Sentencia CP-370-08 — Registro 2168
Resumen
Se condeno en primera instancia al acusado de los delitos de violación
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"En resumen el recurrente se pronuncia argumentando la Infracción por violación del artículo 90 en su párrafo primero, de la Constitución de la República, en relación directa con el artículo 318 del Código Procesal Penal, aduciendo inobservancia del debido proceso, al no cumplirse los plazos que se establecen en el artículo 318 del Código Procesal Penal, para la fijación de la fecha y hora del juicio oral y público; también se argumenta que no consta en autos la celebración de la audiencia de individualización de la pena concreta; y que en la sentencia la Juez S. L. A. R., aparece firmando como Presidenta, cargo que legalmente no ostentaba el día de la celebración del debate.- II.- Esta Sala de lo Penal, después de efectuado el análisis respectivo, concluye en lo referente a que el Tribunal de instancia transgredió el debido proceso al no cumplir con los plazos que se establecen en el artículo 318 del Código Procesal Penal, en relación al señalamiento de la fecha y hora para el debate, que no lleva razón el recurrente en su alegato impugnativo, ya que la defensa tuvo la posibilidad de reclamar de forma oportuna el señalamiento tardío de la audiencia de debate, lo que no ocurrió ni en el momento en que eran notificadas las partes cuando se señalaban las fechas de la audiencia aludida, ni tampoco al celebrarse el debate en la etapa en que las partes tienen la oportunidad de plantear los incidentes (folio # 207), habiendo la defensa consentido y aceptado el señalamiento del A quo, sin interponer contra dichas decisiones recurso alguno, en ese sentido mas que el incumplimiento del termino aludido, debe mostrarse en que ese incumplimiento vulnera el debido proceso, verbigracia, en que afectó el derecho de defensa en el caso que se juzgó lo cual el recurrente no expone, sin perjuicio de la responsabilidad que dicha omisión de ser injustificada pueda traer para los jueces en su condición de funcionarios públicos.- También alega el recurrente que no se llevó a cabo audiencia de individualización de la pena concreta, pero en la sentencia definitiva (folio # 222), en la fundamentación jurídica número 5, aparece la motivación en la que se expresa que si se llevó a cabo la audiencia aludida, destacándose la postura de las partes en dicha audiencia y las pruebas aportadas, así como la motivación de los sentenciadores en cuanto a las penas concretas, por lo que no hay forma de dudar por el sólo dicho de la defensa, de que dicha audiencia no se llevó a cabo.- En relación a que la Juez S. L. A. R., firmó la sentencia como Presidenta, y en el debate no ostentaba dicha condición, este hecho por si sólo no representa vulneración al debido proceso, además el recurrente no expuso claramente en que consistía la lesión a la garantía constitucional mencionada, ya que por el sólo hecho de que uno de los integrantes del Tribunal firme la sentencia definitiva con la denominación de Presidente sin que lo haya sido en el debate, no constituye per se infracción al debido proceso consagrado en la Constitución de la República y desarrollado en la ley penal adjetiva, en consecuencia al no quedar evidenciada una flagrante afectación a una norma esencial del procedimiento o a un derecho fundamental; resulta procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional invocado en su único motivo"
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL PRIMER MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA.- I.- El recurrente plantea el no haber observado el Tribunal Sentenciador, en la valoración de las pruebas, las reglas de la sana crítica, haciendo una exposición en forma general sobre conceptos en cuanto a la sana crítica; también manifiesta que las jóvenes B. A. Z. R., W. Y. Z. A., iban a deponer en su condición también de víctimas y no lo hicieron y que llegado el día de la celebración del debate, las únicas personas que declararon, fueron las supuestas ofendidas N. C. P. M. y J. C. P. M., quienes se contradijeron con las declaraciones brindadas en la fecha en que se les practicó el examen pericial psiquiátrico forense; y que dichas declaraciones están viciadas de nulidad porque la Fiscalía se hizo cargo de todos los gastos de alimentación y alojamiento de las mismas.- II.- Esta Sala de lo Penal, recuerda que con el sistema de “libre convicción o sana crítica racional”, este alto Tribunal está limitado para valorar alternativamente la prueba evacuada en primera instancia, limitaciones que son impuestas por los principios de Oralidad e Inmediación; ya que sólo se le está permitido a la Sala, establecer si las probanzas son válidas, si las conclusiones a que se llega responden a las reglas de la logicidad y si hay motivación suficiente y legal.