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Sentencia CP-381-09 — Registro 2171

Resumen

La defensa de la persona condenada por el delito de insolvencia punible, interpone el recurso de casación contra el fallo dictado por el Tribunal de sentencia, por considerar que no se observaron las reglas de la sana critica en la valoración de las pruebas.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LA PROCESADA J. Y. G. H. ARGUMENTANDO QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA INOBSERVÓ LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA. Argumenta el Censor que el recurso de casación recae en la violación de las reglas de la sana crítica. Concretamente el recurrente denuncia la violación de las reglas de la sana crítica, por lesión al principio lógico de razón suficiente y a la ley de la coherencia, la conclusión del A Quo en los hechos probados y por considerar que de la prueba evacuada en juicio no es posible extraer con certeza tales aseveraciones, pues estima que con la prueba analizada en su conjunto impera la duda.- Reprocha la valoración de la prueba de descargo, consistente en las factura No 102763, 102573, 102638 propuestas por la defensa y a las declaraciones del señor J. M. H. Reprocha el hecho probado del A Quo en torno a la comunicación librada al Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Olancho, para que los bienes a nombre del demandado no se gravaran, vendieran o se transfirieran a terceras personas a la que no se le dio cumplimiento, por defectos formales, inconsistencias e irregularidades. Reprocha el hecho probado del A Quo respecto al numeral tres de la valoración de la prueba en que la señora J. Y. G. compareció ante el señor A. E. S., Registrador de la Propiedad de Juticalpa, testigo que declaró que el día de los hechos la señora J. Y. G. llegó a solicitarle la agilización de los trámites de inscripción de las escrituras públicas, donde su cuñado el señor H. P., le donaba dos inmuebles de su propiedad aduciendo que le urgía para los trámites de una visa para viajar a los Estados Unidos de Norte América. Reprocha la declaración del testigo abogado A. E. S. cuando manifiesta haber sido sorprendido por la señora J. Y. G. y el que no se haya valorado el careo que la Defensa solicitó y que el Tribunal aprobó para que el Señor A. E. S. recordara las palabras precisas que la acusada manifestó ese día en que solicitó el supuesto favor en la agilización de la inscripción de escrituras públicas, de lo que considera no se puede derivar prueba de cargo para acreditar su participación como cómplice de un delito de INSOLVENCIA PUNIBLE, por el simple hecho de solicitar la agilización del trámite de los mismos, por lo que considera que el procedimiento sobre la inscripción de estos bienes a favor de la acusada está dentro de la ley. Concluye el recurrente que al confrontar el contenido de la declaración del Señor A. E. S. con lo argumentado por el A Quo resulta acreditado un grave vicio de la prueba, por infracción de la regla lógica de la derivación que impone la necesidad de razón suficiente y justificada, para considerar verdadera una declaración que debe ser congruente con la prueba evacuada en juicio. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque por mor del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades.Esta Sala de lo Penal, observa en el presente caso, que el Censor de la sentencia impugnada, reprocha la base fáctica de la sentencia y la valoración de la prueba realizada por el Juzgador. Sobre lo anterior, esta Sala ha expuesto en múltiples sentencias que los hechos declarados por el Juzgador son intangibles e inalterables en casación, asimismo, no es posible al Tribunal de Casación revalorizar los medios de prueba aportados al juicio tales como la prueba documental y las declaraciones de los testigos de cargo y descargo como si de un Tribunal de Apelación del antiguo sistema procesal se tratase, pues esta es una función propia del Juzgador de instancia, quien tiene la inmediación con la prueba y percibe las alegaciones de las partes. A esta Sala le corresponde analizar si en la valoración de dichas pruebas se han observado las reglas del correcto razonamiento humano o reglas de la sana crítica. En el presente caso el recurrente estima vulnerada la regla de la sana crítica de lógica, concretamente de la ley de derivación, por la que se impone la necesidad de razón suficiente al valorar la declaración del testigo A. E. S., Registrador de la Propiedad Inmueble y Mercantil, de la ciudad de Juticalpa, Olancho, pues este declara que la acusada J. Y. G., llegó a su despacho a solicitar se agilizara el trámite de inscripción de las escrituras públicas en que su cuñado el señor H. P., le donaba dos inmuebles de su propiedad, aduciendo que le urgía para los trámites de visa americana, declaración en que el testigo aduce haber sido sorprendido por la acusada. Reprocha el no haber valorado el careo practicado entre el mencionado testigo con la acusada, en que se solicitó a este recordar las palabras precisas de la acusada el día que le solicitó el favor, declaración que el A Quo valoró para condenar a la acusada por el delito de Insolvencia Punible a título de Cómplice. Esta Sala estima que las razones vertidas por el A Quo para conceder plena credibilidad a la declaración del testigo A. E. S., al valorar dicha prueba armoniosa y conjuntamente con el resto de la prueba incorporada en juicio, son lógicas y suficientes para de ellas derivar razonablemente que la acusada J. Y. G., recibió en donación dos bienes inmuebles propiedad del señor H. P., después que éste había sido demandado por la vía civil para el cumplimiento forzoso de una obligación de pago, de tal manera que de manera concertada realizaron una operación simulada para eludir el cumplimiento de obligaciones pecuniarias. Por lo expuesto esta Sala desestima el motivo de casación invocado por el recurrente.

