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Sentencia CP-297-09 — Registro 16854

Resumen

En primer instancia se condena a los imputados como autores responsables de los delitos cometidos por los funcionarios contra el ejercicio de los derechos garantizados por la constitución (Vejaciones), se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el MP y por la defensa de los imputados

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION DEL MINISTERIO PUBLICO, ARGUYENDO QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA INCURRIO EN INFRACCION DE LEY POR FALTA DE APLICACIÓN AL NO CONDENAR A LA IMPUTADA B. C. A. R., POR LOS DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD Y DETENCION ILEGAL TIPIFICADOS RESPECTIVAMENTE EN LOS ARTICULOS 349, NUMERAL 2 Y 333, NUMERAL 1 DEL CÓDIGO PENAL. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 360 PARRAFO PRIMERO DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- El recurrente aclara que interpone el recurso en relación a la imputada B. C. A. R.. Argumenta que el vicio se genera por falta de aplicación del tipo penal de ABUSO DE AUTORIDAD dispuesto en el artículo 349.2 del Código Penal, el cual textualmente dice: Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: “Dicte o ejecute ordenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la República o las Leyes”. Aprecia que quedó plenamente acreditada la existencia de un hecho típico donde la imputada B. C. A. quien tomó parte directa en la ejecución del hecho, al haber ejecutado la orden de su superior jerárquico sin que conste acreditado que al momento de la detención el ofendido -M. R. C.- se encontrara realizando alguna acción constitutiva de delito o falta, ya que fue detenido junto a su primo en el momento en que estos transitaban por el Banco …. Afirma que también se desprende del Factum que la imputada B. C. A. en cumplimiento de una orden verbal de Sub Comisario R. F. procedió a darle detención al ofendido, por lo que se considera que dicha acción es también constitutiva del delito de Detención ilegal tipificado en el articulo 333.1 del Código Penal, el cual refiere: “Se aplicará la pena de reclusión de tres (3) a cinco (5) años y multa de cincuenta mil (L.50,000.00) a cien mil (L. 100,000.00) lempiras al funcionario o empleado público que: 1) “Detenga ilegalmente a una persona”. Reprocha el recurrente que no obstante lo expuesto, el Juzgador al condenar a la encartada dejó de aplicar los preceptos legales en referencia. Para los efectos del artículo 363 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público expresa que la interpretación pretendida del precepto penal relacionado, está orientada a que la procesada, C. A. R., se le tenga por responsable de lo delitos de Abuso de Autoridad y Detención Ilegal. Así las cosas, el Censor afirma que el sentenciador al no haberla condenado por la comisión de dichos ilícitos ha incurrido en la infracción de los preceptos contenidos en los artículos 349 numeral 2), y 333 numeral 1) del Código Penal. Esta Sala de lo Penal considera pertinente recordar, que el recurso de casación por infracción de ley sólo puede intentar una revaloración jurídica del material fáctico establecido en la sentencia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del sistema inquisitivo, que provoca un nuevo examen del caso por parte del órgano judicial A Quo, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de la sentencia. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. Todo lo que se refiera a la determinación del hecho queda fuera de su ámbito competencial. Por eso se dice con razón que el Tribunal de Casación no es un Tribunal de segundo grado con potestad para examinar ex novo la causa y corregir todos los errores, de hecho y de derecho, que pueda cometer el sentenciador, sino que es un supremo guardián del derecho sustantivo, para evitar la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia (vid. Art. 360 párrafo primero del Código Procesal Penal). Al Tribunal de Casación le está vedado penetrar a la reconstrucción histórica del suceso al cual la norma de derecho es aplicada. En este sentido, la jurisprudencia ha sentado de manera reiterada como presupuesto de la casación por infracción de ley, el principio de intangibilidad de los hechos fijados por la sentencia recurrida, estableciendo que el recurso de casación fundado en ese motivo, solo procede para corregir el Derecho, de suerte que las cuestiones de hecho escapan al control jurisdiccional del Tribunal de Casación. Esta Sala de lo Penal observa que en la parte dispositiva del fallo, concretamente a –folio noventa y dos del proceso- el A Quo ha condenado a la imputada B. C. A., por el DELITO DE VEJACIONES, tipificado en el artículo 333.3 del Código Penal, hipótesis prevista en el Capítulo IV, de los delitos cometidos por los Funcionarios Públicos contra el Ejercicio de los Derechos Garantizados por la Constitución, sancionado con pena concreta de tres (3) años de reclusión y Multa de Cincuenta Mil (L.50.000.00) Lempiras, con Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena. A folio setenta y cinco del proceso consta que la imputada B. C. A. fue llevada a juicio oral y público por el Ministerio Público por unos hechos que el ente acusador calificó de DETENCIÓN ILEGAL en perjuicio del señor M. R. C. y contra el Ejercicio de los delitos de los Derechos Garantizados por la Constitución, tipificado en el Art. 333.1 del Código Penal, del que se ha defendido, y por el que la ley establece una pena abstracta entre tres (3) a cinco (5) años de reclusión y Multa de Cincuenta Mil (L.50.000.00) a Cien Mil Lempiras (L.100.000.00) Lempiras, y que su solicitud de ampliación de acusación le fue oportunamente rechazada por el Juzgador. El recurrente basa su reproche recursivo en que el A Quo ha dejado de condenar a la acusada por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, prescrito en el artículo 349.2 del Código Penal y DETENCIÓN ILEGAL, tipificado en el articulo 333.1 del Código Penal. Esta Sala considera que el principio acusatorio constituye una de las garantías esenciales del proceso penal elevado a derecho fundamental, implícito en el derecho a un debido proceso. “La vigencia del sistema acusatorio exige una determinada corrección, subjetiva y objetiva, entre la acusación y la parte penal dispositiva de la sentencia, cuya finalidad esencial consiste en posibilitar el ejercicio del derecho de defensa.” Por congruencia debe entenderse que: “en la sentencia no se pueden dar por acreditados otros hechos y otras circunstancias que los descritos en la acusación…la sentencia condenatoria que se dicte debe ser consecuencia del juicio y enmarcado en los límites fijados por la acusación.”2 . En este sentido el jurista Español Ortells Ramos M.: “pone de relieve las dos dimensiones de ésta corrección: a) como fundamento del deber judicial de pronunciamiento exhaustivo; y b) como límite de la potestad judicial de resolución”….y más adelante que: ”El Juzgador no puede, en virtud del principio acusatorio, resolver más que sobre el objeto (u objetos) del proceso propuestos por el acusador y respecto de la persona que ha sido acusada por este, pero, por otro lado, tampoco puede introducir sorpresivamente en la sentencia cuestiones que no han sido objeto de debate contradictorio en juicio, porque ..si aunque la cuestión resulte de lo actuado en el juicio oral, solo es formalmente planteada al ser apreciada de oficio en la sentencia, el principio de contradicción puede sufrir detrimento, por haber pasado la cuestión desapercibida para las partes”. En el presente caso, el objeto del litigio, construido por el ente acusador público a partir de la formalización de la acusación ha sido determinado como un delito de Detención Ilegal en perjuicio de M. R. C. y del Ejercicio de los delitos de los Derechos Garantizados por la Constitución. Esta Sala aprecia con respecto a la imputada B. C. A. que el hecho declarado probado por el Juzgador se encuadra claramente en un Delito de Vejaciones, tipificado en el artículo 333.3 del Código Penal, en tanto se describe que dicha encausada junto con otros policías y sin motivo alguno golpearon y profirieron expresiones degradantes y humillantes en perjuicio del ofendido, quien se encontraba con grilletes colocados en sus manos, más no es posible subsumir de manera clara y precisa del relato fáctico que la procesada B. C. A. haya incurrido en el delito de DETENCIÓN ILEGAL tipificado en el mismo artículo 333.1 del Código Penal, que sanciona al funcionario o empleado público que dolosamente detenga ilegalmente a una persona, toda vez que el tipo penal en referencia exige no solamente ejecutar materialmente la detención de una persona, sino también el conocimiento que tal privación de libertad es contraria a Derecho, y es el caso que del factum como ya se dijo antes se establece que un superior jerárquico de la encartada B. A. fue quien impartió la orden de aprehender al señor M. C., sin que se desprenda más allá de toda duda razonable cual fue la participación puntual y concreta en dicha detención y el conocimiento puntual de que la misma era contraria al ordenamiento jurídico..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE LEY INTERPUESTO POR LA REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO, ARGUYENDO QUE EL TRIBUNAL DE SENTENCIA AL NO HABER CONDENADO POR EL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD AL IMPUTADO R. R. F. INFRINGIO EL ARTICULO 349, NUMERAL 2) DEL CÓDIGO PENAL, EN RELACIÓN A LOS ARTÍCULOS 84 Y 98 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 360 PARRAFO PRIMERO DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- Argumenta el recurrente que de la lectura del factum, así como del análisis de la norma legal infringida por falta de aplicación, se infiere que la conducta del imputado R. R. F. también se subsume en el tipo penal de ABUSO DE AUTORIDAD prescrito en el artículo 349, numeral 2) del Código Penal, que textualmente dice: Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: “Dicte o ejecute ordenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la República o las Leyes”. El Censor entiende que dictar una orden que tiene carácter ejecutivo, es instantánea, directa y carece de considerandos o motivación en cuanto a sus decisorios. Señala que quedó acreditado a través de la certificación del Acuerdo de nombramiento del imputado R. A. R. F., su condición de Empleado Público, quien al momento de los hechos se encontraba desempeñando sus funciones en la Jefatura Departamental número 10, y por lo tanto conocedor de los procedimientos legales que se requieren para la aprehensión de una persona, sin embargo y a pesar de ello dicho imputado dictó una orden a sus sub alternos para que detuvieran al ciudadano M. C., sin que existiera denuncia alguna en su contra que legitimara la misma, tal como pudo desprenderse del libro de novedades de dicha Jefatura donde se constató que no existe registro de denuncia en contra de M. C., vulnerándose la disposición constitucional contenida en el articulo 84, misma que reza: “Nadie puede ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la ley. No obstante, el delincuente infraganti puede ser aprehendido por cualquier persona para el único efecto de entregarlo a la autoridad”. De igual forma argumenta que el articulo 98 constitucional refiere lo siguiente:”Ninguna persona podrá ser detenida, arrestada o presa por obligaciones que no provengan de delito o falta”. A criterio del casacionista el imputado R. F. llevó a cabo un acto propio de sus funciones, sin embargo se excedió en el ejercicio de las mismas, al no haber existido causa probable para ordenar la detención de dicho ciudadano. Según el Censor, a título ilustrativo resulta de importancia señalar que el Juzgador llegó a la conclusión conforme las probanzas allegadas al proceso que el imputado R. R. F., es responsable de la comisión del delito de detención Ilegal tipificado en el articulo 333 numeral 1 del Código Penal, al establecer que: “en virtud de que no existió orden escrita de detención o arresto y según lo quisieron hacer ver los testigos de descargo, esta orden se da a raíz de una denuncia la cual no aparece registrada en el libro de novedades que para tales efectos lleva la Policía Preventiva desconociéndose por tanto quien o quienes son los denunciantes, y como resultado de la supuesta denuncia es que instruye la detención del ofendido. En tal sentido al no ser emitida por escrito la orden de detención no reúne las formalidades que la ley establece, sumado a lo anterior tampoco se registra en el libro de entradas y novedades la referida denuncia, por lo que hace que tal detención aún y cuando se realizó por agentes de la Policía Nacional se vuelva ilegal y arbitraria”. Para los efectos del articulo 363 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público expresa que la interpretación pretendida del precepto penal relacionado, está orientada a que el procesado, R. R. F., es responsable también del delito de ABUSO DE AUTORIDAD. Esta Sala de lo Penal, congruente con el anterior motivo de casación que ha sido denegado, considera que con respecto a la conducta del imputado R. R. F., a quien el recurrente considera que también debió ser condenado por el tipo penal de ABUSO DE AUTORIDAD tipificado en el artículo 349.2 del Código Penal, y que sanciona a quien: “Dicte o ejecute ordenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la República o las Leyes”, Esta Sala considera que al haberse condenado al imputado R. R. F. con las penas establecidas en los tipos penales contenidos en el artículo 333 incisos 1 y 3 de los delitos cometidos por los Funcionarios Públicos contra el Ejercicio de los Derechos Garantizados por la Constitución, no es procedente sancionarlo al mismo tiempo por un delito de Abuso de Autoridad, ya que ello daría lugar a un doble juzgamiento. Lo anterior en virtud de que la conducta prohibida imputada al acusado por el ente acusador ya ha sido debidamente sancionada, de tal manera que el tipo penal de abuso de autoridad es de carácter residual, es decir, se aplica cuando el comportamiento penalmente relevante del empleado o funcionario público no encuentra encaje en otras figuras delictivas . Por lo expuesto el motivo de casación invocado por el recurrente es desestimado.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION DEL MINISTERIO PUBLICO, ARGUYENDO QUE CON LA ABSOLUCIÓN DE LOS PROCESADOS J. L. L. Y J. A. M., POR EL DELITO DE DETENCIÓN ILEGAL, EL TRIBUNAL DE INSTANCIA VULNERO EN EL PROCESO DE VALORACION DE LAS PRUEBAS LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 NO. 3) DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- Argumenta el recurrente que la sentencia impugnada contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la sana crítica a observarse en la valoración de la prueba. El Censor cuestiona la valoración de la prueba testimonial consistente en las declaraciones de cargo de los señores M. R. C., J. J. M. D., M. O. M. C., M. B. Y C. R.; así como la prueba pericial consistente en el DICTAMEN MÉDICO FORENSE practicado al ofendido, y la PRUEBA DOCUMENTAL consistente en: 1) Inspección al libro de novedades de la oficina de atención al ciudadano de la Jefatura Departamental número 10; 2) listado de Distribución de Patrullaje del día seis de Agosto del dos mil siete; 3) Certificaciones de acuerdos de nombramiento de los imputados; 4) Inspección Judicial realizado por el Tribunal en el libro de novedades de la Jefatura Departamental número 10, así como en las celdas de dicha jefatura. Reprocha el recurrente que de dichas pruebas de cargo se desprende que se ha infringido el postulado de derivación integrado por el principio de razón suficiente, el cual debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de pruebas que en virtud de ellas se vayan determinando. Considera que este principio se ha vulnerado al no haber establecido el Juzgador, como conclusión de las pruebas aportadas, la responsabilidad de los imputados J. L. L. Y J. A. M., por el delito de DETENCIÓN ILEGAL. Estima que sí el juzgador concluyó que el imputado R. F. es responsable penalmente, al desprenderse de la prueba que él ordenó de forma verbal la captura del ofendido, de igual forma también debió concluir que los imputados supra mencionados son responsables de dicho ilícito, al haber materializado dicha orden la cual se traduce en la detención que realizaron en contra del ofendido M. C. Esta Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el Artículo 202 del Código Procesal Penal establece que el sistema de valoración de la prueba, es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cuál se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el Juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y además, por qué un elemento de prueba u otro le llevan a un conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. Por eso, debe considerarse que todo problema de violación de las normas del correcto entendimiento humano es un problema de fundamentación, las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la sicología y la lógica. Las primeras se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Así por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. Las reglas de la psicología están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de instancia en el caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Podría ser que diga el tribunal, que no se cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. Las reglas de la lógica implican que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. La regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, J. solo puede ser J. y no P. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. La derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). En el caso concreto que ahora nos ocupa, el Censor no establece ni desarrolla con la debida claridad cual o cuales de las reglas del correcto entendimiento humano han sido manifiestamente vulneradas por el Tribunal de Instancia en el proceso de valoración de las pruebas, y que le condujo a la decisión de absolver a los coimputados J. L. L. Y J. A. M. por el delito de detención ilegal que se les ha venido atribuyendo. Por otro lado, cabe señalar igualmente que del acervo probatorio incorporado al debate no es posible inferir plenamente que los procesados antes mencionados hayan incurrido en el delito de DETENCIÓN ILEGAL tipificado en el artículo 333.1 del Código Penal, que sanciona al funcionario o empleado público que dolosamente detenga ilegalmente a una persona, toda vez que el tipo penal en referencia exige no solamente ejecutar materialmente la detención de una persona, sino también el conocimiento que tal privación de libertad es contraria a Derecho, y es el caso que de los elementos de prueba evacuados en juicio se establece que un superior jerárquico de los encartados J. L. R. y J. A. M. fue quien impartió la orden de aprehender al señor M. C., sin que se desprenda más allá de toda duda razonable la participación concreta en dicha detención y el conocimiento puntual de que la misma era contraria al ordenamiento jurídico. Por tal razón, el presente motivo por quebrantamiento de forma debe ser desestimado