- III.- Para esta Sala de lo Penal y sin el ánimo de valorar alternativamente la prueba del debate, el alegato del recurrente no es de recibo, pues se limita a conceptualizar las reglas de la sana crítica sin ser preciso cuales de las reglas son las que dice haber violado los sentenciadores y en que puntos considera no se observaron dichas reglas.- En relación a que las jóvenes B. A. Z. R. (folio # 213), W. Y. Z. A. (folio # 210), decidieron no declarar y que eso le resta credibilidad a la acusación, no es razonable, por ende, no es aceptado por la Sala, ya que el hecho de que las deponentes desistieran de dar su versión fue por estar comprendidas en la exención a que tenían derecho por estar dentro de los grados de consanguinidad que establece la ley para estos casos con el acusado, y en ningún momento hacer uso de ese derecho le resta credibilidad o fuerza a la acusación. Tampoco se puede extraer de forma clara contradicción entre las testigos N. C. P. M. (folio # 208) y J. C. P. M. (folio # 209), quienes fueron claras y coincidentes al momento de sus declaraciones y el hecho de que la parte acusadora se hiciera cargo de los gastos de las testigos, no las hace perder credibilidad y confiabilidad, quienes al momento de declarar relataron como el acusado de forma reiterada las agredió sexualmente, logrando accederlas carnalmente, lo que además se concatena con los dictámenes médicos (folios # 22, 42) y los psiquiátricos forenses (folios # 184 y193), pruebas de las que se puede extraer la veracidad de la versión de las testigos mencionadas.- Es por ello que no se aprecia que los sentenciadores hayan fundado sus conclusiones irrespetando las reglas de la sana crítica, o que al momento de valorar la prueba el A- quo haya arribado a conclusiones contradictorias, incompletas e incoherentes, siendo que en la sentencia se plasman conclusiones lógicas y concordantes, además de verdaderas, que se extraen como consecuencia de las pruebas legalmente evacuadas en el debate; por lo que esta Sala considera que en el fallo recurrido no se han violado las reglas de la sana crítica.- En consecuencia, se declara Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por la defensa en su primer motivo."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS. LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de abril del año dos mil once, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los Magistrados RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO, en su calidad de Coordinador, JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ y por excusa justificada del magistrado CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, integra el Magistrado JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha catorce de mayo de dos mil ocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual condenó al señor J. B. Z., como autor responsable de los delitos de VIOLACION en perjuicio de N.C.M., a la pena principal de NUEVE (9) AÑOS DE RECLUSIÓN y VIOLACIÓN en perjuicio de J. C.P.M., a la pena principal de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSION, más las accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma el Abogado Juan Francisco Zavala Canales, actuando en su condición de Defensor Privado del señor J. B. Z.- SON PARTES: El Abogado J. F. Z. C., actuando en su condición de Defensor Privado del señor J. B. Z., como parte recurrente; y la abogada M. E. G. P., en su condición de Fiscal de Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS. PRIMERO: Las hermanas gemelas N. C. y J. C. P. M., nacieron en fecha 16 de junio de 1989. SEGUNDO: A la edad de nueve años la joven J. C. P. M., fue dejada bajo el cuidado de su tía M. P. A., esposa del acusado J. B. Z., quienes vivían en el Barrio La Ceibita de la ciudad de Danlí, El Paraíso, lugar donde el imputado utilizando diversas artimañas y su relevante papel como jefe de la familia, sostuvo relaciones sexuales por vía vaginal con la menor, situación que se prolongó hasta que ella cumplió catorce años de edad y denunció este hecho ante las autoridades correspondientes. TERCERO: A la edad de catorce años también la menor N. C. P. M., fue entregada para su cuidado a la señora M. P. A., en la dirección antes señalada, lugar donde el imputado le obligó a sostener relaciones sexuales vía vaginal con su persona. CONSIDERANDO. I.- El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo.- II.- RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL.- PRIMER MOTIVO: “Infracción por violación del artículo numero 90 en su párrafo primero, de la Constitución de la Republica, en relación directa con el artículo número 318 del Código Procesal Penal vigente”.- PRECEPTO AUTORIZANTE: “El presente motivo de Casación, se encuentra comprendido en el artículo numero 361 del Código Procesal Penal”.- EXPLICACION DEL MOTIVO: Los preceptos Constitucionales y procesales, citados como infringidos por violación directa, textualmente dicen: el artículo número 90 párrafo primero de la Constitución de la República, y el artículo número 318 del Código Procesal Penal.- En consonancia con la Garantía Constitucional invocada, que ha sido violada, de manera flagrante por este Honorable Tribunal de Sentencia, se inobservó durante la tramitación del Juicio Oral y Público, disposiciones de orden público, que violentan de manera directa el debido proceso, ya que el Derecho Procesal Penal, es un derecho Constitucional aplicado, que tiene como propósito precisamente, la protección y desarrollo de las Garantías, que otorga la Constitución de la República, las que deben permanecer inalterables en las actuaciones del proceso, cuya inobservancia acarrea por si sola nulidad absoluta de actuaciones a partir e inclusive de la omisión misma.- De acuerdo a la práctica Forense en Materia Penal, y en base a la Jurisprudencia Nacional, el principio del debido proceso, contenido en el párrafo primero del artículo numero 90 de la Constitución de la República, no es otra cosa que la imperatividad directa e incondicional, que impone al operador de la justicia la obligatoriedad de desarrollar el proceso, dentro del principio de legalidad, conforme al ordenamiento Jurídico, impuesto en el Código de Procedimientos Penales, sin que sea viable, en ningún momento, la aquiescencia o el consentimiento de las partes para variar el formalismo o la tolerancia, frente a actos realizados en menoscabo de tales normas, en el caso de autos, se celebró audiencia de proposición de pruebas, el día once (11) de enero del año dos mil siete (2007), habiéndose notificado en estrados, a las partes en la audiencia misma, tal como consta a folios del 152 al 154 de los autos, de acuerdo al artículo número 318 del Código Procesal Penal, debió fijarse la fecha para la celebración del Juicio Oral y Público dentro de los tres días siguientes, es decir comprendido entre los días del doce (12) al dieciséis (16) de Enero del año dos mil siete (2007), pero violando dicha norma se fijo audiencia de manera extemporánea, para los días veintisiete (27) y veintiocho (28) de Noviembre del año dos mil siete, después de haber transcurrido más de nueve (9) meses, tal como consta a folios del 173 al 174 de los autos, violando con ello el debido proceso, establecido como Garantía Constitucional, llegado que fue el día de la audiencia indicada, el Tribunal de Sentencia, por medio de la Sala Segunda, se constituyo, en la Ciudad de Danlí, en donde no pudo desarrollarse el Juicio Oral y Público a petición de la Fiscalía del Ministerio Público, por no contar según sus expresiones con los medios de prueba, no obstante, que fue notificada la fiscalia con suficiente tiempo de anticipación, es decir con mas de un mes, pero accediendo, este Tribunal a dicha petición, suspendió dicho debate en base a lo establecido en el numeral 3 del artículo número 312 del Código Procesal Penal, previendo este artículo, que el Tribunal de Sentencia, podrá suspender el debate por un plazo máximo de quince (15) días, pero no obstante esta disposición de orden público, nuevamente y de manera reiterada, este Tribunal, violando dicha disposición y debido proceso, señalo audiencia de manera extemporánea, para los días dos (2) y tres (3) de abril del año en curso (2008), transcurriendo mas de cuatro (4) meses, una vez que se celebro el debate en la cual se conceptuó responsable del delito imputado a mi representado, en dicha audiencia, el Presidente de la sala segunda, del Tribunal de Sentencia, señalo audiencia para el día siete (7) de mayo del año en curso (2008), a las nueve y treinta minutos de la mañana, a efecto de individualizar las penas, sin que hasta aquella fecha existiera la Sentencia correspondiente, ya que esta se dictó hasta el día catorce (14) de mayo del año en curso (2008), no constando de autos la celebración de la audiencia de mérito, contradiciéndose de manera sustancial el hecho quinto de los fundamentos Jurídicos de la Sentencia recurrida, por este acto y finalmente en el Preámbulo de la Sentencia de mérito, se estableció que la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia, que de la causa conoció, estaba conformada por los J. J. D. A. E., como Presidente, S. L. A. R. y M. R. d. F., pero no obstante dicha circunstancia, la Sentencia, fue suscrita por la Juez S. L. A. R., como Presidenta, cargo que legalmente no ostentaba el día de la celebración del debate.