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LA ENCAUSADA J. Y. G. H. ARGUMENTANDO QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA DEJADO DE CONSIDERAR PRUEBA DE VALOR DECISIVO EN LA LITIS. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 2) DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- Argumenta el recurrente que el A Quo no ha considerado en toda su dimensión prueba de valor decisivo. Señala que en la valoración de la prueba, numeral cuarto, al valorar la prueba de la defensa, el juzgador superficial e injustamente se refiere a la declaración del señor H. J. P. R., en su condición de testigo. Dicho testigo en su declaración relata al A Quo la forma en que adquirió la obligación de pago, distribución de la mercadería en establecimientos, retiro del mercado obligado de la mercadería por estar en mal estado, destrucción, devolución del dinero a los establecimientos, conocimiento de los acontecimientos por la sociedad acreedora, promesa incumplida del acreedor para la restitución al declarante del valor de las mercaderías, la demanda civil interpuesta contra su persona, sin restarle los pagos abonados a la obligación según el cheque girado a favor de la EMPRESA M. I., (folio 103) propuesto como medio de prueba, la solicitud de crédito para pagar la deuda para lo cual solicitó a la acusada J. Y. G. (cuñada del testigo) que le sirviera de aval, recibo de los bienes por parte de la acusada con la intención de ayudar a su cuñado a solventar la situación y no para cometer el delito por el que se le condenó, en tanto estima que el Ministerio Público no probó el delito, al haberlo aceptado por procedimiento abreviado. Reprocha que la defensa propuso medios de pruebas documentales que confirmaban lo que el Señor H. J. P. R. estaba expresando, siendo las pruebas documentales ubicadas en el expediente a folios 95-107, 23-26, 77, 100-103 del proceso, las que asegura que el Tribunal no valoró, prueba que estima decisiva para determinar su verdadera intención. Esta Sala de lo Penal, estima que el Juzgador no ha excluido o dejado de valorar prueba de valor decisivo. Concretamente el recurrente reprocha que el Juzgador no ha valorado la declaración del testigo de la Defensa H. J. P. R., así como la prueba documental incorporada al proceso a folios 95-107, 23-26, 77, 100-103. Esta Sala aprecia por una parte que el Juzgador ha valorado plenamente la declaración del testigo de descargo H. J. P. R., y que en la motivación o fundamentación intelectiva de la sentencia, ha vertido razones suficientes para concluir que el mencionado testigo dio en donación dos bienes inmuebles de su propiedad a favor de la acusada J. Y. G. con el propósito de salvarlos de la persecución judicial Civil instaurada en contra del primero. Por otra parte esta Sala observa que ciertamente el A Quo no se pronuncia específicamente sobre la valoración intelectiva de cada uno de los documentos incorporados al proceso por la defensa, concretamente los que corren a folios 95-107, 23-26, 77, 100-103 del proceso, sino que los pondera en forma general y breve en el numeral cuarto del acápite de la valoración de la prueba. No obstante la falta de apreciación concreta del Juzgador respecto a cada uno de los medios de prueba documentales de reproche, esta Sala estima que los mismos están relacionados a las causas que originaron la falta de cumplimiento de la obligación de pago del señor H. J. P. R. con su acreedor y otros hechos y circunstancias vinculados a la acción civil. Para establecer si las pruebas dejadas de valorar en forma expresa por el Juzgador son decisivas, por el método de inclusión hipotética esta Sala aprecia, que aún cuando hubiesen sido valoradas por el Juzgador las mismas carecen de la virtualidad probatoria para modificar el fallo condenatorio dictado contra la acusada, por todo lo cual, el motivo de casación invocado es desestimado.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de abril de dos mil once, por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO en su calidad de Coordinador, RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO y JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto contra la sentencia de fecha seis de marzo de dos mil nueve, dictada por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Olancho, mediante la cual condenó a J. Y. G. H. por su participación a título de cooperador necesario en el delito de INSOLVENCIA PUNIBLE, en perjuicio de la E. M. I., S.A. DE C. V., a la pena principal de TRES (3) AÑOS DE RECLUSIÓN, más la accesoria de INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena principal.