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

General de de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de noviembre de dos mil once, por medio de , integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID C. VALLECILLO, en su calidad de Coordinador, RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO y MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO, por excusa justificada del MAGISTRADO JACOBO ANTONIO C. HERNANDEZ, dicta sentencia conociendo los Recursos de Casación por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, interpuesto por A. A. S., en su condición de Representante del Ministerio Público, y el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por J. F. Z., en su condición de Defensora Privada de los Señores R. A. R. F. Y B. C. A. R., contra la sentencia de fecha doce de mayo de dos mil nueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, mediante la cual falló: 1º.- ABSOLVIENDO al Señor J. L. L. R. de toda responsabilidad penal DE LOS DELITOS COMETIDOS POR LOS FUNCIONARIOS CONTRA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS GARANTIZADOS POR , Y contra M. R. C. 2º.-ABSOLVIENDO al acusado J. H. S. M., DE LOS DELITOS COMETIDOS POR LOS FUNCIONARIOS CONTRA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS GARANTIZADOS POR , Y contra M. R. C.. 3º.-ABSOLVIENDO al Señor J. I. C. O., DE LOS DELITOS COMETIDOS POR LOS FUNCIONARIOS CONTRA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS GARANTIZADOS POR , Y contra M. R. C.. 4º.- ABSOLVIENDO al Señor J. A. M., DE LOS DELITOS COMETIDOS POR LOS FUNCIONARIOS CONTRA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS GARANTIZADOS POR , Y contra M. R. C..5º. CONDENANDO al Señor R. A. R. F., como autor responsable DE LOS DELITOS COMETIDOS POR LOS FUNCIONARIOS CONTRA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS GARANTIZADOS POR , Y contra M. R. C., en su numeral 1 (DETENCION ILEGAL) a la pena de TRES (3) AÑOS DE RECLUSION Y UNA MULTA DE CINCUENTA MIL LEMPIRAS (LPS.50,000.00), más las ACCESORIAS DE INHABILITACION ESPECIAL E INTERDICCION CIVIL. 6º.- CONDENANDO al Señor R. A. R. F., como autor responsable DE LOS DELITOS COMETIDOS POR LOS FUNCIONARIOS CONTRA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS GARANTIZADOS POR , Y contra M. R. C., en su numeral 2 (VEJACIONES) a la pena de TRES (3) AÑOS DE RECLUSION Y UNA MULTA DE CINCUENTA MIL LEMPIRAS (LPS.50,000.00),más las ACCESORIAS DE INHABILITACION ESPECIAL E INTERDICCION CIVIL. 7º.-CONDENANDO a la acusada B. C. A. R., DE LOS DELITOS COMETIDOS POR LOS FUNCIONARIOS CONTRA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS GARANTIZADOS POR , Y contra M. R. C., en su numeral 3 (VEJACIONES), a la pena de TRES (3) AÑOS DE RECLUSION Y UNA MULTA DE CINCUENTA MIL LEMPIRAS (LPS.50,000.00),mas las ACCESORIAS DE INHABILITACION ESPECIAL E INTERDICCION CIVIL. SON PARTES: El Abogado J. C. S. V., Representante del Ministerio Público (recurrente), y J. F. Z.A, Defensora Privada de los Señores R. A. R. F. y B. C. A. R., (recurrentes), así como también de los coimputados J. L. L. R., J. H. S. M., J. I. C. O. Y J. A. M. R.. HECHOS PROBADOS Valoradas las pruebas practicadas en el acto del juicio oral y público, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal declaro expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: UNICO: Que en horas de la noche del día cinco de Agosto del año dos mil cinco, en de …, Departamento de …, mientras se celebraba el festival de …, el señor M. R. C., en compañía de un pariente suyo, fueran detenidos por una patrulla de agentes de la policía nacional preventiva la cual era conformada entre otros por la agente femenina B. C. A., en cumplimiento de una orden verbal del Sub Comisario de Policía R. A. R. F., a causa de una supuesta denuncia de dos señoras, de que el mencionado M. C., y la persona que lo acompañaba, hacían escándalo en la vía pública consistente en manosearles sus glúteos, motivo por el que fueron conducidos a una de las celdas de numero diez de la ciudad de …, ocurriendo que durante su detención en las celdas el señor R. C., fue objeto de violencia física y psicológica, ya que fue sacado de la celda donde se encontraba y llevado a un patio, del interior de las instalaciones de la policía preventiva, por un grupo de policías entre los que se encontraba el sub comisario R. A. R. F., y la policía femenina B. C. A. R., quienes de forma inmediata y sin motivo alguno comenzaron a golpear la humanidad de M. C., y profiriéndole expresiones degradantes y humillantes, quien además se encontraba con grilletes colocados en su manos y le decían que se hincara y como se negaba a hacerlo e1 sub comisario R. F., usando un garrote le pegaba en sus extremidades interiores, al grado que perdió el conocimiento, y a consecuencia de tales golpes le produjeron fracturas en los tobillos de ambas piernas.” C O N S I D E R A N D O I.- Los Recursos de Casación por Infracción de Ley, y por Quebrantamiento de Forma, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- A. A. S., PROCEDIO A FORMALIZAR SUS RECURSOS DE CASACION POR INFRACCION DE LEY, Y POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA DE : “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. 1 POR INFRACCIÓN DE LEY: PRIMER MOTIVO: “Infracción por falta de aplicación de los artículos 349 numeral 2 y 333 numeral 1 del Código Penal”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Resulta de trascendencia indicar previo a incoar ésta vía impugnativa, que la misma se interpone en relacion a la imputada B. C. A. R.. El vicio se genera a partir de la declaración de hechos probados en su motivo único de la sentencia recurrida, el cual establece: ÚNICO: “Que en horas de la noche del día cinco de Agosto del año dos mil cinco, en de …, Departamento de …, mientras se celebraba el festival de …, el señor M. R. C., en compañía de un pariente suyo, fueron detenidos por una patrulla de agentes de Preventiva la cual era conformada entre otros por femenina B. C. A., en cumplimiento de una orden verbal del Sub. Comisario de policía R. A. R. F., a causa de una supuesta denuncia de dos señoras, de que el mencionado M. C. y la persona que lo acompañaba, hacían escándalo en la vía pública consistente es manosearles sus glúteos, motivo por el que fueron conducidos a una de las celdas de número diez de la ciudad de …, ocurriendo que durante su detención en las celdas el señor R. C., fue objeto de violencia física y psicológica, ya que fue sacado de la celda donde se encontraba y llevado a un patio, del Interior de las instalaciones de la policía preventiva, por un grupo de policías entre los que se encontraba el Sub. Comisario R. A. R. F., y femenina B. C. A. R., quienes de forma inmediata y sin motivo alguno comenzaron a golpear la humanidad de M. C., y profiriéndole expresiones degradantes y humillantes, quien además se encontraba con grilletes colocados en sus manos y le decían que se hincara y como se negaba a hacerlo el Sub. Comisario R. F., usando un garrote le pegaba en sus extremidades inferiores, al grado que perdió el conocimiento, y a consecuencia de tales golpes le produjeron fracturas en los tobillos de ambas piernas”. De la simple lectura del factum, así como del análisis de la norma que se considera infringida por falta de aplicación, se llega a la conclusión que el mismo se subsume en el tipo penal de Abuso de Autoridad prescrito en el artículo 349 numeral 2 del Código Penal el cual textualmente dice: Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: “Dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a de o las Leyes”. Como podréis observar Honorables magistrados quedó plenamente acreditada la existencia de un hecho típico donde el sujeto activo es la imputada B. C. A. quien tomó parte directa en la ejecución del hecho, al haber ejecutado la orden de su superior jerárquico sin que conste acreditado que al momento de la detención el ofendido se encontrara realizando alguna acción constitutiva de delito o falta, ya que fue detenido junto a su primo en el momento en que estos transitaban por el Banco …. De igual forma se desprende del Factum que la imputada C. A. en cumplimiento de una orden verbal de Sub. Comisario R. F. procedió a darle detención al ofendido, por lo que se considera que dicha acción es también constitutiva del delito de Detención ilegal tipificado en el articulo 333 numeral 1 del Código Penal el cual refiere: “Se aplicará la pena de reclusión de tres (3) a cinco (5) años y multa de cincuenta mil (L.50,000.00) a cien mil (L. 100,000.00) lempiras al funcionario o empleado público que: 1) “Detenga ilegalmente a una persona”; sin embargo el Juzgador al condenar a la encartada dejó de aplicar los preceptos legales en referencia. Para los efectos del artículo 363 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público expresa que la interpretación pretendida del precepto penal relacionado, está orientada a que la procesada, C. A. R., es responsable de lo delitos de Abuso de Autoridad y Detención Ilegal. Así las cosas se afirma que el sentenciador al no haberla condenado por la comisión de dichos ilícitos ha producido como consecuencia la infracción del precepto penal contenido en los artículos 349 numeral 2, y 333 numeral 1 del Código Penal. RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY INTERPUESTO POR MINISTERIO PUBLICO, ARGUYENDO QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA INCURRIO EN INFRACCION DE LEY POR FALTA DE APLICACIÓN AL NO CONDENAR A C. A. R., POR LOS DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD Y DETENCION ILEGAL TIPIFICADOS RESPECTIVAMENTE EN LOS ARTICULOS 349, NUMERAL 2 Y 333, NUMERAL 1 DEL CÓDIGO PENAL. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 360 PARRAFO PRIMERO DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- El recurrente aclara que interpone el recurso en relación a la imputada B. C. A. R.. Argumenta que el vicio se genera por falta de aplicación del tipo penal de ABUSO DE AUTORIDAD dispuesto en el artículo 349.2 del Código Penal, el cual textualmente dice: Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: “Dicte o ejecute ordenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a de o las Leyes”. Aprecia que quedó plenamente acreditada la existencia de un hecho típico donde la imputada B. C. A. quien tomó parte directa en la ejecución del hecho, al haber ejecutado la orden de su superior jerárquico sin que conste acreditado que al momento de la detención el ofendido -M. R. C.- se encontrara realizando alguna acción constitutiva de delito o falta, ya que fue detenido junto a su primo en el momento en que estos transitaban por el Banco …. Afirma que también se desprende del Factum que la imputada B. C. A. en cumplimiento de una orden verbal de Sub Comisario R. F. procedió a darle detención al ofendido, por lo que se considera que dicha acción es también constitutiva del delito de Detención ilegal tipificado en el articulo 333.1 del Código Penal, el cual refiere: “Se aplicará la pena de reclusión de tres (3) a cinco (5) años y multa de cincuenta mil (L.50,000.00) a cien mil (L. 100,000.00) lempiras al funcionario o empleado público que: 1) “Detenga ilegalmente a una persona”. Reprocha el recurrente que no obstante lo expuesto, el Juzgador al condenar a la encartada dejó de aplicar los preceptos legales en referencia. Para los efectos del artículo 363 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público expresa que la interpretación pretendida del precepto penal relacionado, está orientada a que la procesada, C. A. R., se le tenga por responsable de lo delitos de Abuso de Autoridad y Detención Ilegal. Así las cosas, el Censor afirma que el sentenciador al no haberla condenado por la comisión de dichos ilícitos ha incurrido en la infracción de los preceptos contenidos en los artículos 349 numeral 2), y 333 numeral 1) del Código Penal. Esta Sala de lo Penal considera pertinente recordar, que el recurso de casación por infracción de ley sólo puede intentar una revaloración jurídica del material fáctico establecido en la sentencia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del sistema inquisitivo, que provoca un nuevo examen del caso por parte del órgano judicial A Quo, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de la sentencia. A de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. Todo lo que se refiera a la determinación del hecho queda fuera de su ámbito competencial. Por eso se dice con razón que el Tribunal de Casación no es un Tribunal de segundo grado con potestad para examinar ex novo la causa y corregir todos los errores, de hecho y de derecho, que pueda cometer el sentenciador, sino que es un supremo guardián del derecho sustantivo, para evitar la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia (vid. Art. 360 párrafo primero del Código Procesal Penal). Al Tribunal de Casación le está vedado penetrar a la reconstrucción histórica del suceso al cual la norma de derecho es aplicada. En este sentido, la jurisprudencia ha sentado de manera reiterada como presupuesto de la casación por infracción de ley, el principio de intangibilidad de los hechos fijados por la sentencia recurrida, estableciendo que el recurso de casación fundado en ese motivo, solo procede para corregir el Derecho, de suerte que las cuestiones de hecho escapan al control jurisdiccional del Tribunal de Casación. Esta Sala de lo Penal observa que en la parte dispositiva del fallo, concretamente a –folio noventa y dos del proceso- el A Quo ha condenado a la imputada B. C. A., por el DELITO DE VEJACIONES, tipificado en el artículo 333.3 del Código Penal, hipótesis prevista en el Capítulo IV, de los delitos cometidos por los Funcionarios Públicos contra el Ejercicio de los Derechos Garantizados por , sancionado con pena concreta de tres (3) años de reclusión y Multa de Cincuenta Mil (L.50.000.00) Lempiras, con Suspensión Condicional de de folio setenta y cinco del proceso consta que la imputada B. C. A. fue llevada a juicio oral y público por el Ministerio Público por unos hechos que el ente acusador calificó de DETENCIÓN ILEGAL en perjuicio del señor M. R. C. y contra el Ejercicio de los delitos de los Derechos Garantizados por , tipificado en el Art. 333.1 del Código Penal, del que se ha defendido, y por el que la ley establece una pena abstracta entre tres (3) a cinco (5) años de reclusión y Multa de Cincuenta Mil (L.50.000.00) a Cien Mil Lempiras (L.100.000.00) Lempiras, y que su solicitud de ampliación de acusación le fue oportunamente rechazada por el Juzgador. El recurrente basa su reproche recursivo en que el A Quo ha dejado de condenar a la acusada por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, prescrito en el artículo 349.2 del Código Penal y DETENCIÓN ILEGAL, tipificado en el articulo 333.1 del Código Penal. Esta Sala considera que el principio acusatorio constituye una de las garantías esenciales del proceso penal elevado a derecho fundamental, implícito en el derecho a un debido proceso. “La vigencia del sistema acusatorio exige una determinada corrección, subjetiva y objetiva, entre la acusación y la parte penal dispositiva de la sentencia, cuya finalidad esencial consiste en posibilitar el ejercicio del derecho de defensa.” Por congruencia debe entenderse que: “en la sentencia no se pueden dar por acreditados otros hechos y otras circunstancias que los descritos en la acusación…la sentencia condenatoria que se dicte debe ser consecuencia del juicio y enmarcado en los límites fijados por la acusación.”2. En este sentido el jurista Español Ortells Ramos M.: “pone de relieve las dos dimensiones de ésta corrección: a) como fundamento del deber judicial de pronunciamiento exhaustivo; y b) como límite de la potestad judicial de resolución”….y más adelante que: ”El Juzgador no puede, en virtud del principio acusatorio, resolver más que sobre el objeto (u objetos) del proceso propuestos por el acusador y respecto de la persona que ha sido acusada por este, pero, por otro lado, tampoco puede introducir sorpresivamente en la sentencia cuestiones que no han sido objeto de debate contradictorio en juicio, porque ..si aunque la cuestión resulte de lo actuado en el juicio oral, solo es formalmente planteada al ser apreciada de oficio en la sentencia, el principio de contradicción puede sufrir detrimento, por haber pasado la cuestión desapercibida para las partes”. En el presente caso, el objeto del litigio, construido por el ente acusador público a partir de la formalización de la acusación ha sido determinado como un delito de Detención Ilegal en perjuicio de M. R. C. y del Ejercicio de los delitos de los Derechos Garantizados por Sala aprecia con respecto a la imputada B. C. A. que el hecho declarado probado por el Juzgador se encuadra claramente en un Delito de Vejaciones, tipificado en el artículo 333.3 del Código Penal, en tanto se describe que dicha encausada junto con otros policías y sin motivo alguno golpearon y profirieron expresiones degradantes y humillantes en perjuicio del ofendido, quien se encontraba con grilletes colocados en sus manos, más no es posible subsumir de manera clara y precisa del relato fáctico que la procesada B. C. A. haya incurrido en el delito de DETENCIÓN ILEGAL tipificado en el mismo artículo 333.1 del Código Penal, que sanciona al funcionario o empleado público que dolosamente detenga ilegalmente a una persona, toda vez que el tipo penal en referencia exige no solamente ejecutar materialmente la detención de una persona, sino también el conocimiento que tal privación de libertad es contraria a Derecho, y es el caso que del factum como ya se dijo antes se establece que un superior jerárquico de la encartada B. A. fue quien impartió la orden de aprehender al señor M. C., sin que se desprenda más allá de toda duda razonable cual fue la participación puntual y concreta en dicha detención y el conocimiento puntual de que la misma era contraria al ordenamiento jurídico. En lo que respecta a la infracción de ley sustantiva por falta