Sentencia CP-276-08 — Registro 2154
Resumen
En primera instancia se condena al imputado por el delito de abuso de autoridad.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL MOTIVO UNICO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO POR LA DEFENSA.- I.- El recurrente plantea, que los juzgadores incurrieron en Infracción por aplicación indebida de los artículos 13 y 349.2 del Código Penal, en relación con el párrafo segundo del artículo 18 de la Ley General de Minería, ya que el acusado no conocía esos elementos típicos del delito de Abuso de Autoridad, y que en su condición de funcionario no expidió autorizaciones contrarias a la ley de minería, ya que no podía querer realizar algo que no conocía, entendiendo que las autorizaciones las extendía de conformidad a lo que autorizaba la ley, sin que haya quedado establecido que se actuó con dolo.- II.- La Sala de lo Penal, ha realizado un análisis de los hechos probados de la sentencia recurrida, los cuales resultan inalterables en Casación, confrontándolos con la norma penal sustantiva aplicada por el Tribunal A-quo, que se refiere al tipo penal de Abuso de Autoridad, la que el impetrante argumenta que el juzgador no debió calificar como dicho delito; se debe recordar que “la aplicación indebida” es una especie de Casación por Infracción de Ley, consistente en la invocación por los sentenciadores de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad que aparece consignada en los hechos probados, de tal forma que se aprecia la incongruencia entre el factum de la sentencia y la norma penal que se asigna, por lo que la infracción se produce al citar y fundamentar el fallo con una norma extraña a los hechos estimados probados.- III.-La Sala de lo Penal ha reiterado que: “El delito de Abuso de Autoridad es uno de los tipos penales más abiertos que se regulan en nuestra normativa penal, ello obliga a que en cada caso concreto se deba hacer un exhaustivo análisis a fin de hacer una aplicación circunscrita a las exigencias propias del principio de legalidad y la exigencia de taxatividad que impone el mismo, al amparo de su extensa amplitud conceptual el objeto de tutela penal en el delito de Abuso de Autoridad lo es la administración pública, que busca tutelar la actuación del Estado, pues el bien jurídico protegido dentro de los delitos contra la administración pública, es el correcto y adecuado funcionamiento de las diferentes actividades de prestación que brinda el Estado a través de la administración pública, en consecuencia, el derecho penal aparece en su manifestación fragmentaria y de última ratio cuando se dan aquéllas conductas graves que afectan el normal y buen desarrollo de la administración pública”.(véase sentencia 56-2005 del 26 de agosto del 2009).- En el presente caso que nos ocupa, para los juzgadores la norma infringida por el acusado y que da lugar al delito de abuso de autoridad de conformidad a lo regulado en el artículo 349 numeral 2 del Codigo Penal, es el artículo 18 de la Ley General de Minería, que en su segundo párrafo establece “La autorización para la explotación de depósitos aluviales no metálicos, de arcillas superficiales, arena, roca y demás sustancias aplicables directamente a la construcción, será de competencia exclusiva de las municipalidades cuando la extracción no exceda de 10 metros cúbicos diarios, la explotación de volúmenes superiores requerirán de la autorización de concesión minera”.-Precisamente, en el Recurso que se conoce debe verificarse en el relato de hechos probados la concurrencia estricta de la norma penal calificada, así con respecto al hecho probado número uno en relación a las autorizaciones extendidas por el acusado a dos empresas privadas para la extracción para cada una de diez metros cúbicos diarios de material pétreo, esta Sala de lo Penal, considera que dicha autorización no infringe lo establecido en el artículo 18 de la Ley General de Minería, ya que el A- quo yerra en la interpretación de dicha norma al motivar de forma restrictiva que los diez metros cúbicos diarios no podrán autorizarse de forma general o recaer en una o varias empresas siempre que en suma no superen el límite de los metros cúbicos ya mencionados.- Es entendible que la extracción indiscriminada de material de la orilla de los ríos sin el control debido, ocasiona daños al ecosistema y al medio ambiente, pero, interpretando la norma mencionada en el caso concreto y en relación a las dos empresas privadas autorizadas, a éstas les fue concedido un permiso de extracción de material consignándose el límite diario establecido en la ley, y aunque dicha autorización fue extendida a cada una de ellas, no está acreditado en el factum que dichas empresas hayan ejecutado las extracciones mencionadas, o que las mismas hubiesen excedido el límite de metros autorizados, sino únicamente esta probado la emisión de los permisos respetando el límite diario fijado en la ley, pero sin que quedase probado la ejecución de la extracción del material pétreo, no siendo posible establecer la infracción a la ley de minería o el abuso que lesionó o que haya puesto en peligro concreto o abstracto el bien jurídico tutelado en la norma penal aplicada, la administración pública.- IV.- Si se analizan los cuadros fácticos segundo y tercero, en cuanto a los elementos “objetivos del tipo” se aprecia que la conducta del acusado J. A. P., es contraria a la norma anterior en lo que respecta a la autorización que extiende a la Secretaría de …, al no consignarse en la misma la cantidad límite de material pétreo a extraer de la cuenca del Río … en …, …, para ser utilizado en la reparación de una calle de acceso a una represa, extrayéndose por parte de dicha dependencia gubernamental, cantidades arriba de los diez metros cúbicos establecidos, lo que objetivamente contraría el artículo 18 de la Ley de Minería en sus elementos descriptivos y normativos, por el dictado de ordenes contrarias a las leyes.