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Sentencia CP-320-09 — Registro 2156

Resumen

El Ministerio Público interpone recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma contra el fallo del Tribunal de Sentencia que absolvió a los acusados de los delitos de: Homicidio, Robo, Privación Injusta de la Libertad, Asociación Ilícita Y Portación Ilegal de Armas, en Perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“IV DEL RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL EN SU MOTIVO UNICO INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PUBLICO El impetrante señala como motivo de casación la infracción de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, invocando como precepto autorizante el artículo 361 del Código Procesal Penal. Esta sala de lo penal analizado el precepto invocado por el censor, procede a resolver el recurso en base a las consideraciones siguientes: 1) Esta Sala de lo Penal, viene reiteradamente sosteniendo que si bien la normativa Procesal Penal establece la infracción de precepto Constitucional como motivo de casación, las normas Constitucionales susceptibles de ser examinadas en casación son aquellas referentes a derechos fundamentales y que guarden relación con el derecho penal y las formas del juicio, en consecuencia, deberá intentarse el recurso acudiendo únicamente a normas constitucionales reguladoras de derechos fundamentales que eventualmente pudieran verse afectas producto de la persecución penal, como ser: derecho de defensa, debido proceso etc.…o bien aquellas vinculadas con principios del derecho penal sustantivo, tal es el caso del principio de legalidad en materia penal etc.…2) Uno de los requisitos Constitucionales del Proceso Penal, lo Constituye el derecho de defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso, que “supone un conjunto de autolimitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a si mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado”. Así tenemos que la Constitución de la República precisamente establece que nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, de manera que todo procedimiento o juzgamiento deberá estar sujeto a las formalidades de ley como instrumento de garantía de los derechos del justiciable, por otra parte, si bien es cierto que los derechos de defensa y de debido proceso, aparecen en la Constitución de la República en el capítulo concerniente a los derechos individuales, es igualmente cierto que el Ministerio Público, legítimo representante de los intereses de la sociedad, como poseedor del monopolio de la acción penal, se presenta como un legítimo medio de las víctimas para acceder al proceso penal y concretizar los derechos individuales de estas; así las cosas, en una amplia interpretación de los derechos otorgados por la Constitución, el Ministerio Público puede reclamar en ese sentido la observancia de esos derechos Constitucionales, en consecuencia tratándose del ente fiscal, habrá que examinar si la intervención de este ha posibilitado su libre acceso al órgano jurisdiccional a efecto de concretizar mediante la acción el derecho de defensa de los intereses generales que suele representar en juicio, en ese sentido existe una gama de preceptos de orden procesal que llevan justamente a concretar este derecho del Ministerio Público así comprendido, por ello los artículos 25, 272, 273, 284 entre otros del Código Procesal Penal hacen factible el acceso del ente fiscal, como defensor de los intereses de la Sociedad, a los órganos de justicia a fin de hacer valer los intereses que representa con toda las ventajas que significa tener en la mayoría de los casos el monopolio de la acción y la logística de todo el aparato estatal, entiéndase pues en el caso del Ministerio Público, el derecho de defensa como la potestad de instar la acción ante los Juzgados y Tribunales con todas las incidencias pero respetando las normas del debido proceso previamente establecidas porque ello contempla garantizar la igualdad de las partes involucradas en el proceso, en otras palabras, tanto la intervención del Ministerio Público como la de los indiciados está marcada por la obligatoria observancia de una serie de requisitos impuestos para acceder al proceso; resta ahora analizar si el accionar del Ministerio Público y las decisiones del Tribunal de instancia, están enmarcadas dentro de la normativa procesal vigente y si la decisión adoptada por el Tribunal de instancia no importó violación a los preceptos Constitucionales invocados por el censor . Este Tribunal de Casación aprecia que la fiscalía gozó de todas las opciones procesales previstas en la ley a efecto de salvaguardar la intervención de las partes en igualdad de condiciones, accediendo el Tribunal a suspender el proceso en dos ocasiones por que no disponía el Ministerio Público de la prueba que evacuaría en el debate, haciendo