de aplicación el tipo penal de ABUSO DE AUTORIDAD prescrito en el artículo 349.2 del Código Penal, que se impone al funcionario o empleado público que: “Dicte o ejecute ordenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a de o las Leyes”, con respecto a la imputada B. C. A., esta Sala considera que a efecto de no incurrir en doble juzgamiento, en tanto que por el delito de Abuso de Autoridad solo se debe sancionar a los funcionarios públicos cuando las conductas reprochadas no se encontraren tipificadas en otra disposición de la ley penal, de ahí que no cabe la imposición de la pena prevista para dicha infracción penal en contra de la encausada antes mencionada. Por otra parte, el Ministerio Público ha calificado los hechos como Detención ilegal y no por Abuso de Autoridad. Consta a folio cincuenta y seis del proceso, que el día del debate ambas partes acusadoras pretendieron ampliar la acusación también por los delitos de Abuso de Autoridad y Lesiones, petición que les fue denegada al no estar fundada en hechos nuevos a los mencionados en la acusación. Por lo expuesto el motivo de casación invocado por el recurrente es desestimado. SEGUNDO MOTIVO: “Infracción por falta de aplicación del artículo 349 numeral 2 del Código Penal, en relación a los artículos 84 y 98 de de ”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Tal como se evidencia de la lectura del fáctum, así como del análisis de la norma legal que se considera infringida por falta de aplicación, se llega a la conclusión que la conducta perpetrada por el imputado R. R. F. también se subsume en el tipo penal de Abuso de Autoridad prescrito en el articulo 349 numeral 2 del Código Penal el cual textualmente dice: Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: “Dicte o ejecute ordenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a de o las Leyes”. Entendiéndose por Dictar aquella orden que tiene carácter ejecutivo, es instantánea, directa y carece de considerandos o motivación en cuanto a sus decisorios.En el caso Sub judice quedó debidamente acreditado a través de la certificación del Acuerdo de nombramiento del imputado R. A. R. F., su condición de Empleado Público, quien al momento de los hechos se encontraba desempeñando sus funciones en número 10, por lo tanto conocedor de los procedimientos legales que se requieren para la aprehensión de una persona, sin embargo y a pesar de ello dicho imputado dictó una orden a sus subalternos de detener al ciudadano M. C., sin que existiera denuncia alguna en su contra que legitimara la misma, tal como pudo desprenderse del libro de novedades de dicha Jefatura donde se constató que no existe registro de denuncia en contra de M. C., vulnerándose la disposición constitucional contenida en el articulo 84 la cual reza: “Nadie puede ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la ley. No obstante, el delincuente infraganti puede ser aprehendido por cualquier persona para el único efecto de entregarlo a la autoridad”. De igual forma el articulo 98 constitucional refiere lo siguiente:”Ninguna persona podrá ser detenida, arrestada o presa por obligaciones que no provengan del delito o falta”. Como podréis ver honorables magistrados el imputado R. F. llevó a cabo un acto propio de sus funciones, sin embargo se excedió en el, al no haber existido causa probable para ordenar la detención de dicho ciudadano. A título ilustrativo resulta de importancia señalar que el Juzgador llegó a la conclusión conforme las probanzas allegadas al proceso que el imputado R. R. F., es responsable de la comisión del delito de detención Ilegal tipificado en el articulo 333 numeral 1 del Código Penal, al establecer que: “en virtud de que no existió orden escrita de detención o arresto y según lo quisieron hacer ver los testigos de descargo, esta orden se da a raíz de una denuncia la cual no aparece registrada en el libro de novedades que para tales efectos lleva desconociéndose por tanto quien o quienes son los denunciantes, y como resultado de la supuesta denuncia es que instruye la detención del ofendido. En tal sentido al no ser emitida por escrito la orden de detención no reúne las formalidades que la ley establece, sumado a lo anterior tampoco se registra en el libro de entradas y novedades la referida denuncia, por lo que hace que tal detención aún y cuando se realizó por agentes de se vuelva ilegal y arbitraria”. Para los efectos del articulo 363 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público expresa que la interpretación pretendida del precepto penal relacionado, está orientada a que el procesado, R. R. F., es responsable también del delito de Abuso de Autoridad. Así las cosas se afirma que el sentenciador al no haberlo condenado por la comisión de dicho ilícito ha producido como consecuencia la infracción del precepto penal contenido en el artículo 349 numeral 2, del Código Penal. RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE LEY INTERPUESTO POR MINISTERIO PUBLICO, ARGUYENDO QUE EL TRIBUNAL DE SENTENCIA AL NO HABER CONDENADO POR EL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD AL IMPUTADO R. R. F. INFRINGIO EL ARTICULO 349, NUMERAL 2) DEL CÓDIGO PENAL, EN RELACIÓN A LOS ARTÍCULOS 84 Y 98 DE AUTORIZANTE: ARTÍCULO 360 PARRAFO PRIMERO DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- Argumenta el recurrente que de la lectura del factum, así como del análisis de la norma legal infringida por falta de aplicación, se infiere que la conducta del imputado R. R. F. también se subsume en el tipo penal de ABUSO DE AUTORIDAD prescrito en el artículo 349, numeral 2) del Código Penal, que textualmente dice: Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: “Dicte o ejecute ordenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a de o las Leyes”. El Censor entiende que dictar una orden que tiene carácter ejecutivo, es instantánea, directa y carece de considerandos o motivación en cuanto a sus decisorios. Señala que quedó acreditado a través de la certificación del Acuerdo de nombramiento del imputado R. A. R. F., su condición de Empleado Público, quien al momento de los hechos se encontraba desempeñando sus funciones en número 10, y por lo tanto conocedor de los procedimientos legales que se requieren para la aprehensión de una persona, sin embargo y a pesar de ello dicho imputado dictó una orden a sus sub alternos para que detuvieran al ciudadano M. C., sin que existiera denuncia alguna en su contra que legitimara la misma, tal como pudo desprenderse del libro de novedades de dicha Jefatura donde se constató que no existe registro de denuncia en contra de M. C., vulnerándose la disposición constitucional contenida en el articulo 84, misma que reza: “Nadie puede ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la ley. No obstante, el delincuente infraganti puede ser aprehendido por cualquier persona para el único efecto de entregarlo a la autoridad”. De igual forma argumenta que el articulo 98 constitucional refiere lo siguiente:”Ninguna persona podrá ser detenida, arrestada o presa por obligaciones que no provengan de delito o falta”. A criterio del casacionista el imputado R. F. llevó a cabo un acto propio de sus funciones, sin embargo se excedió en el ejercicio de las mismas, al no haber existido causa probable para ordenar la detención de dicho ciudadano. Según el Censor, a título ilustrativo resulta de importancia señalar que el Juzgador llegó a la conclusión conforme las probanzas allegadas al proceso que el imputado R. R. F., es responsable de la comisión del delito de detención Ilegal tipificado en el articulo 333 numeral 1 del Código Penal, al establecer que: “en virtud de que no existió orden escrita de detención o arresto y según lo quisieron hacer ver los testigos de descargo, esta orden se da a raíz de una denuncia la cual no aparece registrada en el libro de novedades que para tales efectos lleva desconociéndose por tanto quien o quienes son los denunciantes, y como resultado de la supuesta denuncia es que instruye la detención del ofendido. En tal sentido al no ser emitida por escrito la orden de detención no reúne las formalidades que la ley establece, sumado a lo anterior tampoco se registra en el libro de entradas y novedades la referida denuncia, por lo que hace que tal detención aún y cuando se realizó por agentes de se vuelva ilegal y arbitraria”. Para los efectos del articulo 363 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público expresa que la interpretación pretendida del precepto penal relacionado, está orientada a que el procesado, R. R. F., es responsable también del delito de ABUSO DE AUTORIDAD. Esta Sala de lo Penal, congruente con el anterior motivo de casación que ha sido denegado, considera que con respecto a la conducta del imputado R. R. F., a quien el recurrente considera que también debió ser condenado por el tipo penal de ABUSO DE AUTORIDAD tipificado en el artículo 349.2 del Código Penal, y que sanciona a quien: “Dicte o ejecute ordenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a de o las Leyes”, Esta Sala considera que al haberse condenado al imputado R. R. F. con las penas establecidas en los tipos penales contenidos en el artículo 333 incisos 1 y 3 de los delitos cometidos por los Funcionarios Públicos contra el Ejercicio de los Derechos Garantizados por , no es procedente sancionarlo al mismo tiempo por un delito de Abuso de Autoridad, ya que ello daría lugar a un doble juzgamiento. Lo anterior en virtud de que la conducta prohibida imputada al acusado por el ente acusador ya ha sido debidamente sancionada, de tal manera que el tipo penal de abuso de autoridad es de carácter residual, es decir, se aplica cuando el comportamiento penalmente relevante del empleado o funcionario público no encuentra encaje en otras figuras delictivas . Por lo expuesto el motivo de casación invocado por el recurrente es desestimado. II. POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: MOTIVO PRIMERO: “No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de ”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Será de utilidad para la mayor comprensión del presente recurso establecer lo que se debe entender en cuanto a la valoración de la prueba en un proceso penal. Según el Artículo 202 del Código Procesal Penal el Sentenciador formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida y con arreglo a , obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal. Este sistema de valoración, que implementa la reforma procesal penal, le permite al Juzgador cierta libertad en su estimación de pruebas que determinen su convencimiento, pero siempre respetando las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Resulta, que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte, en consecuencia, en la violación de los Artículos mencionados. En el presente proceso con la finalidad de acreditar los hechos, se desarrollaron como prueba testimonial, las declaraciones de cargo de los señores: M. R. C., J. J. M. D., M. O. M. C., M. B. y C. R.; así como la prueba pericial consistente en el dictamen médico forense practicado al ofendido, y la prueba documental consistente en: 1) Inspección al libro de novedades de la oficina de atención al ciudadano de número 10; 2) listado de Distribución de Patrullaje del día seis de Agosto del dos mil siete; 3) Certificaciones de acuerdos de nombramiento de los imputados; 4) Inspección Judicial realizado por el Tribunal en el libro de novedades de número 10, así como en las celdas de dicha jefatura, probanza de la cual se desprende lo siguiente: El ofendido M. R. C. declaró lo siguiente: “Que el cinco de octubre del año dos mil cinco, a eso de las nueve y media o diez de la noche, él andaba con su primo en un carnaval y al pasar por el Banco … una patrulla de la policía pasó por detrás y los detuvo, los registraron llevándoselos a la jefatura, una vez ahí fueron llevados al pasillo preguntándole al Capitán F. porque los detenían, manifestándole el Capitán que por Escándalo Público ya que había una denuncia de unas mujeres a quienes habían tocado, después de eso como su primo estaba alterado lo golpearon y lo llevaron a la bartolina, que él se quedó discutiendo con el Capitán quien tenía un palo como especie de bate con el nombre de “cero tolerancia” y que al ver que no le iban a permitir llamar a su familia se quitó la faja y la cartera y se las tiró, se lo llevaron a las bartolinas donde habían más de treinta personas, pasaron un par de horas y la policía comenzó a discutir con algunos de los que estaban borrachos, luego empezaron a tirar agua, en ese momento llegaron unos policías a alumbrar con focos de mano, y se llevaron al que buscaban, minutos después venían siete policías corriendo donde estaba él con su primo, abrieron la puerta con palos macana, lo agarraron y se lo llevaron del pelo arrastrado, enfrente de la bartolina lo enchacharon, le dieron con palos en ambos tobillos hasta que lo quebraron, que la mujer policía le tiró agua, cuando se despertó uno de ellos lo tenía “en la espalda” y del pelo, después lo levantaron, llevándoselo arrastrado y enchachado adentro de la bartolina, que su primo y los demás lo agarraron y lo acomodaron, que pasaron varias horas y llegaron a desenchacharlo y fue en ese momento que le dijo a su primo que le quitara las botas porque se le habían hinchado los pies, que a eso de las siete y media de la mañana lo sacaron en hombros a la cancha su primo y otro muchacho, siendo llevado al Hospital … donde le dijeron que estaba quebrado, aparte de los golpes y moretes, que a él lo operaron de los pies habiendo estado cuatro meses en cama sin poder moverse. Ante el interrogatorio de las partes el testigo manifestó que su primo se llama M. O. M., que la discusión con el Capitán era porque le pedía explicaciones del porqué lo había detenido y le había negado el derecho de llamar a su familia, y que cuando lo golpearon sólo reconoce al Capitán F. porque lo reconoce por la voz, y a la mujer policía que ésta en , señalando a la imputada C. A.. Que fueron tres policías quienes le dieron detención, que cuando llegaron no los dejaron en la guardia sino que los pasaron a un pasillo donde los intimidaron, que una vez en la bartolina lo fueron a sacar, siendo agredido en los tobillos, golpes en las nalgas, la espalda, que las chachas se las pusieron apretadas, y que también le arrancaron un arete que andaba junto con la piel. El testigo J. J. M. D., declaró lo siguiente: Que él estaba en la bartolina cuando llegaron ellos (refiriéndose a M. y a M.) a eso de las diez de la noche apagaron los focos y llegaron a traerlo a él y a M., “enchachandolos” y golpeándolos cada vez que hablaban, que él les decía que no los golpearan, que se escuchaba la voz de una mujer y de otro diciendo que porqué no se callaban y al final terminaron golpeándole los tobillos a M.. Ante el interrogatorio de las partes el testigo manifestó que eso fue un seis de agosto del dos mil cinco, que lo recuerda porque era el día del carnaval, que a él lo golpearon en todo el cuerpo, en la cabeza, que no sabe porque los sacaron, que los policías andaban encapuchados pero reconoció la voz de la muchacha y la del Capitán R., que la muchacha es C. porque ella anduvo ahí y fue la persona que también lo detuvo, y reconoció al Capitán por la voz y porque era él quien tenía el bate, el cual tenía el nombre de “cero tolerancia”, (señalando en ese momento en la audiencia al señor de lentes siendo éste R. A. R. F.), que antes de que los golpearan les arrojaron agua adentro, que estaba oscuro, ya que estaban apagados los focos, que él logró contar a seis policías ya que en el corredor si había luz. El testigo M. o. M. C., declaró: Que fue un seis no recuerda el mes, pero que él andaba con su primo dando un vuelta en el carnaval, cuando se dirigían entre nueve y diez por el mercado hacía arriba yendo para la gruta, de forma repentina tres policías les dieron captura y se los llevaron para de Policía al llegar los pasaron a la parte de atrás, preguntándole él porque los detenían, le quitaron los cordones de los zapatos, la faja, a su primo lo dejaron y a él se lo llevaron y le pegaron cinco golpes en el estómago y lo metieron donde los demás, al rato llevaron a su primo y como había mucho borracho adentro les tiraron agua, después llegaron seis policías cubiertos apagaron las luces y sacaron a su primo M. y a J. y empezaron a darles golpes antes de eso los enchacharon, cuando les decían que se hincaran y su primo se rehusaba, sacó el bate y le dio en los dos pies, que ahí su primo cayó y perdió el conocimiento, que al mismo tiempo que le daban a J. le daban a su primo y los arrastraban en el llano, cuando su primo quedó inconsciente la mujer le tiró agua y lo revivió, lo agarraron y lo tiraron cerca de la puerta de la celda, por lo que él junto a otro muchacho lo metieron a la celda. Ante el interrogatorio de las partes el testigo refirió que no sabe el porqué de la detención ya que no les dieron ninguna razón, que la misma muchacha C. que les dio detención es la que le echó agua en la cara a su primo cuando estaba inconsciente, que el oficial que está ahí presente el de “lentes” (refiriéndose a F. R.) se montó en su primo y le arrancó el arete, que lo identifica por la voz, y por la contextura de él, que cuando los estaban golpeando él esta viendo porque fue enfrente de la celda. De igual manera el ente acusador allegó a la plataforma fáctica; 1) Inspección al libro de novedades de la oficina de atención al ciudadano de número 10, constatándose que a folio 321 fueron aprehendidos los ciudadanos: M. O. M. (20 años), S. T. D. (16 años), M. C. (56 años)..., todos por Escándalo Público, en estado de ebriedad y riña contra la patrulla. 2) Certificación de Acuerdos de nombramiento de los agentes de policía B. C. A., R. A. R. F., J. L. L. y J. A. M., a través de los cuales se acredita su condición de Empleados Públicos. 