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Sentencia CP-250-09 — Registro 2149

Resumen

En primera instancia se absuelve a los imputados por el delito de Tráfico de Drogas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"“El impetrante señala como motivo de casación la infracción por falta de aplicación del artículo 82 de la Constitución de la República, según se vincula con lo dispuesto en los artículos 1 y 61 de la Constitución de la República, invocando como precepto autorizante el artículo 361 del Código Procesal Penal. Esta sala de lo penal analizado el precepto invocado por el censor, procede a resolver el recurso en base a las consideraciones siguientes: 1) Si bien la normativa Procesal Penal establece la infracción de precepto Constitucional como motivo de casación, las normas Constitucionales susceptibles de ser examinadas en casación son aquellas referentes a derechos fundamentales y que guarden relación con el derecho penal y las formas del juicio, en consecuencia, deberá intentarse el recurso acudiendo únicamente a normas constitucionales reguladoras de derechos fundamentales que eventualmente pudieran verse afectas producto de la persecución penal, como ser: derecho de defensa, debido proceso etc.…o bien aquellas vinculadas con principios del derecho penal sustantivo, tal es el caso del principio de legalidad en materia penal etc.…2) Uno de los requisitos Constitucionales del Proceso Penal, lo Constituye el derecho de defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal 11

deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, asimismo tratándose del ente fiscal, habrá que examinar si la intervención de este ha posibilitado su libre acceso al órgano jurisdiccional a efecto de concretizar mediante la acción el derecho de defensa de los intereses generales que suele representar en juicio, en ese sentido existe una gama de preceptos de orden procesal que llevan justamente a concretar este derecho del Ministerio Público así entendido, en ese sentido los artículos 25, 272, 273, 284 entre otros del Código Procesal Penal hacen factible el acceso del ente fiscal, como defensor de los intereses de la Sociedad, a los órganos de justicia a fin de hacer valer los intereses que representa con toda las ventajas que significa tener en la mayoría de los casos el monopolio de la acción y la logística de todo el aparato estatal, entiéndase pues en el caso del Ministerio Público, el derecho de defensa como la potestad de instar la acción ante los Juzgados y Tribunales con todas las incidencias pero respetando las normas del debido proceso previamente establecidas porque ello contempla garantizar la igualdad de las partes involucradas en el proceso, en otras palabras, tanto la intervención del Ministerio Público como la de los indiciados está marcada por la obligatoria observancia de una serie de requisitos impuestos para acceder al proceso; resta ahora analizar si la forma en que el Ministerio Público preparó su acción e ingreso al proceso penal, cumple los requisitos instituidos por la ley a efectos de salvaguardar la igualdad procesal y no permitir ninguna ventaja procesal a las partes; Así las cosas, este Tribunal de Casación aprecia que fue la propia fiscalía quien decidió la forma de preparar el proceso y acceder, encontrando que las actuaciones judiciales que fueron declaradas ilícitas por el Tribunal de instancia, fueron del conocimiento del Ministerio Público quien pudo en su momento intervenir para que se enmendaran las falencias que presentaba, mas aún, fue el propio Ministerio Público el que solicitó que las grabaciones no fueran remitidas al control judicial sino a la fiscalía o a un agente de investigación, con lo que se denota que el Ministerio Público concientemente se apartaba con el Juez instructor de las formas procesales establecidas para garantizar la eficacia probatoria que posteriormente reclamaría en juicio, consecuentemente, no aprecia la sala que la resolución judicial venida en Casación implique violación al derecho de defensa en tanto este debe entenderse en este caso específico como la potestad del Ministerio Público de representar o defender los intereses de la Sociedad observado los requisitos exigidos por la normativa procesal, en consecuencia, no procede el motivo de casación invocado.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

“La impetrante señala como motivo de casación que los hechos probados no son terminantes, invocando como precepto autorizante el artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. Esta sala de lo penal analizado el precepto invocado por el censor, procede a resolver el recurso en base a las consideraciones siguientes: 1) Por disposición del artículo 338 regla cuarta numeral 1 del Código Procesal Penal, en la sentencia en párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse, luego, la regla quinta de ese artículo expresa que en la parte resolutiva se absolverá o condenará a las personas acusadas. Cuando no se observan los requisitos de la regla cuarta antes citada podría tener lugar la Casación en la forma por concurrencia de cualquiera de los supuestos autorizados por el artículo 362 preámbulo y numeral 2) del mismo código. Ahora bien, es de hacer notar que los hechos probados deberán tener congruencia con la parte resolutiva del fallo, esto es, si se trata de sentencia condenatoria, los hechos probados deberán reflejar la concurrencia de un injusto penal determinado y al contrario, si se absuelve, no deben los hechos probados describir una conducta típica. 2) Los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como “posiblemente”, “casi seguro” u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido, los hechos probados no pueden considerarse como no terminantes en tanto que clara y terminantemente el tribunal describe unas diligencias en cuya narración no se comprende la comisión de algún delito, por ello es correcta la parte resolutiva de la sentencia en donde se absuelve a los acusados, la incongruencia estaría dada sin con esos hechos probados se hubiese pronunciado una sentencia condenatoria. No procede el motivo de casación invocado.-“

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"“La recurrente señala como motivo de casación que el juzgador dejó de considerar prueba de valor decisivo, invocando como precepto autorizante el artículo 362 numeral 23 del Código Procesal Penal. La Sala de lo Penal realizado el examen de este motivo a efecto de determinar si el juzgador de instancia excluyó o no consideró prueba de valor decisivo o si por el contrario fue incluida y considerada, resuelve en base a las consideraciones siguientes: 1) El artículo 362 preámbulo y numeral 2) del Código Procesal Penal, contiene varios vicios que requiere un análisis en forma separada. El motivo invocado resulta en concreto de dos hipótesis, el primero (exclusión de prueba) supone un rechazo expreso sin explicar las razones de esa decisión o bien que se le considere ilícita sin serlo; la otra hipótesis implica que la resolución impugnada no la considere en manera alguna, importa una omisión total a determinada prueba de valor decisivo, es decir que se omite totalmente su valoración ya sea de crédito o de descrédito. 2) El artículo 202 del Código Procesal Penal impone la obligación de valorar la prueba y el artículo 336 párrafo primero del mismo código especifica que solo se valorará aquella prueba que se halla ejecutado durante el debate, relacionado con el artículo 338 preámbulo, regla cuarta numeral 2) que manda dar valor a cada prueba en base a un razonamiento de conformidad con las reglas de la sana crítica; en suma, la observación de esta normativa es lo que podemos identificar como consideración de prueba y cuya inaplicabilidad constituye la concurrencia del motivo citado por el censor, implica pues una ignorancia total de la prueba o falta de consideración de determinada prueba de valor decisivo. 3) Un examen detenido del caso en estudio, permite precisar que el Juzgador de instancia declaró ilegal la intervención telefónica realizada en el caso que nos ocupa y estimó que todas las pruebas que se evacuaron posterior a las escuchas telefónicas al derivarse de estas, son igualmente ilícitas y por ello se omite valoración alguna de la prueba ulterior, en tal sentido cobra relevancia precisar si la prueba declarada ilícita es de aquellas que originan la ilegalidad de las posteriores o si por el contrario es posible separar las actuaciones posteriores de manera que independientemente puedan generar elementos probatorios que lleven a ser considerados como lícitos y consecuentemente arribar a conclusiones ya sea para pronunciar una sentencia absolutoria o incluso condenatoria. 4) El alegato recursivo viene centrado en afirmar que existen medios de prueba independientes que justifican el allanamiento, desvinculándolo totalmente de las intervenciones telefónicas como elemento que dio origen al allanamiento y a todos los hallazgos que se dieron en dicha diligencia, por ello el censor enfatiza que existieron una serie de investigaciones previas que por si solas e independientemente sirvieron de base suficiente para pedir el allanamiento, sin embargo, no obstante citar el dicho de uno de los testigos protegidos que afirma haber dado detención a una persona de nombre Huber con droga, y que esto pudo dar origen a la petición de allanamiento, lo cierto es que, no existen datos objetivos que comprueben esos extremos relativos a la vigilancia, durante el debate no se evacuaron detalles que lleven a orillar siquiera una sospecha de que en ese lugar se vendía droga, sobre todo si se toma en consideración que se trataba de un lugar de acceso público en donde funcionaba un bar y un depósito, por lo que las simples entradas y salidas de personas a dicho lugar no bastaron para dar por sentado que se sospechaba de tráfico de drogas, poniéndose de relieve incluso que existen serias dudas acerca de si tales vigilancias se verificaron o no, en tanto no fueron evacuadas actas de vigilancia que fueran ratificadas durante el debate,inclusive ( y esto llama mucho la atención) el Ministerio Público renunció durante el debate a un medio de prueba consistente precisamente en el video de las supuestas vigilancias, constituyendo un total contrasentido, pues si se tenía la forma de probarlas solo puede explicarse dicha renuncia por el hecho de que dicho video no arrojaba ninguna sospecha y no cumpliría su finalidad probatoria. 5) Aprecia el Tribunal que la fustigación del fallo no viene centrada en la procedencia o no de la declaratoria de ilegalidad de la prueba de escuchas telefónicas, sino mas bien en la pretensión del recurrente de que se estime la independencia probatoria de otros medios de prueba que en su opinión justifican el allanamiento de morada, independientemente de la existencia o no de las intervenciones telefónicas, enfatizando que: a) La solicitud de allanamiento no resulta directamente de la intervención telefónica; b) La vigilancia realizada a la morada allanada se llevó a cabo durante varios días antes que la misma fuese irrumpida; c) La actividad de tráfico de droga ya había sido observada y se había identificado quienes participaban en ello a pesar de no haber sido requeridas y d) El contenido de las escuchas telefónicas no habría modificado la intención de intervenir la morada para requisarla por la fuerza si fuere necesario. No obstante estas afirmaciones resultan inverosímiles en tanto que si ya se tenía toda la información requerida para el allanamiento y se habían identificado todos los participantes, entonces, para que solicitar la autorización para las escuchas telefónicas, lamentablemente para los intereses del Ministerio Público no existe evidencia objetiva que demuestre que ya se contaba información fidedigna sobre las vigilancias y los presuntos autores. 6) En opinión de esta Sala, el Tribunal de Sentencia, atinadamente no ha hecho menos que seguir la doctrina del fruto del árbol venenoso, “conforme la cual la ineficacia de la prueba ilegalmente obtenida afecta aquellas otras pruebas que si bien son en si mismas legales, no obstante se basan en datos conseguidos por aquella prueba ilegal, dando lugar a que tampoco estas pruebas legales puedan ser admitidas”, esta doctrina ha encontrado acogida en el derecho Hondureño, en observancia a lo dispuesto en el artículo 200 del Código Procesal Penal al establecerse que carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en la Constitución de la República y en los convenios internacionales relativos a derechos humanos de los que Honduras forme parte; así como cuantos sean consecuencia necesaria de tales actos o hechos y que no hubiera sido posible su obtención sin la información derivada de ellos, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido incurrir quien obtuvo ilícitamente la información, de manera que la única forma en que pudiera subsistir las diligencias probatorias distintas a la intervención telefónica, es que dichas diligencias hubiese sido posible obtenerlas sin la información obtenida en las escuchas telefónicas lo que no ha ocurrido en el caso subjudice, así pues, tiene rango constitucional el derecho a la inviolabilidad y al secreto de las comunicaciones el que solo puede verse restringido por resolución judicial (artículo 100 de la Constitución) observando el procedimiento previsto en el artículo 223 del Código Procesal Penal, disposiciones que han sido debidamente observadas por el Juzgador de instancia y que necesariamente conducen a determinar que las escuchas telefónicas son ilegales, primero porque al momento de autorizarla el juez no valoró la gravedad del delito investigado y la utilidad y proporcionalidad de la medida (La motivación es no solo una elemental cortesía, sino un riguroso requisito del acto de sacrificio de los derechos) y segundo porque delegó el control jurisdiccional en un ente administrativo para recibir las grabaciones telefónicas y que el allanamiento de morada y toda la prueba evacuada posteriormente, al tener su origen en las intervenciones telefónicas, son también ilegales, por ello se considera correcta la decisión del Tribunal de Primera instancia de abstenerse de valorar toda la prueba que tubo origen en la intervención telefónica declarada ilegal. Consecuentemente, al estar basada la omisión de considerar determinada prueba, en la ilegalidad de esta, no procede el motivo de Casación invocado.”

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Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"La Sala de lo Penal realizado el examen de este motivo a efecto de determinar si el juzgador de instancia excluyó o no consideró prueba de valor decisivo o si por el contrario fue incluida y considerada, resuelve en base a las consideraciones siguientes: 1) El artículo 362 preámbulo y numeral 2) del Código Procesal Penal, contiene varios vicios que requiere un análisis en forma separada. El motivo invocado resulta en concreto de dos hipótesis, el primero (exclusión de prueba) supone un rechazo expreso sin explicar las razones de esa decisión o bien que se le considere ilícita sin serlo; la otra hipótesis implica que la resolución impugnada no la considere en manera alguna, importa una omisión total a determinada prueba de valor decisivo, es decir que se omite totalmente su valoración ya sea de crédito o de descrédito. 2) El artículo 202 del Código Procesal Penal impone la obligación de valorar la prueba y el artículo 336 párrafo primero del mismo código especifica que solo se valorará aquella prueba que se halla ejecutado durante el debate, relacionado con el artículo 338 preámbulo, regla cuarta numeral 2) que manda dar valor a cada prueba en base a un razonamiento de conformidad con las reglas de la sana crítica; en suma, la observación de esta normativa es lo que podemos identificar como consideración de prueba y cuya inaplicabilidad constituye la concurrencia del motivo citado por el censor, implica pues una ignorancia total de la prueba o falta de consideración de determinada prueba de valor decisivo. 3) Un examen detenido del caso en estudio, permite precisar que el Juzgador de instancia declaró ilegal la intervención telefónica realizada en el caso que nos ocupa y estimó que todas las pruebas que se evacuaron posterior a las escuchas telefónicas al derivarse de estas, son igualmente ilícitas y por ello se omite valoración alguna de la prueba ulterior, en tal sentido cobra relevancia precisar si la prueba declarada ilícita es de aquellas que originan la ilegalidad de las posteriores o si por el contrario es posible separar las actuaciones posteriores de manera que independientemente puedan generar elementos probatorios que lleven a ser considerados como lícitos y consecuentemente arribar a conclusiones ya sea para pronunciar una sentencia absolutoria o incluso condenatoria. 4) El alegato recursivo viene centrado en afirmar que existen medios de prueba independientes que justifican el allanamiento, desvinculándolo totalmente de las intervenciones telefónicas como elemento que dio origen al allanamiento y a todos los hallazgos que se dieron en dicha diligencia, por ello el censor enfatiza que existieron una serie de investigaciones previas que por si solas e independientemente sirvieron de base suficiente para pedir el allanamiento, sin embargo, no obstante citar el dicho de uno de los testigos protegidos que afirma haber dado detención a una persona de nombre Huber con droga, y que esto pudo dar origen a la petición de allanamiento, lo cierto es que, no existen datos objetivos que comprueben esos extremos relativos a la vigilancia, durante el debate no se evacuaron detalles que lleven a orillar siquiera una sospecha de que en ese lugar se vendía droga, sobre todo si se toma en consideración que se trataba de un lugar de acceso público en donde funcionaba un bar y un depósito, por lo que las simples entradas y salidas de personas a dicho lugar no bastaron para dar por sentado que se sospechaba de tráfico de drogas, poniéndose de relieve incluso que existen serias dudas acerca de si tales vigilancias se verificaron o no, en tanto no fueron evacuadas actas de vigilancia que fueran ratificadas durante el debate, inclusive ( y esto llama mucho la atención) el Ministerio Público renunció durante el debate a un medio de prueba consistente precisamente en el video de las supuestas vigilancias, constituyendo un total contrasentido, pues si se tenía la forma de probarlas solo puede explicarse dicha renuncia por el hecho de que dicho video no arrojaba ninguna sospecha y no cumpliría su finalidad probatoria. 5) Aprecia el Tribunal que la fustigación del fallo no viene centrada en la procedencia o no de la declaratoria de ilegalidad de la prueba de escuchas telefónicas, sino mas bien en la pretensión del recurrente de que se estime la independencia probatoria de otros medios de prueba que en su opinión justifican el allanamiento de morada, independientemente de la existencia o no de las intervenciones telefónicas, enfatizando que: a) La solicitud de allanamiento no resulta directamente de la intervención telefónica; b) La vigilancia realizada a la morada allanada se llevó a cabo durante varios días antes que la misma fuese irrumpida; c) La actividad de tráfico de droga ya había sido observada y se había identificado quienes participaban en ello a pesar de no haber sido requeridas y d) El contenido de las escuchas telefónicas no habría modificado la intención de intervenir la morada para requisarla por la fuerza si fuere necesario. No obstante estas afirmaciones resultan inverosímiles en tanto que si ya se tenía toda la información requerida para el allanamiento y se habían identificado todos los participantes, entonces, para que solicitar la autorización para las escuchas telefónicas, lamentablemente para los intereses del Ministerio Público no existe evidencia objetiva que demuestre que ya se contaba información fidedigna sobre las vigilancias y los presuntos autores. 6) En opinión de esta Sala, el Tribunal de Sentencia, atinadamente no ha hecho menos que seguir la doctrina del fruto del árbol venenoso, “conforme la cual la ineficacia de la prueba ilegalmente obtenida afecta aquellas otras pruebas que si bien son en si mismas legales, no obstante se basan en datos conseguidos por aquella prueba ilegal, dando lugar a que tampoco estas pruebas legales puedan ser admitidas”, esta doctrina ha encontrado acogida en el derecho Hondureño, en observancia a lo dispuesto en el artículo 200 del Código Procesal Penal al establecerse que carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en la Constitución de la República y en los convenios internacionales relativos a derechos humanos de los que Honduras forme parte; así como cuantos sean consecuencia necesaria de tales actos o hechos y que no hubiera sido posible su obtención sin la información derivada de ellos, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido incurrir quien obtuvo ilícitamente la información, de manera que la única forma en que pudiera subsistir las diligencias probatorias distintas a la intervención telefónica, es que dichas diligencias hubiese sido posible obtenerlas sin la información obtenida en las escuchas telefónicas lo que no ha ocurrido en el caso subjudice, así pues, tiene rango constitucional el derecho a la inviolabilidad y al secreto de las comunicaciones el que solo puede verse restringido por resolución judicial (artículo 100 de la Constitución) observando el procedimiento previsto en el artículo 223 del Código Procesal Penal, disposiciones que han sido debidamente observadas por el Juzgador de instancia y que necesariamente conducen a determinar que las escuchas telefónicas son ilegales, primero porque al momento de autorizarla el juez no valoró la gravedad del delito investigado y la utilidad y proporcionalidad de la medida (La motivación es no solo una elemental cortesía, sino un riguroso requisito del acto de sacrificio de los derechos) y segundo porque delegó el control jurisdiccional en un ente administrativo para recibir las grabaciones telefónicas y que el allanamiento de morada y toda la prueba evacuada posteriormente, al tener su origen en las intervenciones telefónicas, son también ilegales, por ello se considera correcta la decisión del Tribunal de Primera instancia de abstenerse de valorar toda la prueba que tubo origen en la intervención telefónica declarada ilegal. Consecuentemente, al estar basada la omisión de considerar determinada prueba, en la ilegalidad de esta, no procede el motivo de Casación invocado"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia que literalmente dice:”EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS.-LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de abril de dos mil once, por medio de la Sala de lo Penal, integrada por los señores Magistrados CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, en su condición de Coordinador, RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO y JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha quince de enero de dos mil nueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual ABSOLVIO a los señores A. E. G., S. R. S. P. Y H. A. G. R., del delito de TRAFICO DE DROGAS (COCAINA) en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS; así mismo ABSOLVIO de responsabilidad Penal a los señores S. L. R., W. A. T. P., R. V. R. Y R. Y. G. C., del delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA,.- Interpuso el Recurso de Casación la Abogada L. M. S. A., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público Son partes: La Abogada T. J. F. R., representante del Ministerio Público como recurrida y los Abogados G. N. I., T. S. G. y F. O. V., los dos primeros apoderados defensores de los señores A. E. G., S. R. S. P. Y H. A. G. R. y el último como apoderado defensor del señor W. A. T. P., todos como recurridos.-CONSIDERANDO.-I.- El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, interpuesto por la Abogada L. M. S. A., reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo.-II.- “HECHOS PROBADOS: PRIMERO: Producto de intervenciones telefónicas, autorizadas mediante orden judicial, efectuadas al teléfono número 236-6784, propiedad de la señora T. de J. C. G., en fecha 12 de Agosto del 2005, se practicó allanamiento a la casa de habitación de dicha señora, ubicada en la calle principal de la Colonia San Miguel, siendo capturados en el interior de dicha vivienda los señores: A., E. G., S. R. S. P. y H. A. G. R., quienes fueron traídos a juicio oral acusados por el Ministerio Fiscal por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas. SEGUNDO: En igual forma, a raíz de las intervenciones telefónicas practicadas al teléfono referido, fueron detenidos los señores W. A. T. P., S. L. R., R. V. R. y R. Y. G. C., Agente de la Dirección Nacional de Investigación Criminal el primero, y miembros de la Policía Nacional Preventiva los tres restantes, quienes fueron acusados por el Ministerio Público por el delito de Violación de los deberes de los Funcionarios.”III.- La Abogada L. M. S. A., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, formalizó su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO INVOCADO: “Falta de Aplicación del artículo 82 según se vincula con lo dispuesto en los artículos 1 y 61, todos de la Constitución de la República.” Precepto Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal Exposición del Motivo de Casación: Bien conocido el contenido del artículo 82 de la Constitución de la República, se evidencia que en el caso sub-judice, el derecho inviolable a la Defensa ha sido coartado a la sociedad hondureña al denegarse a su representante, defensor y protector, la aplicación de la norma penal que corresponde aplicarle a los imputados por su accionar, quienes han puesto en riesgo el goce de la justicia colectiva y su derecho a la vida, la salud y la seguridad individual. En el contexto de nuestro sistema procesal penal, el Ministerio Público acusó formalmente a siete ciudadanos, cuatro de ellos agentes de autoridad a quienes se imputó incumplir con sus deberes como policías por proteger a los otros tres para que continuaran sin molestia su actividad perjudicial para el espíritu, la salud y la vida de la nación. A pesar de que se documentó adecuadamente una notitia criminis sustentada en prueba independiente, el Juzgador optó por desestimar la totalidad del proceso por considerar que la actividad de investigación había producido una prueba ilícita y que toda la probanza restante se derivaba de esa prueba ilegal. El Ministerio Público expone que con anterioridad a que los Agentes de Tribunales solicitaran al Juez de Garantías autorización judicial para intervenir el teléfono instalado en la casa en la que operaba un expendio de comida, bebida y droga prohibida, ya existían indicios suficientes para solicitar también el allanamiento de dicho lugar. Los vicios que recaen sobre la intervención telefónica no han contaminado el Allanamiento que resultó en la incautación de más de seis gramos de cocaína, porque la decisión de solicitarlo se sustentó en información independiente de la que pudo ser obtenida por medio de la escucha de las comunicaciones. Se exponen a continuación 3 argumentos para que no se desestime la prueba obtenida sin estar vinculada a una intervención telefónica viciada. La Referencia Probatoria Independiente: Las personas imputadas fueron detenidas por existir razón suficiente para arrestarles y para acusarles. La notitia criminis que condujo a la solicitud de autorización de intervención de comunicaciones telefónicas es anterior a la intervención telefónica. Los indicios de que los imputados realizaban actividades propias de tráfico ilícito de drogas condujeron también a una vigilancia policial estacionaria durante la cual se fortalecieron los indicios de la ilicitud de las actividades que realizaban los ocupantes del establecimiento que era tanto morada como también expendio de comida, bebidas y droga. Consta en el Acta de Debate que la decisión de allanar la casa se produjo más bien como consecuencia de la vigilancia policial estacionaria consecuencia de una detención previa a un ciudadano identificado como Huber[1]; al alto riesgo de sostener dicho control en el peligroso sector de la ciudad donde ocurrieron los hechos; y en la evidente y demostrada participación de varios policías que daban protección a la actividad delictiva y que además habían sido observados como consumidores de la droga vendida. La vigilancia policial se realizó durante varios días. Seis agentes participaron en las mismas. El Testigo Protegido que depone entre los folios 11 y 12 del Acta de Debate declaró haber permanecido varios días en vigilancia, haber sido jefe del caso, y que observó transacciones sospechosas, aunque no recordaba en qué número. En consecuencia, la motivación para solicitar al Juez de Letras la autorización para allanar se derivó de un proceso investigativo iniciado con anterioridad a la escucha telefónica, y las razones para allanar son independientes de las resultantes de la intervención de las comunicaciones. La Legitimidad Temporal de las Diligencias de Investigación: Se realizó un allanamiento de morada con autorización judicial. Esa autorización es independiente de la autorización para realizar escuchas telefónicas. El referido allanamiento se realizó con autorización judicial previa. El Juez de Letras nombró un Juez Ejecutor y se conformó un equipo policial que realizó el allanamiento. Entre 30 y 40 agentes participaron en el mismo, e ingresaron a la referida vivienda por la fuerza, ante la negativa de los ocupantes de abrir la entrada. Con un Juez Ejecutor nombrado y juramentado debidamente por Juez de Garantías, la diligencia de allanamiento se realizó con la debida autorización. Es el parecer del Ministerio Público que aún si posteriormente se declaró ilegal por defecto invalidante la intervención telefónica de la ficha instalada en el interior de la casa allanada, el allanamiento fue practicado con autorización judicial derivada de una actividad policial de vigilancia, investigación y control de amplio alcance del cual la intervención telefónica es una fracción pero que no es la única ni necesariamente la más importante. Por tal razón, el Juez de Garantías autorizó allanar la morada, encontrando en su interior cocaína procesada para su venta. El resultado de la actuación policial permite afirmar que los indicios en poder de la Policía Nacional eran acertados. Queda por determinarse si ha sido correctamente declarada ilegal por contaminación causada por ilicitud de la prueba o diligencia originaria, la diligencia de allanamiento de morada. El Ministerio Público se pronuncia en el sentido de que el allanamiento de morada no se deriva directamente ni indirectamente de la intervención telefónica, a pesar de que tanto la intercepción como el allanamiento estén muy ligados por ser parte ambas actuaciones de un mismo expediente de investigación policial. El Hecho del Hallazgo de Cocaína para la Venta y su Fidedigna Constancia Histórica: No se ha cuestionado el acta de decomiso o secuestro de la droga incautada en cantidad que supera la que corresponde al consumo individual inmediato. En consecuencia, el registro que deja constancia de su hallazgo, levantada por autoridad competente investida de fe publica, y realizada con las garantías que los principios universales del proceso penal, nuestra Constitución y ley procesal penal indican, ha quedado establecido plenamente que los ocupantes de la vivienda allanada estaban en posesión dolosa de 6.08 gramos de cocaína lista para su venta. Adicionalmente, es preciso refutar las dos consideraciones elementales expuestas por el Juzgador respecto de las razones que condujeron a que declarasen ilegal la intervención telefónica. Se expone a continuación la posición del Ministerio Público respecto de las consideraciones judiciales para rechazar la totalidad de la prueba de cargo. De la Ausencia de Perjuicio por Motivación Defectuosa de la Providencia Judicial: El hecho que el auto judicial que ordena la intercepción de comunicaciones telefónicas no haga referencia a la gravedad del delito con relación a la utilidad y proporcionalidad de la medida a ordenar no causa perjuicio alguno a los fines de la defensa. La providencia judicial da respuesta a una petición motivada por el Ministerio Público. La solicitud del fiscal describe las circunstancias que se investigan, se refiere al fin que pretende alcanzar, a los métodos que solicita para lograr su objetivo, e invoca los fundamentos que sustentan su pretensión. Por su parte, el Juez de Garantías evaluó la solicitud y las alegaciones del Agente de Tribunales, y accedió a ellas. A pesar de que omitió hacer las indicaciones a que se refirió la Defensa, y que concedió el A Quo declararlo vicio incapacitante, tal omisión no causa perjuicio alguno, en tanto que dichas indicaciones se encuentran plasmadas en la solicitud que se resuelve. En consecuencia, esa motivación defectuosa de la providencia no es razón suficiente para invalidar la actuación en su totalidad, pues consta en el expediente la indicación de todas las referencias de gravedad, utilidad y proporcionalidad de la medida a emplear, y el obviar incluir esas circunstancias en la providencia no genera agravio alguno que no pudiera subsanarse sin modificar los efectos de la decisión adoptada. De los Indicios Reales de Actividad Delictiva Independientes de la Intervención Telefónica: Uno de los residentes de la vivienda, de nombre Huber, había sido arrestado anteriormente por tráfico de drogas[2]. La actividad policial de la zona arrojaba información a nivel de inteligencia de que en esa casa se traficaba cocaína. La vigilancia policial estacionaria había establecido actividad e intercambios sospechosos de tráfico de drogas. Sin necesidad de realizar una intercepción de comunicación telefónica, había elementos suficientes para solicitar un allanamiento de morada. Con base a ello el Juez de Garantías autorizó un allanamiento y el resultado fue positivo. La decisión judicial y la actuación policial contribuyó a desintegrar un núcleo de actividad de narcotráfico plenamente demostrada. Se evidencia entonces que se ha coartado el derecho de defensa del que también goza la sociedad representada por el Ministerio Público, y es así dado que no se permitió acreditar los extremos que se alegan al imposibilitarse de manera indebida, el uso de las pruebas a que se ha referido el argumento recursivo.”IV.- Continua manifestando la Recurrente: DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA .- PRIMER MOTIVO: “Los Hechos Probados no son Terminantes” Precepto Autorizante: Artículo 362 (Numeral 1) del Código Procesal Penal. Exposición del Motivo de Casación: Los Hechos Probados relatan las diligencias de investigación realizadas por la Policía Nacional y las describen como resultantes en allanamiento de morada. Consta en el proceso la incautación de droga en cantidad que supera la que corresponde al consumo individual inmediato. Adicionalmente, la parte dispositiva del fallo ordena la destrucción de la droga incautada durante el allanamiento declarado ilegal en la Valoración de la Prueba. Es evidente, de la lectura del fallo, que se incautó droga durante el allanamiento ejecutado con autorización judicial. A pesar de ello, el Juzgador omite en la estructuración del Cuadro Fáctico, ese hecho: el hallazgo de droga poseída dolosamente por ocupantes determinados e individualizados plenamente. Aunque la diligencia de investigación denominada Allanamiento fue declarada ilícita, esta actuación ha sido mencionada en el Cuadro Fáctico. La omisión de mencionar el hallazgo de droga poseída dolosamente por los acusados hace que el fallo no sea terminante, al retener información puntual que define la naturaleza de los hechos probados. Habiendo sido múltiple la actividad investigativa, el allanamiento de la morada en la que se incautó droga se realizó con las formalidades requeridas. Es el criterio que la declaración de que tal actuación fuere ilícita no está suficientemente ponderado por el Juzgador, y no se justifica la omisión en el factum el hecho que sí se encontró más de seis gramos de cocaína. Al no pronunciarse sobre la declaración de ilegalidad del allanamiento practicado, priva al Cuadro Fáctico de la contundencia y condición de terminante. Al considerar el Ministerio Público que el allanamiento puede ser desvinculado de la escucha telefónica declarada ilegal, esta Fiscalía encuentra en la omisión del Juzgador confirmación parcial para sustentar su pretensión recursiva. Por haberse realizado la infracción al momento de emitirse el fallo, no se ha contado con la oportunidad de procurar la subsanación sino hasta éste momento mediante el presente recurso de casación. Por tanto, el Ministerio Público se pronuncia respetuosamente para solicitar a la Honorable Sala Penal que declare No Terminante la Declaración de Hechos Probados. SEGUNDO MOTIVO: “El Juzgador dejó de considerar prueba de valor decisivo” Precepto Autorizante: Artículo 362 (Numeral 23) del Código Procesal Penal. Exposición del Motivo de Casación: Se evacuó en juicio prueba que indica que tanto la Policía Nacional como la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado tenían indicios de que en la casa habitada por la imputada A. E. G. y otras personas, se vendía cocaína. El Testigo Protegido del Ministerio Público, cuya deposición se transcribe en el Folio 11 del Acta de Debate, declaró que “el día veintiocho de marzo de dos mil cinco se recibió una denuncia en contra de la señora T., el veintinueve de marzo del dos mil cinco se hizo el reconocimiento de la vivienda, se hizo vigilancia se identificó un supuesto tráfico de droga, en base a esto el día doce de agosto del mismo año con todo eso se llegó a la conclusión de detener a las personas implicadas en dicho ilícito”. Durante su deposición, el Ministerio Público preguntó al Testigo Protegido:- ¿Qué lo lleva a establecer que en las vigilancias había un ilícito? El testigo respondió: “Porque en el mes de abril detuvieron al señor H. con droga”.- ¿Dónde se realizaban estas actividades? Responde: “en la casa de doña T. ¿Identificó a otras personas? Responde: “Sí, pero no se les requirió ni nada”. - ¿Qué fecha fue el allanamiento? Responde: “El día doce de agosto del año dos mil cinco”- ¿Cómo se desarrolló? Responde: “Fue en horas de la tarde, no nos quisieron abrir la puerta, el señor R. me apuntó con un arma” - ¿De dónde era el Juez Ejecutor? Responde: “De los juzgados de La Granja”. - ¿En qué fecha tuvo acceso a las intervenciones telefónicas? Responde: “El día doce de agosto de dos mil cinco”. De éste interrogatorio se desprenden los siguientes hechos: 1. Existía una investigación previa a la solicitud de intervención telefónica; 2. Los órganos de investigación sospechaban que se traficaba cocaína desde el lugar objeto de la vigilancia; 3. La información resultante de las escuchas telefónicas estuvieron disponibles para el Jefe del Caso el mismo día del allanamiento. Por tanto, de los hechos que se desprenden de la deposición del Testigo Protegido, se derivan las siguientes premisas: * La solicitud del allanamiento no resulta directamente de la intervención telefónica; * La vigilancia realizada a la morada allanada se llevó a cabo durante varios días antes de que la misma fuese irrumpida; * La actividad de tráfico de droga ya había sido observada y se había identificado quiénes participaban en ello a pesar de no haber sido requeridas; * El contenido de las escuchas telefónicas no habría modificado la intención de intervenir la morada para requisarla por la fuerza si fuese necesario. Finalmente, de éstas premisas se deriva un silogismo que constituye el sustento de la pretensión recursiva en el presente motivo de casación: “Los investigadores policiales alcanzan convicción de que A comete delito; Los investigadores procuran la confirmación de sus sospechas. Por tanto, los Investigadores procurarán capturar a A con la evidencia que lo incrimine”. El Tribunal de Sentencia decidió declarar nula la totalidad de la prueba de cargo, a pesar de que se evacuaron elementos de prueba que no se derivaban ni directa ni indirectamente de una escucha telefónica viciada. La prueba testifical personificada en varios testigos protegidos, quienes participaron en la vigilancia policial estacionaria frente a la casa allanada, en nada se relaciona con la intervención telefónica. Se ha establecido plenamente que la vigilancia se realizó con anticipación a la petición de autorización de intervención telefónica, y no hay razón válida para que se dejara de considerar para su valoración, la prueba testifical de cargo. También se evacuó prueba pericial, practicada sobre la evidencia incautada en el allanamiento ordenado y sobre cuya legitimidad se pronuncia vehementemente el Ministerio Público. La pericia practicada por la experta S. C. permitió establecer que la sustancia incautada era cocaína en cantidad que superó los seis gramos. Se puede vincular, además, la evidencia consistente en cocaína, con el Acta de Allanamiento y el Acta de Secuestro que permitieron acreditar fehacientemente que la cocaína sometida a análisis químico toxicológico es la requisada durante el allanamiento, tanto por el contenido del acta, como por la validez de la Cadena de Custodia iniciada a partir de la confiscación. El Ministerio Público afirma que la acción de ordenar el allanamiento de morada no obedeció a los resultados de la escucha telefónica, sino del resultado global de las diligencias investigativas de vigilancia policial estacionaria. Esta actividad de inteligencia policial produjo la convicción en los investigadores de que la casa debía ser allanada oportunamente. La intervención telefónica proveería confirmación adicional de que las actividades ilícitas realizadas desde la casa allanada constituían tráfico de drogas. Sin embargo, su utilidad sería maximizada en juicio ante el hallazgo de cocaína que se esperaba hacer. Conclusión: Al dejar de apreciar la prueba consistente en la Declaración Testifical de Testigo Protegido del Ministerio Público (sin identificación adicional a la de ser el testigo cuya deposición se registra a partir del Folio 11 del Acta de Debate), el Juzgador se ha privado a sí mismo de un elemento de prueba de valor esencial y determinante para aplicar pronta y eficazmente la justicia penal. Todo lo anterior deja claro que se ha excluido de la valoración judicial las estimaciones sobre la referida prueba, misma que tiene el carácter de decisiva en tanto que logró generar, en caso de ser apreciada correctamente, un cambio radical en la decisión jurisdiccional al permitir estructurar un soporte probatorio que obliga la imposición de la condena que el Ministerio Público ha solicitado para los imputados. Por tal razón, el Ministerio Público se pronuncia a favor de que se disponga el reenvío del fallo y se ordene celebrar nuevo juicio ante un Tribunal de Sentencia integrado por jueces diferentes. De la Reclamación Hecha para Subsanar el Yerro.- Al producirse el Quebrantamiento de Forma en el acto de dictarse la sentencia, no se ha realizado reclamación previa alguna para enmendar el perjuicio, salvo la interposición del recurso, por ser éste el único momento procesal en que ha sido posible hacerlo.”DEL RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL EN SU MOTIVO UNICO INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÙBLICO.-El impetrante señala como motivo de casación la infracción por falta de aplicación del artículo 82 de la Constitución de la República, según se vincula con lo dispuesto en los artículos 1 y 61 de la Constitución de la República, invocando como precepto autorizante el artículo 361 del Código Procesal Penal. Esta sala de lo penal analizado el precepto invocado por el censor, procede a resolver el recurso en base a las consideraciones siguientes: 1) Si bien la normativa Procesal Penal establece la infracción de precepto Constitucional como motivo de casación, las normas Constitucionales susceptibles de ser examinadas en casación son aquellas referentes a derechos fundamentales y que guarden relación con el derecho penal y las formas del juicio, en consecuencia, deberá intentarse el recurso acudiendo únicamente a normas constitucionales reguladoras de derechos fundamentales que eventualmente pudieran verse afectas producto de la persecución penal, como ser: derecho de defensa, debido proceso etc.…o bien aquellas vinculadas con principios del derecho penal sustantivo, tal es el caso del principio de legalidad en materia penal etc.…2) Uno de los requisitos Constitucionales del Proceso Penal, lo Constituye el derecho de defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, asimismo tratándose del ente fiscal, habrá que examinar si la intervención de este ha posibilitado su libre acceso al órgano jurisdiccional a efecto de concretizar mediante la acción el derecho de defensa de los intereses generales que suele representar en juicio, en ese sentido existe una gama de preceptos de orden procesal que llevan justamente a concretar este derecho del Ministerio Público así entendido, en ese sentido los artículos 25, 272, 273, 284 entre otros del Código Procesal Penal hacen factible el acceso del ente fiscal, como defensor de los intereses de la Sociedad, a los órganos de justicia a fin de hacer valer los intereses que representa con toda las ventajas que significa tener en la mayoría de los casos el monopolio de la acción y la logística de todo el aparato estatal, entiéndase pues en el caso del Ministerio Público, el derecho de defensa como la potestad de instar la acción ante los Juzgados y Tribunales con todas las incidencias pero respetando las normas del debido proceso previamente establecidas porque ello contempla garantizar la igualdad de las partes involucradas en el proceso, en otras palabras, tanto la intervención del Ministerio Público como la de los indiciados está marcada por la obligatoria observancia de una serie de requisitos impuestos para acceder al proceso; resta ahora analizar si la forma en que el Ministerio Público preparó su acción e ingreso al proceso penal, cumple los requisitos instituidos por la ley a efectos de salvaguardar la igualdad procesal y no permitir ninguna ventaja procesal a las partes; Así las cosas, este Tribunal de Casación aprecia que fue la propia fiscalía quien decidió la forma de preparar el proceso y acceder, encontrando que las actuaciones judiciales que fueron declaradas ilícitas por el Tribunal de instancia, fueron del conocimiento del Ministerio Público quien pudo en su momento intervenir para que se enmendaran las falencias que presentaba, mas aún, fue el propio Ministerio Público el que solicitó que las grabaciones no fueran remitidas al control judicial sino a la fiscalía o a un agente de investigación, con lo que se denota que el Ministerio Público concientemente se apartaba con el Juez instructor de las formas procesales establecidas para garantizar la eficacia probatoria que posteriormente reclamaría en juicio, consecuentemente, no aprecia la sala que la resolución judicial venida en Casación implique violación al derecho de defensa en tanto este debe entenderse en este caso específico como la potestad del Ministerio Público de representar o defender los intereses de la Sociedad observado los requisitos exigidos por la normativa procesal, en consecuencia, no procede el motivo de casación invocado.-VI DEL RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA POR HECHOS PROBADOS NO TERMINANTES EN SU PRIMER MOTIVO INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÙBLICO.-La impetrante señala como motivo de casación que los hechos probados no son terminantes, invocando como precepto autorizante el artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. Esta sala de lo penal analizado el precepto invocado por el censor, procede a resolver el recurso en base a las consideraciones siguientes: 1) Por disposición del artículo 338 regla cuarta numeral 1 del Código Procesal Penal, en la sentencia en párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse, luego, la regla quinta de ese artículo expresa que en la parte resolutiva se absolverá o condenará a las personas acusadas. Cuando no se observan los requisitos de la regla cuarta antes citada podría tener lugar la Casación en la forma por concurrencia de cualquiera de los supuestos autorizados por el artículo 362 preámbulo y numeral 2) del mismo código. Ahora bien, es de hacer notar que los hechos probados deberán tener congruencia con la parte resolutiva del fallo, esto es, si se trata de sentencia condenatoria, los hechos probados deberán reflejar la concurrencia de un injusto penal determinado y al contrario, si se absuelve, no deben los hechos probados describir una conducta típica. 2) Los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como “posiblemente”, “casi seguro” u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido, los hechos probados no pueden considerarse como no terminantes en tanto que clara y terminantemente el tribunal describe unas diligencias en cuya narración no se comprende la comisión de algún delito, por ello es correcta la parte resolutiva de la sentencia en donde se absuelve a los acusados, la incongruencia estaría dada sin con esos hechos probados se hubiese pronunciado una sentencia condenatoria. No procede el motivo de casación invocado.-VII DEL RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA POR DEJAR EL JUZGADOR DE CONSIDERAR PRUEBA DE VALOR DECISIVO EN SU SEGUNDO MOTIVO INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÙBLICO.-La recurrente señala como motivo de casación que el juzgador dejó de considerar prueba de valor decisivo, invocando como precepto autorizante el artículo 362 numeral 23 del Código Procesal Penal. La Sala de lo Penal realizado el examen de este motivo a efecto de determinar si el juzgador de instancia excluyó o no consideró prueba de valor decisivo o si por el contrario fue incluida y considerada, resuelve en base a las consideraciones siguientes: 1) El artículo 362 preámbulo y numeral 2) del Código Procesal Penal, contiene varios vicios que requiere un análisis en forma separada. El motivo invocado resulta en concreto de dos hipótesis, el primero (exclusión de prueba) supone un rechazo expreso sin explicar las razones de esa decisión o bien que se le considere ilícita sin serlo; la otra hipótesis implica que la resolución impugnada no la considere en manera alguna, importa una omisión total a determinada prueba de valor decisivo, es decir que se omite totalmente su valoración ya sea de crédito o de descrédito. 2) El artículo 202 del Código Procesal Penal impone la obligación de valorar la prueba y el artículo 336 párrafo primero del mismo código especifica que solo se valorará aquella prueba que se halla ejecutado durante el debate, relacionado con el artículo 338 preámbulo, regla cuarta numeral 2) que manda dar valor a cada prueba en base a un razonamiento de conformidad con las reglas de la sana crítica; en suma, la observación de esta normativa es lo que podemos identificar como consideración de prueba y cuya inaplicabilidad constituye la concurrencia del motivo citado por el censor, implica pues una ignorancia total de la prueba o falta de consideración de determinada prueba de valor decisivo. 3) Un examen detenido del caso en estudio, permite precisar que el Juzgador de instancia declaró ilegal la intervención telefónica realizada en el caso que nos ocupa y estimó que todas las pruebas que se evacuaron posterior a las escuchas telefónicas al derivarse de estas, son igualmente ilícitas y por ello se omite valoración alguna de la prueba ulterior, en tal sentido cobra relevancia precisar si la prueba declarada ilícita es de aquellas que originan la ilegalidad de las posteriores o si por el contrario es posible separar las actuaciones posteriores de manera que independientemente puedan generar elementos probatorios que lleven a ser considerados como lícitos y consecuentemente arribar a conclusiones ya sea para pronunciar una sentencia absolutoria o incluso condenatoria. 4) El alegato recursivo viene centrado en afirmar que existen medios de prueba independientes que justifican el allanamiento, desvinculándolo totalmente de las intervenciones telefónicas como elemento que dio origen al allanamiento y a todos los hallazgos que se dieron en dicha diligencia, por ello el censor enfatiza que existieron una serie de investigaciones previas que por si solas e independientemente sirvieron de base suficiente para pedir el allanamiento, sin embargo, no obstante citar el dicho de uno de los testigos protegidos que afirma haber dado detención a una persona de nombre Huber con droga, y que esto pudo dar origen a la petición de allanamiento, lo cierto es que, no existen datos objetivos que comprueben esos extremos relativos a la vigilancia, durante el debate no se evacuaron detalles que lleven a orillar siquiera una sospecha de que en ese lugar se vendía droga, sobre todo si se toma en consideración que se trataba de un lugar de acceso público en donde funcionaba un bar y un depósito, por lo que las simples entradas y salidas de personas a dicho lugar no bastaron para dar por sentado que se sospechaba de tráfico de drogas, poniéndose de relieve incluso que existen serias dudas acerca de si tales vigilancias se verificaron o no, en tanto no fueron evacuadas actas de vigilancia que fueran ratificadas durante el debate, inclusive ( y esto llama mucho la atención) el Ministerio Público renunció durante el debate a un medio de prueba consistente precisamente en el video de las supuestas vigilancias, constituyendo un total contrasentido, pues si se tenía la forma de probarlas solo puede explicarse dicha renuncia por el hecho de que dicho video no arrojaba ninguna sospecha y no cumpliría su finalidad probatoria. 5) Aprecia el Tribunal que la fustigación del fallo no viene centrada en la procedencia o no de la declaratoria de ilegalidad de la prueba de escuchas telefónicas, sino mas bien en la pretensión del recurrente de que se estime la independencia probatoria de otros medios de prueba que en su opinión justifican el allanamiento de morada, independientemente de la existencia o no de las intervenciones telefónicas, enfatizando que: a) La solicitud de allanamiento no resulta directamente de la intervención telefónica; b) La vigilancia realizada a la morada allanada se llevó a cabo durante varios días antes que la misma fuese irrumpida; c) La actividad de tráfico de droga ya había sido observada y se había identificado quienes participaban en ello a pesar de no haber sido requeridas y d) El contenido de las escuchas telefónicas no habría modificado la intención de intervenir la morada para requisarla por la fuerza si fuere necesario. No obstante estas afirmaciones resultan inverosímiles en tanto que si ya se tenía toda la información requerida para el allanamiento y se habían identificado todos los participantes, entonces, para que solicitar la autorización para las escuchas telefónicas, lamentablemente para los intereses del Ministerio Público no existe evidencia objetiva que demuestre que ya se contaba información fidedigna sobre las vigilancias y los presuntos autores. 6) En opinión de esta Sala, el Tribunal de Sentencia, atinadamente no ha hecho menos que seguir la doctrina del fruto del árbol venenoso, “conforme la cual la ineficacia de la prueba ilegalmente obtenida afecta aquellas otras pruebas que si bien son en si mismas legales, no obstante se basan en datos conseguidos por aquella prueba ilegal, dando lugar a que tampoco estas pruebas legales puedan ser admitidas” [3], esta doctrina ha encontrado acogida en el derecho Hondureño, en observancia a lo dispuesto en el artículo 200 del Código Procesal Penal al establecerse que carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en la Constitución de la República y en los convenios internacionales relativos a derechos humanos de los que Honduras forme parte; así como cuantos sean consecuencia necesaria de tales actos o hechos y que no hubiera sido posible su obtención sin la información derivada de ellos, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido incurrir quien obtuvo ilícitamente la información, de manera que la única forma en que pudiera subsistir las diligencias probatorias distintas a la intervención telefónica, es que dichas diligencias hubiese sido posible obtenerlas sin la información obtenida en las escuchas telefónicas lo que no ha ocurrido en el caso subjudice, así pues, tiene rango constitucional el derecho a la inviolabilidad y al secreto de las comunicaciones el que solo puede verse restringido por resolución judicial (artículo 100 de la Constitución) observando el procedimiento previsto en el artículo 223 del Código Procesal Penal, disposiciones que han sido debidamente observadas por el Juzgador de instancia y que necesariamente conducen a determinar que las escuchas telefónicas son ilegales, primero porque al momento de autorizarla el juez no valoró la gravedad del delito investigado y la utilidad y proporcionalidad de la medida (La motivación es no solo una elemental cortesía, sino un riguroso requisito del acto de sacrificio de los derechos[4]) y segundo porque delegó el control jurisdiccional en un ente administrativo para recibir las grabaciones telefónicas y que el allanamiento de morada y toda la prueba evacuada posteriormente, al tener su origen en las intervenciones telefónicas, son también ilegales, por ello se considera correcta la decisión del Tribunal de Primera instancia de abstenerse de valorar toda la prueba que tubo origen en la intervención telefónica declarada ilegal. Consecuentemente, al estar basada la omisión de considerar determinada prueba, en la ilegalidad de esta, no procede el motivo de Casación invocado.-POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 1, 61, 82, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 361, 362 preámbulo y números 1) y 2) y 369 del Código Procesal Penal. - FALLA: PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR el recurso de casación por infracción de Precepto Constitucional en su único motivo interpuesto por el Ministerio Público. SEGUNDO: Declarar NO HA LUGAR el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos interpuestos por el Ministerio Público. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes.- REDACTO EL MAGISTRADO RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO. - NOTIFIQUESE.-CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.-COORDINADOR.-RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.-JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.-SELLO Y FIRMA.-LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.”

Extendida a solicitud del Abogado F. O. V., en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los veinticinco días del mes de mayo de dos mil once, certificación de la sentencia de fecha trece de abril de dos mil once,recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No.250-09.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL.

[1] Ver Folio 11 del Acta del Debate, la deposición de Testigo Protegido del Ministerio Público.

[2] Folio 11 del Acta de Debate

[3] Borja de Quiroga Jacobo López. Las escuchas telefónicas y la prueba ilegalmente obtenida. AKAL. 1989. Madrid. P 115 y 116

[4] De Urbano Castillo Eduardo y otros. La Prueba Ilícita Penal. Estudio Jurisprudencial. Aranzadi. 1997. P 221