- Pero al continuar con el análisis de los elementos subjetivos del tipo doloso, para poder determinar la aplicación del delito de Abuso de Autoridad, se debe recordar que el delito es doloso cuando el resultado responde a la intención que se tuvo al ejecutarlo, (Dolo directo), o cuando el autor está obligado a saber que como consecuencia de su actuar exista la posibilidad de que se produzca un efecto dañoso constitutivo de delito, aceptándose las consecuencias que del mismo se deriven (Dolo eventual).- Así, la doctrina entiende que: “Es correcto exigir para el dolo eventual que pueda hablarse de un verdadero -querer como aceptar-. También es acertado señalar que para ese aceptar el -conformarse con-, que no requiere tanto como desear, perseguir aprobar o consentir con agrado. Pero dicha forma de querer concurre necesariamente siempre que se impulsa o mantiene voluntariamente (o, si se prefiere, siempre que se decide llevar adelante) la conducta que se advierte como suficientemente peligrosa en el caso concreto”.- (Véase MIR PUIG, Derecho Penal, Parte General, 8 edición, 2da reimpresión, Editorial IB de F, Montevideo-Buenos Aires, 2009, pg. 266).- V.- Si bien el acusado al autorizar a …, la extracción del material aludido, no consigna la cantidad permitida a extraer; no queda claro la intención y voluntad de ejecutar la conducta constitutiva del tipo penal de abuso de autoridad, dirigiéndose en cambio esa intencionalidad (querer o aceptar), a permitir que el mismo Estado a través de la Secretaría …, se hiciese del material pétreo con el objeto de realizar una obra de beneficio público como lo era el reparar una calle en la misma ciudad, sin que se establezca en el cuadro fáctico que las cantidades extraídas hayan provocado daños al Ambiente, o que dicha autorización fuese dirigida a favorecer o lucrar a persona natural o jurídica alguna, sino lo que quedó establecido claramente en el hecho probado fue que el material extraído se utilizaría para la reparación de una calle o sea para ejecución de una obra de utilidad pública, sin que pueda deducirse que la conducta del acusado sea “dolosa” ya sea de forma directa o eventual, al carecer de la finalidad subjetiva del acusado en su condición de funcionario público de “querer” incurrir en un abuso de sus atribuciones como autoridad. Invocando los sentenciadores leyes ajenas a la verdad que aparece consignada en los hechos probados, de tal forma que se aprecia la incongruencia entre el factum de la sentencia y la norma penal que se asigna, produciéndose la infracción al citar y fundamentar el fallo con normas ajenas a los hechos estimados probados, razón por la cual se declara Con Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por la defensa en su único motivo, por aplicación indebida de los artículos 18 de la Ley General de Minería, y el 13 y 349.2 del Código Penal."
Legislación citada
- Código Penal, art. 13 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 349, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil once, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los Magistrados CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, en su condición de coordinador, RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO y JACOBO CALIX HERNANDEZ, dicta sentencia conociendo los Recursos de Casación por Infracción de Ley Sustantiva y por Quebrantamiento de Forma, interpuestos contra la sentencia de fecha ocho de noviembre de dos mil siete, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual falló condenando al señor J. A. P., por el delito consumado de ABUSO DE AUTORIDAD, a la pena de TRES (3) AÑOS DE RECLUSION, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, más la pena principal de Inhabilitación Especial por el término de SEIS (6) AÑOS, y a la pena accesoria de Interdicción Civil, por el tiempo que dure la pena de reclusión; asimismo, le concedió al imputado J. A. P., la Suspensión condicional de la Ejecución de la pena de reclusión por un período de cinco (5) años.- Interpuso los Recursos de Casación por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, el Abogado J. E. S. C., Defensor del Señor J. A. P., como parte recurrente-recurrida; e interpuso un Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, la Fiscalía del Ministerio Público como parte recurrente-recurrida.- SON PARTES: El Abogado J. E. S. C., Defensor del Señor J. A. P. y el abogado J. C. S. V., en su condición de Fiscal del Ministerio Público. HECHOS PROBADOS. Primero: EI señor J. A. P., del veintidós de febrero de mil novecientos noventa y ocho hasta el treinta de mayo del año dos mil cinco, se desempeño como Jefe de la Unidad de Medio Ambiente de la Municipalidad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, autorizando a varias empresas durante ese tiempo, a extraer diez metros cúbicos diarios de material pétreo de la cuenca del Río Cangrejal y Río Bonito, a cada uno de ellas, para lo cual extendió constancias con vigencia de un mes, estando entre esas empresas E. y V.. Segundo: En fecha cinco de mayo del dos mil cinco, el señor J. A. P., en su condición de Jefe de la Unidad de Medio Ambiente, autorizo a la Secretaria de Estado en los Despachos de Obras Publicas y Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), para que extrajera material pétreo de la cuenca del Río Bonito, dentro de la Jurisdicción del Municipio de La Ceiba, Departamento de Atlántida, para ser utilizado en la reparación de la calle de acceso a la represa "La Calona” en esta ciudad, extendiendo para ello una constancia en la cual se especifico la cantidad de material a extraer, fecha en que se realizaría la extracción o fecha de vencimiento del permiso. Tercero: En fecha dieciocho de mayo del año dos mil cinco, llegaron empleados de la Secretaría de Estado en los despachos de Obras Públicas y Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) con retroexcavadoras y cinco volquetas, con capacidad de cinco metros cúbicos cada una, a la Cuenca del Rio Bonito, donde extrajeron más de diez metros cúbicos de material pétreo, para lo cual cada volqueta hizo un promedio de cinco viajes cada una. CONSIDERANDO I.