- Interpuso el Recurso de Casación, la Abogada D. R. L. C., actuando en su condición de Apoderada Defensora de la señora J. Y. G. H.- SON PARTES: La Abogada D. R. L. C., Apoderada Defensora de la señora J. Y. G. H., como recurrente; la Abogada T. J. F., Representante del Ministerio Público y la Abogada R. T. M., Acusadora Privada, en representación de la Empresa Mercantil Internacional, S.A., de C. V., como partes recurridas. CONSIDERANDO. I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- “HECHOS PROBADOS Este Tribunal de Sentencia, declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: En fecha cuatro de julio del año dos mil dos, el señor H. J. P. R., cuñado de la hoy acusada J. Y. G. H., recibió un crédito de la EMPRESA M. I., S.A. DE C.V., debido a la falta de pago el señor P. R. fue demandado mediante una Demanda Ejecutiva de Pago, en fecha diecinueve de septiembre del año dos mil dos. Como parte de los trámites civiles ejecutivos contra el señor H. P., el juzgado respectivo libró comunicación al Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Olancho, para que los bienes a nombre del demandado relacionado no se gravaran, vendieran o transfirieran a terceras personas, a dicha comunicación no se dio cumplimiento debido a defectos formales. SEGUNDO: Con conocimiento de la Demanda Ejecutiva de Pago y de la comunicación para embargo que pendía sobre sus propiedades, el señor H. J. P. R., en el mes de febrero del año dos mil tres, concertó con su cuñada la ahora imputada Y. J. G. H. el traspaso dos bienes inmuebles de su propiedad a título de donación y de esta forma evadir el cumplimiento de la obligación contraída con La Empresa M. I. S. A. de C.V. TERCERO: La señora J. Y. G. H., compareció ante el señor A. E. S. A., Registrador de la Propiedad de Juticalpa Olancho, a solicitarle la agilización de los trámites de inscripción de las Escrituras Públicas, donde su cuñado señor H. J. P. R., le donaba dos inmuebles de su propiedad aduciendo que le urgía para los trámites de una visa para viajar a Estados Unidos de Norte América.” III.- La recurrente, Abogada D. R. L. C., desarrolló su recurso de casación de la siguiente manera: “EXPOSICION DE MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra desprendido en la parte final del numeral tres del artículo 362 del código procesal penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Para los efectos de este motivo se cita los preceptos penales objetivo que se invocan como infringidos, el artículo 202 del código procesal penal, en la parte que dice “las pruebas serán valoradas con arreglo a al sana crítica….” En relación con lo dispuesto en el artículo 338 del mismo código procesal penal. En este sentido es conveniente aclarar en que consiste la fundación y valoración de las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica. Artículo 202: “las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica el órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida” (lo resaltado me pertenece). Así el artículo 338 que regula la forma de estructurar la sentencia, ordena al juez sentenciador: “valoración de la prueba” seguidamente, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos justificando, según la reglas de la sana crítica, el valor que se le haya dado a las practicadas en juicio, y en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de los indicios, igualmente declarados probados. (lo resaltado me pertenece) En la fundamentación probatoria en su fase intelectiva, el juzgador debe explicar por que el medio probatorio le merece o no confiabilidad y además por que un elemento de prueba lo conduce a una conclusión determinada. Sobre esta situación es que recae el recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica de acuerdo con el motivo planteado, de tal manera que la violación de esas reglas que corrigen el correcto entendimiento humano es un problema de fundamentación de la sentencia; por ello el legislador en el artículo 338 del CPP, “ubica dentro de la fundamentación del fallo (regla cuarta), la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica entonces, constituyen la especie dentro del género conocido como fundamentación. En el sistema de sana crítica racional que implementa nuestro sistema procesal penal, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites las normas que gobiernan la corrección de pensamiento humano, en la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo los principios de la recta razón es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. La psicología se relaciona con los conocimientos básicos, las reglas de la lógica implica que el ejercicio del intelectivo del legislador debe guardar coherencia y derivación (es la necesidad de una razón y justificación adecuada para ser verdad. INDICACION DE LOS VICIOS a) Dentro de las reglas de la lógica al que debe de sujetarse el juzgador en la valoración de las pruebas, según lo exigen los artículos 202 y 336 de CPP y que recalca el artículo 338 sección cuarta numeral dos (… justificando según las reglas de la sana crítica el valor que se haya dado a las practicadas en juicio…), aparece la característica de la derivación según la cual, la motivación debe respetar el principio de razón suficiente, para la cual “El razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se hallan determinado” para ello, la motivación debe ser concordante: a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente a elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Asimismo dentro de las reglas lógicas al valorar la prueba, se debe observar la nota esencial de la coherencia, que manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción. La derivación induce a la obligatoriedad de la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones debe guardar adecuada correlación entre ellas) para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se está juzgando. Expuesto lo anterior, la defensa encuentra violación del sistema de valoración proclamado por el código procesal penal, la presente sentencia por lo siguiente. 1)El primer defecto de violación de las reglas de la sana crítica, en concreto de lesión al principio lógico de razón suficiente y a la ley de la coherencia, resulta de la conclusión de este tribunal consistente en que el señor H. P., cuñado de la hoy acusada J. Y. G. H., recibió un crédito de la empresa M. I., y que debido a la falta de pago del señor H. P. fue demandado mediante demanda ejecutiva de pago, en fecha 19 de septiembre del año 2002, cuando la prueba evacuada en juicio, no es posible extraer con certeza esa aseveración puesto que dichos medios de prueba relacionados en su conjunto impera la duda.- Veamos que el crédito que supuestamente recibió el señor p. en fecha 4 de julio de año 2002 contenido en la factura No 102763, 102573, 102638 (documentos que fueron propuestos como medios de prueba por la defensa) fueron entregadas en distintas fechas a distintos negocios y recibidos por distintas personas y no por el Señor H. P. ni su empresa D. S.DE.R.L., que el valor de lo facturado por m. i. no corresponde al valor de la supuesta letra de cambio firmada por el señor P. y que dicha letra de cambio en su fecha de elaboración no corresponde a la fecha del supuesto crédito otorgado al señor p., y que según declaraciones del señor J. M. H. (Enlace principal de la relación comercial entre el señor H. P. y M. I.). Declaró en el Ministerio Público de Juticalpa que en fecha 29 de julio del 2002 el señor H. P. le entregó a su persona un cheque por un valor Lps.60,120.62 (sesenta mil ciento veinte con sesenta y dos centavos) en abono a la letra de cambio presentada en esta demanda; Cantidad de dinero que se pagó por el sólo hecho que fue en atención a la factura 102638 la cual contiene la descripción de alimentos que si se encontraban aptos para el consumo humano y que fueron debidamente distribuidos sin que fueran decomisados por las autoridades de salud pública, quedando pendiente la entrega de la letra de cambio que m. i. tenía en su poder, razón por la cual el señor p. pagó dicha cantidad al señor J. M. H. 2) Declara el tribunal, que en fecha 19 de septiembre del año 2002 como parte de los trámites civiles ejecutivos contra el señor H. P. el juzgado respectivo libró comunicación al registro de la propiedad inmueble y mercantil de Olancho para que los bienes a nombre del demandado relacionados no se gravaran, vendieran o se transfirieran a terceras personas dicha comunicación no se le dio cumplimiento, debido a defectos formales que dicha comunicación no fue inscrita por el registrador de la propiedad de Juticalpa el Abogado A. E. S. por que presentaba inconsistencias y irregularidades. Podemos hacer creer que el señor H. P. y la Señora J. Y. G. firmaron convenios comerciales con determinados bancos y sus representantes, otorgándoles propiedades con embargos.