Ley de Emisión del Pensamiento, desarrollando este precepto Constitucional, confirma esta garantía al establecer que “Todo habitante de la Republica podrá libremente, sin censura previa, expresar su pensamiento, dar y recibir información y discutir sus opiniones o las ajenas por medio de la palabra escrita o hablada o por cualquier otro procedimiento grafico, oral o visual” ; y si bien es cierto que el 8 de la misma Ley establece que son punibles, de conformidad a esta Ley, las infracciones cometidas en el ejercicio de la libertad de expresión, esto es, cuando falten al respecto de la vida privada y a la moral, en ningún momento mi defendido ha violentado estaos valores familiares y éticos. El Tribunal Sentenciador, en lugar de atenerse a la letra y espíritu de estas disposiciones legales, interpretándolas correctamente, introduce elementos extraños que las tergiversan o cambian su sentido al expresar que “A pesar del carácter normativo del derecho señalado en la disposición transcrita (Articulo 72 Constitucional), también tiene reserva de ley, por lo que la Ley de Emisión del Pensamiento desarrolla el mismo en parte; y sus disposiciones, en tanto no tergiversen su contenido y alcance, sirven par ala debida interpretación del derecho en cuestión” (Pag. 21) Manifestar que al Articulo 72 Constitucional tiene reserva de ley; que la Ley de Emisión del Pensamiento desarrolla el mismo en parte; que sus disposiciones, en tanto no tergiversen su contenido y alcance, sirven para la debida interpretación del derecho; son conceptos erróneos que desnaturalizan el sentido categórico en que se expresa el texto Constitucional y desarrolla la Ley de la materia. En el Artículo 72 no hay reserva de ley y la Ley de Emisión del Pensamiento no desarrolla en parte aquel precepto; antes bien, lo hacen en términos amplios, por lo que también deben ser interpretados en la misma forma. La interpretación correcta tanto del articulo 72 Constitucional, como del 5º de la Ley de Emisión del Pensamiento debe ser en el sentido mas amplio de un principio que consagra una libertad democrática y humana de nuestra sociedad.- La libertad de expresión debe ser vista en su mas alto concepto, como una conquista social que protege a todos los ciudadanos.- Por ello es que en este juicio no se esta debatiendo simplemente la responsabilidad de RENATO ALVAREZ, al fin uno de tantos Comunicadores Sociales, sino que se esta Juzgando la libertad de expresión, en virtud de la cual todo ciudadano, sea o no periodista, tiene derecho, sin censura previa, a manifestar su pensamiento, dar y recibir información y discutir sus opiniones y las ajenas por cualquier procedimiento grafico, oral o visual. El Tribunal, en cambio, ha interpretado con su fallo los Artículos de referencia en forma restrictiva y, por ello, su percepción es errónea y hace incurrir a sus miembros en responsabilidad, ya que han restringido la comunicación y circulación de ideas y opiniones. Por ello es que creemos que si el Tribunal Sentenciador hubiese interpretado y aplicado correctamente los Artículos 72 Constitucional, 5 y 8 de la Ley de Emisión del Pensamiento, su sentencia no podría haber sido más que absolutoria para mi defendido. Desafortunadamente les asignó un significado diferente al que resulta ser de su tenor literal y de su espíritu”. IV.- El recurrente continúa la formalización de su Recurso de la manera siguiente: “B) RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY SUSTANTIVA PRIMER MOTIVO: Infracción, por falta de aplicación, del Articulo 23 párrafo segundo de la Ley de Emisión del Pensamiento, en relación con los Artículos 155 y 160 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el Articulo 360, párrafo primero, del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL SENTIDO DE LA INFRACCION. Este Articulo 23, párrafo segundo de la Ley precitada, de carácter sustantivo, y que tiene preferente aplicación a cualquier otro, literalmente dice: “Se entiende divulgada una expresión radial cuando la hayan escuchado o visto en las pantallas cinco o mas personas que rindan testimonio.” El querellante faltando a esta clara disposición, solamente presento en juicio a cuatro testigos que rindieron su declaración de haber visto en las pantallas de televisión, por los canales 3, 5 y 7 a mi poderdante, ofreciendo las informaciones por las que se le acusa. Tales testigos son: Samuel Armando de Jesús García Salgado, Arnulfo de Jesús Miralda Bueso, Daniel Gilberto Castillo Amaya y José Julio Barahona Oliva. Por consiguiente, al no llenar el requisito de cinco o mas personas que rindieran testimonio, al tenor de la norma antes transcrita no se pudo, o mejor, no se debió tener por validos y eficaces los testimonios de los cuatro declarantes y, consecuentemente, por divulgada la noticia o reportaje por el que se ha condenado a Renato Álvarez. El Tribunal Sentenciador al dejar de aplicar esta disposición, y mas bien al basar su sentencia, como lo expresa en la valoración de la prueba, en dichas declaraciones testifícales, ha incurrido en una clara infracción del Articulo señalado. Si, por el contrario, hubiera aplicado este Artículo 23, párrafo segundo, no