uso el Tribunal de sentencia de la reanulación del juicio de conformidad con el artículo 312 del Código Procesal Penal, pues el hecho de que en la reanudación del juicio se halla hecho presente otro fiscal alegando desconocer los detalles del juicio y tomando en consideración que existe unidad de actuaciones del Ministerio Público, no puede el justiciable pagar las consecuencias de la falta de diligencia del Ministerio Público en el manejo particular de este caso y seguir suspendiendo el debate bajo formas no permitidas por la ley y mucho menos anularlo para que se repita pues como quedó claramente establecido, se produjo la reanulación del debate con la presencia del Ministerio público, por lo tanto no tenía cabida lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 313 del Código Procesal Penal. No procede el motivo de Casación invocado.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de junio de dos mil once, por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, en su calidad de Coordinador, RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO y JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma interpuesto contra la sentencia de fecha diecisiete de febrero de dos mil nueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortés, mediante la cual absolvió a D.L. P., I. M. O. y M. DEL C. M. O., de los delitos de: a) HOMICIDIO, en perjuicio de J. I. R. y J. J. G. A.; b) ROBO, en perjuicio de J. I. R.; c) PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD, en perjuicio del señor O.L. H.; d) ASOCIACION ILICITA y PORTACION ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- Interpuso el Recurso de Casación la Abogada A. M. M., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público.- SON PARTES: El Abogado J. C. S. V., representante del Ministerio Público, como recurrente y el Abogado A. A. G., defensor de los imputados como recurrido. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- “HECHOS PROBADOS UNICO: El día veintinueve de abril del año dos mil siete, a eso de las cuatro o cinco de la tarde, fallecieron los señores J. J. G.A. y J. I. R., siendo la causa de la muerte, el primero por hemotórax bilateral (cúmulo de sangre dentro de cavidad torácica), producido por tres heridas por proyectil disparado por arma de fuego distribuidas arriba en la tetilla derecha, en pectoral derecho y en región preauricular derecha. El segundo por laceración cardiaca, producido por dos heridas por proyectil disparado por arma de fuego, en tórax anterior lado izquierdo y en región supraclavicular izquierda.” III.- La recurrente, Abogada A. M. M., desarrolló su recurso de casación de la siguiente manera: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN.- I. POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL: MOTIVO ÚNICO: “Por violación de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, en relación a los artículos 4 y 13 del Código Procesal Penal”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. ANTECEDENTES: 1) En el caso sub judice la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de ésta ciudad, citó en legal y debida forma a las partes intervinientes en el proceso para la realización del respectivo debate de juicio oral y público, el 19 de enero de 2009; llegado el día y hora señalado se dio al inicio al debate, evacuándose únicamente la prueba documental propuesta por las partes, suspendiéndose la audiencia para el día siguiente. 2) El 20 de enero de éste año, se intentó reanudar el debate pero ante la ausencia de los testigos y peritos del Ministerio Público, el ente Fiscal solicitó al Tribunal su citación por edictos para garantizar su comparecencia en el debate, suspendiéndose la audiencia y señalándose como nueva fecha para su continuación, el día lunes 09 de febrero. 3) En la fecha precitada no fue posible la reanudación del juicio en virtud que el Agente de Tribunales no pudo comparecer a la misma por una situación de emergencia que le ocurrió en las primeras horas de la mañana del día en cuestión, lo que le imposibilitó acudir a la audiencia y por ende que se reanudara el proceso (tal como se desprende del contenido del acta de debate). 4) El día siguiente, 10 de febrero de los corrientes, en mi condición de Agente de Tribunales y encontrándome realizando mi labor ante los Tribunales, me enteré por parte de la Secretaria de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de esta Ciudad, de la continuación de un juicio que con anterioridad había sido suspendido, ante lo cual manifesté desconocer el estado del juicio, inclusive manifesté que no sabía qué había ocurrido durante la evacuación de la prueba y mucho menos que probanza faltaba por evacuar, desconociendo asimismo el nombre de los imputados, delitos, ofendidos, exponiendo dichas circunstancias ante el propio Tribunal, solicitándoles que me permitieran personarme para el solo efecto de presentar de forma verbal la excusa del Fiscal del caso por su no comparecencia el día anterior, con el objeto de que constara en acta, se anulara el juicio y se remitiera a otra Sala para su conocimiento. 