-“ imposible” 3)declara el tribunal, en el numeral tres del apartado de valoración de la prueba que la señora J. Y. G. compadeció ante el señor A. E. S., registrador de la propiedad de Juticalpa, testigo que declaró que el día de los hechos la señora J. Y. G. llegó a solicitarle la agilización de los trámites de inscripción de las escrituras públicas, donde su cuñado el señor H. P., le donaba los inmuebles de su propiedad aduciendo que le urgía para los trámites de una visa para viajar a los Estados Unidos de Norte América. Declaración en la cual el abogado A. E. S. manifiesta haber sido sorprendido por la señora J. Y. G. (Sin valorar el careo que la defensa solicitó y que el tribunal aprobó para que se realizara, a fin de que el Señor A. E. S. recordará cuales fueron las palabras precisas que mi representada manifestó ese día que solicitó el supuesto favor) La agilización e inscripción de escrituras públicas, es el ejercicio básico de las funciones de un registrador de la propiedad y de ninguna manera puede ser sorprendido por un ciudadano común como es el caso de la señora J. Y. G., la responsabilidad de decidir si inscribir o no inscribir escrituras, embargos solicitados es función del registrador de la propiedad, para el caso, decisión del abogado A. E. S. y no de otro; Declara el testigo que la señora J. Y. G. le “solicitó un favor” consideramos que las funciones del registrador de la propiedad mercantil de Juticalpa son de recibir, revisar y decidir el registro de las mismas y no creo que por el simple hecho que un ciudadano común le pida un favor, y el Abogado A. S. esté obligado a hacérselo sin actuar con irregularidades como conocedor de la ley en el ejercicio de sus funciones por lo que la Defensa considera que dentro de los límites de la ley que los documentos que mi representada recibió son normales y no se le puede llamar delito de cómplice de insolvencia punible por el simple hecho de solicitar la agilización del trámite de los mismos (acción que es muy común en todos los ciudadanos de este país que han comprado o adquirido alguna propiedad) lo que no es muy común es que un registrador de un determinado registro del país, esté en dichas funciones para otorgar favores o ser sorprendido en el ejercicio de su función por ciudadanos comunes como es el caso de mi representada. Por lo expuesto anteriormente consideramos que el procedimiento sobre la inscripción de estos bienes a favor de mi representada está dentro del marco de la ley. Cuando la señora J. Y. G. se presentó a pedirle un favor donde le solicitaba la inscripción de un instrumento donde ella le pedía traspasar unos bienes inmuebles para solicitar visa a la embajada en donde no recuerda los bienes que le pidió inscribir a título de donación y que posteriormente se dio cuenta que eran de su cuñado, pero si recuerda el profesional del derecho que se presentó a reclamar por la prohibición de celebrar actos y contratos a los bienes que se hace referencia.- El abogado A. s. continúa declarando que no sabía de la medida precautoria ni siquiera llegó a mano de ninguno de los registradores. Cuando este tribunal establece que como parte de los trámites civiles contra del señor H. P. el juzgado respectivo libró comunicación al registro de la propiedad inmueble y mercantil de Olancho para que los bienes a nombre del demandado no se gravaran, vendieran o transmitieran a terceras personas, a dicha comunicación no se dio cumplimiento, debido a defectos formales ya que dicha solicitud de embargo precautorio sobre dos bienes inmuebles propiedad de H. P., el registrador de Juticalpa, el Abogado A. E. S. se negó a inscribirlo ya que dicho embargo presentaba inconsistencia e irregularidades. Posteriormente se le libró comunicación al registrador A. S. a efecto que informe sobre la negativa de inscribir el embargo solicitado informando posteriormente que fue ingresado al registro una donación hecha por el señor H. P. a favor de la señora J. G. sobre los mismos bienes que se refería el embargo ordenado por el juzgado primero de lo civil lo que establece claramente que el A. A. S. tenía pleno conocimiento de los mismos ya que él mismo había desestimado anteriormente dicha comunicación por presentar irregularidades. Al confrontar el contenido de esta declaración con lo argumentado por el juzgador resulta acreditado un grave vicio de la prueba, por infracción de la regla lógica de la derivación que impone la necesidad de razón suficiente y justificada, para considerar verdadera una declaración y lo afirmado por el testigo es congruente con la prueba evacuada en juicio, lo