3) Dictamen médico forense el cual fue ratificado por el perito R. M. O. a través del cual estableció que el ofendido presentaba fractura de peroné derecho e izquierdo (huesos de la pierna), compatibles según Constancia Médica con objeto romo, lo cual le produjo una incapacidad temporal de setenta (70) días, a partir de la fecha en que ocurrió el hecho.4) Listado de Distribución del Patrullaje del día seis de Agosto de dos mil cinco, en el que se refiere que en el Barrio …, estaba conformada dicha patrulla por los agentes Clase . L., A. H., A. M. y C. A.. 5) Inspección Judicial realizada por el Tribunal en el libro de novedades de número 10 registrándose específicamente a folio 322 y 323 que a las veintitrés treinta horas fue detenido M. C. M. por escándalo público. Estado de ebriedad y riña contra la patrulla, verificándose asimismo a folio 327 de fecha siete de agosto de 2005, que a las once horas fue puesto en libertad M. R. C. por orden del Sub- Comisario de Policía R. A. R. F.. Posteriormente se trasladaron a las celdas de la mencionada Jefatura, donde se constató que cuenta en su interior con tres celdas independientes, de cinco por tres metros, puertas de metal con candados, no hay instalación de energía, sin embargo ilumina la energía eléctrica del alumbrado público. Aunado a lo anterior resulta de importancia referirnos a la prueba testifical aportada por la defensa de los imputados, la cual abordamos a continuación: El testigo M. R. B., manifestó lo siguiente: Que en fecha seis de Agosto del dos mil cinco, él se encontraba de Servicio en de …, …, que a eso de las diez de la noche llegaron dos muchachas a pedir auxilio verbal debido a que dos muchachos estaban haciendo escándalo en la vía pública, tocando las “nalgas” (glúteos) a las muchachas, por lo que el Sub- Comisario R. llamó a la patrulla que andaba por el Banco …, y ésta les dio detención a los muchachos minutos después. Ante el interrogatorio de las partes el testigo manifestó que ellos llegaron en la patrulla del Centro que era el Clase L. L., A. M., R. H. y C. A., que a ellos los llevaron a las veintitrés y treinta horas, que físicamente ellos se encontraban normal, que en ningún momento presentaban golpes. El testigo C. R., declaró: Que el día seis de agosto del año dos mil cinco, él se encontraba de Comandante de Guardia, que a las doce de la noche recibió turno con personas aprehendidas por escándalo público, que cuando recibe turno no le notificaron de alguna persona que haya estado lesionada, siendo hasta las siete de la mañana que el Comisionado F. le informa que hay una persona enferma a quien había que llevar al Hospital a quien trasladaron en vehículo de el interrogatorio de las partes el testigo manifestó que a las doce que el recibió turno estaban la policía L. L. encargado de la patrulla, la policía C., A., que el encargado era el policía R. F. y de él es de quien se reciben las órdenes directas, que cuando trasladaban al enfermo al hospital lo traían los policías y lo traían abrazado “como que renqueaba”. El Juzgador al momento de emitir el correspondiente fallo, estimó únicamente que los acusados R. A. R. y B. C. A. han tenido participación directa en el tipo penal regulado y sancionado en el articulo 333 del Código Penal en sus numerales 1 (detención ilegal) y 3 (vejaciones); estableciendo que de la valoración conjunta de las pruebas no se acreditó que los encausados J. L. L. R., y J. A. M., hayan ejercido actos que vulneren el derecho a la libertad o que constituyan vejaciones.- En virtud de lo anterior, debemos señalar que en lo referente al derecho de libertad infringe el postulado de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, el cual como sabemos, debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de pruebas que en virtud de ellas se vayan determinando, principio que se encuentra vulnerado al no haber podido establecer el Juzgador, que se deriva como conclusión de las pruebas aportadas también la responsabilidad de los imputados J. L. L. y J. A. M., por el delito de Detención Ilegal, considerando que de las probanzas allegadas al proceso se deriva sin lugar a dudas su participación, tal como se evidencia a continuación: A través de las declaraciones de los testigos de la defensa M. B. y C. R., testigos propuestos por la defensa de los imputados, quedó acreditado que el día de los hechos la patrulla que se encontraba en el sector del Barrio … por el Banco …, misma que dio detención al ofendido M. C., era la conformada por los imputados J. L. L. y J. A. M., declaraciones que se encuentran igualmente corroboradas a través de la prueba documental consistente en el Listado de Distribución del patrullaje del día 06 de Agosto de 2005; detención que fue ordenada por el imputado R. A. R. F., quien estaba a cargo de y que según lo establece el testigo M. B., fue la persona que recibió la denuncia por parte de las supuestas denunciantes, dando la orden de detenerlos. Por lo que sí el juzgador llegó a la conclusión de la responsabilidad del imputado R. F. al desprenderse de dicha prueba que él ordenó de forma verbal la captura del ofendido, de igual forma debió concluir que los imputados supra mencionados también son responsables de dicho ilícito al haber materializado dicha orden la cual se traduce en la detención que realizaron en contra de M. C. Habiéndose producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el momento de formalizar acusación, el ente acusador interpuso recurso de reposición como reclamación para la subsanación del mismo, el cual le fue declarado sin lugar, tal como se desprende del contenido del acta de debate respectiva.” RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR MINISTERIO PUBLICO, ARGUYENDO QUE CON LOS PROCESADOS J. L. L. Y J. A. M., POR EL DELITO DE DETENCIÓN ILEGAL, EL TRIBUNAL DE INSTANCIA VULNERO EN EL PROCESO DE VALORACION DE LAS PRUEBAS LAS REGLAS DE PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 NO. 3) DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- Argumenta el recurrente que la sentencia impugnada contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la sana crítica a observarse en la valoración de la prueba. El Censor cuestiona la valoración de la prueba testimonial consistente en las declaraciones de cargo de los señores M. R. C., J. J. M. D., M. O. M. C., M. B. Y C. R.; así como la prueba pericial consistente en el DICTAMEN MÉDICO FORENSE practicado al ofendido, y consistente en: 1) Inspección al libro de novedades de la oficina de atención al ciudadano de número 10; 2) listado de Distribución de Patrullaje del día seis de Agosto del dos mil siete; 3) Certificaciones de acuerdos de nombramiento de los imputados; 4) Inspección Judicial realizado por el Tribunal en el libro de novedades de número 10, así como en las celdas de dicha jefatura. Reprocha el recurrente que de dichas pruebas de cargo se desprende que se ha infringido el postulado de derivación integrado por el principio de razón suficiente, el cual debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de pruebas que en virtud de ellas se vayan determinando. Considera que este principio se ha vulnerado al no haber establecido el Juzgador, como conclusión de las pruebas aportadas, la responsabilidad de los imputados J. L. L. Y J. A. M., por el delito de DETENCIÓN ILEGAL. Estima que sí el juzgador concluyó que el imputado R. F. es responsable penalmente, al desprenderse de la prueba que él ordenó de forma verbal la captura del ofendido, de igual forma también debió concluir que los imputados supra mencionados son responsables de dicho ilícito, al haber materializado dicha orden la cual se traduce en la detención que realizaron en contra del ofendido M. C. Esta Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el Artículo 202 del Código Procesal Penal establece que el sistema de valoración de la prueba, es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cuál se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el Juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y además, por qué un elemento de prueba u otro le llevan a un conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. Por eso, debe considerarse que todo problema de violación de las normas del correcto entendimiento humano es un problema de fundamentación, las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la sicología y la lógica. Las primeras se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Así por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. Las reglas de la psicología están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de instancia en el caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Podría ser que diga el tribunal, que no se cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. Las reglas de la lógica implican que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. La regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, J. solo puede ser J. y no P. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. La derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). En el caso concreto que ahora nos ocupa, el Censor no establece ni desarrolla con la debida claridad cual o cuales de las reglas del correcto entendimiento humano han sido manifiestamente vulneradas por el Tribunal de Instancia en el proceso de valoración de las pruebas, y que le condujo a la decisión de absolver a los coimputados J. L. L. Y J. A. M. por el delito de detención ilegal que se les ha venido atribuyendo. Por otro lado, cabe señalar igualmente que del acervo probatorio incorporado al debate no es posible inferir plenamente que los procesados antes mencionados hayan incurrido en el delito de DETENCIÓN ILEGAL tipificado en el artículo 333.1 del Código Penal, que sanciona al funcionario o empleado público que dolosamente detenga ilegalmente a una persona, toda vez que el tipo penal en referencia exige no solamente ejecutar materialmente la detención de una persona, sino también el conocimiento que tal privación de libertad es contraria a Derecho, y es el caso que de los elementos de prueba evacuados en juicio se establece que un superior jerárquico de los encartados J. L. R. y J. A. M. fue quien impartió la orden de aprehender al señor M. C., sin que se desprenda más allá de toda duda razonable la participación concreta en dicha detención y el conocimiento puntual de que la misma era contraria al ordenamiento jurídico. Por tal razón, el presente motivo por quebrantamiento de forma debe ser desestimado. III.-SIGUE MANIFESTANDO “MOTIVO SEGUNDO: “Adolecer la sentencia proferida de fundamentación jurídica omisiva”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 4, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La sentencia como un todo debe resolver todos los puntos de acusación y defensa debatidos, con los limites impuestos en el articulo 337 del Código Procesal Penal el cual establece lo siguiente: “La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean las descritas en la formalización de acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación y su contestación, sin calificar los hechos en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulta de las actuaciones antes indicadas”. En razón de lo anterior el defecto de incongruencia omisiva se produce cuando el Juzgador en la parte resolutiva de la sentencia no da respuesta a una de esas cuestiones que fueron discutidas en el proceso. En otras palabras dicho defecto consiste en omitir una respuesta judicial a las pretensiones de las partes, oportunamente planteadas, como consecuencia la sentencia penal debe dictarse en correlación con los hechos y circunstancias descritas en la previamente en cada etapa del proceso, consumándose el vicio cuando el Juzgador pasa por alto la disposición del articulo 337 del Código Procesal Penal y dicta una sentencia incongruente en relación a las posiciones de las partes, ya que no se trata de cualquier pretensión, sino de las que estrictamente refiere el artículo supra mencionado. Del contenido de ésta norma legal que no es mas que el reconocimiento de los efectos del principio acusatorio se desprende lo siguiente: “no ruede haber proceso sino hay acusación, siendo ésta formulada por persona ajena al Tribunal sentenciador, no puede condenarse ni por hechos distintos de los acusados ni a personas distintas de la acusada y; no puede atribuirse al Juzgador poderes de dirección material del proceso que cuestione su imparcialidad. En el caso sub judice, a través de las probanzas allegadas al proceso se desprende que los imputados J. L. L. y J. A. M. no sólo han incurrido en el delito de Detención Ilegal sino que también en el delito de Abuso de Autoridad, tipificado‟ en el artículo 349 numeral 2 del Código Penal el cual establece que: Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: “Dicte o ejecute ordenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a de o las Leyes”; al haber ejecutado la orden emanada de su superior jerárquico sin que conste acreditado que concurriera alguna de las causales estipuladas en la ley. Sin embargo el Juzgador al momento de emitir la respectiva sentencia, omitió realizar pronunciamiento alguno en relación a la participación o no de los acusados en dicho ilícito, aún y cuando el ente acusador mantuvo su pretensión sobre el mismo a lo largo del proceso. De igual forma a través del dictamen médico forense evacuado en el juicio oral y público, quedaron debidamente acreditadas las lesiones que le fueron ocasionadas al ofendido M. C., mientras estuvo detenido en las instalaciones de departamental numero 10, lesiones que lo incapacitaron por setenta días a partir de la fecha en que ocurrió el hecho, (fracturas de peroné, derecho e izquierdo) las cuales le fueron provocadas por el imputado R. A. R. F. y C. A. R., sin embargo el Juzgador ha calificado ésta acción como constitutiva del delito de Vejámenes tipificado en el articulo 333 numeral 3 del Código penal, sin referir en el apartado de fundamentación jurídica pronunciamiento alguno en relación al delito de Lesiones, por el cual también el ente acusador mantuvo durante todo el proceso la acusación. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio.” RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR MINISTERIO PUBLICO, ARGUYENDO QUE EL TRIBUNAL DE SENTENCIA NO SE PRONUNCIO SOBRE LOS IMPUTADOS J. L. L. Y J. A. M. POR DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD FORMULADA POR EL ENTE ACUSADOR, NI TAMPOCO SOBRE LOS ENCAUSADOS R. ALONSO R. F. Y C. A. R. POR SE LES HIZO POR EL DELITO DE LESIONES. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 4) DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- Argumenta el recurrente que el defecto de la sentencia impugnada consiste en que el Juzgador omitió dar respuesta judicial a las pretensiones de las partes, pues estima que la sentencia debe dictarse en correlación con los hechos y circunstancias descritas en cada etapa del proceso. Sostiene que el vicio se ha consumado cuando el Juzgador pasa por alto lo dispuesto en el artículo 337 del Código Procesal Penal y dicta una sentencia incongruente con las posiciones de las partes. Señala que del contenido de ésta norma legal, efecto del principio acusatorio, se desprende que no puede haber proceso sino hay acusación, siendo ésta formulada por persona ajena al Tribunal sentenciador, no puede condenarse ni por hechos distintos de los acusados ni a personas distintas de la acusada y; no puede atribuirse al Juzgador poderes de dirección material del proceso que cuestione su imparcialidad. Esgrime que en el caso bajo examen, a través de las probanzas allegadas al proceso se desprende que los imputados J. L. L. Y J. A. M. no sólo han incurrido en el delito de DETENCIÓN ILEGAL sino que también en el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, tipificado en el artículo 349 numeral 2) del Código Penal el cual establece que: Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: “Dicte o ejecute ordenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a de o las Leyes”; al haber ejecutado la orden de detener al señor M. C. emanada de su superior jerárquico, sin que conste acreditado que concurriera alguna de las causales previstas en la ley. Sin embargo, el Juzgador al momento de emitir la respectiva sentencia, omitió realizar pronunciamiento alguno en relación a la participación o no de los acusados en dicho ilícito, aún y cuando el ente acusador mantuvo su pretensión sobre el mismo a lo largo del proceso. De igual forma a través del dictamen médico forense evacuado en el juicio oral y público, quedaron debidamente acreditadas las lesiones que le fueron ocasionadas al ofendido M. C., mientras estuvo detenido en las instalaciones de numero 10 de , lesiones que lo incapacitaron por setenta días a partir de la fecha en que ocurrió el hecho, (fracturas de peroné, derecho e izquierdo) las cuales le fueron provocadas por los encartados R. A. R. F. Y C. A. R., sin embargo el Juzgador ha calificado ésta acción como constitutiva del delito de Vejámenes tipificado en el articulo 333 numeral 3) del Código penal, sin referir en el apartado de fundamentación jurídica pronunciamiento alguno en relación al DELITO DE LESIONES, cargo que el ente acusador mantuvo durante todo el proceso en contra de los referidos imputados. Esta Sala de lo Penal considera importante recordar, que la falta de adecuación entre la parte dispositiva y las pretensiones de las partes planteadas en el juicio, puede referirse a: a) que la sentencia otorgue más de lo pedido por el acusador, b) que resuelva cosa distinta a lo pedido por las partes, omitiendo de esta forma el pronunciamiento respecto a las pretensiones deducidas en juicio. El vicio en análisis se refiere a esto último, es decir cuando se resuelve en la sentencia sobre todos los puntos que hayan sido objeto de acusación o defensa (incongruencia omisiva). La esencia de la infracción estriba, en que si el Tribunal no da respuesta positiva o negativa a cada uno de los extremos planteados por las partes, esa abstención o silencio del órgano judicial es capaz de producir indefensión a quien espera que el mismo, fundadamente emita una resolución razonada. Ello ocurrirá por ejemplo, en el caso de imputarse al procesado la comisión de varios delitos, y sólo se condene o absuelve por uno de ellos, omitiéndose pronunciar sobre los restantes7. Al resolver el motivo anterior a este, formulado por el Ministerio Público, esta sala ha considerado que el Censor no establece ni desarrolla con la debida claridad cual o cuales de las reglas del correcto entendimiento humano han sido manifiestamente vulneradas por el Tribunal de Instancia en el proceso de valoración de las pruebas, que le condujo a la decisión de absolver a los coimputados J. L. L. Y J. A. M. por el delito de detención ilegal que se les ha venido atribuyendo , y que por otro lado, del acervo probatorio incorporado al debate no es posible inferir plenamente que los procesados antes mencionados hayan incurrido en el delito de DETENCIÓN ILEGAL tipificado en el artículo 333.1 del Código Penal, que sanciona al funcionario o empleado público que dolosamente detenga ilegalmente a una persona, toda vez que el tipo penal en referencia exigiría de estos no solamente ejecutar materialmente la detención de una persona, sino también el conocimiento que tal privación de libertad es contraria a Derecho, y es el caso que de los elementos de prueba evacuados en juicio se establece que un superior jerárquico de los encartados J. L. R. y J. A. M. fue quien impartió la orden de aprehender al señor M. C., sin que se desprenda más allá de toda duda razonable cual fue la participación concreta en dicha detención y el conocimiento puntual que tuvieran tales encausados de que la misma era contraria al ordenamiento jurídico. Cabe señalar asimismo, que la pretensión del Ministerio Público es que por el hecho consistente en la aprehensión del señor M. C., no solamente se castigue a dichos encartados por el delito de detención ilegal sino que también por el delito de abuso de autoridad. En virtud de que tal y como lo expresamos líneas arriba, del acervo probatorio evacuado en el proceso no se constata más allá de toda duda razonable que los imputados J. L. R. y J. A. M. sean responsables del delito de abuso de autoridad, amen de aún en el caso de que se hubiere probado su responsabilidad por el delito de de detención ilegal tampoco se les habría podido imponer al mismo tiempo otra sanción por el ilícito de abuso de autoridad, en tanto que este último es un tipo residual, que se aplica cuando no cabe subsumir la conducta u omisión del empleado o funcionario público contraria a como bien penal jurídicamente protegido, en otro tipo delictivo. A lo anterior se añade que al momento de que el Ministerio Público pretendiera ampliar la acusación por ese delito, el Tribunal de Instancia rechazó tal petición al considerar que no se basaba en hechos nuevos. (vid. art. 321 del Código Procesal Penal). En lo que respecta a los imputados R. A. R. y C. A. R. por la imputación del delito de LESIONES, cabe igualmente señalar que al momento en que del Ministerio Público solicitó que se tuviese por ampliada la acusación para incluir tal figura en el contradictorio del debate, el Tribunal de Instancia rechazó tal pretensión al considerar que no se basaba en hechos nuevos. Por todas las razones anteriormente expuestas el presente motivo por quebrantamiento de forma debe ser desestimado. IV.