- Es evidente que en todo el procedimiento observado en el Debate o Juicio Oral y Público, se inobservó de manera deliberada el debido proceso, contenido en el párrafo segundo del artículo número 90 de la Constitución de la República, que constituye la infracción de precepto constitucional formalizado en este Recurso. III.- RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: PRIMER MOTIVO: “No haber observado el Tribunal Sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica basados en hechos concretos”.- PRECEPTO AUTORIZANTE: “Este motivo de Casación, se encuentra comprendido, en numeral 3º del Artículo número 362 del Código Procesal Penal”.- EXPLICACION DE MOTIVO: Considero de vital importancia, para una mejor ilustración y comprensión de este motivo, establecer, lo que se debe entender en cuanto a la valoración de la prueba, en un proceso penal. Según el artículo número 202 del Código Procesal Penal vigente, el Tribunal sentenciador, formará su convicción, valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida y con arreglo a la sana crítica, obligatoriedad que también se reitera en el numeral segundo, de la regla cuarta del artículo número 338 del precitado Cuerpo Legal.- Este sistema de valoración, que implementa la reforma procesal penal, le permita al Sentenciador cierta libertad en la estimación de pruebas, que determine su convencimiento, pero siempre respetando las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Los hechos probados en una Sentencia Penal, lo que constituye a ciencia cierta, la verdad inobjetable a la que el Tribunal a arribado, estando sustentados en el acervo probatorio, que se plasma en la fundamentación probatoria.- Diciéndose aquella en las fases descriptiva y la intelectiva; en la primera fase, el Tribunal describe cada una de las pruebas que dan sustento a su decisión y en la segunda fase, el Juzgador debe explicar porque un medio probatorio le merece fe y otro no y además de ello, porque un elemento de prueba u otro le llevan a una conclusión determinada.- Sobre esta segunda fase, es que recae el reproche de este Recurso de Casación, por violación de las reglas de la sana crítica, de acuerdo con el motivo planteado, de tal suerte, que la violación a esas reglas, que corrigen el correcto entendimiento humano, constituye un problema de fundamentación de la Sentencia, por ello el Legislador en el artículo número 338 del Código Procesal Penal, establece dentro de la fundamentación del fallo, la valoración de la prueba.- Las reglas de la sana crítica, entonces, constituye la especie dentro del género, conocido como fundamentación. El Sistema de la sana crítica racional, que implementa nuestro sistema Procesal penal, en cuanto a la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los Jueces, pero exigiéndoles que las conclusiones a las que arriben, sean fruto razonado de las pruebas en que se apoye.- En este sistema el Juzgador, no tiene reglas legales, que el establezcan la forma de darle el valor que debe consignarse a cada prueba, pero esa libertad tiene limites: Las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano.- En la sana crítica racional, el Juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa, valorando con eficacia condicional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, de las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Dentro de las reglas de la lógica, a la que debe sujetarse en todo caso el Juzgador, en la valoración de las pruebas, según se lo imponen los artículos números 202 y 336 del Código Procesal Penal, y que recalca el artículo número 338 sección cuarta, numeral 2º, aparece la características exigidas por dichas reglas, denominadas, según Fernando de la Rua, en obra (La casación penal. el recurso de casación penal en el nuevo código procesal penal de la nación), como derivada, según la cual, la motivación debe respetar el principio de razón suficiente, para lo cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables, deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando”.- Para ello, la motivación debe ser “concordante”, a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella”, concluye, por tal razón y como lo sostiene la Ley de la razón suficiente, cada elemento probatorio debe de estar sustentado por otros elementos de pruebas, permitiendo que cada probanza sirva de soporte a otra u otras pruebas.- Resulta evidente, que la sentencia que se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta de manera directa en contra de las reglas de la sana crítica a observarse, en la valoración de la prueba, y que se convierte, en consecuencia, en la violación de los artículos mencionados.