- Los Recursos de Casación por Infracción de Ley Sustantiva y por Quebrantamiento de Forma, interpuestos por la defensa y el Ministerio Público, reúnen los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de los mismos.- II.- La defensa del imputado procedió a interponer los Recursos siguientes: RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE LEY.- PRIMER MOTIVO: “Infracción por aplicación indebida de los artículos 13 y 349.2 del Código Penal, en relación con el párrafo segundo del artículo 18 de la Ley General de Minería”.- PRECEPTO AUTORIZANTE: “El presente motivo de Casación se encuentra comprendido dentro del artículo 360 del Código Procesal Penal”.- EXPLICACIÓN DEL MOTIVO.- Las normas de orden sustantivo, citadas como infringidas, por su orden textual dicen: Artículo 13: El delito puede ser realizado por acción o por omisión y necesariamente debe ser doloso o culposo.-El delito es doloso, cuando el resultado responde a la intención que se tuvo al ejecutarlo o cuando el autor sabe, o está obligado a saber, que como consecuencia de la acción u omisión existe la posibilidad de que se produzca un efecto dañoso constitutivo de delito, no obstante, lo cual ejecuta el hecho y acepta, por ende, las consecuencias que del mismo se derivan”.- Artículo 349. Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: 2) Dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la República o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos”.- El párrafo segundo, de la norma extra penal citada en relación dispone: “La Autorización para explotación de depósitos aluviales no metálicos, de arcillas superficiales, arenas, rocas y demás sustancias aplicables directamente a la construcción, será de competencia exclusiva de las municipalidades correspondientes, cuando la extracción no exceda de diez metros cúbicos diarios, la explotación de volúmenes superiores requerirá de la autorización de concesión minera…”. Para efectos de la infracción de ley denunciada en el presente recurso, se hace necesario recordar que los elementos que conforman el delito han sido, a través de todas las teorías expuestas en la historia, con sus respectivas variantes: la acción, la tipicidad, la antigüedad y la culpabilidad; agregando algunos la punibilidad.- La Acción: es base de la teoría del delito. Es todo acto, todo comportamiento humano derivado, de la manifestación de voluntad, cuyos aspectos externos e internos forman parte del tipo objetivo y subjetivo.- La tipicidad: parte sustancial de todo delito, que además, es una garantía de respeto, al principio de legalidad, se divide en tipo objetivo y tipo subjetivo.- Pues bien, este último, el tipo subjetivo, requiere la comprobación de que los efectos provocados por la acción ejecutada, sean imputables al sujeto (en este caso a mi defendido) a título de dolo, elemento este que exige, a su vez, la concurrencia del conocimiento y voluntad. Es el tipo subjetivo, el que viene a limitar los efectos de la causalidad ciega y en seria crisis.- Ahora bien en el caso que nos ocupa el Tribunal Sentenciador, condenó precisamente, partiendo de los hechos de que don J. A. P., autorizo a varios empresas a extraer diez (10) metros cúbicos diarios de material pétreo de la cuenca de los Ríos Cangrejal y Río Bonito, a cada una de ellas (hecho Primero), además de autorizar a la secretaría de Estado en los Despacho de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), para que extrajera material pétreo de la cuenca del río Bonito, para ser utilizado en la reparación de la calle de acceso a la represa la “Calona” de esta ciudad (Hecho Probado Segundo), es evidente que no se afirma la concurrencia del elemento subjetivo (el dolo) del tipo penal de abuso de autoridad, si entendemos por dolo, que el resultado haya respondido a la intención que se tuvo al ejecutar el hecho, o lo que es lo mismo “Conciencia y voluntad de realizar el tipo objetivo” de abuso de autoridad. Precisamente porque al dolo le dan contenido dos elementos: intelectual y volitivo.- Respeto al elemento intelectual “para actuar dolosamente, el sujeto de la acción tiene que saber que es lo que hace y conocer los elementos que caracterizan su acción, como acción típica pues bien, en el caso examinado don J. A. P., no pudo conocer esos elementos típicos del delito de Abuso de Autoridad imputado, es decir, que en su condición de funcionario expedía autorizaciones contrarias a la ley de minerías, por lo siguiente: Primero, por el contenido del párrafo segundo de la ley de minería, que dice: “La autorización para explotación de arenas, rocas y demás sustancias aplicables directamente a la construcción, será de competencia exclusiva de las municipalidades correspondientes, cuando la extracción no exceda de diez metros cúbicos diarios, la explotación de volúmenes superiores requerirá de la autorización de concesión minera”. De lo cual se infiere un mandato categórico a favor de la autoridad municipal encargada en aquel momento por mi defendido, y que como lo afirman los hechos probados no hizo mas que autoriza a las empresas E. y V. a extraer diez metros cúbicos diarios de material e igualmente a Soptravi, para reparar una calle de la comunidad ( de acceso a la represa La Calona), de lo cual no es fácil concluir que su actuar fue contrario al citado párrafo segundo del artículo 18, si al revisar la sentencia el Tribunal se llevó una página (Folio 8 de la sentencia) tratando de explicar la interpretación que debe dársele a la indicada norma, en consecuencia, ¿Cómo entonces a un ciudadano común (J. A. P.) podía exigírsele un nivel tan erudito de interpretación? .