5) Sin embargo una vez iniciada la audiencia se dio por reanudada la misma, teniéndome por personada en el debate a fin de que interviniera en la evacuación de la prueba restante y presentara las respectivas conclusiones; razón por la cual recurrí la resolución del Tribunal, alegando violación al derecho de defensa, mismo que fue denegado ordenando el Tribunal la continuación del debate, dejando en completa indefensión al representante de la sociedad quien deviene en la obligación de representarla en igualdad de armas. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Como resultado de lo anteriormente expuesto, es evidente la violación al derecho al Debido Proceso, el cual se encuentra regulado en el artículo 90 de la Constitución de la República al establecer que “nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; de igual forma en el proceso penal las garantías se relacionan con quien ha resultado victima de la comisión de un delito, a quien se considera con derecho a la Tutela Judicial Efectiva, es decir un proceso con todas las garantías y a la defensa, consagrando entre otros, los citados principios de contradicción e igualdad, garantizando el libre acceso de las partes al proceso, en defensa de derechos e intereses legítimos. Dentro de tales garantías encontramos “El Derecho a la igualdad de armas procesales” (regulado en el artículo 13 del Código Procesal Penal) el cual se entiende tal y como lo desarrolla (Junio Joan Pico I. las garantías constitucionales del Proceso. Editor Barcelona, 1997, pag. 132) “como aquella exigencia de que las partes cuenten con medios parejos de ataque y defensa, para evitar el desequilibrio entre ellas, por lo que resulta necesario que ambas dispongan de las mismas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación, es decir tiene por objeto evitar la situación de privilegio o supremacía de una de las partes, garantizando así la igualdad efectiva de las posibilidades y cargas del actor y del demandado en la alegación y prueba de los hechos controvertidos para lograr la plenitud del resultado probatorio”. Siendo evidente en el caso que nos ocupa que como Agente Fiscal al enterarme momentos previos a la audiencia de debate por parte de la Secretaría del tribunal que estaba prevista la reanudación del debate, desconociendo como es lógico el contenido del proceso, así como que prueba había sido previamente evacuada y cual faltaba por evacuar, sin oportunidad razonable para preparar y presentar los argumentos en igualdad de condiciones, produjo como consecuencia un desequilibrio entre partes. Este principio de igualdad de armas que constituye un elemento de la noción mas amplia de un proceso justo, exige también la necesidad de que todo proceso penal esté presidido por una efectiva y equilibrada contradicción entre las partes a fin de que puedan defender sus derechos (Principio que se encuentra establecido en el articulo 4 del Código Procesal Penal) el cual implica tanto para la acusación como para la defensa, la posibilidad de tomar conocimiento de las observaciones (escritos de alegaciones y demás) o elementos de prueba introducidos en el proceso y la posibilidad de contestarlos, es decir que en todo caso se debe garantizar que cada parte éste al corriente de las observaciones de la parte contraria, de tal manera que goce de la posibilidad real de contradecirlas, siendo obligación de los órganos judiciales promover el debate procesal en condiciones que respeten la contradicción e igualdad entre acusación y defensa. Sin embargo resulta claro que el Tribunal de Sentencia al decretar la reanudación del debate conociendo de antemano mi posición como Agente de Tribunales, la cual afiancé en el desarrollo de la audiencia exponiendo mi total desconocimiento del proceso, lo que implicaba que no podía desempeñar mi cometido de representar dignamente los intereses generales de la sociedad, al vedárseme el derecho de actuar en igualdad de condiciones y obligarme prácticamente a estar presente en un debate sin habérseme concedido una oportunidad razonable para preparar y presentar mis argumentos respetando los principios constitucionales antes referidos. Resulta necesario señalar que luego de la incorporación a la Constitución Nacional de los principales tratados sobre derechos humanos ambas fuentes (la nacional y la internacional) forman un plexo jurídico de máxima jerarquía, al que debe subordinarse toda la legislación sustancia o procesal secundaria, es decir obliga a los jueces a utilizar las disposiciones contenidas en la normativa internacional como “fuente de sus decisiones”; al respecto y sobre los principios supra mencionados