que dista enormemente de la congruencia entra la formalización de la acusación y la sentencia dictada que debe existir, por los miembros del tribunal que fallaron condenando a mi representada. RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LA PROCESADA J. Y. G. H. ARGUMENTANDO QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA INOBSERVÓ LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA. Argumenta el Censor que el recurso de casación recae en la violación de las reglas de la sana crítica. Concretamente el recurrente denuncia la violación de las reglas de la sana crítica, por lesión al principio lógico de razón suficiente y a la ley de la coherencia, la conclusión del A Quo en los hechos probados y por considerar que de la prueba evacuada en juicio no es posible extraer con certeza tales aseveraciones, pues estima que con la prueba analizada en su conjunto impera la duda.- Reprocha la valoración de la prueba de descargo, consistente en las factura No 102763, 102573, 102638 propuestas por la defensa y a las declaraciones del señor J. M. H. Reprocha el hecho probado del A Quo en torno a la comunicación librada al Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Olancho, para que los bienes a nombre del demandado no se gravaran, vendieran o se transfirieran a terceras personas a la que no se le dio cumplimiento, por defectos formales, inconsistencias e irregularidades. Reprocha el hecho probado del A Quo respecto al numeral tres de la valoración de la prueba en que la señora J. Y. G. compareció ante el señor A. E. S., Registrador de la Propiedad de Juticalpa, testigo que declaró que el día de los hechos la señora J. Y. G. llegó a solicitarle la agilización de los trámites de inscripción de las escrituras públicas, donde su cuñado el señor H. P., le donaba dos inmuebles de su propiedad aduciendo que le urgía para los trámites de una visa para viajar a los Estados Unidos de Norte América. Reprocha la declaración del testigo abogado A. E. S. cuando manifiesta haber sido sorprendido por la señora J. Y. G. y el que no se haya valorado el careo que la Defensa solicitó y que el Tribunal aprobó para que el Señor A. E. S. recordara las palabras precisas que la acusada manifestó ese día en que solicitó el supuesto favor en la agilización de la inscripción de escrituras públicas, de lo que considera no se puede derivar prueba de cargo para acreditar su participación como cómplice de un delito de INSOLVENCIA PUNIBLE, por el simple hecho de solicitar la agilización del trámite de los mismos, por lo que considera que el procedimiento sobre la inscripción de estos bienes a favor de la acusada está dentro de la ley. Concluye el recurrente que al confrontar el contenido de la declaración del Señor A. E. S. con lo argumentado por el A Quo resulta acreditado un grave vicio de la prueba, por infracción de la regla lógica de la derivación que impone la necesidad de razón suficiente y justificada, para considerar verdadera una declaración que debe ser congruente con la prueba evacuada en juicio. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque por mor del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades.Esta Sala de lo Penal, observa en el presente caso, que el Censor de la sentencia impugnada, reprocha la base fáctica de la sentencia y la valoración de la prueba realizada por el Juzgador. Sobre lo anterior, esta Sala ha expuesto en múltiples sentencias que los hechos declarados por el Juzgador son intangibles e inalterables en casación, asimismo, no es posible al Tribunal de Casación revalorizar los medios de prueba aportados al juicio tales como la prueba documental y las declaraciones de los testigos de cargo y descargo como si de un Tribunal de Apelación del antiguo sistema procesal se tratase, pues esta es una función propia del Juzgador de instancia, quien tiene la inmediación con la prueba y percibe las alegaciones de las partes. A esta Sala le corresponde analizar si en la valoración de dichas pruebas se han observado las reglas del correcto razonamiento humano o reglas de la sana crítica. En el presente caso el recurrente estima vulnerada la regla de la sana crítica de lógica, concretamente de la ley de derivación, por la que se impone la necesidad de razón suficiente al valorar la declaración del testigo A. E. S., Registrador de la Propiedad Inmueble y Mercantil, de la ciudad de Juticalpa, Olancho, pues este declara que la acusada J. Y. G., llegó a su despacho a solicitar se agilizara el trámite de inscripción de las escrituras