tendría que haber estimado siquiera este medio probatorio de testigos y su sentencia hubiese sido absolutoria. Y es que esta norma administrativa de carácter sustantivo debía ser observada para la aplicación de la ley penal, partiendo de los hechos probados, por ser atinente al caso y estar comprendida en la Ley que regula la materia. SEGUNDO MOTIVO: Infracción, por aplicación indebida, de los Artículos 155 y 160 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo o causal de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360, párrafo primero del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL SENTIDO DE LA INFRACCION. Partiendo de la declaración de hechos probados, tenemos que en ninguno de ellos aparece que el querellado haya imputado al querellante delito alguno. No existe ninguna afirmación o aseveración de su parte en este sentido. Lo que el Tribunal expresa en su declaración de hechos probados, es que el Periodista Renato Álvarez, en lo pertinente: PRIMERO:…se ocupó de dar lectura a un documento que aseguró le había sido entregado. SEGUNDO: Antes de dar lectura al documento sin firma… TERCERO: procedió a leer los siguientes pasajes del documento: CUARTO: …del documento que estuvo leyendo a lo largo del programa……; concluyendo en que el acusado afirmó: además no soy yo el que ha escrito esto….” De estos hechos se desprende, pues, que el pecado, si así pudiese llamarse, fue haber dado lectura a un documento, en presencia del invitado especial, señor Oscar Álvarez, a quine preguntó si tenia conocimiento de este Informe y si lo que contenía era cierto o no, a lo que dicho funcionario contestó que si tenia conocimiento del mismo y que se estaba investigando. Jamás Álvarez Vásquez imputó o dijo que el señor Sarmiento había cometido delito alguno. Además, debe tomarse en cuenta que el querellado cumplió con las disposiciones que para estos casos contempla la Ley de Emisión del Pensamiento, que es la aplicable por ser especial y por mandato de su Articulo 8º que dispone: Son punibles de conformidad con esta Ley las infracciones cometidas en el ejerció de la libertad de expresión………” En efecto, invitó al querellante a su programa para que ejerciera su derecho de defensa al tenor del Articulo 32 de dicha Ley, que ordena que toda persona natural o jurídica tiene derecho defenderse decorosamente de los cargos y criticas que se le hagan por la prensa con el fin de desvirtuar los hechos que se le imputan. También al señor Sarmiento se le ofreció, en observancia a los Artículos 33 y 34 de la misma ley, insertar o leer gratuitamente la réplica sobre los hechos por los que se consideraba perjudicado, en forma Integra, a lo que el querellante se negó. El Tribunal, sin embargo, para condenar al acusado le aplicó indebidamente los Artículos 155 y 160 que regulan los delitos de Calumnia y Difamación. Indebidamente, porque la calumnia, según el Código Penal, es la falsa imputación de un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio; y la difamación, cuando las imputaciones constitutivas de injuria o calumnia se hicieren en forma o por medio de divulgación que puedan concitar en contra del ofendido el odio o desprecio publico. Es entonces claro que no existió falsa imputación de un delito en este caso, lo que se determina, con la simple apreciación del video del programa, donde no se afirmó, no se aseveró, sino que se consultó a la autoridad competente sobre el contendido del Informe, nunca existió la conducta imputativa necesaria para la tipificación de esta figura penal. Tal como ha quedado reseñado, en ningún momento Álvarez Vásquez le imputó al señor Sarmiento delito alguno. Y esta es la palabra clave: Imputar, que significa atribuir a uno la culpa, la responsabilidad e un delito, de una acción. Por ello es que, el Tribunal que en los hechos probados no expresó que mi defendido le imputó o atribuyó al señor Sarmiento, los delitos de Calumnia y Difamación, aplicó indebidamente los Artículos 155 y 160 del Código Penal. Ciertamente, los Artículos 155 y 160 del Código Penal no debieron aplicarse, dados los hechos estimados probados, simplemente por ser inaplicables y referirse a otra situación fáctica que no se tuvo como tal. El Artículo 155 que define la calumnia como la falsa imputación de un delito que da lugar a procedimiento de oficio, si hubiese sido correctamente interpretado por el Tribunal no lo hubiese aplicado, como lo hizo, indebidamente. Este extremo lo desarrolló magistralmente la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia al proferir un fallo absolutorio (Nº 062 S11-STS-2004); “SEPTIMO: La aplicación directa e inmediata de la presunción de inocencia, a la que como tribunal estamos sometidos según lo que regulan los Artículos 26 párrafo primero de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 8.2 de la convención América sobre Derechos Humanos, 89 de la Constitución de la Republica de Honduras y 2 del Código Procesal Penal, tiene como efecto, en primer lugar, el desplazamiento de la carga probatoria sobre la acusación. Son las partes acusadoras quienes han de acreditar en juicio oral la concurrencia de los hechos, y que los mismos puedan subsumirse dentro de un tipo penal. Sin la prueba de tales extremos no cabe imponer sentencia condenatoria alguna”. Como puede apreciarse, la Sala Segunda si interpretó correctamente el Articulo 155 del Código Penal, por lo que se abstuvo de aplicarlo, por ser inaplicable.- Estas fueron sus motivaciones o Fundamentos Jurídicos: “CUARTO: Con respecto al delito de CALUMNIAS, previsto y sancionado en el Articulo 155 del Código Penal vigente, se requiere para su configuración, que exista falsa imputación de un delito de los que dan lugar a persecución de oficio. El tipo Penal en cuestión exige para su constitución la concurrencia de dos elementos: un elemento objetivo el cual consiste en que se atribuya, en primer lugar a determinada persona, la comisión de un delito concreto; en segundo lugar, que esa atribución sea falsa. Un elemento subjetivo, el cual requiere que el sujeto actué dolosamente, es decir, que tenga conocimiento de la falsedad de los que imputan o que lo haga con un claro desprecio de la verdad. Analizando lo anterior, este Tribunal considera que de la lectura del documento supraindicado, no aparecen los elementos subjetivos ni objetivos necesarios para configuración del tipo penal en cuestión, por cuanto el acusado no imputa al querellante delito alguno, excluyendo así el elemento objetivo del mismo”. Esta fuera de toda duda, entonces, de que si el Tribunal no hubiese aplicado indebidamente estos preceptos penales sustantivos; antes bien, hubiese considerado que ya se había cumplido con el procedimiento administrativo contemplado en la Ley de Emisión del Pensamiento cuando una persona se considera afectada por una información, no hubiese tenido otra opción legal que declarar la absolución de mi defendido. En suma, pues, el Tribunal de Sentencias desestimó la recomendación que en este punto hace el Código Procesal Penal Comentado: “Una de las virtudes de la sentencia es su adecuada fundamentación, concepto que no equivale a excesiva extensión sino precisión y concisión para hacer públicos los argumentos utilizados” (Pag. 543)”. V.- Sigue manifestando el recurrente: “RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA PRIMER MOTIVO: PORQUE LA SENTENCIA RECURRIDA ADOLECE DEL VICIO DE EXCLUIR O DEJAR DE CONSIDERAR PRUEBA DE VALOR DECISIVO. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo o causal de casación en la forma se encuentra comprendido en el Articulo 362 numeral 2), parte final; del Código Procesal Penal o sea, cuando se excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. EXPLICACION DEL SENTIDO O CONCEPTO DEL VICIO La defensa, para acreditar los extremos de su alegación de inocencia nominó como testigos y comparecieron a declarar las siguientes personas: Ana Elsy Mendoza Raudales, Felix Antonio Molina Vásquez, Telma Mejia López y José Manuel Torres Calderón. Estas personalidades reconocidas en el periodismo por su seriedad y comportamiento ético dieron sus declaraciones por su conocimiento directo de los hechos y en los términos en que fueron preguntados, o sea: que el querellado no imputó delito alguno al querellante; que leyó un documento de interés nacional, que el contenido de este documento fue consultado con el invitado especial al Programa Oscar Álvarez, Ministro de Seguridad, sobre si era o no cierto lo que en el se decía; que no había ningún interés o intención en dañar a nadie en particular, menos al Señor Sarmiento, quien tuvo la oportunidad de defenderse en el mismo programa, tal como lo manda la Ley de Emisión del Pensamiento. Estos testigos no fueron tachados, ni repreguntados con éxito por la parte acusadora, razón por la cual sus dichos son correctos y debían ser estimados, dada la calidad profesional y moral de los mismos. Sin embargo, el Tribunal, en sus Consideraciones desestimó las declaraciones de todos los testigos de la defensa antes nominados, argumentando lo siguiente: “Lo que si se puede apreciar en los testigos, es que todos ellos son colegas del acusado, y alguno de ellos dijo que es su amigo, por lo que ha quedado demostrado que pueden defenderle a toda costa, por solidaridad hacia su amigo y colega. En conclusión, no es que no se les de credibilidad a los testigos de la defensa, pues se estima que no han mentido en cuanto haber visto al acusado Cuando leía el documento en su segmento televisivo, sino en cuanto afirman que aquel solamente tuvo la intención de informar, no pueden afirmarlo pues no son aptos para conocer la intencionalidad del acusado en aquel momento”. (Pag. 14). Leyendo detenidamente esta Consideración del Tribunal, podemos formular, por nuestra parte, los siguientes errores de apreciación: a) No es cierto que los colegas no pueden declara por otro colega ya que en todo caso pueden defenderle a toda costa por solidaridad. Si esto fuese así, quedarían inhabilitados todos los profesionales para servir de testigos cuando e trata de una persona de la misma profesión, Abogados por Abogados, Médicos por Médicos, etc, b) Es cierto que uno de los testigos dijo que era amigo del acusado, pero resulta que también el testigo de la acusación Daniel Gilberto Castillo Amaya expresó que era amigo del Señor Sarmiento (ver folio 6); y esta circunstancia, no obstante que la reconoce el mismo Tribunal (folio 9), no fue motivo para invalidad su declaración, antes bien, la acepta con la increíble “apreciación” de que todos los testigos del querellante tienen una buena posición en la sociedad; que en manera alguna dependen de la parte acusadora; que no se puede presumir que hayan venido a declarar al juicio por la obtención de laguna ventaja de cualquier naturaleza, y de esta forma falsear los hechos; y quien ante la ausencia de estas motivaciones, el testimonio de los testigos de cargo es apto para generar el estado de certidumbre necesario para adquirir la convicción judicial (ver folio 9). Se le olvidó al Tribunal de Sentencia, no sabemos porque razones, mencionar un hecho acreditado plenamente en el proceso, mediante la reproducción del video: Que estos Testigos, recitaron en su declaración, no lo dicho por RENATO ALVAREZ en el programa, sino lo que falsa y erróneamente consignó el Abogado querellante era miembro del Cartel del Oriente (ver querella, video y declaración de Testigos), c) A contrario sensu, pues, los testigos de la defensa, al haber sido desconsiderados por el Tribunal, les serian aplicables los “Atributos” contrarios de los de cargo, a saber: No tienen una buena posición en la sociedad; dependen de la parte querellada, obtuvieron alguna ventaja de esta y han falseado los hechos. Pero estos desde luego que no es cierto y no fue probado en forma alguna durante el juicio. Resumiendo: Prueba Testifical de importancia decisiva aportada por la defensa no fue tomada en consideración para fundamentar el fallo condenatorio, razón por la cual éste adolece del vicio y la consiguiente nulidad por quebrantamiento de forma. Y por ello es indudable que de haberse procedido conforme a derecho, tomando en consideración la prueba planteada en tiempo y forma, el Tribunal hubiese absuelto a mi defendido. SEGUNDO MOTIVO: PORQUE LA SENTENCIA RECURRIDA ADOLECE DEL VICIO DE QUE SUS MOTIVACIONES SON INSUFICIENTES Y CONTRADICTORIAS. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo o causal de casación en la forma se encuentra comprendido o autorizado en el Articulo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal, o sea, cuando las motivaciones del fallo sean insuficientes o contradictorias. EXPLICACION DEL SENTIDO O CONCEPTO DEL VICIO En el Articulo 338, Requisitos de la Sentencia, Regla Cuarta No. 3, Fundamentaciòn Jurídica, se ordena que el Juzgador, en párrafos separados y numerados, de forma clara, sucinta y precisa, con indicación de los preceptos o doctrina legal aplicables, explique los fundamentos legales de la calificación de los hechos que se hubiesen tenido para cada uno de los procesados. Debe existir, entonces, además de la motivación fáctica (declaración de hechos probados), de la motivación probatoria (valoración de la prueba), la motivación jurídica que consiste en el proceso de subsuncion de los hechos que se declararon probados en los preceptos jurídicos aplicables. Ahora bien, los fundamentos jurídicos que son aplicables a los hechos probados, según el Tribunal Sentenciador, y que sirvieron para condenar a mi representado, son los siguientes: a) Artículos 155 y 160 del Código Penal, Ya hemos explicado en la letra B), SEGUNDO MOTIVO, porqué estos Artículos fueron infringidos por aplicación indebida, dando lugar a la casación en el fondo, b). Doctrina Penal (Creus, Carlos) y penal Especial (Muños Conde Francisco), Argentino el primero y Español el segundo (Paginas 16 y 19). Se trata de doctrina científica extranjera, opiniones de autores sobre las leyes de sus países, que son diferentes a las nuestras. Por consiguiente, no pueden servir de base o fundamentos para dictar una sentencia en Honduras. La doctrina a que se refiere el Articulo 19 del Código Procesal Penal, es la doctrina legal, definida en el Articulo 360 del mismo Código, o sea, la reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto, al igual que el Articulo 920 No. 8 del Código del Procedimientos Civiles. También el Artículo 338, regla cuarta No.3, Fundamentacion Jurídica del Código Procesal Penal, exige como requisito de las sentencias la doctrina legal aplicable. Para no extendernos sobre este particular, con todo respeto remitimos a los Honorables Magistrados a lo que se expresa sobre la doctrina científica en el Código Procesal Penal Comentado: Solamente transcribimos aquí la advertencia que pasó desapercibida por el Tribunal de Sentencias: “La doctrina servirá pues, para ilustrar al interprete de la ley dándole mas vigor, pero no debe cometerse el terrero de transcribir en sus resoluciones las opiniones de aquellos (los autores)”. (Pagina 128). c) Jurisprudencia Penal Española (Pags. 17 y 18), del Tribunal Constitucional Español (Pags 26 y 27) y Corte Suprema de Justicia de Costa Rica (Pag 28). El Tribunal Sentenciador sostiene para invocar esta jurisprudencia, que el Articulo 19 del Código Procesal Penal recomienda auxiliarse de la jurisprudencia de otros países, dada la ausencia de una jurisprudencia propia (Pag. 25). Repetimos aquí lo dicho en el numeral anterior, la doctrina o jurisprudencia a que se refiere el Articulo 19 precitado es la nacional, la sentada por la Corte Suprema de Justicia en los términos del Articulo 360 del Código Procesal Penal y 920 No. 8 del Código de Procedimientos Civiles. No la de otros Tribunales extranjeros, sean Españoles o Costarricenses. Para no insistir, nuevamente remitimos a los Honorables Magistrados a la lectura del Código Procesal Penal Comentado en sus páginas 126 y 127. Estos argumentos cobran mayor significación, cuando podemos observar, que la persona que redactó y se atribuye la autoría de esta parte del Código Procesal Penal Comentado, relativa a la improcedencia de transcribir en los fallos las opiniones de autores extranjeros y la jurisprudencia de otros países, paradójicamente es el Coordinador del Tribunal de Sentencia FELIX ANTONIO AVILA ORTIZ. d) Artículos 72 de la Constitución de la Republica; 5 y 8 de la Ley de Emisión del Pensamiento. En la letra a) UNICO MOTIVO, de la casación por infracción de precepto Constitucional nos hemos referido a estas normas, demostrando que el Tribunal Sentenciador ha incurrido en una interpretación errónea de las mismas. e) Articulo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es cierto que Honduras es signataria de esta Convención, por lo que le es aplicable. Pero si se examina detenidamente este Artículo, se llega a la conclusión que lejos de servir de fundamentacion a la sentencia condenatoria recurrida, más bien favorece a la defensa. En efecto: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma expresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. (Sexto, Pag. 21). Y si bien en el numero 2 se prescribe que el ejercicio de ese derecho esta sujeto a responsabilidades ulteriores, aclara que estas deben estar expresamente fijadas por la ley, que no puede ser otra que la Ley de Emisión del Pensamiento, a la que mi defendido dio cumplimiento. (Pag. 22) Y lo más sorprendente e insólito es que el Juzgador haya citado la jurisprudencia que sobre la interpretación de este Artículo 13 ha sentado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque no abona en nada a la sustentación jurídica de su sentencia condenatoria, sino contraproducentemente, a la inocencia del querellado. Veamos: “El Articulo 13 señala que la libertad de pensamiento y expresión, comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. . .Esos términos establecen literalmente que quienes están bajo la protección de la Convención tienen no solo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”. (Opinión Consultiva OC-05/85 de 13 de noviembre de 1985. “La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, estén suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no esta bien informada no es plenamente libre”. (Séptimo Pags 22 y 23). RESUMEN: Con los señalamientos anteriores: a) Aplicación indebida de los Artículos 155 y 160 del Código Penal; b) Improcedencia de la doctrina científica extranjera; c) Improcedencia de la Jurisprudencia también extrajera; d) interpretación errónea de los Artículos 72 de la Constitución, 5 y 8 de la Ley de Emisión del Pensamiento y e) Aplicación favorable a mi defendido de la convecino Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hemos demostrado que toda esta fundamentacion jurídica que sirve de soporte a la insuficiente y, además, contradictoria. Y que los hechos declarados probados no hayan acomodo o son subsumibles en los referidos fundamentos jurídicos invocados en el Tribunal. En otros términos, ha faltado la motivación jurídica, la cual debe ser, conforme la teoría más autorizada: expresa, clara, completa, legítima y lógica. En suma, pues, el Tribunal de Sentencias desestimó la recomendación que en este punto hace le Código Procesal Penal Comentado: “Una de las virtudes de la sentencia es su adecuada fundamentacion, concepto que no equivale a excesiva extensión sino precisión y concisión para hacer públicos los argumentos utilizados”. (Pag. 543). Es indudable que si otro hubiese sido el proceso de la calificación de los hechos a la luz de normas claras y aplicables, mi defendido no hubiese sido condenado sino más bien absuelto de toda responsabilidad. TERCER MOTIVO: LA SENTENCIA RECURRIDA SE BASA EN MEDIOS Y ELEMENTOS PROBATORIOS, NO INCORPORADOS LEGALMENTE AL JUICIO. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo o causal de Casación en la forma, se encuentra comprendido o autorizado en el Articulo 362, numeral 2) del Código Procesal Penal; o sea, cuando el fallo se base en medios o elementos probatorios que no han sido incorporados legalmente al juicio. EXPLICACION DEL SENTDIO O CONCEPTO DEL VICIO. La sentencia recurrida, establece en sus consideraciones y hechos probados lo siguiente: “DECLARACION DE HECHOS PROBADOS… SEGUNDO: Antes de dar lectura al documento sin firma, ni autor, Renato Álvarez manifestó...CONSIDERACIONES DE LA SALA. Este tribunal de sentencia, de conformidad a la san critica, estima que la prueba testimonial antes relacionada……… vieron y escucharon al periodista Renato Álvarez Vásquez, cuando teniendo como invitado al Ministro de Seguridad…daba lectura a un documento, del cual no dijo quien lo había entregado…SEGUNDO: La acusación privada propuso también como prueba documental, un documento de varios folios, mismo que fue leído por la secretaria de la Sala, y exhibido a las partes…….” “Consideraciones de las partes:…La defensa,…sostuvo…que no se había probado que el documento leído por el periodista Renato Álvarez haya sido el mismo que se presentó por la acusación privada… A criterio de esta Sala, este documento es el mismo que el periodista leyó en su programa, puesto que el mismo dijo que no podía revelar su autor, ni el nombre de la persona que se entregó. FUNDAMENTOS JURIDICOS…el representante de la acusación privada…Sostuvo también que al no haber divulgado la fuente de la información que daba a conocer, según lo que dispone el Articulo 25 de la Ley de Emisión del Pensamiento estaba asumiendo la autoría del libelo al que le dio lectura, asumiendo así toda responsabilidad. UNDECIMO: Como el acusado y su defensor sostuvieron en el curso del debate que la función del primero consistió en dar traslado al publico de un información contenida en un documento que le fue entregado por personas a quines no se quiso identificar…En el caso del reporte o “informe” contenido en el documento, que el periodista acusado sostuvo que le había sido entregado unos minutos antes de iniciar el programa de debates públicos, en tanto no existe persona que se responsabilice del mismo, pues no tiene firma ni nombre, debe ser considerado entonces como un “libelo” (utilizando el termino que se le da a los documentos anónimos o apócrifos)por ende, debe ser atribuida su autoría y todas las responsabilidades que del mismo se derivan al periodista que lo difundió, según lo que dispone el Articulo 25 de la Ley de Emisión del Pensamiento….” Contrario a lo que falsamente afirma el Tribunal de Sentencia, en el transcurso del proceso no se trajo al juicio ningún elemento probatorio que pudiera llevar al Tribunal a afirmar o considerar que le documento al cual le dió lectura el periodista RENATO ALVAREZ VASQUEZ el día 23 de junio de 2003, haya carecido de firma o no tenga autor, hecho este que jamás fue acreditado en el proceso. Oportunamente en nuestras conclusiones finales, tal y como lo señala el Tribunal de Sentencia, procedimos a señalar que en ningún momento había sido acreditado por parte del querellante, que el documento al cual se le dió lectura en el programa televisivo relacionado, haya carecido de firma o autor. El único elemento probatorio en este sentido que propuso el querellado, fue precisamente la declaración del imputado RENATO ALVAREZ VASQUEZ, el cual al ser preguntado al respecto, señaló rotunda y claramente que se amparaba en su derecho a no dar respuesta. Estas circunstancias pueden ser claramente establecidas con la simple lectura del Acta de la audiencia, en donde haciendo una relación de los medio probatorios propuestos y de la evacuación de los mismos, llegamos claramente a la conclusión de que el Tribunal basó su Sentencia en medios probatorios que no fueron incorporados legalmente al juicio. No obstante lo anterior, el Tribunal eleva a la categoría de verdad absoluta esta circunstancia y no bastándole, basa su fallo en el aplicación del Articulo 25 de la Ley de Emisión del Pensamiento, diciendo que el Periodista RENATO ALVAREZ VASQUEZ es responsable del delito de calumnia, en virtud de haberle dado lectura a un documento sin firma ni autor. De esta manera, siendo una norma procesal básica la de que solamente la prueba propuesta y evacuada en el juicio debe ser objeto de valoración por el Tribunal de Sentencia, si violando esta norma, la Sentencia se basa en elementos no incorporados al juicio, esto es claramente causal de casación. Al respecto el Código Procesal Penal Comentado para Honduras de diversos autores nacionales, bajo la Coordinación del Abogado JOSE MARIA PALACIOS MEJIA y JESUS FERANDEZ ENTRALDO, señala en los comentarios al Artículo 362, del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, lo siguiente: “…2) Es una norma de carácter fundamental la de que solamente la prueba vertida en el juicio debe ser objeto de valoración por el Tribunal de Sentencia. Si en contravención a esa norma la sentencia se basa en elementos de prueba no incorporados legalmente al juicio, eso es causal de casación en la forma” (Pagina 585). SE OFRECE PRUEBA SOBRE ACTO LLEVADO A CABO EN CONTRAPOSICION A LO SEÑALADO POR LA SENTENCIA Para acreditar que en el proceso no se vertió prueba de que el documento leído por el Periodista RENATO ALVAREZ VASQUEZ, carecía de firma o autor, propongo Medios de Prueba que establecerán de manera indubitada la existencia de este motivo de Casación, en base a lo que dispone el Articulo 368 del Código Procesal Penal que establece que cuando el Recurso señale un defecto de forma y se discute. La manera en que fue llevado a cabo el acto, en contraposición o de manera diferente a los señalados por la Sentencia, se podrá ofrecer prueba con ese objeto. Por lo que me permito proponer los siguientes medios de prueba: MEDIOS DE PRUEBA DOCUMENTAL. Consistente en que el Secretario de la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, se sirva Certificar íntegramente lo siguiente: a) La declaración como imputado que el Periodista RENATO ALVAREZ VASQUEZ rindió en el presente proceso, ante el Tribunal de Sentencia, misma que deberá ser tomada de la grabación original o del Acta levantada por la Secretaria del Tribunal, para determinar que en ningún momento el Querellado declaro o admitió que l documento al cual dio lectura en el programa televisivo FRENTE A FRENTE, de fecha 23 de junio de 2003, no tuviera firma, ni autor. b) Que se certifique íntegramente la evacuación del medio de prueba documental propuesto por el querellante, consistente en la fotocopia de un supuesto informe, que dicha parte pretendía era el mismo que fue leído por el querellado en el programa televisivo y el cual fue presentado a las partes, para que se determine si en algún momento este documento fue reconocido por el Señor Renato Álvarez Vásquez como el mismo al que dio lectura en el programa de televisión al que nos hemos referido con anterioridad; o si por el contrario, la parte defensora cuestionó dicho documento señalando que se trataba de una fotocopia sin ningún valor y no reconocida en juicio. Con este medio de prueba pretendemos acreditar que jamás fue probado en juicio el hecho de que el documento al que dio lectura el Señor RENATO ALVAREZ VASQUEZ en su programa no haya tenido ni firma, ni autor, como de manera inexacta y con sorprendente ligereza, lo afirma el Tribunal de Sentencia en sus hechos probados y en la motivación de su fallo. MEDIO DE PRUEBA TESTIFICAL. Consistente en la declaración de los testigos: AVA ROSSANA GUEVARA WILLIAMS, Licenciada en Periodismo, casada, con domicilio en la Colina Las Colinas de esta capital; JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA, Licenciado en Periodismo, casado, con domicilio en la Colonia América de esta capital; DINA MEETABEL MEZA ELVIR, Licenciada en Periodismo, soltera con domicilio en Colonia La Joya de esta capital; y, DORIS ALEJANDRINA GUTIERREZ, Diputada, casada, con domicilio en la Primera Avenida de la Ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central; todos mayores de edad y hondureños; quines depondrán sobre los siguientes hechos: Que presenciaron la declaración que como imputado rindió el Periodista REANTAO ALVAREZ VASQUEZ en la querella que le fue promovida por el señor JULIO EDUARDO SARMIENTO y que en la misma, jamás fue declarado o aceptado por el querellado, que el documento al que dio lectura no tuviera firma ni autor; y, que en la evacuación del medio de prueba documental, propuesto por el querellante, consistente en la fotocopia de un supuesto informe, que pretendía ser el mismo que leyó el Periodista RENATO ALVAREZ VASQUEZ en su programa, este documento jamás fue reconocido por el querellado en el juicio, sino que por el contrario, fue legalmente cuestiono. Es importante aclarar que tanto éste como los anteriores motivos de casación formal no pudieron ser oportunamente reclamados para su subsanación, ya que el Tribunal Sentenciador incurrió en estos vicios precisamente en la Sentencia Definitiva, contra la cual solo cabe el presente Recurso de Casación.” Esta Sala de lo Penal se pronuncia sobre los recursos interpuestos de la siguiente manera: DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL PRIMER MOTIVO DEL RECURSO DE CASACION POR VIOLACION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, ARTICULO 72 DE LA CONSTITCION DE LA REPUBLICA EN RELACION AL ARTICULO 2 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. -I.- Argumenta el recurrente que el Juzgador A quo incurre en infracción de precepto constitucional, por interpretación errónea del artículo 72 de la Constitución de la República que expresa: “Es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin previa censura.” Basa su argumento en que dicho artículo constitucional, se desarrolla y ha de interpretarse a la luz del artículo 5 de la Ley de Emisión del Pensamiento, que dispone: “Todo habitante de la República podrá libremente, sin censura previa, expresar su pensamiento, dar y recibir información y discutir sus opiniones o las ajenas, por medio de la palabra escrita o hablada o por cualquier otro procedimiento gráfico, oral o visual.” Concluye el recurrente, que la correcta interpretación del artículo 72 constitucional y del artículo 5 de la Ley de emisión del Pensamiento, deben ser en el sentido más amplio, al consagrar una libertad democrática, pero al contrario, hace una interpretación restrictiva, lo que restringe la comunicación y libre circulación de ideas y opiniones.- II.- Esta Sala de lo Penal, al analizar la infracción alegada y partiendo de que el artículo 72 de la Constitución de la República de Honduras y el artículo 5 de la Ley de Emisión del Pensamiento, se encuentran íntimamente ligados con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; hace suyos los señalamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto al contenido del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, cuando sostiene que, quienes están bajo la protección de la Convención tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Es por ello que la libertad de expresión tiene una dimensión individual y una dimensión social, a saber: ésta requiere por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno[1]. Ambas dimensiones del derecho a la libertad de expresión, son las que precisamente lo dotan de gran relevancia en una sociedad democrática, como la nuestra; ya que la libre comunicación de información e ideas acerca de las cuestiones públicas y políticas entre los ciudadanos, los candidatos y los representantes elegidos es indispensable para garantizar el pleno ejercicio de los derechos amparados por el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y comporta la existencia de una prensa y unos medios de comunicación libres, capaces de comentar cuestiones públicas sin censura ni limitaciones, así como de informar a la opinión pública[2]. Sin embargo, este derecho a la libertad de pensamiento y de expresión no resulta un derecho absoluto; ya que estará siempre limitado, tal y como lo establece el numeral 2 del artículo 13 antes citado, por el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas; restricciones que además, deberán ceñirse a principios de legalidad y necesidad. Dicho esto, y en cuanto al caso concreto objeto de juzgamiento, cabe señalar que, las expresiones vertidas por el Licenciado en Periodismo RENATO ALVAREZ VASQUEZ, no solamente atendían a una información escrita que, según manifestó, le había sido entregada momentos antes de iniciar su programa televisivo; sino que también referían a la averiguación de una serie de delitos de acción pública, en los que supuestamente habían participado una serie de personas, entre ellas, el Señor JULIO EDUARDO SARMIENTO; cuya veracidad fue constatada a través de preguntas que le formulara al Secretario de Estado en los Despachos de Seguridad, presente en el programa de televisión, quien afirmó que se estaban realizando investigaciones al respecto. Es aquí, donde, para efectos de dilucidar si ha existido infracción al precepto constitucional contenido en el artículo 72 de nuestra carta magna, resulta de utilidad lo sostenido por la doctrina y jurisprudencia del Tribunal Constitucional español, lo que se conoce como la denominada Teoría del Reportaje Neutral, bajo la cual, la libertad de emisión del pensamiento, ligada al derecho a la información, exige un deber mínimo de comprobación de la información, mediante la demostración de que ánimo de informar en una materia de relevancia pública ha sido el impulso central de la actuación del comunicador social, y que éste ha buscado en forma diligente y razonable la verdad; y que, de comprobarse que el comunicador ha actuado bajo estos parámetros, tal y como ocurrió en el caso subjudice, no podrían limitarse sus derechos, mediante la persecución y condena en un proceso penal; pues esto constituiría una censura.- III. En virtud de lo antes expuesto, debe concluirse, como efectivamente lo hace esta Sala de lo Penal, que la sentencia definitiva fue dictada, bajo parámetros de limitación a la libertad de emisión del pensamiento, no admisibles en el contexto del artículo 72 de nuestra carta magna, y dentro del marco de un sistema democrático y pluralista en el cual precisamente la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares fundamentales que deben resguardarse, para la indispensable formación de una opinión pública que tenga en todo momento el derecho a ser informada de temas de interés nacional, como sin duda lo es el que fue objeto de debate en el presente caso. En consecuencia debe ser declarado con lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional invocado por el recurrente. IV.- No se conoce de los recursos de casación por Infracción de Ley Sustantiva y por quebrantamiento de forma, al haberse declarado con lugar el primer motivo alegado. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 72, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 5 de la Ley de Emisión del Pensamiento; 359, 361, 369, 372 del Código Procesal Penal FALLA: 1) Declarando CON LUGAR el recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciocho de febrero del año dos mil cuatro, pronunciada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. 2) CASA la sentencia absolviendo de responsabilidad penal al acusado RENATO ALVAREZ VASQUEZ como autor del delito de DIFAMACION POR IMPUTACIONES CONSTITUTIVAS DE CALUMNIA en perjuicio de JULIO EDUARDO SARMIENTO 3) Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen, para que se proceda de manera inmediata a su ejecución. REDACTO EL MAGISTRADO RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAÚL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO. MAGISTRADO COORDINADOR POR LEY SALA PENAL. EDITH MARÍA LÓPEZ RIVERA. MAGISTRADA. JOSÉ FRANCISCO RUÍZ GAEKEL. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA. RECEPTOR ADSCRITO. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de agosto del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha veintidós de marzo del año dos mil once, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-60-2008.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1] Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004., párrafo 108.

[2] Comité de Derechos Humanos, Observación General número 25, párrafo 25.