- En el Proceso Penal, el Tribunal de Sentencia, no derivó razonablemente las pruebas presentadas en Juicio, ya que con la finalidad de acreditar los hechos que se desarrollaron, la parte acusadora aporto entre otros, como medio de prueba, el denominado número uno testifical, que se evacuó mediante las declaraciones de las testigos de cargo, siguientes: B. A. Z. R., W. Y. Z. A., N. C. P. M. y J. C. P. M., quienes depondrían en su condición de víctimas de los abusos sexuales a que eran sometidas por parte del acusado J. B. Z., así como de las amenazas que este les infería, si decían algo de lo ocurrido, así como los testigos M. C. A. y W. R. Z., extremo que consta a folio número 153 de los autos, llegado el día de la celebración del debate, las únicas personas que declararon, fueron las supuestas ofendidas N. C. P. M. y J.C. P. M., quienes evidentemente, tal como consta de autos, se contradijeron con las declaraciones brindadas en la fecha en que se les practicó el examen pericial psiquiátrico forense, efectuado por la Dirección de Medicina Forense, en cuanto a las también supuestas ofendidas B. M. Z. R. y W. Y. Z. A., estas se abstuvieron de declarar, obviamente porque sus declaraciones iniciales, no se ajustaron a la verdad, negativa que mantuvieron no obstante el acoso sistemático de que fueron objeto por parte de la Fiscal, que manejo la causa, al ofrecerles la cárcel si no declaraban, y en cuanto a la testigo M. C. A., madre de una de las supuestas ofendidas, esta se abstuvo también de declarar, y finalmente no se hizo presente al debate el testigo W. R. Z., obviamente porque no tenía conocimiento pleno de los hechos, el Tribunal de Sentencia considero como verdaderos e inobjetables los testimonios de las dos supuestas ofendidas indicadas anteriormente, sin considerar sus antecedentes y compartimiento personal ante la Sociedad, extremos que quedaron establecidos en los exámenes psiquiátricos que se les practicaron, y quienes se presentaron a la Audiencia del debate, a instancia y obligadas por la Fiscal, encargada de la causa, quien de manera personal, demostrando interés directo y no objetividad en dicha causa, se hizo cargo de todos los gastos de alimentación y alojamiento de las mismas con el único propósito de que obligadamente declararan, en contra del imputado, de ello, fácilmente se infiere, que dichas declaraciones están viciadas de nulidad ya que para su origen, se hizo uso de métodos no permitidos por la Ley, pero el hecho es que por la negativa manifiesta de prestar su declaración, las supuestas ofendidas B. M. Z. R. y W. Y. Z. A., constituye un acto insólito e inconcebible, ya que si una persona ha sido dañada o mancillada en su integridad física, como ser un abuso sexual, no es posible que de la noche a la mañana, se retracte de su declaraciones iniciales, de lo que fácilmente se colige que la denuncia interpuesta en contra de mi representado no era fidedigna, desestimando dichos hechos de relevante importancia, al establecer, el Juzgador, que en relación a dichas supuestas ofendidas, no podía determinarse la comisión del delito, pero debieron las supuestas perjudicadas, por lo menos proporcionar indicios racionales de la comisión del delito imputado a mi representado, en perjuicio de las otras dos supuestas ofendidas, la inobservancia de este hecho establece la contraposición a la sana crítica, que es el motivo de motivo, y que esboza el Juzgador en la relación de la sentencia recurrida y constituyen a la vez legalmente, un hecho inobjetable de duda razonable (in dubio pro reo), que debió ser apreciada de acuerdo a la Ley por el Juzgador, ya que esta figura legal, tiene importancia singuralisima, en el Derecho sustantivo criminal, por cuanto, la duda, ha de resolverse siempre a favor del reo, y porque, en lo adjetivo o procesal, la duda acerca de la conducta honrada de las personas, origina la sospecha, da nacimiento al indicio de culpabilidad, orienta la investigación y justifica el sumario, en el caso de autos, habida cuenta y ser evidente la existencia palpable de la duda razonable, debió el Juzgador, absolver de toda responsabilidad penal, al indiciado, tal como lo establece el artículo numero 339 párrafo primero del Código Procesal Penal. IV. RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA.- TERCER MOTIVO: “La inobservancia por parte del Juzgador, del debido proceso y de las reglas establecidas en el Código Procesal Penal, para la celebración del Juicio Oral y Público”.- PRECEPTO AUTORIZANTE: “El presente motivo de Casación, se encuentra comprendido en la violación del artículo número 90 de la Constitución de la República en relación con el artículo número 362 numeral 5º del Código Procesal Penal”.