- Segundo, desde hace muchos años ha sido derecho positivo la ley de Vías de Comunicación Terrestre, que en su artículo 12 confiere facultad a Soptravi de extraer todo material que sea necesario para la apertura, construcción y mantenimiento de las vías públicas, sin costo alguno para el Estado, lo que no sólo parece razonable, sino que ha sido el mecanismo mediante el cual se han construido todas las vías de comunicación terrestre del país, de donde resulta con mucha mas razón, que mi defendido no haya podido conocer de los elementos objetivos del delito de Abuso de Autoridad, y consecuentemente saber que emitía autorizaciones para extraer material, contrarias a la ley de minería, en tanto que existía una disposición legal, que amparaba su actuar, respecto a Soptravi, de ahí entonces que sea imposible jurídicamente hablando, afirmar la concurrencia del elemento intelectual del dolo, respecto a la conducta asumida por don J. A. P.-Tercero, con relación al elemento volitivo, “Para actuar dolosamente no basta con el mero conocimiento de los elementos objetivos del tipo, es necesario además, querer realizarlos”. Como mi cliente no sabía que dictaba una autorización contraria a la ley, conforme a lo ya expuesto, nunca pudo querer realizar la conducta típica de abuso de autoridad, ya que no podía querer realizar algo que no conocía. Pues conforme a lo arriba explicado, él entendía que las autorizaciones objetadas, las expedía de conformidad a lo que autorizaba la ley, en ese sentido, nunca quiso dictar resoluciones contrarias a la ley de minería en los términos que lo prohíbe y sanciona el artículo 349.2 del Código Penal.- Los hechos probados de la sentencia declararon como verdad indiscutible e incontrovertible que don J. A. P., autorizó a varias empresas a extraer diez metros cúbicos diarios de material pétreo a cada una de ellas, y también a Soptravi, para la reparación de la calle de acceso a la represa La “Calona”, de donde se deriva que las autorizaciones para las empresas privadas se ajustan al texto literal de lo que permite el artículo 18 de la ley de minería, que faculta a las municipalidades a autorizar extracciones de material, cuando no excedan de diez metros cúbicos diarios, y respecto a Soptravi, que es una institución pública, que utilizó el material para fines comunales, es la ley de vías de comunicación terrestre, más los convenios de Cooperación entre la municipalidad y Soptravi, uno de los cuales obra en folio 53 de los autos, donde aquella se comprometió a facilitar por medio de la unidad ambiental los permisos para la ejecución de proyectos comunitarios, lo que le permitía extender las autorizaciones lo que reafirma sin lugar a duda, que las autorizaciones no fueron ni son contrarias a la ley de minería ni al artículo 349.2 del Código Penal.- De todo lo expuesto en el presente caso, fácilmente se puede demostrar un error de tipo a nivel de tipicidad, o un error de prohibición si se sigue adelante el análisis, pero como estas clases de errores no están regulados en la legislación penal vigente, nuestro análisis está centrado a nivel del dolo que es en realidad el elemento medular del delito que en todo caso excluyen estas variantes de error, y que indudablemente se ve afectado (el dolo), al confrontar el análisis de la sentencia con la realidad de los hechos expuestas en el presente recurso.- En relación a este punto, el Maestro J. M. P. M. cuando se desempeñó como asesor del Ministerio Público, por encargo del Fiscal General de aquél momento, preparó precisamente por el alcance extensivo que se hacía del delito de Abuso de Autoridad, un documento denominado “Premisas Fundamentales”, donde hace un análisis científico del artículo 349.2 del Código Penal, y en su parte medular escribió: “…De lo anterior se desprende que este delito puede configurarse por acción o por omisión. O sea, pues, que debe darse un comportamiento en el que claramente aparezca alguna de las hipótesis antes expuestas, es decir, que el sujeto activo dicte o ejecute cualquiera de las acciones señaladas, que sean contrarias a la constitución o a las leyes, o se abstenga de cumplir lo dispuesto en cualquiera de los dos ordenamientos, estando obligado a ello.- Es importante señalar que si hasta ahí se llegara en el análisis para determinar si se ha cometido delito, los empleados y funcionarios estarían cometiendo ilícitos penales con suma frecuencia. Ejemplos: El Juez que no dicte auto de prisión o sobreseimiento inmediatamente después de la audiencia inicial; el Fiscal que no solicita el sobreseimiento el día y hora para la celebración de la Audiencia Preliminar….; Los Magistrados de segunda instancia que confirman un auto de prisión y después la Corte Suprema de Justicia, lo considera violatorio del precepto constitucional y otorga amparo; Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia que retengan un expediente arrastrado Ad-efectum videndi por más de setenta y dos horas; el policía que no le haga saber a un detenido sus derechos; en fin, los ejemplos serían incontables y las cárceles serían insuficiente para colocar a tanto funcionario o empleado.”Abusivo”.