Sentencia CP-269-08 — Registro 2151
Resumen
La defensa de la persona condenada por el delito de parricidio, interpone recurso de casación por infracción de ley contra el fallo dictado por el Tribunal de Sentencia, por considerar que aplicación indebida de la norma.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Esta Sala de lo Penal ha realizado un análisis del cuadro fáctico de la sentencia recurrida, inalterable en casación, confrontándolo con las normas penales sustantivas aplicadas por el Tribunal a quo, que se refieren al tipo penal de Parricidio, en relación con la concurrencia del dolo eventual, normas que el censor argumenta han sido infringidas por aplicación indebida. En consecuencia, procede esta sala a explicar su apreciación y a resolver en la forma siguiente: En cuanto al elemento objetivo, la aplicación resulta apropiada en tanto ciertamente se produce la muerte del cónyuge, elemento que hasta ahí coincide con el hecho declarado probado, pero no basta ese elemento para que se de el parricidio, dada las circunstancias particulares del hecho, es indispensable también analizar si se cumple el elemento subjetivo, es decir si existió o no dolo eventual y en su caso como lo afirma el impetrante, la concurrencia del elemento culpa; no obstante la normativa aplicada por el Tribunal a quo, esta sala observa efectivamente un vicio de juicio (error in iudicando) que radica al pretender incorporar el elemento subjetivo del dolo eventual, mismo que de la narración fáctica, no se colige. Si bien su apreciación puede resultar difícil por tratarse de extraer apreciaciones subjetivas, estas deben colegirse de hechos concretos del autor, de modo que para determinar el dolo eventual, la tarea del juzgador, como dice Jiménez de Azua “requiere un examen de las representaciones y de los motivos que actuaron sobre la psique del sujeto”. [1] El artículo 13 párrafo segundo del Código Penal, se refiere al dolo eventual, al establecer que “....el delito es doloso....cuando el autor sabe o está obligado a saber, que como consecuencia de la acción u omisión, existe la posibilidad de que se produzca un efecto dañoso constitutivo de delito, no obstante lo cual, ejecuta el hecho y acepta, por ende, las consecuencias que del mismo se deriven.” No es suficiente pues el conocimiento de la consecuencia o efecto dañoso que puede llegar a producir la acción, la norma exige una aceptación del agente que no puede el juzgador mas que inferirla de los mismos hechos que ha declarado probados; Mir Puig nos acerca a una solución “para establecer la concurrencia del dolo eventual, desde una posición ecléctica, que combina la conciencia de la peligrosidad de la acción con un momento voluntativo. Exigiendo por una parte, que el sujeto “tome en serio”, la posibilidad del delito, y por otra, que el mismo “se conforme” con dicha posibilidad aunque sea a disgusto. Tomar en serio la posibilidad del delito, equivaldría a “no descartar”, que se pueda producir: a “contar” con la posibilidad del delito. Conformarse con la posible producción del delito significa por lo menos, “resignarse a ella” siquiera como consecuencia eventual desagradable cuya posibilidad no consigue hacer desistir al sujeto de su acción: significa el grado mínimo exigible para que pueda hablarse de “aceptar” y por tanto de “querer”. [2] .Así las cosas, esta sala estima que los hechos probados no revelan una aceptación del resultado por parte del imputado, si bien se admite como hecho probado que el encartado actuó a sabiendas de la peligrosidad de su acción, de igual forma podemos señalar como móvil inicial de su acción la posición incómoda en que se encontraba que lo llevó a sacar el arma, téngase presente que tanto en el dolo eventual como en la llamada culpa conciente, no se desea el resultado y se reconoce por parte del autor la posibilidad de que se produzca el resultado. El hecho probado no describe comportamientos del procesado anteriores o posteriores al hecho, que sugieran o indiquen motivaciones que hagan deducir su consentimiento o al menos indiferencia en relación a la probabilidad del resultado dañoso, antes bien, deja bien claro que el tiempo transcurrido entre el momento de sacar el arma y tirarla sobre las piernas es sumamente corto, de manera que no da lugar a que el autor desarrolle un razonamiento suficiente acerca de las consecuencias de su acción, lo que lleva a concluir que no existió una aceptación, conformación o resignación del hecho.-V.