el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14.1 establece “Todas las personas son iguales ante los Tribunales y Cortes de Justicia”; asimismo la Convención Americana de Derechos Humanos en el articulo 8.2 menciona que “Toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas…”. De igual forma sobre el asunto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene dicho que: el Principio de igualdad de armas constituye un elemento de la noción mas amplia del proceso justo, que engloba también el derecho fundamental al carácter contradictorio del proceso penal, donde se debe garantizar que cada parte estará al corriente de las observaciones de su contraria, de tal manera que goce de la posibilidad real de contradecirlas.[1] Lo anteriormente expuesto queda finalmente recogido en el artículo 82 de la Constitución de la República, cuando al momento de instituir el Derecho de Defensa no lo limitan de uso único de las personas sometidas a proceso, entendiéndose que es un derecho que le asiste tanto al Imputado (Defensor) como a la víctima (Acusador Privado y/o Ministerio Público). Siendo que “el Derecho de Defensa es inviolable” el cual ha instituido como un pilar fundamental en todo proceso, y al vedársele al Ministerio Público la posibilidad de actuar en condiciones que respeten la contradicción e igualdad entre partes, y así garantizar la efectividad del derecho de defensa, el protector de la sociedad quedó en clara desventaja en relación con la parte defensora, circunstancia que ha causado perjuicio y que se ve reflejada en la sentencia absolutoria, por lo que solicitamos que el presente motivo sea declarado con lugar, a fin de restituir al defensor de la sociedad hacer uso de las facultades que le han sido delegadas por ley que le permitan correctamente perseguir su finalidad. II. POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: MOTIVO ÚNICO: “Por inobservancia del sentenciador, de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 5, del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: El precepto penal adjetivo que se invoca como infringido prescribe los siguiente: “Articulo 312 antepenúltimo párrafo: Forma de celebrar el debate. … En los casos previstos en éste articulo, el Presidente del Tribunal anunciará el día y la hora en que continuará la audiencia y, si esto no es posible, hará saber a las partes que oportunamente las convocará para la siguiente sesión. El anunció del día y hora en que continuará la audiencia, tendrá el valor de una citación”. (Lo resaltado es nuestro) En el caso sub judice el vicio se presenta, porque el Tribunal ha dejado de observar las reglas esenciales establecidas en el Código Procesal Penal para la celebración del Juicio Oral y Público, en virtud que la reanudación del debate fue señalado para el día lunes nueve de febrero de 2009, a las diez y treinta de la mañana, sin embargo fue imposible reanudar la misma en virtud de la incomparecencia del Fiscal asignado al caso, quien por motivos de emergencia no pudo hacerse presente a la misma (tal como se consignó en la respectiva acta de debate), de igual forma se consignó en dicha acta que el Tribunal tomó las previsiones del caso para que el debate se reanudará al siguiente día 10 de febrero; sin embargo y tal como se desprende de la constancia extendida por la Secretaría de dicho Tribunal en fecha doce de Marzo del presente año (documento que se adjunta al presente recurso), no hubo citación alguna para la comparecencia del Fiscal en dicha fecha, tal como lo prescribe el articulo 151 del Código Procesal Penal. Sobre lo anterior la norma procesal penal en referencia establece en el articulo 159 que “serán nulas las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos que no se practiquen con arreglo a lo dispuesto en dicho capitulo”, circunstancia sobre la cual como Agente Fiscal hice formal protesta interponiendo incluso el recurso de reposición respectivo refiriendo que “mi comparecencia ese día (10 de febrero) se debía para efectos de presentar la excusa en forma verbal del fiscal actuante quien por motivos personales de salud no pudo hacerse presente, y no para efectos de reanudación del debate porque desconocía totalmente el contenido del proceso”, resultante evidente que al no existir notificación o citación previa al Ministerio Público de la fecha y hora para la reanudación del respectivo debate ante la ausencia del fiscal del caso, el Tribunal de sentencia ordenó la continuación de la diligencia supra mencionada sin seguir con el procedimiento establecido en la ley procesal. En el presente caso se ha ultrajado el debido proceso legal en los términos que lo garantiza el párrafo primero del articulo 90 de la Constitución de la República y que a su vez recepta el articulo 1 del Código Procesal Penal considerando que en la realización del juicio oral y público en el que se