- Ahora bien, eso no podría suceder porque el tipo no se ha completado, puesto que la tipicidad no se agota con la presencia de los elementos señalados, es decir, que no basta que se produzcan hechos que se puedan subsumir en la previsión legal. ¿Qué es lo que falta? El tipo subjetivo, es decir que se establezca que se actuó con dolo, ó sea, hablando del abuso de autoridad con conocimiento del ámbito de correcto desempeño de las funciones y voluntad de no someterse al mismo. De culpa no cabe hablar porque no existe la figura culposa de este delito. Puede un funcionario dictar una resolución que pudiera considerarse contraria a la Constitución, pero si no aparece que haya actuado con dolo, no cometería delito, por muy contraria que sea una resolución a la constitución o las leyes, si no hay dolo, estaríamos frente a una conducta atípica y, por lo tanto, no punible.- Pero, además, vale la pena aclarar cuando una acción es contraria a la Constitución o las Leyes.- La antijuricidad desde el punto de vista formal en cuanto al delito que estamos analizando, se produce cuando se da cualquiera de las hipótesis que arriba hemos expuesto.- Desde el punto de vista material para que haya antijuridicidad es necesario que se produzca lesión del bien jurídico protegido. Con relación al delito de abuso de autoridad, ¿Cuál es ese bien jurídico? Muy sencillo, la administración pública, vale decir el correcto funcionamiento de la administración. Pero es necesario aclarar que con el delito que nos ocupa no se trata de proteger el correcto funcionamiento de la administración por si sola, dado que esta no es un fin en sí mismo, sino que un medio para lograr eficientemente el objetivo fundamental de la administración: la prestación de servicios a los ciudadanos. Es así que hablando de antijuridicidad material no basta con la lesión del bien jurídico “buen funcionamiento de la administración”, sino que como consecuencia de ello, para que haya delito, debe haber lesión materialmente determinable a otro bien jurídico; por ejemplo, con una conducta muy evidentemente abusiva se lesiona la propiedad de un ciudadano. Es interesante hacer un argumento semántico: si hablamos de abuso de autoridad, hay que entender, es lo lógico, que ese abuso se da de parte de la autoridad con relación a los ciudadanos; no se puede aceptar un abuso de autoridad en abstracto, sin sujeto pasivo; suena absurdo oír, por ejemplo: tal autoridad abusó, hasta ahí, sin decir en perjuicio de quien, y no puede ser en perjuicio de la administración pública como se acostumbraba a decir, pues esta es el bien jurídico y no puede ser el sujeto pasivo.- La lesión (desvalor de resultado) debe responder o poseer identidad o conexión con la acción ejecutada (desvalor de acción). La relación debe ser tal, que nos permita afirmar que ese desvalor de resultado es consecuencia del desvalor de la acción (doctrina dualista del injusto), ya que en caso de considerar el desvalor de acción aisladamente, nos reconduce a la aplicación de un derecho penal de autor, no concordante con los sistemas penales denominados democráticos…”.- El análisis del maestro Palacios Mejía, nos permite recordar la necesidad de acreditar el dolo y la lesión material de otro bien jurídico concreto y distinto a la Administración Pública, para afirmar el delito de Abuso de Autoridad, lo que no es posible, con relación al dolo por el conjunto de razonamientos ya expuestos en el presente Recurso, y respecto a la lesión de un bien jurídico concreto, tampoco se puede apreciar, en tanto que la autorización expedida por mi defendido a Soptravi, redundó en beneficio para la comunidad de La Ceiba, ya que el poco material extraído se orientó a la reparación de la calle de acceso a la represa la “Colona”, lo que nunca fue objeto de cuestionamiento, pero injustamente hablando en abstracto, es decir, en términos generales, se hace ver un supuesto perjuicio al medio ambiente, que no fue ni puede ser determinado conforme a las exigencias de la ciencia jurídico penal para efectos de afirmar la antijuridicidad material del tipo de abuso de autoridad, en los términos que lo exige el artículo 2-C del Código Penal, que regula el principio de Lesividad (Nulla necesitas sine injuria), mismo que implica que si una conducta no produce la lesión de un bien jurídico o lo pone en peligro efectivo, si no perjudica a un tercero, no cubre la exigencia del principio de necesidad, y por ende la conducta no es punible, en el caso examinado no hay prueba especifica alguna que en forma concreta acredite el supuesto perjuicio al medio ambiente que en forma abstracta el Tribunal sentenciador entiende que se produjo. Por consiguiente, ante la ausencia del dolo y lesividad, no cabe más que absolver, en los términos que se ha dejado demostrado.- III.- RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA.- SEGUNDO MOTIVO: “Falta de determinación y precisión de los hechos declarados y aprobados en la sentencia impugnada”.- PRECEPTO AUTORIZANTE: “El presente motivo de Casación se encuentra comprendido dentro del artículo 362.1 del CPP, en la parte donde dice: que tal declaración no sea clara y terminante”.- EXPLICACIÓN DEL MOTIVO.- El Código Procesal Penal en su cuarta parte numeral uno dispone: “Declaración de Hechos Probados.- En párrafos enumerados y separados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse”.- Por su parte el hecho probado tercero de la sentencia impugnada textualmente dice: Tercero: En fecha dieciocho de mayo del año dos mil cinco, llegaron empleados de la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas y Transporte y Vivienda (Soptravi), con retroexcavadoras y cinco volquetas, con capacidad de cinco metros cúbicos cada una, a la Cuenca del Río Bonito, donde extrajeron mas de diez metros cúbico de material pétreo, para lo cual cada volqueta hizo un promedio de cinco viajes cada una”.