públicas en que su cuñado el señor H. P., le donaba dos inmuebles de su propiedad, aduciendo que le urgía para los trámites de visa americana, declaración en que el testigo aduce haber sido sorprendido por la acusada. Reprocha el no haber valorado el careo practicado entre el mencionado testigo con la acusada, en que se solicitó a este recordar las palabras precisas de la acusada el día que le solicitó el favor, declaración que el A Quo valoró para condenar a la acusada por el delito de Insolvencia Punible a título de Cómplice. Esta Sala estima que las razones vertidas por el A Quo para conceder plena credibilidad a la declaración del testigo A. E. S., al valorar dicha prueba armoniosa y conjuntamente con el resto de la prueba incorporada en juicio, son lógicas y suficientes para de ellas derivar razonablemente que la acusada J. Y. G., recibió en donación dos bienes inmuebles propiedad del señor H. P., después que éste había sido demandado por la vía civil para el cumplimiento forzoso de una obligación de pago, de tal manera que de manera concertada realizaron una operación simulada para eludir el cumplimiento de obligaciones pecuniarias. Por lo expuesto esta Sala desestima el motivo de casación invocado por el recurrente. SEGUNDO MOTIVO: Haber incurrido el sentenciador en error de hecho, al dejar de considerar una prueba de valor decisivo en la litis. PRECEPTO AUTORIZANTE: El precepto motivo de casación se encuentra desprendido en la parte final del numeral 2 del artículo 362 del código procesal penal. EXPLICACIÓN DE MOTIVO. Es conveniente aclarar, para los efectos sucesivos que el planteamiento se dirige a demostrar que el tribunal de sentencia no ha considerado en toda su dimensión prueba de valor decisivo. Artículo 202: “las pruebas serán valoradas con arreglos a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. Por su parte el órgano sentenciador en la valoración de la prueba que se consigna en el numeral cuarto del valor a la prueba de la defensa en la manera superficial y hasta injusta en que se refiere a la declaración del testigo, este testimonio se refiere a la declaración del señor: H. J. P. R., quien en su declaración manifiesta: la forma de adquirir esa obligación que fue a través de la adquisición de mercadería para ser distribuida a otro establecimiento, que posteriormente Control de alimentos lo obligó a retirarla de estos centros de comercio por ser mercadería en mal estado, luego quemarla y además regresarlas las cantidades de dinero a estos centros de negocio y, que de todos estos acontecimientos la Empresa M., S.A. estaba enterada quien hacia promesas de restituir al Señor H. P. en las cantidades de dinero a que ascendía estas mercaderías, promesa que por supuesto no se cumplimentaron, más bien lo demandaron civilmente sin restarle siquiera lo que él ya había abonados en pago a esa obligación (… existe cheque girado a favor de empresa mercantil en folio 103 y que fue propuesto como medio de prueba) esto, desembocó en que el Señor H. P. solicitara un crédito para lo cual simplemente solicitó a su cuñada J. Y. (mi representada) que le sirviera de aval por ser una persona sujeta de crédito quien recibe esos bienes con la intención de ayudar a su cuñado a solventar esta situación y no a cometer el delito, por lo que se le condenó (por que el ministerio público no le probó el delito, él lo aceptó por procedimiento abreviado porque el proceso en su contra ya se le hacía una complicación más) pero lo que manifiesta el Señor H. P. en su declaración no solo sucede verbalmente, la defensa propuso medios de pruebas documentales que confirmaban lo que el Señor H. P. estaba expresando (que son las pruebas documentales desde los folios números 95-107, 23-26, 77, 100-103), además que durante el desarrollo del debate ésto quedó de manifiesto pero, el tribunal ni siquiera se molestó en mencionarlo en el momento de valoración de la prueba, lo cual si es decisivo para determinar: en que momento mi representada tuvo la intención de cometer el delito por el cual se le condenó, más bien parece que en este juicio no hubo parte defensora sino solo acusadora.” RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LA ENCAUSADA J. Y. G. H. ARGUMENTANDO QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA DEJADO DE CONSIDERAR PRUEBA DE VALOR DECISIVO EN LA LITIS. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 2) DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- Argumenta el recurrente que el A Quo no ha considerado en toda su dimensión prueba de valor decisivo. Señala que en la valoración de la prueba, numeral cuarto, al valorar la prueba de la defensa, el juzgador superficial e injustamente se refiere a la declaración del señor H. J. P. R., en su condición de testigo. Dicho testigo en su declaración relata al A Quo la forma en que adquirió la obligación de pago, distribución de la mercadería en establecimientos, retiro del mercado obligado de la mercadería por estar en mal estado, destrucción, devolución del dinero a los establecimientos, conocimiento de los acontecimientos por la sociedad acreedora, promesa incumplida del acreedor para la restitución al declarante del valor de las mercaderías, la demanda civil interpuesta contra su persona, sin restarle los pagos abonados a la obligación según el cheque girado a favor de la EMPRESA M. I., (folio 103) propuesto como medio de prueba, la solicitud de crédito para pagar la deuda para lo cual solicitó a la acusada J. Y. G. (cuñada del testigo) que le sirviera de aval, recibo de los bienes por parte de la acusada con la intención de ayudar a su cuñado a solventar la situación y no para cometer el delito por el que se le condenó, en tanto estima que el Ministerio Público no probó el delito, al haberlo aceptado por procedimiento abreviado. Reprocha que la defensa propuso medios de pruebas documentales que confirmaban lo que el Señor H. J. P. R. estaba expresando, siendo las pruebas documentales ubicadas en el expediente a folios 95-107, 23-26, 77, 100-103 del proceso, las que asegura que el Tribunal no valoró, prueba que estima decisiva para determinar su verdadera intención. Esta Sala de lo Penal, estima que el Juzgador no ha excluido o dejado de valorar prueba de valor decisivo. Concretamente el recurrente reprocha que el Juzgador no ha valorado la declaración del testigo de la Defensa H. J. P. R., así como la prueba documental incorporada al proceso a folios 95-107, 23-26, 77, 100-103. Esta Sala aprecia por una parte que el Juzgador ha valorado plenamente la declaración del testigo de descargo H. J. P. R., y que en la motivación o fundamentación intelectiva de la sentencia, ha vertido razones suficientes para concluir que el mencionado testigo dio en donación dos bienes inmuebles de su propiedad a favor de la acusada J. Y. G. con el propósito de salvarlos de la persecución judicial Civil instaurada en contra del primero. Por otra parte esta Sala observa que ciertamente el A Quo no se pronuncia específicamente sobre la valoración intelectiva de cada uno de los documentos incorporados al proceso por la defensa, concretamente los que corren a folios 95-107, 23-26, 77, 100-103 del proceso, sino que los pondera en forma general y breve en el numeral cuarto del acápite de la valoración de la prueba. No obstante la falta de apreciación concreta del Juzgador respecto a cada uno de los medios de prueba documentales de reproche, esta Sala estima que los mismos están relacionados a las causas que originaron la falta de cumplimiento de la obligación de pago del señor H. J. P. R. con su acreedor y otros hechos y circunstancias vinculados a la acción civil. Para establecer si las pruebas dejadas de valorar en forma expresa por el Juzgador son decisivas, por el método de inclusión hipotética esta Sala aprecia, que aún cuando hubiesen sido valoradas por el Juzgador las mismas carecen de la virtualidad probatoria para modificar el fallo condenatorio dictado contra la acusada, por todo lo cual, el motivo de casación invocado es desestimado. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 359, 362.2 y 3 del Código Procesal Penal.- FALLA: Declarando sin lugar el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, en sus dos motivos, interpuesto por el recurrente, en su condición indicada, contra la sentencia pronunciada por el Tribunal de Sentencia de Juticalpa, Departamento de Olancho, en fecha seis de marzo del dos mil nueve.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales pertinentes.- REDACTÓ EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO.-NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.-CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- COORDINADOR.-RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.-FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los trece días del mes de mayo del años dos mil once.- Certificación de la sentencia de fecha trece de abril del año dos mil once, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-381-2009.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

15/11