- EXPLICACION DEL MOTIVO: Los preceptos Constitucionales y Procesales citados como infringidos por violación, textualmente dicen: Artículo numero 90 párrafo primero de la Constitución de la Republica: “nadie puede ser juzgado, sino por juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”.- Articulo numero 362 numeral 5 del Código Procesal Penal: “El recurso de casación por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: numeral 5º la inobservancia de las reglas establecidas en el presente código, para la realización del juicio oral y publico. Este Honorable Tribunal de Sentencia, inobservo durante la tramitación del Juicio Oral y Publico, disposiciones de orden publico, que violentan de manera directa el debido proceso, ya que el Derecho Procesal Penal, es un derecho Constitucional aplicado, que tiene como propósito precisamente, la protección y desarrollo de las Garantías, que otorga la Constitución de la Republica, las que deben permanecer inalterables en las actuaciones del proceso, cuya inobservancia acarrea por si sola nulidad absoluta de actuaciones a partir e inclusive de la omisión misma.- El principio del debido proceso, contenido en el párrafo primero del articulo numero 90 de la Constitución de al Republica, no es otra cosa que la imperatividad directa e incondicional, que impone al operador de la justicia la obligatoriedad de desarrollar el proceso, dentro del principio de legalidad, conforme al ordenamiento Jurídico, impuesto en el Código de Procedimientos Penales, sin que sea viable, en ningún momento, la aquiescencia o el consentimiento de las partes para variar el formalismo o la tolerancia, frente a actos realizados en menoscabo de tales normas, en el caso de autos, se celebro audiencia de proposición de pruebas, el día once (11) de enero del año dos mil siete (2007), habiéndose notificado en estrados, a las partes en la audiencia misma, tal como consta a folios del 152 al 154 de los autos, de acuerdo al artículo numero 318 del Código Procesal Penal, debió fijarse la fecha para la celebración del Juicio Oral y Publico dentro de los tres días siguientes, es decir comprendido entre los días del doce (12) al dieciséis (16) de Enero del año dos mil siete (2007), pero violando dicha norma se fijo audiencia de manera extemporánea, para los días veintisiete (27) y veintiocho (28) de Noviembre del año dos mil siete, después de haber transcurrido mas de nueve (9) meses, tal como consta a folios del 173 al 174 de los autos, violando con ello el debido proceso, establecido como Garantía Constitucional, llegado que fue el día de la audiencia indicada, este Tribunal de Sentencia, por medio de la Sala Segunda, se constituyo, en la ciudad de Danli, Departamento de El Paraíso, en donde suspendió la audiencia y como consecuencia de ello, no pudo desarrollarse el Juicio Oral y Publico a petición de la Fiscalía del Ministerio Público, en base a los argumentos justificativos, que oportunamente expreso, accediendo, este Tribunal a dicha petición, suspendió dicho debate en base a lo establecido en el numeral 3 del articulo numero 312 del Código Procesal Penal, previendo este articulo, que el Tribunal de Sentencia, podrá suspender el debate por un plazo máximo de quince (15) días, pero no obstante esta disposición de orden Publico, nuevamente y de manera reiterada, este Tribunal, violando dicha disposición y el debido proceso, señalo audiencia de manera extemporánea, para los días dos (2) y tres (3) de abril del año en curso (2008), transcurriendo mas de cuatro (4) meses, para la celebración de la audiencia, la que de acuerdo a la Ley, no podía celebrarse después de un plazo máximo de quince días, pero violentado el debido proceso, se celebro el debate en la cual se conceptuó responsable del delito imputado a mi representado, en dicha audiencia, el Presidente de la sala segunda, del Tribunal de Sentencia, señalo audiencia para el día siete (7) de mayo del año en curso (2008), a las nueve y treinta minutos de la mañana, a efecto de individualizar las penas, sin que hasta aquella fecha existiera la Sentencia correspondiente, ya que esta se dicto hasta el día catorce (14) de mayo del año en curso (2008), no constando de autos la celebración de la audiencia de merito, tal como puede comprobarse en el expediente mismo, contradiciéndose de manera sustancial el hecho quinto de los fundamentos Jurídicos de la Sentencia recurrida, por este acto, luego de ello fue usurpado el cargo de la presidencia de dicha sala, al haberse firmado bajo dicho estatus por la Juez S. L. A. R., cargo que legalmente no ostentaba el día de la celebración del debate.