- Como se puede apreciar el Tribunal declara probado que: se “extrajeron más de diez metros cúbicos de material pétreo” y luego agrega que: “Cada volqueta hizo un promedio de cinco viajes cada una”, lo cual implica utilización de términos que no son precisos ni terminantes en la manera que lo exige el articulo 338 del C.P.P. ya trascrito, y lo que consecuentemente se traduce, en un grave vicio de forma que afecta el contenido de la sentencia ahora objetada, precisamente porque los hecho probados son la columna vertebral de la sentencia penal., de su adecuada concepción depende la correcta aplicación del derecho sustantivo al caso concreto, pues una incorrecta determinación del cuadro fáctico repercute en una incorrecta aplicación del derecho objetivo.- Decir que se extrajeron “más de diez metros” y que “cada volqueta hizo un promedio de cinco viajes cada una”, es una mera especulación muy distante de ser terminante y precisa, agravada cuando los testigos C. H. M. L. y S. M. M. M., no expresan en sus declaraciones lo dado por probado en el presente hecho objetado, y tampoco el dictamen de C. M. E. C., es concluyente sobre este punto para establecer los promedios de viajes realizados por las volquetas y los metros cúbicos extraídos.- Así lo ha reconocido de este alto Tribunal de Justicia, en sentencia de casación 192-94, al afirmar: “Que la declaración de hechos probados es la piedra angular de la sentencia en materia penal, y debe ser clara y terminante, de manera tal que el juzgador pueda, después, subsumir esos hechos en determinadas normas; y así e fallo sea un solo todo en el que aspectos fácticos y fundamentos jurídicos se conjuguen para constituir la base sustanciación de la parte resolutiva…”.- El vicio denunciado le ocasiona agravio a mi defendido, en tanto que la forma y contenido de la sentencia son una garantía para determinar las razones por las que se le condena al delito imputado, en ese contexto, al no ser la misma en el hecho probado relacionad, precisa y terminante, distorsiona la base de de la fundamentación de la sentencia y ello repercute indefectiblemente en la aplicación del derecho penal sustantivo que se invocó para la condena.- Así las cosas, es procedente que el alto Tribunal restablezca el orden jurídico procesal quebrantado, otorgado el presente motivo, a efecto de que se corrija con arreglo a derecho el vicio denunciado por el Tribunal de instancia.- IV.- El Ministerio Público procedió a interponer el Recurso siguiente: RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA.- EXPOSICIÓN DEL MOTIVO.- MOTIVO UNICO: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del Artículo 362 del Código Procesal Penal.- En relación a este motivo de casación, resulta de trascendencia señalar que el mismo, tal como se define en el Manual de Derecho Procesal Penal Hondureño, Tomo II, consiste en que: "en la Sentencia se irrespeten el elemental principio de coherencia que informa el recto entendimiento humano, resulta entonces que la contradicción no solo afecta la fundamentación fáctica, sino que también la probatoria y la jurídica, por ende el contenido todo de la sentencia debe ser armónico, congruente con cada una de sus partes por manera que no se le permite al Juzgador entrar en juicios inconciliables, esto es, contradictorios entre 10 relatado en los hechos probados, lo afirmado o expresado en la valoración, ni con lo manifestado en los juicios de fundamentación jurídica".- En el caso que nos ocupa, el juzgador al momento de dictar sentencia condenatoria en contra del imputado J. A. P., consigno en el apartado quinto como aspecto medular de la fundamentación jurídica del fallo recurrido; la motivación que a continuación se transcribe: "EI Tribunal aprecia la existencia de un delito de abuso de autoridad, en contraposición con el criterio del Ministerio Público respecto a la existencia de tres delitos de abuso de autoridad.- El Ministerio Público basaba su acusación en el sentido de que a la empresa V., E. Y SOPTRAVI, se les autorizó la extracción de material pétreo por encima de los diez metros cúbicos a cada una de ellas, lo cual no pudo acreditar en la audiencia de juicio, mas, si el hecho de que a las dos empresas si se les otorgo el permiso para la extracción del material pétreo por diez metros cúbicos a cada una de ellas, superando la cantidad mínima permitida por el artículo 18 de la Ley General de Minería. Es pues que el delito de abuso de autoridad lo constituyen el conjunto de autorizaciones dadas por el acusado a cada una de las instituciones señaladas". (lo resaltado en negritas en nuestro).- De la estimación jurídica supraindicada se determina que por un lado el sentenciador afirma que alas empresas V. y E., se les otorgó permiso para la extracción de diez metros cúbicos de arena a cada una de ellas; pero por otro lado expone que, de esta forma, se supero la cantidad máxima permitida por el articulo 18 de la Ley General de Minería, la cual es precisamente de diez metros cúbicos; lo que evidencia que el sentenciador primero afirma que el permiso concedido por el enjuiciado alas empresas antes mencionadas se ajusto al limite preceptuado en la Ley General de Minería y luego niega que ello haya sido así, al indicar que se supero dicha cantidad, extremo que desemboca indefectiblemente en una contradicción en el sustento jurídico de la sentencia impugnada y provoca que la misma adolezca del vicio in procedendo invocado.