dictó sentencia absolutoria a favor de los imputados no se observaron los derechos, garantías y formalidades que manda aquella disposición constitucional. Pues aunque formalmente se permitió el ejercicio de la acción, no observaron las reglas propias del debate que autoriza el legislador en el articulo 312 antepenúltimo párrafo citado como infringido para que el órgano promotor en forma ineludible de la acción penal pública, contara en primer lugar con la oportunidad razonable para presentar y preparar sus argumentos, en segundo lugar con la prueba que diera sustento a la pretensión deducida y al no haber sido así no se ha permitido al Ministerio Público el libre acceso a los Tribunales para ejercer la acción en la forma que lo establece la ley, generando también como consecuencia la violación al fundamental derecho de defensa como se ha indicado en el motivo por violación de precepto constitucional, y que se ve reflejada en perjuicio de la sociedad, por cuanto el Ministerio Público prácticamente quedó en desventaja frente a su adversario. En virtud de lo anterior solicitamos se declara procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. El vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, se produjo al inicio de la audiencia en el momento de cedérsele la palabra a la representante del Ministerio Público, sobre el cual se interpuso recurso de reposición, el cual fue declarado sin lugar quedando constancia sobre dicho aspecto en el acta respectiva.” IV DEL RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL EN SU MOTIVO UNICO INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PUBLICO El impetrante señala como motivo de casación la infracción de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, invocando como precepto autorizante el artículo 361 del Código Procesal Penal. Esta sala de lo penal analizado el precepto invocado por el censor, procede a resolver el recurso en base a las consideraciones siguientes: 1) Esta Sala de lo Penal, viene reiteradamente sosteniendo que si bien la normativa Procesal Penal establece la infracción de precepto Constitucional como motivo de casación, las normas Constitucionales susceptibles de ser examinadas en casación son aquellas referentes a derechos fundamentales y que guarden relación con el derecho penal y las formas del juicio, en consecuencia, deberá intentarse el recurso acudiendo únicamente a normas constitucionales reguladoras de derechos fundamentales que eventualmente pudieran verse afectas producto de la persecución penal, como ser: derecho de defensa, debido proceso etc.…o bien aquellas vinculadas con principios del derecho penal sustantivo, tal es el caso del principio de legalidad en materia penal etc.…2) Uno de los requisitos Constitucionales del Proceso Penal, lo Constituye el derecho de defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso, que “supone un conjunto de autolimitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a si mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado”[2]. Así tenemos que la Constitución de la República precisamente establece que nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, de manera que todo procedimiento o juzgamiento deberá estar sujeto a las formalidades de ley como instrumento de garantía de los derechos del justiciable, por otra parte, si bien es cierto que los derechos de defensa y de debido proceso, aparecen en la Constitución de la República en el capítulo concerniente a los derechos individuales, es igualmente cierto que el Ministerio Público, legítimo representante de los intereses de la sociedad, como poseedor del monopolio de la acción penal, se presenta como un legítimo medio de las víctimas para acceder al proceso penal y concretizar los derechos individuales de estas; así las cosas, en una amplia interpretación de los derechos otorgados por la Constitución, el Ministerio Público puede reclamar en ese sentido la observancia de esos derechos Constitucionales, en consecuencia tratándose del ente fiscal, habrá que examinar si la intervención de este ha posibilitado su libre acceso al órgano jurisdiccional a efecto de concretizar mediante la acción el derecho de defensa de los intereses generales que suele representar en juicio, en ese sentido existe una gama de preceptos de orden procesal que llevan justamente a concretar este derecho del Ministerio Público así comprendido, por ello los artículos 25, 272, 273, 284 entre otros del Código Procesal Penal hacen factible el acceso del ente fiscal, como defensor de los intereses de la Sociedad, a los órganos de justicia a fin de hacer valer los intereses que representa con toda las ventajas que significa tener en la mayoría de los casos el monopolio de la acción y la logística de todo el aparato estatal, entiéndase pues en el caso del Ministerio Público, el derecho de defensa como la potestad de instar la