- Es evidente que en todo el procedimiento observado en el Debate o Juicio Oral y Público, se inobservó de manera deliberada el debido proceso, contenido en el párrafo segundo del Artículo número 90 de la Constitución de la República, que se relaciona de manera íntima con el numeral 5º del artículo número 362 del Código Procesal Penal, que constituyen la infracción por quebrantamiento de forma, formalizado en este Recurso.- V.- DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL PRIMER MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LA DEFENSA.- I.- En resumen el recurrente se pronuncia argumentando la Infracción por violación del artículo 90 en su párrafo primero, de la Constitución de la República, en relación directa con el artículo 318 del Código Procesal Penal, aduciendo inobservancia del debido proceso, al no cumplirse los plazos que se establecen en el artículo 318 del Código Procesal Penal, para la fijación de la fecha y hora del juicio oral y público; también se argumenta que no consta en autos la celebración de la audiencia de individualización de la pena concreta; y que en la sentencia la J. S. L. A. R., aparece firmando como Presidenta, cargo que legalmente no ostentaba el día de la celebración del debate.- II.- Esta Sala de lo Penal, después de efectuado el análisis respectivo, concluye en lo referente a que el Tribunal de instancia transgredió el debido proceso al no cumplir con los plazos que se establecen en el artículo 318 del Código Procesal Penal, en relación al señalamiento de la fecha y hora para el debate, que no lleva razón el recurrente en su alegato impugnativo, ya que la defensa tuvo la posibilidad de reclamar de forma oportuna el señalamiento tardío de la audiencia de debate, lo que no ocurrió ni en el momento en que eran notificadas las partes cuando se señalaban las fechas de la audiencia aludida, ni tampoco al celebrarse el debate en la etapa en que las partes tienen la oportunidad de plantear los incidentes (folio # 207), habiendo la defensa consentido y aceptado el señalamiento del A quo, sin interponer contra dichas decisiones recurso alguno, en ese sentido mas que el incumplimiento del termino aludido, debe mostrarse en que ese incumplimiento vulnera el debido proceso, verbigracia, en que afectó el derecho de defensa en el caso que se juzgó lo cual el recurrente no expone, sin perjuicio de la responsabilidad que dicha omisión de ser injustificada pueda traer para los jueces en su condición de funcionarios públicos.- También alega el recurrente que no se llevó a cabo audiencia de individualización de la pena concreta, pero en la sentencia definitiva (folio # 222), en la fundamentación jurídica número 5, aparece la motivación en la que se expresa que si se llevó a cabo la audiencia aludida, destacándose la postura de las partes en dicha audiencia y las pruebas aportadas, así como la motivación de los sentenciadores en cuanto a las penas concretas, por lo que no hay forma de dudar por el sólo dicho de la defensa, de que dicha audiencia no se llevó a cabo.- En relación a que la Juez S. L. A. R., firmó la sentencia como Presidenta, y en el debate no ostentaba dicha condición, este hecho por si sólo no representa vulneración al debido proceso, además el recurrente no expuso claramente en que consistía la lesión a la garantía constitucional mencionada, ya que por el sólo hecho de que uno de los integrantes del Tribunal firme la sentencia definitiva con la denominación de Presidente sin que lo haya sido en el debate, no constituye per se infracción al debido proceso consagrado en la Constitución de la República y desarrollado en la ley penal adjetiva, en consecuencia al no quedar evidenciada una flagrante afectación a una norma esencial del procedimiento o a un derecho fundamental; resulta procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional invocado en su único motivo.- VI.- DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL PRIMER MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA.- I.- El recurrente plantea el no haber observado el Tribunal Sentenciador, en la valoración de las pruebas, las reglas de la sana crítica, haciendo una exposición en forma general sobre conceptos en cuanto a la sana crítica; también manifiesta que las jóvenes B. A. Z. R., W. Y. Z. A., iban a deponer en su condición también de víctimas y no lo hicieron y que llegado el día de la celebración del debate, las únicas personas que declararon, fueron las supuestas ofendidas N. C. P. M. y J. C.P.M., quienes se contradijeron con las declaraciones brindadas en la fecha en que se les practicó el examen pericial psiquiátrico forense; y que dichas declaraciones están viciadas de nulidad porque la Fiscalía se hizo cargo de todos los gastos de alimentación y alojamiento de las mismas.