- Asimismo, es importante destacar como alegación subsidiaria en esta exposición que el Ministerio Público considera no apegado a derecho la apreciación del órgano jurisdiccional, plasmada en la parte final del párrafo supracitado en el que el A quo sostiene que el delito de Abuso de Autoridad estuvo integrado por el conjunto de autorizaciones dadas por el acusado a las entidades antes mencionadas, puesto que tales acciones constituyen hechos independientes perpetrados en fechas diferentes y a través de la autorización no a la misma sino a diversas empresas, por lo que no se puede mantener la integridad de la unidad fáctica del hecho objeto de procesamiento.- En base a los razonamientos jurídicos expuestos, el Ministerio Público estima que este motivo debe ser declarado admisible y por ende resulta procedente casar la sentencia en virtud de que la misma adolece del vicio in procedendo expuesto.- DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL MOTIVO UNICO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO POR LA DEFENSA.- I.- El recurrente plantea, que los juzgadores incurrieron en Infracción por aplicación indebida de los artículos 13 y 349.2 del Código Penal, en relación con el párrafo segundo del artículo 18 de la Ley General de Minería, ya que el acusado no conocía esos elementos típicos del delito de Abuso de Autoridad, y que en su condición de funcionario no expidió autorizaciones contrarias a la ley de minería, ya que no podía querer realizar algo que no conocía, entendiendo que las autorizaciones las extendía de conformidad a lo que autorizaba la ley, sin que haya quedado establecido que se actuó con dolo.- II.- La Sala de lo Penal, ha realizado un análisis de los hechos probados de la sentencia recurrida, los cuales resultan inalterables en Casación, confrontándolos con la norma penal sustantiva aplicada por el Tribunal A-quo, que se refiere al tipo penal de Abuso de Autoridad, la que el impetrante argumenta que el juzgador no debió calificar como dicho delito; se debe recordar que “la aplicación indebida” es una especie de Casación por Infracción de Ley, consistente en la invocación por los sentenciadores de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad que aparece consignada en los hechos probados, de tal forma que se aprecia la incongruencia entre el factum de la sentencia y la norma penal que se asigna, por lo que la infracción se produce al citar y fundamentar el fallo con una norma extraña a los hechos estimados probados.- III.-La Sala de lo Penal ha reiterado que: “El delito de Abuso de Autoridad es uno de los tipos penales más abiertos que se regulan en nuestra normativa penal, ello obliga a que en cada caso concreto se deba hacer un exhaustivo análisis a fin de hacer una aplicación circunscrita a las exigencias propias del principio de legalidad y la exigencia de taxatividad que impone el mismo, al amparo de su extensa amplitud conceptual el objeto de tutela penal en el delito de Abuso de Autoridad lo es la administración pública, que busca tutelar la actuación del Estado, pues el bien jurídico protegido dentro de los delitos contra la administración pública, es el correcto y adecuado funcionamiento de las diferentes actividades de prestación que brinda el Estado a través de la administración pública, en consecuencia, el derecho penal aparece en su manifestación fragmentaria y de última ratio cuando se dan aquéllas conductas graves que afectan el normal y buen desarrollo de la administración pública”.(véase sentencia 56-2005 del 26 de agosto del 2009).- En el presente caso que nos ocupa, para los juzgadores la norma infringida por el acusado y que da lugar al delito de abuso de autoridad de conformidad a lo regulado en el artículo 349 numeral 2 del Codigo Penal, es el artículo 18 de la Ley General de Minería, que en su segundo párrafo establece “La autorización para la explotación de depósitos aluviales no metálicos, de arcillas superficiales, arena, roca y demás sustancias aplicables directamente a la construcción, será de competencia exclusiva de las municipalidades cuando la extracción no exceda de 10 metros cúbicos diarios, la explotación de volúmenes superiores requerirán de la autorización de concesión minera”.-Precisamente, en el Recurso que se conoce debe verificarse en el relato de hechos probados la concurrencia estricta de la norma penal calificada, así con respecto al hecho probado número uno en relación a las autorizaciones extendidas por el acusado a dos empresas privadas para la extracción para cada una de diez metros cúbicos diarios de material pétreo, esta Sala de lo Penal, considera que dicha autorización no infringe lo establecido en el artículo 18 de la Ley General de Minería, ya que el A- quo yerra en la interpretación de dicha norma al motivar de forma restrictiva que los diez metros cúbicos diarios no podrán autorizarse de forma general o recaer en una o varias empresas siempre que en suma no superen el límite de los metros cúbicos ya mencionados.- Es entendible que la extracción indiscriminada de material de la orilla de los ríos sin el control debido, ocasiona daños al ecosistema y al medio ambiente, pero, interpretando la norma mencionada en el caso concreto y en relación a las dos empresas privadas autorizadas, a éstas les fue concedido un permiso de extracción de material consignándose el límite diario establecido en la ley, y aunque dicha autorización fue extendida a cada una de ellas, no está acreditado en el factum que dichas empresas hayan ejecutado las extracciones mencionadas, o que las mismas hubiesen excedido el límite de metros autorizados, sino únicamente esta probado la emisión de los permisos respetando el límite diario fijado en la ley, pero sin que quedase probado la ejecución de la extracción del material pétreo, no siendo posible establecer la infracción a la ley de minería o el abuso que lesionó o que haya puesto en peligro concreto o abstracto el bien jurídico tutelado en la norma penal aplicada, la administración pública.- IV.