- J. F. Z.A, INTERPUSO SU RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA DE : “MOTIVO PRIMERO: Quebrantamiento de Forma por no Haber observado el Sentenciador en de las Pruebas las Reglas de PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 362 numeral 3) parte final del Código Procesal Penal. DESCRIPCION DEL VICIO: En la valoración de la prueba el sentenciador no observó las reglas de infringiendo para los efectos del presente motivo el artículo 202 del Código Procesal Penal que al respecto determina “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica... “, en relación al artículo 338 regla cuarta numeral segundo del mismo código que sobre el particular determina que “... se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para probar declarados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las prácticas en juicio...”El Tribunal de Sentencia al fundamentar su decisión de acuerdo al Sistema seguido por el Código Procesal Penal debe de valorar la prueba no en una tarifa que la ley le asigna, si no con base al principio de inmediación analizar la credibilidad que se otorga a cada medio de prueba, dando las razones al respecto conforme a las reglas de la sana crítica, reconociendo en efecto su discrecionalidad, pero su sometimiento a criterios objetivos, por lo tanto, pueden ser invocables para impugnar una valoración errónea. Las reglas de la sana crítica son, ante todo, Las reglas del correcto entendimiento humano, siendo estas las reglas de la experiencia, de la psicología y la lógica. Las reglas de se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe de partirse de la condición de hombre que tiene el Juzgador, Esas conclusiones no tienen la estrictez de los principios lógicos tradicionales, sino que son contingentes y variables con relación al tiempo y al lugar, estas encuentran sus límites en los conocimientos técnicos especializados. Las reglas de referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos. Las reglas de son leyes del pensamiento que se presentan en nuestro raciocinio como necesarias, evidentes o indiscutibles cuando analizamos nuestros pensamientos. Estas leyes están constituidas por las leyes fundamentales de (concordancia entre sus elementos) y DERIVACION (en que cada pensamiento provenga de otro con el cual está íntimamente relacionado, de tal manera que la sentencia sea congruente, verdadera y suficiente).- De la ley de la coherencia se deducen los principios formales del pensamiento, a saber” a) Identidad, b) Contradicción; c) Tercero excluido, y a su vez de la ley de derivación se extrae el principio de (todo juicio para que sea realmente verdadero, necesita de una razón suficiente, que justifique lo que en el juicio se afirma o niega con la pretensión de sea verdad).La defensa considera que la sentencia impugnada no respetó en la fundamentación probatoria intelectiva, las reglas expuestas anteriormente, de tal manera que incurrió en un vicio in procedendo que invalida la sentencia, al grado tal que en algunos segmentos de la fundamentación descriptiva se varían varios elementos trascendentes que si se encuentran incluidos en el acta de juicio oral, y que evidencian la violación a las reglas ya enunciadas.-Explico detalladamente los aspectos en los que motivamos el presente motivo:1º.La sentencia impugnada declara expresa y terminantemente probados: “UNICO: Que en horas de la noche del día cinco de agosto del año dos mil cinco, en la ciudad de , Departamento de Intibucá, mientras se celebraba el festival de la papa, el señor M. R. C. en compañía de un pariente suyo, fueron detenidos por una patrulla de agentes de Preventiva la cual era conformada entre otros por la agente femenina B. C. A. en cumplimiento de una orden verbal del Sub Comisario de A. R. F. a causa de una supuesta denuncia de dos señoras, de que el mencionado M. C. y la persona que lo acompañaba hacia escándalo en la vía pública consistente en manosearle los glúteos, motivo por el cual fueron conducidos a una de las celdas de Numero Diez de la ciudad de …, ocurriendo que durante su detención en las celdas el señor R. C. fue objeto de violencia física y psicológica, ya que fue sacado de la celda donde se encontraba y llevado a un patio, del interior de las instalaciones de la policía preventiva, por un grupo de Policías entre los que se encontraba el Sub Comisario R. A. R. F. y la policía femenina B. C. A. R. quienes de forma inmediata y sin motivo alguno comenzaron a golpear la humanidad de M. C. y profiriéndoles expresiones degradantes y humillantes, quien además se encontraba con grilletes colocados en sus manos y le decían que se hincara y como se negaba hacerlo el Sub Comisario R. F. usando un garrote le pegaba en sus extremidades inferiores al grado tal que perdió el conocimiento, y a consecuencia de tales golpes le produjeron fracturas en los tobillos de ambas piernas.” 2° Los hechos relacionados se tienen por acreditados tomando varios medios de prueba de acuerdo a una fundamentación probatoria intelectiva que se no concuerda con las reglas que la ley determina, veamos: Un aspecto fundamental de la sentencia es el fragmento de la declaración de hechos probados, que determina: “…ocurriendo que durante su detención en las celdas el señor R. C. fue objeto de violencia física y psicológica, ya que fue sacado de la celda donde se encontraba y llevado a un patio, del interior de las instalaciones de la policía preventiva, por un grupo de Policías entre los que se encontraba el Sub Comisario R. A. R. F. y la policía femenina B. C. A. R. quienes de forma inmediata y sin motivo alguno comenzaron a golpear la humanidad de M. C. y profiriéndoles expresiones degradantes y humillantes, quien además se encontraba con grilletes colocados en sus manos y le decían que se hincara y como se negaba hacerlo el Sub Comisario R. F. usando un garrote le pegaba en sus extremidades inferiores al grado tal que perdió el conocimiento, y a consecuencia de tales golpes le produjeron fracturas en los tobillos de ambas piernas.. .“ Veamos el sentido que fueron erróneamente aplicadas las reglas de la sana crítica enunciadas: Con respecto a la valoración del testimonio del señores M. R. C., señala el Tribunal “Consideran estos Jueces que la anterior deposición es muy similar a las demás declaraciones de los testigos de cargo como podrá apreciarse en las posteriores narraciones, reflejando la forma arbitraria en que sucedió la detención y describiendo de cómo en horas de la noche varios agentes de policía con sus rostros cubiertos sacaron de las celdas al señor M. R. C. y a otra persona, para luego ser golpeado siendo reconocido por su voz y contextura física a C. A. y el Sub Comisario de Policía R. A. R. F. quien usando un garrote le dio golpes hasta causarle fracturas en el peroné de ambas piernas (Tobillos), identificación que se da porque al ser llevados detenidos C. y su compañía intercambiaron algunas palabras” Como es claro el Tribunal para darle CREDIBILIDAD al testigo en referencia, toma en consideración de su declaración con la de los otros testigos de cargo. He resaltado (con negrilla y subrayado) en la valoración que hace el tribunal los aspectos fundamentales en relación a lo que consideran es la correspondencia en relación a la declaración de los testigos de cargo, ahora analicemos lo que el testigo dijo, y que no corresponde con el análisis que hace el tribunal: A.- La valoración en referencia según lo afirma el Tribunal el testigo M. R. C. describe que:“varios agentes de policía con sus rostros cubiertos sacaron de las celdas al señor M. R. C. y a otra persona... “. Al analizar detalladamente la declaración de testigo tanto la que describe la sentencia (folio 77 vuelto, 78, 79) como la descripción de la declaración que consta en el acta de juicio oral y público (Pagina 3 vuelto y 4) podemos determinar que no hay manifestación alguna que hiciera el testigo en relación a que los Policías fueran con sus rostros cubiertos. Si es así ¿Como el tribunal puede afirmar que hay correspondencia de la deposición de este Testigo en relación a este aspecto, si la declaración que el mismo rindió no lo corrobora?, no hay justificación alguna, pues no hay un hecho que corrobore su conclusión de que el Testigo relacionado haya afirmado que los imputados andaban con sus ROSTROS CUBIERTOS, en ese sentido las reglas de , que como ya hemos dicho son leyes del pensamiento que se presentan en nuestro raciocinio como necesarias, evidentes o indiscutibles cuando analizamos nuestros pensamientos, y como parte dicha Regla encontramos de , que se invoca violada, de la cual se extrae el principio de , que determina que todo juicio para que sea realmente verdadero, necesita de una razón suficiente, que justifique lo que en el juicio se afirma o niega con la pretensión de verdad, es por ello que el Tribunal viola dicha regla, ya que si afirma que la deposición del testigo que supuestamente afirma que los imputados andaban el rostro cubierto, y dice que ese aspecto coincide con respecto a los otros testigos, cuando no es así, tenemos claro entonces que la declaración del testigo no le da razón suficiente a lo que el Tribunal afirma. Y veamos que al analizar la posterior declaración del testigo J. G. M. D.: el Tribunal en la valoración que hace de su testimonio sigue afirmando que la declaración de dicho testigo es congruente con lo manifestado con M. C., y entre otros aspectos habla de que seis policías se cubrían el rostro con gorros..., incurriendo también en dicha valoración en la violación de de DERIVACION de la cual se extrae el Principio de puesto que como se ha evidenciado, las afirmaciones del primer testigo en relación a este aspecto no le da la razón suficiente, de la derivación constituye una de las que conforma las reglas de , siendo en consecuencia violada en la valoración que hace el Tribunal de ambos testigos, como se ha invocado. B.-Continua el Tribunal resaltando los aspectos de los que afirma coincidencia del Testigo cuando dicha declaración en sí misma es contradictoria veamos “… siendo reconocido por su voz y contextura física a C. A. y el Sub Comisario de Policía R. A. R. F.”. Transcribo lo que se consigna en la sentencia (Folio 78) con respecto a la declaración del testigo M. R. C. en relación a la identificación de los imputados“...usted identifico a los policía que lo detuvieron? A los que me detuvieron en el Banco … no los identifique, pero los que tiraron el agua es que era el capital F., que le conocí la voz y también antes ya lo conocía” y más adelante afirma “los nombre de los demás que me golpearon no los sé solo reconocí la voz del capitán y de la mujer policía...” y ante la pregunta de la defensa que si anteriormente había rendido declaración en relación a estos hechos según la sentencia (Folio 78 vuelto) dijo: “Si cuando fui a poner la denuncia a y en el Juzgado creo que de que había reconocido a alguno de ellos” ante la petición de la defensa se incorporo por lectura la declaración del mismo testigo que rindiera en la audiencia inicial de fecha 18 de octubre del 2005, la cual no fue ni incorporada en el acta del juicio oral ni en la sentencia, pero que consta a folio 83 vuelto de la primera pieza de autos y que dice ante la pregunta de la defensa: “...En sede administrativa declaro que si reconocía o no a los supuestos agresores? En el momento dije que no, ¿Al momento de los hechos conocía a los Policías? Contesta: No.... “. Aspecto este que el Tribunal ha desconocido pese a que en la realización del juicio oral manifestó que la contradicción sería valorada en juicio oral y público, no hace en la sentencia valoración alguna al respecto. Recordemos que uno de los requisitos de la motivación de la sentencia es que debe ser completa. Esa exigencia comprende a todas las cuestiones fundamentales de la causa, y a cada uno de los puntos decisivos que justifican cada conclusión, de su misma decisión el Tribunal, se obligo a exponer los motivos de credibilidad sobre ese punto, consecuentemente viola el deber de motivación al respecto. Ahora veamos lo que dice el Testigo J. G. M. D.: ¿Pudo reconocer quienes los golpeaban? ... Reconocí la voz de C. y del Capitan R.... y el otro testigo M. O. M. C. afirma: “...Me acuerdo que yo conocí la voz de F.....” Podemos ver que en sí misma es contradictoria la declaración del primer testigo M. R. C. al haber afirmado inicialmente que no reconoció a los imputados y no conocerlos, aspecto que el Tribunal desconoció, y en la valoración que hace el tribunal de los testigos en su conjunto, toma en consideración la mera coincidencia de sus manifestaciones, que tampoco es completamente coincidente puesto que no todos afirman los mismos extremos, sin embargo el Tribunal en la valoración de la prueba no tuvo en cuenta otras reglas del entendimiento humano, que obligan a considerar la validez de las afirmaciones de las declaraciones en mención. A fin de hacer evidente el vicio in procedendo con respecto a este punto transcribo un punto esencial de la declaración del hecho que el Tribunal de Juicio considera probado: “QUE EN HORAS DE DÍA CINCO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CINCO, EN …, DEPARTAMENTO DE …, MIENTRAS SE CELEBRABA EL FESTIVAL DE , EL SEÑOR M. R. C. EN COMPAÑÍA DE UN PARIENTE SUYO, FUERON DETENIDOS POR UNA PATRULLA DE AGENTES DE PREVENTIVA”. En efecto el día en que ocurrieron los hechos se realizaba el Festival de en la ciudad, precisamente frente a las instalaciones de Preventiva, siendo un hecho notorio (refiriéndome en ese sentido aquellos hechos que forman parte de la cultura de una sociedad) que los Festivales que se celebran en las diferentes ciudades de nuestro País, y en Particular de la ciudad de …, Departamento de …, están acompañados de la presencia de grupos musicales, espectáculos musicales, el movimiento de gran cantidad de personas, que generan gran cantidad de ruidos. Igualmente tal como se deriva de las declaraciones de los testigos las celdas de en ese día se encontraban llena de personas aprehendidos que hacían ruidos, lo que se deduce al respecto según el acta de juicio oral y público: Narración del testigo M. R. C. según acta de juicio oral y público (pag. 4 frente): “. . .éramos treinta y algo de gente en la bartolina algunos de ellos estaban borrachos y comenzaron a sacudir el portón entonces los policías comenzaron a sacudir el portón...” y por su parte J. J. M. D. según el acta de juicio oral y público (Pag. 4 vuelto) quien afirma: “todos teníamos un relajo allí, por decir, había otros más bolos que nosotros...” el Testigo M. O. M. afirma según el acta de juicio oral y público (ver pág. 5 vuelta) dice: “. … habíamos como cuarenta presos y se había armado molote adentro...” y por su parte el Testigo J. A. R. M. al respecto dice según acta de juicio oral y público (pág. 4 vuelto): “. . . en el transcurso de la noche se sentaron ciertas situaciones allí entre los mismo detenidos y algunos golpes entre los mimos de manera que sucedió que las personas querían botar la puerta le daba duro insultaban a la policía, y allí no se puede conocer a nadie...”, de tal manera que hay concordancia entre estos aspectos y precisamente el describir el ambiente del lugar, ya que había una gran cantidad de detenidos en estado de ebriedad, y haciendo muchos ruidos generados por el mismo festival, aunado a la afirmación de algunos de los testigos que afirman que los imputados estaban con los rostros cubiertos como se ha hecho referencia anteriormente lo cual es también un elemento que distorsiona la voz de una persona, Entonces ¿Cómo puede ser posible el reconocer la voz de dos personas que supuestamente participaban en un hecho en que se afirman que participaron aproximadamente seis personas bajo condiciones de ruido proveniente de los mismos detenidos que se encontraban en las celdas y las condiciones que generaban el festival, y con elementos que distorsionan la voz? A pesar de ello el tribunal de juicio le dio plena credibilidad a los testigos de cargo aduciendo su mera coincidencia cuando las declaraciones con respecto a este aspecto de acuerdo a no pueden ser creíbles. Ya hemos afirmado que la regla en referencia impone el hacer una ponderación del orden del intelecto obtenidas de la observación de la realidad en su más amplio sentido (en el caso de mérito: las condiciones de ruido imperantes en el lugar y de las condiciones en que se encontraban los supuestos participantes: en un numero de seis personas hablando y con los rostros cubiertos lo cual igualmente distorsiona la voz, que por vía de inducción son generalizadas como normas de discernimiento general (no es posible identificar la voces cuando existen tantos ruidos y de un número tan considerables de personas que hacían afirmaciones, con elementos que distorsionaban la voz) para ser utilizadas en un proceso en el que se debate una realidad particular. Así pues al hacer un análisis comparativo de las anteriores circunstancias es claro que la conclusión a que arribó el Juzgador en cuanto a la valoración probatoria de los TESTIGOS M. R. C., J. G. M. D., y M. O. M. C. viola las reglas del correcto entendimiento humano cuando le da credibilidad a su testimonio por su mera coincidencia, cuando su manifestación es contraria a las REGLAS DE , mismas que deben de ser tomadas en cuenta para que la motivación de la sentencia sea completa, puesto que en el caso sub judice de los elementos que se han mencionado es razonable y fundado concluir que la deposición de los testigos no es válida para dar soporte a la declaración de hechos probados. C.- El otro aspecto que afirma el Tribunal como coincidencia que constituye parte de su valoración de la declaración del Testigo M. R. C. con respecto a los otros testigos es el siguiente: el Sub Comisario de Policía R. A. R. F. quien usando un garrote le dio golpes hasta causarle fracturas en el peroné de ambas piernas (Tobillos)” Resaltamos ahora lo que dice el Testigo al respecto de sus golpes: Transcribo el contenido del acta de juicio oral y público (pág. 3 vuelto): “... venían siete policías corriendo en dirección donde estábamos nosotros, abrieron la puerta con palos macana...” “...enfrente de la bartolina me enchancharon me dieron con palos no se con todo lo que pudieron darme, hasta cuando me dieron en ambos tobillos hasta que me los quebraron...” más adE.nte continúa “... me agredieron los dos tobillos, golpes en las nalgas, la espalda, las chachas, que las pusieron apretadas, el haberme arrancado el arete, me arranco la piel...” Resaltamos el hecho que identifica con palos no solamente a una persona si no a varias, igualmente identifica haber sido golpeado con los palos por varios, recordemos que el ha sido identificado como la víctima del hecho. Ahora en ese mismo sentido veamos la valoración que hace el Tribunal de la declaración del señor J. J. M. D.; señala el Tribunal “Esta deposición es congruente con lo manifestado por M. C., afirmando el deponente que: ....“ y resalta el Tribunal en dicha valoración como una de sus supuestas afirmaciones que “...seis policías que cubrían sus rostros, los sacaron a él y a M. hacia un patio, con los grilletes en sus manos, dándoles varias patadas y que la persona que andaba un garrote golpeaba a M., en los tobillos y demás partes del cuerpo identificando a esa persona como el señor R. A. R. F..... “. Resaltamos ahora lo que dice el Testigo al respecto de sus golpes: Transcribo el contenido del acta de juicio oral y público (Ver Folio 4 vuelto y folio 5): “... nos llegaron a sacar a M. y a mí nos enchacharon y procedieron a golpearnos cada vez que hablábamos nosotros…” más adelante afirma…”la verdad es que a veces estaban tres con uno y otro y a él cada vez que hablaba lo golpeaban…” más adelante continúa”…yo logre contar seis policías que andaban…””…los seis andaban encapuchados cuando me sacan de la celda primero golpe en el estomago y después nos ponen las chachas hacia atrás. ... “los seis me golpearon y no sé...” “... nos golpearon con el bate, con los puños, y a patadas...”. Con respecto a las declaraciones anteriores igualmente afirma que era golpeado por varias personas, y contrario a M. R. C. solo habla de un bate, y el otro testigo habla de que eran varios palos. Ahora en ese mismo sentido veamos la valoración que hace el Tribunal de la declaración del señor M. O. M. C.; señala el Tribunal. “La valoración que se le da a esta declaración es darle credibilidad pro una narración coherente y congruente con las que antecede siendo categórico en su versión...” y resalta el Tribunal en dicha valoración como una de sus supuestas afirmaciones que “. . .con este testimonio se evidencia que fue R. A. R. la persona que con un garrote llamado cero tolerancia golpeó al detenido C. en reiteradas ocasiones en sus piernas, hasta causarles fracturas en huesos del peroné de ambas piernas….” Resaltamos ahora lo que dice el Testigo al respecto de sus golpes: Transcribo el contenido de algunos de los aspectos del acta de juicio oral y público (pág. 5 y folio 6 frente): “... llegaron otra vez seis algo cubiertos y como que apagaron ciertas luces para que se distinguieran y sacaron al primo M. y a J., y empezaron a darle golpes ...“ más adelante afirma “... los seis golpeaban a M. ...“ más adelante continúa “... eran tanta patadas y golpes que lo agarraban uno y lo recibía el otro, lo agarraron y lo esposaron . . .“ igualmente queda constancia de la afirmación que hace de diferentes golpes provenientes de distintas personas, en consecuencia a pesar de que mas adelante hace referencia que fue R. F. quien golpeó supuestamente los tobillos de M. R. C., la misma declaración del ofendido demerita la afirmación como para crear certeza de la afirmación. El Testigo J. A. R. M. al respecto de su valoración dice el Tribunal que “...Se aprecia en esta declaración que coincide en aspectos muy importantes manifestados por los testigos de cargo..,” de acuerdo a ello se entiende que le concede el Tribunal credibilidad, y en sus manifestaciones con respecto a los golpes del señor M. C. dicho testigo afirmo según acta de juicio oral y público (Folio 8 vuelto): “...las personas quisieron botar la puerta le daban duro con las manos pies... .“ Más adelante ante una pregunta de responde: “...yo solo conocí que era un muchacho alto y la cabellera larga creo que estaba forcejeando el portón...” lo último refiriéndose a M. R. C.. Ahora a fin de hacer una confrontación de dichas declaraciones con la declaración que rindiera el PERITO el DR. R. M. O. B., quien ratifico el dictamen de la evaluación médica que hiciera a M. R. C., dictamen que concluye: 1) Tipo de Lesiones: Fractura de peroné derecho e izquierdo (Huesos de las piernas) compatibles según constancia médica con las producidas por trauma con objeto romo. Y sobre ese punto el médico ante el interrogatorio de las partes según la descripción de su testimonio en la sentencia (Folio 85 vuelto) hizo las siguientes precisiones: ¿Explíquenos que es un objeto romo? “objeto romo es todo aquel el cual no tiene filo entre ellos puede considerarse que es objeto romo los puños, cualquier artefacto de tabla, piedra, etc.”, respondió ante la pregunta de : estas lesiones pudo habérselas causado el mismo M. C. y este responde “...en este caso yo no puedo decir que si o que no...”. Sobre el hecho anterior y en su descripción de lo que es un objeto romo en el acta de juicio oral y público (pág. 3) también afirmo: “podría existir la posibilidad hay otro tipo de lesiones auto infringido que son bien características en otras puede existí?’. Lo anterior y a falta de claridad en el acta, puede cotejarse con el contenido de las grabaciones que sustentan lo anterior. Veamos, que con respecto a las tres primeras declaraciones el Tribunal a fin de darles credibilidad afirma la coincidencia de las declaraciones de los Testigos M. R. C., J. G. M. D., M. O. M. C. con respecto a afirmar que fue R. A. R. quien usando un garrote le dio golpes hasta causarle fracturas en el peroné de ambas piernas (Tobillos), Valoración del Tribunal en la valoración de los relacionados testigos que no resulta sustentada en la afirmación, en consecuencia se violan LAS REGLAS DE en el sentido siguiente: a) Queda evidenciado que los testigos de cargo en su afirmaciones las cuales hemos relatado: hablan que el mismo fue golpeado entres seis y siete policías, al respecto el mismo M. R. C. afirma que le deban con PALOS CON TODO LO QUE PODIAN DARLE, los otros testigos igualmente afirman que los golpes eran propinados además con puños, patadas, etc. b) El testigo J. A. R. M. describe como el mismo R. C. y su acompañante golpeaban la celda con pies y manos, forcejeando. c) El médico forense aclara e identifica como objeto contusos, la posibilidad que fueran diversos incluidos: patadas, puños, artefactos de madera, piedra etc, y que podría existir la posibilidad de que las mismas fueran auto infringidas. d) Conforme a lo anterior no puede el Tribunal afirmar con CERTEZA que fuera R. A. R. F. que con el garrote fuera quien causara dichas lesiones, ya que de acuerdo a la evidencia que se ha resaltado eran seis personas las que golpeaban a M. R. C., y que resaltan que utilizaban palos macanos, puños, patadas. e) Como ya dijimos Las reglas de está constituida entre otras, por de , de la cual se extrae el Principio de , que viola el Tribunal de Juicio en la valoración de los medios indicados, ya que de las declaraciones en referencia no puede deducirse con certeza la conclusión a la que arriba el Tribunal, y que finalmente fija en la declaración de hechos probados al afirmar que al señor M. R. C.: “...le decían que se hincara y como se negaba hacerlo el Sub Comisario R. F. usando un garrote le pegaba en sus extremidades inferiores al grado tal que perdió el conocimiento“ Dicho hecho no fue afirmado en ese sentido por los testigos, y menos resulta sustentado por ninguna declaración que el no haberse incoado fue lo que generó la reacción de R. A. R. F. para pegarle en sus extremidades inferiores. Hecho que el Tribunal afirma aprobado, sin embargo pese a la valoración que hace de los elementos, de prueba enunciados los mismos no le dan razón suficiente, violando en consecuencia de la derivación la cual constituye una de las reglas de la lógica en el sentido ya expuesto D.- Con respecto a la valoración de la prueba de los Testigos de Descargo, hago alusión en primer término a la valoración que hace el Tribunal de la declaración del Policía M. R. B.: según la sentencia (Folio 82 vuelto): “Referente a la anterior declaración consideran estos Jueces que la misma es creíble cuando dice que fue el señor R. F., quien como Jefe Superior jerárquico, instruyó la detención de M. C. y M. O. M., y que fueron detenidos entre otros por la agente B. A., frente al Banco …, de la ciudad de … , y cuando afirma por ser él, la persona que fungía como comandante de guardia y que recibió a M. C., que este al momento de su ingreso no presentaba ningún golpe en su cuerpo en cuenta al resto de su versión, no es creíble...”. El Tribunal A-Quo no da las razones del porque le da credibilidad con respecto a dichas afirmaciones, de tal manera que a fin de justificar su credibilidad hace un relato de los aspectos de la afirmación del testigo que a su juicio le llevan a ese criterio. Pero le parece especialmente importante a la defensa que se transcriban dichas afirmaciones y que las mismas sean cotejadas con el contenido de lo que ocurrió en el juicio oral (y en caso de ser necesario igualmente se incorporen los registros fonográficos del juicio) Al respecto cabe destacar que para efectos de controlar la valoración de la prueba por las reglas de la sana crítica, el tribunal de mérito debe describir en la sentencia el contenido del medio probatorio, sobre todo de la declaración testimonial. Por supuesto, que lo medular de la declaración del testigo sin valorarlo todavía; por lo que debe informar mediante el fallo qué relató el testigo (SIN VARIARLO) para que de Casación se entere al momento de ver si se valoró o no correctamente. Esta se llama fundamentación descriptiva sobre todo por eso, porque es una descripción del relato del testigo. Al respecto veamos lo que describe el Tribunal en la sentencia (folio 81 vuelto) sobre la deposición del testigo: “como a las once de la noche dos muchachas fueron a denunciar que dos hombres andaban haciendo escándalo y que les habían tocado las nalgas, y a otras mujeres, el oficial R., les pregunto y el dio la orden de detenerlos, nos desplazamos por el Banco .....” Resalta el tribunal lo que considera da soporte a su resumen. Ahora veamos lo que dice el acta de juicio oral y público (pág. 7 vuelto): “llegaron dos muchachas en ese momento el Sub Comisario R. (es pregunto a las muchachas que pasaba y fue cuando el llamo a la patrulla que andaba en el sector calle principal por el Banco …, y se desplazo (refiriéndose a la patrulla) y se desplazo por esa calle donde le dieron aprehensión a los muchachos minutos después lo llevaron donde yo estaba...”. Veamos que la conclusión que valora el Tribunal corresponde con la descripción que hace de la deposición en la sentencia no así con el contenido del acta del juicio oral y público: ya que no es lo mismo que el haya dado la orden de detenerlos (Como lo describe el Tribunal) o que haya llamado a la patrulla (Como lo dice el acta de juicio), y como se puede oportunamente verificar en el registro (grabaciones) que se han efectuado en el respectivo juicio, tiene trascendencia el hecho que de acuerdo a las circunstancias verificadas la patrulla tomo la decisión de aprehenderlos o no, puesto que como relata posteriormente el mismo testigo iban rebeldes. Más adE.nte el Tribunal sobre este mismo aspecto describe de la declaración del testigo en la sentencia (folio 82 vuelto) sobre la deposición del testigo: y ante la pregunta del Ministerio Público de ¿Quienes fueron las personas que denunciaron? Se dice que el testigo responde: “fueron varias y a las muchachas las oyó el Capitán R. y tomó las medidas....” Resalta el tribunal lo que considera da soporte a su resumen. Ahora veamos lo que dice el acta de juicio oral y público (pág. 8) sobre esa misma pregunta se consigna: “...el Comandante R. fue quien las atendió, no identificamos exactamente el nombre de las personas, la orden del Capitán era que se presentara la patrulla al lugar donde andaban las supuestas dos personas...” Como ocurre en la deposición anterior las descripciones que hace el Tribunal no es la misma del contenido del juicio oral, y claro está la que hace el Tribunal en la sentencia, es la que justifica su conclusión en la valoración en el sentido que quién dio la orden de la detención Fue R. A. R. F., cuando su orden no fue que los detuvieran si no que se presentara la patrulla, en el caso en concreto los miembros de la patrulla verificarían y determinarían la necesidad de su aprehensión como en efecto ocurrió. También el Tribunal afirma que ante la pregunta de: ¿Todos los Policías que usted menciona bajo las ordenes de quien estaban? Se dice según la sentencia (Folio 82) que el testigo responde: “en ese momento había un oficial de día Jimi Aguilera y el Jefe superior era el Capitán A. R.” Sin embargo agrega una pregunta que no aparece justificada en el acta de juicio oral y público que dice: ¿ Quién ordeno la detención de estas, dos personas que dijo fueron a denunciar dos muchachas? Contesta: El capitán R., El capitán era el Jefe Superior y coordinaba los patrullajes.... Ahora veamos lo que dice el acta de juicio oral y público (pág. 8) sobre esa misma pregunta se consigna: “...en ese momento había un oficial de día que se llama J. A., El Capitán era el Jefe Superior y coordinaba los patrullajes y el evento que eran el carnaval que todo saliera bien ...“Igualmente su conclusión no concuerda con el contenido del acta de juicio oral y público, y siendo así, como se ha evidencia la valoración que hace el Tribunal por una parte es incompleta pues no da las razones del porqué le ha dado credibilidad al testigo sobre estas manifestaciones, pero además suplanta su motivación con un resumen que no concuerda con lo realmente expresado por el Testigo, lo cual nos lleva a afirmar que estamos hablando de motivación que viola las reglas de la lógica, derivado precisamente de la ley fundamental de (en el sentido que debe haber concordancia entre lo que se afirma, pero no concuerda él aspecto que fue valorado por el Tribunal y lo que realmente depuso el testigo) y DERIVACION (puesto que lo que se afirma como verdad debe estar sustentado en juicio, lo cual tampoco ocurre en la valoración ya indicada principio de la razón suficiente). La defensa se siente agraviada por los vicios descritos, ya que al dictarse la sentencia impugnada se cometieron errores in procedendo que vician el fallo, constituyendo en definitiva la violación a las reglas de la sana crítica falta de fundamentación, y por haberse producido dichos vicios en el acto de dictar la sentencia, no se ha efectuado en consecuencia la reclamación alguna para la subsanación de los mismos, sin embargo conllevan a la violación de derechos fundamentales de la parte que represento para llevar al convencimiento de la justicia de la decisión adoptada, entre ellos el carácter de jurisdiccionalidad (Artículo 90 párrafo primero de de ) lo que exige como desarrollo de ese carácter de jurisdiccionalidad surge la necesidad de motivación; el Principio de Legalidad (Ar.69 de de en relación al artículo 338 CPP), como requisito indispensable de la decisión judicial. Así mismo la necesidad de motivación de las resoluciones judiciales, deriva también el Derecho de Defensa y de Efectiva (ar.82, 90 de de ). La motivación de una resolución judicial es un derecho fundamental que forma parte de la tutela judicial efectiva que alude el art.82 de , interpretado sistemáticamente en relación con el art. 7.2.6 de sobre Derechos Humanos. PRETENSION: Por lo antes expuesto procede que se case la sentencia recurrida, por ser un acto realizado de manera irregular, toda vez que no observo las reglas de la sana crítica, y siendo que la estimación del presente motivo determina la nulidad de la sentencia, por lo tanto solicito, se Ordene, la devolución de los antecedentes al Tribunal de Sentencia, que deberá ser distinto, en aras de mantener imparcialidad, para que el juicio sea substanciado nuevamente de conformidad con la ley. RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR ACUSADO R. A. R. F., ARGUYENDO QUE AL DICTAR SENTENCIA CONDENATORIA EN CONTRA DE ESTE ULTIMO, EL TRIBUNAL DE INSTANCIA INOBSERVO LAS REGLAS DE EN EL PROCESO DE VALORACION DE LAS PRUEBAS.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 3) DEL CODIGO PROCESAL PENAL.-Argumenta la recurrente, en su condición indicada que en la valoración de la prueba el sentenciador no observó las reglas de la sana crítica. Estima violada las reglas de la lógica, en su Ley de Derivación, de la que se extrae el principio de , al valorar incorrectamente la deposición del testigo J. G. M. D., al afirmar que es congruente con lo manifestado por M. R. C., al referir que seis policías se cubrían el rostro con gorros..., cuando resulta evidente que las afirmaciones del primer testigo en relación a este aspecto no le da la razón. Considera que el A Quo no valoró las contradicciones de la declaración rendida por el mencionado testigo recaídas en juicio y que debían ser valoradas en la sentencia. Reprocha que no es posible que se haya podido identificar a los encausados por la voz, al participar en el hecho seis personas en un ambiente de múltiples ruidos provenientes del festival que tenía lugar en la ciudad de , y por andar los supuestos partícipes del hecho con los rostros cubiertos lo que distorsiona la voz. Considera que tampoco hay certeza de que el encausado R. A. R. fuera la persona que con un garrote causara lesiones al ofendido. Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica y sobre la cual se realiza aquel ejercicio valorativo. Ese cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate y describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el Juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y además, por qué un elemento de prueba u otro le llevan a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. Por eso debe considerarse que todo problema de violación de las normas del correcto entendimiento humano es un problema de fundamentación, las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las primeras se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica implican que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. La derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). En el presente caso las argumentaciones del censor de la sentencia impugnada se centran en que al A Quo ha valorado con carácter incriminatorio la declaración del ofendido M. R. C., a pesar de no haber coincidencia de su deposición y la rendida por otros testigos de cargo, sobre la identificación de los encausados. Esta Sala considera que no hay contradicción alguna entre la deposición del ofendido y la de los testigos de cargo, debido a que el testigo aludido no decL. que varios agentes lo hayan golpeado con sus rostros cubiertos, sino que varios agentes de policía, con sus rostros cubiertos, lo sacaron de su celda. Por lo que no existe vulneración del principio de lógica en su postulado de derivación, en virtud de haber sido valorada la declaración del ofendido en forma conjunta y armónica con el resto de la prueba legalmente incorporada al juicio. El Censor reprocha sobre la falta de aplicación de las máximas de la experiencia, conforme a las cuales no es posible que el ofendido haya podido reconocer la voz de las personas que participaban en el hecho, teniendo en cuenta que en la celda había alrededor de treinta personas. Sobre tal extremo, esta Sala no constata la inobservancia de la máximas de la experiencia, al haber decL.do probado el A Quo que “durante su detención en las celdas el señor R. C., fue objeto de violencia física y psicológica, ya que fue sacado de la celda donde se encontraba y llevado a un patio, del interior de las instalaciones de la policía preventiva, por un grupo de policías entre los que se encontraba el sub comisario R. A. R. F., y la policía femenina B. C. A. R., quienes de forma inmediata y sin motivo alguno comenzaron a golpear la humanidad de M. C., y profiriéndole expresiones degradantes y humillantes, quien además se encontraba con grilletes colocados en su manos y le decían que se hincara y como se negaba a hacerlo e1 sub comisario R. F., usando un garrote le pegaba en sus extremidades interiores, al grado que perdió el conocimiento, y a consecuencia de tales golpes le produjeron fracturas en los tobillos de ambas piernas.” Lo anterior, en virtud, que se ha probado que la acción imputada a los encausados no se hizo en el interior de las celdas, sino en el patio de la jefatura metropolitana de y es una máxima de la experiencia por el contrario, que las únicas personas con acceso autorizado a los detenidos son los propios agentes de policía, asimismo que no es difícil, ni imposible reconocer a una persona por su voz, al ser el oficial de policía R. A. R. F., una persona conocida en el pueblo por el ofendido y testigos, y por ser la persona que portaba un bate con la leyenda de “cero tolerancia”; y a la policía femenina B. C. A. R., al ser reconocida por su voz, contextura física y por ser la persona que tiró agua al ofendido cuando lo estaban golpeando. Esta Sala considera que la declaración del ofendido fue debidamente corroborada por las deposiciones de los testigos de cargo J. J. M. y M. O. M., con respecto a la identificación por la voz y demás aspectos relevantes de la persona del encausado R. A. R. F., portar un bate en la mano y que junto a otros policías propinó golpes al ofendido hasta causarle fracturas en ambos tobillos, cuando este se encontraba sujeto con grilletes. No cabe duda alguna a esta Sala sobre la debida identificación de los encausados R. A. R. F., y B. C. A. R., por parte del ofendido y demás testigos de cargo, como las personas que entre otros participaron en los hechos sometidos a juzgamiento. Por lo expuesto, el motivo de casación invocado por el recurrente es desestimado. SEGUNDO MOTIVO: QUEBRANTAMIENTO DE FORMA POR INCONGRUENCIA ENTRE LAS PRETENSIONES DE LAS PARTES. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 numeral 6) del Código Procesal Penal. DESCRIPCION DEL VICIO: es incongruente con las pretensiones de las partes en violación para los efectos del presente motivo a la norma contenida en el Artículo 337 del Código Procesal Penal que en lo pertinente establece: “La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean las descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de ésta, ni calificar los hechos, en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas”, Así mismo el incumplimiento de lo anterior trae como consecuencia la imposición de la pena concreta que sobrepasa los pedidos de las partes y el límite objetivo fijado en el auto de apertura a juicio que violenta el principio acusatorio cuya consecuencia es precisamente la exigencia de congruencia que rige en el proceso según las normas del Código Procesal Penal. del proceso no se limita a la sola indicación de cuál es el trámite a seguirse para llevar a juicio o sobreseer al ciudadano perseguido penalmente por el Estado, constituye por el contrario, la manifestación externa de cómo harán valer las pretensiones y derechos las partes, de tal manera que a través de ella es posible determinar el OBJETO y los SUJETOS del proceso, y consecuentemente también el delito por el cual se va a juzgar. De tal manera que la exigencia del ya mencionado artículo 337 del Código Procesal Penal es una consecuencia del derecho de inviolabilidad de la defensa y del debido proceso, toda vez que la acusación formulada por el actor penal es el límite objetivo del proceso, es decir el límite fáctico al que puede referirse la sentencia, y el delito fijado en el auto de apertura a juicio es parte de ese límite. Es imposible exigir que los datos fácticos de la sentencia concuerden literalmente con los de la acusación, pero la variación puede ser sobre elementos intrascendentes, pero no sobre elementos relevantes para incriminar la conducta del que se está juzgando, como sucede en el caso de autos, y que se ha manifestado dicha incongruencia no solo en la inclusión de elementos trascendentes que incriminan la conducta de mis representados, si no más allá, el haber determinado el Tribunal de Sentencia la imposición de una pena a los imputados que trasciende el límite objetivo del proceso que se fijó también a través del auto de apertura a juicio. Si el proceso judicial es un método racional de debate, de tal manera que debe haber una exacta relación o correspondencia (concordancia) entre, la pretensión del actor, la oposición del demandado los elementos de prueba válidamente colectados e incorporados y la decisión del tribunal.-Esta concordancia recibe el nombre de “congruencia”, a la que Ayarragay y, define como “un principio normativo que limita facultades resolutorias del juez, por el cual debe existir identidad entre lo resuelto y controvertido, oportunamente, por los litigantes, y en relación con los poderes atribuidos en cada caso al órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico. No obstante que en general siempre se hace referencia a lo concordancia entre la pretensión y la sentencia, la congruencia es una exigencia lógica que está. presente en todo el proceso uniendo entre si a las distintas etapas que lo componen.- Así, ha de haber concordancia (congruencia) entre la pretensión y la oposición (resistencia).-También ha de haber congruencia entre los hechos afirmados por las partes como fundamento de sus respectivas posiciones y los elementos de prueba válidamente colectados e incorporados.- También ha de haber congruencia entre la acción deducida y la sentencia; una congruencia interna en la sentencia misma y, finalmente, debe existir concordancia entre la sentencia y su ejecución.- Hemos de entender para los efectos del presente motivo, que debe haber congruencia entre la pretensión, la oposición (resistencia), los elementos de prueba válidamente colectados y la decisión jurisdiccional, desde que esta debe ser dirigida, exclusivamente a las partes del proceso (actor y demandado) secundum allegata et probata, esto es, dando especifica respuesta a lo alegado y acreditado por las partes, y los límites propios que se fijan al Tribunal al establecer que es lo que se ha de Juzgar que viene establecido en el caso por el auto de apertura a juicio. Veamos que en la descripción de los hechos contenidos tanto en la formalización de acusación efectuada por el Ministerio Público, el representante acusador privado y el auto de apertura a juicio. El Ministerio Público fijo como hechos, a los cuales se adhirió el acusador privado (folio 26 frente y vuelto de la primera pieza de autos seguidos ante el Juzgado Primero de Letras del departamento de … los siguientes:“El día seis de agosto del año dos mil cinco cuando el ofendido M. R. C. M. andaba en el carnaval del Festival de … en el Barrio … de esta ciudad, como a eso de las diez y media de la noche fue detenido por agentes de Preventiva y cuando iban pasando frente al Banco de … supuestamente por escándalo público quienes lo registraron y lo introdujeron a los predios de donde un oficial de apellido F. le pidió su identificación, cuando el ofendido le preguntó la razón de las mismas, le contestó que cual escándalo público y cual estado de ebriedad, fue cuando ordenó que lo llevaran a las celdas de la misma policía, dos horas después de su detención unos policías comenzaron a echar agua en la bartolina donde estaba detenido, por los que los policías por lo que los detenidos se molestaron y comenzó una discusión entre policías y detenidos por lo que uno de los policías alumbró con un foco, como buscando a alguien y fue cuando sacaron a M. R. C. M. y a otro muchacho de nombre Jeremías a quienes golpearon y enchacharon y los volvieron a meter a una bartolina, fue cuando el detenido por un momento perdió el conocimiento y al rato le quitaron las chachas y fue en ese momento que se dio cuenta que no podría caminar y fue hasta el día siguiente 7 de agosto del 2005 como a las siete de la mañana que sentía dolor en todo su cuerpo y en sus extremidades inferiores, por lo que decidió quitarse las botas color negro y un primo de nombre M. M. le ayudo a quitárselas y junto otro detenido de nombre L. le ayudaron a pararse. Hechos que igualmente fueron tomados en cuenta a efecto de dictar el auto de apertura a juicio: cuestionada en cuanto a los hechos declarados probados se determina (lo resaltado es nuestro): “Que en horas de la noche del día cinco de agosto del año dos mil cinco, en la ciudad de …, Departamento de …, mientras se celebraba el festival de …, el señor M. R. C. en compañía de un pariente suyo, fueron detenidos por una patrulla de agentes de Preventiva la cual era conformada entre otros por la agente femenina B. C. A. en cumplimiento de una orden verbal del Sub Comisario de A. R. F. a causa de una supuesta denuncia de dos señoras, de que el mencionado M. C. y la persona que lo acompañaba hacia escándalo en la vía pública consistente en manosearle los glúteos, motivo por el cual fueron conducidos a una de las celdas de Numero Diez de la ciudad de …, ocurriendo que durante su detención en las celdas el señor R. C. fue objeto de violencia física y psicológica, ya que fue sacado de la celda donde se encontraba y llevado a un patio, del interior de las instalaciones de la policía preventiva, por un grupo de Policías entre los que se encontraba el Sub Comisario R. A. R. F. y la policía femenina B. C. A. R. quienes de forma inmediata y sin motivo alguno comenzaron a golpear la humanidad de M. C. y profiriéndoles expresiones degradantes y humillantes quien además se encontraba con grilletes colocados en sus manos y le decían que se hincara y como se negaba a hacerlo el Sub Comisario R. F. usando un garrote le pegaba en sus extremidades inferiores al grado tal que perdió el conocimiento, y a consecuencia de tales golpes le produjeron fracturas en los tobillos de ambas piernas.” De acuerdo a lo descrito, y especialmente en lo resaltado, el Tribunal al hacer las consideraciones fácticas incluyo circunstancias que no están contenidas en la descripción de los hechos fijados por en el auto de apertura a juicio, circunstancia esta que el Tribunal considera relevante para incrementar la conducta de mis representados es decir R. A. R. F. y B. C. A.. Como se ve, el Tribunal introdujo al proceso las circunstancia FACTICAS penalmente relevantes no descritas en la acusación (Audiencia Preliminar), mismas que deben de ser consideradas a efecto de determinar las conductas analizadas, puesto que son varios los imputados, el proceso obliga a individualizar desde la formalización de la acusación la conducta realizada por cada una de ellos, a efecto de garantizar de que se están defendiendo en forma particular de hechos concretamente imputados, y en ese sentido el Tribunal ha incluido las circunstancias de hecho que se han resaltado por nuestra parte en la declaración de hechos probados, incluso al dictar una sentencia condenatoria que no corresponde al limite objetivo fijado para la realización del juicio. Se denuncia en ese sentido, la inobservancia de las normas que el Código Procesal Penal que establece bajo pena de nulidad, en tanto el hecho acreditado en la sentencia resulta diverso, en aspectos fundamentales, al intimado y al fijado en el auto de apertura a juicio, infringiéndose el principio de congruencia.-Si bien es cierto, el Tribunal puede variar la calificación jurídica imputada, si no corresponde con los hechos imputados, ello no implica que debe adecuar los hechos a la calificación jurídica que se imputa, y menos condenar más allá de ese límite objetivo fijado en el auto de apertura a juicio. La base fáctica fue variada en aspectos trascendentales resaltados en la declaración de los hechos probados fijados por el Tribunal, circunstancias estas que son hechos no comunes el relatado en la acusación original y más aun en las circunstancias resaltadas incluso contienen términos jurídicos que no describen hechos como por ejemplo al referir “violencia física y psicológica”, en violación al mandamiento del artículo 338 del Código Procesal Penal. Este defecto torna incongruente la relación entre acusación y sentencia, puesto que lo anterior ha tenido trascendental importancia en la imposición de la pena violentando como se ha dicho el límite fijado en el auto de apertura a juicio. Ahora veamos cual fue el límite objetivo del proceso fijado por el Juzgado Primero de Letras del Departamento de … en cuanto límite jurídico para condenar a los imputados: Según el auto de apertura a juicio el Juzgado Primero de Letras del Departamento de …, dictó resolución en fecha siete de junio del año dos mil siete mediante la cual en su PARTE DISPOSITIVA resolvió:“DECRETAR: AUTO DE APERTURA A JUICIO: en las presentes diligencias seguidas contra R. A. R. F., J. L. L. R., R. A. H., J. H. S. M., B. C. A. R. Y J. I. C. O., Y J. E. A. P., Y J. A. M. R., por estimar su probable autoría en el Delito de Detención Ilegal en perjuicio del señor M. R. C. M. y contra el Ejercicio del los Derechos Garantizados por de ocurrido en (06) de agosto del año dos mil cinco (2005) aproximadamente como a las diez y media de la noche, en el Barrio … de esta ciudad de …, Departamento de …. - — Según el acta del juicio oral y público (ver pág. 2 vuelto y 3 frente) se produjo un incidente en relación a los aspectos relacionados a la calificación, jurídica, cuando precisamente se realizó la formalización de la sentencia y el Tribunal de Sentencia en ese momento y luego del debate de las partes, de manera atinada dicta resolución mediante la cual deja claro que el juicio se ventila por el DELITO DE DETENCION ILEGAL y transcribo literalmente su decisión al respecto: no se admite la ampliación hecha por el MP y esta causa se ventilará por el DELITO DE DETENCIÓN ILEGAL... “. La condena que hace el Tribunal de Sentencia según la resolución cuestionada en su parte resolutiva y resalto su decisión para los efectos del presente recurso en los numerales del QUINTO al SEPTIMO: “QUINTO: Condenar al acusado R. A. R. F. cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable penalmente de los DELITOS COMETIDOS POR LOS FUNCIONARIOS CONTRA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS GARANTIZADOS POR y M. R. C. en su numeral 1 (Detención Ilegal). Imponiéndole una pena de TRES (3) AÑOS DE RECLUSION y una MULTA DE CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L. 50,000.00) con las accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil a trabajos en obras públicas o labores dentro del centro penal, de acuerdo a que lo regula, lo anterior durante el tiempo de duración de la pena principal que deberá cumplir en de Comayagua, departamento de Comayagua”. SEXTO: Condenar al acusado R. A. R. F. cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable penalmente de los DELITOS COMETIDOS POR LOS FUNCIONARIOS CONTRA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS GARANTIZADOS POR y M. R. C. en su numeral 3 (VEJACIONES) en consecuencia le impone la pena de TRES (3) AÑOS DE RECLUSION y una MULTA DE CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L. 50,000.00) con las accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil a trabajos en obras públicas o labores dentro del centro penal, de acuerdo a que lo regula, lo anterior durante el tiempo de duración de la pena principal que deberá cumplir en de Comayagua, departamento de Comayagua”. SEPTIMO: Condenar a la acusada B. C. A. R. cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas; como autor responsable penalmente de los . RECLUSION y una MULTA DE CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L. 50,000.00) con las accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil a trabajos en obras públicas o labores dentro del centro penal, de acuerdo a que lo regula, lo anterior durante el tiempo de duración de la pena principal que deberá cumplir en de Comayagua, departamento de Comayagua”. El principio acusatorio, en su exacta formulación, del cual deriva precisamente la necesidad de congruencia, supone que nadie puede ser condenado sin que se haya formulado debidamente una acusación contra él, y asimismo exige la separación total entre quien acusa y quien juzga. Se trata de un principio estructural del proceso penal, el cual se ha de configurar conforme al mismo, de forma que la acusación debe existir y ha de ser sostenida por alguien distinto del Juez o Tribunal, al que corresponde resolver, con imparcialidad e independencia, sobre la pretensión acusatoria que igualmente está limitada en el nuestro caso por el auto de apertura a juicio. Ello produce como consecuencia necesaria la exigencia de una correlación entre acusación y sentencia, pues el límite máximo de la sentencia vendrá constituido por el contenido de la acusación y el auto de apertura a juicio en este caso como ya se ha reiteradamente aludido, y que en el caso en concreto el Tribunal de Sentencia lo decreto también en concordancia al auto de apertura a juicio por el Delito de Detención Ilegal. Nadie puede ser condenado si no se ha formulado contra él una acusación de la que haya tenido oportunidades de defenderse de manera contradictoria, lo que obliga al Tribunal a pronunciarse sobre los términos del debate tal y como hayan sido formulados por la acusación y la defensa. Ello significa, además, que ha de existir una correlación entre la acusación y el fallo. Esta correlación se manifiesta en la vinculación del Tribunal a algunos aspectos de la acusación como ya se ha indicado, concretamente a la identidad de la persona contra la que se dirige, que no puede ser modificada en ningún caso; a los hechos que constituyen su objeto, que deben permanecer inalterables en su aspecto sustancial como también ya se ha indicado, aunque es posible que el Tribunal añada elementos circunstanciales no trascendentes, pero si se vulnera cuando son trascendentes como ha ocurrido en este caso y se ha indicado en el presente motivo, esos datos no trascendentes pueden incorporarse cuando permitan una mejor comprensión de lo sucedido según la valoración de la prueba practicada; y a la calificación jurídica, de forma que no puede condenar por un delito más allá del auto de apertura a juicio, como se ha vulnerado con la decisión del Tribunal de Sentencia. La cuestión de la vinculación a la pena interesada por las acusaciones el Tribunal sentenciador no puede imponer pena más allá a la que se ha fijado en el auto de apertura a juicio ni superior a la pedida en concreto por las acusaciones, cualquiera que sea el tipo de procedimiento por el que se sustancie la causa”. El principio acusatorio, por lo tanto, contiene una prohibición dirigida al Tribunal de introducir hechos por el Tipo Penal de Detención Ilegal, sin embargo el Tribunal condena a R. A. R. F. tanto por el DELITO DE DETENCION ILEGAL y además lo condena por el DELITO DE VEJAMENES, y condena a B. C. A. por el DELITO DE VEJAMENES, y lo anterior fue fundamentado en base a los hechos incluidos por el Tribunal en la declaración de hechos probados y sobrepasando el límite que ellos mismos habían reconocido al inicio del Juicio cuando se hizo la formalización de la acusación por parte del Ministerio Público. Tal decisión puede infringir el principio acusatorio y consecuentemente la exigencia de congruencia al actuar el Tribunal más allá de lo pedido por la acusación en cuanto a la pena y a lo reconocido por el auto de apertura a juicio, y también vulnera el derecho de defensa pues el acusado organiza su defensa más en función de la acusación, y no de una eventual agravación de la clase que sea procedente del Tribunal. Se había mantenido que se permitía imponer una pena mayor a la concreta que la solicitada por las acusaciones siempre que se motive suficientemente y cuando sea impuesta dentro de los límites legales establecidas pus la vinculación del Tribunal deriva de la ley y no de la peticiones de las partes y la individualización de la pena corresponde únicamente al Tribunal y no a la acusación. Esta posición determina que el principio acusatorio no exige la vinculación estricta del Juzgador a las calificaciones jurídicas y al petitorio de las partes si no al hecho objeto del juicio del fallo sea aquel sobre el que se haya sostenida la acusación, puesto que el objeto del proceso no es un crimen, si no un factum que debe entenderse respetado cuando el órgano jurisdiccional se atiene al hecho posible objeto de la acusación (lo cual tampoco ocurre en este caso, tal como se ha denunciado) sin incurrir se decía, en incongruencia aunque se imponga una pena cuantitativamente superior a la pedida por el acusador, en este argumento se sostiene que el Tribunal estará vinculado a la pena en abstracto que corresponde al delito imputado por la acusación (y fijado por el auto de apertura a juicio que también fue sobrepasado) o que el límite se encuentra en la pena concreta solicitada por las acusaciones. De modo que según se decía se queda restringido la penas no solamente al factum si no a la misma calificación jurídica y dentro de esta tanto al título del delito como a la propia petición punitiva la más grave de las acusaciones. Cierto es que con respecto a la calificación jurídica han de tenerse en cuenta los conceptos de identificación fáctica, homogeneidad en la calificación jurídica (fijada igualmente por el auto de apertura a juicio en este caso: detención Ilegal) siendo igualmente relevante la vinculación y respeto a la pena en concreto solicitada. Se ha sostenido que no procede tal vulneración cuando el Tribunal se aparta de la concreta petición del acusatorio y desborda tal petición, siempre en el correspondiente tipo penal, si aquel motiva justificadamente tal elevación en consideración atinente al caso enjuiciado. Sin embargo esta postura ha sido superada, ya que el Tribunal no puede imponer una pena superior a la pedida ni sobrepasar el límite ya fijado (como se ha dicho en el auto de apertura a juicio), siendo en el caso en concreto precisamente el DELITO DE DETENCION ILEGAL, decisión tomado tanto en la audiencia preliminar como en el inicio del juicio oral y público y previo el debate de las partes. Se funda tal argumento en la estructura del proceso acusatorio, en donde es necesaria la neta separación entre acusar y incriminando a los imputados al condenarlos más allá del limite objetivo del auto de apertura a juicio (detención ilegal) sin tener en cuenta las peticiones concretas de la acusación y del límite fijado como se ha dejado claro, lo anterior en grave quebranto de los principios que informan el proceso penal moderno, en ese sentido establecemos el principio acusatorio, que responde a la verdadera filosofía legal y estructura del proceso penal, y no es posible determinar que la motivación pueda convalidar la vulneración de tal principio, que conlleva precisamente a la exigencia de la congruencia, cuando es el propio Tribunal que desborda el umbral de lo pedido por las acusaciones y fijado por el objeto del proceso. Quien justifica la razón de tal comportamiento pues entonces abre el quiebre del principio de defensa ya que eso obvia las razonas aducidas por el Juzgador que no han sido discutidas por las partes y no pueden tener oportunidad de refutarlas, en tal sentido la oportunidad de debate o contradicción es la esencia del principio, en ese sentido lo que resulta esencial del principio acusatorio y por lo tanto de la congruencia es que el acusado tenga la oportunidad cierta de defenderse de una acusación, en un deber de contradictorio con la acusación, de modo que el marco de la acusación penal que sirve de presupuesto al principio acusatorio no puede consistir solamente en la calificación delictiva que ha sido desbordada en el caso en concreto, si no en la propia penalidad solicitada que condiciona las expectativas del derecho de defensa y los concretos mecanismos que lo relacionan (como por ejemplo en este caso la posibilidad de argumentar sobre el concurso, forma de cumplimiento d la pena, etc. ) y desde un plano de legitimación de la postulación procesal y correlativa reacción punitiva que no corresponde al Tribunal sentenciador si no a las acusaciones en el mismo seno del. juicio oral porque siendo este el arsenal donde el acusador y acusado deben tomar sus propias armas de combate y defensa y el Tribunal su respeto a los límites fijados por el proceso, los cuales como ha quedado evidenciado fueron desbordadas por el Tribunal de Sentencia, puesto que al incluir elementos trascendentes que no estaban contenidos en la formalización de la acusación n la declaración de hechos probados ha dictado sentencia condenatoria que sobrepasa el límite contenido por el auto de apertura a juicio, y la concreta pena solicitada por las partes, todo en perjuicio de los acusados. PRETENSION: Por lo antes expuesto procede que se case la sentencia recurrida, por ser un acto realizado de manera irregular, toda vez que los defectos denunciados tornan incongruente la relación entre acusación y sentencia, y siendo, „que la estimación del presente motivo determina la nulidad de la sentencia, por lo tanto solicito, se ordene, la devolución de los antecedentes al Tribunal de Sentencia, que deberá ser distinto, en aras de mantener imparcialidad, para que el juicio sea substanciado nuevamente de conformidad con la ley. RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LOS ACUSADOS R. A. R. F. Y B. C. A. R., ARGUYENDO QUE DICTADA POR EL TRIBUNAL DE INSTANCIA NO ES CONGRUENTE CON LAS PRETENSIONES FORMULADAS POR LAS PARTES.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 6) DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- Argumenta el recurrente que la sentencia es incongruente con las pretensiones de las partes en tanto que ha inobservado el artículo 337 del Código Procesal Penal, en tanto que el Tribunal de Instancia ha impuesto una pena concreta que sobrepasa la solicitada por las partes, el límite objetivo fijado en el auto de apertura a juicio, y con ello el principio acusatorio. Refiere que la etapa intermedia del proceso determina el objeto y sujetos del proceso, y consecuentemente el delito por el cual se va a juzgar. El Censor alega que en el presente caso se ha manifestado la incongruencia de la sentencia con la inclusión de elementos trascendentes que incriminan la conducta de los acusados, y que no fueron oportunamente objeto de debate y por lo tanto del contradictorio, así como también al haberse impuesto una pena que trasciende el límite objetivo del proceso. Añade el casacionista, que la concordancia recibe el nombre de “congruencia”, que Ayarragay define como “un principio normativo que limita facultades resolutorias del juez, por el cual debe existir identidad entre lo resuelto y controvertido, oportunamente, por los litigantes, y en relación con los poderes atribuidos en cada caso al órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico”. Considera que el Ministerio Público fijó los hechos, a los cuales se adhirió el acusador privado, los que fueron tomados en cuenta a efecto de dictar el auto de apertura a juicio. Esgrime que en impugnada el A Quo declara probados hechos y circunstancias que no están contenidas en la descripción de los hechos fijados en el auto de apertura a juicio, sobre la conducta de los encausados R. A. R. F. y B. C. A.. Estima que el A Quo introdujo al proceso las circunstancias fácticas relevantes no descritas en la acusación (Audiencia Preliminar), mismas que deben de ser consideradas a efecto de determinar las conductas analizadas e incluido circunstancias de hecho que se han resaltado en una sentencia condenatoria que no corresponde al limite objetivo fijado para el juicio. Denuncia la inobservancia de normas que el Código Procesal Penal establece bajo pena de nulidad, en tanto que el hecho acreditado en la sentencia resulta diverso, en aspectos fundamentales, al intimado y al fijado en el auto de apertura a juicio, infringiéndose el principio de congruencia.- Asegura que la base fáctica fue modificada en aspectos trascendentales tal como resulta del contenido de los hechos probados fijados por el A Quo, defecto que torna incongruente la sentencia respecto a la acusación. El recurrente sostiene que en el caso bajo examen resulta vulnerado el principio acusatorio, que en su exacta formulación, supone que nadie puede ser condenado sin que se haya formulado debidamente una acusación contra él, y exige la separación total entre quien acusa y quien juzga, que ha de existir una correlación entre la acusación y el fallo. Refiere que el principio acusatorio, contiene una prohibición dirigida al Tribunal de introducir hechos por el Tipo Penal de Detención Ilegal, sin embargo, el Tribunal condena a R. A. R. F. tanto por el DELITO DE DETENCION ILEGAL como por el DELITO DE VEJAMENES, y condena a B. C. A. por el DELITO DE VEJAMENES, en base a los hechos declarados como probados, sobrepasando el límite que los Jueces de Instancia habían impuesto al inicio del Juicio. Esta Sala de lo Penal, recuerda que el principio de congruencia indica que “en la sentencia no se pueden dar por acreditados otros hechos y otras circunstancias que los descritos en la acusación…la sentencia condenatoria que se dicte debe ser consecuencia del juicio y enmarcado en los límites fijados por la acusación.”. En los similares términos, Ortells Ramos “pone de relieve las dos dimensiones de ésta correlación: a) como fundamento del deber judicial de pronunciamiento exhaustivo; y b) como límite de la potestad judicial de resolución”….más adE.nte: ”El Juzgador -escribe Ortells Ramos- no puede, en virtud del principio acusatorio, resolver más que sobre el objeto (u objetos) del proceso propuestos por el acusador y respecto de la persona que ha sido acusada por este, pero, por otro lado, tampoco puede introducir sorpresivamente en la sentencia cuestiones que no han sido objeto de debate contradictorio en juicio, porque “si, aunque la cuestión resulte de lo actuado en el juicio oral, solo es formalmente planteada al ser apreciada de oficio en la sentencia, el principio de contradicción puede sufrir detrimento, por haber pasado la cuestión desapercibida para las partes”.9. En el caso de autos, el objeto del litigio, construido desde la primera instancia lo ha determinado el ente acusador al fijar el hecho que ha de ser sometido a juzgamiento e individualizar a los encausados de la imputación criminal. Esta Sala observa que los hechos declarados probados son esencialmente los mismos descritos por las partes acusadoras al formalizar la acusación en contra de los encausados R. A. R. F. y B. C. A. y por la que se han defendido, factum que el A Quo ha calificado de forma distinta a la planteada por dicha acusación. No se estima infringido el Principio de “Congruencia o Correlación de y la entencia, dispuesto en el artículo 337 del Código Procesal Penal, en tanto que la facultad de calificar los hechos fijados por el acusador es una atribución exclusiva del órgano jurisdiccional, siempre que con la nueva calificación del factum decL.do probado por el Juzgador no se agrave la pena solicitada por el acusador. En el Presente caso, el A Quo ha condenado a los imputados por DELITOS COMETIDOS POR LOS FUNCIONARIOS CONTRA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS GARANTIZADOS POR , que no excede ninguno de ellos, la pena solicitada por el acusador en el caso de Detención Ilegal, en tanto que nuestra legislación penal establece esta misma pena, por el de Vejaciones, al tratarse de distintas variables o hipótesis de un mismo tipo Penal. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala declara sin lugar el motivo de casación invocado por el recurrente. Esta Sala de lo Penal observa que el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, cometió un error consistente en haber otorgado el beneficio de la suspensión condicional de la pena al imputado R. A. R. F., toda vez que habiendo sido condenado este último, en concurso real, a la pena de seis (6) años de reclusión, inobservó lo dispuesto en el artículo 70 No. 1) del Código Penal, al tenor del cual se establece que en la sentencia condenatoria los tribunales podrán suspender la ejecución de la pena por un período de cinco (5) años tratándose de delito, si concurrieren los siguientes requisitos “1) Que la condena consista en privación de la libertad que no exceda de tres años...”. Sin embargo al no haber sido alegado ese extremo por el Ministerio Público recurrente, esta Sala no puede modificar la sentencia de mérito en atención a lo prescrito en el artículo 350 del Código Procesal Penal en cuanto que “la sentencia que resuelva un recurso sólo podrá recaer sobre las cuestiones que hayan sido objeto de impugnación”. No obstante la imposibilidad de anular la sentencia en dicho extremo, esta Sala hace un enérgico llamado de atención para que tome nota el Ministerio Público y el Tribunal de Sentencia en orden a que en lo sucesivo, este tipo de yerros no se den, en procura de la estricta observancia del principio de legalidad. POR TANTO: de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de de , 1 de de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 359, 360, 361 y 362.1.3.4 y 6 del Código Procesal Penal.- FALLA: I.- Declarando SIN LUGAR el recurso de casación por Infracción de Ley, en sus dos motivos; y de Quebrantamiento de Forma, en sus dos motivos, interpuesto por del Ministerio Público; II.- Declarando sin lugar el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, en sus dos motivos, interpuesto por de los encausados, contra la sentencia pronunciada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en fecha doce (12) de mayo de dos mil nueve (2009).- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales pertinentes.- REDACTÓ EL MAGISTRADO C. VALLECILLO.-NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID C. VALLECILLO.- COORDINADOR.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de enero del año dos mil doce.- Certificación de la sentencia de fecha treinta de noviembre del año dos mil once, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-297-2009. LUCILA CRUZ MENENDEZ SECRETARIA GENERAL