- II.- Esta Sala de lo Penal, recuerda que con el sistema de “libre convicción o sana crítica racional”, este alto Tribunal está limitado para valorar alternativamente la prueba evacuada en primera instancia, limitaciones que son impuestas por los principios de Oralidad e Inmediación; ya que sólo se le está permitido a la Sala, establecer si las probanzas son válidas, si las conclusiones a que se llega responden a las reglas de la logicidad y si hay motivación suficiente y legal.- III.- Para esta Sala de lo Penal y sin el ánimo de valorar alternativamente la prueba del debate, el alegato del recurrente no es de recibo, pues se limita a conceptualizar las reglas de la sana crítica sin ser preciso cuales de las reglas son las que dice haber violado los sentenciadores y en que puntos considera no se observaron dichas reglas.- En relación a que las jóvenes B. A. Z.R.(folio # 213), W. Y. Z. A.(folio # 210), decidieron no declarar y que eso le resta credibilidad a la acusación, no es razonable, por ende, no es aceptado por la Sala, ya que el hecho de que las deponentes desistieran de dar su versión fue por estar comprendidas en la exención a que tenían derecho por estar dentro de los grados de consanguinidad que establece la ley para estos casos con el acusado, y en ningún momento hacer uso de ese derecho le resta credibilidad o fuerza a la acusación. Tampoco se puede extraer de forma clara contradicción entre las testigos N.C.P. M. (folio # 208) y J. C. P. M. (folio # 209), quienes fueron claras y coincidentes al momento de sus declaraciones y el hecho de que la parte acusadora se hiciera cargo de los gastos de las testigos, no las hace perder credibilidad y confiabilidad, quienes al momento de declarar relataron como el acusado de forma reiterada las agredió sexualmente, logrando accederlas carnalmente, lo que además se concatena con los dictámenes médicos (folios # 22, 42) y los psiquiátricos forenses (folios # 184 y193), pruebas de las que se puede extraer la veracidad de la versión de las testigos mencionadas.- Es por ello que no se aprecia que los sentenciadores hayan fundado sus conclusiones irrespetando las reglas de la sana crítica, o que al momento de valorar la prueba el A- quo haya arribado a conclusiones contradictorias, incompletas e incoherentes, siendo que en la sentencia se plasman conclusiones lógicas y concordantes, además de verdaderas, que se extraen como consecuencia de las pruebas legalmente evacuadas en el debate; por lo que esta Sala considera que en el fallo recurrido no se han violado las reglas de la sana crítica.- En consecuencia, se declara Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por la defensa en su primer motivo.- VII.-DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL SEGUNDO MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA.- I.- El recurrente en este motivo expone los mismos argumentos que alegó en la interposición del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, los que fueron respondidos ya por esta Sala y que son en relación al señalamiento tardío de la audiencia de debate y la firma de la Juez A. R., como presidenta en la sentencia definitiva, ya existiendo respuesta a dichos alegatos por este Supremo Tribunal; en consecuencia de lo anterior, no es procedente dar respuesta a dichos argumentos que ya fueron contestados previamente, debiendo declararse Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su segundo motivo.- POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre de la REPÚBLICA DE HONDURAS, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 361, 362.3.5 y 369 del Código Procesal Penal; y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.- FALLA: DECLARAR SIN LUGAR LOS RECURSOS DE CASACIÓN POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL en su único motivo, y QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, en sus dos motivos, invocados por el Abogado J. F. Z. C., actuando en su condición de Defensor Privado del señor J. B. Z., como parte recurrente, en la causa que se siguió por los delitos de Violación en perjuicio de las jóvenes N. C. P. M. y J. C. P. M..- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que se proceda a ponerla en efectiva ejecución. Redactó: EL MAGISTRADO CALIX HERNANDEZ.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- COORDINADOR POR LEY.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de mayo del año dos mil once, certificación de la sentencia de fecha trece de abril de dos mil once, recaída en el Recurso de Casación Penal No.370=2008.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL