Sentencia CP-385-09 — Registro 2173
Resumen
Se absolvio en primera instancia a los acusados por el delito de usurpación
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA FUNDADO EN QUE LA SENTENCIA RECURRIDA NO CONTIENE EN SUS HECHOS PROBADOS, UNA MOTIVACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA, TORNÁNDOSE IMPOSIBLE EVALUAR EL RAZONAMIENTO LÓGICO- JURÍDICO DE LOS JUECES Y ESPECÍFICAMENTE CUAL ES EL SUCESO FÁCTICO JUZGADO, DONDE CONSTE PLENAMENTE ESTABLECIDO EL OBJETO DEL PROCESO, LA PERSONAS RESPONSABLES Y LOS HECHOS IMPUTABLES.-Argumenta el recurrente que el fallo impugnado viola el Debido Proceso, en tanto que la sentencia del A Quo carece de motivación. El Censor estima infringido el artículo 141, en relación al artículo 338 del Código Procesal Penal, en relación a los requisitos de la sentencia. A criterio del recurrente, no se cumplen las reglas del artículo 338, específicamente la regla cuarta, numeral 1 del Código Procesal Penal, por lo que estima que la sentencia impugnada carece de motivación fáctica y jurídica, al no describir el suceso humano que dio origen al proceso, no contar con una conclusión jurídica, ni justificación de los presupuestos de la sentencia penal. Señala que los jueces deben motivar los hechos probados en sus sentencias definitivas condenatorias o absolutorias, en una incidencia sustantiva, adjetiva y constitucional. Considera que la motivación de los hechos probados constituye el mecanismo de legalidad racional, que el Estado confiere a los sujetos procesales, para que, en caso de ser quebrantado, puedan estos denunciarlo por intermedio del Recurso de Casación. Esgrime que toda sentencia definitiva debe comprender la motivación de los hechos probados, la que debe externarse en las tres formas siguientes: 1) La motivación debe efectuarse de forma descriptiva; 2) La motivación debe efectuarse de forma racional; 3) La motivación debe respetar el principio de legalidad.- Refiere que aún respetando la integridad de los hechos probados, estos son vagos, imprecisos, incoherentes y carentes de motivaciones fácticas y jurídicas, y que lo más grave, es que en ninguno de los segmentos de los hechos está contenida conducta humanos, que pudiera subsumirse en tipos penales, o actos humanos que establezcan coherentemente la inexistencia de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, que no pueden ser reprochables por cualquier titulo a los querellados. Esta Sala de lo Penal, aprecia que el recurrente centra su reproche recursivo en que la sentencia impugnada carece de motivación -fáctica y jurídica- al no describir el suceso que dio origen al proceso, no contar con una conclusión jurídica, ni justificación de los presupuestos de la sentencia penal. El artículo 141 del Código procesal penal dispone sobre la motivación de las resoluciones judiciales que “Las providencias se limitarán a determinar el contenido de lo mandado, sin más fundamentos ni adiciones, aunque podrán ser sucintamente razonadas, sin sujeción a requisito alguno, cuando el órgano jurisdiccional lo estime conveniente. Los actos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación, la designación del tribunal que lo dicta, el lugar, fecha y la resolución respectiva. La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. La motivación de las sentencias se hará de conformidad con lo establecido en el Artículo 338 de este cuerpo legal, en sus respectivos casos. La simple relación de las actuaciones del proceso, la mención de los requerimientos hechos por las partes o la cita o trascripción de preceptos legales, no reemplazará a la motivación. Por su parte el artículo 338 del Código Procesal Penal sobre los requisitos de la Sentencia, en su parte conducente dispone que: “Las sentencias se redactarán por escrito, con sujeción a las re-glas siguientes: PRIMERA:….;SEGUNDA:….;TERCERA: …..; CUARTA: Se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1) Declaración de Hechos Probados.- En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse….” Esta Sala considera importante señalar que la ausencia de fundamentación analítica o intelectiva se presenta cuando se obvia el análisis crítico de las pruebas, o cuando por ejemplo el juzgador hace una cansina reiteración de lo que los testigos dijeron y pericias demuestran, sin que haga una verdadera valoración de los contenidos, o cuando se pretende llenar con una fraseología hueca la carencia de ese análisis crítico, por ejemplo cuando se expresa que “la prueba testifical es clara, coherente y convincente” y queda en la subjetividad del juzgador, establecer el porqué de esos criterios4. La esencia del vicio denunciado por el Censor radica en que con la falta de motivación se produce la más absoluta indefensión, al desconocerse las razones fácticas o jurídicas que generan el fallo, lo que limita la facultad de recurrir. A su vez, esta irregularidad procesal priva al Tribunal de Casación de efectuar un efectivo control sobre la sentencia por no conocer las premisas fundamentales que justifican el fallo, y por esa misma razón se priva el control ciudadano, de tal manera que la falta de motivación conduce a la arbitrariedad5. Una lectura detenida de la sentencia, nos lleva a concluir que al contrario de lo que asevera el recurrente, aquella no se limita a una descripción sobre el contenido de los distintos elementos probatorios, sino que también de manera conjunta realiza una motivación analítica o intelectiva de los mismos que resulta suficiente y que no se presenta como arbitraria o irreflexiva. Esta Sala considera que el Tribunal de Instancia ha realizado una valoración conjunta y armoniosa de la prueba legalmente incorporada al juicio, de la que no se deriva participación de los acusados S. L. P. y J. A. B. W., en los hechos por los que fueron llamados a juicio, de tal manera que no se constata la ausencia de motivación denunciada por el Censor. Por lo antes expuesto, se desestima el motivo de casación invocado por el recurrente"
Legislación citada
- Código de Procedimientos Penales, art. 362, numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA FUNDADO EN QUE EL A QUO AL DICTAR SENTENCIA EMITE DECLARACIONES O PROPOSICIONES QUE VIOLENTAN LA REGLA DE LA LÓGICA DE LA DERIVACIÓN QUE IMPLICA EL PRINCIPIO DE RAZÓN SUFICIENTE.-Argumenta el recurrente que el fallo impugnado pronunciado por el A Quo contiene violación de un requisito principal del Debido Proceso, consistente en que toda sentencia o resolución se hará valorando la prueba en forma motivada conforme a las reglas de la sana crítica. El recurrente considera que en la valoración de las pruebas, la motivación debió respetar el principio de razón suficiente, cuyo razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando. Resume el PRIMER RAZONAMIENTO CUESTIONADO asi: El A Quo dicta una sentencia absolutoria, porque asume que jamás la parte querellante presentó un medio de prueba como PLANOS, que permitieran individualizar fehacientemente, si las casas de habitación de los querellados S. L. P. Y J. A. B. W. se encontraban ubicados dentro del predio que es de legítima propiedad de la señora M. J. W.. DEMOSTRACION DEL VICIO DENUNCIADO: El razonamiento del tribunal no es concordante, ya que su conclusión deriva de una afirmación que no tiene un elemento de convicción valido, ya que fue el mismo Tribunal de Sentencia el que a sabiendas rechazó manifiestamente los Planos topográficos que le proporcionaba la parte querellante en el momento procesal oportuno, mediante el auto para mejor proveer, el razonamiento del Tribunal de Sentencia para rechazar ese elemento de prueba fue ilógico ya que bien sabían los jueces de Sentencia a esa altura del Debate de Juicio Oral y Público, la importancia manifiesta de la omisión de ese elemento de prueba PLANOS, que era esencial y que no había sido propuesto en ninguna etapa anterior, en consecuencia era no conocido en el proceso penal. Esgrime que el A Quo viola esta regla lógica de la derivación del principio de razón suficiente sustentando su fallo absolutorio en una única prueba (PLANOS), que fue rechazada por el Tribunal. (Ver folios de Acta Juicio Oral y Publico) a folios 533 al 543. SEGUNDO RAZONAMIENTO CUESTIONADO: Resulta incuestionable al recurrente que el A Quo expone las siguientes motivaciones: “este Tribunal considera que M. J. W. no estaba legitimada como parte en esta querella pues el derecho de propiedad que pretende hacer valer por medio de esta querella resulta posterior a la acción que les atribuye a los querellados. Corresponde a la jurisdicción civil y no a la penal la resolución de las controversias entre las partes sobre la titularidad dominical y posesión de los bienes inmuebles, más sin embargo en casos como este se produce una huida hacia el derecho penal contraria a los principios que lo informan tal es el principio de intervención mínima”… DEMOSTRACION DEL VICIO DENUNCIADO: que no es posible comparecer ante ninguna autoridad penal a exigir a la Administración de justicia que castigue a los delincuentes que le han invadido y usurpado su casa, predio o terreno, razonamiento que no es concordante, ya que produce una negación arbitraria y peligrosa al pacto social que rige a los hondureños exponiendo al derecho de la legítima propiedad, tutelada en el artículo 103 Constitucional, por lo que asume que el razonamiento es ilógico, en tanto afirma que la usurpación es un delito permanente, continuo o reiterado que supone el mantenimiento de una situación típica, de cierta duración, por la voluntad del autor, lapso durante el cual se sigue realizando el tipo, y que el delito continúa consumándose hasta que cesa la situación antijurídica. Asegura que el A Quo expone dos proposiciones contrapuestas, en la primera que consta en la Declaración del Primer Hecho Probado, dicen que M. J. W. desde el 10 de julio de 1987 “debe entenderse como propietaria” del bien inmueble cuestionado; y la segunda proposición la definen en la valoración de la Prueba en su numerales décimo sexto, décimo séptimo y décimo octavo, donde establecen que M. J.g W. a partir de la tradición de dominio efectuada en fecha 20 de julio de 2009 “es tenida como propietaria del predio tantas veces mencionado”; Entonces podía o no podía considerarse titular del derecho pretendido y reclamar justicia penal. Es por todo ello, que decimos que esa interpretación o utilización arbitraria de la fuente de convencimiento conduce a Los Jueces de Sentencia de Tela, Atlántida a la falsa motivación del fallo absolutorio, cuando extraen efectos de las pruebas que las mismas no contienen, llegando a contraponer proposiciones; por último se produce también un razonamiento que no es suficiente: porque la motivación es ilógica al no estar constituida por elementos aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto o probable sobre el hecho. En consecuencia violan la regla de la sana crítica de la lógica de derivación por principio de razón suficiente cuando sustentan pensamientos interpretativos derivados de conceptos tergiversados sobre el tipo penal y la titularidad de un derecho, los cuales dichos razonamientos de interpretación, no tienen la capacidad para sustituir la fuerza legal que el ordenamiento jurídico vigente les ha proporcionado conceptualmente a ambas creaciones jurídicas (tipo penal y titularidad de un derecho.) Concluye que los hechos probados no tienen vinculación a lo evacuado en el juicio, y que los mismos son contradictorios, pues esto no fue lo que se evacuó en el Juicio, y que por la parte acusadora se acreditó, el delito cometido por los ahora acusados.- Esta Sala de lo Penal, aprecia que en el presente caso, el A Quo ha realizado una valoración conjunta y armoniosa de la prueba de cargo y descargo legalmente incorporada al juicio, de la que no ha derivado participación de los acusados S. L. P. Y J. A. B. W. en el delito Usurpación por el que fueron llamados a juicio. Es importante señalar que el auto para mejor proveer es una facultad muy excepcional y potestativa del órgano jurisdiccional. La evacuación de un medio de prueba como auto para mejor proveer, depende a que se trate de la omisión de un elemento de prueba importante antes no conocido. Sobre lo expuesto, la Sala de lo Penal ha dicho, que “El Auto para mejor proveer, no puede ser obligatorio para el Juzgador, y corresponde a la parte interesada instar su realización, el tribunal Juzgador también puede ordenar su práctica, siempre que considere su utilidad para complementar algún vacío de las partes no acreditado por la prueba y decisivo para resolver. El ordenar un auto para mejor proveer es una facultad potestativa del órgano jurisdiccional, por lo que puede o no ser ordenada motivadamente por el Juzgador, sin que por ello pueda cuestionarse la objetividad del Tribunal. (Ver expediente SP144-05, con sentencia de casación de fecha 16 de junio de 2006). También la sentencia que literalmente dice: “Sobre este punto la Sala afirma que en un sistema mixto reformado en donde el acusador es el Ministerio Público, las diligencias para mejor proveer son potestativas del ente juzgador, pudiendo ser dictadas oficiosamente o ser solicitadas por cualquiera de las partes, debiendo para acceder, denegarlas o dictarlas de oficio, analizar el juzgador que sean un complemento de la prueba presentada y nunca una subsanación de la inactividad procesal de cualquiera de ellas, en el presente caso el juzgador consideró complementaria a la actividad probatoria del Ministerio Público la solicitud de auto para mejor proveer accediendo, no violándose por ello ningún derecho Constitucional del imputado, dado que tuvo la oportunidad de presentar prueba para rechazar la imputación, no siendo además esta actuación procesal esencial, dado que eliminada in mente la misma persisten pruebas que sostienen la sentencia condenatoria, por lo expuesto se declara sin lugar este motivo de Violación de Precepto Constitucional(ver expediente SP293-06, con sentencia de casación de fecha 15 de agosto de 2007)”. Por lo expuesto este Sala concluye el A Quo ha aplicado en legal y debida forma la regla de la sana critica de la lógica, concretamente de derivación, pues al valorar el material probatorio de reproche, ha vertido razones e inferencias lógicas suficientes para fundar su fallo absolutorio a favor de los acusados S. L. P. Y J. A. y B. W.. Por lo antes expuesto, se desestima el motivo de casación invocado por el recurrente.-“
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY O DOCTRINA LEGAL, FUNDADO EN LA NO APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 341, EN RELACIÓN CON EL ARTICULO 344 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL RELACIONADO CON EL ARTICULO 227 DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE.-Argumenta el recurrente que el A Quo ha incurrido en infracción de ley al no aplicar el artículo 341 del Código Procesal Penal, a pesar de existir motivos suficientes para condenar a los imputados. Considera que también debió aplicar el artículo 342 del Código Procesal Penal, que dispone las reglas de la primera fase de la sentencia condenatoria, tomando como base las alegaciones de las partes y las pruebas presentadas en el Juicio Oral y Público. Estima que también debió aplicar el Art.344 del Código Procesal Penal, que manda que “la sentencia condenatoria fijará con precisión las penas y las medidas de seguridad a que quedara sujeto del reo y, cuando corresponda, otorgará la suspensión condicional de la ejecución de la pena”. Afirma que el Art.227 del Código Penal, dispone que: “Quien usurpe un bien inmueble o un derecho real, será sancionado con reclusión de dos (2) a cuatro (4) años, sin perjuicio, de que tan pronto como se acredite en autos el derecho correspondiente, el Juez que conoce de la causa, ordene el desalojo del bien de que se trate o el reintegro del derecho usurpado”. Arguye que las pruebas evacuadas en juicio oral y público no concuerdan y son contradictorias con los hechos probados, por lo que el Juzgador erróneamente ha decidido absolver a los procesados S. L. P. y J. A. B. W.. Añade que el Tribunal de Instancia no es congruente, claro, preciso en el relato de los hechos probados, y que no se manifiesta sobre el delito de Usurpación, y que solo hace referencia a ciertos antecedentes e historia sin que tengan relación con las pruebas evacuadas, tales como el tracto sucesivo de la documentación legal que sirven de soporte para acreditar que la señora M. J. W. es la legítima propietaria del bien inmueble, inscrito a su favor bajo el Asiento número ocho 33 del Tomo 560, de fecha 20 de julio del 2009 ante el Instituto de la Propiedad de …, ….- Considera que con tal documentación se prueban los derechos mediante Instrumento Público, o la tradición de dominio, por traspaso de derechos hereditarios. Estima que mientras este instrumento subsista, no es admisible ninguna prueba en contrario, que pruebe derecho de posesión con que se pretenda impugnarlo. Arguye que si la parte acusada carece de instrumento público, no puede hacer valer un derecho que les diera a los acusados el carácter de dueños o propietarios del bien inmueble que usurpan. Argumenta que la ley exige como único requisito para la usurpación que el acusado se encuentre usurpando o ocupando en carácter de dueño un bien inmueble del que no es propietario. Concluye que si se acreditó que el bien inmueble es propiedad de M. J. W. y que no existe otro documento que pruebe lo contrario, y que quedó probado que los acusados están usurpando el inmueble de M. J. W., lo cual quedo acreditado con la INSPECCIÓN realizada en el lugar de los hechos, con el ÁLBUM FOTOGRÁFICO y la DECLARACIÓN TESTIFICAL rendida por los testigos C. R. R., J. A. A., con lo que se prueba que los querellados son las personas que han construido viviendas en predios pertenecientes a M. J. W., por lo que el A Quo debió condenarlos por el delito de USURPACION conforme a lo que establece el artículo 227 del Código Penal. Esta Sala de lo Penal considera importante recordar que a través del recurso de casación por infracción de ley sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del sistema procesal anterior, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. Todo lo que se refiere a la determinación del hecho queda fuera de su ámbito competencial. Por eso se dice con razón que el Tribunal de Casación al conocer de las alegaciones de infracción de ley no es un Tribunal de segundo grado con potestad para examinar ex novo la causa y corregir todos los errores de hecho, que pueda cometer el sentenciador, sino que es un supremo guardián del derecho sustantivo, para evitar la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia (vid. Art. 360 párrafo primero del Código Procesal Penal). Al Tribunal de Casación le está vedado penetrar por ese cauce procesal a la reconstrucción histórica del suceso al cual la norma de Derecho es aplicada. En este sentido, la jurisprudencia ha sentado de manera reiterada como presupuesto de la casación por infracción de ley, el principio de intangibilidad de los hechos fijados por la sentencia recurrida, estableciendo que el recurso de casación fundado en ese motivo, solo procede para corregir el Derecho, de suerte que las cuestiones de hecho escapan al control jurisdiccional del Tribunal de Casación. De este modo, la regla de la indiscutibilidad de los hechos fijados por la sentencia y la finalidad de la casación, aparecen congruentes entre sí y se complementan mutuamente. Dicho lo anterior y fijados los límites dentro de los que se desenvuelve la función revisora de esta Sala, cuando del recurso por infracción de ley se trate, podemos constatar que los hechos declarados probados en la sentencia impugnada son los siguientes: “Primero: En fecha diez de julio de 1987 el registrador de la propiedad de … declaró con lugar la solicitud de tradición de dominio de un predio perteneciente a J. L. B. a favor de M. J. W. y ordena que se de cumplimiento a la sentencia dictada por la Corte del Condado de Brewster, Estado de Texas, de los estados Unidos de América, mediante la cual se declaró heredera a M. J. W. de los bienes inmuebles que dejase en Honduras J. L. B., por lo que a partir de esa fecha debe entenderse como propietaria a M. J. W.. (FL 486,487) Segundo: El predio en referencia esta ubicado en la Aldea de San Juan consta de un área aproximada de 13,541.30 metros cuadrados y está inscrito bajo el número 33 del tomo 560 del libro registro de la propiedad, hipotecas y anotaciones preventivas de la ciudad de … Tercero: Que sobre el predio descrito en el párrafo precedente se había dispuesto judicialmente la medida cautelar de prohibición de celebrar actos o contratos en virtud de la demanda ejecutiva de pago contenida en el expediente Judicial No. …, y promovida por el Abogado J. R. S. C., en representación de J. A. B. W. contra G. L. M., misma que levantada según lo dispuesto en providencia de fecha 17 de febrero de 2009 dictada por la Juez de Letras de lo Civil del Juzgado de Francisco Morazán, E. J. L. F.. Cuarto: S. L. P., J. A. B. W. viven en la comunidad de … Municipio de … la primera desde hace treinta años aproximadamente”. Del relato fáctico antes descrito no se subsumen en los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Usurpación, previsto en el artículo 227 del Código Penal, que dispone: “Quien usurpe un bien inmueble o un derecho real, será sancionado con reclusión de dos (2) a cuatro (4) años, sin perjuicio, de que tan pronto como se acredite en autos el derecho correspondiente, el Juez que conoce de la causa, ordene el desalojo del bien de que se trate o el reintegro del derecho usurpado”. Esta Sala aprecia que de los hechos declarados probados que constituyen el cuadro fáctico de la sentencia impugnada no se deriva que los acusados S. L. P., J. A. B. W., hayan realizado actos o tenido la voluntad manifiesta de ocupar o apoderarse con ánimo de dueño de algún bien inmueble propiedad de la señora M. J. W.. Por lo otro lado, esta Sala no encuentra que el A Quo haya incurrido en infracción de ley sustantiva, por falta de aplicación de los artículos 341, 342 y 344 del Código Procesal Penal, en tanto como se aprecia, se trata de disposiciones adjetivas de carácter procesal penal, cuya falta de aplicación no da lugar a un motivo de casación por Infracción de ley, sino de Quebrantamiento de forma. Por lo expuesto se declara sin lugar el motivo de casación invocado por el recurrente."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 362, numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY O DOCTRINA LEGAL, FUNDADO EN LA APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTICULO 339 DEL CÓDIGO PENAL, EN RELACIÓN CON EL ARTICULO 202 DE ESTE MISMO TEXTO PUNITIVO.-Argumenta en inicio que la sentencia impugnada ha infringido la ley o la Doctrina Legal, por aplicación indebida de los artículos 339 y 202 del Código Penal. Posteriormente cita como violentado por su aplicación indebida el Artículo 339 del Código Procesal Penal, que establece que si el Tribunal considera que no hay pruebas suficientes para condenar al imputado, dictara sentencia absolutoria, asimismo, será absuelto en caso de duda razonable. Refiere que por su parte el artículo 202 dice: Que las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. Considera que las pruebas evacuadas no concuerdan con los hechos probados y son contradictorias con una sentencia absolutoria. Concluye que quedó totalmente acreditado que la legítima dueña del bien inmueble usurpado es M. J. W. tal como lo establece el medio de prueba evacuado, TITULADO DOCUMENTAL, en el cual se acredita, que el bien inmueble está inscrito a favor de su Representada, bajo el Asiento 33 del Tomo 560 del Instituto de la Propiedad de Tela, Atlántida, el cual conforme a la doctrina y en vista de haberse probado que los imputados son las personas que están dentro de la propiedad usurpándola, no había otro camino jurídico que condenarlos por el Delito de Usurpación, pero no dictar una sentencia absolutoria de forma subjetiva y sin acervo probatorio alguno, y que haga patente que los acusados no son las personas que están usurpando el bien inmueble o que estos tengan y se haya demostrado en Juicio Oral y Público que ellos son los legítimos dueños conforme lo manda nuestra ley en instrumento públicos al aplicar el articulo 339 del Código Procesal Penal. Esta Sala de lo Penal, observa que por una parte, que el recurrente enuncia como infringidos por aplicación indebida los artículos 339 y 202 del Código Penal. Esta Sala aprecia que el Artículo 339 de la Ley Penal Sustantiva dispone que: “Cuando los rebeldes o sediciosos se disolvieren o se sometieren a la intimación que al efecto les haga la autoridad legítima, quedarán exentos de pena los meros ejecutores de cualquiera de aquellos delitos, si no fueren empleados públicos”. Y el Artículo 202 del mismo texto punitivo dice que :”El particular que entrare en morada ajena contra la voluntad de su morador o habiendo entrado con el consentimiento expreso o tácito del mismo, permaneciere en ella a pesar de habérsele conminado a abandonarla, será sancionado con tres meses a un año de reclusión.- Si los hechos anteriores se ejecutaren con violencia o intimidación o simulación de autoridad, la pena será de uno a tres años de reclusión”. De lo anterior se pone en evidencia que las disposiciones penales sustantivas señaladas como infringidas por el Censor nada tienen que ver, 1ni se vinculan con el caso concreto de estudio. Por otro lado, al explicar el motivo, en recurrente argumenta como infringidos por aplicación indebida los Artículos 339 y 202 pero del Código Procesal Penal, cuya falta de aplicación, tratándose de disposiciones que tienen un carácter eminentemente procesal, no podría constituir un motivo de casación de infracción de ley, sino en su caso, de un vicio de Quebrantamiento de forma. Por lo expuesto se declara sin lugar el motivo de casación invocado por el recurrente"