- Expresados los argumentos anteriores, deviene esta sala obligada a exponer las razones de la concurrencia de la culpa y consecuentemente del homicidio culposo. El Código Penal establece en su artículo 13, párrafos primero y tercero, que “el delito puede ser realizado por acción o por omisión y necesariamente debe ser doloso o culposo...El delito es culposo cuando es resultado de imprudencia, impericia o negligencia, o cuando es producto de la inobservancia de una ley, de un reglamento, órdenes, resoluciones o deberes, atendidas las circunstancias y la situación personal del delincuente. El delito culposo sólo será punible en los casos determinados por la ley...” visto este precepto, encontramos una serie de conductas que el legislador ha considerado como culposas y que resulta necesario analizar para determinar la conducta del imputado deducida de los hechos declarados probados. Conociendo el imputado la peligrosidad del arma que portaba, conocimiento que es atinente a cualquier persona común, resulta de utilidad recordar lo sostenido por Santiago Mir Puig, al afirmar: “La culpa conciente se da cuando, si bien no se quiere causar la lesión, se advierte su posibilidad y sin embargo, se actúa; se reconoce el peligro de la situación, pero se confía en que no se dará lugar al resultado lesivo”… “mientras el delito doloso supone la realización del tipo con conocimiento y voluntad, en el delito imprudente el sujeto no quiere cometer el hecho previsto en el delito doloso, pero lo realiza con la infracción de la norma de cuidado”. [3] No cabe duda para esta sala que la conducta del imputado fue imprudente, por faltar a las normas del deber objetivo de cuidado, y que es, al decir de Ignacio Berdugo Gómez de la Torre y otros autores “el núcleo esencial del injusto del delito imprudente y es el fundamento de la desvalorización de la acción” considerado un principio general del ordenamiento íntimamente ligado a la prohibición de causar daño a los demás”[4] o como bien señala Muñoz Conde, “El deber de cuidado es ante todo objetivo, ya que para fijarlo no se acude al cuidado que en el caso concreto debería aplicar el autor, si no al cuidado requerido en la vida de relación social. Lo que supone un juicio normativo que fija la conducta que hubiese seguido, una persona razonable”[5] Así pues, en el caso subjúdice, el deber objetivo de cuidado implicaba la precaución de no sacar un arma de fuego-que se sabe peligrosa-dentro de un taxi, donde el autor se conduce con otras personas, o bien, si dada la incomodidad de llevar el arma en la bolsa trasera del pantalón, sacarla con la diligencia debida y ponerla suavemente de forma que no pudiera causar un perjuicio. Tirarla sobre sus propias piernas como lo hizo el imputado (luego el arma al contacto se disparó) sin que este halara del gatillo o la manipulara, es precisamente infringir las normas del deber objetivo de cuidado, es un acto imprudente, si bien no deseado o querido, el autor tenía el riesgo en sus manos y confió, infringe pues, un aspecto del deber de cuidado externo que consiste en el deber de comportarse externamente conforme a la norma de cuidado previamente advertida, de ahí que sólo puede aplicarse la llamada culpa consciente; luego, hay culpa, luego, homicidio culposo en observación de los artículos 13 Párrafo primero y tercero en relación con el 121 del Código Penal, porque el hecho juzgado como un comportamiento culposo, es menos reprochable socialmente, en función de la valides de la norma aplicable, que el comportamiento doloso, por ello el delito culposo lejos de confrontar la norma penal tan drásticamente como el doloso, pone de manifiesto la incompetencia del sujeto para el manejo de sus propios actos por no haber valorado las consecuencias de su descuido bien porque le eran desconocidas o porque aún conociendo la peligrosidad no las valoró o percibió en su total dimensión confiado en que el resultado no se produciría. En consecuencia, el motivo de casación por infracción de ley por aplicación indebida es viable, por cuanto “La aplicación indebida de la ley sustancial supone la existencia de un error en la selección de precepto, falencia que conduce a que la imputación no guarde correspondencia con el tipo penal. Trátese de aquellos casos en los cuales la norma no contempla los hechos reconocidos por la sentencia. Por lo tanto, cuando se aduce que una norma no es la que comprende la situación jurídica sustancial que fue materia de juzgamiento, se impone acudir a la aplicación indebida pues lo que en realidad se ha hecho por el juzgador ha sido activar la norma inadecuada o mala escogencia, pues la disposición seleccionada se entiende abstractamente en forma correcta pero los hechos deducidos del proceso no se corresponden con los de la hipótesis legal escogida. Es un error de subsunción de unos hechos en una disposición legal que no los contiene, es un yerro en el que se incurre al establecer la relación de semejanza o de diferencia entre el caso particular y el hecho hipotéticamente trazado por la norma. Dícese en últimas, que en este error de adecuación la norma aplicada, que tiene existencia y validez jurídica no regula, no recoge los hechos juzgados, porque estos no se adecuan ni se corresponden con ella. Es una falla de diagnosis, de impertinencia de la ley al parangonarla con el caso concreto”[6], por tanto, por los motivos antes expuestos este motivo de casación resulta procedente.
Legislación citada
- Código Penal, art. 121 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 13 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 118 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia que literalmente dice:” EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS.-LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el tres de marzo de dos mil once, por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO en su calidad de Coordinador, RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO, y OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS, por excusa legítima del Magistrado JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ; dicta sentencia conociendo el Recurso de Casación por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha tres de marzo de dos mil ocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua, mediante la cual falló: 1º.- CONDENANDO al Señor G. G. Z. C., por el delito de PARRICIDIO, A LA PENA DE TREINTA (30) AÑOS DE RECLUSION, en perjuicio de la Señora S. N. M. P., asimismo lo condenó a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena.- 2).- DECLARANDO al imputado G. G. Z., responsable civilmente por los daños materiales y morales.- 4º.- No procedió condenar en costas al procesado .-Son partes: El Abogado P. B. E., en su condición de Apoderado Defensor del imputado, como recurrente, y el Abogado M. E. G. P., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como recurrida.-Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, el Abogado P. B. E., en su condición de Apoderado Defensor del Señor G. G. Z..-CONSIDERANDO.-I.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, interpuesto por el Abogado P. B. E., Apoderado Legal del Señor G. G. Z., reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo.-II.- “HECHO PROBADO.- Valoradas las pruebas practicadas en el acto del juicio oral y público, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, el Tribunal de primera instancia declaró expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: UNICO: A eso de las ocho de noche del día nueve de mayo del año dos mil cinco; en la Colonia Buenos Aires de la ciudad de la Esperanza, Intibucá, cuando por una calle y abordo de un vehículo marca Toyota tipo pik up, doble cabina; placa numero PUT4669, se conducía en el asiento trasero entre otros el señor G. G. Z. C., y su esposa S. N. M. P., aconteciendo que G. G. por la posición incomoda en que se encontraba se saco de la bolsa de su pantalón, un arma de fuego tipo pistola automática, calibre desconocido, marca Bereta, color negro, que portaba, y, a sabiendas de su peligrosidad, la tiro sobre sus piernas, y al impacto dicha arma se disparo, propinando un balazo en el ojo derecho de su ,referida esposa S. N. M. P., quien a consecuencia de lo cual murió minutos después, en ,el Hospital de Area ENRIQUE AGUILAR CERRATO de la ciudad de la Esperanza Intibucá.”III.-EL ABOGADO P. B. E., EN SU CONDICION DE APODERADO DEFENSOR DEL SEÑOR G. G. Z., PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION DE LA MANERA SIGUIENTE:“ MOTIVOS DE CASACION.- PRIMERO: Violación por errónea aplicación del artículo 118 del Código Penal, relacionado con el artículo 13 del mismo texto legal. Explicación del concepto de la violación. El Tribunal sentenciador encuadra o subsume los hechos que tiene por probados en el artículo 118 del Código Penal, con lo que da la calificación de parricidio a los mismos, aspecto que desde el punto de vista del tipo penal objetivo no presenta mayor objeción en la medida de que fue acreditada la relación marital entre mi representado y la ahora difunta; sin embargo, en lo que tiene que ver con el aspecto subjetivo del tipo, es decir el dolo, el hecho tenido por probado por el Tribunal no puede calzar en el tipo penal relacionado en razón de que, independientemente de las objeciones que se hacen a la concurrencia de un dolo eventual en los delitos que requieren un dolo reforzado o duplicado como el parricidio, lo cierto es que en el caso autos a lo sumo se puede estar ante un hecho culposo, lindante incluso con un caso fortuito o mero accidente. Arguye el Tribunal en un único hecho probado que “A eso de las ocho de la noche del día nueve de mayo del año dos mil cinco, en la Colonia Buenos Aires de la ciudad de La Esperanza, Intibucà, cuando por una calle y a bordo de un vehículo marca toyota, tipo pick-up, doble cabina, placa número PAT4669, se conducía en el asiento trasero entre otros el señor G. G. Z. C. y su esposa S. N. M. P., aconteciendo que G. G. por la posición incómoda en que se encontraba se sacó de la bolsa de su pantalón, un arma de fuego tipo pistola automática, calibre desconocido, marca Beretta, color negro, que portaba y a sabiendas de su peligrosidad, la tiró sobre sus piernas y al impacto dicha arma se disparó, propinando un balazo en el ojo derecho de su referida esposa S. N. M. P., quien a consecuencia de lo cual murió minutos después, en el Hospital de Área ENRIQUE AGUILAR CERRATO de la ciudad de La Esperanza, Intibucá”. -Luego en el apartado de la “Fundamentación Jurídica”, impropiamente aduce el Tribunal, esto al pretender sustentar la calificación del hecho en la figura del parricidio, que mi representado “ “desplegó su acción, con conocimiento previo y pleno de que el arma de fuego tipo pistola, marca Beretta que portaba y que manipuló podía fácilmente dispararse; no obstante ello y por incomodidad que dijo al conducirse en el asiento trasero de un vehículo, la sustrajo de la bolsa trasera derecha de su pantalón, tirándola hacia sus piernas y al tacto se dispara impactando un balazo en el ojo derecho de S. N. M. P., que enseguida le causó la muerte.”- Si se confronta esta especie de argumentación el hecho tenido por probado se observa que no hay una exacta coincidencia, pues en ningún momento se deja por probado que mi representado haya “manipulado” en algún momento la referida arma de fuego, simplemente se dice que la tiró sobre las piernas y que al impacto la misma se disparó.- En el numeral segundo del mismo apartado, tratando de darle sustento a lo que el Tribunal entiende por dolo eventual, se deja dicho que “el impacto de la bala recibido en el ojo derecho en el cuerpo de la señora S. N. M. P., le provocaron la muerte y que este fue un acto no consciente, pero aceptado por no guardar el cuidado debido por parte del acusado del arma de fuego que portaba, lo cual para este Tribunal, constituye dolo eventual, cuando el resultado responde cuando el autor sabe o está obligado a saber, que como consecuencia de su acción u omisión existe la posibilidad de que se produzca un efecto dañoso constitutivo de delito, no obstante lo cual ejecuta el hecho y acepta por ende, las consecuencias que del mismo se derivan. “ Este razonamiento encontrado en el que se mezcla alguna argumentación relacionada con el hecho probado con la trascripción de una parte del párrafo segundo del artículo 13 del Código Penal, deja evidenciado por si mismo que no hay posibilidad de sostener la concurrencia de un tal dolo eventual en el caso de autos. En principio no resulta posible avenir un “acto no Consciente” con alguna modalidad de voluntariedad o comportamiento consciente del ser humano, por que tampoco puede conciliarse con la aceptación de un resultado, dado que el aceptar en el fondo implica un querer o al menos consentir, mientras que el “no guardar el cuidado debido” es el típico sustento de los delitos culposos o imprudentes, en los cuales el sujeto sin querer o consentir un determinado resultado, produce el mismo precisamente por no guardar las previsiones que en el desarrollo de determinadas actividades riesgosas nos son exigidas en la vida o en las relaciones con los demás. Postura que con una formulación no del todo adecuada, es receptada por nuestro Código Penal en el párrafo tercero del artículo 13 al describir una serie de supuestos (negligencia, imprudencia, impericia, etc), cuya concurrencia hace derivar responsabilidad penal cuando sobrevenga un resultado penalmente relevante mediando dolo y que la ley expresamente también penalice la producción de ese resultado cuando en el comportamiento humano que produjo el mismo estuvo dirigido no por una finalidad dirigida a su consecución sino por faltar, precisamente a ese deber objetivo de cuidado.- Así las cosas, resulta que de acuerdo al hecho probado, tenido así por el Tribunal Sentenciador de acuerdo a la prueba que se introdujo al proceso no puede sostenerse la calificación legal del delito de parricidio que se hace, dado que el dolo eventual que se aduce para tal calificación no concurre, pues, según el apartado del párrafo segundo del artículo 13 del Código Penal que el mismo Tribunal invoca, exige que el autor del hecho sepa, o esté obligado a saber que como consecuencia de su acción u omisión exista la posibilidad de que se produzca un efecto dañoso constitutivo de delito, no obstante lo cual ejecuta el hecho y acepta las consecuencias del mismo en caso de producirse. Fórmula que se inscribe dentro de las dos formas clásicas de injusto; el doloso y el culposo y que adopta la postura también intermedia en el aspecto volitivo, es decir que no se quiere en si el resultado pero tampoco se renuncia a él en el supuesto de producirse lo que implica una especie de “consentimiento o aceptación” con respecto a ese resultado producto de un obrar capaz de lesionar o poner en peligro un determinado bien jurídico, de más está decir que en cuanto al elemento cognoscitivo no se diferencia del dolo directo ni de la culpa consciente. Sobre del particular el Dr. Zaffarioni (Tratado de Derecho Penal, parte General, Tomo III, P. 351), en esto siguiendo una postura dominante, si se quiere casi pacifica, deja expresado que “El dolo eventual, también llamado dolo condicionado, se da cuando el autor tiene como seriamente posible la realización del tipo legal y con ello se conforma o sea cuando el autor acepta la posibilidad de producción o inversamente, cuando no confía en que no se produzca”, Excluido el dolo eventual, según lo argumentado, reiteramos que a lo sumo el hecho probado puede subsumir en el homicidio culposo previsto en el artículo 121 en relación con el párrafo tercero del artículo 13 del Código Penal, pues como lo deja dicho el Tribunal el hecho de sacar de la bolsa trasera el arma de fuego y colocarla sobre las piernas sin la debida precaución, puede significar jurídicamente una falta de cuidado con respecto a los bienes jurídicos (vida o integridad corporal) de quienes se conducían en el vehículo, no así una previsión de lesión o afectación de ellos en el supuesto de producirse y tampoco, por consiguiente, una aceptación de ese eventual resultado. Aspecto por el cual debe casar la sentencia recurrida y recalificar el hecho probado de acuerdo al tipo penal correspondiente, es decir el previsto en el artículo 121 del Código Penal en relación con el párrafo tercero del artículo 13 del mismo texto legal. Motivo de casación que se encuentra autorizado en el párrafo primero del artículo 360 del Código Procesal Penal.-SEGUNDO: Falta de fundamentación jurídica que sustente la parte dispositiva de la sentencia en cuanto a la calificación jurídica del hecho. Explicación del concepto de la violación.- El Tribunal A-QUO, luego de tener como hecho probado el que: “A eso de las ocho de la noche del día nueve de mayo del año dos mil cinco, en la colonia Buenos Aires de la ciudad de La Esperanza, Intibucà, cuando por una calle y a bordo de un vehículo marca Toyota, tipo Pick-up, doble cabina, placa número PAT4669, se conducía en el asiento trasero entre otros el señor G. G. Z. C. y su esposa S. N. M. P., aconteciendo que G. G. por la posición incómoda en que se encontraba se sacó de la bolsa de su pantalón un arma de fuego tipo pistola automática, calibre desconocido, marca Beretta, color negro, que portaba y a sabiendas de su peligrosidad, la tiro sobre sus piernas y al impacto dicha arma se disparó, propinando un balazo en el ojo derecho de su referida esposa S. N. M. P., quien a consecuencia de lo cual murió minutos después, en el Hospital de Área ENRIQUE AGUILAR CERRATO de la ciudad de La Esperanza, Intibucà”, llega a la conclusión de que mi representado incurrió a título de autor en el delito de parricidio, tipificado en el artículo 118 del Código Penal, empleando para ello una “argumentación” que no satisface en lo mínimo el análisis de subsunciòn que en principio debe hacerse el hecho en si con respecto al tipo penal que se invoca como infringido, operación lógica que consiste en analizar si cada uno de los elementos de que ésta integrado el tipo penal se reproducen en el hecho o si el hecho satisface en forma absoluta los presupuestos del tipo legal; operación esta que además de la parte objetiva del enunciado legal debe abarcar el aspecto subjetivo, es decir el dolo, o la culpa si fuere el caso. En su “fundamentaciòn jurídica” el Tribunal, sin hacer o realizar esa especie de confrontación entre el hecho y la norma deja dicho que “los hechos que este Tribunal de Sentencia ha declarado probados y en los que el acusado ha tenido participación directa, sin lugar a dudas son constitutivos del delito de PARRICIDIO previsto y sancionado en el artículo 118 del Código penal”, luego agrega que el señor “G. G. Z. C. desplegó su acción con conocimiento previo y pleno de que el arma de fuego tipo pistola, marca Beretta que portaba y que manipuló podía dispararse fácilmente; no obstante ello y por la incomodidad que dijo al conducirse en el asiento trasero del vehículo, la sustrajo de la bolsa trasera derecho de su pantalón, tirándola hacia sus piernas y al tacto se dispara impactando un balazo en el ojo derecho de S. N. M. P., que enseguida le causó la muerte.”, No hay duda de que si el caso lo vemos solo desde el punto de vista del tipo legal objetivo, el comportamiento que se atribuye a mi representado encuadra en el tipo penal de parricidio, en la medida de que fue un comportamiento suyo, aunque no dirigido a producir un determinado resultado, el que produjo la muerte de una persona con quien existía un vínculo marital, sin embargo hay que tener presente que la exclusiva responsabilidad objetiva (versari in re ilicita) está proscrita en el Derecho Penal, para justificar la supuesta concurrencia de un dolo eventual en el comportamiento de mi representado, el Tribunal A-QUO aduce que “También se demostró a través de la prueba documental consistente en el Acta de autopsia practicado en el cadáver, producida durante el debate que el impacto de bala recibido en el ojo derecho en el cuerpo de la señora S. N. M. P., le provocaron la muerte y que este fue un acto no consciente, pero aceptado por no guardar el cuidado por parte del acusado del arma de fuego que portaba lo cual para ese Tribunal constituye dolo eventual “ Razonamiento este que resulta en absoluto inconsistente para sostener la concurrencia de un dolo eventual, pues en principio este tipo de dolo, al igual que el dolo directo e incluso la culpa consciente o con previsión, requiere que el sujeto haya previsto que con su accionar, es decir con un determinado comportamiento humano, exista la posibilidad de lesionar o poner en peligro un determinado bien jurídico y que ante tal previsión se decida por la eventual lesión, dado que no desiste o renuncia a su accionar, aceptando en consecuencia, tal como lo estipula el párrafo segundo del artículo 13 del Código Penal, el resultado en caso de producirse. Nada de lo cual puede postularse en el caso de autos, pues el hecho de ubicarse mi representado un arma de fuego en las piernas por la incomodidad que produce el llevarla en la bolsa trasera del pantalón al ir sentado en la parte posterior de un vehículo en marcha, no puede asumirse como un acto de previsión del probable resultado muerte de uno de los acompañantes y mucho menos el que se pueda aceptar tal resultado en la eventualidad de que la previsión se materialice.- En tal sentido la sentencia impugnada resulta afectada por un grave vicio de fundamentación jurídica, toda vez que por no hacerse un mínimo examen analítico siguiera de la primera categoría del delito, como es la tipicidad, se llega a una errónea conclusión en lo que tiene que ver con la calificación jurídica del hecho que tiene por acreditado. La motivación no debe quedar en el ámbito de la subjetividad del juzgador, los motivos del por que se llega a tener por probados determinados hechos y el por que de su calificación jurídica deben quedar plasmadas de forma plausible en la sentencia. Desde hace mucho los teóricos y filósofos del derecho vienen sosteniendo que el proceso de aplicación del derecho tiene la estructura de un silogismo, en donde la premisa mayor lo constituye la ley o norma jurídica y la premisa menor los hechos, proceso según el cual se exige que, para que un hecho tenga relevancia jurídica, la premisa menor debe reproducir los elementos del enunciado jurídico, aspecto este que adquiere mayor significado en el campo penal en donde rige en forma absoluta el principio de legalidad como garantía de todo imputado o procesado. Razón por la cual procede casar la sentencia recurrida con el correspondiente reenvió para la celebración de nuevo juicio. Motivo de Casación que se encuentra autorizado en el numeral 3 del artículo 362 del Código Procesal Penal, vicio sobre el cual no se ha hecho reclamo previo a razón de que el mismo se produce en la propia sentencia que se impugna.”-IV DEL RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY INTERPUESTO POR APLICACIÓN INDEBIDA DE LOS ARTICULOS 118 DEL CODIGO PENAL RELACIONADO CON EL ARTICULO 13 DEL MISMO CODIGO INTERPUESTO POR LA DEFENSA.-Invoca el recurrente como motivo de casación la aplicación indebida del artículo 118 del Código Penal en relación con el artículo 13 del mismo código, explicando el sentido de la infracción en los argumentos siguientes: a) Que el Tribunal sentenciador encuadra o subsume los hechos probados en el artículo 118 del Código Penal, con lo que da la calificación de parricidio a los mismos, aspecto que desde el punto de vista del tipo penal objetivo no representa mayor objeción en la medida de que fue acreditada la relación marital entre el imputado y la ahora difunta; sin embargo, en lo que tiene que ver con el aspecto subjetivo del tipo, es decir el dolo, el hecho tenido por probado por el Tribunal no puede calzar en el tipo penal relacionado en razón de que, independientemente de las objeciones que se hacen a la concurrencia del un dolo eventual, lo cierto es que en el caso de autos a lo sumo se puede estar ante un hecho culposo .b) Arguye el impetrante que no es posible avenir un acto no consciente con alguna modalidad de voluntariedad o comportamiento consciente del ser humano, por lo que tampoco puede conciliarse con la aceptación de un resultado, dado que el aceptar en el fondo implica un querer o al menos consentir. Mientras que el no guardar el cuidado debido, es típico de los delitos culposos o imprudentes, en los cuales el sujeto, sin querer o consentir un determinado resultado, produce el mismo precisamente por no guardar las previsiones que en el desarrollo determinadas actividades riesgosas nos son exigidas en la vida o en las relaciones con los demás; así las cosas, resulta que de acuerdo al hecho probado, no puede sostenerse la calificación legal del delito de parricidio que se hace, dado que el dolo eventual que se aduce para tal calificación no concurre, pues, según el apartado segundo del artículo 13 del Código Penal que el mismo Tribunal invoca, exige que el autor del hecho sepa, o esté obligado a saber, que como consecuencia de su acción u omisión exista la posibilidad de que se produzca un efecto dañoso o constitutivo de delito, no obstante lo cual ejecuta el hecho y acepta las consecuencias del mismo en caso de producirse .c) Excluido el dolo eventual, según lo argumentado, reitera que a lo sumo el hecho probado puede subsumirse en un homicidio culposo previsto en el artículo 121 en relación con el párrafo tercero del artículo 13 del Código Penal.DE LA APLICACION O INERPRETACION QUE PRETENDE EL IMPETRANTE. El Censor pretende que se aplique el artículo 121 del Código penal por ser la aplicación que corresponde con los hechos declarados probados por el Tribunal a quo por tratarse de un delito culposo y no una concurrencia de dolo eventual. Pretendiendo una reforma de la sentencia con una condena por homicidio simple. Esta Sala de lo Penal ha realizado un análisis del cuadro fáctico de la sentencia recurrida, inalterable en casación, confrontándolo con las normas penales sustantivas aplicadas por el Tribunal a quo, que se refieren al tipo penal de Parricidio, en relación con la concurrencia del dolo eventual, normas que el censor argumenta han sido infringidas por aplicación indebida. En consecuencia, procede esta sala a explicar su apreciación y a resolver en la forma siguiente: En cuanto al elemento objetivo, la aplicación resulta apropiada en tanto ciertamente se produce la muerte del cónyuge, elemento que hasta ahí coincide con el hecho declarado probado, pero no basta ese elemento para que se de el parricidio, dada las circunstancias particulares del hecho, es indispensable también analizar si se cumple el elemento subjetivo, es decir si existió o no dolo eventual y en su caso como lo afirma el impetrante, la concurrencia del elemento culpa; no obstante la normativa aplicada por el Tribunal a quo, esta sala observa efectivamente un vicio de juicio (error in iudicando) que radica al pretender incorporar el elemento subjetivo del dolo eventual, mismo que de la narración fáctica, no se colige. Si bien su apreciación puede resultar difícil por tratarse de extraer apreciaciones subjetivas, estas deben colegirse de hechos concretos del autor, de modo que para determinar el dolo eventual, la tarea del juzgador, como dice Jiménez de Azua “requiere un examen de las representaciones y de los motivos que actuaron sobre la psique del sujeto”. [1] El artículo 13 párrafo segundo del Código Penal, se refiere al dolo eventual, al establecer que “....el delito es doloso....cuando el autor sabe o está obligado a saber, que como consecuencia de la acción u omisión, existe la posibilidad de que se produzca un efecto dañoso constitutivo de delito, no obstante lo cual, ejecuta el hecho y acepta, por ende, las consecuencias que del mismo se deriven.” No es suficiente pues el conocimiento de la consecuencia o efecto dañoso que puede llegar a producir la acción, la norma exige una aceptación del agente que no puede el juzgador mas que inferirla de los mismos hechos que ha declarado probados; Mir Puig nos acerca a una solución “para establecer la concurrencia del dolo eventual, desde una posición ecléctica, que combina la conciencia de la peligrosidad de la acción con un momento voluntativo. Exigiendo por una parte, que el sujeto “tome en serio”, la posibilidad del delito, y por otra, que el mismo “se conforme” con dicha posibilidad aunque sea a disgusto. Tomar en serio la posibilidad del delito, equivaldría a “no descartar”, que se pueda producir: a “contar” con la posibilidad del delito. Conformarse con la posible producción del delito significa por lo menos, “resignarse a ella” siquiera como consecuencia eventual desagradable cuya posibilidad no consigue hacer desistir al sujeto de su acción: significa el grado mínimo exigible para que pueda hablarse de “aceptar” y por tanto de “querer”. [2] .Así las cosas, esta sala estima que los hechos probados no revelan una aceptación del resultado por parte del imputado, si bien se admite como hecho probado que el encartado actuó a sabiendas de la peligrosidad de su acción, de igual forma podemos señalar como móvil inicial de su acción la posición incómoda en que se encontraba que lo llevó a sacar el arma, téngase presente que tanto en el dolo eventual como en la llamada culpa conciente, no se desea el resultado y se reconoce por parte del autor la posibilidad de que se produzca el resultado. El hecho probado no describe comportamientos del procesado anteriores o posteriores al hecho, que sugieran o indiquen motivaciones que hagan deducir su consentimiento o al menos indiferencia en relación a la probabilidad del resultado dañoso, antes bien, deja bien claro que el tiempo transcurrido entre el momento de sacar el arma y tirarla sobre las piernas es sumamente corto, de manera que no da lugar a que el autor desarrolle un razonamiento suficiente acerca de las consecuencias de su acción, lo que lleva a concluir que no existió una aceptación, conformación o resignación del hecho.-V.- Expresados los argumentos anteriores, deviene esta sala obligada a exponer las razones de la concurrencia de la culpa y consecuentemente del homicidio culposo. El Código Penal establece en su artículo 13, párrafos primero y tercero, que “el delito puede ser realizado por acción o por omisión y necesariamente debe ser doloso o culposo...El delito es culposo cuando es resultado de imprudencia, impericia o negligencia, o cuando es producto de la inobservancia de una ley, de un reglamento, órdenes, resoluciones o deberes, atendidas las circunstancias y la situación personal del delincuente. El delito culposo sólo será punible en los casos determinados por la ley...” visto este precepto, encontramos una serie de conductas que el legislador ha considerado como culposas y que resulta necesario analizar para determinar la conducta del imputado deducida de los hechos declarados probados. Conociendo el imputado la peligrosidad del arma que portaba, conocimiento que es atinente a cualquier persona común, resulta de utilidad recordar lo sostenido por Santiago Mir Puig, al afirmar: “La culpa conciente se da cuando, si bien no se quiere causar la lesión, se advierte su posibilidad y sin embargo, se actúa; se reconoce el peligro de la situación, pero se confía en que no se dará lugar al resultado lesivo”… “mientras el delito doloso supone la realización del tipo con conocimiento y voluntad, en el delito imprudente el sujeto no quiere cometer el hecho previsto en el delito doloso, pero lo realiza con la infracción de la norma de cuidado”. [3] No cabe duda para esta sala que la conducta del imputado fue imprudente, por faltar a las normas del deber objetivo de cuidado, y que es, al decir de Ignacio Berdugo Gómez de la Torre y otros autores “el núcleo esencial del injusto del delito imprudente y es el fundamento de la desvalorización de la acción” considerado un principio general del ordenamiento íntimamente ligado a la prohibición de causar daño a los demás”[4] o como bien señala Muñoz Conde, “El deber de cuidado es ante todo objetivo, ya que para fijarlo no se acude al cuidado que en el caso concreto debería aplicar el autor, si no al cuidado requerido en la vida de relación social. Lo que supone un juicio normativo que fija la conducta que hubiese seguido, una persona razonable”[5] Así pues, en el caso subjúdice, el deber objetivo de cuidado implicaba la precaución de no sacar un arma de fuego-que se sabe peligrosa-dentro de un taxi, donde el autor se conduce con otras personas, o bien, si dada la incomodidad de llevar el arma en la bolsa trasera del pantalón, sacarla con la diligencia debida y ponerla suavemente de forma que no pudiera causar un perjuicio. Tirarla sobre sus propias piernas como lo hizo el imputado (luego el arma al contacto se disparó) sin que este halara del gatillo o la manipulara, es precisamente infringir las normas del deber objetivo de cuidado, es un acto imprudente, si bien no deseado o querido, el autor tenía el riesgo en sus manos y confió, infringe pues, un aspecto del deber de cuidado externo que consiste en el deber de comportarse externamente conforme a la norma de cuidado previamente advertida, de ahí que sólo puede aplicarse la llamada culpa consciente; luego, hay culpa, luego, homicidio culposo en observación de los artículos 13 Párrafo primero y tercero en relación con el 121 del Código Penal, porque el hecho juzgado como un comportamiento culposo, es menos reprochable socialmente, en función de la valides de la norma aplicable, que el comportamiento doloso, por ello el delito culposo lejos de confrontar la norma penal tan drásticamente como el doloso, pone de manifiesto la incompetencia del sujeto para el manejo de sus propios actos por no haber valorado las consecuencias de su descuido bien porque le eran desconocidas o porque aún conociendo la peligrosidad no las valoró o percibió en su total dimensión confiado en que el resultado no se produciría. En consecuencia, el motivo de casación por infracción de ley por aplicación indebida es viable, por cuanto “La aplicación indebida de la ley sustancial supone la existencia de un error en la selección de precepto, falencia que conduce a que la imputación no guarde correspondencia con el tipo penal. Trátese de aquellos casos en los cuales la norma no contempla los hechos reconocidos por la sentencia. Por lo tanto, cuando se aduce que una norma no es la que comprende la situación jurídica sustancial que fue materia de juzgamiento, se impone acudir a la aplicación indebida pues lo que en realidad se ha hecho por el juzgador ha sido activar la norma inadecuada o mala escogencia, pues la disposición seleccionada se entiende abstractamente en forma correcta pero los hechos deducidos del proceso no se corresponden con los de la hipótesis legal escogida. Es un error de subsunción de unos hechos en una disposición legal que no los contiene, es un yerro en el que se incurre al establecer la relación de semejanza o de diferencia entre el caso particular y el hecho hipotéticamente trazado por la norma. Dícese en últimas, que en este error de adecuación la norma aplicada, que tiene existencia y validez jurídica no regula, no recoge los hechos juzgados, porque estos no se adecuan ni se corresponden con ella. Es una falla de diagnosis, de impertinencia de la ley al parangonarla con el caso concreto”[6], por tanto, por los motivos antes expuestos este motivo de casación resulta procedente.VI.- DEL SEGUNDO MOTIVO: QUEBRANTAMIENTO DE FORMA POR FALTA DE FUNDAMENTACION JURIDICA QUE SUSTENTE LA PARTE DISPOSITIVA DE LA SENTENCIA EN CUANTO A LA CALIFICACION JURIDICA DEL HECHO. EXPLICACIÓN DEL CONCEPTO DE LA VIOLACION: El recurrente alega principalmente que el Tribunal sentenciador llega a la conclusión de que el imputado incurrió a título de autor en el delito de parricidio, tipificado en el artículo 118 del Código Penal, empleando para ello una argumentación que no satisface en lo mínimo el análisis de subsunción que en principio debe hacerse del hecho en si con respecto al tipo penal que se invoca como infringido, operación esta que además de la parte objetiva del enunciado legal debe abarcar el aspecto subjetivo, es decir el dolo, o la culpa si fuere el caso. Que la sentencia impugnada resulta afectada por un grave vicio de fundamentación jurídica del hecho que tiene por acreditado. La motivación no debe quedar en el ámbito de subjetividad del juzgador, los motivos del por que de su calificación jurídica deben quedar plasmados de forma plausible en la sentencia. APLICACIÓN PRETENDIDA Pretende el recurrente que se declare que el tribunal a quo no motivó jurídicamente la sentencia y en consecuencia se reenvíe el caso para la celebración de un nuevo juicio. Esta sala de lo penal no se pronuncia sobre este motivo de casación por Quebrantamiento de Forma invocado por el Recurrente, en tanto ha prosperado y declarado procedente el motivo anterior por Infracción de Ley.-POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 13 párrafos primero y tercero, 121, 38, 39, 40, 63 del Código Penal; 359, 360 párrafo primero, 362 numero 3, y 369 del Código Procesal Penal.- FALLA: 1) Declarar HA LUGAR, el recurso de casación por Infracción de Ley, en su primer motivo, invocado por el Abogado P. B. E., Apoderado del acusado señor G. G. Z. C.; 2) Casa la sentencia de la siguiente manera: REFORMA LA SENTENCIA pronunciada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Comayagua, con fecha tres de marzo de dos mil ocho, en consecuencia, CONDENA al acusado G. G. Z. C., cuyas generales han sido expresadas, como autor del delito consumado de HOMICIDIO CULPOSO en perjuicio de S. H. M. P. no apreciando la concurrencia de circunstancias atenuantes ni agravantes, ni eximentes de responsabilidad, en consecuencia le impone la pena de CINCO AÑOS DE RECLUSION, quedando sujeto a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario y a las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena, dejando incólume el pronunciamiento de instancia respecto de la responsabilidad civil.- 3) Ordena la excarcelación inmediata del señor G. G. Z. C., en virtud de haber cumplido la pena que le ha sido impuesta, debiendo para tal efecto librarse el oficio correspondiente y la carta de libertad definitiva.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes.- REDACTO EL MAGISTRADO RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO. - NOTIFIQUESE.- SELLO Y FIRMAS.-CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- COORDINADOR.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.-y OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS.-SELLO Y FIRMA. LUCILA CRUZ MENENDEZ.-SECRETARIA GENERAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciseis días del mes de marzo de dos mil once, certificación de la sentencia de fecha tres de marzo de dos mil once recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No.269-2008.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] Jiménez de Azua Luís. Lecciones de Derecho Penal.1997. Editorial Mexicana. Pág. 245.
[2] Mir Puig Santiago. Derecho Penal Parte General. Barcelona. 2002. Editorial Reppertor. 6ta. Edición. Pag. 262.
[3] Mir Puig Santiago op. Cit. P. 280 y 281).
[4] Gómez de la Torre Ignacio Berdugo y otros. Lecciones de Derecho Penal. Parte General. Barcelona 1996. Editorial Praxis. Primera Edición. P. 170 y 171
[5] Muñoz Conde/García Aran. Derecho Penal. Parte General. 3ra. Edición. Valencia 1998 P. 254 y ss.
[6] Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 224 y 225.