- Si se analizan los cuadros fácticos segundo y tercero, en cuanto a los elementos “objetivos del tipo” se aprecia que la conducta del acusado J. A. P., es contraria a la norma anterior en lo que respecta a la autorización que extiende a la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, (Soptravi), al no consignarse en la misma la cantidad límite de material pétreo a extraer de la cuenca del Río Bonito en La Ceiba, Atlántida, para ser utilizado en la reparación de una calle de acceso a una represa, extrayéndose por parte de dicha dependencia gubernamental, cantidades arriba de los diez metros cúbicos establecidos, lo que objetivamente contraría el artículo 18 de la Ley de Minería en sus elementos descriptivos y normativos, por el dictado de ordenes contrarias a las leyes.- Pero al continuar con el análisis de los elementos subjetivos del tipo doloso, para poder determinar la aplicación del delito de Abuso de Autoridad, se debe recordar que el delito es doloso cuando el resultado responde a la intención que se tuvo al ejecutarlo, (Dolo directo), o cuando el autor está obligado a saber que como consecuencia de su actuar exista la posibilidad de que se produzca un efecto dañoso constitutivo de delito, aceptándose las consecuencias que del mismo se deriven (Dolo eventual).- Así, la doctrina entiende que: “Es correcto exigir para el dolo eventual que pueda hablarse de un verdadero -querer como aceptar-. También es acertado señalar que para ese aceptar el -conformarse con-, que no requiere tanto como desear, perseguir aprobar o consentir con agrado. Pero dicha forma de querer concurre necesariamente siempre que se impulsa o mantiene voluntariamente (o, si se prefiere, siempre que se decide llevar adelante) la conducta que se advierte como suficientemente peligrosa en el caso concreto”.- (Véase MIR PUIG, Derecho Penal, Parte General, 8 edición, 2da reimpresión, Editorial IB de F, Montevideo-Buenos Aires, 2009, pg. 266).- V.- Si bien el acusado al autorizar a Soptravi, la extracción del material aludido, no consigna la cantidad permitida a extraer; no queda claro la intención y voluntad de ejecutar la conducta constitutiva del tipo penal de abuso de autoridad, dirigiéndose en cambio esa intencionalidad (querer o aceptar), a permitir que el mismo Estado a través de la Secretaría de Obras Públicas, se hiciese del material pétreo con el objeto de realizar una obra de beneficio público como lo era el reparar una calle en la misma ciudad, sin que se establezca en el cuadro fáctico que las cantidades extraídas hayan provocado daños al Ambiente, o que dicha autorización fuese dirigida a favorecer o lucrar a persona natural o jurídica alguna, sino lo que quedó establecido claramente en el hecho probado fue que el material extraído se utilizaría para la reparación de una calle o sea para la ejecución de una obra de utilidad pública, sin que pueda deducirse que la conducta del acusado sea “dolosa” ya sea de forma directa o eventual, al carecer de la finalidad subjetiva del acusado en su condición de funcionario público de “querer” incurrir en un abuso de sus atribuciones como autoridad. Invocando los sentenciadores leyes ajenas a la verdad que aparece consignada en los hechos probados, de tal forma que se aprecia la incongruencia entre el factum de la sentencia y la norma penal que se asigna, produciéndose la infracción al citar y fundamentar el fallo con normas ajenas a los hechos estimados probados, razón por la cual se declara Con Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por la defensa en su único motivo, por aplicación indebida de los artículos 18 de la Ley General de Minería, y el 13 y 349.2 del Código Penal.- VI.- No se procede a dar respuesta al Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la defensa al haber prosperado y declararse con lugar la Infracción de Ley interpuesta por la misma parte.- En relación al Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por el Ministerio Público, en el que dicho órgano acusador alega que el delito de abuso de autoridad lo constituyen el conjunto de autorizaciones dadas por el acusado a cada una de las empresas o instituciones, esta Sala de lo Penal, considera innecesario dar respuesta a estos últimos alegatos, pues los mismos ya fueron respondidos en las motivaciones supra en las que se fundamenta el porqué no es posible subsumir las conductas plasmadas en los hechos probados en el delito de Abuso de Autoridad.- POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre de la República de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 13, 349.2 del Código Penal; 18 de la Ley General de Minería; 359, 360, y 369 del Código Procesal Penal; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.- FALLA: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR el RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY, en su único Motivo, invocado por Abogado J. E. S. C., actuando en su condición de Defensor del Señor J. A. P.- SEGUNDO: CASA LA SENTENCIA RECURRIDA de la siguiente manera: SE ABSUELVE de toda responsabilidad penal al señor J. A. P., por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio del LA ADMINISTRACION PUBLICA, en consecuencia de lo anterior, revóquese toda medida cautelar dictada en contra del acusado.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que se proceda conforme a derecho.- Redactó: el Magistrado CALIX HERNANDEZ.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- COORDINADOR.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de junio del año dos mil once.- Certificación de la sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil once, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-276=2008.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
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