acción ante los Juzgados y Tribunales con todas las incidencias pero respetando las normas del debido proceso previamente establecidas porque ello contempla garantizar la igualdad de las partes involucradas en el proceso, en otras palabras, tanto la intervención del Ministerio Público como la de los indiciados está marcada por la obligatoria observancia de una serie de requisitos impuestos para acceder al proceso; resta ahora analizar si el accionar del Ministerio Público y las decisiones del Tribunal de instancia, están enmarcadas dentro de la normativa procesal vigente y si la decisión adoptada por el Tribunal de instancia no importó violación a los preceptos Constitucionales invocados por el censor . Este Tribunal de Casación aprecia que la fiscalía gozó de todas las opciones procesales previstas en la ley a efecto de salvaguardar la intervención de las partes en igualdad de condiciones, accediendo el Tribunal a suspender el proceso en dos ocasiones por que no disponía el Ministerio Público de la prueba que evacuaría en el debate, haciendo uso el Tribunal de sentencia de la reanulación del juicio de conformidad con el artículo 312 del Código Procesal Penal, pues el hecho de que en la reanudación del juicio se halla hecho presente otro fiscal alegando desconocer los detalles del juicio y tomando en consideración que existe unidad de actuaciones del Ministerio Público, no puede el justiciable pagar las consecuencias de la falta de diligencia del Ministerio Público en el manejo particular de este caso y seguir suspendiendo el debate bajo formas no permitidas por la ley y mucho menos anularlo para que se repita pues como quedó claramente establecido, se produjo la reanulación del debate con la presencia del Ministerio público, por lo tanto no tenía cabida lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 313 del Código Procesal Penal. No procede el motivo de Casación invocado. V DEL RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA POR INOBSERVANCIA DEL SENTENCIADOR DE LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CODIGO PARA LA REALIZACION DEL JUICIO ORAL Y PUBLICO EN SU MOTIVO UNICO INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÙBLICO La impetrante señala como motivo de casación que se inobservaron las reglas establecidas para la realización del juicio oral y público, invocando como precepto autorizante el artículo 362 numeral 5 del Código Procesal Penal. Esta sala de lo penal analizado el precepto invocado por el censor, procede a resolver el recurso en base a las consideraciones siguientes: El impetrante viene alegando que se ha infringido el antepenúltimo párrafo del artículo 312 del Código Procesal Penal, en tanto que según su argumento no fue posible reanudar el juicio en virtud de la incomparecencia del fiscal asignado al caso, argumentando que no hubo una citación para que se presentara el fiscal, sin embargo, es necesario destacar dos aspectos torales en este caso: a) Existe unidad de actuaciones en el Ministerio Público y B) La ley dispone que el anuncio del día y hora en que continuará la audiencia, tendrá el valor de una citación. De manera que al haberse hecho presente otro fiscal a la reanudación de la audiencia, se concretiza la unidad de actuaciones y por lo tanto su presencia en el juicio obedece a la citación que mediante el anuncio se concretó con el anterior fiscal como una manifestación de la unidad de actuaciones que tiene el Ministerio Público, en consecuencia, se observó correctamente lo estipulado en el antepenúltimo párrafo del artículo 312 del Código Procesal Penal. No procede el motivo de Casación invocado. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 312, 359, 361, 362 preámbulo y número 5) y 369 del Código Procesal Penal. - FALLA: PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR el recurso de casación por infracción de Precepto Constitucional en su único motivo interpuesto por el Ministerio Público. SEGUNDO: Declarar NO HA LUGAR el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por el Ministerio Público. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes.- REDACTO EL MAGISTRADO RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- COORDINADOR.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- FIRMA Y SELLO. LUCILA CRUZ MENENDEZ. SECRETARIA GENERAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de Agosto de dos mil once; Certificación de la sentencia de fecha nueve de junio de dos mil once, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. 320=2009.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] De Prada Solaesa, Ricardo y Pérez cadalso Arias, Guillermo Augusto. El Nuevo Código Procesal Penal y el Sistema de Garantías Judiciales en el Pacto de San José. Pág. 58. Tegucigalpa, Honduras, Noviembre de 2001.

[2] Véase Pabón Gómez German. De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49