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Procedimientos Penales, art. 362, numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia que literalmente dice:”EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS.-LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de abril de dos mil once, por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO en su calidad de Coordinador, RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO y JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma interpuesto contra la sentencia de fecha nueve de octubre de dos mil nueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tela, Departamento de Atlántida, mediante la cual absolvió a S. L. P. y J. A. B. W. del delito de USURPACION en perjuicio de M. J. W.- Interpuso el Recurso de Casación el Abogado G. B. Q., actuando en su condición de Apoderado Acusador.- SON PARTES: El Abogado G. B. Q., en su condición de apoderado acusador en representación de la señora M. J. W., como parte recurrente; el Abogado T. E. F. R., en su condición de Apoderado Defensor del señor J. A. B. W. y el Abogado J. A. F. C., en su condición de Apoderado Defensor de la señora S. L. P., como partes recurridas.-CONSIDERANDO.-I.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo.-II.- “HECHOS PROBADOS Valorando las pruebas practicadas en el juicio de acuerdo con las reglas de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: Primero: En fecha diez de julio de 1987 el registrador de la propiedad de Tela declaró con lugar la solicitud de tradición de dominio de un predio perteneciente a J. L. B. a favor de M. J. W. y ordena que se de cumplimiento a la sentencia dictada por la Corte del Condado de B., Estado de Texas, de los estados Unidos de América, mediante la cual se declaró heredera a M. J. W. de los bienes inmuebles que dejase en Honduras J. L. B., por lo que a partir de esa fecha debe entenderse como propietaria a M. J. W. (FL 486,487) Segundo: El predio en referencia está ubicado en la Aldea de San Juan consta de un área aproximada de 13,541.30 metros cuadrados y está inscrito bajo el número 33 del tomo 560 del libro registro de la propiedad, hipotecas y anotaciones preventivas de la ciudad de Tela. Tercero: Que sobre el predio descrito en el párrafo precedente se había dispuesto judicialmente la medida cautelar de prohibición de celebrar actos o contratos en virtud de la demanda ejecutiva de pago contenida en el expediente Judicial No. 0801-2007-06019-CO, y promovida por el Abogado J. R. S. C., en representación de J. A. B. W.O contra G. L. M., misma que levantada según lo dispuesto en providencia de fecha 17 de febrero de 2009 dictada por la Juez de Letras de lo Civil del Juzgado de Francisco Morazán, E. J. L. F. Cuarto: S. L. P., J. A. B. W. viven en la comunidad de San Juan Municipio de Tela la primera desde hace treinta años aproximadamente.”III.- EL RECURRENTE, ABOGADO G. B. Q., DESARROLLÓ SU RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY DE LA SIGUIENTE MANERA: “EXPOSICION DEL MOTIVO UNO: Por infracción de ley o doctrina legal, no aplicación de los artículos 341 en relación con el articulo 344 del Código Procesal Penal relacionado con el articulo 227 del Código Penal vigente. PRECEPTO AUTORIZANTE El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal.- EXPLICACION DEL MOTIVO El precepto por INFRACCION DE LEY O DE DOCTRINA LEGAL que se cita como violentado por su no aplicación textualmente dice: Artículo 341 Código Procesal Penal, si el Tribunal considera que existen motivos suficientes para condenar al imputado, procederá de acuerdo con la presente sección; Articulo 342 Código Procesal Penal, regla aplicable en la primera fase, el Tribunal de Sentencia tomando como base las alegaciones de las partes y las pruebas presentadas por estas en el Juicio Oral y Público, se pronunciará sobre la culpabilidad del procesado; y, el Articulo 344 Código Procesal Penal, dice: La sentencia condenatoria fijará con precisión las penas y las medidas de seguridad a que quedará sujeto el reo y, cuando corresponda, otorgará la suspensión condicional de la ejecución de la pena. La sentencia contendrá en su caso el pronunciamiento correspondiente en materia de costas. Se dispondrá, además, lo que proceda acerca del destino de las piezas de convicción, instrumentos y efectos del delito. Por su parte el Articulo 227 del Código Penal, dice: Quien usurpe un bien inmueble o un derecho real, será sancionado con reclusión de dos (2) a cuatro (4) años, sin perjuicio, de que tan pronto como se acredite en autos el derecho correspondiente, el Juez que conoce de la causa, ordene el desalojo del bien de que se trate o el reintegro del derecho usurpado. HECHOS PROBADOS SEGUN EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TELA.- PRIMERO: En fecha 10 de julio de 1987 el Registrador de la Propiedad de Tela, declaro con lugar la solicitud de Tradición de Dominio de un predio perteneciente a J. L. B. a favor de M. J. W. y ordena que se le dé cumplimiento a la sentencia dictada por la Corte del Condado de B., Estado de Texas, de los Estados Unidos de Norteamérica, mediante la cual se declaro heredera a M. J. W. de los bienes inmuebles que dejase en Honduras J. L. B., por lo que a partir de esa fecha debe entenderse como propietaria a M. J. W. (Folios 486,487). SEGUNDO: El predio en referencia está ubicado en la Aldea de San Juan, consta de un área aproximada 13,541.30 metros cuadrados y esta inscrito bajo el número 33 del Tomo 560 del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de la ciudad de Tela, ahora Instituto de la Propiedad. TERCERO: Que sobre el predio descrito en el párrafo precedente se había dispuesto judicialmente la medida cautelar de prohibición de celebrar actos y contratos en virtud de la demanda ejecutiva de pago contenida en el Expediente Judicial numero 0801-2007-06019-CO y promovida por el Abogado J. R. S. C. en representación de J. A. B. W. contra G. L. M., misma que levantada según lo dispuesto en providencia en fecha 17 de febrero del 2009 dictada por la Juez de Letras de lo Civil del Juzgado de Francisco Morazán, E. J. L. F. CUARTO: S. L. P., J. A. B. W. viven en la comunidad de San Juan, Municipio de Tela, la primera desde hace varios años. ANALISIS DE LAS PRUEBAS EVACUADAS EN JUICIO ORAL Y PUBLICO QUE NO CONCUERDAN Y SON CONTRADICTORIAS A LOS HECHOS PROBADOS POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIAS DE TELA. 1.- El Tribunal de Sentencia de Tela, Atlántida, conforme a los hechos probados los cuales subsume de la valoración en forma conjunta de la prueba aportada en Juicio Oral y Público, decide absolver a los procesados S. L. P., J. A. B. W. de lo cual la parte acusadora no está de acuerdo, en vista de que el Tribunal de Sentencia no es congruente, claro, preciso en los hechos probados, ya que no se manifiesta sobre el delito de Usurpación, ya que solo hace referencia a que hay una tradición de dominio a favor de M. J. W. conforme al hecho probado numero uno, no así los otros hechos que solamente son de historia o sea donde se encuentra ubicado en predio de una medida cautelar de no celebrar actos y contratos y donde viven los procesados. Pero no establece una relación sobre las pruebas evacuadas en este caso sobre el tracto sucesivo de la documentación legal que sirven de soporte para la cual la parte acusadora probó el hecho promovido, entre otros los que se encuentran en folio 25 vuelto del expediente, folios 26, 31, 32, 34, 36, 38, 45, 50, 59, 392, 393, 401, 404 todos evacuados en Juicio Oral y Público con lo cual se prueba que M. J. W. es la legítima propietaria del bien inmueble inscrito a su favor bajo el Asiento numero ocho 33 del Tomo 560 de fecha 20 de julio del 2009 ante el Instituto de la Propiedad de Tela, Atlántida, con toda esta prueba soy de criterio y análisis jurídico, que la posesión de los derechos cuya transferencia o constitución mediante un Instrumento Público, en este caso tradición de dominio, por traspaso de derechos hereditarios, se prueba con el mismo instrumento y mientras este instrumento subsista, no es admisible ninguna prueba en contrario, que pruebe derecho de posesión con que se pretenda impugnarlo, a contrario sensu si la parte acusada carece de tal instrumento público, no puede el impetrante hacer valer un derecho en vista de no tener el sustento legal instrumental, que le ampare la tradición, la posesión y el dominio del bien inmueble que esta usurpando, tal como sucede en el presente caso, ya que los procesados en la secuela del Juicio Oral y Público no han hecho valer este derecho que los ampara en vista de que no acreditaron en el juicio, un documento de orden público que les diera el carácter de dueños o propietarios del bien inmueble que usurpan, nuestra ley es clara al exigir como único requisito para la usurpación la de estar la persona usurpando o sea ocupando en carácter de dueño de un bien inmueble que no es dueño, nuestro tipo penal vigente no exige mas requisito que el antes indicado. En consecuencia si se acredito en autos que el bien inmueble es propiedad de M. J. W. no existiendo otro documento que diga lo contrario, es por esta razón y en vista de haber quedado acreditado en autos que los acusados son las personas que están usurpando el bien inmueble de M. J. W., condición, que quedó totalmente probado con la inspección realizada en el lugar de los hechos así como con el álbum fotográfico y la declaración testifical rendida por C. R. R., J. A. A., que ellos los querellados, son las personas que han construido viviendas en predios de M. J. W., el Tribunal de Sentencia de Tela, conforme a la valoración de la prueba en forma conjunta, conforme a los principios de la sana crítica, debió condenar a los imputados por el delito de USURPACION conforme a lo que establece el artículo 227 del Código Penal vigente, ya que al no hacerlo le causo violación a los derechos que benefician a Mi Representada, ya que la sentencia dictada es inequívoca a nuestro interese por no estar apegada a derecho.-RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY O DOCTRINA LEGAL, FUNDADO EN LA NO APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 341, EN RELACIÓN CON EL ARTICULO 344 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL RELACIONADO CON EL ARTICULO 227 DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE.-Argumenta el recurrente que el A Quo ha incurrido en infracción de ley al no aplicar el artículo 341 del Código Procesal Penal, a pesar de existir motivos suficientes para condenar a los imputados. Considera que también debió aplicar el artículo 342 del Código Procesal Penal, que dispone las reglas de la primera fase de la sentencia condenatoria, tomando como base las alegaciones de las partes y las pruebas presentadas en el Juicio Oral y Público. Estima que también debió aplicar el Art.344 del Código Procesal Penal, que manda que “la sentencia condenatoria fijará con precisión las penas y las medidas de seguridad a que quedara sujeto del reo y, cuando corresponda, otorgará la suspensión condicional de la ejecución de la pena”. Afirma que el Art.227 del Código Penal, dispone que: “Quien usurpe un bien inmueble o un derecho real, será sancionado con reclusión de dos (2) a cuatro (4) años, sin perjuicio, de que tan pronto como se acredite en autos el derecho correspondiente, el Juez que conoce de la causa, ordene el desalojo del bien de que se trate o el reintegro del derecho usurpado”. Arguye que las pruebas evacuadas en juicio oral y público no concuerdan y son contradictorias con los hechos probados, por lo que el Juzgador erróneamente ha decidido absolver a los procesados S. L. P. y J. A. B. W. Añade que el Tribunal de Instancia no es congruente, claro, preciso en el relato de los hechos probados, y que no se manifiesta sobre el delito de Usurpación, y que solo hace referencia a ciertos antecedentes e historia sin que tengan relación con las pruebas evacuadas, tales como el tracto sucesivo de la documentación legal que sirven de soporte para acreditar que la señora M. J. W. es la legítima propietaria del bien inmueble, inscrito a su favor bajo el Asiento número ocho 33 del Tomo 560, de fecha 20 de julio del 2009 ante el Instituto de la Propiedad de Tela, Atlántida.- Considera que con tal documentación se prueban los derechos mediante Instrumento Público, o la tradición de dominio, por traspaso de derechos hereditarios. Estima que mientras este instrumento subsista, no es admisible ninguna prueba en contrario, que pruebe derecho de posesión con que se pretenda impugnarlo. Arguye que si la parte acusada carece de instrumento público, no puede hacer valer un derecho que les diera a los acusados el carácter de dueños o propietarios del bien inmueble que usurpan. Argumenta que la ley exige como único requisito para la usurpación que el acusado se encuentre usurpando o ocupando en carácter de dueño un bien inmueble del que no es propietario. Concluye que si se acreditó que el bien inmueble es propiedad de M. J. W. y que no existe otro documento que pruebe lo contrario, y que quedó probado que los acusados están usurpando el inmueble de M. J. W., lo cual quedo acreditado con la INSPECCIÓN realizada en el lugar de los hechos, con el ÁLBUM FOTOGRÁFICO y la DECLARACIÓN TESTIFICAL rendida por los testigos C. R. R., J. A. A., con lo que se prueba que los querellados son las personas que han construido viviendas en predios pertenecientes a M. J. W., por lo que el A Quo debió condenarlos por el delito de USURPACION conforme a lo que establece el artículo 227 del Código Penal. Esta Sala de lo Penal considera importante recordar que a través del recurso de casación por infracción de ley sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del sistema procesal anterior, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. Todo lo que se refiere a la determinación del hecho queda fuera de su ámbito competencial. Por eso se dice con razón que el Tribunal de Casación al conocer de las alegaciones de infracción de ley no es un Tribunal de segundo grado con potestad para examinar ex novo la causa y corregir todos los errores de hecho, que pueda cometer el sentenciador, sino que es un supremo guardián del derecho sustantivo, para evitar la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia (vid. Art. 360 párrafo primero del Código Procesal Penal). Al Tribunal de Casación le está vedado penetrar por ese cauce procesal a la reconstrucción histórica del suceso al cual la norma de Derecho es aplicada. En este sentido, la jurisprudencia ha sentado de manera reiterada como presupuesto de la casación por infracción de ley, el principio de intangibilidad de los hechos fijados por la sentencia recurrida, estableciendo que el recurso de casación fundado en ese motivo, solo procede para corregir el Derecho, de suerte que las cuestiones de hecho escapan al control jurisdiccional del Tribunal de Casación. De este modo, la regla de la indiscutibilidad de los hechos fijados por la sentencia y la finalidad de la casación, aparecen congruentes entre sí y se complementan mutuamente. Dicho lo anterior y fijados los límites dentro de los que se desenvuelve la función revisora de esta Sala, cuando del recurso por infracción de ley se trate, podemos constatar que los hechos declarados probados en la sentencia impugnada son los siguientes: “Primero: En fecha diez de julio de 1987 el registrador de la propiedad de Tela declaró con lugar la solicitud de tradición de dominio de un predio perteneciente a J. L. B. a favor de M. J. W. y ordena que se de cumplimiento a la sentencia dictada por la Corte del Condado de Brewster, Estado de Texas, de los estados Unidos de América, mediante la cual se declaró heredera a M. J. W. de los bienes inmuebles que dejase en Honduras J. L. B., por lo que a partir de esa fecha debe entenderse como propietaria a M. J. W. (FL 486,487) Segundo: El predio en referencia esta ubicado en la Aldea de San Juan consta de un área aproximada de 13,541.30 metros cuadrados y está inscrito bajo el número 33 del tomo 560 del libro registro de la propiedad, hipotecas y anotaciones preventivas de la ciudad de Tela. Tercero: Que sobre el predio descrito en el párrafo precedente se había dispuesto judicialmente la medida cautelar de prohibición de celebrar actos o contratos en virtud de la demanda ejecutiva de pago contenida en el expediente Judicial No. 0801-2007-06019-CO, y promovida por el Abogado J. R. S. C., en representación de J. A. B. W. contra G. L. M., misma que levantada según lo dispuesto en providencia de fecha 17 de febrero de 2009 dictada por la Juez de Letras de lo Civil del Juzgado de Francisco Morazán, E. J. L. F. Cuarto: S. L. P., J. A. B. W. viven en la comunidad de San Juan Municipio de Tela la primera desde hace treinta años aproximadamente”. Del relato fáctico antes descrito no se subsumen en los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Usurpación, previsto en el artículo 227 del Código Penal, que dispone: “Quien usurpe un bien inmueble o un derecho real, será sancionado con reclusión de dos (2) a cuatro (4) años, sin perjuicio, de que tan pronto como se acredite en autos el derecho correspondiente, el Juez que conoce de la causa, ordene el desalojo del bien de que se trate o el reintegro del derecho usurpado”. Esta Sala aprecia que de los hechos declarados probados que constituyen el cuadro fáctico de la sentencia impugnada no se deriva que los acusados S. L. P., J. A. B. W., hayan realizado actos o tenido la voluntad manifiesta de ocupar o apoderarse con ánimo de dueño de algún bien inmueble propiedad de la señora M. J. W. Por lo otro lado, esta Sala no encuentra que el A Quo haya incurrido en infracción de ley sustantiva, por falta de aplicación de los artículos 341, 342 y 344 del Código Procesal Penal, en tanto como se aprecia, se trata de disposiciones adjetivas de carácter procesal penal, cuya falta de aplicación no da lugar a un motivo de casación por Infracción de ley, sino de Quebrantamiento de forma. Por lo expuesto se declara sin lugar el motivo de casación invocado por el recurrente.-EXPOSICION DEL MOTIVO: POR INFRACCION DE LEY O DOCTRINA LEGAL, aplicación indebida del articulo 339 del Código Penal, en relación con el articulo 202 de este mismo Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO El precepto por INFRACCION DE LEY O DE DOCTRINA LEGAL que se cita como violentado por su aplicación indebida textualmente dice: Artículo 339 Código Procesal Penal, si el Tribunal considera que no hay pruebas suficientes para condenar al imputado, dictara sentencia absolutoria, asimismo, será absuelto en caso de duda razonable. En la misma se ordenará la inmediata libertad del imputado, aún cuando no haya adquirido el carácter de firme..., por su parte el artículo 202 dice: Valoración de las pruebas. La sana crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. HECHOS PROBADOS SEGUN EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TELA PRIMERO: En fecha 10 de julio de 1987 el Registrador de la Propiedad de Tela, declaró con lugar la solicitud de tradición de dominio de un predio perteneciente a J. L. B. a favor de M. J. W. y ordena que se le dé cumplimiento a la sentencia dictada por la Corte del Condado de Brewster, Estado de Texas, de los Estados Unidos de Norteamérica, mediante la cual se declaró heredera a M. J. W. de los bienes inmuebles que dejase en Honduras J. L. B., por lo que a partir de esa fecha debe entenderse como propietaria a M. J. W. (Folios 486,487). SEGUNDO: El predio en referencia está ubicado en la Aldea de San Juan, consta de un área aproximada 13,541.30 metros cuadrados y está inscrito bajo el numero 33 del Tomo 560 del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de la ciudad de Tela, ahora Instituto de la Propiedad. TERCERO: Que sobre el predio descrito en el párrafo precedente se había dispuesto judicialmente la medida cautelar de prohibición de celebrar actos y contratos en virtud de la demanda ejecutiva de pago contenida en el Expediente Judicial numero 0801-2007-06019-CO y promovida por el Abogado J. R. S. C. en representación de J. A. B. W. contra G. L. M., misma que levantada según lo dispuesto en providencia en fecha 17 de febrero del 2009 dictada por la Juez de Letras de lo Civil del Juzgado de Francisco Morazán, E. J. L. F. CUARTO: S. L. P., J. A. B. WINIG viven en la comunidad de San Juan, Municipio de Tela, la primera desde hace varios años. ANALISIS DE LA PRUEBAS EVACUADAS QUE NO CONCUERDA CON LOS HECHOS PROBADOS DE LAS EVACUADAS EN JUICIO ORAL Y PUBLICO Y SON CONTRADICTORIAS PARA HABER DICTADO UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA. 1.- El artículo 202 del Código Procesal Penal establece; Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. En consecuencia esto nos da a entender que el Tribunal de Sentencia tendrá que estructurar su sentencia y demostrar, sostener su resolución apegada en derecho, en consecuencia el Honorable Tribunal, deberá establecer una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados que se conoce como fundamentación fáctica y sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo de la prueba, deberá tener en cuenta el cuadro fáctico donde se sustenta el acervo probatorio, lo que se conoce como fundamentación probatoria, la cual esta dividida en descriptiva e intelectiva, lo cual es que el Tribunal debe señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba, en la otra el Tribunal en la sentencia deberá hacer hincapié de la apreciación de los medios y elementos de prueba que se hayan evacuados de los cuales debe realizar un análisis jurídico para establecer sus hechos probados, en el presente a grandes luces Señores Magistrados, se ve la incongruencia, en Primer: lugar de las pruebas propuestas, Segundo: de las pruebas evacuadas en Juicio Oral y Público, Tercero: de la convicción sostenida por los Señores Jueces del Tribunal mediante el principio de inmediación, Cuarto: las reglas de la sana critica y valoración que le dan a esa prueba, y Quinto: la congruencia de la sentencia a la valoración en forma conjunta y armoniosa de la prueba evacuada; quedo totalmente acreditado en autos, que la legítima dueña del bien inmueble usurpado, es M. J. W. tal como lo establece el medio de prueba evacuado, TITULADO DOCUMENTAL, en el cual se acredita, que el bien inmueble está inscrito a favor de Mi Representada, bajo el Asiento 33 del Tomo 560 del Instituto de la Propiedad de Tela, Atlántida, el cual conforme a la doctrina y en vista de haber probado que los imputados son las personas que están dentro de la propiedad usurpándola, no había otro camino jurídico y condenarlos por el Delito de Usurpación, pero no dictar una sentencia de forma subjetiva sin acervo probatorio, como sustentar la sentencia, como mantenerla, como protegerla, como sostenerla, de forma que no deje ninguna duda de que los acusados no son las personas que están usurpando el bien inmueble o que estos tengan y se haya demostrado en Juicio Oral y Público que ellos los legítimos dueños conforme lo manda nuestra ley en instrumento público, lo cual se demuestra que no se encuentra en autos ningún documento que acredite el carácter de que ellos son los dueños, por lo que el Tribunal de Sentencias al aplicar el articulo 339 del Código Procesal Penal, esta violentando nuestro derecho penal y procesal, ya que no hay forma que sustente que los procesados son inocentes y que deben ser absueltos conforme a las pruebas evacuadas en Juicio Oral y Público, en consecuencia este motivo de casación debe ser resuelto en nuestro beneficio por estar claro a los intereses de Mi Representada perseguido, por lo que esta Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Penal debe resolver decretando una sentencia condenatoria.”.- RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY O DOCTRINA LEGAL, FUNDADO EN LA APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTICULO 339 DEL CÓDIGO PENAL, EN RELACIÓN CON EL ARTICULO 202 DE ESTE MISMO TEXTO PUNITIVO.-Argumenta en inicio que la sentencia impugnada ha infringido la ley o la Doctrina Legal, por aplicación indebida de los artículos 339 y 202 del Código Penal. Posteriormente cita como violentado por su aplicación indebida el Artículo 339 del Código Procesal Penal, que establece que si el Tribunal considera que no hay pruebas suficientes para condenar al imputado, dictara sentencia absolutoria, asimismo, será absuelto en caso de duda razonable. Refiere que por su parte el artículo 202 dice: Que las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. Considera que las pruebas evacuadas no concuerdan con los hechos probados y son contradictorias con una sentencia absolutoria. Concluye que quedó totalmente acreditado que la legítima dueña del bien inmueble usurpado es M. J. W. tal como lo establece el medio de prueba evacuado, TITULADO DOCUMENTAL, en el cual se acredita, que el bien inmueble está inscrito a favor de su Representada, bajo el Asiento 33 del Tomo 560 del Instituto de la Propiedad de Tela, Atlántida, el cual conforme a la doctrina y en vista de haberse probado que los imputados son las personas que están dentro de la propiedad usurpándola, no había otro camino jurídico que condenarlos por el Delito de Usurpación, pero no dictar una sentencia absolutoria de forma subjetiva y sin acervo probatorio alguno, y que haga patente que los acusados no son las personas que están usurpando el bien inmueble o que estos tengan y se haya demostrado en Juicio Oral y Público que ellos son los legítimos dueños conforme lo manda nuestra ley en instrumento públicos al aplicar el articulo 339 del Código Procesal Penal. Esta Sala de lo Penal, observa que por una parte, que el recurrente enuncia como infringidos por aplicación indebida los artículos 339 y 202 del Código Penal. Esta Sala aprecia que el Artículo 339 de la Ley Penal Sustantiva dispone que: “Cuando los rebeldes o sediciosos se disolvieren o se sometieren a la intimación que al efecto les haga la autoridad legítima, quedarán exentos de pena los meros ejecutores de cualquiera de aquellos delitos, si no fueren empleados públicos”. Y el Artículo 202 del mismo texto punitivo dice que :”El particular que entrare en morada ajena contra la voluntad de su morador o habiendo entrado con el consentimiento expreso o tácito del mismo, permaneciere en ella a pesar de habérsele conminado a abandonarla, será sancionado con tres meses a un año de reclusión.- Si los hechos anteriores se ejecutaren con violencia o intimidación o simulación de autoridad, la pena será de uno a tres años de reclusión”. De lo anterior se pone en evidencia que las disposiciones penales sustantivas señaladas como infringidas por el Censor nada tienen que ver, ni se vinculan con el caso concreto de estudio. Por otro lado, al explicar el motivo, en recurrente argumenta como infringidos por aplicación indebida los Artículos 339 y 202 pero del Código Procesal Penal, cuya falta de aplicación, tratándose de disposiciones que tienen un carácter eminentemente procesal, no podría constituir un motivo de casación de infracción de ley, sino en su caso, de un vicio de Quebrantamiento de forma. Por lo expuesto se declara sin lugar el motivo de casación invocado por el recurrente.”.-VI.- El Abogado B. Q. desarrolló su recurso de casación por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. MOTIVO DE CASACIÓN: El Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tela, Departamento de Atlántida en el Juicio Oral y Público que se adelantó contra S. L. P. y J. A. B. W. a quien se le llamó a juicio por el delito de USURPACIÓN en contra de M. J. W., emitió en la sentencia recurrida una Declaración que no contiene en sus hechos probados, una motivación fáctica y jurídica, tornándose imposible evaluar el razonamiento lógico- jurídico de los jueces y específicamente cual es el suceso fáctico juzgado, donde conste plenamente establecido el objeto del proceso, la personas imputadas y los hechos imputables. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal, que contiene: “Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana critica”. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: El fallo pronunciado por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tela, Departamento de Atlántida, fechado el 9 de Octubre del 2009, contiene la violación a uno de los principales requisitos del Debido Proceso, consistente en que toda sentencia o resolución que emita un Tribunal de Sentencia será motivada: “…la motivación de las sentencias se hará de conformidad con lo establecido en el artículo 338 de este cuerpo legal, en sus respectivos casos… ” EL PRECEPTO PENAL OBJETIVO QUE SE INVOCA COMO INFRINGIDO PRESCRIBE: Artículo 141 en relación con el artículo 338. Requisitos de la Sentencia. Las sentencias se redactarán por escrito, con sujeción a las reglas siguientes, REGLA CUARTA, numeral 1 del Código Procesal Penal: “Declaración de hechos probados. En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse”. EXPLICACIÓN NECESARIA SOBRE EL RECLAMO SUBSANATORIO PREVIO. Resultando el vicio denunciado de la propia sentencia impugnada, fue materialmente imposible reclamar contra el mismo, dentro de las etapas previas a dicho fallo condenatorio. EXPLICACION DEL MOTIVO DE CASACIÓN La Declaración de los hechos Probados constituye la manifestación ideal del modo de razonar --o que es lo mismo motivar-- de los jueces de sentencia, en cuanto se efectúa por conducto de un silogismo, que debe tener la capacidad descriptiva, en dos vías: La primera, inductiva (determinación del hecho), que constituye el soporte racional de la valoración de la prueba y la correlación de dicha valoración con el Hecho Probado. La segunda, deductiva (subsunción jurídica) cuando la norma sustantiva que se trae a la sentencia, ha sido interpretada y aplicada en forma correcta al Hecho Probado. Pero si no tiene esa destreza o habilidad descriptiva por parte de los operadores de justicia, puede acontecer que el sujeto procesal afectado denuncie que la sentencia definitiva contiene el vicio o cargo de que carezca de motivaciones fácticas y jurídicas en su declaración de Hechos Probados; este vicio a mi criterio puede acontecer, por ejemplo, en un primer caso, cuando no está consignado ni descrito ningún hecho fáctico, es decir, no se describen sucesos como tales en la declaración de hechos probados, en este caso estaríamos hablando de una carencia pura donde hace falta la motivación fáctica y en un segundo caso, que existiendo un bosquejo titulado Declaración de Hechos Probados, su contenido no describa la subsunción jurídico penal de los sucesos acontecidos, y esto se produce cuando los jueces de sentencia simplemente se limitan a realizar una simple relación de las actuaciones del proceso, por ejemplo, que solamente describan medios y elementos de prueba, solicitudes de las partes, antecedentes procesales, etc., dejando por fuera no solo el objeto del proceso, que para el tipo de delito de Usurpación, debió dejar terminantemente claro, sino la motivación judicial que se derivan de ello, por eso establecemos que el vicio denunciado afecta dos elementos: 1) Si es un hecho probado que los imputados estaban o no estaban en posesión del predio individualizado, ya que en los numerales de los hechos que dicen ser probados, los mismos no son terminantes, ni claros, ni precisos sobre ese aspecto, por el motivo de carecer de una motivación fáctica, que puede hacerlos subsumir jurídicamente en una conclusión absolutoria. (Hechos Imputados fijados en la querella). 2) Si es un hecho probado que los imputados tenían Derecho o no, sobre el predio individualizado, ya que esto abarca también, los aspectos objetivos y subjetivos del tipo penal por el cual se presentó la imputación contra las personas llamadas a juicio, pero al no definir terminantemente los jueces de sentencia, ese aspecto de la correlación de acusación con sentencia, la declaración de hechos probados sufre del vicio de carecer de motivación fáctica y por ende jurídica. (personas querelladas)En este caso que nos ocupa, a mi criterio como recurrente, esta labor realizada por el Tribunal de Sentencia NO representa bajo ningún aspecto procesal, las reglas establecidas en el artículo 338, específicamente la señalada en la REGLA CUARTA, numeral 1 del Código Procesal Penal, en consecuencia, la sentencia impugnada carece de motivación fáctica y jurídica, porque no existe la descripción de la consecuencia del suceso humano que dio origen al proceso penal, tampoco existe una conclusión jurídica, ni mucho menos justificación racional por parte de los juzgadores, ya que nunca arribaron a la conformación de ambos presupuestos de la sentencia penal, es por ello, que aporto a mi motivo de casación las palabras del jurista JULIO B. J. MAIER, que dice: “La motivación es la exteriorización por parte del juez o tribunal de la justificación racional de determinada conclusión jurídica. Se identifica, pues, con la exposición del razonamiento.”[1] Visto la definición anterior, se deduce que el deber que tienen los jueces de motivar los Hechos Probados en sus sentencias definitivas condenatorias o absolutorias, circunscribe una incidencia de índole sustantiva, adjetiva y constitucional, en vista de que la motivación, desempeña un doble propósito para la Administración de Justicia, como lo afirma la doctrina: Primero, le otorga a la sociedad, como a los sujetos procesales que hayan intervenido en un Juicio Oral y Público, la posibilitar de percibir la trascendencia y circunstancias legales del porqué a determinada persona se le absuelve o condena, es decir, que esa motivación debe contener el atributo argumentativo de permitir “que otra persona pueda reconstruir mentalmente la constatación del hecho probado”[2],Segundo, proporciona exclusivamente a los sujetos procesales, la facultad de poder interponer Recurso de Casación contra el fallo judicial, siempre y cuando cumplan con los presupuestos procesales sistematizados en el artículo 363 del Código Procesal Penal. En consecuencia, la motivación de los Hechos Probados constituye el mecanismo de legalidad racional, que el Estado confiere a los sujetos procesales, para que, en caso de ser quebrantado, puedan estos denunciarlo por intermedio del Recurso de Casación, solicitando a la Corte Suprema de Justicia su intervención a la actividad jurisdiccional, para que este alto Tribunal de Justicia, explique si las razones de la decisión que tomaron los Jueces de Sentencia para proferir un determinado veredicto (culpable o inocente), es posible controlarlo “dentro de los parámetros de la lógica-racional y la legalidad o si, por el contrario, dicha decisión es consecuencia de una pura arbitrariedad”[3]. Como lo colige el artículo 338 en relación indiscutible con el artículo 141 del Código Procesal Penal, en la estructura de toda sentencia definitiva debe comprenderse la motivación de los Hechos Probados, cuya argumentación debe concertarse por los jueces en las tres formas siguientes según la diversa doctrina mas califica: 1) La motivación debe efectuarse de forma descriptiva, concebida como el iter lógico jurídico por razón de el cual los jueces lograron separar y fijar los hechos verdaderos de los hechos fácticos contendidos en un juicio Oral y Público, narrativa y fijación que solo alcanzarán tras una actividad cognoscitiva reglada (Sana Crítica), “con el objeto de proceder a la aplicación del derecho a esos hechos” comprobados. 2) La motivación debe efectuarse de forma racional, dedúzcase como la demostración coherente del orden racional de las ideas posesionadas en la mente de los jueces de sentencia, con el fin de comprobar el hecho, la aplicación del derecho, y la corrección del juicio natural emitido en el fallo judicial, al cual solo se arriba por dos inferencias humanas: Inductiva y deductiva. 3) La motivación debe respetar el principio de legalidad, no puede concebirse que los jueces emitan una sentencia definitiva, separándose del sistema de garantías tripartitas (penal, procesal y constitucional) denominado como principio de legalidad; En el caso que nos ocupa, respetando la integridad de los Hechos Probados, demostraré como acontece el vicio denunciado y como su concurrencia en la sentencia definitiva, afecta la declaración de hechos probados, provocando que dicha declaración no solamente sea vaga, imprecisa e incoherente, sino carente de motivaciones fácticas y jurídicas, Veamos: -“Primero: En fecha diez de julio de 1987 el registrador de la propiedad de Tela declaró con lugar la solicitud de tradición de dominio de un predio perteneciente a J. L.B. a favor de M. J. W. y ordena que se de cumplimiento a la sentencia dictada por la Corte del Condado de Brewster, Estado de Texas, de los Estado Unidos de América, mediante la cual se declaró heredera a M. J. W. de los bienes inmuebles que dejase en Honduras J. L. B., por lo que a partir de esa fecha debe entenderse como propietaria a M. J. W..(FL486,487)” Para el Tribunal, está claro quien tiene el Derecho Real sobre el predio objeto en discusión. -“Segundo: el predio en referencia está ubicado en la Aldea de San Juan consta de un área aproximada de 13,541.30 metros cuadrados y está inscrito bajo el número 33 del tomo 560 del libro registro de la propiedad, hipotecas y anotaciones preventivas de la ciudad de Tela.” Para el Tribunal, está claro la ubicación, dimensiones y asiento del predio en discusión. -“Tercero: Que sobre el predio descrito en el párrafo precedente se había dispuesto judicialmente la medida cautelar de prohibición de celebrar actos o contratos en virtud de la demanda ejecutiva de pago contenida en el expediente Judicial No. 0801-2007-06019-CO, y promovida por el Abogado J. R. S. C., en representación de J. A. B. W. contra G. L. M, misma que levantada según lo dispuesto en providencia de fecha 17 de febrero 2009 dictada por la Juez de Letras de lo Civil del Juzgado de Francisco Morazán, E. J. L. F.” A pesar de ser irrelevante para el objeto del proceso el Hecho de que la propiedad tenga la medida “de prohibición de celebrar actos o contratos”, el Tribunal la contempla sin ningún propósito, porque esta medida no es objeto de discusión ya que no afecte los Derechos de mi representada sobre el Predio en discusión. -“Cuarto: S. L. P., J. A. B. W. viven en la comunidad de san Juan Municipio de Tela la primera desde hace treinta años aproximadamente.” El último numeral no es claro, preciso, ni terminante con relación a lo que los jueces de sentencia pretenden expresar; porque ni siquiera individualizaron el domicilio real de los imputados que absuelven; pero lo más grave, es que en ninguno de los segmentos de la Declaración de los Hechos que se dicen Probados, está contenido alguna descripción propias de Conductas o Actos Humanos, que según el caso, pudieran subsumirse en tipos penales ( en caso de condena, sin emplear conceptos jurídicos que predeterminen el fallo) o por el contrario conductas o actos humanos que establezcan coherentemente la inexistencia de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, que no pueden ser reprochables por cualquier titulo a los querellados (esto en caso de absolutoria); al no contener la Declaración antes mencionada ninguna de esas circunstancias humanas, no se sabe como interactuaron en el razonamiento o pensamiento judicial y que razones lógicas les hicieron para absolver a los imputados; por eso denunciamos que el Tribunal de Sentencia, con la carencia de su motivación fáctica y jurídica, hace desaparecer, su razón y función de ser de rango Constitucional que le da vida Jurídica, que no es otra, que la establecida en el artículo 304 de la Constitución de la Republica, que literalmente dice: “Corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado…” Ya que la carencia de motivación en la actividad Judicial, provocó la ausencia de un juzgamiento claro y terminante que pudiere ser percibido en la declaración de Hechos Probados de la sentencia recurrida, y al no saberse cuales fueron los aspectos esenciales del objeto del proceso que fueron determinantes para dictar un fallo absolutorio, convierte esa narrativa titulada como Declaración de Hechos Probados, en una simple relación de las pruebas, actuaciones y antecedentes del proceso, que no conducen a ningún lado; por el contrario crean un limbo jurídico que hace imposible controlar el razonamiento lógico- jurídico de los jueces y específicamente cual es el suceso fáctico juzgado, para evaluar si ese pensamiento judicial, como dice la doctrina puede ser observado “…dentro de los parámetros de la lógica-racional y la legalidad o si, por el contrario, dicha decisión es consecuencia de una pura arbitrariedad. Por lo anteriormente puntualizado, concluimos que la carencia de la motivación fáctica y jurídica en la declaración de los Hechos Probados de esta sentencia, afecta el núcleo de discusión del objeto del proceso, en lo tocante a aspectos que no pueden ser evitados por un Tribunal de Sentencia. En nuestro respaldo citamos la jurisprudencia de esta Sala de lo Penal, que ha establecido que:“El impetrante tiene razón, ya que el juicio de culpabilidad o de inocencia que emite el juez de mérito, debe de tener una estructura de pensamiento que controle a través de la leyes de la lógica, es decir la sentencia como un silogismo está compuesta de dos premisas o bases y una conclusión, la premisa mayor es el hecho, la premisa menor es el derecho que se aplica a ese hecho y una conclusión a que se llega, como tal debe tener una estructura de pensamiento;… ” SENTENCIA CASACIÓN NO. 04-129-07, de fecha doce de febrero del año dos mil ocho (12.02.2008.)-RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA FUNDADO EN QUE LA SENTENCIA RECURRIDA NO CONTIENE EN SUS HECHOS PROBADOS, UNA MOTIVACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA, TORNÁNDOSE IMPOSIBLE EVALUAR EL RAZONAMIENTO LÓGICO- JURÍDICO DE LOS JUECES Y ESPECÍFICAMENTE CUAL ES EL SUCESO FÁCTICO JUZGADO, DONDE CONSTE PLENAMENTE ESTABLECIDO EL OBJETO DEL PROCESO, LA PERSONAS RESPONSABLES Y LOS HECHOS IMPUTABLES.-Argumenta el recurrente que el fallo impugnado viola el Debido Proceso, en tanto que la sentencia del A Quo carece de motivación. El Censor estima infringido el artículo 141, en relación al artículo 338 del Código Procesal Penal, en relación a los requisitos de la sentencia. A criterio del recurrente, no se cumplen las reglas del artículo 338, específicamente la regla cuarta, numeral 1 del Código Procesal Penal, por lo que estima que la sentencia impugnada carece de motivación fáctica y jurídica, al no describir el suceso humano que dio origen al proceso, no contar con una conclusión jurídica, ni justificación de los presupuestos de la sentencia penal. Señala que los jueces deben motivar los hechos probados en sus sentencias definitivas condenatorias o absolutorias, en una incidencia sustantiva, adjetiva y constitucional. Considera que la motivación de los hechos probados constituye el mecanismo de legalidad racional, que el Estado confiere a los sujetos procesales, para que, en caso de ser quebrantado, puedan estos denunciarlo por intermedio del Recurso de Casación. Esgrime que toda sentencia definitiva debe comprender la motivación de los hechos probados, la que debe externarse en las tres formas siguientes: 1) La motivación debe efectuarse de forma descriptiva; 2) La motivación debe efectuarse de forma racional; 3) La motivación debe respetar el principio de legalidad.- Refiere que aún respetando la integridad de los hechos probados, estos son vagos, imprecisos, incoherentes y carentes de motivaciones fácticas y jurídicas, y que lo más grave, es que en ninguno de los segmentos de los hechos está contenida conducta humanos, que pudiera subsumirse en tipos penales, o actos humanos que establezcan coherentemente la inexistencia de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, que no pueden ser reprochables por cualquier titulo a los querellados. Esta Sala de lo Penal, aprecia que el recurrente centra su reproche recursivo en que la sentencia impugnada carece de motivación -fáctica y jurídica- al no describir el suceso que dio origen al proceso, no contar con una conclusión jurídica, ni justificación de los presupuestos de la sentencia penal. El artículo 141 del Código procesal penal dispone sobre la motivación de las resoluciones judiciales que “Las providencias se limitarán a determinar el contenido de lo mandado, sin más fundamentos ni adiciones, aunque podrán ser sucintamente razonadas, sin sujeción a requisito alguno, cuando el órgano jurisdiccional lo estime conveniente. Los actos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación, la designación del tribunal que lo dicta, el lugar, fecha y la resolución respectiva. La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. La motivación de las sentencias se hará de conformidad con lo establecido en el Artículo 338 de este cuerpo legal, en sus respectivos casos. La simple relación de las actuaciones del proceso, la mención de los requerimientos hechos por las partes o la cita o trascripción de preceptos legales, no reemplazará a la motivación. Por su parte el artículo 338 del Código Procesal Penal sobre los requisitos de la Sentencia, en su parte conducente dispone que: “Las sentencias se redactarán por escrito, con sujeción a las reglas siguientes: PRIMERA:….;SEGUNDA:….;TERCERA: …..; CUARTA: Se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1) Declaración de Hechos Probados.- En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse….” Esta Sala considera importante señalar que la ausencia de fundamentación analítica o intelectiva se presenta cuando se obvia el análisis crítico de las pruebas, o cuando por ejemplo el juzgador hace una cansina reiteración de lo que los testigos dijeron y pericias demuestran, sin que haga una verdadera valoración de los contenidos, o cuando se pretende llenar con una fraseología hueca la carencia de ese análisis crítico, por ejemplo cuando se expresa que “la prueba testifical es clara, coherente y convincente” y queda en la subjetividad del juzgador, establecer el porqué de esos criterios[4]. La esencia del vicio denunciado por el Censor radica en que con la falta de motivación se produce la más absoluta indefensión, al desconocerse las razones fácticas o jurídicas que generan el fallo, lo que limita la facultad de recurrir. A su vez, esta irregularidad procesal priva al Tribunal de Casación de efectuar un efectivo control sobre la sentencia por no conocer las premisas fundamentales que justifican el fallo, y por esa misma razón se priva el control ciudadano, de tal manera que la falta de motivación conduce a la arbitrariedad[5]. Una lectura detenida de la sentencia, nos lleva a concluir que al contrario de lo que asevera el recurrente, aquella no se limita a una descripción sobre el contenido de los distintos elementos probatorios, sino que también de manera conjunta realiza una motivación analítica o intelectiva de los mismos que resulta suficiente y que no se presenta como arbitraria o irreflexiva. Esta Sala considera que el Tribunal de Instancia ha realizado una valoración conjunta y armoniosa de la prueba legalmente incorporada al juicio, de la que no se deriva participación de los acusados S. L. P. y J. A. B. W., en los hechos por los que fueron llamados a juicio, de tal manera que no se constata la ausencia de motivación denunciada por el Censor. Por lo antes expuesto, se desestima el motivo de casación invocado por el recurrente.-SEGUNDO MOTIVO CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVO DE CASACIÓN: El Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tela, Departamento de Atlántida en el Juicio Oral y Público que se adelantó contra J. A. B. W. Y S. L. P. a quien se le llamó a juicio por el delito de USURPACIÓN en perjuicio de M. J. W., al dictar sentencia los jueces emitieron un razonamiento donde sus declaraciones o proposiciones violentan la regla de la lógica de la derivación, que implica el principio de razón suficiente. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 numeral 2++ del Código Procesal Penal, que contiene: “Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica”. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: El fallo pronunciado por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de la Ciudad de Tela, Departamento de Atlántida, fechado el 9 de Octubre del 2009, contiene la violación a uno de los principales requisitos del Debido Proceso, consistente en que toda sentencia o resolución que emita un Tribunal de Sentencia se hará la valoración de la prueba en forma motivada conforme a las reglas de la sana crítica. EL PRECEPTO PENAL OBJETIVO QUE SE INVOCA COMO INFRINGIDO PRESCRIBE: Artículo 336 del Código Procesal Penal, relativo a las normas para la deliberación y la votación. “El Tribunal, para resolver, sólo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica” EXPLICACIÓN NECESARIA SOBRE EL RECLAMO SUBSANATORIO PREVIO. Resultando el vicio denunciado de la propia motivación de la sentencia impugnada, fue materialmente imposible reclamar contra el mismo, dentro de las etapas previas a dicho fallo condenatorio. EXPLICACION DEL MOTIVO DE CASACIÓN: La motivación debe ser DERIVADA, porque como lo afirma el jurista CAFERATA NORES[6]. “la sana crítica racional se caracteriza entonces, por la posibilidad, de que el Magistrado logre sus conclusiones sobre los hechos de la causa, valorando la eficacia conviccional con total libertad, pero respetando, al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica ( constituida por las leyes fundamentales de la coherencia y la derivación y por los principios lógicos de la identidad, de no contradicción, de tercero excluido y de razón suficiente), los principios incontrastables de las ciencias ( no solo de la psicología, utilizable para la valoración de dichos o actitudes) y la experiencia común ( constituida por conocimientos vulgares indiscutibles por su raíz científica, v.g., inercia, gravedad)…” Por ello, cuando se pide que una sentencia sea motivada bajo la lógica, como regla de la sana critica, es porque se afirma que la derivación es una exigencia de la razón suficiente, es porque, se entiende que el razonamiento de los jueces de sentencia, debe estar constituido por deducciones razonables originadas, formadas y concluidas de las pruebas, es decir, que cualquier afirmación o proposición que acredite la existencia o no de un hecho, tiene que estar fundamentada en las pruebas, por eso este principio de razón suficiente se entiende como la forma lógica del razonamiento humano; “que no se produce ningún hecho, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo[7]”, Por tanto esta ley es el fundamento de toda verdad, porque nos permite establecer cuál es la condición —esto es, la razón— de la verdad de una proposición, siendo así, los sucesos eventuales, accidentales, fortuitos son considerados como tales, porque no se dispone de un conocimiento acertado de las causas que lo provocaron o motivaron, para entenderlos o comprenderlos de otra manera. En el caso que nos ocupa, tenemos una sentencia, que centra la valoración conjunta de la prueba producida en la Debate de juicio oral y público bajo siete aspectos de credibilidad negativa o positiva según la valoración realizada a cada prueba: EL PRIMERO DE LOS CRITERIOS VALORATIVOS: Los Jueces de Sentencia le otorgan todo el valor probatorio de credibilidad a la prueba documental presentada por el acusador de la parte querellante consistente en establecer que la querellante M. J. W. es la titular del Derecho de Propiedad sobre el predio en litigio, ubicado en Aldea San Juan, Tela, adquirido por vía de sucesión al morir la Señora de nombre J. L. B.; sobre este extremo, el Tribunal de Sentencia establece que toda la prueba documental presentada por la parte querellante en el juicio oral y público, consistente en certificaciones del Registro de la Propiedad, y Titulo de Propiedad Definitivo, otorgado por el Instituto Nacional Agrario, a favor de la Comunidad Garifuna de San Juan, Tela Atlántida, donde excluye del mismo la propiedad del Señor G. M. (Causante), respaldada por sentencias judiciales, merece la categoría de “terminantemente clara”; por lo que percibimos que se le otorga toda la credibilidad y que no hay duda que Mi Representada es la legítima propietaria de la misma...” (Esto lo podemos apreciar en la parte titulada de la sentencia como VALORACIÓN DE LA PRUEBA, en sus numerales primero y segundo) EL SEGUNDO DE LOS CRITERIOS VALORATIVOS: Los Jueces de Sentencia le niegan todo el valor probatorio de credibilidad a las pruebas testifícales presentada por el acusador de la parte querellante, consistente en establecer que los querellados habían estado ocupando el predio en disputa utilizando métodos violentos y en vista de los cuales, la ofendida no había podido tomar posesión; El Tribunal de sentencia al valorar las declaraciones de los señores J. A. A. Y C. R. R., establece que efectivamente se han dado esos actos o métodos de violencia, pero que los testigos fueron incapaces de identificar dentro de la turba que se conducía con garrotes y piedras a los señores J. A. B. W. Y S. L. P., en consecuencia los jueces afirman que; “…dichos testimonios no resultan identificados J. A. B. W. y S. L. P. como ocupantes del predio ni como participantes de los actos realizados por los vecinos de la comunidad de San Juan..” (Esto lo podemos apreciar en la parte titulada de la sentencia como VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS, en sus numerales tercero, cuarto, quinto y sexto.) EL TERCERO DE LOS CRITERIOS VALORATIVOS: Los Jueces de Sentencia le otorgan todo el valor probatorio de credibilidad a las pruebas testifícales presentada por el acusador de la parte querellante, pero en el sentido de que ambos testigos C. C. F. Y S. E. P. F. habían establecido que efectivamente los querellados J. A. B. W. Y S. L. P. tenían construidas casas de habitación y tenían su domicilio en ese lugar; el Tribunal de Sentencia al valorarlas dice; “la parte querellante no presentó en el Debate ninguna prueba que demuestre, más allá de cualquier duda, que los querellados hayan construido tales viviendas dentro del predio heredado por M. J. W.” (Esto lo podemos apreciar en la parte titulada de la sentencia como VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS, en sus numerales séptimo y octavo.)EL CUARTO DE LOS CRITERIOS VALORATIVOS: Los Jueces de Sentencia le otorgan todo el valor probatorio de credibilidad a las pruebas testifícales y documentales presentadas por la Defensa de la parte querellada pero en el sentido de que los testigos T. A. R., J. C. O. y la prueba documental consistente en una Constancia extendida y firmada por el Presidente y Secretaria de la Junta Directiva del Patronato Pro-Mejoramiento de la comunidad de San Juan. Los Jueces de Sentencia no dan el valor probatorio a la declaración ratificada en juicio oral y público del agente de investigación de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de Tela, L. M. C., quien realizo inspección ocular y acredito con álbum fotográfico de la construcción de las casas que construyeron en el predio usurpado los señores S. L. P. y J. A. B. W., visto a folio 48, 50 y 52. “no son suficientes para demostrar la ocupación del predio o fracciones de este por parte de S. L. P. y J. A. B. W. Este hecho esencial de la acusación no ha logrado ser establecido por falta de pruebas. Hubiese sido importante para tales de la propiedad hubiese dictaminado que las viviendas cuya construcción se pretende responsabilizar a los querellados estaban dentro de los límites del predio. No se presentó tampoco ningún plano que permitiera al órgano jurisdiccional constatar esta situación in situ. Por otra parte queda claramente establecido por los medios de prueba testifícales que al momento de la llegada tanto de los guardias de seguridad, como el personal contratado para la limpieza del predio los querellados no estaban ocupando el mismo.” (Esto lo podemos apreciar en la parte titulada de la sentencia como VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS, en el numeral noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo y décimo tercero) EL QUINTO DE LOS CRITERIOS VALORATIVOS: Los Jueces de Sentencia no otorgan valor probatorio de credibilidad negativa o positiva a las pruebas documentales presentadas por la Defensa de la parte querellada consistentes en diversa prueba relativa a recibos en concepto de pagos de bienes inmuebles, fotocopia de un Instrumento Público de promesa de venta que le hiciera G. L. M. al querellado J. A. B. W. sobre un predio localizado en la localidad de San Juan; El Tribunal al valorar esta prueba únicamente se limito a establecer que; “desconoce por falta de más elementos probatorios, si es el mismo que M. J. W. reclama como suyo” (Esto lo podemos apreciar en la parte titulada de la sentencia como VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS, en el numeral décimo cuarto) EL SEXTO DE LOS CRITERIOS VALORATIVOS: Los Jueces de Sentencia no otorgan valor probatorio de credibilidad negativa o positiva a la prueba inspección judicial propuesta por la Defensa de la parte querellada. El Tribunal al valorar esta prueba solamente afirma que; “Presentes las partes en el lugar no expensaron que la casa de habitación de dicha señora estuviera dentro de la propiedad heredada por M. J. W.” (Esto lo podemos apreciar en la parte titulada de la sentencia como VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS, en el numeral décimo quinto) EL SÉPTIMO Y ÚLTIMO DE LOS CRITERIOS VALORATIVOS: Los Jueces de Sentencia proceden a emitir un juicio de valoración al conjunto de toda la prueba, deduciendo que; “lo afirmado por las partes, que ha existido controversia sobre el derecho de propiedad. Esto se infiere porque M. J. W. hasta en fecha 20 de julio de 2009 es que logra que se verifique la tradición de dominio a su favor sobre el inmueble descrito en la declaración de hechos”; Así mismo, el Tribunal de sentencia deduce probatoriamente entre otras cosas que; “Sin lugar a dudas M. J. W. es tenida como propietaria del predio tantas veces mencionado a partir de la tradición de dominio efectuada en fecha vente de julio de 2009” Concluyen su valoración los jueces de sentencia con el razonamiento judicial que: “este Tribunal considera que M. J. W. no estaba legitimada como parte en esta querella pues el derecho de propiedad que pretende hacer valer por medio de esta querella resulta posterior a la acción que les atribuye a los querellados. Corresponde a la jurisdicción civil y no a la penal la resolución de las controversias entre las partes sobre la titularidad dominical y posesión de los bienes inmuebles, más sin embargo en casos como este se produce una huida hacia el derecho penal contraria a los principios que lo informan tal es el principio de intervención mínima” “la parte querellante no podía considerarse titular del derecho pretendido sino hasta que se realizar una inscripción en el Instituto de la Propiedad de Tela, a partir de lo cual el derecho del dueño surte efectos “erga omnes”. Pero no solo la falta de legitimidad de la parte querellante es lo que deduce de las pruebas aportadas por ella misma, sino también la falta de prueba suficiente sobre la acción atribuida a los querellados, al no haberse acreditado que estos estuvieran en posesión del predio disputado”. (Esto lo podemos apreciar en la parte titulada de la sentencia como VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS, en el numeral décimo sexto, décimo séptimo y décimo octavo) PROCESO DE DEMOSTRACION DEL VICIO DENUNCIADO Como lo hemos establecido, la motivación debe ser derivada, es decir, debe respetar el principio de razón suficiente, para lo cual el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando, por lo que el vicio denunciado acontece cuando: a. se produce un razonamiento no concordante, con cada conclusión afirmada o negada, ya que la derivación exige que ese razonamiento debe corresponder convenientemente con un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. b. se produce un razonamiento no verdadero (es decir auténtico, o no falso): ya que la motivación no se debe apoyar en antecedentes inexactos o alterados. Una interpretación o utilización arbitraria de la fuente de convencimiento conduce a la falsa motivación de la sentencia, como en el caso de extraer efectos de una manifestación testimonial o documental que no lo contiene. c. se produce un razonamiento que no es suficiente: cuando la motivación no está constituida por elementos aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto o probable sobre el hecho, por su calidad. En consecuencia, Violaría esta regla, la sentencia que se sustentara como única prueba, por ejemplo un documento privado que no tiene la capacidad de sustituir la fuerza legal de un documento público inscrito ante las autoridades registrales. En el caso que nos ocupa, analicemos ese proceso del pensamiento judicial y su violación a la regla de la lógica de derivación del principio de razón suficiente: PRIMER RAZONAMIENTO CUESTIONADO: Resulta incuestionable que el Tribunal de sentencia expone que en el presente caso, dicta una sentencia absolutoria, porque jamás la parte querellante presentó un medio de prueba como PLANOS, que permitieran individualizar fehacientemente, si las casas de habitación de los querellados S. L. P. y J. A. B. W. se encontraban ubicados dentro del predio que es de legítima propiedad de la señora M. J. W. DEMOSTRACION DEL VICIO DENUNCIADO: El razonamiento del tribunal no es concordante, ya que su conclusión deriva de una afirmación que no tiene un elemento de convicción valido, ya que fue el mismo Tribunal de Sentencia el que a sabiendas rechazó manifiestamente los Planos topográficos que le proporcionaba la parte querellante en el momento procesal oportuno, mediante el auto para mejor proveer, el razonamiento del Tribunal de Sentencia para rechazar ese elemento de prueba fue ilógico ya que bien sabían los jueces de sentencia a esa altura del Debate de Juicio Oral y Público, la importancia manifiesta de la omisión de ese elemento de prueba PLANOS, que era esencial y que no había sido propuesto en ninguna etapa anterior, en consecuencia era no conocido en el proceso penal; dicha motivación ilógica la razonó en los siguientes términos; “con fundamento en el mismo artículo 333 en su parte final establece que los medios de prueba que se haya manifiesta omisión de elementos de prueba importantes antes no conocidos manifiesta el Juez Presidente que ese camino lo conoce todo mundo y no cree que la parte querellante no haya conocido que exista eso mucho menos haya desconocido que existían las fotografías, por lo cual se declara inadmisible el auto para mejor proveer”; Sobre este extremo acontece también que el razonamiento de los jueces de sentencia no es verdadero ya que la motivación se apoya en antecedentes inexactos o alterados, los jueces confunden las ORTOFOTOS, propuestas por la parte querellante con simples fotografías, interpretación de la fuente de convencimiento que los conduce a la falsa motivación de la sentencia, ya que extraen efectos de ese elemento de prueba que en realidad no los contiene; “La ortofoto digital (Ortofotografía o simplemente "Orto") tiene un aspecto semejante al de una fotografía, y posee la particularidad de mostrar los objetos en su verdadera posición ortogonal, esto es; la ortofoto equivale geométricamente a un mapa topográfico. La mayor diferencia entre la ortofoto y el mapa estriba en que la ortofoto está compuesta por imágenes continuas de todos los elementos existentes sobre la superficie representada, mientras que el mapa utiliza simbología para la representación selectiva de los elementos que el cartógrafo considera más representativos según el fin y escala del mapa. Una característica muy importante de las ortofotos es que se puede medir directamente distancias, ángulos y áreas, mediciones que no se pueden realizar con rigor y métrica en una fotografía.(INFORMACION PROPORCIONADA POR GRAFAN. CARTOGRAFIA DE LAS CANARIAS. ESPAÑA) Por último, este razonamiento no es suficiente, ya que la motivación en la valoración de la prueba no está constituida por elementos aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto o probable sobre el hecho sometido a juzgamiento, ya que el Tribunal de sentencia viola esta regla lógica de la derivación del principio de razón suficiente sustentando su fallo absolutorio en una única prueba (PLANOS), con las agravante de que no solamente fue rechazada por el mismo Tribunal al interpretar erróneamente su significado, sino que sustrajo efectos de esa única prueba (PLANOS), cuando la misma NUNCA fue producida en el Debate, valorando la misma para fundar en ella la sentencia absolutoria, y la cual tuvo capacidad de sustituir la fuerza legal de las pruebas producidas en el juicio Oral y Público.- (Ver folios de Acta Juicio Oral y Publico) a folios 533 al 543. SEGUNDO RAZONAMIENTO CUESTIONADO: Resulta incuestionable que el Tribunal de sentencia expone las siguientes motivaciones sobre el presente caso, que para efectos de demostración del vicio los consignaremos literalmente: “Sin lugar a dudas M. J. W. es tenida como propietaria del predio tantas veces mencionado a partir de la tradición de dominio efectuada en fecha vente de julio de 2009” “este Tribunal considera que M. J. W. no estaba legitimada como parte en esta querella pues el derecho de propiedad que pretende hacer valer por medio de esta querella resulta posterior a la acción que les atribuye a los querellados. Corresponde a la jurisdicción civil y no a la penal la resolución de las controversias entre las partes sobre la titularidad dominical y posesión de los bienes inmuebles, más sin embargo en casos como este se produce una huida hacia el derecho penal contraria a los principios que lo informan tal es el principio de intervención mínima” “la parte querellante no podía considerarse titular del derecho pretendido sino hasta que se realizar una inscripción en el Instituto de la Propiedad de Tela, a partir de lo cual el derecho del dueño surte efectos “erga omnes”. Pero no solo la falta de legitimidad de la parte querellante es lo que deduce de las pruebas aportadas por ella misma, sino también la falta de prueba suficiente sobre la acción atribuida a los querellados, al no haberse acreditado que estos estuvieran en posesión del predio disputado”. DEMOSTRACION DEL VICIO DENUNCIADO: Para ingresar a la discusión y el desarrollo del vicio denunciado, establezcamos que para los Jueces de Sentencia de Tela, Atlántida, usted puede comprar o heredar una casa, predio o terreno y lógicamente se convierte en legítimo propietario de ese bien inmueble, pero si por alguna circunstancia su posesión o derecho real sobre ese bien inmueble, había sido usurpado anteriormente a esa adquisición, usted no puede comparecer en ningún tiempo, ante ninguna autoridad penal para exigir a la Administración de justicia que castigue a los delincuentes que le han invadido y usurpado su casa, predio o terreno etc. Este razonamiento del tribunal no es concordante, ya que de su conclusión se produce una negación arbitraria y peligrosa al pacto social que rige a los hondureños exponiendo al derecho de la legítima propiedad, tutelada en el artículo 103 Constitucional, a una carnicería de oportunistas y abusadores de oficio, que gustan de apropiarse de los ajeno utilizando todo tipo de artimañas y abusos, es por eso que ese razonamiento ilógico no tiene una derivación con un elemento de convicción del cual se pueda inferirse a él adecuadamente, produciéndose como resultado inmediato que ese razonamiento no sea verdadero (es decir auténtico, o no falso): y esto se produce cuando al tipo penal de la usurpación, los jueces lo interpretan apoyándose en antecedentes inexactos; por dos razones: a) Los Jueces de Sentencia de Tela, Atlántida, no saben que el delito de usurpación es un delito continuo o permanente y se renueva cada día que pasa el usurpador en lo que no es suyo, por ello, resulta preciso resaltar que la Doctrina, ha entendido que diversas figuras delictivas, integran la categoría de la acción reiterada, permanente o continua, pero que esa actividad consumativa no cesa al perfeccionarse los mismos, sino que perdura en el tiempo, de modo que "todos los momentos de su duración pueden imputarse como consumación" (Soler, Sebastián, "Derecho penal argentino", Bs. As., 1951, t. 1, pág. 275). Así también lo afirma, el autor alemán H. H. Jescheck (Tratado de Derecho Penal. Parte General. Página 237), cuando dice que: "Los delitos permanentes y los delitos de estado son delitos de resultado cuya efectividad se prolonga un cierto tiempo. En los delitos permanentes el mantenimiento del estado antijurídico creado por la acción punible depende de la voluntad del autor, así que, en cierta manera, el hecho se renueva constantemente" De tal forma, el delito permanente, continuo o reiterado supone el mantenimiento de una situación típica, de cierta duración, por la voluntad del autor, lapso durante el cual se sigue realizando el tipo, por lo que el delito continúa consumándose hasta que cesa la situación antijurídica. Y cuando se dice que lo que perdura es la consumación misma, se hace referencia a que la permanencia mira la acción y no sus efectos. Por ello, en estas estructuras típicas "está en poder del agente el hacer continuar o cesar esa situación antijurídica; pero mientras ésta perdure, el delito se reproduce a cada instante en su esquema constitutivo" (Maggiore, G., Derecho Penal, traducido por Ortega Torres, T.1, Bogotá, 1956, pág. 295). De aquí puedo reflexionar que en los delitos de Secuestro, se perfecciona con el secuestro de la víctima y ese carácter no se altera por la circunstancia de que dicho secuestro dure un día o un año, por lo que desde el primer momento que se verifica el resultado, hasta la cesación de la permanencia de la víctima en manos de sus secuestradores, el delito continúa consumándose, acaso no es lo mismo con el delito de usurpación; b) Los jueces de sentencia de Tela, Atlántida, exponen dos proposiciones contrapuestas, en la primera que consta en la Declaración del Primer Hecho Probado, dicen que M. J. W. desde el 10 de julio de 1987 “debe entenderse como propietaria” del bien inmueble cuestionado; y la segunda proposición la definen en la valoración de la Prueba en su numerales décimo sexto, décimo séptimo y décimo octavo, donde establecen que M. J. W. a partir de la tradición de dominio efectuada en fecha 20 de julio de 2009 “es tenida como propietaria del predio tantas veces mencionado”; Entonces podía o no podía considerarse titular del derecho pretendido y reclamar justicia penal. Es por todo ello, que decimos que esa interpretación o utilización arbitraria de la fuente de convencimiento conduce a Los Jueces de Sentencia de Tela, Atlántida a la falsa motivación del fallo absolutorio, cuando extraen efectos de las pruebas que las mismas no contienen, llegando a contraponer proposiciones; por último se produce también un razonamiento que no es suficiente: porque la motivación es ilógica al no estar constituida por elementos aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto o probable sobre el hecho. En consecuencia violan la regla de la sana crítica de la lógica de derivación por principio de razón suficiente cuando sustentan pensamientos nterpretativos derivados de conceptos tergiversados sobre el tipo penal y la titularidad de un derecho, los cuales dichos razonamientos de interpretación, no tienen, la capacidad para sustituir la fuerza legal que el ordenamiento jurídico vigente les ha proporcionado conceptualmente a ambas creaciones jurídicas (tipo penal y titularidad de un derecho.) Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal, de nuestra Corte Suprema de Justicia, los hechos probados no tienen vinculación a lo evacuado en el juicio, incongruencia, que están totalmente plasmadas en la redacción de la Sentencia, las cuales Vos Honorable Sala de lo Penal, podrán determinar según hechos probados, son de toda forma contradictorios, pues esto no fue lo que se evacuo en el Juicio, por nuestra parte en nuestra condición, acreditamos el delito cometido por los ahora acusados.- Si el mismo Tribunal manifiesta en sus hechos probados que M. J. W. es la verdadera dueña legal del lote de terreno en referencia, en consecuencia por que decretar una Sentencia absolutoria, si en el juicio se acredito: 1) Legitima propiedad; 2) Personas Usurpadoras; 3) Formas como se esta usurpando; 4) La perjudicada M. J. W., en sus declaraciones ante el Tribunal de Sentencia fueron contundentes identificando a los Usurpadores. Nuestra legislación penal, no establece mas requisitos, que el Delito de Usurpación, según el tipo penal es solamente con el hecho de estar dentro de la propiedad, estarlo poseyendo como dueños sin dueños, por no tener un documento que lo acredite como tal, en consecuencia el Tribunal de Sentencia de Tela, se contradice a según los hechos probados y conforme a la valoración de la prueba, queriéndole dar otro espíritu de valoración legal a la prueba, al decir que no habido violencia para ingresar a la propiedad privada, cuando esto no existe en nuestro tipo penal.- En consecuencia el Tribunal de Sentencia de Tela, tuvo que haberlos condenados, por el delito de Usurpación.- Nuestra Constitución garantiza el derecho a la propiedad, según lo establece el articulo 106 el cual reza “Nadie puede ser privado de su propiedad, sino por causa de necesidad o interés público calificado por la ley o por resolución fundada en Ley sin que medie previa indemnización justipreciada”.- Además el articulo 103 Constitucional dice: “El Estado reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada en su mas amplio concepto de función social y sin mas limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad o de interés publico establezca la ley”; partiendo de este parámetro el Estado debe tutelar el derecho a la propiedad privada, pero con esta sentencia dictada en este caso por el Tribunal de Sentencia de Tela, se ve la violación a este principio Constitucional, como es posible que todavía a nuestros tiempos se den estas clases de resoluciones, cuando la misma ley manda, que con el simple hecho de acreditar la legítima propiedad con el documento correspondiente y no habiendo otro que lo contradiga es suficiente para dictar una sentencia condenatoria, por lo que este motivo de casación debe ser declarado con LUGAR o de recibo, en consecuencia anulando el juicio y repitiendo nuevo juicio en donde fehacientemente el Tribunal conforme a la valoración de prueba, la sana critica, el principio de objetividad, la contradicción, la lógica jurídica, lleven a la plena convicción a los Señores Jueces de que en el presente caso lo que ha sucedido es un delito de Usurpación que el causa perjuicios a Mi Representada M. J. W..- APERTURA A PRUEBAS Para acreditar que el Tribunal de Sentencia, con sede judicial en la Ciudad de Tela, Departamento de Atlántida, cometió el defecto de procedimiento, el cual hemos discutido en el Segundo Motivo de Casación por la Forma y para acreditar como fue llevado a cabo en el Acta de Debate de Juicio Oral y Público, se propone la misma, para que se reciba en la audiencia, de acuerdo a las reglas que rigen el Juicio oral y Público, en lo pertinente; esto de conformidad a los establecido en los artículos 367 y 368 del Código Procesal Penal.”-CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA FUNDADO EN QUE EL A QUO AL DICTAR SENTENCIA EMITE DECLARACIONES O PROPOSICIONES QUE VIOLENTAN LA REGLA DE LA LÓGICA DE LA DERIVACIÓN QUE IMPLICA EL PRINCIPIO DE RAZÓN SUFICIENTE.-Argumenta el recurrente que el fallo impugnado pronunciado por el A Quo contiene violación de un requisito principal del Debido Proceso, consistente en que toda sentencia o resolución se hará valorando la prueba en forma motivada conforme a las reglas de la sana crítica. El recurrente considera que en la valoración de las pruebas, la motivación debió respetar el principio de razón suficiente, cuyo razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando. Resume el PRIMER RAZONAMIENTO CUESTIONADO asi: El A Quo dicta una sentencia absolutoria, porque asume que jamás la parte querellante presentó un medio de prueba como PLANOS, que permitieran individualizar fehacientemente, si las casas de habitación de los querellados S. L. P. Y J. A. B. W. se encontraban ubicados dentro del predio que es de legítima propiedad de la señora M. J. W.. DEMOSTRACION DEL VICIO DENUNCIADO: El razonamiento del tribunal no es concordante, ya que su conclusión deriva de una afirmación que no tiene un elemento de convicción valido, ya que fue el mismo Tribunal de Sentencia el que a sabiendas rechazó manifiestamente los Planos topográficos que le proporcionaba la parte querellante en el momento procesal oportuno, mediante el auto para mejor proveer, el razonamiento del Tribunal de Sentencia para rechazar ese elemento de prueba fue ilógico ya que bien sabían los jueces de Sentencia a esa altura del Debate de Juicio Oral y Público, la importancia manifiesta de la omisión de ese elemento de prueba PLANOS, que era esencial y que no había sido propuesto en ninguna etapa anterior, en consecuencia era no conocido en el proceso penal. Esgrime que el A Quo viola esta regla lógica de la derivación del principio de razón suficiente sustentando su fallo absolutorio en una única prueba (PLANOS), que fue rechazada por el Tribunal. (Ver folios de Acta Juicio Oral y Publico) a folios 533 al 543. SEGUNDO RAZONAMIENTO CUESTIONADO: Resulta incuestionable al recurrente que el A Quo expone las siguientes motivaciones: “este Tribunal considera que M. J. W. no estaba legitimada como parte en esta querella pues el derecho de propiedad que pretende hacer valer por medio de esta querella resulta posterior a la acción que les atribuye a los querellados. Corresponde a la jurisdicción civil y no a la penal la resolución de las controversias entre las partes sobre la titularidad dominical y posesión de los bienes inmuebles, más sin embargo en casos como este se produce una huida hacia el derecho penal contraria a los principios que lo informan tal es el principio de intervención mínima”… DEMOSTRACION DEL VICIO DENUNCIADO: que no es posible comparecer ante ninguna autoridad penal a exigir a la Administración de justicia que castigue a los delincuentes que le han invadido y usurpado su casa, predio o terreno, razonamiento que no es concordante, ya que produce una negación arbitraria y peligrosa al pacto social que rige a los hondureños exponiendo al derecho de la legítima propiedad, tutelada en el artículo 103 Constitucional, por lo que asume que el razonamiento es ilógico, en tanto afirma que la usurpación es un delito permanente, continuo o reiterado que supone el mantenimiento de una situación típica, de cierta duración, por la voluntad del autor, lapso durante el cual se sigue realizando el tipo, y que el delito continúa consumándose hasta que cesa la situación antijurídica. Asegura que el A Quo expone dos proposiciones contrapuestas, en la primera que consta en la Declaración del Primer Hecho Probado, dicen que M. J. W. desde el 10 de julio de 1987 “debe entenderse como propietaria” del bien inmueble cuestionado; y la segunda proposición la definen en la valoración de la Prueba en su numerales décimo sexto, décimo séptimo y décimo octavo, donde establecen que M. J. W. a partir de la tradición de dominio efectuada en fecha 20 de julio de 2009 “es tenida como propietaria del predio tantas veces mencionado”; Entonces podía o no podía considerarse titular del derecho pretendido y reclamar justicia penal. Es por todo ello, que decimos que esa interpretación o utilización arbitraria de la fuente de convencimiento conduce a Los Jueces de Sentencia de Tela, Atlántida a la falsa motivación del fallo absolutorio, cuando extraen efectos de las pruebas que las mismas no contienen, llegando a contraponer proposiciones; por último se produce también un razonamiento que no es suficiente: porque la motivación es ilógica al no estar constituida por elementos aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto o probable sobre el hecho. En consecuencia violan la regla de la sana crítica de la lógica de derivación por principio de razón suficiente cuando sustentan pensamientos interpretativos derivados de conceptos tergiversados sobre el tipo penal y la titularidad de un derecho, los cuales dichos razonamientos de interpretación, no tienen la capacidad para sustituir la fuerza legal que el ordenamiento jurídico vigente les ha proporcionado conceptualmente a ambas creaciones jurídicas (tipo penal y titularidad de un derecho.) Concluye que los hechos probados no tienen vinculación a lo evacuado en el juicio, y que los mismos son contradictorios, pues esto no fue lo que se evacuó en el Juicio, y que por la parte acusadora se acreditó, el delito cometido por los ahora acusados.- Esta Sala de lo Penal, aprecia que en el presente caso, el A Quo ha realizado una valoración conjunta y armoniosa de la prueba de cargo y descargo legalmente incorporada al juicio, de la que no ha derivado participación de los acusados S. L. P. Y J. A. B. W. en el delito Usurpación por el que fueron llamados a juicio. Es importante señalar que el auto para mejor proveer es una facultad muy excepcional y potestativa del órgano jurisdiccional. La evacuación de un medio de prueba como auto para mejor proveer, depende a que se trate de la omisión de un elemento de prueba importante antes no conocido. Sobre lo expuesto, la Sala de lo Penal ha dicho, que “El Auto para mejor proveer, no puede ser obligatorio para el Juzgador, y corresponde a la parte interesada instar su realización, el tribunal Juzgador también puede ordenar su práctica, siempre que considere su utilidad para complementar algún vacío de las partes no acreditado por la prueba y decisivo para resolver. El ordenar un auto para mejor proveer es una facultad potestativa del órgano jurisdiccional, por lo que puede o no ser ordenada motivadamente por el Juzgador, sin que por ello pueda cuestionarse la objetividad del Tribunal. (Ver expediente SP144-05, con sentencia de casación de fecha 16 de junio de 2006). También la sentencia que literalmente dice: “Sobre este punto la Sala afirma que en un sistema mixto reformado en donde el acusador es el Ministerio Público, las diligencias para mejor proveer son potestativas del ente juzgador, pudiendo ser dictadas oficiosamente o ser solicitadas por cualquiera de las partes, debiendo para acceder, denegarlas o dictarlas de oficio, analizar el juzgador que sean un complemento de la prueba presentada y nunca una subsanación de la inactividad procesal de cualquiera de ellas, en el presente caso el juzgador consideró complementaria a la actividad probatoria del Ministerio Público la solicitud de auto para mejor proveer accediendo, no violándose por ello ningún derecho Constitucional del imputado, dado que tuvo la oportunidad de presentar prueba para rechazar la imputación, no siendo además esta actuación procesal esencial, dado que eliminada in mente la misma persisten pruebas que sostienen la sentencia condenatoria, por lo expuesto se declara sin lugar este motivo de Violación de Precepto Constitucional(ver expediente SP293-06, con sentencia de casación de fecha 15 de agosto de 2007)”. Por lo expuesto este Sala concluye el A Quo ha aplicado en legal y debida forma la regla de la sana critica de la lógica, concretamente de derivación, pues al valorar el material probatorio de reproche, ha vertido razones e inferencias lógicas suficientes para fundar su fallo absolutorio a favor de los acusados S. L. P. Y J. A. B. W. Por lo antes expuesto, se desestima el motivo de casación invocado por el recurrente.-POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales 360, 362 numerales 2) y 3) del Código Procesal Penal.- FALLA: Declarando sin lugar el recurso de casación por Infracción de Ley sustantiva y de Doctrina legal, en sus dos motivos; y por Quebrantamiento de Forma, en sus dos motivos, interpuestos por el recurrente, en su condición indicada, contra la sentencia pronunciada por el Tribunal de Sentencia de Tela, Atlántida, en fecha nueve (09) de Octubre del dos mil nueve.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales pertinentes.- REDACTÓ el Magistrado CALIX VALLECILLO.NOTIFIQUESE.-SELLO Y FIRMAS.-CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.-COORDINADOR.-RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.-JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- SELLO Y FIRMA.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.-SECRETARIA GENERAL.”
Extendida, a solicitud de la Abogada M. E. G., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los once días del mes de mayo de dos mil once, certificación de la sentencia de fecha cinco de abril de dos mil once, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No.385-09.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] JULIO B. J. MAIER. Los Recursos En El Procedimiento Penal, Buenos Aires, Argentina, Editores Del Puerto. Universidad De Buenos Aires, 2a. Edición Actualizada.2004.
[2] JULIO B. J. MAIER. Los Recursos En El Procedimiento Penal, Buenos Aires, Argentina, Editores Del Puerto. Universidad De Buenos Aires, 2a. Edición Actualizada.2004.
[3] LOPEZ BARJA DE QUIROGA JACOBO. Instituciones De Derecho Procesal. Ediciones Jurídicas Cuyo. Argentina. Página 509
[4] Vid. ARROYO GUTIERREZ, JOSE MANUEL / RODRIGUEZ CAMPOS, ALEXANDER, en Lógica Jurídica y Motivación de la Sentencia Penal, Editorial Jurídica Continental, 2ª edición, San José de Costa Rica, 2002, págs. 186-187.
[5] Vid. LOPEZ ZUNIGA, EDUARDO JAIR / FERNANDEZ ENTRALGO, JESUS, en AAVV, Derecho Procesal Penal de Honduras, (Manual Teórico Práctico), LITICOM, septiembre de 2004, pág. 598
[6]4. CAFFERATA NORES. LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL, 3 EDICION, EDITORIAL DEPALMA, BUENOS AIRES, ARGENTINA, 1998.
[7] LOS PRINCIPIOS LOGICOS. CAPITULO II DE LA LOGICA, RENE GUENON, CURSO DE FILOSOFIA, REVISTA SCIENCE SACRÉE NUMERO 7, 2005